El Superior de Justicia vasco ha dado la razón a la Hacienda de Gipuzkoa y obliga a pagar a la empresa guipuzcoana Válvulas Zubi SL más de 455.000 euros correspondientes al pago de dos años del Impuesto de Sociedades al entender que la compañía realizó una escisión en otras dos sociedades con el único fin de eludir el pago de los impuestos correspondientes. La sentencia rechaza los argumentos de la empresa que pretendía acogerse al régimen de neutralidad fiscal que se aplica a determinadas operaciones de fusiones o escisiones empresariales.

La sentencia parte de un recurso contencioso-administrativo presentado por la empresa contra los acuerdos del subdirector general de Inspección de Gipuzkoa que en 2024 desestimó los recursos de reposición interpuestos por la empresa contra las liquidaciones del Impuesto de sociedades de los ejercicios 2018 y 2019. Esos años empresa había presentado las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2018 y 2019, con resultados a ingresar por importes de 118.518,15 euros y 163.514,10 euros, respectivamente. Posteriormente, solicitó la rectificación de la primera de esas liquidaciones, con una liquidación provisional a devolver de 1.115,63 euros. En 2023, la Subdirección General de Inspección notificó a la sociedad el inicio de actuaciones de comprobación e investigación en relación a los Impuestos de Sociedades de esos dos años para comprobar si la operación de escisión parcial llevada a cabo por la entidad podía acogerse al régimen especial de diferimiento que regula la Norma Foral 2/2014. En dicha norma se especifica que para la aplicación de este régimen, la operación no debe tener como objetivo principal el fraude o la evasión fiscal. Se requiere que responda a motivos económicos válidos, como la reestructuración o racionalización de las actividades.

Con motivo de estas actuaciones las propuestas de liquidación para los años 2018 y 2019 supusieron un resultado a ingresar de 431.530,26 euros y 23.836,17 euros, respectivamente. Es decir, 455.366 euros en total, que la empresa recurrió sin éxito ante la inspección, por lo que presentó el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que también ha quitado la razón a la empresa.

Válvulas Zubi SL constituida en Irún en el ejercicio 1997, y dedicada a la fabricación y venta de válvulas industriales para la conducción de fluidos, realizó una restructuración societaria en dos fases con el objetivo de separar el negocio industrial del patrimonio inmobiliario. Según argumenta la empresa ante el juzgado -no ha sido posible contactar directamente con la compañía- en los díez años posteriores a su constitución acumuló un patrimonio constituido por cuatro fincas independientes, cuyo valor neto contable en el ejercicio 2018 ascendía a 1.458.419,23 euros ,siendo su valor de mercado netamente superior y, tasado en la suma de 3.175.468,80 euros. Para separar ambos negocios constituyó la mercantil Barusa Patrimonio SL, mediante aportación no dineraria especial y otra sociedad, Garebal Explotación, mientras que el negocio industrial permaneció en Válvulas Zubi, SL. Posteriormente, realizó una escisión financiera de las participaciones de Barusa Patrimonio SL a favor de Garebal Explotación SL, de forma que Válvulas Zubi únicamente pasó a estar constituida por el negocio propiamente industrial. Algo que la empresa argumenta como una forma de facilitar “la sucesión/ continuidad, precisamente, de ese negocio industrial”. Después, se realizó una reducción de capital de Válvulas Zubi con entrega de participaciones de Garebal Explotación. “Con tales operaciones se consigue la separación del patrimonio inmobiliario de la actividad industrial, participando los accionistas exactamente en el mismo porcentaje que en la situación inicial”, señala la empresa, que argumenta ante el tribunal que el objeto es “reestructurar económicamente la empresa, en orden a que la actividad principal de la sociedad, de acuerdo con su objeto estatutario, sea la fabricación y comercialización de válvulas, dejando que la explotación de los activos del inmovilizado material se lleve a cabo por otra sociedad”.

El tribunal, sin embargo, admite el argumento de la Diputación que sostiene que en la reestructuración empresarial “se han utilizado actos o negocios artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido, y que de su utilización no resultan efectos jurídicos o económicos relevantes distintos del ahorro fiscal y de los resultados que se hubieran obtenido con los actos o negocios usuales o propios”. En este sentido, señala que la concatenación de las operaciones “produce el mismo efecto práctico que una operación de escisión parcial de Válvulas Zubi, ”que no podría acogerse al régimen especial de diferimiento, por cuanto no existiría previamente a la escisión una rama de actividad independiente que se pudiera escindir, ya que los inmuebles transmitidos no constituyen una rama de actividad autónoma previa existente, con arreglo a lo dispuesto en el citado régimen especial“. ”La operación de reestructuración llevada a cabo en dos etapas se busca dar cobertura legal a un régimen de diferimiento que no hubiera sido de aplicación en caso de haberse llevado a cabo la operación de reestructuración resultante de manera directa“, sostiene la Diputación, que considera que el único objetivo es ”obtener un ahorro fiscal“. Insiste en que ”no existen efectos jurídicos o económicos relevantes, más allá de la de obtener un ahorro fiscal, tanto en la sociedad como en los socios y cónyuges de estos, al acogerse al régimen fiscal especial, lo cual les ha permitido no tributar por las ganancias obtenidas en la transmisión de los inmuebles y de las participaciones“.

De hecho, la diputación constata que en el proyecto de escisión que acompaña la escritura firmada el 23 de mayo de 2019 se recoge claramente que las operaciones de reestructuración se han planteado desde el inicio como sustitutas de la escisión total. “Las participaciones en Barusa Patrimonio, S.L.U. sólo están en el activo de Válvulas Zubi, S.L. siete meses. Esto es, el tiempo necesario para formalizar las escrituras, inscribir los cambios de titularidad en el Registro de la Propiedad, suscribir el contrato de arrendamiento entre Válvulas Zubi, S.L. y Barusa patrimonio, S.L.U. (firmado el 1 de abril de 2019) y redistribuir el capital de Garebal Explotación, SL mediante la donación necesaria de participaciones (formalizada el 12 de abril de 2019) para poder realizar la escisión parcial de forma proporcional al ser los mismos socios en igual proporción en ambas sociedades”.

Señala el tribunal que Como ventajas fiscales obtenidas se subraya que las dos operaciones de reestructuración de aportación no dineraria de los inmuebles a una sociedad de la que es socio único y la posterior escisión parcial de las participaciones de dicha sociedad se han acogido al régimen tributario especial de neutralidad fiscal, lo cual les ha permitido, tanto a la sociedad, como a los socios, no tributar por las ganancias obtenidas en la transmisión de los inmuebles y de las participaciones en ambas operaciones, en virtud de lo establecido en dicho régimen. En el caso de obligados tributarios no habrían podido acogerse al citado régimen fiscal especial, ya que los mismos no constituían una rama de actividad y, en consecuencia, habrían tributado por las ganancias obtenidas en el régimen general regulado en la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, y por las rentas puestas de manifiesto con la atribución de valores de la entidad adquirente a los socios de la entidad transmitente conforme a lo regulado en la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Los obligados tributarios al haber realizado las operaciones tal y como se han realizado, acogiéndose al régimen especial, han conseguido, minorando sus bases imponibles y cuotas tributarias, un efecto económico relevante al obtener un ahorro fiscal.“

Señala el tribunal que “nada puede objetarse a esa formulación desde un punto jurídico: la protección del patrimonio perteneciente a la sociedad (Válvulas Zubi SL), libre de los riesgos inherentes a la actividad industrial de esta. En cambio, desde el punto de vista económico-empresarial la tal escisión (digamos separación para evitar confusiones) no cumple un objetivo de esa naturaleza en cuanto que los inmuebles de cuya conservación entre los socios familiares se trata, afectos a la actividad de la recurrente, no fueron afectados a otra actividad económica externa; en concreto el arrendamiento de bienes a terceros sino que después de lo que hemos denominado circunvalación de operaciones societarias han sido arrendados a su inicial propietaria”. “Así es que, en el caso de haber optado inicialmente la recurrente por la escisión parcial, a la postre realizada aunque de carácter financiero, del patrimonio constituido por las fincas arriba reseñadas, no se hubiera podido acoger al régimen FEAC -el especial para fusiones y adquisiciones- por no constituir esos inmuebles una rama de actividad diferenciada de la industrial propia de Válvulas Zubi SL”.

En este sentido señala que lo que comenzó mediante el descarte de la operación que directa y propiamente hubiera conducido al mismo resultado (escisión del patrimonio inmobiliario de Válvulas Zubi SL) “concluyó con una escisión también parcial, esta financiera de esa mercantil, post sucesivas y concatenadas transmisiones del mismo patrimonio, operaciones de reducción y ampliaciones de capital social y canje de participaciones. Esto es, un conjunto de negocios que por su propio diseño, desarrollo coetáneo o casi-coetáneo y resultados evidencian a la vez que, su volatilidad, su carácter artificioso, puramente instrumental y, por ello, indirecto e impropio en comparación con el negocio o negocios que directa y propiamente hubieran propiciado el mismo objetivo; a saber, la desafección del patrimonio inmobiliario de la recurrente de su actividad económica y, por consiguiente, de los riesgos de ese objeto social o división de aquel entre socios familiares terceros”.

En definitiva, múltiples y complejas “intervenciones” pudiendo alcanzarse los mismos objetivos mediante una sola (de escisión parcial) que, “a la vez, que mantener los económicos (expansión del mercado internacional; etc) de Válvulas Zubi S. procurase directa y efectivamente, los propuestos de conservación intra- grupo familiar del patrimonio adscripto a la actividad de aquella”. Y concluye por tanto que el móvil y finalidad “no ha sido otro que la sustracción de los negocios societarios gravados por las liquidaciones recurridas a la tributación en el régimen general del Impuesto”.

El TSJPV falla en consecuencia desestimar el recurso contencioso-administrativo presentado por Válvulas Zubi SL contra la Inspección y le impone el pago de costas con el límite de 6.000 euros.

El Tribunal Supremo ha confirmado que el grupo de empresas de Santiago Segura, creador de la saga 'Torrente', pagó 827.000 euros de menos y de forma irregular en su Impuesto de Sociedades de 2011. Los jueces dan la razón a la Agencia Tributaria y entienden que su holding societario intentó beneficiarse fiscalmente de las pérdidas de una empresa cuando, dice ahora el Supremo en firme, eso suponía un doble beneficio para el productor. Esta sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo ha contado con una fuerte división interna: dos de los seis magistrados apostaban por dar la razón a Santiago Segura en este pleito con Hacienda que arrancó hace ahora 13 años. Segura, recuerdan desde el equipo legal que ha llevado el caso, ya puso ese dinero a disposición de Hacienda hace una década sin que en ningún momento fuera acusado de un delito fiscal ni sancionado.

La Agencia Tributaria puso la lupa sobre el grupo empresarial de Santiago Segura en 2013. El conglomerado fiscal AE William Holding, del que Segura es administrador único, recogía bajo su paraguas varias compañías vinculadas al productor cinematográfico, entre ellas 'Amiguetes Entertainment', la productora responsable de la mayor parte de las películas de 'Torrente'. El grupo echó a andar en la década de los noventa pero en 2008 incorporó una sociedad que arrastraba pérdidas y fue entonces cuando, según Hacienda y el Supremo, Santiago Segura intentó obtener beneficios fiscales de forma irregular.

En un primer momento Hacienda acusó al creador de 'Padre no hay más que uno' de haber pagado de menos un total de 827.183,29 euros en el Impuesto de Sociedades de 2011 además de imponerle dos sanciones que sumaban, entre las dos, más de 700.000 euros. Los tribunales administrativos anularon esas sanciones, pero la Audiencia Nacional terminó avalando a Hacienda y entendió que el grupo había hecho algo irregular en su declaración fiscal de 2011: compensar las bases imponibles negativas por las pérdidas millonarias que una de estas compañías llamada 'Netjuice' había tenido antes de pasar a formar parte del holding.

El caso llegó al Tribunal Supremo después de que el grupo empresarial del director de cine, que se encuentra a las puertas de estrenar la sexta entrega de la saga 'Torrente', recurriera la resolución desfavorable de la Audiencia Nacional. Entre otros argumentos, la entidad AE William Holding entendía que la normativa tributaria permitía compensar esas pérdidas de años anteriores y el Supremo, incluso, llegó a admitir a trámite el recurso para sentar jurisprudencia. La respuesta de la sala a este conflicto tributario es que sí tenía que pagar esos 827.000 euros.

Los jueces explican que da igual que esta fusión empresarial fuera indirecta y no directa: se le aplican los mismos límites para que no exista un “doble aprovechamiento” de las bases imponibles negativas. Y en este caso lo que pretendían las compañías de Segura, añade la sentencia, es “una suerte de amnesia fiscal o borrado histórico” de esa empresa antes de formar parte de su grupo. “El resultado fiscal de una reestructuración no explica ni justifica la obtención de ventajas fiscales no deseadas ni amparadas”, zanja el tribunal. El objetivo, añade, es mantener la “neutralidad fiscal”.

Desde el equipo legal que ha llevado el caso en nombre de las empresas del cineasta recuerdan a elDiario.es que ya puso esos 820.000 euros a disposición de Hacienda en 2016 y que en ningún momento ha sido acusado de un delito fiscal. También que ese tipo de operaciones, tal y como reconocen los jueces, no estaban reguladas expresamente en ese momento. De hecho su caso ha sido el primero en llegar a manos del Supremo y el que ha sentado doctrina después de meses de debate en el seno del tribunal.

“Hay una laguna en la ley”

La sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo tiene una doble relevancia porque no solo resuelve el caso de Santiago Segura sino que fija doctrina para cualquier caso similar, aunque el conflicto entre el director de cine y Hacienda era singular con respecto a las operativas empresariales habituales. Si los anteriores socios de una compañía fusionada ya aprovecharon las bases imponibles negativas antes de la fusión, no se puede aprovechar posteriormente por los nuevos socios, en este caso Santiago Segura. Tampoco si es una fusión inversa, como este caso.

La decisión no ha sido pacífica y ha dado lugar a una división poco habitual en la sección segunda de lo contencioso del Tribunal Supremo, especializada en tributos e impuestos. Dos de los seis magistrados han emitido votos particulares en los que apuestan por dar la razón a Santiago Segura. Una de las discrepantes es Sandra María González de Lara, la ponente inicial y magistrada del Supremo desde hace un año. Considera que en este caso concreto puede existir “una laguna en la ley” y que la interpretación de sus compañeros implica retorcer un precepto legal para perjudicar al holding del productor.

Desde el equipo legal de la empresa de Santiago Segura destacan también la existencia de estos votos particulares y sus argumentos alineados con su recurso, mientras estudian “otras vías” para seguir recurriendo.

El otro magistrado discrepante es Francisco José Navarro, veterano de la sala con 12 años de experiencia en el Supremo que entiende que se le ha aplicado una norma pensada para subrogaciones empresariales cuando este no es el caso. Hace dos años y medio, cuando trascendió la sentencia de la Audiencia Nacional, Segura ya deslizó que había pagado ese dinero reclamado por Hacienda a la espera del desarrollo del pleito. “Ese dinero no está en mi bolsillo, está ahí y si en algún momento me dieran la razón los tribunales pasaría a ser de nuevo mío, pero ahora mismo no debo nada a Hacienda”, afirmó.

