El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.081 personas en marzo en Castilla-La Mancha con relación al mes anterior (-0,9%) hasta los 119.512 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en marzo la mayoría de veces en Castilla-La Mancha (17 veces) mientras que ha subido en 9 ocasiones.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 11.237 parados, lo que supone un 8,6% menos.

Datos por sectores, sexo y provincias

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 1106 menos (-1.26%); Construcción, 250 menos (-3.26%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 188 más (+1.83%); Agricultura, 69 más (+1.4%); Industria, 18 más (+0.17%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (86.340), Sin empleo anterior (10.442), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (4.994), Construcción (7.409), Industria (10.327).

En cuanto a sexos, de los 119.512 desempleados registrados en marzo, 78.110 fueron mujeres, 714 menos (-0,9%) y 41.402, hombres, lo que supone un descenso de 367 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,9%).

En marzo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 30 parados menos que a cierre del pasado mes (-0,3%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 1.051 desempleados (-0,95%).

El paro bajó en todas las provincias, siendo la mayor caída en Ciudad Real (-399), Albacete (-346), Cuenca (-124), Guadalajara (-118), Toledo (-94).

Contratación: el 58% son contratos temporales

En marzo se registraron 45.595 contratos en Castilla-La Mancha, un 14,2% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 19.936 fueron contratos indefinidos, cifra un 19% superior a la de marzo del año anterior y 25.659, contratos temporales (un 10,7% más).

Del número de contratos registrados en marzo, el 56,28% fue temporal (frente a un 58,42% del mes anterior) y un 43,72%, indefinidos (el mes precedente fue un 41,58%).

El Gobierno de Castilla-La Mancha lo valora positivamente

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, ha valorado que “además de bajar en términos mensuales, el descenso del paro en los últimos 12 meses en Castilla-La Mancha sitúa a la Comunidad Autónoma como la tercera región en la que más ha bajado el paro en términos interanuales, con una caída de 11.237 personas y del 8,59 por ciento que es además el descenso más pronunciado en la comunidad autónoma desde septiembre de 2023, consolidando la cifra más baja de desempleo en Castilla-La Mancha en marzo de los últimos 18 años”.

Esa caída interanual hace que hoy haya en Castilla-La Mancha menos paro que hace un año en todos los sectores económicos, con caídas muy importantes en agricultura (-12,65 por ciento) o en el sector de la construcción (-11,57 por ciento), así como en el sector servicios, donde el paro ha bajado en el último año en más de 8.000 personas.

CCOO: “La precariedad sigue teniendo rostro de mujer”

La central sindical CCOO de Castilla-La Mancha ha celebrado los datos de paro publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, destacando el descenso en todas las provincias.

Según el secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto“, marzo es un mes de recuperación típico en el que el empleo estacional reactiva el mercado laboral”.

Sin embargo, ha subrayado que lo que distingue este mes es que el descenso del paro es transversal a todas las provincias y que la contratación indefinida crece a doble dígito, lo que demuestra que la reforma laboral sigue dejando una huella estructural positiva en el mercado de trabajo regional, según ha trasladado CCOO.

Por otra parte, Del Puerto ha insistido en que “la precariedad sigue teniendo rostro de mujer en Castilla-La Mancha”.

“El empleo que se crea es mayoritariamente masculino en términos de jornada completa e indefinido, mientras que las mujeres siguen acumulando contratos a tiempo parcial y mayor temporalidad. La aprobación definitiva de la Ley de Igualdad Retributiva y el desarrollo de la Ley de Brecha salarial en la región son medidas urgentes que no pueden seguir esperando”, ha declarado en este sentido.

UGT reivindica más medidas para los parados de larga duración

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha destacado como dato muy positivo el descenso del paro entre los jóvenes y las mujeres, aunque ha recordado que, “de las 119.512 personas desempleadas registradas en marzo, 78.110 siguen siendo mujeres”.

“El mercado laboral continúa mostrando fortaleza, sin embargo, esta evolución positiva convive con fragilidades estructurales persistentes, que se reflejan claramente en las dificultades de acceso y estabilidad laboral que siguen afectando a la juventud y a las mujeres. Tenemos que reforzar las políticas activas de empleo”, ha planteado.

Carrascosa, también se ha mostrado cautelosa por las consecuencias que la guerra de Irán puede acarrear en los próximos meses en el empleo.

“A todo esto, se suma un factor externo de gran relevancia: la invasión de Irán, que puede impactar en el empleo en los próximos meses a través del encarecimiento del petróleo, y las presiones inflacionistas”, ha señalado en este sentido.

“Por todo ello, se deben redoblar esfuerzos para defender el poder adquisitivo en la negociación colectiva, reforzar la formación y la inserción laboral juvenil y reclamar medidas que protejan a las personas trabajadoras y a los sectores más vulnerables”, ha añadido.

La responsable de empleo del sindicato, considera “imprescindible” acometer algunas reformas que aprovechen el contexto de creación de empleo que atraviesa la economía española para reformar las políticas activas de empleo, seguir con la reducción del desempleo y fomentar la creación de puestos de trabajo en sectores de alto valor añadido.

“Todavía hay un margen importante para reducir el desempleo de larga duración, que afecta a las personas que llevan un año o más en desempleo y que dificulta su reinserción al mercado laboral. Esta problemática se extiende a casi 4 de cada 10 personas desempleadas. Por eso, se deben fortalecer las políticas activas de empleo mediante servicios públicos con orientación personalizada, programas mejor diseñados y un sistema de evaluación claro. Dotar de recursos adecuados a los servicios públicos de empleo es clave para lograrlo”, ha declarado la responsable sindical.

CSIF celebra el descenso de parados pero incide en la desigualdad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado el descenso de 1.081 parados en el mes de marzo en la comunidad autónoma.

El sindicato ha destacado que el sector Servicios ha liderado el incremento de puestos de trabajo (1.106) en un mes donde el paro ha descendido en todas las provincias “gracias a la celebración de la Semana Santa y el aumento de empleo que genera en ámbitos como la hostelería y el turismo”, mientras que el desempleo se incrementaba ligeramente en Industria y Agricultura.

Sin embargo, CSIF ha puesto el foco en las desigualdades de la contratación. Así, apuntan que “el aumento en 5.343 contratos en el Régimen General no ha estado acompañado de estabilidad: solo uno de cada cuatro contratos firmados (25,7%) fueron indefinidos a tiempo completo, y entre ellos el 72,3% lo ocuparon hombres, mientras que los fijos discontinuos supusieron el 30,3%”.

Señalan, que las jornadas parciales continúan siendo ocupadas mayoritariamente por mujeres, tanto en la contratación indefinida (73%) como en la temporal (64%), “mostrando un mes más las diferencias del mercado laboral de la región: las mujeres, que representan el 65,3% del paro registrado, se ven empujadas a aceptar empleos temporales o reducir sus horas de trabajo ante la necesidad de atender a hijos y familiares, lo que supone un obstáculo para la igualdad real, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral y personal”.

Tras las campañas contra los falsos autónomos en plataformas digitales de reparto de comida a domicilio, Yolanda Díaz ha situado el foco de la Inspección de Trabajo en las apps de empleo del hogar y de cuidados que actúan como “ETT o agencias de colocación, sin serlo”, ha anunciado este jueves. “Esto no es una zona gris. Es una zona ilegal”, ha sostenido la vicepresidenta segunda en la clausura de las jornadas El Poder del Trabajo en tiempos de Algoritmos, organizadas por el Ministerio de Trabajo, y “vamos a acabar con ellas”.

Sin mencionar ninguna empresa ni plataforma en concreto, Yolanda Díaz ha explicado que hay plataformas digitales de trabajo doméstico y de cuidados que están operando en España como si fueran ETT o agencias de colocación, “sin serlo”.

Díaz ha recordado que la intermediación laboral está “muy regulada” en España y solo pueden ejercerla las empresas de trabajo temporal registradas o las agencias de colocación autorizadas, “no cualquier aplicación que decida un día ponerse a gestionar trabajadoras del hogar desde un servidor puede hacer lo que quiera”.

La responsable de Trabajo ha sostenido que estas actuaciones irregulares no solo “vulneran derechos”, sino que también suponen una “competencia desleal” para otras empresas que cumplen la legalidad laboral.

Nueva campaña de la Inspección: “No lo vamos a permitir”

Díaz ha sostenido que la Inspección de Trabajo va a actuar, para que estas plataformas digitales que intermedian en el trabajo doméstico sin amparo legal rindan cuentas. “No lo vamos a permitir”, ha avisado la vicepresidenta segunda.

La ministra de Trabajo ha advertido que, detrás de cada perfil en esas apps hay una mujer, mayoritariamente, con condiciones laborales “no muy buenas” y, en ocasiones, en situación de especial “vulnerabilidad”, como por ejemplo las mujeres migrantes.

En el caso de la batalla contra los falsos autónomos en plataformas de reparto de comida a domicilio, como Glovo y Uber Eats, el Ministerio de Trabajo actuó con campañas de la Inspección de Trabajo durante años, cambios legales y la persecusión incluso penal de los directivos de las empresas, hasta que las empresas del sector modificaron sus contratos al modelo laboral.

“El algoritmo es poder”, ha advertido Yolanda Díaz en la clausura del Ministerio de Trabajo sobre esta materia, por lo que ha sostenido que deben estar sometidos a la “transparencia” y a la “rendición de cuentas”, con el objetivo de que respeten en todo caso la legalidad, pero también para que queden en evidencia sus sesgos, sus objetivos y sus consencuencias.

Desde Jornaleras de Huelva en Lucha, como no podía ser de otra manera, celebramos la medida urgente que permitirá a muchas familias acceder al subsidio tras los temporales. Pero una vez más insistimos en poner el foco en que el sistema actual,  basado en la precariedad y la temporalidad, nos hace vulnerables al cambio climático, a los vaivenes del mecado, y frente a los empresarios quienes tienen en su poder el presente y el futuro de los trabajadores, al depender éstos de ellos para que registren en la Seguridad Social las jornadas reales también llamada peonadas que verdaderamente realizan en los tajos. Una cuestión de la que depende que se cobre el salario correcto a final de mes, pero también que se permita tener acceso a las  prestaciones del régimen agrario en un futuro cuando toque solicitarla, y te requieran  el mínimo de peonadas.

Una prestación que ronda los 500 euros al mes, que se puede cobrar un máximo de 6 meses (los que no hay trabajo en el campo, que son algunos más) y que para poder tener acceso a ella no solo necesitas un número de peonadas, si no también haber pagado durante un año el sello agrario que ronda los 200 euros al mes. Esa especie de falsos autónomos de la que no se habla. Sin embargo, una parte de la patronal y algún que otro famoso cacique suelen hacer bastante hincapié en que la gente no quiere  trabajar en el campo porque vive de esa maravillosa “paguita” llamada PER agrario. De las pagas, millonarias a veces, que ellos adquieren a través de la PAC tampoco interesa que se hable. Pero aquí le podéis echar un vistazo, porque hay periodistas que sí que lo están investigando. Y no estamos hablando de 500 euros al mes durante 6 meses, precisamente. Incluso hablamos de “paguitas” a empresas que tienen sentencias o actas de la Inspección de Trabajo en su contra porque no cumplen con los derechos de sus trabajadores.

Volviendo al PER agrario, y teniendo en cuenta que el trabajo del campo en Huelva ha quedado relegado al sector del fruto rojo, y pocas alternativas laborales existen, evidentemente la noticia de la reducción de 35 a 5 peonadas, como ha ocurrido otras veces, es un balón de oxígeno. Pero se trata de otro parche más y no una solución  definitiva. Cabría también señalar aquí, si hablamos de pocas alternativas laborales, que si trabajas en otro sector cuando no hay nada en el campo, en el sector de la hostelería por ejemplo, esas jornadas no te sirven para el Régimen Agrario, y el tiempo que estemos en ese otro sector tenemos que seguir pagando los casi 200 euros de sello agrícola si queremos seguir estando de alta en el Régimen Agrícola. Porque aquí de puertas giratorias sabemos mucho, pero de las de la pobreza, es decir, pasar de un sector precarizado a otro a ver en cuál te explotan más.

