Un total de 84 entidades y colectivos sociales han emitido un comunicado conjunto contra la “extrema violencia” vivida el pasado 7 de junio en los corralones de la calle Castellar, en Sevilla, a la que se añade la presión y los meses de acoso que han sufrido los artesanos que aún quedan en la instalación. “Lo ocurrido es un ataque directo al derecho a la vivienda y a la vida en nuestros barrios”, han trasladado después del allanamiento de morada que causó la detención de tres individuos de la empresa de seguridad contratada por la propiedad.

Después de lo ocurrido, EFE ha informado que se ha interpuesto una orden de alejamiento contra los individuos que fueron detenidos en la tarde del pasado martes. No se podrán acercar a menos de 300 menos del edificio ni de la inquilina a la que echaron a la calle y que luego provocaría una serie de altercados en la vía pública.

“Denunciamos la impunidad con la que operan estas empresas, al servicio de la especulación inmobiliaria, así como la pasividad de quienes tienen la obligación de proteger a las vecinas”, critican en el manifiesto conjunto. La artesana y gestora cultural Estefi Yeah denunció el miércoles 8 de julio en los juzgados sevillanos a varios miembros de la propiedad Garajes Santa Inés S.L. y, también, de los miembros de la compañía de desokupación por un delito de allanamiento, robo con fuerza, lesiones, coacciones y amenazas. En el escrito se recogen las vejaciones e insultos contra la artista, a la que han amenazado de muerte y con la quema del edificio.

Ante la gravedad de los hechos, los 84 colectivos exigen cumplir con “la garantía efectiva de la integridad física y los derechos de las vecinas”, además del “cese de cualquier forma de acoso inmobiliario” y, por último, “la paralización de esta operación especulativa”. Por ello, llaman “a la solidaridad del conjunto de la ciudad”, porque, advierten, “defender los corralones es defender el derecho a la vivienda, el patrimonio común y la vida digna de nuestros barrios”.

“Normalización de la violencia”

Todo esto sucede en un clima tenso entre las partes a causa de la oferta de compraventa de los corralones de Castellar que comprenden los números 48, 50 y 52 a la promotora onubense Arenas de la Bellida S.L. por 12 millones de euros para la construcción de un hotel de cuatro estrellas y 29 viviendas libres, tal y como adelantó esta cabecera.

Una operación que de contar con el visto bueno del pleno del Ayuntamiento de Sevilla borraría del mapa el pasaje histórico junto al colegio Calderón de la Barca, como ya ha sucedido con dos de los cinco corralones que hay registrados en la ciudad desde el siglo XIX en el pasaje Mallol número 8 y Bustos Tavera número 26. Al hilo de lo sucedido, los partidos políticos de la oposición y el propio gobierno municipal de José Luis Sanz (PP) se han pronunciado, por una parte, reclamando soluciones, y por otro, anunciando que se estudiaría la expropiación mientras se señalaba a la ocupación como el origen de los problemas de este corralón.

Al respecto, los colectivos sociales piden una solución “urgente” para que la propiedad se expropie y pase a titularidad pública. “No es aceptable que se tarde en intervenir ante las reiteradas agresiones”, declaran los colectivos sobre la pasividad de la administración, ya que las presiones contra los artesanos se viven desde hace tiempo con numerosas denuncias ante los juzgados, donde se relatan los daños causados o la clausura de los locales sin previo aviso.

“Señalamos también el trasfondo de esta violencia extrema: una operación especulativa millonaria que pretende expulsar a las vecinas, talleres y espacios comunitarios para imponer un modelo de ciudad excluyente”, mantienen, “resulta inaceptable que la violencia y el negocio prevalezcan sobre la vida y los derechos de quienes habitan y construyen el barrio”. Reclaman: “Frente al acoso inmobiliario, organización y respuesta colectiva”.

Entre las entidades firmantes, se encuentra el Sindicato de Inquilinas, la Oficina de Okupación, APDHA Sevilla, Asamblea por la Vivienda de Sevilla, Comunidad Palestina, Entrepueblos, PAH Sevilla Este, Barrios Hartos, así como CGT, Asociación Trans de Andalucía, CNT, Facua, Oxfam Intermón, Federación Liberación, Fundación Triángulo, la CNT y Macarena Solidaria, entre otras. Una larga lista, hasta llegar a las 84 entidades, que muestran su rechazo a la “normalización de la violencia contra quienes defienden su hogar”.

La artesana y artista Estefi Yeah interpuso en la tarde de este miércoles una denuncia por allanamiento de morada, robo con fuerza, lesiones, coacciones y amenazas contra los dueños de los corralones de Castellar, Garaje Santa Inés S.L., tras los hechos ocurridos en el casco histórico. En un escrito presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, la inquilina ha relatado los pormenores de lo vivido el martes cuando varios miembros de la empresa de seguridad y desokupación García Seguridad Integral entraron en su domicilio para echarla junto a las personas que había en él. Igualmente, ha presentado pruebas de las intimidaciones que ha vivido en los días anteriores al incidente, donde se le llegó a decir “te voy a descuartizar” y “le voy a meter fuego al edificio”.

El altercado se saldó con la detención de tres personas de la empresa de seguridad, mientras que otros tres miembros del colectivo que se arremolinó en las calles en apoyo a la inquilina tuvieron que recibir atención sanitaria después de haber sido agredidos “con palos” y, también, “gas pimienta”. En la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, la afectada indica que el principal objetivo de la empresa de desokupación es “coaccionar y amenazar, hasta el punto de sufrir varias agresiones por parte de M. G. G. y varios de sus supuestos trabajadores”, como quedó reflejado en la denuncia por un ataque físico que recibió a las puertas de su casa en agosto del año pasado.

En cuanto al día de los hechos, Estefi Yeah describe en la denuncia, presentada en compañía del abogado Javier García, que seis personas asaltaron su casa a la una de la tarde cuando había tres conocidos suyos dentro. “Entraron por la fuerza trepando por un patio interior” y, una vez lograron entrar en el piso, “golpearon” a las personas que se encontraban, al mismo tiempo que les “robaron sus DNI y dispositivos móviles”. Después, soldaron una de las puertas para evitar la entrada y salida de cualquier persona, dejando en el interior a una mujer y a una niña con la intención de crear una estrategia que confundiera a los agentes policiales una vez y acudieran al lugar de los hechos.

Gas pimienta

Después de echar a empellones a los habitantes del inmueble, se produjeron varios altercados en la calle Castellar que llegaron a cortar el tráfico debido a la concentración de gente. Entre ellos, la agresión con gas pimienta a un periodista del ABC y a otras personas que protestaban en contra del desalojo ilegal. Con la presencia de la Policía Nacional se logró apaciguar el conflicto que ha terminado en una denuncia formal ante los juzgados. Además, los supuestos agresores sustrajeron varios objetos de valor y documentación personal de la inquilina, como el carnet de conducir o las tarjetas bancarias, al igual que dinero en metálico, según consta en el documento.

A tenor de lo sucedido, la propiedad declinó hacer valoraciones sobre el asunto este mismo martes. En todo caso, comentaron que la situación “no es digna”: “Imagínese que se metan en su casa”, atribuyendo la debacle a la ocupación ilegal del inmueble.

Estefi Yeah reside desde hace más de una década en los corralones y su contrato de alquiler continúa vigente, requiriéndosele en el 2015 que cambiara de inmueble dentro del espacio con las mismas condiciones contractuales. Tras el episodio vivido en las últimas jornadas, junto al corte de suministros de agua y luz y al presunto incendio provocado del contador eléctrico, la afectada ha estado abierta al diálogo. Sin embargo, defiende que la propiedad no le ha ofrecido ninguna opción viable y que, en todo caso, se le ha amenazado con llevar la causa a los juzgados, una cuestión que acepta. En este sentido, la inquilina advierte que el intento de desahucio que se produjo este martes es ilegal y que, en ningún momento, asegura que le haya llegado una orden judicial para abandonar su casa.

“Te tengo que matar, perra. Te voy a quemar, por mi padre”

Antes de que se produjera el conato de desalojo de este martes, la gestora cultural ha presentado en los juzgados varios testimonios, vídeos e imágenes sobre lo ocurrido en días anteriores. Entre ellos, el pasado 21 de junio hubo un trabajador de la empresa que se dirigó hacia ella impidiéndole la entrada en el edificio, mantiene, y diciéndole textualmemte “tengo ganas de gresca”. Al día siguiente, los representantes de Garaje Santa Inés S.L. comenzaron a “amenazarla” en el portal del edificio mientras que uno de los trabajadores de la empresa de seguridad “sujetó y chocó” a la víctima “contra la puerta de entrada”, dándole “varias patadas en la espalda”.

Al cabo de dos días, el 24 de junio, hay otro vídeo en el que se recoge cómo M.A.G., parte de la propiedad, se acerca a la afectada y le dice, literalmente, “droga la que te voy a meter a ti en la boca después de matarte, perra”, motivo por el que se mantiene la acusación por un delito de amenazas.

Seguidamente, un acompañante (D.) se une a la conversación y , en varios vídeos continuados, se destaca una amenaza de muerte: “Tú vas a salir hoy de aquí, porque te voy a coger de los pelos. Violencia, vas a ver la violencia, tú no sabes nada todavía de la violencia”. A lo que sigue: “Te voy a tortear, perra. (...). Nada más que te vea aquí abajo te torteo la cara. (...). Te voy a rajar. (...). Ahora no me voy a mover de aquí, ni hoy ni todos los días. No vas a poder ni sacar a los perros. (...). Te voy a fusilar hoy la cabeza. Baja pa bajo, ven, puta. (...). Nada más que te vea aquí abajo te rompo. Me da igual que seas una mujer, te rompo”. (...). “Te tengo que matar, perra. Te voy a quemar, por mi padre”.

Junto a este hombre, se unen M.A.G., A.V., T.P. y D., que continúan con los improperios verbales: “Ya tienes la guerra declarada”. (...). “Te voy a meter una patada en la boca del estómago que te voy a encharcar los pulmones de sangre. Te voy a dejar como una perra mal parida tirada ahí, perra”. (...). “Te vas a tener que ir de aquí, que lo sepas, y te vas a ir hoy porque me sale de la punta de mi polla a mí, te vas a ir hoy. Porque voy a subir para arriba y te voy a partir la puerta en dos”. (...). “Que venga, que venga la policía que me cago en los muertos de toa la policía también”.

“Te voy a descuartizar” y “le voy a meter fuego al edificio”

En este momento, D. advierte de lo que ocurriría unos diez días después: “(...). Voy a coger una escalera y voy a subir para arriba y te voy a sacar de los pelos yo, a ti y a todo el que haya ahí que venga. Ya verás y no voy a subir yo solo, tú no te preocupes que te acabas de buscar la mayor ruina ahora mismo”. A continuación, hay más amedrentamiento: “Te voy a ahorcar. Te voy a ahorcar. Que lo sepas que te voy a ahorcar, puta. Te voy a coger y te voy a descuartizar, perra. A cachitos. Graba, graba que te voy a coger y vas a ver lo que te va a pasar, prima”.

En este punto, D. también amenaza con agredirla sexualmente: “(...). Te voy a clavá toa mi polla, te la voy a meter ahí en la boca apestosa esa que tienes”; terminando con la idea de incendiar el edificio: “(...). Que le voy a meter fuego a tu edificio, perra. Tú te acabas de buscar la mayor ruina que hay aquí hoy”.

Tras este intercambio, la denunciante describe que el 25 de junio se produjo un incendio en el contador de los suministros eléctricos. Doce días más tarde, se produciría el allanamiento de morada por el que fueron detenidas tres personas por la Policía Nacional y por el que se ha interpuesto la denuncia. En declaraciones dadas a los medios, Estefi Yeah detalló que en el corralón quedan varias personas viviendo, cuyas circunstancias son similares a la suya: contratos vigentes que continúa pagando mensualmente, pese a la decadencia de las infraestructuras o las clausuras de los locales. Sin una orden judicial de por medio, el ataque de la compañía contratada por la propiedad a la inquilina ha sumado un episodio de extrema violencia en los corralones de Castellar.

Una situación que viene a dar de bruces con la oferta de compra por parte de la compañía onubense Arenas de la Bellida S.L., que desea adquirir las fincas de los números 48, 50 y 52 por 12 millones de euros, siempre y cuando sea viable el proyecto económico que presentaron en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla para la edificación de un hotel de cuatro estrellas con capacidad para 90 habitaciones y 29 viviendas libres, eliminando de la ecuación los corralones industriales y el colegio Calderón de la Barca. Una oferta que expira este verano, según las condiciones estipuladas en el contrato, y para lo que los activistas culturales y los partidos políticos exigen una solución, como la expropiación del terreno para que pase a manos públicas.