Un tribunal de Madrid ha condenado en conformidad a un año de prisión por fraude fiscal a la antigua promotora en España de artistas como Daddy Yankee, Ozuna, Romeo Santos o Natti Natasha. Tanto ella como dos de sus socios han reconocido que en 2018 usaron varias empresas para defraudar más de un millón de euros entre varios impuestos y ocultar a Hacienda el dinero que habían ganado por los derechos de estos cantantes de reguetón. Ninguno de los tres tendrá que entrar en prisión porque, además de reconocer los hechos, han devuelto ya casi todo el dinero que defraudaron y se han comprometido a pagar el resto.

La condenada estaba al frente de la empresa que en ese momento representaba en España a algunos de los principales artistas del género a escala mundial. Era el año 2018 y muchos pasaron por el país: Daddy Yankee hizo varias paradas en 'La Gira Dura', Ozuna llenó el Palacio de los Deportes de Madrid igual que Romeo Santos, que también abarrotó el Palau Sant Jordi en Barcelona. Natti Natasha, finalmente, pasó por varias ciudades españolas en el año de su éxito Sin pijama con Becky G.

La empresa que entonces actuaba como agencia de 'booking' en España gestionó todos estos conciertos y actuaciones e ingresó, junto con las otras dos, más de dos millones de euros, pero ni siquiera tributó el Impuesto de Sociedades y ninguna pagó lo que debía a Hacienda por el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes. Un fraude de 582.587 euros en el primero y de 476.244 euros en el segundo concepto tributario que abrió las puertas de las inspecciones y, finalmente, de la imputación por fraude fiscal en un juzgado de Madrid.

En un primer momento, apuntan a elDiario.es fuentes del caso, las estimaciones de Hacienda incluyeron los conciertos de estos artistas por toda Europa en 2018 y la acusación de fraude llegó a superar los 14 millones de euros, pero para cuando el caso llegó a juicio en la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de octubre –y tras la presentación de diversas periciales por la defensa– las cantidades se ceñían a la gira que hizo cada uno por España. La Fiscalía pedía para los tres hasta seis años de prisión.

El caso, según ha podido saber elDiario.es, ha terminado en una conformidad y con condenas que no implican el ingreso en prisión de ninguno de los tres acusados al haber devuelto ya casi 900.000 euros, la mayor parte del dinero defraudado y pendiente de reintegro a las arcas públicas. La entonces dirigente de la agencia de 'booking' Mad Music Booking and Management es condenada a un año de prisión por dos delitos fiscales, y los otros dos acusados a medio año de prisión.

El tribunal, el mismo día del juicio en que reconocieron los hechos, suspendió la ejecución de sus condenas pactadas con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de que paguen sus deudas con el fisco. Cada uno tiene que pagar, además, una multa que en el caso de la promotora supera los 540.000 euros y entre los tres, además, a pagar a Hacienda el millón de euros que defraudaron, cantidad que ya han empezado a pagar. Los jueces aplican la atenuante “muy cualificada” de reparación del daño y rechazan la petición de la Abogacía del Estado de condenas mayores de cárcel.

Un “sistema artificioso” que evadió impuestos

La sentencia de la Audiencia Provincial refleja los hechos que los propios acusados, vinculados entonces a la empresa de 'booking' o a las otras dos sociedades investigadas, reconocieron ante el tribunal: que Mad Music –empresa que como tal desapareció en 2019– puso en marcha un “sistema artificioso” para “dividir ficticiamente su actividad”. En 2018, por ejemplo, la empresa no declaró su Impuesto de Sociedades y las otras dos empresas investigadas, World Stage Music y Over Sea Music, lo hicieron “de forma simulada”.

No se declaró el Impuesto de Sociedades, reconoce el acuerdo, sobre una base imponible de casi 2,4 millones de euros. Además, dos de las sociedades intentaron desgravarse gastos “no justificados” por valor de más de 1,6 millones adicionales. Y tampoco declararon, a través del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR) los 1,9 millones de euros que ingresaron por los conciertos y los derechos de Daddy Yankee, Romeo Santos, Ozuna y Natti Natasha y que tendrían que haber tributado al 24% según Hacienda.

El caso ha terminado con una conformidad que incluye la suspensión de las penas de cárcel para los tres tras la confesión y el compromiso adquirido de devolver todo el dinero con casi 900.000 euros ya pagados. Fuentes cercanas a la defensa de los investigados explican a elDiario.es que sopesaron ir a juicio y pelear la absolución: consideran que el error en la tributación en el Impuesto de Sociedades es achacable a un antiguo gestor que colaboró con la empresa, que otras sociedades tendrían que haber pagado por el IRNR y, finalmente, que cada una de las tres sociedades implicadas cumplía un papel en la gira de los artistas, no era un “sistema artificioso”.

La sociedad que gestionaba entonces Mad Music fue disuelta y la agencia de 'booking' de artistas como Anuel, Marc Anthony o también Ozuna en España está gestionada actualmente por distintas personas en una empresa también diferente.

Alivio de la Justicia a la Hacienda española. El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado el actual sistema de pagos fraccionados del impuesto de sociedades para grandes empresas, rechazando que sea inconstitucional o que vulnere el principio de capacidad económica, informa EFE.

El Tribunal de Garantías ha explicado, a través de una nota de prensa, que ha desestimado una cuestión de inconstitucionalidad procedente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre la regulación de los pagos fraccionados de las grandes empresas, aquellas con cifra de negocios superior a 10 millones de euros en el impuesto sobre sociedades.

El litigio se originó cuando una empresa reclamó por el perjuicio financiero sufrido por haber abonado a Hacienda en concepto de pagos fraccionados una cantidad mayor al impuesto definitivo. Según explica la nota -la sentencia se hará pública en los próximos días-, la compañía alegó la vulneración del principio de capacidad económica, ya que abonó por adelantado una cuantía superior a lo que debía pagar la sociedad al hacer la liquidación del impuesto definitivo.

La sentencia razona que el método cuestionado no grava rentas “irreales” ni “ficticias”, sino que hace una medición razonable de la renta en términos reales (no estimados), netos (no brutos) y actuales (del ejercicio en curso).

El cálculo del importe de los pagos fraccionados se realiza aplicando al resultado contable positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los tres, nueve u once primeros meses de cada año natural un tipo del 23 %. El tipo general del gravamen del impuesto es del 25%. De este modo, el resultado contable puede ser igual, mayor o menor que la base imponible al final del año.

La sentencia concluye que es una forma razonable de cuantificación porque el resultado contable es fiel reflejo de los beneficios de la entidad.

Asimismo, subraya que los pagos fraccionados son un tipo de pago a cuenta que se aplica también en otros tributos como el IRPF, y son una obligación tributaria autónoma y provisional respecto de la obligación tributaria principal. Cinco de los magistrados han formulado un voto particular contra el fallo, señala el comunicado.

El Gobierno de Navarra ha aprobado este martes en una sesión extraordinaria el proyecto de ley de medidas fiscales tras haber alcanzado un nuevo acuerdo con EH Bildu, formación que también apoyará los presupuestos. La reforma fiscal, que ya ha sido remitida al Parlamento foral para su tramitación de urgenica, incluye una rebaja fiscal en el IRPF para rentas por debajo de 32.000 euros y una rebaja del Impuesto de Sociedades del 28% al 25% siempre que las empresas cumplan cuatro requisitos, entre los que se incluye el mantenimiento del empleo.

En materia de IRPF, los socios de Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) y EH Bildu han acordado dos cambios sustanciales. Por un lado, el aumento de la deducción por mínimos personales para rentas de hasta 32.000 euros. “Estas rentas tendrán una reducción paulatina, que se notará más en las rentas más bajas y menos en las que se van acercando a 32.000 euros. Cada contribuyente es un mundo, depende de lo que compone su declaración de la renta”, ha señalado el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, en una rueda de prensa para presentar el acuerdo.

Por otro, el incremento desde 14.500 euros hasta 17.000 euros el umbral de obligación de declarar por rendimientos de trabajo. Las personas que estén por debajo de los 17.000 euros no tendrán que tributar por el IRPF. Estos dos cambios beneficiarán a más de 340.000 navarros, el 70% de los contribuyentes -también tendrán incidencia en los trabajadores autónomos-, según datos del Ejecutivo foral. El consejero ha indicado que esta reforma es “una de las más ambiciosas en este impuesto en los últimos años”.

Estas medidas tendrán un impacto total de 135 millones de euros en la recaudación, de los que 114 millones corresponden al ejercicio de 2026, mientras que el resto al presupuesto de 2027. Por otro lado, como ya se anunció en el acuerdo presupuestario, se aumentarán las deducciones fiscales para complementar las pensiones anuales de viudedad y jubilación, hasta 15.400 euros, pasando de 1.035 euros mensuales a 1.100 euros.

Gravamen reducido del 25% en el Impuesto de Sociedades

La otra gran novedad de la reforma fiscal afecta al Impuesto de Sociedades. Los socios del Ejecutivo han pactado con EH Bildu un gravamen reducido del 25%, siempre que las empresas cumplan cuatro requisitos: el mantenimiento del empleo, la no aplicación de expedientes por causas económicas, la reducción de la siniestralidad laboral y el cumplimiento con la legislación sobre igualdad. Así, las empresas que ahora están tributando al 28% podrán acogerse al tipo del 25% cumpliendo estos requisitos.

La medida ha sido calificada como “valiente” por parte de Arasti, quien ha señalado que “la fiscalidad también es necesaria para corregir dinámicas o para abordar preocupaciones desde otro enfoque”. Según el consejero con esta medida se pretende “mostrar una tierra aún mucho más atractiva para la llegada de más proyectos empresariales que tengan claro, además, que su compromiso social y laboral tendrá una consecuencia fiscal más favorable”.

Por último, hay otra cuestión en este impuesto como es la implantación de una tributación mínima efectiva del 13%, 11% y 10% respectivamente, según que el contribuyente se encuentre gravado al tipo del 28%, del 23% o del 19%.

La última reunión del Consejo Vasco de Finanzas en el que se han marcado las previsiones de recaudación de las Haciendas forales para este año y el año que viene ha puesto sobre la mesa un dato significativo: la fuerte caída en la recaudación por Impuesto de Sociedades, ese que pagan las empresas cuando tienen beneficios. Los ingresos por este concepto se han reducido un 14,26% respecto a lo que se recaudó en 2024. Es decir, 248,66 millones de euros menos. Llama la atención este dato, no sólo por el elevado porcentaje del desplome, sino porque es la primera vez que cae la recaudación de este tributo desde la pandemia, un momento en el que muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas y, por lo tanto, no tuvieron beneficios, sólo pérdidas. Además, se aprobaron por parte de las Haciendas importantes deducciones para contrarrestar los efectos de la COVID-19 en la economía empresarial. Una situación que, a priori, parece muy diferente a la actual.

Al cierre de 2025 las Haciendas forales tienen previsto recaudar por Impuesto de Sociedades un total de 1.491 millones de euros, frente a los 1.739 millones que se recaudaron el año anterior. Las previsiones para 2026 no mejoran mucho, aunque se esperan cifras positivas para 2026. Apenas un incremento de un 3% con 58 millones más de ingreso. La serie histórica obliga remontarse a las peores crisis económicas para encontrar cifras negativas en la recaudación de este impuesto. Por ejemplo, como consecuencia de la pandemia, en el año 2020, el del confinamiento, la recaudación por este tributo cayó un 20%, por encima de la caída del 14% actual, pero hay que tener en cuenta que las empresas estaban primero cerradas en su mayoría y después inmersas en grandes dificultades para poder vender o exportar sus productos y sus empleados mayoritariamente en ERTE. El año anterior, en 2019, también se había registrado un valor negativo, con una caída de recaudación del 11,7% -inferior a la de este año 2025-. En los años desde 2014 hasta 2016 también disminuyó la recaudación por Impuesto de Sociedades: un 4,7% en 2014, un 10,4% en 2015 y un 3,5% en 2016. Ejercicios en los que todavía se dejaban ver las consecuencas de la crisis que arrancó en alrededor de 2008. Y desde 2021 hasta este año, el balance del cierre de año siempre ha sido positivo. Hasta ahora. ¿A que se debe esa caída?

La primera mirada lleva a justificar el descenso de la recaudación por la situación de crisis en la que están inmersa en estos momentos las empresas vascas, en su mayoría altamente exportadoras, y afectadas por la situación de incertidumbre internacional cuyas consecuencias está reduciendo los márgenes de las compañías. Hay que tener en cuenta que el Impuesto de Sociedades grava los beneficios empresariales, es decir, lo que ganan las empresas, el 24% de esas ganancias para las grandes empresas y el 20% para las pymes. La otra mirada está también unida a la situación de crisis, pero lleva a poner el foco en las deducciones con las que las Haciendas vascas, con potestad para legislar sobre este impuesto, minoran, en principio, el pago de este impuesto con el objetivo de favorecer la continuidad de las empresas y el mantenimiento de los empleos. Esto lleva a que hay empresas que aunque tengan beneficios pagan mucho menos del importe que les correspondería porque se descuentan inversiones determinadas que se pueden deducir, que van desde la creación de empleo a la compra de tecnologías limpias, inversiones en transporte sostenible, en I+D o en tecnología. La cuestión de hasta qué punto debe suavizarse este impuesto es ya un tradicional caballo de batalla de todas las reformas fiscales que se han llevado a cabo en Euskadi.

“Estamos en un momento que no es fácil para la economía a nivel global y se nota en las cuentas de resultado de las empresas”, decía el diputado general de Álava Ramiro González, cuando se le preguntaba por la caída del Impuesto de Sociedades en la comparecencia tras el Consejo Vasco de Finanzas. “Tenemos que apoyar de forma especial a la empresa en estos momentos porque creo que nos estamos jugando en el futuro de Euskadi”, afirmaba. “Es un momento crucial en el que todas las medidas que tenemos previstas en nuestra normativa fiscal, todas las deducciones para generar empleo de calidad todas las deducciones que tenemos para que nuestras empresas inviertan y sean más innovadoras todas las ayudas que tenemos para que aborden ese reto de transición energética son más necesarias hoy que nunca. Estamos en un contexto internacional complejo cuyas afecciones las estamos viendo en esa moderación de beneficios”, ratificaba la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.

Son muchos los sectores importantes para la economía vasca -desde la siderurgia, la automoción, o el vino- los que se están resintiendo de un panorama internacional absolutamente imprevisible desde que arrancó la guerra de Ucrania, y que ha agudizado la crisis también en muchos de los países receptores de las exportaciones vascas, como es el caso de Alemania y Francia. Y en breve, se empezarán a notar también los efectos de los aranceles impuestos por Donald Trump para la exportación a Estados Unidos, que ha puesto patas arriba el panorama comercial mundial. A principios de este mes los empresarios vizcaínos agrupados en Cebek certificaban en una encuesta que casi el 30% de ellos preveía cerrar este año con un dato de facturación peor al previsto inicialmente. Este es el porcentaje más elevado desde la pandemia, lo que da idea de cómo se extiende el pesimismo entre el sector empresarial.

Lo cierto es que hay varios ejemplos de cómo ese momento complicado para las empresas, con caída de ventas y, por lo tanto, de resultados y beneficios se ha trasladado a la plantilla en forma de despidos. Por ejemplo, Bridgestone, en Basauri, con un ERE que afectó a 232 trabajadores. Unas salidas que la empresa fabricante de neumáticos justificó por la “compleja situación del mercado, junto con estos cambios estructurales que hacen necesario un ajuste de la capacidad productiva para poder competir en un entorno cada vez más exigente”. Pocas semanas después Serveo, una subcontrata que trabajaba para Bridgestone despedía a 14 trabajadores. Recientemente Maderas de Llodio ha propuesto el despido de 39 trabajadores, y de este mismo año son los 171 despidos y el cierre de Guardian en Llodio, o los despidos en Stadler, ubicada en Oñati. O empresas que han entrado en concurso de acreedores acuciadas por el endeudamiento, como es el caso de Astilleros Balenciaga, que se ha autorizado la venta a un consorcio que conforman Abu Dhabi Port Group y Premiere Marine, o el Grupo Ternua, para el que también se ha autorizado ya la venta de dos de sus divisiones, la propia Ternua, y Loreak Mendian.