No podemos seguir con un sistema de protección social que depende de que el clima sea benigno, de que la campaña sea buena, y de que tu jefe te apunte las peonadas que realmente has trabajado

Depender de juntar 35 jornales en un año para tener derecho a una prestación precaria es vivir al borde del abismo, y los temporales solo han puesto el foco en una  situaciónque llevamos años denunciando. Y más en un contexto actual de emergencia climática. Sabiendo que lo que ha pasado este año con los trenes de tormentas no va a  ser un caso aislado. El cambio climático ya está aquí, y el campo y sus trabajadores serán los primeros en sufrirlo. Las sequías, las lluvias torrenciales, las heladas y granizadas fuera de temporada… van a ser cada vez más frecuentes. Lo dice, o más bien lo gritan los científicos, no nosotras. Y no podemos seguir con un sistema de protección social que depende de que el clima sea benigno, de que la campaña sea buena, y de que tu jefe te apunte las peonadas que realmente has trabajado. 

No estaría de más recordar también que los agricultores y los empresarios del campo  cuentan con seguros y con la PAC, que en caso de perder cosechas les cubren las  pérdidas. Pero: ¿quién nos cubre a la gente que depende de estos meses de campaña  los jornales que están perdiendo? ¿Con qué dinero se va a pagar el sello agrario para  poder cobrar la prestación cuando toque solicitarla? De ahí que nuestra reivindicación vaya más allá, y hablemos de una reforma profunda y de calado del Régimen Agrario que:

1. Desvincule el derecho a la protección social de la acumulación de peonadas en un contexto de inestabilidad climática y laboral: no podemos estar a merced de lo que el  cielo o los empresarios nos quieran dar. Y sí o sí, hoy más que nunca, abogamos por una Renta Básica Universal que nos devuelva la dignidad garantizando unos ingresos justos y estables. Lo que no hemos tenido nunca. Es un acto de justicia social para un grupo de trabajadores marginados y desprotegidos desde antaño, pero que casualmente durante una pandemia mundial, en 2020, se demostró que eran imprescindibles para que el resto del mundo pudiera comer, una de las principales necesidades que hay que cubrir para mantenerse vivo.  

No podemos hablar de reducción de peonadas, de derechos laborales, de dignidad para las personas jornaleras, sin hablar de mitigación y adaptación, de eliminar los modelos depredadores

2. Recupere el sistema de trabajo y cuidado del monte y nuestros entornos naturales, como alternativa laboral que hoy se hace más necesaria que nunca: enfrentamos un panorama planetario en el que la temperatura media sigue subiendo y eso conlleva más olas de calor y, a su vez, a grandes incendios que arrasan con todo y acaban no solo con la vida, la flora y la fauna, sino también con el equilibrio socio ambiental y  económico de las zonas afectadas, implicando además un gran desembolso a  posteriori de dinero público. Pensemos por un momento lo que han supuesto los graves incendios de Doñana, Almonaster la Real y la Pata del Caballo en nuestra  provincia, o los graves incendios que afectaron al Parque Nacional de Monfragüe y la sierra de la Culebra en el verano de 2022. Necesitamos, como aseguran las expertas en  la materia, combatir el fuego antes de que llegue y qué mejor manera de hacerlo que  generando puestos de trabajo para la gente del mundo rural. Recuperar el trabajo de cuidado de la sierra es un modo de crear empleo con un salario digno que cumpla con  el SMI, favoreciendo una situación en la que todos ganamos: las arcas públicas, las personas, los animales, los bosques y el planeta en  general. No estamos inventando nada. Esto ya se hacía hace unas décadas en nuestra provincia.

3. Fomente la transición hacia la agroecología: ante la emergencia climática actual, y la situación geopolítica que estamos atravesando, los modelos agroecológicos se vuelven una necesidad urgente, y no solo una opción ambiental. Estos enfoques reducen la dependencia de insumos externos, diversifican cultivos, regeneran suelos y mejoran la resiliencia frente al clima, al tiempo que protegen el agua y la  biodiversidad. Transitar hacia ellos significa también apostar por un sistema agrario más justo y estable, capaz de sostener la producción sin agravar la crisis climática que ya está afectando al territorio y a quienes trabajan la tierra.

Para indagar más sobre el Régimen Agrario establecido en Andalucía y Extremadura  podéis descargaros aquí nuestro libro Abramos las Cancelas. La lucha de las Jornaleras  de Huelva por otro modelo de agricultura. En el capítulo 5 intentamos explicar la rueda de precariedad a la que nos somete.

No podemos hablar de reducción de peonadas, de derechos laborales, de dignidad para las personas jornaleras, sin tener en cuenta todo lo anteriormente nombrado, sin hablar de mitigación y adaptación, de eliminar los modelos depredadores. Porque de ello dependen no solo nuestros ingresos y nuestros salarios, y que optemos a una vida  digna económicamente hablando, sino también que podamos seguir llevándola a cabo en los pueblos rurales andaluces que habitamos, en los cuales nos enfrentamos a  grandes desafíos frente al cambio climático. Lo del inicio de esta campaña es solo una muestra más. 

La caída del paro por debajo del 10% en el cierre de 2025, un hito que España no lograba desde hacía casi 18 años y que solo ha alcanzado en dos ocasiones en las últimas cuatro décadas, centralizó todas las miradas esta semana. La Encuesta de Población Activa (EPA) certificó un gran año para el mercado de trabajo, que acumula otras buenas noticias: máximos de empleo, en total y también en ciertos colectivos, como las mujeres y los trabajadores extranjeros, además de una reducción de algunos indicadores de precariedad, como la temporalidad y, en menor medida, la parcialidad.

El número de personas trabajando en España nunca había sido tan alto. En 2025, se crearon algo más de 600.000 puestos de trabajo, uno de los datos más elevados de la última década, hasta llevar el total de personas ocupadas a alcanzar un nuevo máximo histórico: 22,46 millones de personas con empleo.

Como destaca Ángel Talavera, economista de Oxford Economics, estas cifras sitúan a España no solo a la cabeza de la eurozona en creación de puestos de trabajo, sino que protagoniza prácticamente la mitad de todos los empleos creados en estos países.

Además, aunque el empleo aumentó tanto entre los hombres como entre las mujeres, el número de trabajadoras ascendió con más intensidad: en 306.200 (+3%) respecto a los casi 300.000 hombres (+2,6%). Algo importante para lograr cerrar brechas de ocupación y actividad de las mujeres en el mercado de trabajo, que marcan también otras desigualdades económicas.

Con este incremento, se alcanzó además un récord de mujeres trabajando, de 10,46 millones de ocupadas. Por su parte, los trabajadores se situaron algo por encima de los 12 millones de hombres, un dato que se aproxima al anterior máximo histórico (de 12,2 millones ocupados) alcanzado durante la burbuja, en 2007, antes de la Gran Recesión.

Hay otro actor protagonista del empuje del empleo de 2025: los trabajadores de origen extranjero. El año pasado, del total de 600.000 puestos de trabajado creados, la población extranjera representa casi el 43%. Estas cifras llevaron también al número de trabajadores extranjeros a máximos históricos, de 3,58 millones de personas.

Aunque el empleo también aumenta entre la población española y de doble nacionalidad (+1,9%), el mayor auge de los trabajadores extranjeros (7,8%) está elevando el peso de estos entre el total de personas ocupadas. Al cierre de 2025, rozó el 16%.

Para ampliar los derechos de la población extranjera residente ya en España, el Gobierno acaba de anunciar una regularización extraordinaria de migrantes, que se prevé que pueda beneficiar a algo más de medio millón de personas. Inspectores de trabajo han celebrado la medida, que indican que permitirá aflorar puestos de trabajo en la economía sumergida y reducir las situaciones de explotación laboral que constatan en esta población más vulnerable.

Récord de personas dispuestas a trabajar

En los últimos años, los trabajadores migrantes están suponiendo una pieza clave del crecimiento de puestos de trabajo y del propio mercado laboral, incrementando la población activa dispuesta a trabajar. En el caso de algunas comunidades autónomas, están evitando de hecho su reducción.

En 2025, el mercado laboral creció hasta ser más grande que nunca, superando el techo de las 25 millones de personas activas (dispuestas a trabajar). En el cierre de año se rozó este nivel tras sumar 487.000 personas a la población activa, el segundo mayor dato desde 2008, en el que las personas extranjeras suponen casi la mitad.

Si se mira el auge de la población activa en 2025 por ocupaciones, destaca un gran incremento de la actividad en sectores cualificados, como los técnicos y profesionales científicos e intelectuales. El dato se reduce entre la población parada, que está a la vez reduciendo en número.

“Todavía hay elementos de desigualdad y precariedad por corregir, pero la mejora del empleo en estos últimos años es evidente”, sostenía esta semana Loli García, secretaria confederal de Formación y Empleo de CCOO. En el sindicato liderado por Unai Sordo sostienen que estos datos confirman lo que vienen planteando desde hace tiempo, “que no es otra cosa que la consecución del pleno empleo en nuestro país”.

“Es posible aspirar a un pleno empleo de calidad, y para ello hay que seguir insistiendo en la activación económica, con una política industrial y de desarrollo sectorial que genere empleo estable y de calidad”, añadía García.

En la patronal CEOE han celebrado que el sector privado es el “gran baluarte” de la creación de empleo en España, algo que desmiente una vez más las acusaciones que en ocasiones se lanzan desde la derecha política sobre que las cifras de empleo están “engordadas” por trabajadores públicos.

“La economía española ha generado 567.200 puestos de trabajo en media de 2025, gracias al impulso del sector privado, que ha creado 578.700 empleos, mientras que el sector público perdió 11.500 ocupados”, ha subrayado la organización empresarial.

Menos temporalidad y parcialidad

Uno de los rasgos más importantes del crecimiento del empleo en los últimos años es su complementariedad con otro proceso que parecía imposible en España: la reducción del empleo temporal. Los trabajos eventuales, considerados más precarios por su inestabilidad, se desplomaron a raíz de la aprobación de la reforma laboral de 2022.

Los datos de 2025 muestran una buena noticia. El descenso de la temporalidad continúa y ha alcanzado un nuevo mínimo histórico, del 15,1%, como destacaba el sindicato UGT en su análisis de la EPA. “Asimismo, la tasa de temporalidad promedio de 2025 se sitúa en el 15,3%, seis décimas por debajo de 2024, constatando la continuidad de los efectos positivos de la reforma laboral y su contribución a una mayor estabilidad en el empleo”, destaca el sindicato dirigido por Pepe Álvarez.

El dato de temporalidad más bajo reside en el sector privado, del 12%, donde se aplicó principalmente la reforma laboral, mientras que en el sector público aún es mucho más elevada, de casi el 27%, muy lejos del objetivo europeo del 8%, aunque también está en descenso.

En los sindicatos esperan que el empleo temporal en la Administración pueda reducirse notablemente “cuando se haga efectiva la eliminación de la tasa de reposición en próximas ofertas de empleo público”, como recoge el Acuerdo Marco firmado con Función Pública a finales del año pasado.

Además, los datos de 2025 muestran que el empleo fijo discontinuo se redujo. Es relevante porque es la modalidad de contrato indefinido, pero intermitente, que se impulsó en la reforma laboral como alternativa al abuso de contratos temporales en muchas ocupaciones estacionales y que ha sido objeto de numerosas críticas por parte de la derecha.

En el último año la población asalariada indefinida permanente aumentó en 587.400 personas y la población asalariada indefinida discontinua cayó en 39.900 personas. CCOO destaca que estos contratos solo alcanzan al 3,5% de las personas asalariadas.

“Estos porcentajes son algo superiores a los que había antes de la reforma laboral de 2021, pero su relevancia sigue siendo muy limitada. El contrato fijo discontinuo no está ganando peso en el empleo desde 2023, al contrario, la está perdiendo”.

Desde antes de la reforma laboral, al cierre de 2021, hay 1,5 millones menos de trabajadores con contrato temporal y casi 3,6 millones de trabajadores indefinidos más (de los que casi 3,2 millones son fijos permanentes).