La Policía Nacional ha detenido a tres personas este martes en los corralones de la calle Castellar, en Sevilla, por un delito de allanamiento de un piso alquilado con contrato vigente, según ha podido confirmar este medio. Los individuos pertenecen a la empresa de seguridad y desokupación García Seguridad Integral, contratada por los dueños de la propiedad, que actuaron al mediodía, cuando los gritos y forcejeos en el número 48 hicieron que corriera la voz y se concentraran varias personas en apoyo a los afectados. Una disputa que acabó con otras tres personas recibiendo atención médica. Esto es un episodio clave dentro del contexto consulvo que atraviesan los que quedan en el edificio, ya que la fecha límite para la compraventa por 12 millones de la totalidad de la finca es este verano, tal y como adelantó este periódico.

Cerca de la una y media de la tarde, Estefi Yeah, la artista que denunció el pasado 26 de agosto un ataque físico a las puertas de su casa con el fin de amedrentarla y ha alzado la voz en multitud de ocasiones junto al colectivo Defiende Los Corralones y otros artesanos, pidió apoyo a través de sus contactos y redes sociales, aparte de llamar a la Policía Nacional a causa del delito. Entre empujones y amenazas, los presuntos agresores echaron a la calle a la inquilina junto a otras personas, provocando una pelea en la calle. En este sentido, desde Subdelegación del Gobierno han confirmado a este medio que quedan pendientes la entrega de los partes médicos de las personas supuestamente agredidas y, también, de la interposición de las denuncias.

El hostigamiento ha alcanzado su punto álgido este martes con el asalto a la casa por parte de “seis miembros” de la empresa de desokupación que, a partir de lo relatado por las personas que había en la concentración a las puertas del corralón, “han echado a palos a todo el mundo” y han utilizado “gas pimienta” para herir a los inquilinos y a periodistas del ABC, como se muestra en los vídeos. Las imágenes recopiladas serán presentados este mismo miércoles ante los juzgados, asegura el abogado del colectivo, por un presunto delito de allanamiento de morada y otro de robo con fuerza.

“Hay denuncias puestas con anterioridad y la semana que viene hay otro juicio por coacciones por un local habiendo un contrato legal, aparte de otro juicio por agresiones y hay otro caso en fase de investigación”, detallaron las fuentes conocedoras de las decenas de demandas contra la propiedad. “Esto es la película de nunca acabar”, lamentaron. En esta línea, los afectados denunciaron que llevaban días sufriendo cortes de luz y, también, les afectó el presunto incendio provocado del contador eléctrico, acusaron, lo cual redobla la presión sobre las condiciones precarias en las que viven dentro del espacio.

“Esto es un Estado ilegal paralelo”

Además, quienes contemplaban la escena mantienen que la empresa de desokupación, con ayuda de la propiedad, metió “a una mujer con una menor en la casa para así llamar a la policía y hacer creer que la casa era suya”. Una “estrategia” con la que pretendían confundir a los agentes y provocar la detención instantánea de todos los presentes. Sin embargo, la Policía Nacional tardó hasta tres horas en acudir al lugar de los hechos, según el relato de los presentes, momento en el que la madre y la hija salieron del piso sin mayor repercusión.

A causa de la aglomeración de gente en el casco histórico, se interrumpió el tráfico de la calle Castellar y, seguidamente, los agentes acordonaron la zona para impedir el tránsito. Una vez calmadas las aguas, la artista y el resto de afectados pudieron acceder de nuevo a su casa. En cambio, los individuos allí reunidos frente al número 48 en señal de apoyo fueron identificados por la Policía Nacional, advirtiéndoles que serían multados en caso de no dispersarse —al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza—. “Nos dijeron que nos iban a acusar de concentración ilegal”, agregó un miembro del grupo.

“Soy vecina del barrio y todos los días paso al lado de los corralones: tienen a unos nazis en la puerta”, criticó otra de las personas, que prefiere no ser identificada como el resto de los que acudieron a protestar. “Esto es un Estado ilegal paralelo”, aseveró otro joven, “y la policía hoy ha actuado porque esto se ha pasado de castaño a marrón oscuro”, en referencia a la actuación de García Seguridad Integral, la empresa contratada por la propiedad Garajes Santa Inés S.L. para la protección del inmueble.

En un momento dado, dos miembros en representación de la propiedad hablaron con la Policía Nacional y, de forma acalorada, con la inquilina afectada. Preguntados por este medio, la pareja declinó hacer valoraciones sobre lo ocurrido y comentaron que la situación en la que se encuentran “no es digna”: “Imagínese que se metan en su casa”. Esta es la premisa que han utilizado los dueños a lo largo de estos años de dejadez en las instalaciones y conflictos con los artesanos, aunque muchos de ellos, tal y como ha podido comprobar este medio, mantenían en vigor sus alquileres de renta antigua tanto para en las viviendas como en los locales industriales.

Hotel de cuatro estrellas o que pase a manos públicas

Los corralones de Castellar están en el punto de mira de los propietarios debido a la posible compra por valor de 12 millones de euros que ha ofrecido la compañía onubense Arenas de la Bellida S.L. El acuerdo de compraventa fue firmado en junio del año 2023 y está en vigencia hasta este 2026. Todo ello, a expensas de que se apruebe el Plan de Reforma Interior (PRI) presentado a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, en donde se planea la construcción de un hotel de cuatro estrellas con capacidad para 90 habitaciones y 29 viviendas libres, con el consecuente derrumbe del colegio Calderón de la Barca.

El revuelo que ha levantado la operación urbanística, que se saldaría con una nueva promoción de viviendas a precios desorbitados como ocurrió en Pasaje Mallol 8 y Bustos Tavera 26, ha posicionado a los partidos políticos. Por una parte, las izquierdas han pedido que el corralón quede en manos públicas, mientras que el Ayuntamiento de Sevilla, dirigido por el PP, ha avanzado que estudia la expropiación, sobre todo para proteger el centro educativo. Una medida que casaría con el reclamo de los artesanos, ya que, como pidieron hace dos décadas, el espacio centenario podría catalogarse como Bien de Interés Cultural (BIC) y quedar bajo el amparo de la administración pública. Un acuerdo que todavía no está encima de la mesa mientras el expediente urbanístico avanza.

En la tarde de ayer, Susana Hornillo, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, acudió a la calle Castellar y tildó de “pelotazo urbanístico” el planeamiento que hay en los corralones, donde “el único inconveniente que tiene la empresa es que siguen viviendo algunas artesanas y les están haciendo la vida imposible”. A su vez, acusa al PP de ser “conocedor” de todo el entramado, al igual que manifestó el PSOE en un comunicado. El portavoz municipal de los socialistas, Antonio Muñoz, pidió “garantizar la salud” de los afectados ante una situación “límite”, aparte de describir como “acoso inmobiliario” este tipo de acciones que “nunca debería permitirse en una ciudad como Sevilla”.

“El Mercado de Usera se mueve. Los tenderos venden y los clientes compran, los productos frescos van de un lado a otro del mostrador y la gente entra y sale y, entre tanto, pasan más cosas. Lecturas poéticas, intervenciones artísticas y cuentacuentos conviven con la actividad natural de una plaza de abastos: las peras de agua bajan, el lomo de buey se mantiene y el precio del pescado fluctúa”. La web del Ayuntamiento de Madrid recoge esta literaria descripción del corazón del comercio de proximidad en Usera. Un trajín que contrasta con la situación del entorno desde el pasado viernes 26 de junio: puertas cerradas, persianas echadas y numerosos carteles con el mismo mensaje: “Mercado cerrado por obras”.

Vecinos y transeuntes se detienen curiosos ante esos anuncios o los de los establecimientos que ofrecen servicios de reparto a domicilio como alternativa. Cuando algún comerciante llega para sacar algo de su tienda, los más curiosos les preguntan qué ha pasado, aunque lo ocurrido empieza a ser una comidilla en el barrio. “Se ha cerrado todo. No sabemos hasta cuándo”, explica el propietario de la panadería Ecuabrasil a una clienta habitual. “Hasta luego y ánimo vecino”, le responde ella con cierto pesar. “Se ha muerto la vida aquí”, lamenta el comerciante en declaraciones a este periódico.

La clausura ha llegado después de de que los responsables de las obras de remodelación en el inmueble, donde se planteaba instalar un espacio gourmet en la planta superior, hayan detectado graves problemas en la estructura de un edificio que data de 1959. “Como ocurre en la rehabilitación de un edificio de esta antigüedad, durante la ejecución de las obras pueden aparecer patologías o incidencias estructurales que no eran visibles inicialmente y que obligan a adaptar los trabajos previstos”, explican fuentes del área de Economía y Hacienda a Somos Madrid. De este departamento depende la Dirección General de Consumo, Hostelería y Comercio, organismo municipal encargado de la coordinación de los mercados municipales.

“El cierre temporal del mercado responde exclusivamente a la necesidad de ejecutar estas obras con todas las garantías de seguridad, siguiendo en todo momento las indicaciones de la Dirección Facultativa, responsable técnica de la obra desde su inicio. Durante este periodo el mercado permanecerá cerrado al público y la actividad comercial está suspendida. Solo accederá al edificio el personal de obra que desarrolla los trabajos necesarios”, aclaran.

Beatriz, vecina de la calle Ampero Usera, cuenta que eran conscientes de que se estaban ejecutando unas obras en la construcción, pero “nadie pensó que iba a encontrarse tan mal”. “Se han dado cuenta de que la estructura está fatal y les llamaron un viernes a las 16.30 para decirles que cerraban al día siguiente y ya no podían abrir”, narra con tristeza. “Les han dicho que la cosa va para seis o siete meses, pero yo creo que será más bien un año o dos. Y espérate que no tengan que tirar abajo el edificio”, especula.

Desde el Ayuntamiento apuntan que “no es posible determinar una fecha de reapertura”, ya que “los plazos dependerán de la evolución de los trabajos”. Avanzan que la Dirección General de Comercio está llevando a cabo “todas las actuaciones necesarias para proteger a los comerciantes afectados y facilitar una solución lo antes posible”, sin aclarar las medidas específicas al respecto. Sí adelantan que “se está trabajando en la búsqueda de un realojo provisional para los titulares de los puestos, en colaboración con los distintos mercados municipales”.

Los titulares de puestos del Mercado de Usera ascienden a 25. “Son ellos, sus trabajadores, sus familias y los vecinos que acuden a comprar en este recinto quienes dan vida al mercado cada día. Nuestro deseo es que puedan reabrir sus puestos y recuperar su actividad lo antes posible, siempre con todas las garantías de seguridad”, recalcan en el Consistorio.

Beatriz cree que algunos serán reubicados en el Mercado Jesús del Gran Poder y lamenta que en los casi 70 años del recinto “nunca se ha llevado a cabo ninguna remodelación”. “Las tuberías estaban podridas y los forjados se venían abajo. Era un peligro”. Comparte además uno de los grandes rumores que corren por el barrio: que los movimientos de tierra para instalar un ascensor de Metro hace unos años, situado a pocos metros del Mercado, pudo influir negativamente en su estabilidad. “En aquella obra era una vibración constante”, recuerda.

Ella venía asiduamente y de entre sus productos destaca los embutidos, la fruta y el pan. “Ahora tengo que desplazarme un poco más para encontrar una buena barra y donde voy no tienen para abastecer a todo el barrio”, dice. José María, otro vecino de Usera, venía sobre todo por la carne y, de nuevo, los embutidos.

“Estuve aquí la semana pasada y venía a comprar”, lamenta. No quiere creerse que el cierre se ha producido por problemas del edificio y augura que “para septiembre habrán reabierto ya, con el nuevo espacio gourmet de arriba, aprovechando que había algunos puestos vacíos”. Su fe es tan inquebrantable como el apego que tiene al lugar: “Vengo aquí dos veces por semana, por lo menos. Es una pena, pero yo creo que no tardarán en volver. No pasa nada, y si pasa le saludamos”, comenta con humor. “Es como lo que han hecho con el Mercado de la Cebada o con el de San Miguel. Está todo estudiado”, concluye.

La realidad, por desgracia, es más dura. Una vecina acompaña a la propietaria del asador El Pollo de Oro, una joven emprendedora que viene a recoger algunos enseres. “Me la llevo a la piscina para que se anime un poco”, cuenta la señora que le echa una mano. “Hay filtraciones de agua y está que se nos hunde”, asegura esta residente. “Querían poner la parte de arriba en plan chino [en la línea del proyecto municipal de Chinatown], pero han visto que está muy mal y hay que apuntalar ya”.

Varios tenderos y la propia administración del mercado rehúsan atender las preguntas de este medio, aunque la Asociación Profesional de Comerciantes del Mercado de Usera lanzaba el jueves un comunicado en sus redes sociales. “A medida que fueron avanzando los trabajos se descubrireron y certificaron patologías estructurales que no eran visibles. Nos llevó a tomar una decisión dolorosa pero coherente con nuestros valores y los informes de los ingenieros. Priorizando la seguridad, se adoptó de forma consensuada la decisión de cerrar nuestras puertas de forma inmediata. Para quienes vivimos de nuestro trabajo no fue una decisión sencilla, ya que en muchos casos es la única fuente de ingresos de nuestro núcleo familiar”, explican. Pese a ello, entendieron que “la protección de vecinos, clientes, comerciantes y trabajadores debía prevalecer”.