Pero lo cierto es que, pese a estos casos, el mercado de trabajo en Euskadi está resistiendo mejor que en otras crisis, se sigue creando empleo y se está en récord de afiliados a la Seguridad Social. Y es en estos datos de empleo a lo que se aferran las instituciones para defender una fiscalidad que favorezca a las empresas. El problema es cuando esta fiscalidad para impulsar la inversión empresarial “acaba dejando la carga fiscal en los trabajadores”, a través de impuestos directos como el IRPF e indirectos como el IVA, que son los que crecen en recaudación, a diferencia de Sociedades, como denuncian desde la oposición, partidos como EH Bildu, o sindicatos como ELA, que piden desechar la última revisión fiscal aprobada por PNV y PSE-EE con el apoyo de Elkarrekin, y abordar una “reforma en profundidad”. “Es ”imprescindible acometer una reforma fiscal de calado“, porque el incremento de recaudación se produce ”a costa“ de la aportación de los trabajadores a través del IRPF y el IVA, decía este pasado jueves la apoderada EH Bildu en las Juntas Generales de Bizkaia Arantza Sarasola, que criticaba, además, que la revisión fiscal aprobada con Elkarrekin ”no ha querido tocar los intereses de quienes más beneficios tienen“. También desde EH Bildu en Gipuzkoa se criticaba que los datos muestran que ”10 de cada 100 euros recaudados por las Haciendas en 2024 fueron a través del impuesto de Sociedades y la previsión es que, este año, sean 7 de cada 100“. ”Es evidente que existe un problema estructural en el sistema fiscal de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, debido al desequilibrio existente entre las aportaciones de los trabajadores y las empresas con beneficios y/o de los ricos“.

En la misma se manifiesta el sindicato ELA, que en el informe de fiscalidad que publica cada ejercicio, lleva años criticando que la presión fiscal que tienen las empresas vascas es muy baja. ELA denuncia que con una caída de un 14% de la recaudación en Sociedades, “únicamente 7 euros de cada 100 van a provenir del impuesto de sociedades”. “El peso de la recaudación sigue recayendo en las rentas del trabajo y el consumo, ya que IRPF e IVA son los dos impuestos que más crecen, mientras las grandes empresas y patrimonios reducen su contribución real”, ha advertido. “La clase trabajadora sostiene el sistema fiscal, mientras las empresas se benefician de deducciones, exenciones y rebajas impositivas que erosionan la capacidad recaudatoria de las haciendas vascas”.

El sindicato además, asegura que el descenso de recaudación “no puede justificarse por una supuesta crisis empresarial”, porque “la economía vasca sigue creciendo, el empleo se mantiene estable y muchas compañías han registrado beneficios notables”. “La aportación empresarial al sostenimiento de los servicios públicos es cada vez menor, incluso en un escenario de expansión económica”, dicen.

Considera además que la reforma fiscal aprobada “agravará esta situación”, sobre todo cuando las propias instituciones han reconocido que la recaudación se reducirá en más de 300 millones de euros anuales como consecuencia de los cambios introducidos. “Esta pérdida se suma a una realidad ya preocupante: la presión fiscal en Euskadi sigue por debajo de la media europea y sería necesario recaudar más de 7.000 millones adicionales al año para equiparar la presión fiscal de Euskadi a la de los países del entorno”, ha asegurado. Por ello, ha exigido “la eliminación de exenciones y beneficios injustificados que favorecen a las grandes empresas, la implantación de un tipo mínimo efectivo real del 25% en el Impuesto de Sociedades, medidas contundentes contra el fraude y la elusión fiscal empresarial y un reparto justo de la carga fiscal, en el que quienes más tienen contribuyan más”.

El presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, y el de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, han hecho un llamamiento a las empresas de la región para que marquen la conocida como 'Casilla Solidaria', con el objeto de ceder el 0,7% del impuesto de sociedades que pagan a proyectos sociales.

Romero y Nicolás han hecho esta petición tras presentar en Toledo la campaña 'Casilla Empresa Solidaria' que, desde que se implantó en 2019 en la región, no ha dejado de dar buenos resultados: si en 2023 fueron 1.341 empresas de la región las que marcaron esa casilla solidaria, el pasado año lo hicieron 11.594.

“Hemos subido un 765%. Castilla-La Mancha se ha situado ahora mismo como la quinta autonomía con mayor incremento de empresas adheridas a la campaña”, ha celebrado Romero, que preguntándose si ese dato es suficiente, ha añadido que es preciso mejorar la estadística.

En 2024 se recaudó más de 1,2 millones de euros

En cuanto a la recaudación ha detallado que si en 2023 se recaudaron 807.000 euros, el año pasado aumentó a 1.214.000, un 198% más, un crecimiento, ha apostillado, que se ajusta a la tendencia nacional, donde se ha pasado de 33 en 2019, a 83 en 2023.

Dicho esto, ha explicado que con esos fondos las entidades que conforman el Tercer Sector gestionan proyectos a través de las convocatorias que saca la Consejería de Bienestar Social.

“El año pasado, gracias a esta recaudación, fueron más de 506 proyectos los que se pusieron en marcha y se pudieron beneficiar 213 entidades. Pero lo que es más importante, llegamos a más de 800.000 personas en situación de vulnerabilidad”.

El responsable del Tercer Sector en la región ha recordado que las empresas que suscriban la casilla 73 del modelo 200 o la 69 del modelo 220 obtendrán el sello de Empresa Solidaria, “que viene a refrendar esa sensibilidad y el compromiso de las empresas con los valores sociales y con las personas más vulnerables de la región”.

Mientras, Ángel Nicolás ha agregado que la firma de este convenio es un paso más en la trayectoria de colaboración con el Tercer Sector, al que quieren dar continuidad a través de actuaciones nuevas.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Nosotros estamos un tanto sorprendidos por la decisión del Gobierno de convocar una consulta pública sobre una operación de compra de una empresa privada por otra. Tras meses de declaraciones contrarias a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que ha presentado el BBVA sobre el Banco Sabadell, nos hemos encontrado con que el Gobierno de Pedro Sánchez en lugar de gobernar deja este asunto al albur de una consulta.

El 9 de mayo de 2024, BBVA lanzó una oferta de compra hostil por el Banco Sabadell. La operación se enfrentó desde el primer momento a la oposición del Gobierno, los partidos y las dudas del mercado. De hecho, el Gobierno salió a la palestra para asegurar que advirtió al banco vasco de su posición contraria a la compra del Sabadell antes de que la lanzara. Desde entonces no ha parado de escenificar su negativa a la OPA. Incluso, desde el Ministerio de Economía se trasladó a la presidenta del consejo de supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Claudia Buch, las “preocupaciones” respecto a la opa hostil. 

El Gobierno tiene motivos suficientes para poner pegas a la operación. La unión de BBVA y Sabadell acentuaría la falta de competencia en el sistema financiero español. Si sale adelante la operación, los tres grandes bancos concentrarán dos de cada tres depósitos en España. Eso sin contar que si se termina culminando puede suponer el despido de 5.000 empleados de la entidad resultante.

Sin embargo, pese a la clara concentración bancaria que supone el éxito de la OPA, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio luz verde, con una serie de condicionantes, a la oferta de compra de BBVA sobre Banco Sabadell. La decisión del organismo de Competencia dejó la pelota en el tejado del Ministerio de Economía, que tendrá que llevar la operación al Consejo de Ministros y modificar las exigencias o vetar la adquisición.

Con el posicionamiento que ha tenido ante la OPA, parecía claro que el Gobierno iba a frenar la operación, pero no. Sorpresivamente, este Ejecutivo no quiere gobernar. Tomando una decisión inédita alrededor de una operación entre empresas privadas, Pedro Sánchez anunció una consulta pública sobre la OPA. 

Para aumentar la confusión, “ciudadanos, asociaciones y organizaciones” pueden participar, pero el resultado no va a ser vinculante. Desde el Gobierno se intentó justificar alegando que es “un proceso habitual, y se quiere emplear para pulsar los intereses que hay en la sociedad”. Aquí puedes leer las claves de la consulta pública de la OPA del BBVA sobre Sabadell: quién participa, cuándo y sus consecuencias.

La pregunta principal de la consulta pública es la siguiente: “¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?”. Sorprendente, una vez que desde el Gobierno se ha repetido hasta la saciedad que su preocupación principal en esta operación era por un problema de competencia. Aquí te explicamos cómo son las preguntas de la consulta pública que ha puesto en marcha el Ejecutivo.

Sinceramente, no es serio. Hay temas más relevantes para los españoles que sí son merecedores de una consulta pública. Por ejemplo, la forma de Gobierno de nuestro país, si queremos una monarquía o una república.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no puede descargar sobre la ciudadanía un problema de competencia en una consulta con un buzón de sugerencias. No se puede gobernar así. La opinión de la sociedad es relevante, pero lo que se espera del Gobierno es que defienda a los ciudadanos como consumidores y los proteja de un mercado que no entiende de derechos.

El gráfico

Más de una semana después del gran apagón seguimos con el falso debate de la necesidad de las nucleares para sostener el sistema eléctrico español. La confusión sobre las razones del caos eléctrico ha recrudecido la batalla ideológica entre las renovables y la nuclear. El PP, al que el ministro Óscar Puente acusaba este viernes de “trabajar directamente” para las eléctricas y ejercer de “lobby de las nucleares”, ha intensificado su ofensiva para que el Ejecutivo cancele el cierre progresivo previsto a partir de 2027 con el primer grupo de la central de Almaraz (Cáceres). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control de este miércoles señaló que “vincular el debate a las nucleares es irresponsable y una gigantesca manipulación”.

Toda esta polémica viene por el interés económico de las grandes compañías eléctricas con intereses en la energía nuclear. No es una cuestión de seguridad de suministro, sino de márgenes de beneficio Por ejemplo, desde Endesa, que anunció este miércoles que en el primer trimestre de 2025 ganó 583 millones de euros, se subrayó que “no es solo cuestión de extender la vida [de las centrales nucleares] sino también de reducir los impuestos”. 

El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, negó que las nucleares fueran “una rémora” para la recuperación del sistema eléctrico en respuesta a las declaraciones en las que el presidente del Gobierno acusó a estas plantas de ser “más un problema que una solución” en esta crisis energética. Aunque, si se ve el gráfico de arriba se puede percibir cómo las centrales nucleares no aportaron energía eléctrica al sistema hasta casi dos días después. De hecho, la central nuclear de Almaraz no produjo electricidad desde el apagón. La planta aseguró que REE le había pedido “arrancar de manera urgente”; pero una semana después del apagón no lo había hecho y ultimaba su conexión tras un proceso “más largo” de lo previsto. 

Para ser un país competitivo, la energía tiene que ser barata. La fórmula para hacer más competitivas a nuestras empresas solo se puede lograr con fuentes renovables de energía. Por cierto, las renovables ya superan a la generación nuclear y fósil en más del 75% de los días.  

Una de las consecuencias del apagón del lunes 28 de abril fue el efecto que tuvo en el acceso a internet y en las comunicaciones telefónicas. La mayoría de los ciudadanos se encontró de repente que no tenían conexiones digitales, los teléfonos móviles resultaban prácticamente inútiles. Los usuarios de Starlink, la compañía de satélites de Elon Musk cuyos servicios son más independientes de la infraestructura terrestre, pudieron mantener el servicio de datos. El tráfico de datos de Starlink marcó cifras récord tanto en España como en Portugal el lunes del apagón y el martes siguiente, con tasas de uso hasta un 60% más altas de lo habitual. La pregunta es pertinente: ¿No debería tener España un sistema de satélites similar para asegurar las comunicaciones? ¿No sería más adecuado que una empresa como Telefónica fuera la compañía que tuviera una red de satélites que evitase el apagón de comunicaciones? Aquí tienes más información sobre cómo se disparó el uso de Starlink durante el apagón y demostró el papel del internet orbital.

El dato

24%

es el tipo efectivo que se paga de media sobre los beneficios de las empresas internacionales por el Impuesto de Sociedades, según un informe del EU Tax Observatory (el Observatorio Fiscal de la UE, en inglés). En el estudio de esta organización independiente se advierte de que el Impuesto de Sociedades se ha reducido cerca de cinco puntos desde 2014 para las multinacionales que operan en nuestro país. Esta reducción impositiva amplifica la reducción de los ingresos públicos, que ya sufren un agujero de alrededor de 9.000 millones al año por el traslado de parte de las ganancias de estas grandes compañías a guaridas fiscales. Aquí te contamos cómo el impuesto de Sociedades se ha reducido cinco puntos desde 2014 para las multinacionales.

Por cierto, esta grieta del sistema fiscal podría ser fácilmente solventada en el paquete legislativo que tiene pendiente de aprobar el Gobierno para dar por terminada la reforma impositiva. Aquí te contamos que entre las reformas pendientes que ha presentado el Gobierno a Bruselas está la retirada de “beneficios fiscales” como el del diésel.

 Hay crisis que provocan sospechas. El pasado domingo un robo de cable en diversos puntos de Toledo derivó en un nuevo terremoto para las operaciones ferroviarias. No es extraño que desde el Ministerio de Transportes se hable de sabotaje, aunque también es cierto que no es la primera vez que un robo de cobre interrumpe la circulación ferroviaria. En esta ocasión lo que provoca más dudas es que el pillaje fue de unos 150 metros de cable de cobre con un valor de 300 euros, aunque las consecuencias fueron trenes que no pudieron llegar a su destino y miles de viajeros afectados en el regreso del puente del Primero de Mayo. Sospechas aparte, es necesario que el Gobierno se tome en serio la seguridad de las infraestructuras y ponga medidas adicionales. Aquí te explicamos cómo el robo de cables de cobre por 300 euros ahonda los problemas ferroviarios.  

Cada vez que habla sube el pan

Si durante la emergencia sanitaria avalamos a empresas y autónomos, ahora, ante la emergencia habitacional, vamos a avalar a nuestros jóvenes y a nuestras familias con menores a cargo

Pedro Sánchez — Presidente del Gobierno

No hay nada que objetar a las palabras de Pedro Sánchez en mayo de 2023. El problema es que casi dos años después, al cierre de abril, el aval solo ha llegado a 3.722 personas. La concesión de avales de hasta el 20% para la compra de la primera vivienda para jóvenes y familias con menores a cargo no se puede decir que esté siendo un éxito. Para empezar, aunque se anunció hace dos años, entró en vigor hace uno y los bancos se han ido sumando poco a poco a la medida. La línea de financiación es de 2.500 millones de euros pero se han financiado compras de viviendas por valor de 459 millones, es decir, si los avales han sido por la horquilla máxima del 20% estamos hablando de que solo se han utilizado unos 90 millones, lo que representa menos del 4% del total previsto en la línea de financiación. Con el grave problema de vivienda que tienen los españoles, especialmente los jóvenes, es necesario darle una vuelta a las condiciones de la medida para que más ciudadanos puedan tener acceso a la compra de vivienda. Aquí te explicamos por qué los avales del Gobierno para la primera vivienda llegan a solo 3.700 jóvenes dos años después de anunciarlos.