Otro dato positivo es que el empleo creado en el último año es “mayoritariamente a tiempo completo”, destacaba también el economista Ángel Talavera.

Así, el peso del trabajo a tiempo parcial, de horario reducido y sobre todo ocupado por mujeres (73%), en el conjunto del mercado laboral se redujo el año pasado, hasta dejar la tasa en el 13,8%, dos décimas por debajo del mismo periodo de 2024.

Por su parte, mermó —aunque muy ligeramente— el llamado trabajo parcial involuntario, de personas que dicen tener ese tipo de contrato por no poder encontrar un empleo a tiempo completo, que pasó del 45% al 44% del total. Cifras aun así muy elevadas, denuncian tanto en CCOO y UGT, que sitúan esta modalidad contractual como uno de los principales focos de precariedad en España en la actualidad, que condena a muchas trabajadoras a cobrar bajos salarios e, incluso, a la pobreza pese a tener un empleo.

Marzo de creación de empleo y tímida reducción del paro. El mercado laboral sumó 161.491 personas más afiliadas de media a la Seguridad Social, hasta alcanzar los 21,36 millones de trabajadores en total. El mes deja un hito: un nuevo máximo histórico de mujeres trabajando, que se sitúa en los 10,12 millones. Por el lado del paro el dato es menos halagüeño, con un descenso en 13.311 personas, reducido para este mes, en el que hay que recordar que en 2025 no ha coincidido la Semana Santa y que han tenido lugar varias alertas meteorológicas debido a las lluvias.

Los datos publicados este martes la Seguridad Social sitúan así el total de trabajadores afiliados en 21.357.646 personas de media en marzo, algo por debajo del techo alcanzado el pasado verano, cuando se rozaron los 21,4 millones de ocupados.

Por sexos, las mujeres sí superan el máximo de la serie histórica, hasta alcanzar las 10.117.058 afiliadas, y los hombres se sitúan en los 11.240.588 afiliados. En el último año, el empleo ha crecido ligeramente más entre las mujeres, con un alza del 2,23% frente al 2,13% de los hombres.

Marzo es un buen mes para el empleo, con una importante creación de puestos de trabajo, muchos vinculados a la hostelería y el turismo, con la habitual llegada de mayores temperaturas tras el invierno y, especialmente, si coincide la celebración de la Semana Santa. Este año, esta festividad cae en abril y, además, este marzo ha estado muy marcado por las lluvias.

Aun así, el aumento mensual del empleo se situó cerca de las 161.500 personas, un dato inferior a los dos años precedentes, pero superior al de 2022. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, ha destacado la cifra como muy positiva, contextualizada también con una mejora de la calidad de los empleos creados, gracias a un aumento de la contratación indefinida.

Por sectores, como suele suceder, la hostelería es el sector que más tiró del empleo, sumó 63.400 trabajadores más afiliados a la Seguridad Social, pero se trata de una cifra algo más baja que otros años. Por ejemplo, frente a los 73.900 de 2023 y 72.700 de 2022, por ejemplo, en los que tampoco coincidió Semana Santa. Las Actividades artísticas y recreativas aumentaron en 5.600 empleos, en línea con años anteriores, y Transportes y almacenamiento sumó casi 8.200 personas afiliadas más, también un dato similar a los últimos ejercicios.

En ritmo de creación anual del paro se reduce varias décimas, al 2,2%, dado que el pasado marzo fue muy bueno, el segundo mejor de la serie histórica. En volumen de personas, en los últimos doce meses se han creado casi 456.000 empleos, una cifra que sigue siendo elevada.

Si se atiende a los datos desestacionalizados, se observa también una moderación del empuje del empleo respecto a febrero (+58.700), sobre todo en la última quincena de marzo (+23.000), marcada por las continuas lluvias y las alertas por inundaciones en varios puntos del país, como Córdoba, Málaga y la Comunidad de Madrid, entre otras.

Por edades, el Ministerio destaca que, desde la reforma laboral, la afiliación crece en todos los grupos de edad, de media un 12,9% en estos últimos tres años, y destaca dos grupos especialmente beneficiados: la franja de 55 años y más, con un alza del 24,3% (que se eleva al 26,7% en el caso de las mujeres), y entre los menores de 30 años, un 30,2%.

“La afiliación crece en todos los grupos de edad, especialmente en los que tenían más dificultades: los más mayores y los más jóvenes. Estamos resolviendo problemas estructurales que nos distanciaban de Europa”, explica Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El paro baja hasta las 2.580.138 personas

Como se apuntaba, la caída del paro en 13.000 personas fue inferior a las registradas habitualmente en este mes, como se refleja en el siguiente gráfico. “Cabe recordar que, en 2025, a diferencia del año anterior, marzo todavía no se beneficia de los efectos de la contratación en la Semana Santa y, por el contrario, está lastrada por los fenómenos meteorológicos adversos”, destaca el Ministerio de Trabajo. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado que estas alertas por lluvias se dejan notar especialmente en actividades como la agricultura y la construcción, con un descenso del desempleo inferior a lo habitual.

El balance del mes redujo el total de desempleados a 2.580.138 personas, en niveles de hace 17 años, en 2008, al inicio de la crisis financiera.

Por sexos, el desempleo femenino disminuyó en 9.176 mujeres (-0,59%) respecto a febrero, y se situó en un total de 1.553.778 mujeres apuntadas al paro, mientras que el paro masculino desciendió en 4.135 hombres (-0,40%), situándose en un total de 1.026.360 parados.

En el último año, el paro interanual ha descendido en 146.865 personas (-5,39%), un ritmo que se ha moderado bastante en este último mes, ya que en el arranque de 2025 estaba por encima del 6%.

Temporalidad en mínimos: 11,9%

La temporalidad, el peso del trabajo temporal sobre el total de asalariados, “se mantiene por debajo del 12% (11,9%)”, destaca la Seguridad Social, en el nivel mínimo de la serie histórica alcanzado el mes pasado. “En el promedio de 2017 a 2021, este porcentaje ascendía al 29,5%”, recuerdan en el departamento de Elma Saiz, visibilizando la gran diferencia a raíz de la reforma laboral aprobada en 2022.

En el mismo sentido se expresan en el Ministerio de Trabajo, donde destacan que los contratos indefinidos representaron en marzo el 43,6% del total: 508.662 contratos de 1.166.601. “Este porcentaje reafirma el escenario de estabilidad en la contratación del mercado laboral”, indican. Antes de la regulación de 2022 contra la temporalidad abusiva, el dato solía rondar el 10%.

Buen febrero para el mercado laboral. El empleo ha crecido en 110.340 personas más de media afiliadas a la Seguridad Social, el segundo dato más elevado desde 2007, hasta alcanzar un total de 21.196.154 trabajadores. El paro registrado bajó por su parte en casi 6.000 personas (5.994), lo que deja un total de 2.593.449 desempleados, la cifra más baja en 17 años para este mes.

El crecimiento de puestos de trabajo aceleró el pasado mes según los datos de empleo desestacionalizados, que miden la evolución de la afiliación marginando vaivenes estacionales. Según este indicador, la afiliación sumó 58.700 trabajadores respecto a los 35.700 de enero. Se trata del dato más alto desde octubre (58.000).

Si miramos 12 meses atrás, el ritmo de crecimiento del empleo se mantiene cerca del 2,4%, con casi 488.000 trabajadores más en el último año.

Así, el total de personas trabajadoras se acercó a los 21,2 millones de personas, de las que 10 millones son mujeres, que están experimentando un empuje algo mayor del empleo, con un avance del 2,4% interanual respecto al 2,3% de los hombres (con un total de casi 11,2 millones de afiliados).

Por sectores, en febrero tiró del empleo la educación, con 31.000 trabajadores más en el Régimen General, la hostelería (27.000) y la construcción (20.000). En cambio, el comercio perdió 10.000 empleados.

Si comparamos con febrero de 2024, las actividades que más crecen en términos relativos son el transporte y almacenamiento (7%, casi 60.000 personas afiliadas más), las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+4,7%, 14.000 empleos) y las actividades inmobiliarias (3,9%, 4.200 empleos).

El paro en mínimos desde 2008

La caída del paro registrado en casi 6.000 personas (-0,23%), aunque reducida, supone un buen registro para este mes, en el que no es extraño que aumente el desempleo. El Ministerio de Trabajo destaca que la evolución media desde 2008 a 2024 era de un incremento en 30.800 personas.

El total de personas paradas se mantiene por encima de la barrera de los 2,5 millones. Se trata de un dato muy elevado todavía, aunque es el más bajo desde 2008, en el inicio de la crisis financiera, cuando se llegó a los cinco millones de personas en paro (6,3 millones, según la EPA).

Por sexos, hay más mujeres en paro que hombres, 1,56 millones frente a un millón, y además el paro se reduce con menos intensidad entre las trabajadoras (-5,6% interanual respecto al -6,7% masculino).

Hay que destacar que 2025 ha arrancado con una reducción del paro más intensa, del 6% interanual, -167.000 personas, por encima de los registros de todo 2024.

El trabajo temporal cae del 12%

El Ministerio de la Seguridad Social destaca un hito en la reducción del empleo temporal que se inició a raíz de la reforma laboral. “Por primera vez en la serie, el peso de los trabajadores temporales se sitúa por debajo del 12% (11,9%)”, indica el departamento de Elma Saiz. En febrero de 2022, este porcentaje era más del doble, “ascendía al 26,3%”, recuerdan.

El balance de estos años supone que “el número de trabajadores con contrato indefinido ha aumentado en más de 3,7 millones desde la aprobación de la reforma laboral y alcanza casi 14,8 millones”, destaca la Seguridad Social.

En el pasado mes de febrero, se firmaron algo más de un millón de contratos, de los que más del 43% eran indefinidos. Antes de la reforma laboral, este dato solía situarse alrededor del 10%.

Nuevas sentencias del Tribunal Supremo reiteran su criterio sobre el futuro de los interinos y trabajadores en cuyos casos la Administración ha abusado de la temporalidad: no se pueden convertir de forma automática en funcionarios o trabajadores fijos sin pasar por un proceso legal de selección. La normativa española, a pesar de diversas sentencias de tribunales europeos de los últimos años, no permiten convertir al personal temporal de la Administración en funcionarios de carrera o fijos “sin que medien los procesos selectivos previstos legalmente”.

El futuro de los trabajadores de la Administración Pública que han encadenado contratos temporales de forma irregular durante años es una de las grandes batallas laborales ante los tribunales europeos. Diversas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han reprochado a España que no haya ofrecido una solución a los interinos y ha reclamado que la solución sea hacerles fijos o alguna figura asimilable.

La Sala de lo Contencioso mantiene desde el principio que la normativa española no permite llegar a esa solución por la vía del automatismo: reconocerles una fijeza o incluso la condición de funcionario de carrera sin pasar por una oposición o un proceso similar. “Nuestro derecho no permite convertir al personal temporal en funcionario de carrera o personal fijo sin que medien los procesos selectivos previstos legalmente”.

Especifican los jueces que no hablan de “cualesquiera formas de selección” sino “procedimientos basados en los pricnipios de mérito y capacidad e igualdad, convocados al efecto y resueltos con todas las garantías”. Eso, añade el Supremo, es lo que distingue al ámbito público del privado. El impedimento de aplicar sin más las sentencias europeas, añade, “no es de mera legalidad, sino de constitucionalidad”, añade.

“Admitir la conversión vulneraría elemento esenciales de la configuración de la función pública”, reclama el Supremo tras rechazar elevar el caso de nuevo ante el Tribunal de Justicia de la Unión. Los jueces concluyen que el abuso de la temporalidad es ilegal pero la conversión automática en funcionario o personal fijo “es contrario a la Constitución” y el afectado “tendrá derecho a ser repuesto hasta tanto el puesto de trabajo desempeñado se cubra por funcionario público o se amortice”. También tendrá derecho a una indemnización.