Aclaran que las administraciones competentes están estudiando “todas las medidas de apoyo posibles” y piden “paciencia”, ante la falta de “una fecha clara” para la reapertura. Eso sí, hacen gala de cierto optimismo: “Os aseguramos que el Mercado volverá a lucir como el espacio que es, un sitio para todos, orgullo y centro de nuestra comunidad”. Agradecen por último la “comprensión, confianza y apoyo”.

Actitudes muy necesarias en coyunturas realmente dramáticas. Beatriz cita el caso del propietario del Manchego Café Bar, que gracias a su éxito no solo en el barrio sino en redes sociales atraía tanto a habituales del Mercado como a personas que acudían directamente al negocio. “Había comprado locales de al lado para tener más espacio y ahora se ha encontrado con esto”, lamenta la vecina. Una muestra de que, con el cierre, las grietas del edificio han pasado a abrirse en un barrio que se siente huérfano.

El casco histórico de Sevilla muta bajo la mirada de los paseantes bajo la influencia de la afluencia turística y la gentrificación de los barrios, como ha sucedido con los corralones. El vestigio del pasado industrial de la ciudad, refugio y lugar de trabajo para decenas de artesanos que preservan el oficio siglos después, es una sombra de lo que fue. De los cinco identificados en la calle Castellar 48, 50 y 52, también, Pelícano 4, Pasaje Mallol 8 y 11, y Bustos Tavera 26, solo quedan en activo tres, habiendo en Castellar un proyecto para construir un hotel y varias viviendas. Pero Arenas La Bellida S.L. planea nuevas incursiones en el centro, muy cerca: en la Fábrica de Sombreros.

Así se desprende del Plan de Reforma Interior que ha presentado la empresa a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, tal y como ha podido consultar esta cabecera. En uno de los apartados del documento se especifica que el Plan General de Ordenación Urnaba (PGOU) de 2006 delimitaba hasta 6 ARIs dentro del Distrito Casco Antiguo. El más cercano a Castellar es el ARI-DC 04 Fábrica de Sombreros, en el que “tampoco se ha desarrollado” las actuaciones de reforma interior contempladas en la planificación, “pero que desde aquí podemos avanzar que también va a ser impulsado contemporáneamente por este por el mismo promotor”. Por tanto, se deduce que la propuesta se realizará más pronto que tarde para sacar rendimiento económico a la zona.

A continuación, el documento expone que el desarrollo del área Castellar-Dueñas en las condiciones actuales “es claramente disfuncional y antieconómico”. El PGOU contempló en las fichas que el desarrollo del ARIs de la zona (actuaciones de reforma interior) fuera “preferentemente público”, pero denominan la operación como inviable según las exigencias del artículo 105 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, “circunstancia sobradamente acreditada por el simple transcurso del tiempo”.

“Van a desarrollarse contemporáneamente”

Es decir, tras 20 años no se ha operado ningún cambio en las fincas, pese a que los dueños expresaran en el pasado su deseo de rehabilitar el espacio y que, de otra parte, se intentara llegar a un acuerdo con la Junta y el Consistorio para que pasara a manos públicas.

A ese intento frustrado le siguió la degradación y expulsión de los artesanos que trabajaban en su interior, sufriendo hoy presiones y daños por parte de la propiedad que representa Garajes Santa Inés S.A., que los acusa de ocupación. Unos dueños a los que ya se suma la empresa Arenas de la Bellida S.L., que posee el 66% del inmueble y ha ofrecido 12 millones de euros por la totalidad, siempre y cuando el plan urbanístico sea viable para construir un hotel de cuatro estrellas de 90 habitaciones y otras 29 viviendas libres, para lo que necesita la aprobación en pleno municipal.

El Plan de Reforma Interior presentado por la compañía onubense procede a “establecer nuevas condiciones de aprovechamiento que habiliten el efectivo desarrollo urbanístico, jurídico y físico del ámbito de manera autónoma, pero considerando además la relación de complementariedad que Castellar-Dueñas tiene con el aledaño Fábrica de Sombreros, pues como sabemos van a desarrollarse contemporáneamente”. Dando por sentado, así, la operación.

Ante el malestar vecinal y la amenaza de derribo del colegio concertado Calderón de la Barca, la solución de los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Sevilla pasa por pasar las parcelas a manos de la administración pública. En respuesta a la oposición, el pasado jueves el gobierno de José Luis Sanz admitió que se podría plantear una expropiación con tal de garantizar la viabilidad del centro educativo y en pos de la convivencia vecinal. A preguntas de este medio sobre la Fábrica de Sombreros, las fuentes municipales se han remitido al comunicado.

El Calderón: “Una suerte de ejercicio de concentración educativa”

En el documento que aborda la remodelación de Castellar se plantea la paulatina pérdida de alumnado en el colegio Calderón de la Barca, ya que, como justifican, el número de matriculaciones ha descendido hasta las 236 en el curso 2023/2024. A la Gerencia de Urbanismo le explican que “el centro ha pasado de tener listas de espera hace una década a ver cómo se quedan cada vez más plazas vacantes en Infantil, aventurando una paulatina reducción en su oferta por falta de alumnos”.

A tenor de lo comentado, la memoria del Plan de Reforma Interior insiste en que “a la vista de esta tendencia, sería plausible que la propia Consejería se adelantase para plantear una suerte de ejercicio de concentración educativa para finales de esta misma década, reorganizando líneas entre toda la comunidad educativ concernida por este escenario. En este caso, la reorganización conllevaría el traslado de algunas líneas a otros centros, situación que ya es innata en el Calderón para sus alumnos de Bachillerato, quienes deben trasladarse al IES Velázquez o el IES San Isidoro”, sugiriendo su desaparición. Pero, más allá de los números 48, 50 y 52, ¿qué ocurre con el resto de corralones que hay en el casco de Sevilla?

Pasaje Mallol 8 y 11

Manuel Fernández, coordinador del Distrito Centro en Izquierda Unida, muestra los restos de un patrimonio industrial que data de los siglos XIX y XX, tal y como reseñan varias publicaciones científicas que dan cuenta del origen obrero de estas barriadas que hoy en día, por su ubicación y la expansión del turismo, son carne de especulación. El grupo municipal Podemos - Izquierda Unida registró el pasado 1 de junio una propuesta a debatir en la Junta municipal del Distrito Casco Antiguo para que se tomaran medidas relativas a los corralones de la calle Castellar, al igual que adelantó el PSOE que realizaría un seguimiento en las próximas semanas para abordarlo en el pleno municipal.

Los corralones registrados en Sevilla son los de calle Castellar 48, 50 y 52, también, Pelícano 4, así como Pasaje Mallol 8 y 11, y Bustos Tavera 26. La primera parada en el camino es el Pasaje Mallol número 11, cuya fachada blanca no recoge en ninguna planca o seña que fuera patrimonio industrial. La web de La Cooperativa de Arquitectos muestra el diseño del proyecto de rehabilitación y ampliación del edificio plurifamiliar: 10 viviendas-taller, nueve viviendas y 49 garajes que comprenden los números 11, 13 y 15.

No obstante, los vecinos consultados por la zona comentan que en el interior no se produce ninguna actividad y, en todo caso, hacen referencia a los corrales próximos, del número 11. “En su momento se vendieron por 400.000 euros”, comenta una lugareña. En vista de la transformación de la edificación, el movimiento activista denunció durante la remodelación el alto coste de estas propiedades que va contra el espíritu primigenio de los corralones: alquileres de bajo coste, comunitarios, que permitan la actividad artesanal.

Además, en este tramo también se preveía que los restos de una vivienda tardoislámica del siglo XI pudieran contemplarse a través de una cristalera en el sótano de la propiedad y, pese a que las obras estaban proyectadas para acabar en 2021, no hay señalización que permita apreciar este hallazgo. En frente, se encuentra Pasaje Mallol 8, cuyas puertas aún se mantienen abiertas y deja a los paseantes contemplar el interior de la actividad a pequeña escala. Es la única referencia que toman los artesanos de su vecino más próximo, el corralón de Pelícano número 4.

El corralón de Pelícano 4

Una placa da la bienvenida a las calles empedradas, llenas de árboles y coches aparcados a un lado y a otro. Colgado en la pared están los azulejos que datan de septiembre del año 2000, y reza: “Dios bendiga este patio de artesanos de plaza Pelícano nº 4 para que Dios les dé trabajo, salud y paz”.

En el taller hay una cabecilla que intenta encajar las piezas. La artesana cuenta su experiencia a este medio, aunque prefiere reservar su identidad. En el espacio rectangular conviven los ritmos dispares de los artistas, hay materiales desperdigados por las mesas de trabajo, lienzos de pintura, caballetes, tornos para limar los metales. Cientos de piezas que une desde hace más de una década. Confía en que la propiedad, que ha pasado a manos de los herederos, no ponga ningún obstáculo y permita que sigan con sus labores, ya que nadie ha comunicado ningún cambio en el uso de las infraestructuras. “Aquí somos cuatro artesanos y, en total, hay como 20 personas trabajando”.

El proyecto urbanístico que se planea sobre el corralón de la calle Castellar ha tenido otro efecto en la comunidad: la movilización. En redes sociales, a través de asambleas con los afectados, la cuestión es mover ficha antes de que haya una nueva desaparición y reactivar el tejido asociativo que se dio hace 20 años. En el barrio de San Julián crecen las posibilidades y la artesana cuenta el transcurso de los acontecimientos: “Hay iniciativas para revitalizar el barrio, como el mercado y la ruta artesana, porque reivindicamos los espacios del barrio. Esto no deja de ser un doble lastre: aparte de hacer tu trabajo diario tienes que estar ojo visor de lo que ocurra en los otros corralones”.

En busca de figuras de protección

En el año 2006 se intentó modificar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Sevilla y que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento asumieran la gestión pública de los corralones. Con la crisis económica de por medio, no llegó a fructificar ninguna medida que blindara el futuro de las parcelas. “Llegamos a ser 90 artesanos trabajando en la calle Castellar en aquel año y, al poco tiempo, empezaron a echar a la gente y subieron los alquileres, que pasaron de 180 a 500 o 600 euros”, menciona, “aparte, hubo quien aprovechó para montar bares ilegales, por lo que le dieron argumentos a la propiedad y supuso la expulsión de al menos la mitad de los que estaban allí”.

“Hay miedo”, lamenta. La única opción a la que ve posibilidades es retomar el curso de 2006 y la gestión pública del recinto. “El PGOU tiene 20 años y a saber si cambiar los usos del suelo... Se iría todo a tomar por culo”, pero nota el hastío o la desesperanza del colectivo social. Hace dos décadas se reunían en aras de conseguir mejoras conjuntas, pero los obstáculos se encadenan: a la presión urbanística se le añade la precarización del oficio y el aumento de las responsabilidades personales, ya sean familiares o el pago de la hipoteca o el alquiler. “Unir a todo el mundo es muy difícil, pero si ves el movidón en Castellar... No es solo allí, es todo. Hay que resistir”.

“El pasaje Mallol y Pelícano no tienen un peligro real, por ahora, pero queremos adelantarnos y declararlos Bien de Interés General y Etnológico”, consiguiendo así reforzar su protección. Un paso antes de que cualquier otro proyecto urbanístico haga temer por la pervivencia del enclave sociocultural.

Bustos Tavera, 26

La última estación de este recorrido se encuentra en Bustos Tavera, número 26. Habría que remontarse al 2007 para conocer qué pasó en este recodo hispalense. Una información del día 6 de noviembre de aquel año en el ABC Sevilla, y de otros blogs locales, relata el desalojo de los últimos artesanos después de que la propiedad resolviera los contratos de alquiler. En aquel entonces, la Plataforma de Artesanos del Casco Antiguo de Sevilla (PACA) denunció los hechos y alertaba sobre la especulación que presionaba la zona norte. Ya se pedía el amparo de la administración pública y la organización llegó a entrevistarse con la Consejería de Cultura para que se declarara el inmueble como Bien de Interés Cultural. Una iniciativa ahora rescatada a contrarreloj.

El futuro de Busto Talavera ya estaba sentenciado, pero no fue hasta septiembre de 2024 cuando las obras hicieron aparición y alertaron a la oposición. Fernández, representante del grupo municipal Con Podemos - Izquierda Unida, registró una pregunta a la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo, que asegura que sigue sin responderse. En ella, cuestionaba la demolición “completa” del edificio “sin respetar el deber de conservación de los elementos de la fachada y la primera crujía de la finca”. Al asomarse a las obras, apenas quedan restos de la infraestructura original.