Bien Público

Nuevo récord histórico de personas con trabajo en España. Es difícil hablar de caos de gestión y de desastre cuando se ha conseguido que 21,5 millones de personas tengan empleo en nuestro país, aquejado de un problema de desempleo durante años. Tenemos ahora el reto de implementar la reducción de la jornada laboral. Aquí puedes leer diez claves del proyecto de ley que tramitará el Parlamento. Pactado con los sindicatos y sin la patronal, es un punto de partida con el que el Gobierno se abre a cambios: “Negociación toda, el margen es absoluto”. De momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está cediendo algo de terreno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este martes tras su aprobación en el Consejo de Ministros que todas las empresas tendrían de plazo hasta final de año para reducir la jornada laboral a 37 horas y media.

El principal problema del Gobierno para sacar adelante la medida está en la derecha, especialmente en Junts. La formación independentista de derechas que lidera Carles Puigdemont se ha colocado como principal opositor a la medida. Quien es de derechas, es de derechas aunque se disfrace con la estelada. No es de extrañar el enfado del líder de CCOO con la formación catalana: “Es más inútil que la última tostada del pan Bimbo”. La declaración de Unai Sordo provocó una insólita respuesta de Puigdemont, que tiró de recetas “de chatCPT”. Ahora que el Gobierno le ha dado por consultar cosas insólitas y Junts es tan amigo de las urnas, ¿por qué no hacen una consulta sobre la reducción de la jornada laboral?

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Se acabó este boletín. Volveremos el próximo jueves con más noticias económicas. Si tienes una propuesta o una idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

Un informe del EU Tax Observatory (el Observatorio Fiscal de la UE, en inglés) advierte de que el impuesto de Sociedades se ha reducido cerca de cinco puntos desde 2014 para las multinacionales que operan en España. Una rebaja que ha menguado los ingresos públicos de nuestro país, agravando el agujero de alrededor de 9.000 millones al año por el traslado de parte de las ganancias de estas grandes compañías a guaridas fiscales, según ha denunciado recientemente otro informe de la Tax Justice Network.

El estudio de la organización independiente EU Tax Observatory, con datos hasta 2022 y publicado este martes, calcula que las reformas de los últimos años en el tributo sobre los beneficios de las empresas internacionales han rebajado el tipo efectivo que pagan en España al 24% de media. El informe recoge datos de casi 22.000 filiales de multinacionales con negocio en nuestro país, y reconoce que este tipo medio es inferior en el caso de las empresas más grandes.

“La competencia fiscal dentro de la UE ejerce una presión a la baja sobre el impuesto de Sociedades”, lamenta el estudio, que firman los investigadores Jules Ducept, de la UniversitParis-Saclay, y Sarah Godar, de la DIW Berlin.

Este trabajo, que se extiende a todos los socios comunitarios, comenta que “se observa que los gobiernos de todo el espectro político han contribuido a la tendencia de aplicar más reformas de reducción de la base imponible [la parte de los beneficios de las empresas sobre la que se paga el impuesto de Sociedades] que de ampliación de la misma”.

Sin embargo, según continúan estos expertos, “las preferencias políticas parecen seguir desempeñando un papel, ya que los gobiernos de izquierdas se inclinaron menos por aplicar recortes de los tipos impositivos y mostraron una proporción más equilibrada entre las reformas de reducción de la base imponible y las de ampliación de la misma, en comparación con los gobiernos de derechas”.

El único gran impuesto que no está en máximos

En España, el impuesto de Sociedades recaudó casi 40.000 millones en 2024, un récord desde 2007. La cifra es relevante, pero también lo es que los beneficios de las empresas han crecido mucho más que los ingresos por este tributo en los últimos años y que es el único impuesto entre los que más recaudan (junto a IRPF y el IVA) que no está en máximos históricos. Las razones tienen que ver con deducciones y compensaciones legales y diseñadas para apoyar la actividad del sector privado, según apunta el informe del EU Tax Observatory, pero también con la fuga de parte de las ganancias corporativas a guaridas fiscales, entre las que destacan las islas caribeñas y atlánticas, pero también Países Bajos, Irlanda, Suiza o Malta. 

La semana pasada, en el informe de “progreso anual 2025” que el Gobierno envió a la Comisión Europea, se recoge que “el impuesto sobre Sociedades experimentó un notable crecimiento debido al buen resultado de los beneficios en 2024 y al fuerte crecimiento de las retenciones por rentas de capital mobiliario (dividendos, intereses de los depósitos...) y las derivadas de ganancias patrimoniales en fondos de inversión” de las compañías.

Además, el documento del Ejecutivo avisa de que “cabe señalar que la recaudación se ha visto lastrada por el efecto negativo de las sentencias del Tribunal Constitucional que declararon inconstitucionales, por defecto de forma, algunas de las medidas del Real Decreto-ley 3/2016 y del 2/2016”. Es decir, de reformas abordadas por los gobiernos del PP de Mariano Rajoy. “Estas medidas, no obstante, han sido reintroducidas mediante la Ley 7/2024”, prosigue el actual Gobierno.

Dentro del paquete de medidas fiscales propuesto por el Ejecutivo en 2024, el Congreso aprobó un impuesto a la banca por al menos tres años, pero rechazó el tributo sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas. Los socios de las derechas nacionalistas del Gobierno de coalición se unieron al PP, Vox y UPN en contra de la prórroga del gravamen temporal a Repsol, Cepsa o Naturgy, lo que significa que las ‘arcas públicas’ dejan de ingresar cerca de 1.000 millones al año.

Fiscalidad internacional

En los últimos años, en el marco de la OCDE (uno de los principales foros de las economías desarrolladas), se han producido importantes avances para mejorar la coordinación fiscal mundial, incluso se ha llegado a un acuerdo para un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades (que grava los beneficios de las empresas) para las multinacionales con más ingresos. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una patada a estos pactos, sacando a su país del acuerdo, poco después de tomar posesión por segunda vez. Este giro puso en cuestión este suelo para la tributación de las empresas, que España aprobó a finales de 2024 y que pretende reducir la pérdida de recaudación.

El pacto “de la OCDE es importante y la UE seguirá con este trabajo diligentemente junto con los Estados miembros y todos nuestros socios internacionales”, señaló el comisario europeo de Fiscalidad, Wopke Hoekstra, hace algunas semanas.

El exministro de Finanzas neerlandés defendió que este acuerdo de la OCDE “garantiza que cada contribuyente pague una parte justa de impuestos” y “disuade a las multinacionales de mover sus beneficios por todo el mundo para explotar las lagunas” fiscales. “No es un tema europeo, es internacional y debería preocuparnos a todos”, subrayó Hoekstra, para después añadir que este acuerdo “también establece un nivel mínimo” en el impuesto de sociedades con el objetivo de “evitar que los países se embarquen en carreras a la baja” en la tributación corporativa.

“Trump no solo ha acabado con las débiles reformas fiscales de la OCDE, sino que está amenazando efectivamente con desechar todo lo construido durante el último siglo y llevar al mundo de nuevo a la época de los 'robber baron' [los 'barones ladrones', como se denominaba en el siglo XIX despectivamente a los empresarios que se enriquecieron sin ningún escrúpulo]”, lamentó la Tax Justice Network, en un contundente comunicado tras la investidura de Donald Trump.

El Congreso de los Diputados aprobó esta Ley del suelo del 15% en Sociedades en diciembre de 2024, al igual que lo han hecho todos los socios de la UE y según se comprometieron en 2021 hasta 140 países y jurisdicciones en total. Su funcionamiento se entiende con un ejemplo: el tipo mínimo del 15% global es un suelo en el impuesto de Sociedades para Ferrovial en España y en Países Bajos, lo que desincentivaría su traslado de un país a otro, pero es que, además, contempla que si el grupo de infraestructuras acaba pagando un 10% en el país del norte de Europa, nuestra Hacienda pueda reclamarle el 5% restante. El problema es que Estados Unidos es un actor crucial, y muchas multinacionales son estadounidenses.

La Audiencia Nacional ha sentenciado que el periodista Carlos Herrera tributó más de dos millones de euros de forma incorrecta cuando dirigía el matinal de Onda Cero hace ahora casi dos décadas. Los jueces, en una resolución adelantada por El Confidencial y a la que ha tenido acceso elDiario.es, certifican que el comunicador usó hasta cuatro empresas para canalizar sus ingresos entre 2006 y 2007, consiguiendo tributar más dinero por el Impuesto de Sociedades y evitando así los tipos más altos del IRPF.

La decisión llega después de una primera sentencia del Supremo que ya sancionó en firme está práctica del hoy director de las mañanas de la COPE. Esta nueva resolución judicial de la Audiencia Nacional todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo.

Esta segunda sentencia deriva de la misma inspección que ya examinó hace más de un año el Tribunal Supremo, aunque en ese caso los jueces analizaron la tributación de sus empresas y ahora las declaraciones fiscales personales del periodista. En este segundo pleito, que según la propia Audiencia Nacional alcanza los 2,1 millones de euros, los magistrados de lo contencioso han estudiado el “entramado empresarial” de cuatro sociedades a través de las cuales ingresó los beneficios de su trabajo y cómo distribuyó esas cantidades para, en la práctica, pagar menos impuestos.

En 2006 sus empresas le terminaron pagando 394.000 euros y en 2007 esa cantidad llegó a los 402.000 euros, pero el valor real de su trabajo era mucho mayor según Hacienda y los jueces: más de dos millones el primero año y 1,7 millones el segundo. Todo el dinero que no fue directamente a sus bolsillos circuló entre sus empresas y tributó por los tipos más bajos del Impuesto de Sociedades.

La Audiencia Nacional explica que el Tribunal Supremo ya estableció en 2023 que Herrera, en ese momento, usaba cuatro sociedades distintas para canalizar ingresos por lo que, en esencia, era una trabajo “personalísimo” que solo él podía realizar y al que nada añadían sus empresas. Solo la capacidad de pagar menos impuestos. Un “entramado empresarial”, reiteran ahora los jueces para confirmar el criterio de la Hacienda pública.

Su empresa, explica la Audiencia, “actuó como mera gestora del cobro” ya que el trabajo “no es atribuible a ella sino al socio, en cuanto que fue quien realmente desarrolló los trabajos facturados a los clientes”. A lo largo del proceso, la defensa del locutor defendió que sus sociedades “ejercen su actividad independientemente del recurrente” y discutió, además, el método usado por Hacienda para calcular el valor real de mercado de su actividad profesional.

Las dos peritos de la Agencia Tributaria que descubrieron el fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, han ratificado este viernes ante la jueza que el comisionista usó facturas falsas para defraudar 350.000 euros, informan a elDiario.es fuentes conocedoras del contenido de su comparecencia. 

En un momento de la declaración, el abogado de González Amador ha preguntado a la instructora del expediente si ella y su compañera conocían que su defendido era pareja de Ia presidenta madrileña mientras realizaron la inspección. Las técnicas han negado que supieran quién era González Amador entonces y han añadido que, en cualquier caso, su relación sentimental con Díaz Ayuso es irrelevante para un inspector de Hacienda si no están casados o son pareja de hecho.

La declaración de la instructora del expediente, que ha explicado el informe de forma pormenorizada, se ha extendido durante casi tres horas. La inspectora ha respondido a las preguntas de todas las partes y la defensa del empresario valora ahora la posibilidad de presentar su propio informe pericial. La otra funcionaria, cuya declaración ha sido más breve, también ha ratificado las conclusiones de la investigación tributaria, de acuerdo a las fuentes consultadas.

El abogado del investigado ha mostrado a las funcionarias fotografías de los viajes que realizó González Amador, según él para cerrar los trabajos correspondientes a las principales facturas falsas que detecta Hacienda. La instructora ha respondido que conoce las fotografías, entre ellas de un viaje a Costa de Marfil y reuniones con sus autoridades. Sin embargo, la perito ha añadido que esas fotos no tienen ninguna relevancia para acreditar que las facturas no sean falsas y respondieran a trabajos reales.

Por su parte, el fiscal del caso ha preguntado a las técnicas de Hacienda si el asesor fiscal de González Amador podía ser conocedor de las irregularidades, presuntamente delitos, que estaba cometiendo el empresario al declarar a Hacienda con facturas falsas. Las peritos de Hacienda han contestado afirmativamente. Se da la circunstancia de que la Fiscalía ha pedido recientemente a la jueza que cite como investigado al asesor fiscal Javier Gómez Fidalgo por su presunta participación en los delitos fiscales de su cliente.

El informe de la Agencia Tributaria que dio origen a la querella de la Fiscalía atribuye a González Amador dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. También le imputa falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas con el objetivo de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades.

En total, sus compañías presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. Fue el método utilizado para desgravar gastos que nunca se realizaron, reducir los beneficios declarados al fisco y pagar 350.000 euros menos en impuestos durante dos anualidades. Los elevados ingresos de González Amador respondían a que había cobrado casi dos millones de euros por intermediar entre dos empresas españolas en la compraventa de material sanitario en lo peor de la pandemia. 

El directivo de Quirón Fernando Camino administra la empresa que compró las mascarillas en el pelotazo de 2 millones. Camino fue uno de los fundadores de la empresa pantalla que González Amador usó en 2021 para canalizar parte del fraude. La investigación comenzó a raíz de las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 que reflejaban un incremento de la facturación de las empresas de la pareja de la presidenta madrileña a partir de 2020, el primer año de la pandemia. En ese ejercicio sus ventas se multiplicaron por más de seis, hasta 2,3 millones, según sus cuentas anuales. Pese a ello, ante Hacienda declaró solo 8.400 euros de beneficio, tras anotarse gastos que no se correspondían con la realidad.

La declaración de los peritos de la Agencia Tributaria es habitual en las investigaciones por delitos económicos. Las técnicas han ratificado las conclusiones del informe del que dieron traslado a la Fiscalía cuando advirtieron que el fraude de González Amador superaba los 120.000 euros por ejercicio y, por tanto, constituía delito. 

El trabajo de las peritos de Hacienda se prolongó 18 meses. El análisis del contenido total de su inspección sirvió para que la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, propusieran la apertura de una pieza separada que investigara nuevos delitos que ellos apreciaban en todos esos documentos recabados por Hacienda. La magistrada rechazó en un primer momento hacerlo, pero tras un recurso presentado ante ella por los partidos, lo reconsideró y abrió una pieza separada, aunque no por todos los delitos que apreciaban las acusaciones populares.

La apertura de esa pieza separada fue recurrida por la defensa de González Amador, pero la Audiencia Provincial de Madrid avaló el pasado 3 de marzo que la investigación contra la pareja de Ayuso se amplíe a su relación comercial con el grupo sanitario Quirón. “Las operaciones económicas y jurídicas realizadas podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta”, explicaron los jueces. El empresario está citado para comparecer en el marco de esta pieza el próximo 10 de abril. 

Alberto González Amador vivió en el anonimato los primeros compases de su relación con Isabel Díaz Ayuso. Un “técnico sanitario”, según vendió el entorno de la presidenta madrileña a la crónica rosa, que en realidad era un empresario y comisionista que hizo fortuna durante lo peor de la pandemia con las mascarillas. La exclusiva publicada hace un año por elDiario.es reveló que detrás del 'ciudadano particular' se escondía 'Alberto Quirón', acusado de defraudar 350.000 euros usando facturas falsas y ahora también de sobornar a un directivo del gigante sanitario Quirón. También que él y la presidenta madrileña viven en un piso y disfrutan de un ático por el que no se sabe cuánto pagan ni a quién. El empresario se enfrenta a un doble proceso judicial mientras su estrategia legal paralela va camino de sentar en el banquillo al fiscal general del Estado por revelación de secretos.