Casi tres décadas de interino

Uno de los casos que ha resuelto el Tribunal Supremo es el de un profesor de Francés que estuvo 29 años encadenando contratos temporales hasta que fue destinado en un instituto de Melilla. Solicitaba ser nombrado funcionario de carrera o, al menos, empleado público con condiciones equiparables de empleado fijo. Los tribunales andaluces rechazaron ambas peticiones y el Tribunal Supremo ha confirmado esa negativa. En casi tres décadas, explica, solo se han sacado tres convocatorias para docentes de francés en la ciudad autónoma.

Los jueces empiezan reprochando que su demanda no especifica los sitios en los que ha trabajado o en qué condiciones. “No podemos pronunciarnos sobre si ha padecido o no abuso en los nombramientos que ha recibido”, explica la sala tercera. “De ningún modo cabe reconocer el derecho a ser nombrado funcionario de carrera ni empleado público fijo y tampoco el de ser indemnizado”, añade.

“En ningún caso”, explican, la solución es convertir a un trabajador temporal en un empleado fijo, aunque un empleado público temporal cesado “tiene derecho a ser repuesto y a permanecer en la plaza que ocupaba mientras se cubre por funcionario de carrera o se amortiza”.

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros reducir la jornada laboral semanal a 37 horas y media. Lo ha hecho por el trámite de urgencia y después de un acuerdo entre los ministerios de Economía y de Trabajo, que han estado enfrentados en los últimos meses por esta medida

Decimos que el Gobierno aprueba pero es una de esas veces en las que un titular periodístico puede confundir: el Gobierno aprueba la nueva jornada laboral, pero eso no significa que la nueva jornada laboral esté ya aprobada, en vigor, que la semana que viene vayamos a trabajar menos. No es así. Lo que toca ahora es un largo debate en el Congreso, y ya sabemos lo complicadas que están las mayorías parlamentarias, donde la ley puede ser modificada, mejorada o empeorada. ¿Cuánto quedará de esta ley al final del camino? 

Lo hablamos con la periodista de elDiario.es especializada en información laboral Laura Olías. 

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha publicado una reciente sentencia que puede hacer tambalear el mercado laboral en España. La resolución abre un debate de enorme trascendencia sobre qué debe entenderse por una Empresa de Trabajo Temporal (ETT), con una interpretación amplia de los magistrados europeos y que pone en duda que pueda ceñirse a la regulada en España. Es decir, que podría ampliarse a otro tipo de empresas, señalando expresamente a las subcontratas en ciertos casos. Así, sus empleados tendrían derecho a percibir el salario de la empresa principal.

La sentencia, del pasado 24 de octubre, se pronuncia sobre una cuestión prejudicial elevada desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a propósito de una trabajadora en España de una subcontrata (LeadMarket) que presta servicios a Microsoft. Tras hacer prácticas en Microsoft, la empleada trabajó para tres subcontratas, siempre para la multinacional tecnológica.

La trabajadora se quedó embarazada en 2020 y en el séptimo mes de gestación Microsoft, “invocando razones presupuestarias”, informó a Leadmarket de que el contrato de prestación de servicios entre esas dos empresas “no sería prorrogado”. Cuando la afectada se incorporó del permiso de maternidad, la lactancia y sus vacaciones, la subcontrata la despidió por causas objetivas, alegando “una disminución de la demanda por la caída de proyectos”.

La trabajadora reclamó en los tribunales que el despido se declarara nulo y que se condenara LeadMarket, y como parte codemandada Microsoft, “por considerar que en realidad se trataba de una puesta a disposición para que prestara sus servicios en dicha empresa”, relata el catedrático de Derecho del Trabajo Eduardo Rojo en su blog, en el que ha analizado la sentencia.

Un juzgado de lo social declaró el despido nulo, pero solo condenó a la subcontrata, porque consideró que no había una puesta a disposición de personal, sino una subcontratación legal, y por lo tanto eximió a la multinacional de responsabilidades con la trabajadora. La afectada recurrió el fallo y es el TSJ de Madrid el que eleva varias cuestiones prejudiciales a Europa sobre qué puede entenderse por “puesta a disposición” y por una ETT, de cara a cumplir la regulación europea en cuestiones tan relevantes como el derecho al salario de la empresa principal.

¿Ampliación de qué es una ETT en España?

El veredicto de los magistrados europeos es muy relevante porque ofrece una interpretación bastante amplia de lo que puede llegar a considerarse una ETT, ampliando el concepto (y sus obligaciones) a otros supuestos, como puede ser cierto tipo de subcontratación.

En España, existe la obligación de que las ETT tengan una autorización administrativa que les considere como tal. Sin embargo, la justicia europea advierte de que la normativa de la UE sobre empresas de trabajo temporal no exige este requisito.

Así, exigir esta autorización para aplicar la regulación europea de las ETT, “por una parte, implicaría que la protección de los trabajadores diferiría entre los Estados miembros, en función de si los Derechos nacionales exigen o no tal autorización, y dentro de un mismo Estado miembro, dependiendo de si la empresa de que se trate posee o no tal autorización”, dicen los jueces.

Además, consideran que “podría contravenir los objetivos de dicha Directiva, consistentes en proteger a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, y, por otra parte, menoscabaría el efecto útil de la citada Directiva, al restringir de manera excesiva e injustificada el ámbito de aplicación de esta”.

Por lo tanto, el TJUE abre la puerta a que se pueda aplicar la regulación de las ETT a otras compañías si cumplen con la definición europea de estas empresas de trabajo temporal, con el concepto clave de “puesta a disposición” de personal. Y, en este punto, también hace una lectura “muy amplia” de qué puede entenderse por “puesta a disposición”, valora en su blog Ignasi Beltrán, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

En términos generales, esta puesta a disposición de personal se podría dar “en una tipología muy amplia de empresarios (personas físicas y jurídicas)”, advierte Beltrán, también cooperativas, “siempre que tengan la intención de poner a esos trabajadores a disposición de una empresa usuaria”. No obstante, “debe tratarse de una actividad habitual”, añade el catedrático en su análisis, entre otros elementos definidores que apunta el TJUE, que sitúa la clave en “determinar si la empresa usuaria ejerce un poder de dirección y control sobre el trabajador cedido”. Comprobar si eso sucede o no corresponde a los tribunales nacionales.

Eduardo Rojo considera que la sentencia europea “puede 'abrir el melón' de qué debe entenderse por empresa de trabajo temporal (ETT)” en España y generar múltiples casos en los tribunales para reclamar, por ejemplo, el salario de la empresa principal o que las empresas principales respondan solidariamente en casos de despidos e indemnizaciones de empleados subcontratados, como en esta demanda analizada por el TJUE, explica a elDiario.es.

Posible freno a la subcontratación para precarizar

La sentencia europea “es muy relevante y podría llegar a tener un efecto sistémico”, considera Ignasi Beltrán. El especialista recuerda que existen determinadas situaciones en las que se están empleando empresas contratistas o subcontratas “para encubrir una cesión de trabajadores al margen del régimen jurídico de las ETT”.

Hay que recordar que en España las ETT pueden ceder trabajadores a una empresa principal –de manera temporal–y que esta última sea la que ordena y controla al trabajador durante la prestación de servicios. Eso sí, el empleado durante ese tiempo tiene derecho a unos mínimos según la regulación europea de las ETT, trasladada a la regulación española, como cobrar el salario de la empresa principal.

En el caso de las contratas o subcontratas, los trabajadores prestan servicios también para otra empresa principal, pero aquí el mando y control activo de los trabajadores debe recaer en la empresa subcontrata. No puede haber una mera puesta a disposición de personal, ya que se incurriría en una cesión ilegal de trabajadores.

Sin embargo, el catedrático Ignasi Beltrán subraya que los tribunales nacionales están interpretando con cada vez más “laxitud” los elementos definidores de las contratas y subcontratas, “admitiendo supuestos que probablemente deberían subsumirse en el de cesión ilegal”. “Durante mucho tiempo se ha estado empleando un constructo mercantil para encubrir situaciones de cesión de mano de obra, socavando el efecto útil de la Directiva de ETT”, considera.

El resultado es que la subcontratación se está utilizando en multitud de ocasiones como una manera fácil de precarizar empleo y no asumir responsabilidades sobre este personal por parte de las empresas principales. Pero la interpretación de esta sentencia del TJUE podría poner freno a esta práctica.

Beltrán subraya que, dados “los factores descriptores del poder de dirección y control de una empresa usuaria descritos por el TJUE, a priori, esta doctrina podría impactar en muchas contratas, a pesar de que los tribunales internos hoy no las calificarían como una cesión ilegal”.

Al igual que Eduardo Rojo, el catedrático de la UOC considera que “podría ser relativamente frecuente que se formulen nuevas cuestiones prejudiciales al TJUE” tras este fallo en las que se planteen “si se está produciendo o no una puesta a disposición” de trabajadores subcontratados. Esto les podría dar derecho a percibir los salarios de la empresa principal, entre otros mínimos de la normativa europea de las ETT.

“La sentencia es compleja y puede generar una amplia interpretación jurídica”, considera Rojo, que advierte de que primero habrá que esperar a la sentencia del TSJ de Madrid sobre la demanda de esta trabajadora y también a ver cómo interpretan la resolución otros tribunales nacionales.

Ha llegado al Congreso de los diputados una Iniciativa Legislativa Popular, que es la versión formal y oficial de una enorme campaña de firmas, para pedirle a los partidos que promuevan una regularización de inmigrantes. Que los que ya están aquí, puedan existir para la Seguridad Social, para tener un contrato legal, que formen parte de lo que ya forman parte. Se trata de medio millar de migrantes. Ha acabado el plazo para que los partidos políticos presenten enmiendas y todas estas personas esperan una solución a su situación. ¿Qué implicaría esta regularización? ¿Tiene sentido, además de por el sentido humanitario, por la parte más utilitarista? 

Lo hablamos con la jefa de Desalambre en elDiario.es Gabriela Sánchez y con el periodista de la sección de economía de elDiario.es David Noriega.

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El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Euskadi se incrementó en julio en 1.698 personas con respecto al mes anterior (1,60%), con lo que se situó en 108.065 desempleados, según los datos hechos públicos este viernes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Con respecto al mes de julio de 2023, el desempleo se ha elevado en la Comunidad Autónoma Vasca en 1.890 personas, lo que representa un incremento interanual del 1,78%. Por territorios, en Bizkaia los parados crecieron en 1.011 personas respecto al mes anterior (1,68%) y en 1.358 en comparación con julio de 2023 (2,27%).

En lo que respecta a Gipuzkoa se contabilizaron 346 desempleados más (1,23%) respecto a junio y 751 más en relación al mismo mes del año anterior (2,70%). Por último, en Álava, los parados han crecido en 341 personas (1,90%) en julio en comparación con el mes anterior y han caído en 219 respecto a 2023 (-1,19%).

Sindicatos, plataformas y asociaciones de toda España han convocado para este jueves una nueva concentración de protesta ante el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en Madrid, para exigir la estabilización del personal que se encuentra en “abuso de temporalidad”. Las organizaciones se apoyan en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han “estimado la estabilidad como una solución adecuada al abuso de temporalidad sufrido por este personal”.

Así lo señalan los organizadores, que resaltan que el porcentaje de temporalidad sigue siendo “muy alto” en “todas” las comunidades autónomas, ya que puede llegar incluso al “40%”. Pero, puntualizan, son “numerosos” los servicios en los que llega a “más del 90%”, especialmente en el sector sanitario o en atención a la dependencia.

De este modo, reclaman que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno, José Luis Escrivá los reciba y escuche. Si no, dicen que habrá un “otoño caliente” con movilizaciones. Y añaden que existen decenas de trabajadores y trabajadoras que se han “mantenido en precario” incluso hasta “dos y tres décadas”. “Las consecuencias de esta nefasta gestión se traducirán en indemnizaciones por cese y despido de más de 500.000 trabajadores/as temporales a cargo del erario público, y el deterioro cada vez mayor de los Servicios Públicos”.