La promotora Puntal de Dueñas ha desarrollado ya el 50% de las obras que supondrán la construcción de 12 viviendas y 10 viviendas-taller, describe en la página web y dossier adjunto, en el que no hay imágenes de los espacios dedicados a oficios, como ocurría en Pasaje Mallol número 8. La propuesta va encaminada a convertirse en un lujoso edificio residencial con “loft de alta gama” que contará con pisos, patios interiores y piscina en su azotea en el marco de un diseño “minimalista contemporáneo e industrial”. El único vestigio que quedará de los corralones industriales en el recinto será esa descripción.

El nuevo proyecto en los corralones de Castellar traerá consigo un hotel de cuatro estrellas con un rango de entre 75 y 90 habitaciones y 29 viviendas libres, por lo que se incrementaría la edificabilidad del solar en un 150%. Estos nuevos detalles sobre el reordenamiento del espacio los ha dado el grupo municipal del PSOE, que tilda de “pelotazo urbanístico” al trámite iniciado por la compañía onubense Arenas de la Bellida S.L. en enero tras registrarlo en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla. Ante el peligro que entraña para el patrimonio industrial, la oposición pide que se pare la “operación de especulación urbanística” y pase a titularidad pública.

A escasos metros de los números 48, 50 y 52 de Castellar, tramo vigilado por los trabajadores de la propiedad de los corralones, se encontraba Antonio Muñoz, portavoz socialista en el Consistorio. En la esquina de la calle Heliotropo que conduce a la antigua Fábrica de Sombreros se dio cita con los medios para explicar que la transacción prevista de 5 millones de euros pasará a ser de 12 millones de euros siempre y cuando se cumplan con la viabilidad económica del proyecto, es decir, que se modifique el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), tal y como avanzó elDiario.es. “El modelo del PP pasa por sacrificar los espacios culturales, también un centro educativo cuando no sobran plazas escolares, y esta seña de identidad”, aseveró, en referencia al centro educativo Calderón de la Barca.

El Plan de Reforma Interior, presentado por la oferta procedente de Huelva a fecha de 27 de enero de 2026, vendría a modificar el Plan Especial de Protección que fue aprobado en noviembre de 2013 por el Consistorio hispalense. Para ello, la memoria de la propuesta determina la necesidad de modificar el PGOU, ya que se calificaba el abordaje de las obras en las condiciones actuales de los corralones como “claramente disfuncional y antieconómico”, como comprobó esta cabecera. Además, resaltó el portavoz socialista, todas las viviendas pasarían a ser libres y ninguna se contemplaría bajo el paraguas de protegida, al contrario de lo que determina el PGOU con un mínimo de cuatro VPO, por lo que pasaría a ser una zona exclusiva en el centro histórico.

Asimismo, el socialista avanzó que se suma la eliminación de un total de 1.848 metros cuadrados de techo que el planeamiento destinaba a Servicios Avanzados. Esos metros cuadrados se trasladan íntegramente al uso residencial, permitiendo aumentar la superficie destinada a vivienda y “mejorando así las perspectivas de rentabilidad privada de la operación”, una práctica que ya se realizó en el canal de la Expo, comentó.

La seguridad de los vecinos y la continuidad del colegio

En un comunicado, Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Consistorio hispalense, rechazó las palabras de Muñoz sobre la actuación en los corralones. “No se va a permitir ninguna actuación que ponga en riesgo la seguridad de los vecinos ni la continuidad del colegio Calderón de la Barca”, a lo que añadió que “cualquier decisión urbanística que afecte a esta parcela tendrá como condición innegociable garantizar que el Calderón de la Barca siga funcionando con normalidad”.

En cuanto al trámite, la Gerencia de Urbanismo está valorando en estos momentos “la posibilidad de expropiar los corralones” como vía para garantizar tanto la seguridad del entorno como la continuidad del centro educativo. Junto a ello, achacó la situación actual como resultado de “ocho años de abandono y dejadez por parte del PSOE”: “Es una herencia que nos hemos encontrado y de la que nos haremos cargo”. No obstante, señaló “la complejidad” en la manera de abordar el entorno de los corrales, afirmando que “se han producido ocupaciones irregulares completamente ajenas al colegio que generan problemas de convivencia” y culpando a la Ley de Vivienda del Gobierno central, pese a que varios de los artesanos entrevistados por este medio demostraban tener su alquiler en regla.

Queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz

Por su parte, Muñoz reiteró que “la mejor manera de quitar esa espada de Damocles es que los corralones se conviertan en un espacio público”, criticando que la transacción “vaya a contar con el visto bueno de Sanz”. Por ello, exigen paralizar el expediente, evaluar económicamente el terreno que comprenden las tres fincas y proceder a la compra o expropiación para pasarlas a titularidad y gestión pública. No obstante, el tiempo corre en contra. El acuerdo de compraventa entre Arenas de la Bellida y la propiedad se dio en junio de 2023 y tiene un periodo de tres años de vigencia, momento en el que la compañía ha presentado el Plan de Reforma Interior al Ayuntamiento para valorar si, finalmente, se podrá ejecutar el proyecto urbanístico.

En la actualidad, la propuesta debe pasar primero por la Junta de Gobierno, una vez aceptado este trámite estará en exposición pública y, finalmente, se habría de aprobar en el pleno municipal. Antes de dar cualquiera de estos pasos, Muñoz pide que el Gobierno de Jose Luis Sanz no admita las tramitaciones y se deje “morir” el expediente que afecta al ámbito Castellar-Dueñas, incluido en el sector San Andrés-San Martín del conjunto histórico. En paralelo, el socialista aseguró que se ha reunido con alguno de los vecinos afectados, con quienes presentarán una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz y, también, escalarán a Bruselas. Además, en septiembre presentarán una moción para que el alcalde “no esté de perfil” frente a la degradación del complejo industrial.

La polémica viene de muy atrás. En 2006 fue cuando la Plataforma de Artesanos y Artistas del Casco Antiguo (PACA) denunciaba el desalojo de varios propietarios, una práctica que continúa a día de hoy en los corralones de Castellar, donde las amenazas y los desalojos han motivado las denuncias por parte de varios trabajadores que estuvieron en los talleres desempeñando su oficio durante décadas. El movimiento intentó negociar un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, justamente para que la propiedad pasara a manos públicas, pero la crisis económica y la pérdida del interés en la reformulación del espacio hizo que la propuesta quedara en agua de borrajas.

Preguntado por estas conversaciones infructuosas, Muñoz ató su elección como alcalde en las elecciones municipales de 2027 al futuro de los Corralones: “Esperamos que esta culminación no se dé antes del mes de mayo” y se comprometió a dar este “equipamiento cultural” al barrio para que permanezca “como una seña de identidad”. La presión política llega casi un año después de que la artista y programadora cultura Estefi Yeah denunciara a la Policía Nacional una agresión a las puertas de los corralones .

La propiedad, a día de hoy, está dividida entre 62 propietarios y, fruto de las herencias, tienen porcentajes de reparto que oscilan entre el 0,6% y el 2,8%. Es decir, cantidades que, aunque parezcan irrisorias, son significativas a la hora de acordar la venta completa del inmueble. En este entramado, cabe destacar que Arenas de la Bellida ya entró en el reparto en el año 2023, cuando adquirió el 66% de la propiedad.

El sindicato CCOO ha calificado como “potencialmente pobres” a la mayor parte de las personas que trabajan en el sector de las grandes superficies, debido principalmente a los salarios bajos y a las contrataciones a tiempo parcial. Esta situación se da a unos meses de negociar el nuevo convenio de la asoación empresarial La Distribución Anged, que cuenta entre sus asociados con el El Corte Inglés, Ikea, Alcampo, Carrefour o Leroy Merlin y que afecta a cerca de 240.000 trabajadores en España.

Según un informe presentado este miércoles, CCOO asegura que “gran parte” de los trabajadores del sector se sitúa en los perfiles más bajos de renta salarial del país y opina que esta situación es “una trampa de la que es difícil escapar”, según recoge la agencia EFE.

El sindicato ha cifrado en 17.284 euros brutos anuales el salario de un empleado del sector cuando acceden a este mercado laboral.

Añade que la mayoría de ellos cobra 17.800 euros brutos y que, según sus cálculos, es un 40% menos que el salario medio, fijado en unos 20.400 euros (un 26% por debajo del salario bruto medio del conjunto de la economía).

Sobre esta cuestión, CCOO concluye que la remuneración de las plantillas solo supone un 9% de los costes de las empresas, frente al 12% de la media nacional.

En cuanto a los contratos parciales, CCOO estima que la cifra de empleados en esa situación es superior al 25%, lo que contrasta con el 16% nacional.

En cuanto al trabajo en fines de semana, una encuesta planteada por CCOO a las plantillas refleja que el 71% rechaza trabajar en sábados y domingos sin compensación económica.

El secretario general de Servicios del sindicato, Ramón González, ha comentado durante la presentación del informe sobre el empleo en los grandes almacenes que el convenio “ha quedado desfasado, con algunas asimetrías que deben ser corregidas en línea con otros sectores del comercio y otras empresas de la distribución”.

Expira el convenio con la patronal Anged

El próximo 31 de diciembre finaliza la vigencia del convenio colectivo del sector firmado con una de las patronales Anged, si bien recientemente CCOO firmó un acuerdo para un nuevo marco laboral con el colectivo de empresas del sector que aglutina Arte.

Entre las exigencias que CCOO llevará en 2027 a la mesa de negociación del nuevo convenio (afecta a 240.000 trabajadores) figura una subida salarial del 7% para el próximo año en todas las tablas y del 4% mínimo anual desde 2028, con un diferencial de más del 5% sobre el SMI y que se supere los 20.000 euros brutos anuales para el grupo profesional durante el convenio.

Sobre el tiempo trabajo, propondrá una reducción a 1.712 horas anuales, con 12 fines de semana completos libres y domingos y festivos voluntarios y compensados.

Además, exigirá que el 90% de los contratos sean indefinidos, una jornada mínima de 28 horas semanales en contratos parciales y la posibilidad de elaborar planes de pensiones por parte de las empresas.

Al margen de las reivindicaciones, CCOO ha enumerado, como factores a corregir en el sector, la extensión de los horarios, la “amazonización” (competencia 'online') de la economía que, a su juicio, “presiona al modelo comercial tradicional” y la necesidad de “despegarse del salario mínimo interprofesional”.

“Es el tiempo de ser más ambiciosos, ya que las empresas tienen salud financiera para ser más justas en el reparto de trabajo y las condiciones”, ha concluido González.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha abierto expediente sancionador a varios pequeños comercios gallegos por supuestos incumplimientos de la normativa de protección a los consumidores con multas que van desde los 11.000 a los 13.000 euros. La Comunidad de Madrid argumenta que los comercios tienen páginas webs que pueden vender en todo el territorio, con lo que “cualquier comunidad autónoma puede actuar”, mientras la Federación Galega de Comercio critica como “injustificada” la medida: “Son comercios familiares, esta sanción les va a llevar al cierre pero seguro”.

Los comercios afectados se encuentran en las regiones de Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados y Foz y se trata de empresas pequeñas que, según José María Seijas, presidente de la Federación Galega de Comercio, solventaron las faltas en sus páginas web en cuanto recibieron las sanciones y que ni siquiera habían llegado a vender ningún producto online.

La consejería de Economía argumenta que la Comunidad de Madrid está dentro del Plan Sectorial de Control de Productos Textiles del Ministerio de Consumo y que debe “llevar a cabo actuaciones de inspección y vigilancia” y, si con estas funciones se detectan infracciones, “está obligada a actuar”.

En este caso, el Gobierno de Ayuso asegura que los supuestos incumplimientos vendrían por “no aplicar correctamente el derecho de desistimiento (14 días en los que el consumidor puede desistir de su compra sin dar más explicaciones), defectos de etiquetado en los productos a la venta, limitaciones a la hora de reclamar contra la empresa vendedora o en relación a la garantía de los productos”.

José María Seijas, en declaraciones a elDiario.es, asegura que “no hay ninguna denuncia por parte de ningún consumidor” en estas webs y lamenta que antes de la sanción no se haya remitido ningún aviso, como sí suele hacer la Xunta de Galicia. “Me parece incongruente que se vaya a buscar así” estos casos, critica Seijas, que reconoce que si algún aspecto perjudica al consumidor se debe interponer una multa pero no “de esta forma”. Una de las tres comerciantes ha decidido cerrar la página web porque “no le compensa”, un extremo que el presidente de la Federación lamenta: “Llevamos trabajando mucho tiempo para que el pequeño comercio se informatice”, explica, y ahora se encuentran con esta situación en lugar de recibir “un apoyo”.

Fuentes del Ministerio de Consumo indican que las autoridades autonómicas sí pueden actuar para sancionar si la empresa está radicada en su territorio o si “se manifiesta la lesión o riesgo para los intereses de los consumidores y usuarios radicados en dicha región, aunque la empresa no sea originaria de allí”. Es decir, la Comunidad de Madrid sí puede actuar siempre y cuando considere que “los productos se están poniendo a disposición de los consumidores de su territorio y estos pueden resultar potencialmente afectados”.

