La Guardia Civil quiere cerrar el círculo de cinco años de investigación de presuntos pucherazos en Mogán siguiendo el rastro del dinero. Esa es la principal explicación de que este jueves, con la detención de la alcaldesa, Onalia Bueno (Ciuca), y los concejales de Urbanismo y Turismo, Mencey Navarro (Ciuca), y de Servicios Sociales, Tania Alonso (Coalición Canaria), el Equipo Judicial de la Benemérita haya empleado casi 10 horas de registros y volcado informático en las casas consistoriales del casco de Mogán.

Y ese, fundamentalmente, es el motivo por el cual, tras una larga jornada encerrada en el ayuntamiento y en el despacho de Informática con la comitiva judicial mandatada por el nuevo titular del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, la alcaldesa y sus ediles caídos fueran trasladados después de las siete de la tarde a continuar con más registros en las oficinas municipales de Arguineguín. Una vez concluidos estos registros la noche de este jueves, Bueno y sus dos concejales quedaron en libertad con cargos, a la espera de que el juez Ramírez de Verger les tome declaración en próximas fechas como investigados por un delito electoral y contra la administración pública.

Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la investigación, en esos registros se buscan evidencias documentales de que Ciuca amañó las elecciones de 2015, y sobre todo las últimas de 2019, por medio de ayudas sociales y de suculentos contratos. Y también pruebas de que grandes operaciones sobre el territorio y el erario público moganeros hayan sido a cambio de financiar campañas del partido local, Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), que Onalia Bueno montó en Mogán con permiso de los propietarios de la marca original en el municipio de Telde, tras su regreso al ruedo político en 2011 después de un breve ‘exilio’ por su expulsión del PP en 2007.

Aquel año, en enero, Onalia Bueno era detenida junto al entonces alcalde y ahora enemigo declarado, Paco González (PP), en el marco de la operación Góndola, un caso que tras pasar por las manos de más de trece jueces de ida y vuelta en las oficinas judiciales de Maspalomas acabó archivado a pesar de los ocho delitos que se le imputaban a la ahora alcaldesa, incluido el de investigar por su cuenta a la entonces jefa superior de Policía en Canarias, Concepción de Vega. Los pájaros contra las escopetas.

El presidente del PP de entonces, el exministro José Manuel Soria, decidió perdonarle la vida política a Paco González por las cercanías de las elecciones de mayo de 2007, ante la ausencia de un relevo claro como cabeza de lista en el municipio, y castigar a Onalia Bueno como la culpable de toda la trama. No en vano, los investigadores de la época consideraban a Bueno el cerebro del ayuntamiento. De aquella afrenta, vienen las enemistades irreconciliables entre González y Bueno, ambos hijos de alcaldes.

Que la Guardia Civil andaba detrás de otro presunto pucherazo en Mogán era vox populi hace años. Lo saben los lectores de Canarias Ahora desde el primer minuto. Tanto en 2016, cuando un antiguo colaborador de la alcaldesa ahora detenida, Onalia Bueno (Ciuca), confesaba a su enemigo político, Paco González (PP), cómo Ciuca ganó al PP en 2015 comprando voluntades; como en 2019, al denunciar la concejal Isabel Santiago las trampas que se preparaban en el último proceso electoral.

La edil de Nueva Canarias llevó a la Delegación del Gobierno otro audio, también publicado en Canarias Ahora, en la que Onalia Bueno explicaba a otro colaborador de Ciuca cómo manipular el voto por correo. Esa denuncia de Isabel Santiago acabó remitida desde Delegación a la Fiscalía y a la Guardia Civil, y tras abrirse diligencias previas aparte en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, se incorporaron a las diligencias ya existentes desde 2015 que parecían languidecer en el cajón del Equipo Judicial, y que han permitido reactivar todo el caso.

Lo cierto es que durante año y medio la Guardia Civil no sólo ha ido recabando datos, testimonios y hasta más de 500 imágenes del presunto delito electoral en la jornada del 26 de mayo de 2019, sino que ha derivado también la investigación hacia el dinero. ¿Dónde está el dinero? Pues eso es lo que pretenden saber los investigadores y cerrar el círculo de la compra de votos a cambio de pagos y favores a los “clientes de Ciuca”. Y también elevar el tiro, no sólo apuntando a ayudas sociales, sino a actuaciones urbanísticas o contratos municipales de enjundia, a cambio de financiar al partido que gobierna un potente municipio turístico como Mogán desde 2015.