19 años con plaza temporal

Lorenzo Flores, portavoz de Solidaridad Obrera , sindicato con representación en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y una de las organizaciones convocantes, lleva 19 años trabajando con contrato temporal. “Nunca ha habido proceso selectivo en mi categoría”, asegura. Él trabaja en como técnico de gestión en tecnología de información (TIC). “Hasta la OPE especial que han puesto en marcha”, señala. Hace referencia a la oferta aprobada en 2022, en la que se contemplaban plazas de técnico superior de tecnologías de la información en tres categorías.

Flores resalta que el Estado español “no ha traspuesto todavía la legislación correspondiente al sector público” . “Además, con todas las medidas que se han tomado, tampoco son válidas para cumplir con la legislación europea”, recalca el trabajador.

Esto, explica, se debe a que funciona como una “tómbola” porque es un proceso selectivo “no restringido” y “abierto a toda la ciudadanía”. “Puede que me toque a mí que llevo muchos años, o puede que no”, recalca.

El portavoz señala que en el sector de la Sanidad se ve “muy claro”, y que el problema en este caso, afecta “fundamentalmente a las mujeres”. “Es un problema feminizado, porque el 75% de las personas con contrato temporal en sanidad son mujeres”, señala. Y, añade, “además de mucha edad”.

Son puestos estructurales que realmente se necesitan, pero que no se cubren de la manera legal

Por eso pone ejemplos del hospital en el que trabaja, en Ciudad Real. Concretamente, en el caso del personal de cocina. “Mujeres que están en los 60 o 50 y muchos años, que llevan 30 años trabajando en la cocina del hospital de manera temporal. Son puestos estructurales que realmente se necesitan, pero que no se cubren de la manera legal como establece nuestro propio ordenamiento y como, por supuesto, establece la ley europea de la que estamos hablando”, relata.

En el caso de estas mujeres, se trata, explica, de un colectivo vulnerable que si no logran permanecer en su puesto de trabajo a través de la estabilización, corren el riesgo de pasar los últimos días de su vida laboral en el paro. “Porque son personas a las que es muy difícil reincorporar laboralmente, pero que han aportado muchísimo al sistema público sanitario. Y esto ocurre, encima, al incumplir legislación nacional y europea”, añade Flores.

Pero esto no solo afecta al personal sanitario, sino de otros sectores, como el de educación. “Hay quien ha aprobado dos oposiciones, pero no consigue plaza porque no hay suficientes. Es el problema de la reposición”, afirma el portavoz de Solidaridad Obrera SESCAM.

Al final, todo se resume en la necesidad de acabar con la temporalidad. “¿Por qué la Unión Europea quiere terminar con la temporalidad? Porque quiere acabar con la precariedad. Temporalidad está asociada a precariedad. Incluso en temas salariales, como un profesor que vive con media o incluso con un tercio de jornada. Viven para trabajar”, afirma Flores.

La situación puede llegar a ser un “drama” porque “puede que tengas que trabajar a 50 o 60 kilómetros de tu casa y encima si tienes una media jornada”. En resumen, mucha incertidumbre.

Ante esto, el personal interino ha iniciado numerosos litigios judiciales. “Y así estamos, saturando todo el sistema judicial”. Por ejemplo, la Plataforma de Interinos de Castilla-La Mancha inició este año los trámites para impugnar la oferta de empleo público de 2023.

Pero es también el día a día el que se ve afectado. “Te llaman para dos días, y piensan que tienen bocas que alimentar. En el caso de las enfermeras, cogen lo que sea, se van un día, o tres, buscando con quien dejar a sus hijos, tirando de abuelos...”, explica el trabajador. “Esto lo único que genera es precariedad”, concluye.

La reforma laboral ha conseguido reducir la temporalidad entre los jóvenes hasta el doble que en la población asalariada total. Y lo ha hecho, además, mientras se reduce la tasa de desempleo y se mantiene la de actividad. Son los resultados del estudio '¿Las reformas laborales han reducido la temporalidad de los jóvenes?', del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, presentado este martes.

En concreto, el trabajo indica que la reducción de la temporalidad juvenil fue del 10,4% en el segundo trimestre de 2022, ya con la reforma laboral a pleno rendimiento, y del 21,2% en el mismo periodo de 2023. El análisis, con datos de Eurostat, constata también una baja de este indicador, tradicionalmente característico del mercado laboral español, en la población general, aunque en menor medida: fue de un 4,5% y un 9,5%, respectivamente.

“La temporalidad contractual ha bajado de forma notable en los jóvenes españoles a partir de la reforma laboral de 2021” que, “lejos de incentivar una ola de destrucción de empleo, esta limitación legal de la contratación temporal ha venido acompañada de un ciclo de creación y consolidación de puestos de trabajo”, indica uno de los coautores del estudio e investigador del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat Autónoma de Barcelona, Alejandro Godino. El experto señala que esta situación “contrasta con los resultados infructuosos de anteriores reformas para limitar la temporalidad en España”.

La reforma labora limitó el uso de contratos temporales, muy habituales en España, restringiendo los motivos que pueden justificar esta fórmula, que hasta entonces muchos empresarios utilizaban para cubrir puestos estructurales, bajo la apariencia de contratos por obra y servicio. Actualmente, las empresas solo puede recurrir a estas contrataciones para sustituir a otras personas trabajadoras o por causas imprevisibles, como picos de actividad, o previsibles pero de muy corta duración. Los últimos datos de empleo ilustran esta mejora: de los 1,3 millones de contratos firmados en mayo, el 43% eran indefinidos, cuatro veces más que antes de la nueva legislación.

Si la población general ha visto reducida su temporalidad laboral, son, en buena parte, los jóvenes quienes tiran de ese hito. De hecho, este grupo ha conseguido reducir la enorme brecha que España mantenía con la media europea. “Si en 2019 más de la mitad, el 55%, de los empleados españoles menores de 30 trabajaban de forma temporal frente a un 36% de los jóvenes europeos, ahora ambos grupos se sitúan en torno al mismo porcentaje, el 34,4% en Europa y el 36,2% en España”, indica el investigador, que lo atribuye “a que la reforma ha servido para reducir el uso estructural de los contratos temporales en actividades y situaciones que no lo requieren”.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, celebraba a principios de este mes que el empleo juvenil había crecido un 15,4% desde 2019, casi seis puntos por encima del conjunto de la economía española. “Ve especialmente reducida su temporalidad, algo que disminuye en todas las franjas de edad y sectores y que aporta estabilidad a nuestros jóvenes”, indicaba.

El estudio, impulsado por la Fundación La Caixa, no es el primer espaldarazo que recibe el Gobierno a cuenta de la reforma laboral. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó hace un par de semanas un informe en el que reconocía que la legislación laboral aprobada en diciembre de 2021, con el visto bueno de los sindicatos y la patronal, “ha dado lugar a una gran reducción de la incidencia de los contratos temporales” que “no se tradujo en una disminución del empleo, ya que fue compensada con creces por el aumento de los contratos indefinidos”.

El Banco de España ha dedicado un capítulo de su informe anual al mercado laboral. En él, el equipo de analistas de la institución monetaria recomienda “reconsiderar” las políticas actuales ante la tasa de paro “persistentemente más elevada que las de otros países de nuestro entorno, los cambios tecnológicos y el envejecimiento” de la población. Entre sus propuestas, el informe incluye “alargar la vida laboral” y “políticas” que favorezcan “la llegada de inmigrantes”, junto a otras recomendaciones.

Lo cierto es que el análisis del Banco de España arranca destacando que “la principal característica del comportamiento reciente del mercado de trabajo ha sido el considerable dinamismo del empleo [es decir, la importante creación de puestos de trabajo desde 2021]”. Asimismo, reconoce que, desde la aprobación de la reforma laboral de 2021, “la ratio de temporalidad se ha reducido con intensidad”.

En cambio, “la productividad del trabajo apenas ha aumentado desde el comienzo de la pandemia” y, “a pesar del vigor observado en la creación de empleo [nuestro país está cerca del récord de 21 millones de trabajadores afilados a la Seguridad Social], la tasa de paro [cercana al 12%] sigue siendo excesivamente elevada”, incide la institución.

“Mirando al futuro, los cambios tecnológicos y demográficos en curso podrían llegar a causar una profunda transformación del mercado laboral, con implicaciones muy relevantes para la demanda y la oferta de trabajo y para la empleabilidad y productividad de determinados colectivos”, añade.

Trabajar más años

Entre las recetas de la institución para resolver las problemas estructurales del “paro elevado” y “la baja productividad” y afrontar los cambios que vienen, se recoge que “se debería fomentar el alargamiento de la vida laboral”. La propuesta resalta por contradictoria.

Según se observa en el informe, “en lo que llevamos de siglo, la edad media de los ocupados asalariados en España ha aumentado aproximadamente en 6 años —de 37,5 a 43,5 años—, mientras que la de los ocupados no asalariados lo ha hecho en 4 años —de 44 a 48 años—”. Este “envejecimiento” de los trabajadores incide “negativamente sobre el ritmo de avance de la tasa agregada de empleo y de la productividad y, por tanto, sobre el crecimiento”, dice la misma institución.

Sin embargo, “el alargamiento de la vida laboral, que ya se está produciendo, también contribuye a reducir algunos de los efectos adversos del envejecimiento poblacional sobre el mercado laboral”, asegura el Banco de España.

Aunque después enumera una lista de problemas de esta tendencia. Por una parte, “aunque aún existe un cierto margen para seguir extendiendo en el tiempo la vida laboral de los trabajadores españoles, este proceso se enfrenta a algunas limitaciones, como las relacionadas con el estado de salud de los trabajadores de mayor edad”.

Por otro lado, “los trabajadores de mayor edad no son sustitutos perfectos de los trabajadores más jóvenes, dado que sus cualificaciones profesionales, sus aptitudes y sus facultades laborales son distintas”.

La inmigración

En la misma línea, el Banco de España apunta que la recuperación de los flujos migratorios, que se vieron afectados muy negativamente por la pandemia, ha contribuido de forma notable al vigor reciente del empleo en nuestro país. De cara al futuro, “sería deseable que las políticas migratorias anticiparan proactivamente las necesidades de contratación que se generarán en el mercado laboral español como consecuencia de las futuras jubilaciones y que favorecieran la llegada de inmigrantes que puedan satisfacer dichas demandas de trabajo”.

“En España, la edad media de los ocupados de nacionalidad extranjera es 3,4 años inferior a la de los nacionales. No obstante, no cabe esperar que la inmigración solucione completamente el problema del relevo generacional de los trabajadores en nuestro país”, explica.

La reducción de la jornada laboral

El informe también entra en la propuesta de reducir la jornada laboral del Gobierno de coalición y la relaciona con la productividad del trabajo. La conclusión de la institución es que “sería deseable que las distintas empresas y sectores dispusieran de una amplia flexibilidad para acomodar dicho cambio normativo si se quieren evitar los posibles efectos negativos de esta medida sobre los costes laborales, la productividad y el nivel agregado de empleo y actividad”.

“En España, desde el año 1983, la jornada laboral legal se ha mantenido en una duración máxima de 40 horas semanales. Sin embargo, la jornada laboral media ha caído de forma apreciable. Así, según la EPA, entre 2005 y 2023 la reducción de las horas semanales pactadas en el empleo principal y a jornada completa fue de 48 minutos, hasta las 38,91 horas semanales. Por su parte, en el mismo período, las horas efectivas cayeron en 3,1 horas, hasta las 33,1 horas semanales”, recoge el Banco de España.

“La caída observada en la duración de la jornada laboral media ha sido muy heterogénea por sectores y empresas, lo que ha permitido que dicha jornada se adecuase a las características específicas de las empresas, a sus efectos desiguales sobre la productividad y los costes laborales y a las preferencias de los trabajadores. Esta heterogeneidad debe mantenerse de cara al futuro”, señala.

La productividad y los salarios

En el debate sobre la productividad, el informe repite el 'mantra' del estancamiento y de la brecha con el resto de economías avanzadas, si se miden como PIB (Producto Interior Bruto) en relación con las horas trabajadas (la forma más común de medir la eficiencia del trabajo, aunque en esta información se explicaron sus muchas deficiencias y en este otra se expuso un cálculo alternativo).