Otro de los puntos que pide Seijas es que si “las comunidades pueden sanciar unas los comercios de las otras”, que sean los directores de consumo autonómicos los que se pongan de acuerdo para establecer una normativa única. elDiario.es se ha puesto en contacto con la Xunta de Galicia, pero por el momento no ha recibido respuesta.

Estos expedientes se encuentran en “fase inicial”, por lo que caben todavía alegaciones y no se habrían hecho efectivas las sanciones, que, aseguran desde la Comunidad de Madrid, son las que “establece la normativa básica estatal”. La Federación ya ha adelantado que alegará y aseguran que cuentan con el respaldo de la Dirección General de Consumo gallega para intentar impedir que las multas lleguen al bolsillo de las comerciantes gallegas.

Las rebajas de verano son una de las citas más esperadas del año para renovar el armario de cara a las vacaciones sin castigar demasiado el bolsillo. Sin embargo, atrás quedaron los tiempos en los que había que esperar obligatoriamente al 1 de julio para encontrar descuentos. La liberalización del sector comercial (aprobada en el año 2012) y el auge del comercio electrónico permiten a cada marca diseñar sus propios calendarios, convirtiendo las últimas semanas de junio en una carrera de fondo donde las grandes cadenas compiten por captar la atención de los consumidores cada vez más temprano.

Ante este panorama fragmentado y dinámico, la clave para maximizar el presupuesto y no quedarse sin la talla o el producto deseado radica en la anticipación. La batalla de los descuentos se libra ahora en dos frentes muy claros: las plataformas digitales —donde las ofertas suelen arrancar de madrugada o a través de accesos exclusivos en sus aplicaciones móviles— y los establecimientos físicos tradicionales. Para no perderse en esta maraña de fechas y comprar con cabeza, hemos recopilado la hoja de ruta definitiva con los días exactos en los que las principales firmas inauguran oficialmente su campaña estival.

Rebajas de verano: cuándo empiezan los descuentos en cada tienda

A pesar de la libertad actual para fijar las fechas, el arranque en los comercios a pie de calle suele estar bastante unificado en todo el país. Aunque las comunidades autónomas tienen las competencias para diseñar sus propios calendarios, la excepción habitual a la norma general la marcan la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, que se desmarcan adelantando sus descuentos a finales de junio, mientras que el grueso de las tiendas del territorio nacional mantiene el inicio de su campaña el 1 de julio.

Por norma general, estas rebajas estivales se van a prolongar a lo largo de todo el verano, concluyendo de manera oficial entre finales de agosto y los primeros días de septiembre. No obstante, las marcas utilizan este periodo para liquidar el stock actual y abrir paso a las colecciones de la nueva temporada, por lo que siempre es posible encontrar rincones con saldos más agresivos en el interior de los locales más allá de esa fecha límite.

El calendario de Inditex para el verano

El gigante textil Inditex mantiene una estrategia muy clara y estructurada que repite campaña tras campaña: los descuentos se estrenan primero de forma digital y, al día siguiente, llegan a los establecimientos a pie de calle. Las fechas clave para la campaña de este verano quedan fijadas de la siguiente manera:

Si quieres adelantarte y conseguir las mejores prendas antes de que se agoten las tallas, la clave está en el comercio electrónico. Cada una de las firmas del grupo Inditex activa sus precios rebajados en franjas horarias específicas durante la tarde del miércoles:

Las fechas de otras grandes marcas

Las reglas de oro para comprar de forma segura

De acuerdo con un estudio elaborado por la Asociación Española de Consumidores basado en dos mil encuestas, se estima que cada español que acuda a las rebajas de verano gastará una media de 109 euros, lo que representa un incremento de 5 euros con respecto al año anterior. El informe revela que el 75% de los consumidores tiene previsto realizar compras en este periodo, situando a la ropa como la preferencia absoluta para el 93% de los encuestados.

No obstante, existe cierto escepticismo entre los compradores, ya que el 87% cree que estas rebajas no aportarán descuentos adicionales debido a las ofertas continuas de los meses previos, y un 21% desconfía del cumplimiento de la normativa legal en los establecimientos.

Ante este escenario, la asociación aconseja llevar a cabo un consumo consciente y responsable para evitar gastos excesivos, recomendando hacer una lista con los productos necesarios seleccionados de antemano y comprobar que el etiquetado muestre siempre el precio original junto al rebajado.

En plena temporada de descuentos no todo está permitido y las asociaciones de consumidores, como la OCU, recomiendan no bajar la guardia ante posibles malas prácticas comerciales:

El Corte Inglés ganó 628 millones de euros en el ejercicio 2025-2026 (cerrado a 28 de febrero de 2026), lo que supone un crecimiento del 22,8% respecto al ejercicio anterior, mientras que el beneficio neto recurrente ascendió hasta los 522 millones de euros, un 11% más, según ha informado este lunes. La empresa facturó 17.247 millones de euros, con una cifra de negocio que alcanzó los 14.988 millones, lo que supone un incremento del 1,1% y del 2% a superficie comparable.

“Estos resultados demuestran la solidez de la compañía, y nos permiten abordar con confianza los próximos años con mayor inversión y crecimiento, con la aspiración de hacer siempre única la experiencia de todos los clientes de El Corte Inglés”, ha subrayado la nueva presidenta del grupo, Cristina Álvarez, que asumió el cargo en enero de este año.

La compañía ha destacado que ha logrado un “sólido” crecimiento en ventas y rentabilidad, con incrementos de doble dígito en resultados y la menor deuda en dos décadas, lo que le permitirá incrementar las inversiones un 14,6% este año, hasta 650 millones de euros.

La compañía ha subrayado que este “importante” crecimiento en todas sus magnitudes financieras se debe al buen comportamiento que han registrado sus principales áreas de actividad, así como a una mejora continuada de la eficiencia.

En concreto, destaca el impulso del Retail con una clara aceleración, según el grupo, en los períodos de mayor actividad comercial, especialmente en el segundo semestre del ejercicio (+2,2%). Asimismo, Viajes mantuvo un crecimiento “sólido” (+3,1% en cifra de negocio), impulsado principalmente por el segmento vacacional, a lo que hay que añadir el incremento obtenido en el negocio de comercialización de espacios.

El margen bruto del grupo consolidado se anotó un incremento del 2,5%, en el que destaca sobre todo la segunda parte del ejercicio.

Las mejoras en la gestión se reflejan también en el resultado bruto de explotación (Ebitda) que se elevó hasta los 1.266 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,7% sobre el año anterior.

La deuda financiera neta se ha reducido en 148 millones de euros, hasta 1.648 millones de euros, en el marco de un crecimiento continuo del Ebitda por el crecimiento del negocio y una gestión eficiente de costes.

Esta evolución positiva sitúa el nivel de endeudamiento en 1,3 veces Ebitda, el más bajo en casi dos décadas, al mismo tiempo que se incrementa el valor de los activos en 311 millones gracias a las inversiones realizadas.

Durante el ejercicio se ha realizado un “importante” esfuerzo inversor (567 millones), que se verá superado este año en alrededor de un 14,6%, es decir, 650 millones, tal y como anunció la presidenta del grupo, Cristina Álvarez, el pasado mes de enero.

“Los resultados del ejercicio 2025-2026 muestran, por tanto, crecimiento sólido y rentabilidad mejorada, en el que, si bien la primera mitad se vio afectada por las condiciones climatológicas, la segunda parte del año logró un mayor crecimiento gracias a la mejor eficiencia operativa en tienda y al fortalecimiento de la logística”, ha resaltado el grupo, que estima además unas buenas perspectivas para el ejercicio 2026-2027.

Áreas de actividad

Por áreas de actividad, el Retail logró un volumen global de ingresos de 13.216 millones de euros y una cifra de negocios de 12.633 millones, con un crecimiento del 1,8% a superficie comparable. Destaca el fuerte posicionamiento del área de Moda y Belleza, que registró un incremento en sus ventas del 3,1% hasta alcanzar los 5.882 millones.

La moda, según el grupo, se afianza como un área clave de crecimiento, mostrando un “sólido” desempeño, en una categoría que incluye joyería, belleza, relojes y deportes.

En las áreas de Alimentación y Hostelería las ventas se situaron en los 3.064 millones de euros (+1,5%), destacando especialmente el incremento de Club del Gourmet, mientras que en las áreas de Hogar y Electrónica, alcanzaron los 2.776 millones de euros.

En cuanto al canal online, se han registrado más de 1.007 millones de visitas a las webs y apps del Grupo (891,7 millones en 2024). La compañía cuenta con 16,3 millones de clientes registrados en elcorteingles.es.

Esta evolución positiva en las diferentes líneas de negocio del Retail ha impulsado su Ebitda un 4,3% hasta alcanzar los 961 millones de euros.

En cuanto a Viajes El Corte Inglés, su volumen global de ingresos se situó en 3.489 millones de euros, con una cifra de negocios de 2.117 millones, lo que representa un crecimiento del 3,1%, con un Ebitda de 107 millones de euros, un 6,3% más que el ejercicio precedente.

El grupo destaca el “fuerte” crecimiento del segmento vacacional y la recuperación del negocio corporativo, así como la fortaleza del negocio de touroperación, especialmente con las marcas propias Tourmundial y Club de Vacaciones.

La categoría de comercialización de espacios ha registrado un “fuerte” crecimiento de los ingresos (un 14,4% hasta los 95 millones de euros) respaldado por un buen desempeño tanto en los activos de tienda, como en los activos independientes.

La compañía destaca el aprovechamiento de espacios en los centros comerciales para la recarga de vehículos eléctricos, así como el sólido desempeño de KUMO, el negocio de centros de datos de El Corte Inglés que cuenta ya con un nuevo centro en Paterna (Valencia).

Financiera El Corte Inglés, por su parte, también registró importantes crecimientos, con un beneficio neto de 56 millones de euros en el ejercicio, lo que significa un incremento del 10,7%.

Por su parte, Seguros El Corte Inglés obtuvo un resultado neto de 71 millones tras crecer un 6,3% respecto al año anterior. El número de pólizas alcanzó los 1,4 millones, un 12% más que el pasado ejercicio.

“El buen comportamiento de los distintos segmentos de negocio, la fortaleza financiera del grupo, la evolución de la venta en estos primeros meses del año y el incremento del esfuerzo inversor, avanzan unas buenas perspectivas para el ejercicio 2026-2027”, ha subrayado la compañía.

La Conferencia Episcopal lanzaba una cifra mágica, casi divina, para caldear el ambiente ante la visita del papa León XIV: 150 millones de euros. Es lo que, sostienen, generará el viaje del Santo Padre por Madrid, Barcelona y Canarias. Una cantidad que compensaría con creces los 25 millones estimados de inversión.

Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de asuntos económicos de la CEE, alardeaba de unos números que han respaldado en públicos políticos como la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz. Pero, en medio de los avisos para limitar desplazamientos o fomentar el teletrabajo por parte de todas las administraciones, la posible influencia de los cientos de miles de inscritos se ve mermada por el efecto en otras actividades. Incluso por una afluencia que no ha cumplido las expectativas.

Es lo que traslada a este medio una trabajadora de Costello, restaurante próximo a Matadero Madrid, en el distrito de Arganzuela. “Lo que hemos notado es que ha venido menos gente el fin de semana”, dice. “Por estas fechas ya pasa habitualmente que los findes son más flojos que entre semana, mucha gente se va fuera. Pero con esto de reducir desplazamientos ha sido más heavy”, añade. Una compañera puntualiza que lo que más han percibido a colación de la visita de Robert Prevost han sido “retrasos de los proveedores”. El refuerzo en los controles o los cortes de tráfico explican estas demoras.

Carlos, responsable del cercano bar Tobogán, cuenta que en su caso apenas han detectado cambio alguno: “Quizá este lunes ha venido un poco menos de gente a comer, pero también esperamos más actividad a última hora de la tarde porque el recorrido del Papa pasa por Pirámides. Pero vamos, el finde fue como siempre, nosotros tenemos tirón sobre todo de noche y lo que nos influye es que hagan cosas en Matadero”.

Claro que estos establecimientos no se han lanzado a la tendencia papal que sí han abrazado algunos comercios de la capital, como la tarta de queso en honor a León XIV de la pastelería La Caracola, de Antón Martín. Esther, su dueña, también admite a este diario que la afluencia habitual el fin de semana ha estado un poco interrumpida por los cortes de movilidad“, aunque matiza que tiene una ”apreciación positiva“ del viaje. ”No estamos justo en los puntos de efecto, pero hemos trabajado dentro de nuestras posibilidades Mucha gente curiosa ha probado la tarta, nos gusta aprovechar novedades a partir de eventos. A nuestra clientela le gusta y a nosotros aportar nuestro granito de arena. Tenemos un público variopinto, así que un evento que mueve tantas personas pensamos que debemos sumarnos a él, como hacemos en el Orgullo, San isidro o el Día de la Madre. Eso aporta dinamismo“, concluye.