La primera exclusiva de elDiario.es reveló que la Fiscalía había denunciado a González Amador por fraude fiscal y falsedad documental. Porque durante la pandemia había ganado más de dos millones de euros intermediando en operaciones de compraventa de material sanitario, pero había elegido, además, pagar lo menos posible a Hacienda. La investigación ha demostrado que usó un entramado de facturas falsas y empresas pantalla para imputar gastos inexistentes a su empresa, Maxwell Cremona, y en la práctica redujo drásticamente su factura del Impuesto de Sociedades.

La denuncia y la apertura de una causa judicial llegaron después de más de un año de exhaustiva investigación por parte de la Agencia Tributaria, donde saltaron las alarmas al ver que la facturación de González Amador se había multiplicado mientras que su factura fiscal, incluso, había descendido con respecto a años anteriores. En la lista de denunciados por la Fiscalía están él, su empresa y también los que supuestamente colaboraron para hacer las facturas falsas. Y en la nómina de trabajos tan facturados como inexistentes hay intentos fallidos de vender vacunas a Costa de Marfil, un presunto testaferro mexicano difícil de localizar e incluso el intento de desgravarse un saxofón. La sota, el caballo y el rey, según la Fiscalía y Hacienda, del fraude fiscal.

Una investigación en la que este periódico ha desvelado que Isabel Díaz Ayuso y su pareja viven en dos pisos: el que compró González Amador en Chamberí después de dar el pelotazo de las comisiones en la pandemia, y el ático de lujo ubicado justo encima. Un ático por el que no se sabe cuánto pagan ni tampoco a quién y que es propiedad de un empresario conectado con Fernando Camino. El directivo de Quirón que propició su pelotazo de la pandemia y a quien sobornó la pareja de Ayuso, según la Fiscalía y las acusaciones populares.

El último movimiento de la Fiscalía ha sido pedir una nueva imputación a la jueza: la de Javier Gómez Fidalgo. El fiscalista que representó a González Amador mientras estaba siendo investigado por Hacienda y que, según el Ministerio Público, realizó afirmaciones “falsas” durante la inspección. También es el administrador de la sociedad propietaria del ático del que disfrutan el empresario y la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La causa contra González Amador se ha desarrollado a un ritmo extraordinariamente lento en el juzgado de instrucción 19 de Madrid. La magistrada no tomó declaración al empresario hasta su quinto intento, cuando el primer aniversario de la apertura de diligencias estaba a punto de cumplirse. El empresario se acogió a su derecho a no declarar y la instructora, 12 meses después de asumir el caso, ha tocado a rebato y ha puesto en marcha las diligencias habituales en casos de evasión fiscal para llevar el caso a juicio: que comparezcan los peritos que certificaron el fraude para ratificar sus informes.

En origen, ni la Fiscalía ni la Agencia Tributaria ni el propio González Amador tenían muchas dudas sobre cómo iba a terminar este asunto: con una condena. El propio empresario fue dejando pistas a lo largo del proceso. Intentó retirar varias facturas falsas e incluso pagar sus deudas fuera de plazo, pero Hacienda le explicó que nada de eso iba a evitarle la llamada del juzgado. Fue entonces cuando Alberto González Amador y su abogado cogieron el camino más rápido e indoloro: reconocer los hechos, pagar su deuda, evitar la cárcel y zanjar el asunto lejos de los focos.

La pareja de Ayuso hizo su primera oferta de pacto en febrero de 2024. Un mes antes de ser denunciado, ya reconoció los hechos y se ofreció a pagar medio millón y aceptar ocho meses de condena a prisión a cambio de no pisar la cárcel. Su abogado, Carlos Neira, no era ningún desconocido para la Fiscalía y recibió un trato exquisito del Ministerio Público: se le remitió la denuncia por correo electrónico, comentaron en persona el asunto y la Fiscalía de Madrid ni siquiera se dio cuenta de que era la pareja de Ayuso.

No se emitió un comunicado sobre su caso y eso mostró a González Amador la luz al final del túnel: si lo zanjaban todo con un acuerdo ante un juzgado de lo penal, nadie tenía por qué enterarse de nada. Nadie entraría a la cárcel, nadie recurriría, nada trascendería a las bases de datos públicas y todo sería un secreto entre el empresario, el juez, el fisco y la Fiscalía.

La confesión de González Amador

El 12 de marzo de 2024 la estrategia silenciosa de González Amador saltó por los aires después de que elDiario.es revelara el caso. Fue entonces cuando su pareja Isabel Díaz Ayuso, el Partido Popular y altos cargos de la Comunidad de Madrid asumieron la defensa del empresario. Todos mintieron durante semanas, afirmando que todo era una persecución del Estado contra un “ciudadano particular”, que no había cometido ninguna ilegalidad y que, incluso, era Hacienda la que debía dinero al comisionista.

La confesión de González Amador no se conoció hasta la última hora de la noche del 13 de marzo, casi 24 horas después de que elDiario.es destapara el caso. Los detalles completos no trascendieron hasta tiempo después. Durante todos esos días la presidenta madrileña y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, estuvieron mintiendo a sabiendas: sabiendo que su pareja ya había confesado los hechos ante la Fiscalía y que llevaba más de un año siendo investigado cuando nadie, ni en Hacienda ni en el Ministerio Público, sabía que era pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso en la Comunidad y figura histórica de la comunicación política del PP desde los primeros años de José María Aznar, asumió personalmente la defensa de González Amador –a quien tenía guardado en la agenda como “Alberto Quirón”– haciendo lo que mejor sabe hacer. Rodríguez amenazó a elDiario.es, inventándose que periodistas de este medio habían intentado entrar encapuchados en casa de la presidenta madrileña y, finalmente, difundiendo la madre de todos los bulos: que la Fiscalía le había ofrecido un pacto, pero después lo había retirado por órdenes de la cúpula.

Rodríguez remitió esa información a decenas de periodistas en la tarde del 13 de marzo sabiendo que era mentira. Porque un día antes el propio González Amador le había remitido un correo que el fiscal Julián Salto había escrito a su abogado, donde no se ofrecía un pacto ni se daba cerrojazo a las conversaciones. La publicación de esa versión falsa de los hechos, primero parcialmente por El Mundo y después sin matices por parte de otros medios, llevó a la Fiscalía a recabar la información del caso con un comunicado.

Todas las fiscalías implicadas, tanto la General como la de Madrid, concluyeron esa noche que había que desmentir los hechos. Pero la primera apostó por hacerlo rápido y pedir esa misma noche toda la información al fiscal Salto, mientras que la de Madrid apostó por esperar para desmentir el bulo. Al día siguiente se emitió un comunicado con algunos detalles del caso que fueron inmediatamente denunciados por González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid.

El fiscal general, al borde del banquillo

Ese comunicado se transformó en una causa judicial por revelación de secretos que, meses después, ha terminado en el Tribunal Supremo con el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid imputados y a la espera de lo que parece inevitable: que el caso llegue a juicio. Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez han negado con rotundidad haber filtrado detalles a la prensa –como el email con la confesión que fue publicado por varios medios– después de que el juez Ángel Hurtado haya ido variando el objeto de la investigación del comunicado a la filtración y vuelta al comunicado.

Una causa que arrancó con un bulo lanzado desde el teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, uno de cuantos difundió esos días con ayuda de diversos medios de comunicación, y que ha avanzado a un ritmo mucho más rápido que la acusación de fraude fiscal contra González Amador. Todo mientras el empresario y sus abogados presentan demanda tras demanda contra los políticos, periodistas y partidos que se han referido a él como “defraudador confeso”.

Un año en el que, por tanto, Alberto González Amador y su entorno han ganado, sin duda, la batalla del calendario: sus iniciativas judiciales han obtenido resultados mucho antes que su acusación de fraude fiscal. Pero en las últimas semanas el empresario se ha encontrado con un problema que ha vuelto a hacer saltar el tablero con todas sus fichas: una segunda investigación por su relación económica con el gigante sanitario Quirón.

Un presunto soborno

Tal y como ha ido detallando elDiario.es en el último año, González Amador tiene un cliente principal: Quirón Prevención. Y dentro de sus múltiples relaciones comerciales con el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, la pareja de Isabel Díaz Ayuso está siendo investigado por las operaciones comerciales relacionadas con Fernando Camino, uno de sus directivos. Sobre todo si compró una empresa de su mujer muy por encima de su valor real y si lo hizo, como sospechan la Fiscalía y las acusaciones de PSOE y Más Madrid, a modo de soborno.

Después de muchos meses, la causa contra González Amador ha revivido y el empresario se encuentra en una encrucijada. La de decidir si mantiene su pacto con la Fiscalía en la causa por fraude fiscal mientras se expone a una segunda investigación por más delitos, una causa con un alcance imprevisible. Los plazos, mientras tanto, corren a su favor y ha pedido que la investigación primigenia se suspenda.

Isabel Díaz Ayuso y su entorno político han tenido que cambiar el tono de su defensa ante la apertura de una segunda causa que lleva el nombre de uno de los gigantes sanitarios del país y con una relación especialmente estrecha con la Comunidad de Madrid. “Es de los mejores grupos sanitarios de Madrid”, defendió la presidenta en la Asamblea regional. La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la apertura de esta pieza separada.

La causa que arrancó con una acusación por fraude fiscal, al cabo de un año, se ha convertido en una hidra de muchas cabezas. Lo que parecía una apuesta segura y discreta de González Amador por el pacto se ha convertido en una doble causa judicial que explora sus relaciones con el grupo Quirón. Los intentos de la Fiscalía por desmentir los bulos de Miguel Ángel Rodríguez se han convertido en una causa judicial en la que el abogado del empresario ha intentado que varios periodistas revelen sus fuentes. Y dos decenas de políticos, periodistas y partidos esperan turno en los juzgados y tribunales para explicar por qué llamaron defraudador o delincuente confeso a un hombre que había reconocido que “ciertamente” había cometido dos delitos fiscales.

Fuera del juzgado, la exclusiva de elDiario.es ha planteado una serie de preguntas sobre cómo la vida de Isabel Díaz Ayuso se ha cruzado con el fraude fiscal de Alberto González Amador. Dudas sobre quién paga y cuánto paga por el ático del que disfrutan ella y su pareja, a nombre de una sociedad cuyo rastro lleva a un fiscalista conectado, nuevamente, con Fernando Camino.

La denuncia por fraude fiscal contra Alberto González Amador ha tardado 365 días en transformarse en dos causas judiciales contra él, otra contra el fiscal general del Estado y decenas de causas penales y civiles abiertas contra los que se han referido a él como un “defraudador confeso”. Un año en el que se ha descubierto que, en realidad, el “técnico sanitario” era un comisionista que ganó millones de euros durante la pandemia y usó facturas falsas y empresa pantalla para, según reconoció él mismo por escrito, pagar a Hacienda lo menos posible.

Los abogados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso han movido ficha después de que la Justicia haya avalado una segunda investigación contra él: por sus cobros del gigante sanitario Quirón durante la pandemia. La defensa de Alberto González Amador entiende que esta nueva ramificación del caso es incompatible con su imputación por fraude fiscal: si los cientos de miles de euros que obtuvo de esa empresa responden a algo ilegal, explica el empresario, no son cantidades por las que deba pagar impuestos y, por tanto, sus deudas fiscales quedarían por debajo del umbral del delito.

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado esta semana el recurso con el que González Amador pretendía frenar la nueva pieza separada abierta contra él en el juzgado. Una investigación por la compra de una empresa a la esposa del presidente de Quirón Prevención, medio millón de euros a cambio de una empresa “que carece de valor”, sin empleados ni apenas activos. Lo que las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid y la Fiscalía definen como un posible “soborno” o, incluso, una “comisión”.

La causa principal por el fraude fiscal de más de 350.000 euros ha estado paralizada durante meses a petición del propio González Amador a la espera de esta resolución sobre la pieza separada. Una vez recibida luz verde del tribunal, la respuesta del empresario ha sido pedir de nuevo la paralización de la causa principal, pero en esta ocasión usando un nuevo argumento: si el dinero que cobró de Quirón en esos años viene de un delito ya no puede ser investigado por defraudar impuestos.

“Los ingresos con origen delictivo objeto del proceso penal no deben dar lugar a su tributación”, explican los abogados de González Amador en un escrito citando una sentencia del Tribunal Supremo de 2001. La del conocido como 'caso Urralburru', una de las causas judiciales en torno al exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán. Un caso en el que el socialista Gabriel Uralburru fue encarcelado por cobrar comisiones millonarias a cambio de conceder obras públicas cuando era presidente de la comunidad foral.

La defensa de González Amador explica que en 2020 cobró 275.000 euros de Quirón Prevención y otros 722.000 euros más el año siguiente. Si fuera algún tipo de cobro ilegal, añade, las cuotas del Impuesto de Sociedades por esas cantidades tendrían que ser descontadas del fraude fiscal que se le atribuye en la causa principal. El resultado, según sus cuentas, es que ni en 2020 ni en 2021 superaría el límite de 120.000 euros que marca el Código Penal para hablar de un delito contra la Hacienda Pública.

El empresario ha pedido a la magistrada poder declarar por esta segunda causa “tan pronto como lo permita la agenda del juzgado” para “clarificar cualquier extremo relacionado” con esas diligencias. Mientras tanto, explica, la causa por el fraude fiscal debe suspenderse “al resultar incompatible la existencia de delito fiscal alguno con que el origen de los ingresos de Quirón Prevención S.L. sean fruto de una actividad delictiva”.

González Amador compareció hace unas semanas en el juzgado para acogerse a su derecho a no declarar en la causa que investiga si usó un entramado de facturas falsas y defraudar, entre 2020 y 2021, más de 350.000 euros en el Impuesto de Sociedades. La magistrada ha decidido impulsar el caso después de cuatro intentos fallidos para tomarle declaración y próximamente comparecerán los peritos de Hacienda que constataron las ilegalidades fiscales que el propio abogado del empresario reconoció por escrito ofreciendo un pacto a la Fiscalía incluso antes de ser denunciado.

Dos sentencias judiciales certifican que Simón Casas, antiguo torero y empresario clave de la tauromaquia española, usó durante varios años una “sociedad pantalla” para pagar menos impuestos. El Tribunal Superior de Madrid ha confirmado las acusaciones de Hacienda contra él por recurrir a “prácticas contables confusas” en sus empresas para ocultar parte de sus ingresos “de una manera deliberada” entre 2013 y 2014 y, en la práctica, pagar menos impuestos. Las resoluciones, que todavía pueden ser recurridas, no especifican cuánto dinero se ahorraron las empresas de Casas y el propio empresario en esos dos años analizados, poco antes de empezar a gestionar la plaza de toros de Las Ventas en Madrid.

Bernard Simon Domb Dit Casas (Nimes, 1947) debutó como torero en la década de los 60 del siglo pasado y con el paso de los años se convirtió en una de las figuras claves en el mundo del toro como apoderado, ganadero y también empresario del sector. Por sus manos han pasado plazas de toros como las de València, Alicante, su localidad natal en Francia y, desde 2016, la Monumental de Las Ventas. Actualmente administra esta última plaza, la más grande de todo el país, en unión empresarial con Rafael García Garrido, accionista mayoritario de la gestora Plaza 1.