Osea, estamos hablando de la productividad del trabajo. “La evidencia internacional de las últimas décadas apunta a que los salarios reales crecen de forma más intensa en aquellas economías donde la productividad presenta un mayor dinamismo”, dice el informe. Aunque detecta que en España los salarios no han acompañado la mejora de la productividad al mismo ritmo que en el resto de grandes economías mundiales, sino quedándose más atrás, según se observa en el gráfico.

“Las razones que hay detrás de esta brecha han sido y siguen siendo objeto de un análisis exhaustivo por parte de la literatura económica, si bien esta aún no ofrece resultados concluyentes en cuanto a la importancia relativa de cada uno de los posibles factores explicativos”, confiesan los expertos del Banco de España.

“Entre los principales determinantes analizados destacan los cambios tecnológicos, que podrían haber mostrado en las últimas décadas un mayor grado de complementariedad con el factor capital que con el factor trabajo”. Es decir, “el capital” se ha quedado una mayor porción de la 'tarta' del aumento de eficiencia de los trabajadores.

“También ha recibido mucha atención por parte de los investigadores el proceso de globalización de la actividad económica, que habría generado una cierta deslocalización de las actividades más intensivas en empleo y reducido el poder de negociación de los trabajadores en las economías avanzadas”. Menos poder de los sindicatos.

“Otro de los aspectos que se ha resaltado en la literatura como posible causa de un menor crecimiento de los salarios en comparación con el avance de la productividad estaría relacionado con un mayor poder de monopsonio y de monopolio por parte de las empresas , en un contexto en el que, como se ha mencionado, el poder de negociación de los trabajadores podría haberse reducido”, prosiguen.

“Por último, también se ha puesto de relieve la importancia de los intensos cambios que se han venido produciendo en la composición de la oferta de empleo, por ejemplo, en términos del envejecimiento de los trabajadores, la incorporación de la mujer al mercado laboral y la inmigración”, subrayan los autores del informe.

Otras propuestas

Otras propuestas que hace el Banco de España son mejorar las políticas activas del mercado de trabajo (formación e intermediación laboral), ya que “son especialmente necesarias para acomodar los efectos disruptivos de los cambios tecnológicos sobre el empleo y para aumentar la empleabilidad de los trabajadores de mayor edad”.

Además aborda que “las prestaciones por desempleo deben ofrecer una adecuada protección a los parados, sin que ello perjudique los incentivos a la búsqueda de empleo y a la movilidad laboral”. Mientras que considera que “para favorecer la necesaria reasignación ocupacional del empleo, resultaría adecuado seguir avanzando en la definición de las causas objetivas de despido y en la reducción de la incertidumbre asociada a estos procesos”.

Febrero ha vuelto a responder bien al mercado laboral. El crecimiento del empleo aceleró con una media de 103.621 ocupados más que en enero, el mayor aumento en un mes de febrero desde 2007. Mientras, el paro bajó en 7.452 personas y se sitúa en 2,76 millones desempleados, lo que supone 150.607 parados menos que en febrero de 2023 (-5,17%). La reforma laboral sigue mejorando el mercado de trabajo español: la tasa de temporalidad cae a mínimos históricos del 12,7%. 

El dinamismo de la economía española está conformando un mercado laboral en el que el impulso de las contrataciones vuelve a ser como al periodo anterior de la gran crisis financiera. En España hay 20.708.382 de personas afiliados de media ya que en el pasado mes se incorporaron 103.621 ocupados más que en enero, el mayor aumento en un mes de febrero desde 2007. El crecimiento de las contrataciones ha sido del 2,7%, con 538.239 trabajadores más que hace un año.

Si tenemos en cuanta los datos desestacionalizados (no contabilizan elementos estacionales que provocan vaivenes en el mercado de trabajo) la Seguridad Social ha registrado 20.954.785 trabajadores afiliados en febrero, lo que supondría un incremento de 551.359 trabajadores en el último año, en línea con el promedio de creación de empleo en los años anteriores a la pandemia.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destaca que “la creación de empleo en España (+8,1%) supera a la de los grandes países europeos (Francia, +5%; Italia +2,9%; Alemania, +1,4%) en comparación con ese nivel anterior a la pandemia. También el aumento del empleo es más destacado que en estos países desde el inicio de la guerra de Ucrania, periodo en que en España ha crecido un 5,9%, mientras que en Francia y Alemania se registran crecimientos inferiores al 2%”.

Los sectores que más empleo han creado el pasado mes han sido Hostelería (29.230 afiliados más), seguido de Educación (28.941 más), Construcción (18.189 más), e Industria Manufacturera (13.130 más). Por el contrario, las actividades donde se han destruido puestos de trabajo han sido Actividades Sanitarias y Servicios Sociales y Comercio, con 10.252 y 9.590 afiliados menos, respectivamente. 

Más empleo en sectores de alto valor añadido

Seguridad Social pone el énfasis en el intenso crecimiento del empleo en sectores de alto valor añadido como Informática y Telecomunicaciones, cuyo número de afiliados ha aumentado un 26,3%, o Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, que presenta un crecimiento del 16,6%. Ambos sectores con alta productividad han creado 329.000 empleos desde el fin de la pandemia.

El ministerio que dirige Elma Saiz destaca la buena evolución del empleo para las mujeres las mujeres. En febrero 300.623 contrataciones más que en el mismo mes de 2023. De esta manera hay 9,787 millones de trabajadoras registradas en nuestro país, lo que supone que más de la mitad del empleo creado en el último año corresponda a mujeres (54,52%). 

Respecto al desempleo, el número de parados inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha reducido en 7.452 personas (-0,27%). Hay 150.607 parados menos que en febrero de 2023 (-5,17%).

El paro registrado en febrero baja en 11 comunidades autónomas. Las mayores caídas en cifras absolutas se producen en Andalucía (-4.110), Comunitat Valenciana (-1.552) y Castilla y León (-704) mientras que sube en seis comunidades autónomas, especialmente en Aragón (667), Comunidad de Madrid (465) y Comunidad Foral de Navarra (374).

El ministerio de Yolanda Díaz subraya que la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo ya llega al 73,89% de los parados, con una subida del 6,7% y supondría el valor más alto desde 2011. Tras la supresión por parte del Gobierno de uno de los recortes del mandato de Mariano Rajoy, el gasto medio mensual por beneficiario ha sido de 1.105 euros lo que supone un aumento de 33,9 euros (3,2%) respecto al año anterior.

La tasa de temporalidad cae a mínimos históricos

El porcentaje de contratos indefinidos se sitúa en el 87,3%, su máximo histórico, creciendo 17,3 puntos confirmando el proceso de la estabilización del empleo y la mejora de su calidad desde la reforma laboral. Así, la tasa de temporalidad se sitúa en mínimos históricos del 12,7%. Seguridad Social destaca la evolución de los menores de 30 años, ya que la reducción del nivel de temporalidad baja en 33,6 puntos porcentuales (del 53% al 19,4%) respecto al nivel que tenía antes de la reforma. 

La contratación indefinida volvió a alcanzar el 46,02% del total el pasado mes, destaca el Ministerio de Trabajo, casi uno de cada dos, cuando antes de la nueva legislación laboral apenas alcanzaban el 10%. Se han registrado 523.445 contratos de trabajo de carácter indefinido. 

El mejor aumento de autónomos “de los últimos seis años”

La organización de autónomos ATA ha destacado este lunes que el crecimiento de afiliados de trabajadores por cuenta propia en 10.097 personas registrado en febrero es “el mejor dato de los seis últimos años” y el triple del aumento experimentado en igual mes de 2023.

ATA ha subrayado que esos 10.097 nuevos afiliados autónomos de febrero suponen que la Seguridad Social sumó cada día del mes pasado 348 nuevos autónomos. En el último año, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha ganado 26.465 autónomos.

“Dado que estamos en el mes de la mujer, hay que destacar que este crecimiento tan importante entre el colectivo se ha visto impulsado por las mujeres, que sumaron 19.300 nuevos cotizantes frente a 7.165 nuevos cotizantes varones”, ha recalcado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Además de las mujeres, ATA ha puesto el acento en el crecimiento de los autónomos de más de 50 años a lo largo del último año. Según Amor, el 70% de este incremento se debe principalmente al “empuje” que están teniendo principalmente Andalucía y Madrid.

“Los autónomos van creciendo, el emprendimiento va creciendo, cada día hay más autónomos frente a otros momentos que hemos visto un declive y una caída. En estos momentos hay que reconocer los buenos datos y el buen comportamiento que están teniendo los autónomos”, ha concluido el presidente ATA.

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que Vox interpuso contra un decreto impulsado por el Gobierno en 2021 para combatir los altos niveles de temporalidad laboral en las administraciones públicas. La decisión, tomada por unanimidad del pleno, entiende que el ejecutivo central sí justificó la urgencia y necesidad de la medida para tramitarlo como real decreto-ley. Una norma que, entre otras cosas, limitó a tres años el tiempo que un interino podía estar ocupando una plaza vacante a la espera de que fuera obtenida por un funcionario en una oposición.

Según los cálculos del ejecutivo, las medidas del real decreto que ahora avala el Constitucional afectarán a más de 300.000 plazas públicas de aquí a finales de 2024.

La carrera del Gobierno para limitar la temporalidad en el espacio laboral de las administraciones públicas arrancó en 2021, después de que los tribunales empezaran a acotar el abuso. Primero fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que declaró abusivo en una sentencia que los contratos temporales se pudieran renovar durante años “por consideraciones de la crisis económica” y que se asimilara a estos trabajadores a la figura del indefinido no fijo.

Poco después fue el Tribunal Supremo el que corrigió su anterior doctrina y estableció que una interinidad en una plaza vacante que dure más de tres años es considerada como “injustificadamente larga” e implicará que un interino pasa a ser considerado indefinido no fijo.

El decreto que recurrió Vox y que acaba de avalar el Constitucional arrancó cuando Miquel Iceta todavía era ministro de Política Territorial salió adelante en el Congreso en julio de 2021 por un solo voto de diferencia y con medidas de calado para combatir el abuso de la temporalidad del sector público, que según los datos oficiales duplicaba a la presente en el sector privado.

Límites a la interinidad

El Constitucional, con ponencia de César Tolosa, explica que tanto la memoria con la exposición de motivos y los debates que dieron lugar a la norma han justificado “la concurrencia de la situación de extraordinaria y urgente necesidad que le llevó a dictar el Real Decreto-ley”. También existe una “adecuación” entre las medidas que adopta y la situación que pretendía combatir.

La norma ponía límites al tiempo que un trabajador de una administración pública podía pasar como interino: tres años ocupando una plaza vacante a la espera de que un funcionario la consiga por oposición o, por ejemplo, para trabajar en un programa de duración temporal. Esas plazas, dice el decreto, debían adjudicarse antes del último día de 2024.

Posteriormente el ejecutivo aprobo una ley para ampliar las medidas que entró en vigor en diciembre de 2021 y que tenía por objetivo bajar del 8% la temporalidad en el conjunto de las Administraciones, y no solo en la General del Estado que sí cumplía ese criterio.

Hasta cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en apenas año y medio y centenares de trabajadores despedidos. Son las cifras que cosecha a nivel estatal el grupo dedicado a la atención al cliente Webhelp, que vuelve a la carga con un nuevo proceso que prevé afectar a unos 220 empleados, 60 de ellos sólo en Mallorca, según el sindicato Fist.

Los nervios y el temor a la pérdida de ingresos se instala entre la plantilla, que, visiblemente indignada, ve cómo, en contra de lo que podría esperarse, la empresa goza de perfecta salud económica y cuenta con elevadas tasas de crecimiento, principalmente a partir de la pandemia de la COVID, que favoreció el teletrabajo, así como la facturación del sector del telemarketing y el call center. De hecho, Webhelp España cerró 2021 con una facturación de 235 millones de euros, un 15% más que el año anterior, según datos de la propia empresa.