Es ahí donde intervienen las detenciones de dos concejales bien específicos, aparte de la alcaldesa. En el caso de Tania Alonso, desde Servicios Sociales se habrían realizado ese tipo de contraprestaciones por votar a Ciuca el 26M pasado. Hay testimonios para llenar un carro de la compra, o una lavadora, pero también indicios de que en otro de los departamentos, Urbanismo, se hayan estado fraguando operaciones con algunos empresarios, con nombres, apellidos y relevantes sociedades, a cambio del sostén económico de Ciuca.

Hasta cheques nominativos que dejan rastro

Algunos de esos empresarios, que pusieron toda su carne en el asador de Onalia, se han ido arrepintiendo y más de uno ha pasado ya estos meses por los despachos de la Benemérita, incluso hay cheques nominativos que iluminarían el rastro del dinero. Esa es la parte de la investigación que se desmenuza ahora, ya con el secreto de sumario levantado y personada en la causa como acusación popular la concejal Isabel Santiago (NC), bajo la dirección letrada de la abogada tinerfeña Sandra Rodríguez, que también ha llevado los casos Grúas y Reparos, abiertos contra el expresidente del Gobierno de Canarias y casualmente socio preferente de Onalia Bueno, Fernando Clavijo.

En Mogán se vive la política con saña. A sangre (nunca mejor dicho) y fuego, como en todo pueblo chico que lleve su infierno grande. “El padre de Paco no descansó hasta ver detenida a la atosigadora de su hijo”, cuenta una vecina de Arguineguín, muy al tanto de la polítiquería moganera. Francisco González Saavedra, alcalde de Mogán entre 1983 y 1991 bajo diferentes siglas de la derecha de toda la vida (era concejal ya en 1970, por el tercio de cabezas de familia durante la Dictadura), dejaba de existir este jueves, víctima de la COVID-19, en el Hospital Insular de Gran Canaria.

Su hijo Paco, en la actualidad concejal del PP en la oposición a Ciuca, está en cuarentena por positivo de coronavirus. Este viernes no podrá despedir a su padre. Y este jueves no ha querido valorar la detención de su enemiga declarada, por el luto familiar. Tampoco lo ha hecho su partido, en shock por su reciente acercamiento a la alcaldesa a cambio de un sueldo para su portavoz, Maicol Santana. Paco González, hace ahora casi 14 años pasaba tres noches en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, cuando fue detenido en el marco de la operación Góndola, siendo alcalde de Mogán junto a su entonces mano derecha, la misma Onalia Bueno que ahora detesta y odia. Esta noche desde su casa de Pie de Cuesta saborea con amargura la venganza política, que tanto hizo sufrir a su padre.

Al otro lado del municipio, Onalia Bueno seguía en manos de la Benemérita a la hora de concluir este análisis. Quién se lo iba a decir, justo el día en que venía la exministra y expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, a la pasarela de políticos en el que se ha convertido el campamento de migrantes africanos en el muelle de Arguineguín, va y se lo pierde. “Serán malvados estos picoletos…”. Quienes tienen que estar fumando en pipa ahora mismo son los dirigentes canarios del PP. Cuando Ana Pastor preguntaba la mañana de este jueves histórico por Onalia Bueno en Arguineguín, ni la presidenta regional, Australia Navarro, ni el presidente insular, Poli Suárez, sabían dónde meterse. No en vano el PP grancanario no esconde los guiños que le hace a Onalia Bueno para que deje su alianza táctica con Coalición Canaria y se acerque al partido de Pablo Casado, como su vecino Marco Aurelio Pérez con su Agrupación de Vecinos en San Bartolomé de Tirajana…

Qué tendrá Mogán que atrae fatalmente al PP. Como cuando el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy celebró un mitin junto a José Manuel Soria y Paco González en la plaza de Las Marañuelas de Arguineguín. Era octubre de 2005 y aquel bolo lo pagó una empresa con la que el Ayuntamiento de Mogán había cerrado acuerdos para construir viviendas de protección social: Grupo Europa. ¿Se repite la historia?