La Agencia Tributaria puso la lupa sobre sus empresas, sus ingresos y sus facturas fiscales en los años 2013 y 2014. Una de ellas es Servicios Taurinos Integrales (STI) y la otra es Simón Casas Apoderamiento (SCA), unidas a través de la figura del extorero, administrador de ambas sociedades. La primera era la que, sobre el papel, se encargaba de negocios como la explotación de las plazas de toros de Nimes, Alicante o València pero, en realidad, no tenía ni trabajadores ni medios y era la segunda empresa la que, en realidad, prestaba esos servicios de forma efectiva. Y dentro de esa segunda empresa todo giraba en torno al trabajo de Simón Casas.

Los mismos jueces de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazaron a finales de diciembre los recursos que sus dos empresas presentaron contra las liquidaciones de la Agencia Tributaria. Dos resoluciones que concluyen, con argumentos idénticos, que la empresa que facturaba los servicios era una “mera pantalla” y que la segunda también era un instrumento para canalizar los servicios e ingresos de Simón Casas. El resultado fue, según los jueces, una “ventaja fiscal evidente” con un objetivo: “Eludir los tipos impositivos más altos en el IRPF que el tipo general del Impuesto sobre Sociedades”, además de intentar deducirse gastos como viajes, hoteles o la limpieza del domicilio del empresario.

Ninguna de las dos sentencias refleja las cantidades de las liquidaciones de Hacienda que ahora confirman los jueces: el dinero que sus empresas tributaron incorrectamente y que el empresario pagó de menos en el IRPF. Pero sí concluyen que, como en el caso de comunicadores como Carlos Herrera o el youtuber El Rubius, las sociedades no aportan “ningún valor añadido” frente al trabajo de Casas, que además cobró mucho menos dinero que el facturado realmente por sus empresas. Todo eso, afirman los jueces, “ha supuesto una menor tributación en la persona física, defraudando a la Hacienda Pública unas cuotas tributarias superiores a las efectivamente satisfechas”. Casas no ha respondido a la petición de información de elDiario.es sobre este asunto.

En esos dos años, la sociedad STI no tenía ni trabajadores: “No realiza ninguna gestión de espectáculos taurinos” y es “una sociedad instrumental”. Y la empresa SCA, detallan estas sentencias, “factura utilizando exclusivamente los servicios profesionales” del extorero. Simón Casas, recuerda el TSJ de Madrid, “es una persona de reconocido prestigio dentro del mundo del toreo y es a quien en definitiva buscan los clientes” y sus servicios “no han sido valorados a precio de mercado” para que una parte de esos ingresos tributen a tipos más bajos por el Impuesto de Sociedades. Los otros tres empleados de la empresa SCA, explica, prestan “apoyo y colaboración” pero esa entidad “es contratada porque Casas presta en ella servicios como profesional dentro del mundo del toro”.

Las “prácticas contables confusas”

Los jueces del TSJM desestiman en ambas sentencias los argumentos de las empresas vinculadas a Casas. Por ejemplo, que se trata de un grupo de sociedades con un sistema financiero de “caja centralizada” o alegando que existían préstamos entre ellas. Esos “préstamos”, que en uno de los años superaron el millón de euros de trasvase de fondos, “tienen la finalidad de ocultar ingresos de la entidad y, en último término, ocultar la retribución profesional de servicios prestados por el socio y administrador”, explican los jueces. El dinero que recibió la empresa pantalla de la otra no era un préstamo, sino “rentas no declaradas”.

Hacienda también optó por sancionar económicamente a una de sus empresas, aunque ninguna de las dos sentencias refleja la cantidad de esta multa. Entre otros motivos, destaca que esa sanción debe confirmarse porque actuó “ocultando de una manera deliberada ingresos por apoderamiento y otros ingresos a través de prácticas contables confusas”. La Agencia Tributaria, en este expediente, describió también “una actuación totalmente premeditada y tendente a la elusión de sus obligaciones fiscales”.

La Inspección afirma incluso que Simón Casas “utiliza” todas sus empresas “para disponer de dinero a su antojo, realizando trasvases según le interesa y provocando una auténtica confusión entre las actividades de las distintas sociedades que se refleja de manera patente en las anomalías de la contabilidad”.

Las empresas temen un 'peaje' del 5% a sus ingresos en Estados Unidos si la Unión Europea (UE) no retira el impuesto mínimo a las multinacionales. Automovilísticas, bancos, farmacéuticas y el agroalimentario son los sectores de España más expuestos a estas represalias del nuevo presidente norteamericano, Donald Trump, que irían agravándose cada año, con el objetivo de tumbar la directiva comunitaria de un tributo coordinado globalmente del 15% a las grandes compañías internacionales, que el Gobierno traspuso a nuestra legislación hace apenas un mes.

Este 'suelo' en el impuesto de Sociedades para evitar el traslado de beneficios a guaridas fiscales surge de los acuerdos en el marco de la OCDE, a los que Donald Trump renunció en su primer día de mandato, con una orden en la que pidió al secretario del Tesoro y al representante Comercial de Estados Unidos “elaborar en 60 días una lista de medidas de represalia contra los países que apliquen impuestos extraterritoriales a las multinacionales estadounidenses”.

El equipo de expertos de la consultora E&Y considera que estas represalias pasarían por “un incremento del 5% anual [de una retención o gravamen a modo de represalia] sobre los ingresos norteamericanos de cualquier entidad residente en un país con UTPR [las siglas en inglés del sistema de tributación mínima sobre rentas pagadas]”.

Este aumento anual de este gravamen, que ya fue propuesta por senadores del Partido Republicano de Estados Unidos en 2024, podría alcanzar hasta el 20% “en tanto no se retire” el tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades para las multinacionales estadounidenses. Fuentes del mundo empresarial a las que ha tenido acceso elDiario.es consideran que es una represalia desproporcionada porque afecta a sociedades de cualquier tamaño, mientras que el tributo mínimo del 15% está diseñado para compañías con ingresos de más de 750 millones de euros.

Esta directiva europea, que traslada el acuerdo de la OCDE sobre fiscalidad global conocido como Pilar 2, significa que cualquier defecto de tributación de una filial y del resto de entidades de un grupo multinacional (en este caso estadounidense) puede ser capturado por otros países que no son Estados Unidos, como por ejemplo España.

Estados Unidos firmó este acuerdo en 2021, junto a cerca de 140 países y jurisdicciones en total, pero ahora la Administración de Donald Trump considera que es un impuesto “discriminatorio”.

La intención de este mínimo global es evitar la pérdida de ingresos públicos de los países por el traslado de los beneficios de las grandes empresas a guaridas fiscales donde o no tributan o pagan muy poco. Su funcionamiento se entiende con un ejemplo: el tipo mínimo del 15% global es un suelo en el impuesto de Sociedades para Ferrovial en España y en Países Bajos, lo que desincentivaría su traslado de un país a otro, pero es que, además, contempla que si el grupo de infraestructuras acaba pagando un 10% en el país del norte de Europa, nuestra Hacienda pueda reclamarle el 5% restante.

El impuesto a las multinacionales está en el aire

Las amenazas de Estados Unidos ya hacen pensar al mundo empresarial que la Comisión Europea “dulcificará” tanto el tributo mínimo del 15% a las multinacionales que “dejará de tener sentido”.

De hecho, los expertos de E&Y consideran que la Administración de Donald Trump podría utilizar otras medidas de represalia, como los aranceles, para amedrentar a los socios europeos. El Ejecutivo comunitario, de momento, contiene la respiración.

“Esta decisión supone un cambio radical en la colaboración internacional contra la evasión fiscal, que es un problema mundial, pero impulsado en gran parte por las grandes empresas estadounidenses, altamente digitalizadas, que trasladan sus beneficios a través de las fronteras mediante sistemas fiscales muy agresivos”, advierten desde Oxfam Intermón, una de las organizaciones más implicadas en el debate sobre la justicia en la recaudación y la redistribución.

Esta misma semana, Estados Unidos ejecutó otro movimiento en la misma línea al retirarse de las negociaciones en la ONU sobre un nuevo tratado fiscal global, advirtiendo de que se opondrá a cualquier resultado de estas conversaciones.

“Se ha puesto en cuestión al principio de la multilateralidad. Si yo me pongo en el lugar de las empresas españolas, por ejemplo, que siempre dicen que lo que buscan es la certeza tributaria, esto les lleva a una incerteza total”, lamenta Susana Ruiz, responsable de políticas de justicia fiscal de Oxfam. “Todos los argumentos de que no se podían cambiar las cosas si no era de forma colectiva, Trump lo ha hecho saltar por los aires”, dice esta experta.

Un informe de la Red de Justicia Fiscal señaló en noviembre que España pierde cerca de 10.000 millones de euros al año de recaudación de impuestos por la fuga de empresas y ricos a guaridas fiscales. Alrededor de 9.000 millones por la incapacidad de la Agencia Tributaria de gravar los beneficios que las multinacionales ocultan en islas caribeñas y atlánticas, y también en Países Bajos, Irlanda, Suiza o Malta. Y otros 1.000 millones del patrimonio que nuestros contribuyentes más ricos desvían a estos mismos 'agujeros negros' para Hacienda.

Apenas cuatro párrafos anti OCDE han sido suficientes para amenazar el histórico consenso internacional sobre fiscalidad que se ha alcanzado durante la última década. Horas después de su investidura, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frenó en seco los avances hacia una mayor justicia global en la recaudación de impuestos. Entre otros decretos urgentes en la misma línea, Trump firmó una orden que deja en el aire el impuesto mínimo del 15% a los beneficios de las multinacionales acordado en el marco de la OCDE para evitar la pérdida de ingresos públicos por la fuga a guaridas fiscales.

“Con el regreso de Donald Trump y su movimiento MAGA [siglas de 'Haz a Estados Unidos grande otra vez', en inglés], tal vez deberíamos llamar a la era actual el fin del progreso”, lamenta el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en un artículo publicado este martes. “Trump no sólo ha acabado con las débiles reformas fiscales de la OCDE, sino que está amenazando efectivamente con desechar todo lo construido durante el último siglo y llevar al mundo de nuevo a la época de los 'robber baron' [los 'barones ladrones', como se denominaba en el siglo XIX despectivamente a los empresarios que se enriquecieron sin ningún escrúpulo]”, incide la Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network, en inglés), en un contundente comunicado publicado también este martes.

Ese pesimista “fin del progreso” golpea directamente a la directiva de la Unión Europea (UE) que España ha traspuesto recientemente a nuestra legislación de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades a las multinacionales con unos “ingresos consolidados” de más de 750 millones de euros. El Congreso de los Diputados aprobó esta Ley en diciembre de 2024, al igual que lo han hecho todos los socios de la UE y según se comprometieron en 2021 hasta 140 países y jurisdicciones en total.

La intención de este mínimo global es evitar la pérdida de ingresos públicos de los países por el traslado de los beneficios de las grandes empresas a guaridas fiscales donde o no tributan o pagan muy poco. Su funcionamiento se entiende con un ejemplo: el tipo mínimo del 15% global es un suelo en el impuesto de Sociedades para Ferrovial en España y en Países Bajos, lo que desincentivaría su traslado de un país a otro, pero es que, además, contempla que si el grupo de infraestructuras acaba pagando un 10% en el país del norte de Europa, nuestra Hacienda pueda reclamarle el 5% restante.

“Trump [rodeado de los dueños de grandes empresas como Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla) o Mark Zuckerberg (Meta)] retiró definitivamente el ya inestable apoyo de Estados Unidos al compromiso global sobre la imposición a las ganancias de las corporaciones multinacionales, una reforma elaborada con mucho esmero durante la última década. También amenazó con represalias punitivas [sanciones] contra cualquier país que aplicara impuestos 'extraterritoriales' o 'discriminatorios' a las multinacionales estadounidenses”, recoge un editorial de Financial Times (el periódico económico más influyente del mundo), en su editorial del miércoles.

“Es un cambio radical en la colaboración internacional contra la evasión fiscal”

Exactamente, la orden de Trump pide al secretario del Tesoro y al representante Comercial de Estados Unidos “elaborar en 60 días una lista de medidas de represalia contra los países que apliquen impuestos extraterritoriales a las multinacionales estadounidenses”, según resume Oxfam Intermón. “Esta decisión supone un cambio radical en la colaboración internacional contra la evasión fiscal, que es un problema mundial, pero impulsado en gran parte por las grandes empresas estadounidenses, altamente digitalizadas, que trasladan sus beneficios a través de las fronteras mediante sistemas fiscales muy agresivos”, advierte esta ONG, muy implicada en el debate sobre la justicia en la recaudación y la redistribución.

El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, ha explicado que todavía “es pronto” para extraer conclusiones. “Vamos a analizar exactamente la orden ejecutiva en torno a esta decisión de Estados Unidos. Recordemos además que aquí el marco no es individualizado, es un marco a nivel OCDE donde España además está representada junto con el resto de países de la UE en el marco tanto del Pilar 1 como del Pilar 2 del acuerdo en materia tributaria”, continúa.

“Ese es el marco en el cual nos moveremos y las actuaciones de España por supuesto irán ligadas a las actuaciones de sus socios comunitarios. Vamos a hacer una valoración primero de cuál es exactamente la decisión tomada, cuáles son las implicaciones y cómo habría que reaccionar en este marco multilateral. Porque estamos hablando de un acuerdo genuinamente multilateral que se ha puesto en marcha en los últimos años”, concluye Carlos Cuerpo.

“Se ha puesto en cuestión al principio de la multilateralidad. Si yo me pongo en el lugar de las empresas españolas, por ejemplo, que siempre dicen que lo que buscan es la certeza tributaria, esto les lleva a una incerteza total”, advierte Susana Ruiz, responsable de políticas de justicia fiscal de Oxfam. “Todos los argumentos de que no se podían cambiar las cosas si no era de forma colectiva, Trump lo ha hecho saltar por los aires”, dice esta experta.

Un informe de la Red de Justicia Fiscal señaló en noviembre que España pierde cerca de 10.000 millones de euros al año de recaudación de impuestos por la fuga de empresas y ricos a guaridas fiscales. Alrededor de 9.000 millones por la incapacidad de la Agencia Tributaria de gravar los beneficios que las multinacionales ocultan en islas caribeñas y atlánticas, y también en Países Bajos, Irlanda, Suiza o Malta. Y otros 1.000 millones del patrimonio que nuestros contribuyentes más ricos desvían a estos mismos 'agujeros negros' para Hacienda.

“Es la muerte de cualquier posibilidad de llegar a una solución sobre el pilar 1 del acuerdo de la OCDE [que contempla nuevos derechos fiscales sobre los beneficios globales de las empresas reasignados a los mercados donde tienen operaciones reales y se crea valor]. Pero también pone en peligro parte de los principios de la aplicación del impuesto mínimo global (15%) [el Pilar 2]”, detalla el comunicado de reacción oficial de Oxfam Intermón. Además, queda muy dañado de la misma manera el último consenso sobre un tributo mínimo del 2% para los milmillonarios.

“Esto podría crear una confrontación fiscal mundial, e incluso podrían aplicarse medidas de represalia. Existe un precedente similar de la anterior presidencia de Trump” —prosiguen en la ONG—, cuando mientras algunos países de la UE aplicaron impuestos a los servicios digitales, Estados Unidos elevó los aranceles a las exportaciones europeas.