“Es importante que la gente conozca la cara oculta de estas empresas que se venden como modernas y que explotan y se enriquecen como los señoritos de antaño”, asevera Enrique (nombre ficticio), quien trabaja como teleoperador para Webhelp desde su vivienda en Palma. En declaraciones a elDiario.es, lamenta la situación de profunda incertidumbre y ansiedad generalizada que atraviesan tanto sus compañeros como él: “Durante los últimos doce meses hemos tenido cuatro ERE. El último que nos han anunciado va a afectar a 60 familias sólo en Mallorca”, señala.

El empleado recrimina, asimismo, la ausencia de explicaciones por parte de la empresa, que, mientras tanto -como denuncian los trabajadores-, estaría trasladando los proyectos de sus clientes a otros países con legislaciones laborales más laxas como Grecia, Portugal o Perú. elDiario.es ha intentado recabar la versión de Webhelp acerca del conflicto laboral, pero la empresa se niega a hacer declaraciones al respecto. “No haremos comentarios”, se limitan a responder. Tampoco la patronal CEX, principal representante del sector, ha atendido a las peticiones de este medio al alegar que no puede opinar “sobre temas puntuales que atañen a empresas concretas”.

La presidenta de Webhelp, detractora de la reforma laboral

Fundada en 2020 y con sede en París, Webhelp es una empresa de subcontratación de procesos con el foco puesto en la atención al cliente. Cuenta con clientes como Vodafone, Valentino y La Redoute. En España está presidida por la mallorquina Helena Guardans, expresa detractora de la reforma laboral y de la jurisprudencia del Supremo que tumbó los contratos de obra y servicio en el sector del contact center con el objetivo de hacer frente al abuso de la temporalidad del que se han beneficiado numerosas empresas en los últimos años. Hasta el pronunciamiento del Alto Tribunal, y desde finales de los años noventa, la jurisprudencia había admitido que el contrato por obra o servicio determinado pudiera ajustar su duración a la de la propia contrata.

Guardans fundó en 1994 la empresa de call center Singular, que fue adquirida en el 2001 por la alemana Sellbytel. En 2018, ésta fue absorbida por Webhelp, liderada a nivel internacional por Olivier Duha, presidente y CEO de la compañía. El grupo cuenta con oficinas en Málaga, Mallorca, Madrid, Barcelona, València y Tenerife. Recientemente cerró su fusión con el proveedor de servicios y tecnologías Concentrix Corporation. El nombre de la mercantil saltó a la palestra el pasado mes de febrero, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó la condena por acoso a una trabajadora de Webhelp por parte de una jefa de manera directa y “de forma indolente” por parte de la empresa, “conocedora y consentidora de estas actitudes”. 

En España, Webhelp está presidida por la mallorquina Helena Guardans, expresa detractora de la reforma laboral y de la jurisprudencia del Supremo que tumbó los contratos de obra y servicio en el sector del 'contact center'

Enrique destaca, en este sentido, la labor de la entidad sindical, Fist, con base en Barcelona. Sus objetivos, entre otros, pasan por consolidar el teletrabajo como una forma normal y opcional de empleo, lograr la igualdad salarial y de condiciones para todos los trabajadores según grupo profesional y nivel retributivo, implementar políticas que reduzcan la carga de trabajo en aquellos proyectos donde se sobreexplota a los agentes e impedir que Webhelp utilice los ERE y los ERTE de forma sistémica.

“Los ERE están cayendo como si no hubiera un mañana”

Enrique lamenta que desde la empresa no se esté facilitando información a los empleados. Otros compañeros, como él, recriminan las condiciones laborales en las que se ven envueltos dentro de esta empresa de contact center.

La fórmula del ERE no está siendo infrecuente en el sector del call center. De hecho, es algo “bastante común”, como manifiesta a elDiario.es el secretario general de Fist, Miguel Ángel Bachs. “Tras la sentencia del Supremo, las empresas han cambiado su forma de proceder. Y los ERE en el sector del call center están cayendo como si no hubiera un mañana”.

El sindicalista explica que antes de que el TS sentara jurisprudencia en materia de subcontratación, el sector estaba construido mayoritariamente por las contrataciones temporales, dado que el artículo 17 del anterior convenio colectivo facilitaba las reducciones de plantilla y la extinción del contrato de obra o servicio en aquellos supuestos en que el empleado resultara innecesario ante la disminución del volumen de la obra o servicio contratado. El nuevo convenio, suscrito el pasado mes de junio, elimina toda referencia a este tipo de contratos.

Precisamente, hasta 200 trabajadores que atendían las llamadas de la Seguridad Social, subcontratadas a través de la empresa Konecta BTO, se movilizaban el pasado lunes después de que la mercantil anunciase su subrogación a la Seguridad Social, una medida que el organismo público ha rechazado y que dejaba a los afectados sin empleo, sin despido formal y sin paro. Sin embargo, cuatro días después de las protestas, la empresa, la mayor en España del sector del contact center, informaba a los sindicatos de que asumirá a los empleados, enviándolos de momento a un ERTE o a la inactividad en el caso de los fijos discontinuos.

Tras la sentencia del Supremo [que anula los contratos por obra y servicio y los abusos de la temporalidad], las empresas han cambiado su forma de proceder. Y los ERE en el sector del call center están cayendo como si no hubiera un mañana

Miguel Ángel Bachs — Secretario general del sindicato Fist

Batalla por la mejora de salarios

El nuevo convenio, que establece que al menos el 80% de los contratos de trabajo suscritos por las empresas deben ser indefinidos ordinarios y un máximo del 20% del resto de modalidades (ETT, temporales directos y fijos discontinuos), fue rubricado tras la batalla de los trabajadores del sector por la mejora de sus salarios y el reconocimiento de la obligación de subrogación de las plantillas, algo que hasta entonces no sucedía y dejaba a los trabajadores 'colgados' ante el cambio de subcontratas tan habituales en estos servicios.

El responsable del área del contact center en CCOO Catalunya, Erik Carrión, explica, por su parte, que antes de suscribirse el nuevo convenio, cuando finalizaba un servicio grande para el que hubieran trabajado “de 50 a 100, 200 ó 300 personas y se lo quedaba otra empresa en el Estado, automáticamente se hacía un ERE y la otra empresa contrataba a un número determinado de personas, con las condiciones que ellos querían y como ellos querían”. Con el nuevo acuerdo, señala, esta problemática se ha solventado mediante el artículo que fomenta la subrogación, “con lo cual si una empresa pierde un servicio, la otra empresa se lo tiene que dar y si no está en la zona, de momento tiene que ofrecer teletrabajo hasta que tenga una sede física allí”.

En el caso de Webhelp, Carrión indica que esta mercantil opera para numerosos clientes extranjeros y el problema se produce cuando el servicio finaliza o se traslada a otros países con unas normativas legales y una presión sindical inferior y con unos costes “mucho más baratos”. “Ahí no podemos utilizar la subrogación porque la normativa española no obliga a que cuando se acaba un trabajo aquí se tenga que contratar a los trabajadores en otro país que igual está a 3.000 kilómetros”, abunda. El sindicalista defiende que, al verse abocados a realizar expedientes de regulación de empleo, desde los sindicatos mayoritarios -CCOO, UGT y USOC “hemos luchado siempre para que las condiciones de los que se fueran y los que se quedaran fuesen las mejores”.

De hecho, recuerda que todos los expedientes han sido acordados con una indemnización de 30 días por año trabajado, “similar a lo que sería un despido improcedente de 33 días”, mientras que los tres primeros ERE se cerraron “prácticamente solo con voluntarios que querían salir de la empresa”. 

Mientras tanto, Bachs explica que, antes de la modificación de doctrina promulgada por el Supremo, las empresas podían “jugar rozando unos límites” para hacer “ERE continuados”. El sindicalista recuerda, de hecho, cómo una denuncia interpuesta por Fist en Inspección de Trabajo obligó a a regular mil contratos de trabajo que se encontraban en fraude de ley. “A partir de ahí, lo que hizo la empresa fue empezar a hacer expedientes de regulación de empleo”, comenta en relación a Webhelp.

Webhelp “va bien”

Respecto a la situación económica de Webhelp, Bachs señala que “si uno analiza el retorno de la inversión de la empresa en los últimos cuatro años o cinco años, se dará cuenta de que la empresa va bien”, sobre todo a partir de la pandemia, cuando se potenció el teletrabajo.

“A nuestro sector esto le afectó positivamente”, indica, no sólo porque las empresas estuvieron exentas de pagar gastos de teletrabajo, sino porque los proyectos que venden vía online se multiplicaron, sobre todo los relativos a los servicios tecnológicos. De hecho, los contact center españoles agrupados en la patronal CEX -un 88% del total- facturaron en 2020 hasta 1.884 millones de euros, frente a los 1.693,27 millones obtenidos el año anterior.

Bachs señala que otro de los aspectos a tener en cuenta es “la deriva económica que lleva España, sobre todo con una inflación galopante”, lo que ha provocado que la mano de obra “se haya encarecido”. El sindicalista estima que aproximadamente el 80% de la inversión anual de Webhelp se destina a recursos humanos. Y va más allá: “En el contact center los trabajadores no son simples trabajadores, son productos. Una empresa vende la fuerza del trabajo que produce y ese producto es con el que comercia, pero en el contact center lo que tú produces es un servicio. Ya sabemos que con el capitalismo el objetivo ya no solo no perder, sino que el no conseguir un aumento de beneficios anual ya implica que una empresa tiene un síntoma de debilidad. Y eso es lo que Webhelp quiere evitar”.

Cabe recordar que, en febrero, la Justicia condenó por daños a Webhelp y a una de sus jefas por una “clara” situación de acoso laboral o mobbing a una trabajadora después de que ésta se convirtiera en madre. La sentencia daba cuenta de un acoso prolongado durante más de cuatro años por parte una de las directivas de la compañía a la empleada desde que tuvo su primer hijo. “Me he comido a un hijo, no me voy a comer a dos” y “eres una hija de puta, a mí no me vas a hacer quedar tú mal, ¿eres retrasada?”, refería a la afectada.

La magistrada de primera instancia, cuya sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, apuntaba a la existencia de una “conducta de hostigamiento a la víctima, intencionada y reiterada” por parte de la jefa, pero también “de forma indolente por la empresa, conocedora y consentidora de estas actitudes”. La jueza impuso una indemnización de 80.000 euros a la víctima, además de la extinción de su contrato con indemnización de 55.000 euros.

La Inspección de Trabajo de Guadalajara ha obligado a la empresa de trabajo temporal (ETT) Synergie a abonar nóminas y cotizaciones que, “de manera irregular”, no pagó a trabajadores de la provincia, según ha dado a conocer el sindicato UGT.

Los hechos denunciados se remontan a 2021, año desde el que la empresa, recuerda el sindicato, “viene haciendo estas prácticas fraudulentas y abusivas”. Según explican desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Castilla-La Mancha, los trabajadores cedidos por una ETT a una empresa son contratados por un número determinado de horas. Si por circunstancias de la producción, finalmente la empresa que es cliente de la de trabajo temporal no tiene carga de trabajo suficiente, a estos trabajadores no se les puede enviar a casa sin abonarles los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social pactadas desde un principio. “Es algo que viene recogido en el Estatuto de los Trabajadores -en su artículo 30- y que Synergie está incumpliendo”.

Ante el requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo y gracias a la actuación del sindicato, la ETT ha terminado devolviendo a estos trabajadores un total de 22.000 euros entre salarios y cotizaciones. De no hacer hecho caso a este requerimiento, la siguiente acción de la Inspección habría sido sancionar a Synergie por una infracción calificada de muy grave.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Castilla-La Mancha lamenta que esta práctica es muy habitual entre las empresas de trabajo temporal. “Continuamos muy vigilantes y denunciando cada caso con el que nos encontramos pero pedimos también a la Inspección que sea firme para poner fin, de una vez por todas, a esta práctica”.  

