INVESTIGACIÓN

La pareja de Ayuso usó ocho empresas para fabricar facturas falsas y eludir impuestos por las comisiones

La investigación señala que Alberto González Amador se sirvió de un testaferro mexicano para falsear dos facturas por valor de 1,5 millones. La rama andaluza vaciaba las cuentas de sus empresas en cuanto recibían los ingresos de la pareja de Ayuso
— La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla
— La pareja de Ayuso usó una empresa en Panamá creada por un directivo de Quirón mientras defraudaba a Hacienda

13 de marzo de 2024 23:04h Actualizado el 17/03/2024 10:23h

Alberto González Amador se sirvió de una decena empresas para desplegar un “entramado societario” destinado a eludir el pago de impuestos por el dinero ganado en la venta de mascarillas. El empresario, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, presentó facturas falsas de ocho compañías sin trabajadores, reflejó gastos por negocios que nunca se produjeron y usó sus dos sociedades para traspasar ingresos y pagar menos impuestos.

La investigación de la Agencia Tributaria ha detectado que no hay ninguna prueba de que se hicieran esos trabajos por los que González Amador presentó las facturas, 1,7 millones en total. Además, en algunos casos no hubo transferencias de dinero que pagaran esas facturas. Cuando sí se abonaban, Hacienda advierte de que el dinero era retirado casi de inmediato de la cuenta bancaria, casi siempre en efectivo, en una práctica que la inspección describe como la “habitual en las sociedades emisoras de facturas falsas”.

Todos los detalles de esa operación están contenidos en un extenso informe elaborado por la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso elDiario.es. Ese expediente se envió a la Fiscalía, que ha acabado presentando una denuncia ante los juzgados por dos delitos de fraude fiscal y otro más de falsedad documental.

A las dos empresas de la pareja de Ayuso, otras dos de un empresario mexicano y las seis sociedades andaluzas, se suma también una sociedad en Panamá disuelta en 2022 y que creó un directivo de Quirón, el cliente principal de González Amador hasta que durante la pandemia se convirtió en comisionista de material sanitario.

Un empresario mexicano que no factura nada

La principal vía que usó González Amador para el fraude fue un supuesto empresario mexicano llamado Maximiliano Eduardo Niederer. La investigación ha descubierto que es dueño de dos sociedades sin actividad ninguna, que solo paga el sueldo de una trabajadora –su empleada del hogar–, y que el propio Niederer vive de “préstamos familiares y de amigos”. La Agencia Tributaria afirma que todo hace pensar que se trata de “un posible testaferro”, visto su ritmo de vida y la vivienda donde reside en una lujosa urbanización a las afueras de la capital.

En teoría, la empresa de Niederer –MKE Manufacturing– emitió una factura por valor de 620.000 euros a la sociedad de Alberto González Amador –Maxwell Cremona–. Para justificarlo, Maxwell Cremona aportó a Hacienda un documento firmado con MKE Manufacturing para realizar proyectos sanitarios en México. El documento, firmado el 20 de octubre de 2020, deja claro que la empresa no cobraría nada si no se concretaba algún proyecto.

Unos días después se emite la factura, el 20 de noviembre, por importe de 620.000 euros. El informe de la Agencia Tributaria señala que tiene un concepto genérico y no se especifican los servicios. La empresa de Alberto González Amador se vio obligada a admitir durante la investigación que finalmente no se había realizado ningún trabajo.

Maximiliano Niederer declaró el 10 de mayo de 2023 ante las autoridades fiscales españolas. Dijo no conocer a la empresa MKE Manufacturing y no haber firmado nada en su nombre. Seis días después se retractó. Envió un escrito a la Agencia Tributaria y admitió haber ejercido de representante de esa compañía en algunos negocios. Atribuyó su primera declaración a una confusión con otra empresa. Eso sí, volvió a defender que él no había firmado nada y dijo que si aparecía su nombre en algún documento se trataba de un error.

La Agencia Tributaria lo tiene claro: considera que Alberto González Amador quiso “eludir la tributación” y para ello firmó primero el contrato y luego la factura falsa con MKE, “aún sabiendo que los servicios no se habían prestado”.

Por operaciones como esta, Hacienda ha concluido que no se trata de una mera discrepancia en el cálculo del impuesto de sociedades, sino que advierte en la pareja de Ayuso una indudable intención de defraudar.

El negocio frustrado en Costa de Marfil

Niederer colaboró también en otra parte del fraude que se ha denunciado. Además de con mascarillas, Alberto González Amador quiso hacer negocio con vacunas en Costa de Marfil. El proyecto no salió adelante.