“Trump está dando prioridad a los multimillonarios a expensas de la gente común”

“Al rechazar la cooperación fiscal mundial, el presidente Trump está dando prioridad a los multimillonarios a expensas de la gente común en Estados Unidos y en todo el mundo. Esta medida es un intento desesperado de preservar un sistema amañado de paraísos fiscales y planificación fiscal agresiva que funciona muy bien para los multimillonarios, a pesar del consenso mundial en torno a las reformas. Lo que necesitamos para asegurarnos de que las empresas y los más ricos pagan lo que les corresponde es exactamente lo contrario: Necesitamos un multilateralismo verdaderamente integrador y normas comunes para poner fin a la competencia a la baja”, finalizan en Oxfam.

En octubre, justo después de recibir el premio Nobel de Economía de este año, Daron Acemoglu publicó un texto en España que tituló: “Los ricos no deben ser los héroes de la sociedad”. En él, el economista afirma que “los analistas se preguntan muchas veces por qué alguien con cientos de millones de dólares puede anhelar tener cientos de millones de dólares más. Hay pocas cosas que uno no pueda comprar si ya tiene 500 millones de dólares. ¿Para qué marcarse como objetivo amasar 1.000 millones de dólares? Porque 'multimillonario' es un rango de estatus. Lo que importa no es el poder adquisitivo, sino el prestigio y el poder que esto confiere en relación con los pares. En un equilibrio ”riqueza es estatus“, es inevitable que los ultrarricos se vuelvan locos por amasar una fortuna cada vez mayor”.

“Se está mezclando todo esto en una persecución política escandalosa donde todo huele a turbio y turbio por cómo se inició la inspección”. Isabel Díaz Ayuso esperó unas pocas horas después de que elDiario.es publicara que la Fiscalía había denunciado a su pareja para dar el pistoletazo de salida a la teoría de la conspiración. Un discurso que pretendió poner bajo sospecha la inspección inicial de Hacienda a su pareja, toda la investigación y la denuncia final. Dos fiscales directamente implicados en el caso, Julián Salto y Almudena Lastra, han testificado este jueves en el Supremo y explicado el detalle que tira por tierra esa teoría: ni en la Fiscalía de Madrid ni en la Fiscalía General sabían quién era Alberto González Amador hasta días después de que el caso ya estuviera en manos de los jueces.

El entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid dedicó sus esfuerzos a mantener a su pareja en el anonimato cuando trascendió en 2021 que mantenían una relación. Presentado como un “técnico sanitario” en las primeras crónicas, Alberto González Amador era en realidad un proveedor que trabajaba para el gigante sanitario Quirón y que se había enriquecido con comisiones millonarias durante la pandemia en operaciones de compraventa de mascarillas gracias al encargo de una empresa que administraba su jefe directo en Quirón. Una vez conocida la exclusiva de elDiario.es sobre la denuncia que la Fiscalía había presentado contra él por defraudar 350.000 euros usando un entramado de facturas falsas, la estrategia de Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, fue dibujar una supuesta trama del Estado contra “un particular” para perjudicar a la presidenta regional.

La realidad, según las pruebas que hay tanto en el juzgado que investiga el fraude fiscal como en el Tribunal Supremo que indaga sobre un delito de revelación de secretos que mantiene imputada a la cúpula de la Fiscalía General del Estado, es que los fiscales acusados de filtrar su correo no sabían que eran pareja hasta que la denuncia ya estaba en manos de los jueces. Tampoco sabían que, a lo largo del proceso fiscal y penal, su abogado reconoció varias veces su culpabilidad en busca de un pacto o una vía de escape que evitase la cárcel. Todo mientras Ayuso y su entorno difundían falsedades como que no había fraude y en realidad, era Hacienda quien debía dinero al empresario.

Almudena Lastra, fiscal jefe de Madrid, ha sido la primera en testificar. Muy crítica desde hace meses con la gestión del fiscal general en esos días de marzo, la exvocal del Poder Judicial ha mostrado sus sospechas pasadas y presentes de que la filtración del correo con la confesión de González Amador salió de la Fiscalía. Llegó incluso a preguntar directamente a Álvaro García Ortiz si él había pasado el documento a la prensa. Y ha aportado el dato de cuándo supo quién era el denunciado en ese caso de fraude fiscal: el 7 de marzo de 2024. Dos días después de que la denuncia fuera presentada en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid. Casi dos años después de que Hacienda empezara a sospechar de sus declaraciones tributarias.

Julián Salto es el fiscal especialista en delitos económicos que asumió la investigación de Hacienda y terminó denunciando a Alberto González Amador. Sus diligencias arrancaron el 23 de enero de 2024 y el día 5 de marzo de ese año presentó la denuncia en los juzgados de Madrid. Según ha dicho este jueves ante el magistrado Ángel Hurtado, obligado a decir la verdad, se enteró de que González Amador era pareja de Isabel Díaz Ayuso tres días después, el 8 de marzo, cuando se lo dijo una de sus superiores, Virna Alonso. Una vez lo supo, además, tuvo la deferencia de remitir por correo la denuncia al abogado del empresario en vez de hacerle esperar a que le llegara vía judicial semanas después.

Los mensajes y correos electrónicos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el teléfono de Pilar Rodríguez, la fiscal provincial imputada, también apuntan en la misma dirección: cuando se presentó la denuncia en el juzgado en la Fiscalía no sabían quién era Alberto González Amador y su causa, de hecho, no había llegado a la cúpula del organismo por conducto vertical hasta finales de la primera semana de marzo, dos meses después de la apertura de diligencias, una vez presentada la denuncia y casi dos años después del comienzo de la inspección fiscal. Isabel Díaz Ayuso, pocas horas después de la exclusiva de elDiario.es, llegó a achacar el proceso contra su pareja a que la fiscal provincial fue alto cargo de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero.

Las declaraciones en el Supremo de Lastra y Salto, similares a las que ya ofrecieron en el Tribunal Superior de Madrid, desmontan la tesis de la persecución política que Ayuso y su gabinete han esgrimido desde que este medio reveló el doble fraude fiscal de su pareja. La misma estrategia que persiguió Miguel Ángel Rodríguez y el entorno de la presidenta cuando filtraron a diversos medios que había sido el fiscal del caso quien había propuesto un acuerdo, que según el jefe de gabinete se había frenado por “órdenes de arriba”. Según ese relato, que el fiscal general ordenó combatir la noche de la filtración con una nota de prensa que está en el origen de su imputación, Rodríguez pretendía hacer ver que la Fiscalía seguía instrucciones políticas para estirar el caso del fraude de González Amador. La primera información, publicada por el diario El Mundo a las 21.29 horas de esa noche, apuntaba en ese sentido omitiendo que el ofrecimiento había partido del empresario y no al revés.

El propio Rodríguez ya ha declarado ante el Supremo que no tenía ninguna prueba de esa falsedad y que lo que filtró a varios medios fue una “opinión” y no información porque lleva muchos años en política y ya “peina canas”. Todo era falso, según se ha demostrado en las distintas comparecencias, incluida la suya, en los tribunales.

Acusaciones al abogado de Alberto González

La causa del doble fraude por la que tendrá que comparecer como imputado Alberto González Amador el próximo 7 de febrero, el cuarto intento para tomar declaración al empresario, no arrancó tampoco con “una inspección de Hacienda sacada de quicio” como también llegó a afirmar Isabel Díaz Ayuso poco después de estallar el caso. La documentación tributaria y judicial revela que las alarmas saltaron en la Agencia Tributaria cuando los inspectores comprobaron que la empresa de González Amador había facturado en 2020 y 2021 seis veces más que en años anteriores y que, sin embargo, había declarado menos beneficios y pagado menos por el Impuesto de Sociedades.

Lo que encontró Hacienda no fue una discrepancia fiscal o unos gastos incorrectamente imputados sino un entramado de facturas falsas por 1,7 millones que ha llevado a la imputación a varias personas y sociedades, pendientes también de declaración. Las estrategias de la defensa de González Amador a lo largo del proceso también apuntan en dirección contraria: que sabía que había actuado de forma ilegal. Primero intentó retirar varias facturas de trabajos que nunca se realizaron. Después, pagar sus deudas y posibles multas en la declaración del año 2022, una maniobra rechazada por el fisco. Finalmente su letrado se puso manos a la obra para buscar un pacto un mes antes de ser denunciado, movimiento tradicionalmente reservado para las fechas próximas al juicio.

En el Supremo el juez Hurtado investiga si en la noche del 13 de marzo el fiscal general o alguien bajo su mando difundió entre la prensa ese correo en el que el letrado Carlos Neira reconocía, en nombre de su cliente, su fraude fiscal de 350.000 euros y se ofrecía a pagar medio millón de euros y aceptar ocho meses de cárcel a cambio de no pisar la prisión y cerrar el caso con el menor ruido posible. El magistrado está convencido, a falta de tomar declaración a los imputados, que Álvaro García Ortiz lideró una estrategia para filtrar esa información para perjudicar políticamente a Isabel Díaz Ayuso, estrategia en la que incluso involucra a la Moncloa, sin aportar ninguna prueba de ello, más allá de un informe de la UCO que, a base de deducciones, señaló la participación “preeminente” de García Ortiz en la filtración.

La causa arrancó hace meses en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando Alberto González y el Colegio de Abogados de Madrid denunciaron que un comunicado de la Fiscalía había revelado detalles confidenciales del posible pacto y que eso, además de delictivo, había afectado a su derecho de defensa. Lo que no explicaban en sus denuncias y querellas es lo que ha revelado estas semanas, como testigo y obligado a decir la verdad, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso en la Comunidad de Madrid: uno de los abogados de González Amador puso en circulación un correo del fiscal Julián Salto que, Rodríguez mediante, publicaron una decena de medios la noche del 13 de marzo.

Así lo afirmó el jefe de gabinete de Ayuso en su comparecencia ante el juez, intentando matizar ante los micrófonos que en realidad había sido Alberto González Amador quien le había hecho llegar el email. Este jueves, ante el juez, el fiscal Julián Salto ha acusado al abogado Carlos Neira de faltar al deber de confidencialidad al pasar ese correo a Miguel Ángel Rodríguez, algo que no sabía en ese momento y de lo que se ha enterado por la prensa. Lastra ya había hecho esa misma queja en el Tribunal Superior e incluso había confiado en que el Colegio de Abogados de Madrid expedientase al letrado que filtró la primera comunicación a través del jefe de gabinete de Ayuso. El Colegio de Abogados de Madrid, que presentó una denuncia ante la fiscalía tras entender que reveló secretos tras desmontar ese bulo, nunca ha actuado contra el letrado Carlos Neira.

El juez Hurtado tomará declaración, también como testigos, a los responsables de comunicación de la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid antes de recibir, ya como investigados, a los tres sospechosos: el fiscal general Álvaro García Ortiz, la fiscal provincial Pilar Rodríguez y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, a quienes acusa de haber filtrado esa documentación. Se basa en las gestiones que hicieron durante la noche del 13 de marzo, en que varios medios publicaron la acusación falsa de que la fiscalía actuaba cumpliendo órdenes políticas contra la pareja de Ayuso, para recopilar la documentación que sirviese para desmentir ese bulo. Incluido el correo de la confesión de la pareja de Ayuso que publicó eldiario.es después de que lo adelantasen otros medios como la Cadena Ser y La Sexta.

Tanto el redactor de la cadena Ser que publicó la noticia, como el director adjunto de elDiario.es, José Precedo, declararon ante el Supremo que ambos tenían ese correo antes de que El Mundo difundiese esa información manipulada, algo que desmontaría la acusación de la revelación de secretos. El magistrado Ángel Hurtado no tuvo en cuenta esos testimonios y alegó en un auto que los dos periodistas no presentaron pruebas objetivas, ya que ambos se acogieron a su derecho constitucional a proteger las fuentes.

En paralelo, la jueza de Madrid ha llamado a declarar al empresario, que el próximo siete de febrero se enfrentará a su cuarta citación como investigado en la causa y al que la Fiscalía acusa de un cuarto delito, además de los dos de fraude fiscal y el de falsedad documental, que González Amador estaba dispuesto a reconocer en el último acuerdo con el ministerio público el pasado verano, un cuarto de corrupción en los negocios, por el pago de medio millón de euros por una sociedad vacía a la mujer de su jefe en Quirón, Fernando Camino, administrador de la empresa Mape que propició con su pedido la comisión de dos millones de euros que está en el inicio de todo este caso.

Una sentencia de la Audiencia Nacional ha confirmado que el youtuber con millones de seguidores El Rubius y su empresa no tributaron correctamente los tres millones de euros que ingresó su sociedad entre 2015 y 2016, cuando estaba entre los diez 'influencers' con más seguidores de YouTube a nivel mundial. Como ya han dicho otros tribunales en ocasiones anteriores, los jueces le dan la razón parcialmente y le retiran una sanción, pero certifican que su empresa canalizó de forma incorrecta sus ingresos, pagando menos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Rubén Doblas, conocido como El Rubius, es uno de los 'influencers' más relevantes de España con más de una década de trayectoria en YouTube y otras redes sociales. En 2013 se convirtió en el primer youtuber español en superar el millón de suscriptores y, tres años más tarde, en 2016, superaba la cifra de 20 millones de seguidores en esta red social, a los que él denominaba “criaturitas del señor”, y se ubicaba entre los creadores de contenidos con más fans a nivel mundial.

Los ingresos del joven fueron creciendo a medida que aumentaban también los millones de personas que veían cada uno de sus vídeos. Y empezó a canalizar sus ingresos a través de una sociedad llamada Snofokk SL. Hacienda, como sucede desde hace años con otras personalidades del ámbito de la comunicación o del mundo audiovisual, puso la lupa sobre sus declaraciones fiscales y descubrió que, durante varios periodos, había tributado sus ganancias de forma errónea.

Tal y como reveló elDiario.es, las primeras resoluciones que dieron la razón a Hacienda llegaron del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Fueron sentencias sobre el IRPF del youtuber y el Impuesto de Sociedades de su empresa en 2013 y 2014, años en los que su carrera empezaba a despuntar. Los jueces concluyeron que su sociedad Snofokk canalizó todos sus ingresos y después pagó una parte al youtuber. El resultado: El Rubius pagó de menos en esos años por el IRPF, más gravoso que el Impuesto de Sociedades que había pagado su empresa.

En esas primeras sentencias el TSJM certificó que tendría que haber pagado personalmente 50.000 euros más a las arcas públicas. Pero la inspección tributaria siguió y Hacienda se adentró en sus cuentas de 2015 y 2016, años en los que los ingresos de su empresa aumentaron exponencialmente: en 2015 declaró 938.000 euros y, un año más tarde, dos millones. De ese dinero El Rubius facturó a su propia empresa 459.000 euros el primer año y 807.000, el segundo. En ambos casos se trata de la mitad o menos del dinero que en realidad había generado.

En una sentencia todavía recurrible a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia Nacional ha confirmado este criterio de la Agencia Tributaria y entiende que su empresa era, en realidad, una sociedad que se limitaba a canalizar su trabajo, sin el cual la propia empresa no tenía sentido ni aportaba nada añadido. Los jueces estiman parcialmente el recurso del youtuber y acceden a eliminar una multa que le impuso Hacienda bajo la acusación de no aportar toda la documentación que le había sido requerida.

Cuarta sentencia contra el youtuber

Los jueces de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional recuerdan que tres sentencias anteriores de otro tribunal, el Superior de Justicia de Madrid, ya examinaron la estructura societaria que usaba El Rubius para canalizar sus ingresos y llegaron a una conclusión: que su empresa, al menos en ese momento, “carece de medios materiales y humanos y no añadía valor alguno”. Todo el dinero venía por una “actividad personalísima” del youtuber y Snofokk SL solo aportaba una cosa: tributar una parte de sus ganancias por el más benévolo Impuesto de Sociedades.