Chabolas a base de plástico, uralita o cualquier trozo de madera. Así sobrellevan la ola de calor en Albacete alrededor de 300 personas que viven en los distintos asentamientos en la capital. “Si en las casas estamos a 30 grados, en estas precarias viviendas se crea efecto invernadero y se puede llegar a los 40º grados, cuando fuera hay 35º”, explica Juan Zamora, secretario provincial de políticas sociales de CCOO Albacete. Por no mencionar los riesgos que apuntan desde el Colectivo Sin Fronteras Albacete, debido a que no hay cocinas ni tampoco baños. “Ya hubo un incendio en abril y llevamos días de alerta roja, estamos muy atentas”, resalta Elena Roncero, presidenta de la organización.

Las reivindicaciones no son nuevas, ni mucho menos. Los asentamientos llevan siendo un problema en la capital manchega desde hace años y ninguno de los partidos políticos que ha pasado por el Gobierno municipal ha cambiado realmente la situación. Situaciones “precarias e inhumanas”, sin una vivienda digna, un problema “que no se ha abordado en profundidad” y que sigue sin resolverse. Colectivo Sin Fronteras resalta: “No se busca caridad, ni gratuidad solo un lugar donde no se permitan las condiciones que a día de hoy se viven en los asentamientos, que siguen existiendo, y que no han desaparecido”. No hay ninguna diferencia, resaltan, entre lo que ocurre en Albacete y en otros lugares. “Esto es como la Cañada Real, pero nadie habla de ello”, lamentan.

De parto en el asentamiento

Desde Colectivo Sin Fronteras relatan cómo este verano una mujer marroquí se puso de parto en el asentamiento y que debió ser acogida en un piso para poder dar a luz en un lugar “menos inhumano”. Su pareja es un hombre subsahariano, de los muchos que viven en los asentamientos. Ahora mismo tanto la madre como el hijo son atendidos por servicios sociales,. “Sabemos que están bien”, señalan desde la organización. Pero el padre seguirá viviendo en el asentamiento. “No es habitual encontrarse mujeres en los asentamientos, lo habitual son chicos jóvenes”, señala Roncero.

Desde CCOO advierten de que, efectivamente, suelen ser hombres jóvenes pero sólo en el caso de la población subsahariana. Pero, en el caso de la población rumana, llegan familias. “Hay una mujer a la que llevamos una silla de ruedas que cuida a 17 nietos”, asegura Zamora, del sindicato.

La población este año es bastante menor que hace unos años, cuando llegó hasta los 500, las condiciones siguen siendo “las de siempre”. “Esto lleva pasando 20 años y no mejora, siguen con casas improvisadas, improvisando cocinas y en el riesgo que supone ahora mismo en Albacete”, explica Roncero. Y, en medio de ola de calor, tampoco tienen un punto de agua. “Básicamente se trata de descampado con un montón de chabolas y una fuente muy, muy lejos”, señala.

“No les queda otra”

“Viven en condiciones infrahumanas e indignas para cualquier ser humano y no les queda otra”, lamenta Roncero. En Albacete existe un recurso en el Seminario, gracias a un acuerdo con el Obispado, pero que sólo ofrece cincuenta plazas. No sólo no son suficientes, señalan desde Sin Fronteras, sino que ni siquiera se cubren. “Y esto pasa porque en principio van destinadas a personas con situación regularizada, y prácticamente la totalidad de los temporeros que llegan a los asentamientos no la tienen. Se quedan fuera. Pero el número, además, es insuficiente para el volumen de gente que llega. Y más cuando estamos en una situación de urgencia como es la ola de calor. Pero nadie habla de este tema. Nadie lo hace”, critica la presidenta de la organización.

Prácticamente la totalidad de los temporeros que llegan a los asentamientos no tienen la situación regulada. El alojamiento es insuficiente y más en una situación de urgencia como es la ola de calor, pero nadie habla de este tema

Elena Roncero — Colectivo Sin Fronteras Albacete

Por eso, vuelven a reivindicar soluciones “integrales” y no un “parche” como el del Seminario. Y apunta a que los partidos han tenido siempre la misma actitud y apelan a hacer lo que reivindicaban durante la oposición. Lo harán con el nuevo gobierno del PP, tal como lo hicieron con el PSOE o con Ciudadanos. En el último Consejo Municipal de Inmigración, el Colectivo Sin Fronteras Albacete pidió la creación de una mesa interinstitucional. “Siempre hablan de las competencias, y por eso necesitamos involucrar a todas las administraciones”, resalta Roncero.

“Necesitamos todos los recursos, que escuchen a organizaciones como Cruz Roja o Médicos del Mundo que llevan años para resolver esta situación, que es una cuestión de derechos humanos. Vienen a trabajar en lo que nadie más quiere, para que tengamos frutas y verduras y no tienen ni dónde vivir”, remata,

Vienen a trabajar en lo que nadie más quiere, para que tengamos frutas y verduras y no tienen ni dónde vivir

Elena Roncero — Presidenta de Colectivo Sin Fronteras Albacete

Entre los problemas sin resolver, se encuentran las dificultades para poder, siquiera, alquilar una vivienda digna. “Las trabas son de muchos tipos. Por eso se necesita un plan de atención. Muchas personas llegan y no conocen el idioma y vienen de situaciones de riesgo y no saben que pueden solicitar el asilo. Por eso, debemos trabajar. Porque si no, todas las campañas de verano tenemos lo mismo, además de que existe gente que vive ahí de forma permanente”, lamentan desde Colectivo Sin Fronteras Albacete. “Se convierte en un bucle de miseria, en el que muchos chicos desarrollan problemas de adicciones o de salud mental, porque nadie los ayuda”, remata.

Problemática laboral

Desde CCOO coinciden en que las condiciones de habitabilidad siguen siendo “paupérrimas” y que no hay recursos suficientes para garantizar unas condiciones de vida digna. Pero no sólo eso. Las personas suelen ser víctimas de estafas y de condiciones laborales indignas, y no cuentan con herramientas para poder lidiar con ellas. Tienen “mucho miedo”, señala Zamora. “Trabajamos junto a Inspección de Trabajo y extranjería. Queremos que sepan sus alternativas”, señala el sindicalista. Resalta, por ejemplo, que quieren que conozcan que existe la posibilidad del 'arraigo laboral', que pueden conseguir si demuestran seis meses de trabajo en España.

“Vemos que se les cobra por contratos falsos, hasta 12.000 euros se les llega a cobrar. Y a la vez, tienen mucho miedo de ser deportados y les cuesta mucho acercarse a la Policía”, señala Zamora.

El sindicato cuenta con un mediador cultural, una persona que puede comunicarse con la población subsahariana y gracias a él, han podido acercarse más a la población. A la problemática de habitabilidad, se le unen las mafias organizadas que les cobran por papeles falsos, o también abogados que “se aprovechan” de la situación y les cobran tarifas desorbitadas por darles apoyo. “Ya hay denuncias contra la Policía Nacional, porque pueden llegar a cobrar más de mil euros por hacer un arraigo”. “Todo es lo que intentamos denunciar, pero cuesta mucho convencerles de que es por su bien”, concluye Zamora.

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Nuevo máximo histórico de empleo en España: más de 20,8 millones de personas trabajando. El mercado laboral incorporó algo más de 200.400 trabajadores de media el pasado mes de mayo, según las cifras de afiliación a la Seguridad Social, hasta situar un nuevo techo de empleo y el paro descendió en unas 50.000 personas apuntadas a los servicios públicos de empleo. El número total de desempleados cae a los 2,7 millones de personas, el dato más bajo desde hace quince años, 2008, en el inicio de la Gran Recesión.

En concreto, mayo sumó 200.411 personas más afiliadas a la Seguridad Social, hasta alcanzar un total de 20.815.399 personas trabajando de media. En el último año, el ritmo de creación de empleo se mantiene en el 2,9%, lo que supone un crecimiento de algo más de 580.000 trabajadores en los últimos doce meses.

Mayo es tradicionalmente un buen mes para el mercado de trabajo, con la llegada del buen tiempo y el arranque de las contrataciones para verano. Por sectores, hay un mayor empuje de la hostelería, con 67.000 personas afiliadas más en el Régimen General (4,6%), seguida del sector agrario, que sumó 3.500 asalariados (+4,5%).

Entre los máximos registrados en este mes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que se ha alcanzado el dato de 9,8 millones de mujeres trabajadoras afiliadas, “la cifra más alta de la historia de nuestro país”. Por su parte, los hombres se sitúan en un total de casi once millones de trabajadores.

Si se atiende al dato de empleo desestacionalizado, el que prefiere el Ministerio de Seguridad Social para seguir la evolución del mercado laboral, mayo incorporó 48.000 trabajadores, un dato muy inferior al pasado mes de abril (128.824). El departamento de José Luis Escrivá destaca que “en el conjunto de los cinco primeros meses del año se han creado 468.184 empleos, completándose el mejor periodo enero-mayo de la serie histórica”.

El ministro de la Seguridad Social ha celebrado los datos de mayo como “extraordinarios” y ha previsto que el mercado laboral alcance las 21 millones de personas trabajando “en junio o julio”. “Con una pandemia, una guerra de Ucrania, la subida de los precios de la energía, es decir, la capacidad que hemos desarrollado de resiliencia y de absorción de perturbaciones de la economía española no tiene parangón y al final el resultado es lo más tangible, más empleos y mejores empleos para los españoles”, ha sostenido en TVE.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha destacado el “fuerte dinamismo” del empleo, y de manera más amplia “de la actividad económica que se refleja también en otros indicadores como la inflación o el turismo”. “Son mensajes positivos y de confianza en la economía española”, ha celebrado.

Casi 50.000 parados menos

En cuanto al paro, descendió en casi 50.000 personas –en concreto en 49.260– el mes pasado, lo que sitúa el total de personas desempleadas apuntadas a las oficinas públicas de empleo en 2.739.110, la cifra más baja desde 2008.

El descenso del paro se extiende a todos los sectores económicos, destaca el Ministerio de Trabajo, así como entre las personas sin empleo anterior (con 3.576 personas paradas menos, -1,41%) y en todas las comunidades autónomas.

También por sexos, con reducción entre hombres y mujeres, aunque superior en los primeros: bajó en 24.720 desempleados (-2,23%) y 24.540 desempleadas (-1,46%).

En un país donde el paro de los jóvenes ha alcanzado a más de la mitad del colectivo, el Ministerio de Trabajo destaca que el desempleo se sigue reduciendo en este grupo de edad, con más intensidad que la media, y situándose en mínimos históricos.

“El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de mayo en 7.208 personas (-3,69%) respecto al mes anterior, duplicando el ritmo porcentual de la caída general”, subraya Trabajo. “El total de jóvenes en situación de desempleo es el menor de toda la serie histórica: 188.043”.

Yolanda Díaz ha subrayado que el paro se ha reducido en los últimos años hasta mínimos de 2008, “pero aún es insuficiente”, con el dato más elevado de la UE. “Sigue siendo demasiado alto, no nos resignamos, tenemos que seguir reduciendo el desempleo dando continuidad a las políticas que han demostrado su validez en estos años. La reforma laboral, la subida del salario mínimo y las políticas activas de empleo son instrumentos esenciales para acabar con un problema que arrastramos desde hace cuatro décadas”, ha sostenido la responsable de Trabajo.

Mínimo de temporales

Otro de los hitos del mercado laboral español tras la reforma laboral pasa por los mínimos de trabajo temporal. No solo hay muchos más trabajadores y se alcanzan máximos de empleo, sino que los indefinidos –más estables– han ganado mucho peso entre el total desde que se aprobó la nueva regulación.

“En mayo, el porcentaje de afiliados con contrato temporal se mantiene en el mínimo histórico del 14%, menos de la mitad del que se registraba antes de la reforma (30%)”, destaca el Ministerio de la Seguridad Social.

El departamento de Escrivá señala especialmente a los jóvenes, antes los más perjudicados por los empleos temporales y ahora los más beneficiados de su reducción. “La tasa de temporalidad se ha reducido en 32 puntos respecto al nivel que tenía antes de la reforma, pasando del 53% al 21%”, indica la Seguridad Social.

Del total de contratos suscritos en mayo, 1,4 millones, los indefinidos alcanzaron los 624.853, cerca de la mitad (44%), una situación inédita antes de la reforma laboral, cuando el dato solía rondar el 10%.