El resultado del negocio fallido es una factura de la empresa Gayani LTD –con sede en Costa de Marfil– a Maxwell Cremona por valor de 922.585,63 euros. En teoría, se trataba de una comisión por la venta de vacunas a Costa de Marfil, pero las dosis nunca se vendieron.

Al final, la Agencia Tributaria señala que “después de mucha palabrería” la empresa de González Amador reconoce que solo pagó 27.000 euros por algunos gastos a “uno de los socios de Gayani LTD”. Ese socio es Maximiliano Niederer, que recibió el dinero en una cuenta española. Ni rastro de los 922.585,63 euros, aunque se presentó una factura y se pretendió deducir esos gastos.

En definitiva, la Agencia Tributaria cree que ambas facturas, que suman más de un millón y medio de euros, no son “meros errores de registros contables”, sino que forman parte de “un patrón organizado tendente a evitar la tributación”.

Seis empresas de la trama andaluza

La segunda vía empleada por González Amador para pagar menos impuestos involucró a media docena de empresas sevillanas relacionadas entre sí. Se trata de unas sociedades de dos hermanos –A.C.S y JM.C.S– y otro empresario, D.H.L. La investigación ha descubierto conexiones entre los tres: comparten clientes y hay pagos cruzados entre todas las compañías de esta rama.

Maxwell Cremona, la empresa de Alberto González Amador, presentó multitud de facturas, de entre 10.000 y 20.000 euros, con estas seis empresas. Según alegó, se trata de trabajos complementarios que realizaron para Maxwell por el contrato con Quirón Prevención. Cuando la Agencia Tributaria pidió detalle de esos trabajos, la empresa de González Amador se negó a entregarlos por tratarse de información “sensible”.

El informe concluye que es imposible que esas empresas andaluzas realizaran los trabajos y afirma que esas compañías son “un entramado societario” creado entre 2019 y 2021. Señala, además, que sus dueños se dedican a la reparación de vehículos, venta de caballos, transporte, comercio de alimentos o actividades agrícolas. Asimismo, el informe señala que cuatro de esas empresas no tienen trabajadores y que las otras dos pagan a los que tienen “cantidades insignificantes” alejadas de las retribuciones del “personal cualificado”.

Pero lo que más ha llamado la atención a la Agencia Tributaria es que estas empresas vaciaban sus cuentas justo cuando recibían los pagos de las compañías de González Amador: “La totalidad de los ingresos son retirados en el momento en que son ingresados”. El informe señala que las empresas con actividad no dejan a cero sus cuentas porque tienen que afrontar pagos de facturas. Además, en este caso “destacan las continuas retiradas de fondos en efectivo o por cajero” así como los gastos con tarjetas de crédito para “gastos particulares”.

Con esos datos, y dado que no se presentaron pruebas de que se hicieran los trabajos, la inspección concluye que es un “entramado” que González Amador “buscó y utilizó” para que le hicieran facturas falsas.

Una empresa pantalla para los trabajos de Quirón

Alberto González también utilizó una empresa pantalla –“mera sociedad interpuesta”, la llama la Agencia Tributaria–, que adquirió a finales de 2020. El informe de Hacienda define así el objetivo de esa operación: “Remansar fondos en favor de Alberto González Amador”. El mecanismo usado consistió en traspasar a esa empresa, Masterman and Whitaker, un contrato con Quirón, su cliente habitual al menos desde 2017 al que siempre había facturado con otra sociedad Maxwell Cremona. González Amador traspasó el negocio de la segunda a la primera a cambio de 600.000 euros (más IVA) en concepto de “consultoría de Sistemas a clientes”.

El problema fue doble, según Hacienda: esa segunda firma, sin empleados ni infraestructura, carecía de medios para realizar los trabajos y además el importe real facturado a ese cliente fue en realidad muy inferior: 237.320 euros.

A ojos de la Agencia Tributaria, esa cesión “carente de sentido” fue una “simulación” por la que esa sociedad interpuesta emitió “una factura ficticia” por un importe estimado que “no se corresponde con la realidad de la prestación acometida” y “sin que responda a la realidad de los servicios prestados”. El resultado, concluye la inspección de la Agencia Tributaria, es que Alberto González Amador obtuvo una “ventaja fiscal inadmisible” para crear “de forma artificial unas bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros”. Haciendo así las cuentas, la nueva empresa se anotó ese año unas pérdidas de más de 222.000 euros.

Con esa factura falsa generó un gasto deducible con el que se apuntó un crédito fiscal a futuro para poder compensarlo con una desgravación fiscal cuando empezase a declarar beneficios.

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