Rubén Doblas era el socio mayoritario de la empresa al 98,7% y el resto se repartía entre dos familiares encargados, entre otras cosas, de labores de gestión administrativa, 'merchandising' o su relación con los medios de comunicación. “No aportan un valor añadido relevante”, zanjó Hacienda y confirman ahora los jueces. Ni los contratos, ni los ingresos por sus vídeos, ni tampoco sus ingresos por los libros que publicó esos años se pueden explicar, añade, sin la figura de El Rubius.

Como es habitual en este tipo de procesos, la sentencia explica que en paralelo a la inspección de su IRPF pagado de forma personal hay otra analizando los pagos del Impuesto de Sociedades de su empresa. Esto implica que, por el momento, no existe una resolución firme sobre cuánto dinero pagó de menos El Rubius en su IRPF de 2015 y 2016.

Haciéndose eco de los argumentos de la Agencia Tributaria, la sentencia sí concluye que la empresa pagó al youtuber mucho menos dinero del que en realidad generó su actividad esos dos años, cuando era uno de los 'influencers' más reconocidos a nivel mundial. La cuantía del recurso fue fijada por los jueces en más de 926.000 euros y explica que, por ejemplo, en 2016 su empresa ingresó más de dos millones de euros, pero solo le pagó 807.000 cuando tendría que haberle abonado un millón más sobre la base del precio de mercado de su actividad.

Son argumentos idénticos a los desplegados por el TSJM cuando el youtuber, residente en Andorra –donde los impuestos son más bajos– desde hace cuatro años como otros 'influencers' españoles, intentó combatir otras liquidaciones y sanciones desfavorables. A finales de 2022, hasta tres sentencias relativas a su empresa y sus declaraciones fiscales personales de 2013 y 2014 obligaron a El Rubius a pagar más de 50.000 euros que se había ahorrado en IRPF, además de pagar una sanción de 23.000 euros por intentar engañar a las arcas públicas.

Este criterio de Hacienda sobre el uso de sociedades para reducir la factura fiscal en caso de que la empresa no tenga más misión que precisamente canalizar el dinero, obtuvo el visto bueno del Tribunal Supremo a mediados de 2023 cuando los jueces confirmaron que el locutor Carlos Herrera también había tributado erróneamente sus ganancias entre 2006 y 2007 usando una “sociedad pantalla”, tal y como reveló elDiario.es.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha abierto la puerta por primera vez a expulsar del foro de diálogo con grandes empresas que puso en marcha hace casi quince años a aquellas compañías que cometan infracciones muy graves de la Ley Tributaria.

Fuentes del organismo indican que la eventual expulsión, que tendrá una vigencia de al menos dos años, se analizará “caso a caso” y podrá llevarse a cabo por asuntos que estén judicializados y sobre los que no haya todavía sentencia firme. En palabras de uno de los principales responsables de la agencia, “tiene que ser algo flagrante” y esperan no tener que llegar a esa situación.

Este foro de “buenas prácticas tributarias” se puso en marcha en 2010 y las empresas pueden adherirse voluntariamente. Es un marco de colaboración entre las grandes compañías y Hacienda basado en “la transparencia y confianza mutua”, tal y como explica el organismo en su web. Busca limar asperezas en la interpretación de cuestiones de índole fiscal, prevenir el fraude y reducir la litigiosidad. Está inspirado en la llamada relación cooperativa y en las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

El código recomienda a las empresas, con carácter “no exhaustivo”, aplicar “políticas fiscales responsables, e incluye entre las ”buenas prácticas“ evitar el uso de estructuras de carácter opaco con finalidades tributarias; también señala que la AEAT y las empresas firmantes ”colaborarán en la detección y búsqueda de soluciones respecto a aquellas prácticas fiscales fraudulentas que puedan desarrollarse en los mercados en los cuales están presentes para erradicar las ya existentes y prevenir su extensión“.

Hasta ahora no se había planteado la posibilidad de expulsar a alguno de los miembros de este foro. La propuesta ha surgido tras varias reuniones mantenidas por un grupo de trabajo específico para analizar el funcionamiento del modelo. Para ello se ha tenido en cuenta la información recogida en encuestas para los funcionarios de la Agencia y entre los representantes de las grandes empresas.

En ese grupo de trabajo reúne a representantes de Acerinox, Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Inditex, Repsol, Siemens y Telefónica y, por parte de la Administración al Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT, el área de Aduanas e Impuestos Especiales, la Delegación Central de Grandes Contribuyentes y el Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales.

La posibilidad de expulsar a las empresas de este código se expuso en el Foro de Grandes Empresas del pasado 3 de julio. A la reunión asistieron los principales responsables de la AEAT y representantes del área Fiscal de esas compañías y de otras como ACS, Banco Sabadell, La Caixa, Cepsa (ahora Moeve), El Corte Inglés, Endesa o Mercadona, entre otras. Según el acta de la reunión que acaba de publicar la AEAT, el secretario técnico del Foro, Ignacio Fraseiro, director de Planificación y Relaciones Institucionales del organismo, planteó “la necesidad de establecer algún mecanismo para aquellos incumplimientos graves de los principios que inspiran el Código de Buenas Prácticas Tributarias”. 

“Se acordó tanto por la Administración como por las Grandes Empresas, que se eliminará a dicha empresa del listado de la sede electrónica donde aparecen relacionadas las empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas Tributarias. En dicho caso, la Administración dejaría de tener ningún tipo de compromiso con ella y la exclusión de ese listado supondría la salida inmediata del Foro de Grandes Empresas”.

A partir de ahora, cuando la AEAT detecte una “inobservancia grave” de esos principios por parte de una empresa, el Delegado Central de Grandes Contribuyentes o el Delegado Especial elevará el asunto a la Directora General de la Agencia Tributaria para proceder a informar al máximo órgano de gestión de la compañía afectada. Esta tendrá 15 días para alegar, “pudiendo presentar el compromiso del Consejo de Administración de no reincidir en los casos que han dado lugar a la referida comunicación”. 

“En el caso de acordarse la exclusión, esta tendrá una vigencia mínima de 2 años, pudiendo la entidad volver a solicitar su inclusión en la lista si cambian las circunstancias que motivaron la exclusión y no incurre en otros incumplimientos que pudieran motivar la misma”, dice el acta.

En la reunión, los representantes del área Fiscal de Santander y de FCC preguntaron si está definido qué debe entenderse por “inobservancia grave” del código. La Directora General de la Agencia, Soledad Fernández Doctor, expuso que en los próximos meses van a “ir viendo las situaciones y definiendo qué se entiende por incumplimiento grave”. 

Ignacio Fraseiro explicó que “se atendería a cada caso, siendo una cosa muy excepcional”, y que “un incumplimiento grave tiene que ser algo flagrante”. El director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT, Manuel Trillo, expuso que se trata de conductas “que no espera que se den en empresas que forman parte de un grupo de trabajo sobre relación cooperativa”.

El directivo de la agencia quiso diferenciar “este procedimiento de exclusión, que espera que no sea necesario tramitar”, de “el mundo jurídico regulado en los artículos 191 y siguientes de la Ley 58/2003 General Tributaria”, que recogen las infracciones de la normativa fiscal (leves, graves o muy graves). Trillo señaló que “si se intentase definir lo que es un incumplimiento grave conforme a las normas jurídicas, cualquier incumplimiento sería grave 10 o 12 años después de haberse producido, porque sería necesario esperar a la firmeza”. 

206 adhesiones, 111 empresas

Al Código de Buenas Prácticas Tributarias hay adheridas en la actualidad 206 empresas, frente a las 157 de enero de 2021, las 137 de abril de 2018 o las 120 de principios de 2017.

No obstante, la cifra real de compañías que lo han suscrito es inferior a esas 206, de 111 (a principios de 2021 no llegaba a un centenar), porque muchas de las que aparecen en el listado de la AEAT pertenecen al mismo grupo empresarial. Destaca especialmente El Corte Inglés, que figura con 29 sociedades adheridas (varias de ellas liquidadas hace años), junto a otras como la suiza Six, dueña de Bolsas y Mercados Españoles (con 22 sociedades) o la francesa Engie (nueve).

Entre las firmantes están varias multinacionales extranjeras y la mayoría de las compañías del Ibex 35, lo que supone un importante avance con respecto a 2017, cuando cerca de un tercio de las integrantes de este índice bursátil, el más importante de España, no se habían sumado. A la primera hornada de firmantes del código de 2010 (entre las primeras estuvo Ferrovial, que ya antes de su mudanza a Países Bajos no asistía a las reuniones periódicas del foro) se fueron sumando en los años siguientes otras como Red Eléctrica (en 2015), la extinta Bankia (2016) y otras como Sabadell, Enagás, Aena, Cellnex o, más recientemente, Meliá.

Una de las más rezagadas del Ibex en incorporarse fue Indra, que tiene como accionista mayoritario al Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda. La tecnológica, relacionada en el pasado con varios casos de corrupción, y que en 2019 se declaró culpable de un caso de delito fiscal, prometió en 2017 que se iba a adherir a este código. Finalmente no lo hizo hasta seis años después, en 2023. 

Actualmente todavía hay cinco compañías del Ibex que no se han sumado: el fabricante de piscinas Fluidra, la mayor socimi (inmobiliaria cotizada) de España, Merlin Properties (cuyo primer ejecutivo, Ismael Clemente, llegó a estar imputado por blanqueo de capitales hace años), la firma de moda Puig, la farmacéutica Rovi y Solaria.

La adhesión al código es voluntaria, pero la Administración le da una notable importancia. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) insta desde 2015 a las empresas cotizadas a detallar si se han adherido a él en sus informes anuales de gobierno corporativo.

El código compromete a sus firmantes a ser más transparentes a la hora de informar sobre sus prácticas tributarias. En su relación con ellos, la Administración aumenta la seguridad jurídica en la interpretación de las normas tributarias, mientras las empresas deben cumplir un conjunto de recomendaciones para evitar la utilización de estructuras fiduciarias opacas, intensificar la colaboración en la detección de prácticas fraudulentas y mejorar la información sobre las políticas fiscales aplicadas.

En el marco de esta “relación cooperativa” con la Administración, el código prevé que las empresas publiquen anualmente informes de transparencia fiscal informando de sus políticas en esta materia, los beneficios que les aporta cada país o su presencia en paraísos fiscales. En el último ejercicio analizado por la AEAT (2022), y con datos a 31 de enero de 2024, habían presentado esos informes de transparencia 35 grupos empresariales, que no suponen ni un tercio de los adheridos a él.

Entre las compañías adheridas en la actualidad al código, además de grandes corporaciones, hay también empresas públicas como el Canal de Isabel II o Mercasa, y alguna pyme como Optio Research. Esta última, creada en 2019, está especializada en creación de agrupaciones de interés económico (AIE), una figura sobre la que la AEAT ha expresado recientemente en este mismo foro su “preocupación” por el uso “abusivo” para obtener ventajas fiscales, con “rentabilidades del 60 y 70% de la inversión, sin una asunción de riesgos excesiva” y sin que los investigadores se beneficien de los incentivos fiscales a la I+D+i que supuestamente conlleva.

El Gobierno foral de Álava, una coalición PNV y PSE-EE, está recurriendo a una complicada geometría variable de pactos para contrarrestar la minoría que tiene en las Juntas Generales, lo que le está llevando a escoger compañeros de viaje tan dispares como el PP y EH Bildu según la ocasión. Si hace una semana firmaban con la coalición abertzale el preacuerdo para sacar adelante los presupuestos del territorio para 2025, este lunes han sido los votos del PP los que han permitido al equipo de Gobierno aprobar las normas tributarias para 2025 tras llegar a un pacto fiscal y admitirse varias de sus enmiendas en forma de deducciones en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades. La posible contradicción de estos pactos sigue el mismo patrón marcado por los acuerdos en Gipuzkoa -donde también el gobierno está en minoría- y en Álava para los presupuestos. En Gipuzkoa, PNV y PSE-EE pactaron con el PP, y unos días más tarde se acordó en Álava con EH Bildu.

Más allá del acuerdo que se ha materializado este lunes, el pacto abre nuevos interrogantes y posibilidades sobre cómo se conseguirán en las Juntas Generales de los diferentes territorios los acuerdos para poder aprobar la “revisión fiscal”, ya que sólo Bizkaia cuenta con mayoría suficiente para sacar adelante la reforma sin el apoyo de otro partido.

Las enmiendas introducidas por el PP han salido adelante con el voto a favor de los 'populares', PNV y PSE-EE y la abstención de Vox, mientras que EH Bildu y Elkarrekin (Podemos e IU) han votado en contra de las medidas. El PP no ha ocultado su satisfacción por el acuerdo que ha definido como “poner el freno a [EH] Bildu” para que “no siga subiendo los impuestos como ha hecho en el Ayuntamiento de Vitoria”. “Hoy hemos conseguido mejorar la vida de los alaveses”,  ha señalado el procurador del PP en las Juntas Generales de Álava, Miguel Garnica.

En concreto, las enmiendas 'populares' suponen aumentar las deducciones por descendiente en un 10%: el primer hijo 734,80 euros, el segundo, 909,70 euros, el tercero, 1.532,30 euros, el cuarto, 1.811,70 euros y, a partir del quinto hijo, 2.366,10 euros. De cara a las personas con discapacidad, también se incrementan un 10% las deducciones a todos los contribuyentes con dependencia o discapacidad en todos los grados. Así, el grado de discapacidad entre el 33 y el 65% será de 1.025,64 euros, para el Grado 1, de 1.464,54 euros, para el Grado 2, de 1.756,75 euros, y para Grado 3, de 2.191,03 euros. El mismo porcentaje, un 10%, se incrementan también las deducciones a quienes reciben la Prestación Económica de Asistencia Personal al contratar cuidadores en los tres grados de dependencia o discapacidad, llegando a alcanzar, en el caso de personas con Grado 1, los 431,64 euros, el Grado 2, los 718,08 euros, y, en el Grado 3, los 1.436,16 euros.

En lo que se refiere al Impuesto de Sociedades, el proyecto de norma foral incorpora modificaciones para ampliar al 40% las deducciones a las empresas y autónomos del sector de la cultura que produzcan y exhiban espectáculos en vivo o musicales en Álava, correspondientes a una gira internacional. También introduce exenciones a las indemnizaciones públicas agrarias y ganaderas a las microempresas y pequeñas empresas que tributen en el Impuesto de Sociedades, para equipararse a las exenciones previstas para las personas físicas.

Por otro lado, se modifica la normativa de IRPF para exención fiscal de los afectados por la talidomida, ya que, hasta ahora, Hacienda les retenía casi la mitad de las ayudas que recibían y se elimina cualquier subida en los tramos máximos del impuesto de Plusvalía sobre la venta, donación o sucesión de un inmueble o terreno urbano.

El acuerdo permitirá la minoración extraordinaria de 200 euros destinada a aliviar la carga tributaria de las personas más vulnerables, planteada por PNV y PSE-EE, así como mayores exenciones para las personas mayores e incentivos a la Cultura. Asimismo, y también en el IRPF, se mantienen los 'forfaits' incrementados para el año 2024, con un límite del 70% para actividades elaboradoras del vino, agrícolas, ganaderas o pesqueras. La juntera de EH Bildu Nerea Martínez Cerrillo ha argumentado que “los modelos fiscales de EH Bildu y el Partido Popular están en las antípodas y son completamente diferentes”, por lo que ha mostrado su voto contrario “en bloque” a todas sus enmiendas“.