El diagnóstico es similar, o más duro si cabe, en áreas todavía más céntricas. Gurgen es el propietario de Greek Shop, establecimiento de Malasaña situado en la corredera Alta de San Pablo: “Hemos notado un bajón”, sentencia, sobre la afluencia de clientela desde el pasado 6 de junio. Aprovecha para clamar contra los andamios que cubren el edificio del local desde hace seis meses: “Está siendo un caos”.

Begoña Perlines, gerente de la Asociación de comerciantes del Barrio de las Letras, también apunta que a los hosteleros de este entorno del distrito Centro “no les ha funcionado bien el negocio”, aunque están “encantados con la imagen internacional que proyecta”. “Lo peor ha sido para la hostelería de reserva, no tanto en la de comida rápida. Se ha resentido por la movilidad. Pasaban muchos voluntarios, pero no consumían. Llevaban sus bocadillos y bebidas. Las tabernas no han salido muy beneficiados. Han ido a menos, como ya preveían conforme se iba acercando el fin de semana”.

Incluso en pleno distrito de Chamartín, uno de los centros neurálgicos de actividad, hay quien dice que “no se ha notado nada”. Lo dice un trabajador de La Quinta de Chamartín, restaurante de la calle de Colombia. Desde la agrupación Comerciantes de Chamartín valoran eso sí el impacto del encuentro de la comunidad diocesana del lunes en el Santiago Bernabéu, convertido de nuevo por una noche en sede de todo un macroevento con conciertos y la participación de varias personalidades.

Su portavoz, Daniel Caparrós, expone que “el perfil de cliente ha sido diferente, pero interesante”. “El consumo en el Bernabéu y los alrededores en Chamartín ha sido importante”, sostiene. Resalta por encima de todo la “convivencia, frente a los conflictos que ha habido en el barrio [en referencia a la batalla vecinal contra los conciertos en el estadio del Real Madrid]. El consumo de la hostelería se ha llevado a cabo sin inconvenientes, con una salvaguarda el descanso vecinal pero es a la vez que se ha aprovechado una locomotora comercial”. Indica que “en algunos sitios se ha triplicado la cifra de ventas”, aunque en otros se ha mantenido “estable”. Su resumen es que “el barrio y el distrito han estado a la altura” en “un evento para recordar”.

Voto de silencio en la patronal hostelera

No es solo una cuestión de sensaciones. Hostelería Madrid, patronal del sector en la capital, no ofrece un análisis concreto sobre el impacto concreto de este acontecimiento: “No teníamos previsión de ingresos por lo del Papa”, afirman en una escueta respuesta a las preguntas de Somos Madrid. En contraste, la entidad ha trasladado a los medios de comunicación que los diez conciertos de Bad Bunny generarán un impacto de entre 14 y 28 millones de euros en la ciudad.

Unas actuaciones musicales que dificultan más si cabe medir con exactitud el efecto real de la estancia de León XIV, ya que parte del alza generada en estas fechas es achacable al público que acude al Metropolitano. La ocupación hotelera en los primeros días de junio es del 82% en Madrid, en torno a un 3% más que el pasado año (son datos de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid). Un aumento reseñable pero no drástico, que podría explicar por sí solo la residencia del artista puertorriqueño.

Menos tráfico y más bicis

Algunas estadísticas dejan ver igualmente un ajustado aumento de la actividad, cuando no su retroceso. Según datos del Ayuntamiento de Madrid, los viajes en buses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) descendieron un 21% el domingo 7 de junio respecto al mismo día de la semana anterior. Eso sí, los cortes y los cambios en algunas líneas explican en parte este porcentaje. Este lunes, de hecho, la bajada apenas rebasaba el 2% hasta las 11.15. Por contra, Bicimad (que opera estos días en régimen de semigratuidad) aumentó un 86% su uso el domingo y este lunes hasta las 11 el aumento era del 26%. En cuanto al tráfico de vehículos dentro la M-30, retrocede un 13%.

Las basuras también dicen mucho sobre la afluencia a un evento, aunque a la hora de estudiar los datos hay que tener en cuenta el perfil del acto o la hora de celebración. El Consistorio informa de que el sábado 6 de junio, día de la vigilia, se recogieron 19 toneladas en los contenedores de plásticos, metal y brik. El domingo, jornada de la misa, fueron 18,9. Por comparar, las fiestas de San Isidro generaron 25 toneladas el 15 de mayo de 2023 solo en los puntos de la ciudad habilitados para los festejos. No obstante, esa cifra ha ido descendiendo paulatinamente en las últimas ediciones y se corresponde con un evento ligado al consumo de alcohol.

Las comparaciones con la JMJ y el Orgullo

La milagrosa cifra de 150 millones de euros nace de una extrapolación que Giménez Barriocanal elabora a partir de lo ocurrido durante la Jornada Mundial de la Juventud de 2011. En aquel entonces, casi dos millones de personas se concentraron en Madrid para vivir una experiencia que implicaba mucho más que la visita de Benedicto XVI.

El dirigente de la Conferencia Episcopal lo explica así: “Es verdad que entonces había bastantes peregrinos internacionales cuyo impacto económico es más grande, pero el número de inscritos esta vez es bastante parecido, tenemos más de 450.000 personas que van a participar en alguno de los actos, es el mismo número que manejamos en la JMJ de 2011 cuando vino Benedicto XVI. Entonces el impacto económico fue de 240 millones de euros según los cálculos que hizo PriceWaterhouseCoopers”. Un matiz importante es que aquella cita se concentró en Madrid, mientras que en este caso las cantidades se dividen entre las cuatro ciudades donde se detendrá el Sumo Pontífice.

Con independencia de las interpretaciones de las cifras, lo que parece claro es que la visita del Papa a Madrid no será el principal evento de la ciudad en impacto económico, ni siquiera a corto plazo. La Conferencia Episcopal prevé unos 175 millones de gastos a nivel nacional (resultado de sumar 25 de inversión y 150 de beneficios), por lo que el peso del gasto solo en Madrid quedaría sensiblemente por debajo del que ha dejado en sus últimas ediciones el Orgullo LGTBIQ+. Según Hostelería Madrid, la cita ha reportado unos ingresos por encima de los 160 millones de euros en sus últimas dos ediciones.

Es la vertiente material de un viaje que, pese a su fuerte componente espiritual, ha dejado molestias bien palpables a muchos ciudadanos a nivel de tráfico o cortes en el tráfico y el transporte público. Giménez Barriocanal puntualizó que el menoscabo de las cuentas públicas no será una de ellas, ya que “más del 95% del gasto estimado ya está cubierto por las diferentes fuentes de financiación”. En gran parte, gracias a donativos particulares: “Está habiendo muchos donativos pequeños de cinco, 50 o 100 euros, otros de 1.000 o 3.000. Todos son igual de importantes”. En cuanto a los esfuerzos económicos de las administraciones, los atribuye sobre todo a las partidas de seguridad, orden público y movilidad urbana. Después de todo, el dinero todavía no cae del cielo.

El concejal socialista Iván Reinares ha reprochado a Conrado Escobar “la profunda deslealtad que tuvo con el anterior alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza”. Y es que la obra de las cien tiendas “fue compleja desde el primer momento, y se torció bajo nuestro mandato”. Pero la diferencia “entre la forma de actuar de Escobar y la nuestra radica en cómo afrontamos los problemas”.

Reinares ha explicado que, durante meses, Escobar “utilizó las Cien Tiendas como un ariete político constante contra el Equipo de Gobierno anterior, y lo hizo jugando sucio porque estaba informado puntualmente de todos y cada uno de los pasos que se daban desde las áreas técnicas y jurídicas”. Lo sabía todo, “pero prefirió desgastar al gobierno antes que arrimar el hombro”.

El concejal socialista ha denunciado que “esa deslealtad vino acompañada, además, de grandes promesas”. Reinares ha recordado que en campaña electoral Escobar “prometió tener las obras concluidas en septiembre de 2023”. Pero la realidad es que “han troceado las obras para hacer un triste tramo de calle al año, y lo único cierto es que solo se han ejecutado unos cien metros en la calle Beti Jai”. Y por si todo esto fuera poco, hemos sabido que la justicia “ha anulado el expediente de resolución del contrato con la empresa y ha condenado al Ayuntamiento, lo que demuestra la incompetencia absoluta en la gestión administrativa de Conrado Escobar y su equipo”.

Iván Reinares ha explicado que la justicia “no ha juzgado el proyecto, ha juzgado la tramitación del actual Gobierno municipal, y la ha calificado con una palabra durísima: actuación torticera”. En la pasada legislatura, ha añadido Reinares, “dejamos el expediente legalmente encauzado, y Escobar lo paró durante cinco meses con la excusa de pedir una auditoría externa que solo buscaba atacar la gestión del anterior mandato”. Y “cuando vieron que el plazo caducaba, intentaron hacer trampas suspendiendo los plazos, algo que la jueza ha afeado al Equipo de Gobierno avisando, además, de que actuaron en su propio beneficio y para tapar su mala gestión”.

La Cátedra Extraordinaria de Comercio de la Universidad de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño organiza el próximo 27 de mayo la Jornada online ‘¿Qué es EvalTienda? Conoce la herramienta de autodiagnóstico del comercio local’, una sesión dirigida a comerciantes, asesoras/es y profesionales del sector interesados en la mejora y modernización del comercio minorista. Esta jornada tiene como objetivo dar a conocer una herramienta innovadora al servicio del comercio de proximidad.

EvalTienda es una herramienta digital innovadora para el autodiagnóstico del comercio local desarrollada por la Cátedra Extraordinaria de Comercio de la Universidad de La Rioja, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño con la financiación de la Unión Europea NextGenerationEU (ACT-010000-2021-11).

Su objetivo es evaluar de forma integral el nivel de excelencia de los comercios minoristas y acompañarlos en su proceso de modernización, digitalización y mejora continua. EvalTienda por su carácter práctico y su utilidad para apoyar a los comercios en su camino hacia la excelencia.

EvalTienda ha sido distinguida recientemente con una mención honorífica en los Premios Nacionales de Comercio Interior, en la categoría Ideas Tecnológicas aplicables al Comercio, por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

 JORNADA ‘ONLINE’ EL 27 MAYO

Con el fin de presentar esta herramienta al sector del comercio minorista, el miércoles 27 de mayo se celebra la Jornada online ‘¿Qué es EvalTienda? Conoce la herramienta de autodiagnóstico del comercio local’ de 9:00 a 9:30 horas.

En esta sesión se expondrán los principales contenidos de EvalTienda, su enfoque y su potencial utilidad como recurso gratuito de diagnóstico y apoyo en acciones de acompañamiento al comercio local. Finalizará con un turno de preguntas.

 El objetivo es dar a conocer EvalTienda y mostrar cómo puede utilizarse como apoyo tanto para comerciantes como para asesores en la evaluación y mejora de los negocios. Quienes deseen asistir deben conectarse a través de este enlace: https://bit.ly/JornadaEvalTienda27may

EvalTienda es una herramienta digital, gratuita y accesible que permite al propio comerciante realizar un autodiagnóstico estructurado y guiado de su negocio, evaluando su nivel de excelencia y ofreciendo recomendaciones prácticas para su mejora. Su carácter innovador ha sido reconocido con una mención honorífica en los Premios Nacionales de Comercio Interior, en la categoría de Ideas Tecnológicas aplicables al comercio, otorgados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Desde su puesta en marcha en Logroño, EvalTienda ha generado más de 2.100 informes de diagnóstico y recomendaciones personalizadas, lo que refleja su utilidad práctica y su aplicación real en el comercio local. Estos diagnósticos permiten a los comercios conocer con mayor precisión su situación actual, identificar fortalezas –como la cercanía y la orientación al cliente– y detectar áreas de mejora clave, especialmente en ámbitos como la estrategia, la digitalización o la gestión de la información del cliente.

En un contexto en el que el comercio minorista afronta importantes retos de transformación, esta herramienta se posiciona como un recurso clave para avanzar hacia modelos de negocio más competitivos, innovadores y sostenibles.

EvalTienda destaca por trasladar el conocimiento científico al día a día del comercio. Basada en investigación académica de alto impacto y validada por expertos, analiza el negocio a través de nueve áreas clave, que abarcan desde la atención al cliente hasta la gestión económica, la digitalización o la sostenibilidad.

 Además, la herramienta no se limita al diagnóstico, sino que genera informes automáticos con recomendaciones personalizadas, facilitando la toma de decisiones y el diseño de acciones de mejora adaptadas a cada comercio. La Cátedra Extraordinaria de Comercio es un proyecto del Ayuntamiento de Logroño y la Universidad de La Rioja para impulsar el comercio minorista.

En barrios como el Eixample, el Born o la Barceloneta, donde el turismo ha conquistado las calles de Barcelona, las plantas bajas de los edificios se han convertido en una concatenación de comercios dedicados al visitante: en los últimos años han proliferado cafeterías y bares con los menús en inglés, consignas de equipajes, lavanderías o, los que más preocupan a la administración: las tiendas de souvenirs y los supermercados 24h.

El Ayuntamiento lleva años intentando regular estos negocios mediante normativas urbanas y planes de uso para evitar una situación que califican de “insostenible”. En algunas manzanas se pueden llegar a concentrar hasta cuatro de estas tiendas. En Barcelona hay unos 1.300 comercios que, por ley, pueden operar las 24 horas del día y los 365 días del año. Esa cifra supone el 16% del total de tiendas de venta de alimentos en la ciudad.

El consistorio considera que estos negocios han “saturado” diversos barrios y, por eso, ha anunciado que prohíbe abrir nuevos comercios de este tipo durante un año. Ahora bien, poner coto a estos supermercados no es tan fácil como podría parecer porque para abrir las 24h no hace falta pedir una licencia específica, sino simplemente tener un local con menos de 300 m² y comunicarlo debidamente al consistorio.

Hasta 2022, la Generalitat sólo permitía operar ininterrumpidamente a los conocidos técnicamente como ‘autoservicios’ (locales de menos de 150 m²), pero el Tribunal Constitucional dictó que Catalunya se debía equiparar a la normativa española, que amplía el límite hasta los ‘superservicios’ (locales de hasta 300 m²).

Esto significa que cualquier tienda dedicada a la venta de alimentos que cumpla con este tope de superficie y que sea regentada por una pequeña empresa puede abrir las 24h. Aunque no significa que lo haga. De hecho, todas las pescaderías, carnicerías, verdulerías, colmados y tiendas de barrio en general cumplen esas medidas (cualquier local que sea mayor es considerado ya ‘supermercado’) y, por tanto podrían abrir las horas que quisieran siempre que cumplieran con la legislación laboral. El siguiente mapa muestra una estimación de los locales comerciales que pueden abrir 24h en la ciudad según el último censo disponible de 2024 del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Barcelona. Los datos reflejan los establecimientos dedicados al comercio al por menor, servicio de alimentación y autoservicio, en él no figuran supermercados de grandes superficies.

Pero, según muestran los datos, a los únicos negocios a los que les resulta rentable aprovechar esta ventaja horaria son aquellos dedicados al turismo o al ocio nocturno y que, por tanto, no cuentan con producto fresco ni de una calidad destacable.

Con todo, la moratoria aprobada también afectará a las licencias para la apertura de nuevos comercios locales, aunque no tengan pensado tener un horario ininterrumpido porque, por el momento, la normativa no permite acotar más.

Desde el consistorio apuntan a que esta es una medida temporal, necesaria para “frenar la proliferación de los súpers 24h de los últimos años”. Durante el año en el que esté en vigencia la moratoria, la administración se ha emplazado a elaborar una regulación específica más acotada y que sea efectiva para “proteger el comercio de proximidad, preservar la diversidad comercial y evitar el monocultivo”.

La “proliferación” de los supermercados 24h

Aunque cualquier local pequeño pueda abrir las 24 horas del día, este horario se reserva casi en exclusiva a estos pequeños supermercados que se encuentran principalmente en zonas turísticas o de alta afluencia de locales de ocio nocturno. Según datos a los que ha tenido acceso elDiario.es, sólo tres de los 10 distritos de Barcelona concentran la mitad de estos comercios: el Eixample, Ciutat Vella y Sant Martí.

Estas zonas son también las que concentran más inspecciones por parte del Ayuntamiento, que lleva años poniendo el foco en estos locales. Desde 2023 se han llevado a cabo 14 campañas, en las que se han revisado 230 locales. En total, se han detectado más de 3.500 infracciones.

Casi la mitad de las faltas detectadas tienen que ver con la actividad realizada. En este cajón en el que se engloban muchas infracciones está, por ejemplo, saltarse la normativa que prohíbe vender alcohol a menores o entre las 22h y las 7h. Otras de las más recurrentes están relacionadas con la alteración del paisaje urbano con la instalación de cartelería no autorizada, el no cumplimiento de la normativa antiincendios o la vulneración de los derechos laborales.

En total, las inspecciones se han zanjado con el precinto provisional de 87 locales, 513 órdenes de restitución, 253 sanciones y 85 multas coercitivas por valor de 440.180 euros.

Una moratoria que suma

La regulación impulsada por el Ayuntamiento se suma a normativas particulares aplicadas en los distritos más “problemáticos” de Barcelona: Ciutat Vella y Sant Martí, en los que desde 2024 y 2025 respectivamente ya estaba prohibida la apertura de nuevos locales de este tipo. “Los datos recogidos nos demuestran que este modelo funciona y se debe extender al resto de Barcelona para evitar que se concentren en otras zonas”, ha apuntado la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet.

Esta decisión es consecuencia de un debate que viene de largo y que se ha dado entre varios actores. De hecho, la regulación de estos supermercados 24h ya fue una exigencia de los Comuns durante la negociación de las ordenanzas fiscales de este ejercicio. En ERC también se atribuyen parte de esta decisión municipal, pero advierten al consistorio que “un año no soluciona nada”.

El Ayuntamiento de Barcelona ha prohibido este miércoles la apertura de nuevas tiendas alimentarias y supermercados 24 horas. La suspensión de licencias, que durará un año a la espera de elaborar una nueva normativa comercial, persigue evitar la “saturación” de estos establecimientos en diversos barrios de la ciudad, según el consistorio. 

La moratoria de nuevas aperturas afecta a lo que técnicamente se conoce como establecimientos alimentarios de autoservicio –entre 60 y 150 m²–, superservicio –de 150 a 400 m²– y superservicio con venta de producto cárnico –250 a 400 m²–. Se trata en realidad de los pequeños supermercados de alimentos que han proliferado en la ciudad, que suelen abrir hasta la noche y en domingo. 

Actualmente son 1.300 los locales que cumplen con esta tipología. “El nuevo planeamiento permitirá proteger el comercio de proximidad, preservar la diversidad comercial y evitar procesos de saturación y monocultivo en determinadas zonas”, destaca el consistorio. 

En su comunicado, el consistorio insiste en que la implantación “generalizada” de estas tiendas ha conllevado en algunos casos problemas de convivencia con los vecinos, especialmente en zonas turísticas. Por eso ya existen regulaciones restrictivas en algunos distritos concretos de la ciudad, como Ciutat Vella o Sant Martí.

El Gobierno municipal de Jaume Collboni ha puesto el punto de mira en estos locales desde el inicio del mandato. Ha llevado a cabo 14 campañas inspectoras en 230 establecimientos y ha denunciado que acumulan numerosos incumplimientos de normativa: infracciones por salud pública, gestión de residuos o de condiciones laborales. 

En estos macro operativos de inspección participan técnicos municipales de inspección, salud pública, trabajo, o hacienda. También intervienen Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional, estos últimos de Extranjería, ya que la mayoría de locales son regentados por migrantes. 

Además de las grandes inspecciones, el Ayuntamiento ha llevado a cabo en estos locales 2.880 revisiones ordinarias este mandato, que han derivado en 87 precintos y 253 sanciones.

El Ayuntamiento de Barcelona aprobará con los votos de PSC y Junts el plan para regular las licencias comerciales del centro de la ciudad. Se trata del Plan de Usos de Ciutat Vella, que en los últimos días propició las quejas de asociaciones de vecinos y de Comuns y ERC, que denuncian que favorecerá la apertura de más negocios turísticos. 

El teniente de alcaldía y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha restado gravedad a las críticas al Plan de Usos y ha defendio que servirá para “mejorar la convivencia” en el distrito. Uno de sus principales objetivos, señala, es ordenar las actividades según su impacto en el espacio público y aumentar de 55 a 180 las licencias que están reguladas.

En este sentido, la nueva normativa pone coto a la proliferación en el centro de algunos comercios que el consistorio quiere frenar. Es el caso de los salones de manicura y pedicura, las tiendas de accesorios de móviles y las de venta de productos de cannabis. También veta la venta parcial de souvenirs en tiendas que ostenten otras licencias. 

Batlle ha agradecido a Junts y también al PP haber participado en el proceso de elaboración del plan. Y ha añadido que espera que Comuns y ERC se sumen en los próximos días a su aprobación.

Sin embargo, ambas formaciones de izquierdas están lejos de validar el Plan de Usos. Desde hace días, Comuns y ERC vienen alertando de que esta regulación abre la puerta a establecimientos destinados al turismo que estaban vetados con la norma anterior, de 2018. 

En la misma línea se pronunciaron asociaciones de vecinos del distrito y también la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que alertó de una “mayor permisividad” en actividades vinculadas al ocio nocturno, el turismo o la hostelería. 

Los ejemplos que ponen los detractores del Plan de Usos son la posibilidad –prohibida desde 2018– de abrir locales de alquiler de patinetes, bicis y motos, o de consignas y lockers. Además, la FAVB consideró especialmente preocupante que permitía autorizar hasta siete nuevas discotecas en el distrito, con un “impacto muy directo” en unos vecinos que ya lidian con una amplia oferta de ocio nocturno.

Batlle, por su parte, ha rebatido esta acusación. “La proliferación indiscriminada de nuevas discotecas es falsa”, ha afirmado.

En Las Majadas, todo el mundo está encantado con Kiara. “Las mujeres mayores enseguida me dicen que se la deje un ratito”, cuenta su madre, Verónica Fernández. La pequeña tiene dos años y medio, empezó a caminar hace poco y en el pueblo ya la conocen todos.

La familia llegó desde Valencia a esta localidad conquense de apenas 200 habitantes hace poco más de un año, después de dejar atrás una vida condicionada por un diagnóstico médico inesperado y un negocio arrasado por la dana en octubre de 2024, justo cuando estaban a punto de abrir. Todos esos factores se sumaron para que tanto Verónica como su marido, Juan Armada, decidieran hacer las maletas para abrir El Rincón de Kiara, una tienda de productos locales y artesanía en plena Serranía de Cuenca.

La idea de cambiar de vida había empezado antes. Juan, de 42 años, había trabajado como albañil y después pasó trece años en la UME, pero un accidente truncó aquella etapa. “Me pusieron titanio en las dos piernas y perdí las aptitudes psicofísicas para el desempeño de mis funciones”, recuerda. Por su parte, Verónica, de 35, trabajaba desde hacía más de una década en una fábrica de alimentación cárnica, donde llegó a ser encargada de línea.

Pero la pareja tenía claro que quería cambiar de vida, un anhelo que se incrementó tras el diagnóstico de Kiara. Con cuatro meses de vida, a la pequeña le detectaron amaurosis congénita de Leber, una enfermedad rara que provoca ceguera.

La dana arrasó con el camping que iban a abrir en Cheste

Fue entonces cuando se animaron a realizar un cambio de rumbo y montaron un camping en Cheste. Lo tenían prácticamente listo para abrir justo antes de las carreras de motociclismo que se iban a celebrar en noviembre de 2024, pero, el mes anterior, llegó la dana que inundó Valencia. “Arrasó con todo lo que teníamos preparado. Estaba listo para abrir”, recuerda Verónica. El agua destruyó el camping y también afectó a parte de su vivienda. “Fue la gota que colmó el vaso”, resume Juan. Esa circunstancia, sumada al diagnóstico de Kiara, fue la que les dio el impulso definitivo.

“Pensamos que allí había mucho ruido, mucha masificación”, recuerda Verónica sobre la vida que tenían en Valencia. El matrimonio consideró que se trataba de un ambiente poco acogedor para criar a una hija con ceguera, en la que el sentido del oído va a jugar un papel fundamental a la hora de relacionarse con el entorno. Por eso, la familia decidió apostar por un lugar “más tranquilo y natural, donde ella pudiera pasear tranquilamente y nosotros estuviéramos seguros de que todo el mundo la iba a conocer”, afirma la madre.

Encontraron ese lugar en la Serranía de Cuenca, donde se instalaron en febrero del año pasado. Primero estuvieron trabajando en unos alojamientos rurales de El Hosquillo y después apareció la oportunidad de instalarse en Las Majadas, donde inauguraron El Rincón de Kiara justo el 30 de octubre, día en que la pequeña cumplió dos años.

Así nació la tienda que hoy gestionan. Se trata de un pequeño supermercado donde venden quesos, embutidos, infusiones artesanas, jabones naturales y velas de cera de abeja, entre otros productos. También tienen un pequeño rincón con productos valencianos, para tener siempre presentes sus raíces. “Apostamos mucho por lo artesano y por los productos naturales, que desgraciadamente cada vez quedan menos”, explica Verónica.

Con el tiempo han aprendido a hacer pan y magdalenas en un horno de leña tradicional que ya existía en la nave. Su 'profesora' fue una panadera de la zona que iba a dejar el oficio por motivos de salud, por lo que Verónica y Juan decidieron tomar el relevo para que el pueblo no perdiera el servicio. Ahora reciben clientes de otros municipios que llegan buscando los productos de su obrador, “porque les han dicho que hacemos unas magdalenas y un pan estupendo”, presume Verónica, que asegura que eso les “inspira” a seguir hacia adelante.

Aparte de a vecinos y vecinas, El rincón de Kiara también recibe a turistas que llegan atraídos por los encantos de esta zona, ya que la mayoría visitan el entorno natural, pero apenas encontraban comercios con gastronomía o artesanía local.

A pesar de que no todo es idílico -no tienen en Las Majadas más familia aparte de ellos tres y los inviernos son duros- los padres de Kiara tienen la sensación de haber encontrado un lugar donde su hija puede crecer de otra manera.

“Kiara necesita escuchar para saber, para ver”, explica su madre. “Su vista entra por los oídos y por el tacto”. En el campo escucha el agua, el aire o los animales. Y eso, dice, cambia completamente su relación con el entorno. “Kiara puede ver la naturaleza aunque no tenga visión”.

La niña todavía no tiene un diagnóstico definitivo sobre el grado exacto de visión que conserva. Sus padres creen que aprecia cambios de luz, aunque las pruebas aún no son concluyentes. Mientras tanto, se mueve sin miedo. “Los vecinos alucinan porque no parece que no vea”, cuenta Verónica. “Es tan aventurera y tirada para adelante que no hay nada que la frene”.

Y a pesar de los prejuicios que recaen a menudo sobre las zonas rurales, Verónica y Juan explican que su hija está bien atendida y que no les faltan servicios. “Hay mucha gente que cree que aquí estás desatendido, pero tenemos escuelas, transporte y médicos. No nos hace falta nada”, aseguran. Kiara acude a un CRA, un colegio rural agrupado, donde comparte clase con solo seis niños. “En Valencia habría estado en un aula con treinta alumnos”, asegura Verónica, que también pone en valor la labor de la ONCE, que trabaja con Kiara dos días a la semana. “Es un trato mucho más familiar y personalizado”.

Hay mucha gente que cree que aquí estás desatendido, pero tenemos escuelas, transporte y médicos. No nos hace falta nada

Así que la familia mira al futuro y se sigue viendo en Las Majadas. Por eso, quieren que El Rincón de Kiara siga creciendo y vaya a más. Ya planean la apertura de una página web para vender productos artesanos. Y quieren también que su historia sirva para otras familias que atraviesan situaciones parecidas. “No se frena la vida con un caso así”, dice Verónica. “Al contrario. Siempre hay una salida para todo”.

Trabajadores y trabajadoras del sector del comercio y de grandes almacenes, convocados por UGT, se han movilizado en Castilla-La Mancha para protestar por el “vergonzoso” Convenio Estatal de Grandes Marcas del Comercio, Textil y Calzado cuyo preacuerdo ya ha sido firmado por los sindicatos CCOO y Fetico y por la patronal ARTE.

Según afirman, este acuerdo contempla “un claro atropello a los derechos laborales” de las 200.000 personas trabajadoras del sector que hay en España, de las cuales 5.500 son de Castila-La Mancha.

Albacete, Toledo y Guadalajara han sido escenario de esta nueva jornada reivindicativa previa a la huelga general convocada para el 23 de mayo a nivel estatal.

El secretario de Comercio y Grandes Almacenes de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Castilla-La Mancha, José Manuel Barquero, sostiene que este primer convenio estatal no mejora las condiciones laborales de las plantillas, más bien “consolida un modelo basado en la precariedad laboral y salarial e incluso supone una clara involución en derechos”.

Entre otras cosas, el nuevo texto fija salarios “claramente insuficientes”, alejados de la realidad económica actual y del incremento de los costes de la vida.

Penaliza a colectivos ya de por sí vulnerables en el sector, como son las mujeres y las personas con contrato a tiempo parcial

Además introduce mecanismos que permiten a las empresas aumentar la disponibilidad de las personas trabajadoras “sin una compensación justa”, abriendo la puerta a “una mayor desregularización del tiempo de trabajo”, con medidas que afectan a la conciliación y que incrementan la incertidumbre en la organización de la jornada, lo cual “penaliza a colectivos ya de por sí vulnerables en el sector, como son las mujeres y las personas con contrato a tiempo parcial”.

FeSMC UGT ha decidido no firmar un convenio que “responde más a los intereses de la patronal que a los de las personas trabajadoras” y que representa, añade, una “grave irresponsabilidad” por parte de CCOO y Fetico.

“UGT ni se vende ni vende a los trabajadores y trabajadoras del sector. Somos un sindicato que sabe negociar de forma constructiva y de buena fe para llegar a acuerdos, pero que también sabe decir 'no' cuando lo que se pretende es formalizar en una foto una pantomima para blanquear una cultura empresarial que está demostrando que su visión del diálogo social es puro atrezzo para mejorar su imagen ante la sociedad, mientras niega el pan y la sal a quienes sostienen el sector, cada día, con su trabajo y dignidad”, ha concluido José Manuel Barquero.

El Gobierno de La Rioja ha publicado hoy, día 11, la convocatoria de subvenciones destinadas al apoyo al pequeño comercio en municipios, núcleos de población separados del municipio principal o entidades locales menores de La Rioja cuya población sea de 300 o menos habitantes. 

El objetivo de estas ayudas, dotadas con 500.000 euros, es el mantenimiento de pequeños locales en los que se lleven a cabo actividades comerciales y actividades de venta ambulante en camiones-tienda, que presten servicios en dichas localidades. Por un lado, se subvenciona el desarrollo de la actividad comercial, y por otro, los gastos de inversión destinados a la mejora o rehabilitación del inmueble o medio de transporte para venta ambulante, en el que se lleve a cabo la actividad comercial.

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días hábiles contados a partir de mañana martes 12 de mayo, día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja. Para el cálculo de la cuantía fija, se asigna a cada solicitud una puntuación en función del número de habitantes del municipio, primando aquellas localidades con un censo más reducido; de los comercios con productos de proximidad (o kilómetro cero) y su contribución a la economía social; del número de comercios abiertos al público; y de la generación de empleo en el sector femenino.

Con el objetivo de mejorar la eficacia de estas ayudas y ampliar su alcance territorial, el Gobierno de La Rioja ha introducido diversas modificaciones en las bases reguladoras de la convocatoria. Entre las principales novedades, destacan la ampliación de los códigos CNAE subvencionables, la clarificación de determinados requisitos administrativos y la extensión expresa de las ayudas a entidades locales menores.

El Ejecutivo regional considera que mantener abierto un comercio en un pequeño municipio supone preservar servicios básicos, actividad económica, empleo y cohesión social, además de contribuir a fijar población y mejorar la calidad de vida en el entorno rural.

Toda la información relativa a la convocatoria, requisitos y tramitación de solicitudes puede consultarse en la sede electrónica del Gobierno de La Rioja y en el Boletín Oficial de La Rioja.

Según datos del INE, a 1 de enero de 2025, la población del 65,5 por ciento de los municipios riojanos -114 de los 174- cumple las características requeridas en la convocatoria. La Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre Economía Social y Solidaria de La Rioja, conforma el marco normativo común de aplicación al conjunto de entidades que forman parte de la economía social y solidaria en nuestra comunidad autónoma.

El Ayuntamiento pone en marcha desde hoy, como proyecto piloto y hasta el 31 de agosto, el nuevo servicio de reparto sostenible dirigido al comercio local y sus clientes, dentro del proyecto piloto europeo ‘Decarbomile’ de reparto descarbonizado de mercancías que desarrolla Logroño, con el objetivo de promover un reparto urbano del comercio local más sostenible, reducir el tráfico y las emisiones a la atmósfera.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, junto al adjudicatario del servicio de reparto, Asier Eguizábal, ha informado sobre la puesta en marcha del sistema piloto de reparto voluntario de última milla para dar servicio al comercio local y sus clientes con el objetivo de “promover un reparto de mercancías más verde y amable con el medio ambiente”, ha expresado el edil.

Para ello, el Consistorio ha habilitado 36 taquillas inteligentes de recogida a disposición de comercios y ciudadanos (4 módulos de 9 taquillas cada uno) en diferentes áreas comerciales de la ciudad; en la calle Bretón de Los Herreros con María Zambrano, muy cerca del Mercado de San Blas, en la zona centro (en el Parque Gallarza), Cien Tiendas (Avenida Solidaridad, en la app se llama Estatua Labrador) y ZOCO (en Escuelas Trevijano, ubicación acordada con la asociación.

El edil ha querido insistir en que “este innovador proyecto en marcha hoy de forma piloto, pero nuestro reto es que continúe más allá del 1 de septiembre mediante diferentes acuerdos con las empresas de reparto locales o nacionales de logística que complementen los pedidos de pequeño comercio local”. Además, Sainz ha puesto en valor “el importante papel de Asier Eguizábal para llevar a cabo esta iniciativa, joven autónomo y emprendedor con experiencia y que se ha esforzado por realizar un periodo de formación en la provincia de Barcelona”.

Las bicicletas de carga municipales para el reparto estarán ubicadas en un local exterior habilitado junto a la entrada lateral del Mercado de san Blas. El Ayuntamiento va a distribuir folletos con información sobre la utilización de este servicio de reparto para el comercio y para los clientes.

Más opciones de horario y facilidades de compra

Según las palabras de Sainz, “se trata de pruebas piloto gratuitas para facilitar la compra en el comercio local y favorecer, al mismo tiempo, un reparto sostenible de las mercancías”.

El concejal ha explicado que “las taquillas inteligentes facilitarán al comercio local un nuevo método de entrega de pedidos a clientes y turistas, fuera del horario comercial”. Asimismo, ha puntualizado, “permitirán que estos clientes los usen a modo de ‘guardabolsas’ para depositar temporalmente sus compras, a través de un código facilitado por el comercio, favoreciendo una jornada de compras combinada con el ocio y la restauración”.

Sainz ha resaltado que “las taquillas sirven para que el comercio entregue ahí la compra a sus clientes y para que los clientes del comercio guarden sus compras temporalmente una vez compradas. Todo ello tanto dentro como fuera del horario comercial”.

Enfocados de manera especial en el comercio local, estos servicios piloto van a ser gratuitos para comerciantes y clientes durante los cuatro primeros meses para aquellos comercios locales que se adhieran a los mismos, a través del modelo que pueden descargar en https://logrono.es/-/proyecto-decarbomile- y remitir a la Oficina de Fondos Europeos del Ayuntamiento.

Las taquillas se utilizarán a través de la aplicación ‘PVerde’ del socio del proyecto Intelligent Parking, que facilitará un código al comercio para su uso. Aquellos comerciantes que deseen participar en esta prueba piloto, que se habilita inicialmente hasta el 31 de agosto. Una vez se han adherido, deben descargarse la app ‘PVerde’ y desde ella generar los códigos de adhesión para que sus clientes puedan hacer uso de las taquillas. De ese modo, el ciudadano que haya comprado en un comercio adherido podrá utilizarlas de ‘guardabolsas’, por un tiempo máximo de entre 24 a 48 horas (se da la opción al comercio para que elija entre ambas opciones), a través de la app ‘PVerde’.

Proyecto europeo que reúne a 31 socios

‘Decarbomile’ recibe financiación del programa Horizonte Europa de la Unión Europea, en el marco de Investigación que constituye la principal iniciativa europea para el fomento de la I+D+i. El proyecto se está ensayando en cuatro laboratorios vivientes o Living Labs (en Hamburgo, Estambul, Logroño y Nantes), y cuatro satélites (Getafe, Gante, Sarajevo y Tallin, que participan en menor escala), con el objetivo de implantar soluciones logísticas innovadoras para promover la descarbonización en el reparto de las mercancías. Logroño, junto a 31 socios de diez países diferentes, forma parte de este programa que pretende impulsar una mejora de la logística verde de última milla.

“Se trata de un proyecto de innovación que busca, además, favorecer el cambio de furgonetas con motor de combustión a vehículos 0 emisiones para las entregas urbanas contribuyendo notablemente a reducir el tráfico y las emisiones en nuestra ciudad” ha expresado el concejal. 

Las soluciones desarrolladas pretenden demostrar el potencial de la logística urbana descarbonizada de última milla para probar y estudiar algunas de las soluciones desarrolladas, adaptándolas a sus propios contextos socioeconómicos locales.

El concejal ha informado de que el resultado del segundo período de reporte de seguimiento del proyecto ‘Decarbomile’ por parte de la Comisión Europea a través de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) ha sido “satisfactorio”. En ese sentido, el evento final conjunto de los proyectos Decarbomilie y GREEN-LOG se celebrará en junio en Bruselas en el marco del “Día de la Innovación en Logística Urbana (Urban Logistics Innovation Day) y ”contará con la participación de Logroño a quienes nos han solicitado que presentemos la gestión realizada de los espacios utilizados para el proyecto en nuestra ciudad“.