Nueva Canarias en Mogán ha pedido este jueves a la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, que dimita, así como todo su grupo de gobierno, después de que la mandataria y dos de sus concejales hayan sido detenidos en el marco de una operación policial que investiga un presunto fraude electoral en el municipio en las elecciones de 2015 y 2019.

En un comunicado, Nueva Canarias afirma que es la segunda vez en la que Onalia Bueno se ve envuelta en problemas judiciales relacionados con la puesta en marcha de una supuesta trama para la compra de votos y recuerda que ya en 2007, en el seno de la operación Góndola, “resultó imputada por la comisión de un supuesto delito electoral”.

NC recuerda que en mayo de 2019 mantuvo una reunión con el anterior delegado del Gobierno, Juan Salvador León, al que le solicitó por escrito que se adoptasen las medidas oportunas para garantizar la limpieza del proceso democrático en Mogán, “dados los antecedentes ya denunciados por la formación nacionalista”, y sobre todo, por la grabación publicada por este periódico en mayo de 2019, en el que la misma Onalia Bueno “parecía explicar cómo se podría manipular el voto por correo”. NC califica dicha grabación de “escandalosa” y apunta que señalaba a la alcaldesa como la posible cabecilla de esta trama corrupta para garantizarse el triunfo electoral.

NC, con todos estos antecedentes, “celebra la actuación judicial porque representa un espaldarazo a todo el trabajo que su portavoz en el municipio sureño, Isabel Santiago ha venido desarrollando en los últimos años, junto al resto de compañeros de la formación política”.

Isabel Santiago ya ha anunciado que su abogada ha presentado el escrito de personación en la causa que instruyen los juzgados de San Bartolomé de Tirajana “para favorecer que todo el proceso siga adelante y se esclarezcan todas las supuestas irregularidades que se investigan”.

Por otro lado, Isabel Santiago exige la dimisión de Onalia Bueno y de su gobierno al frente del consistorio, “pues ante estos gravísimos hechos, no puede seguir ni un minuto más representando a los vecinos de Mogán”. Y hace un doble llamamiento, tanto a los partidos de la oposición para “construir una alternativa limpia” que defienda los intereses de todos los vecinos de Mogán, como a los concejales de Ciuca, partido de la alcaldesa, para que “rompan con ella y pongan fin a una gestión marcada por el estás conmigo o estás contra mí, de la presión, del miedo y del chantaje”.

“Onalia Bueno debe dimitir, su sola presencia rebaja y denigra la institución municipal y perjudica el buen nombre del municipio”, concluye la nota de NC.

La Guardia Civil ha detenido este jueves a Onalia Bueno (Ciuca), la alcaldesa de Mogán, uno de los principales municipios turisticos de la isla de Gran Canaria, con cerca de 20.000 habitantes censados, en una operación en la que además ha registrado las oficinas municipales en busca de pruebas de la presunta compra de votos en las elecciones municipales celebradas en mayo de 2019, que reactivaron una investigación abierta en 2015.

Policías judiciales han entrado por sorpresa en el Ayuntamiento y en las oficinas municipales en Arguineguín y han ordenado apagar todos los ordenadores y hacer copias de los servidores. Los agentes han asistido en tres coches sin distintivo policial - dos a la sede del Ayuntamiento y otro al edificio de informática - cargando numerosas cajas de cartón para portar documentación. La alcaldesa, Onalia Bueno, ha sido detenida tras ausentarse de la visita de la expresidenta del Congreso Ana Pastor (PP) al campamento de migrantes ubicado en el Muelle de Arguineguín.

También han sido detenidos la concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso y el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Mencey Navarro, investigado, además, por presunta prevaricación en un caso de contratos fraccionados para beneficiar, supuestamente, a su despacho de abogados.

La alcaldesa y el primer teniente de alcalde entraron este mediodía en la sala de ordenadores del Ayuntamiento acompañados por la comisión judicial y los agentes de la Guardia Civil. Han salido sobre las 7 de la tarde en un coche camuflado de la Guardia Civil que los agentes habían cargado con abundante documentación tras casi 10 horas de registro.

Los tres detenidos fueron trasladados a las oficinas municipales de Arguineguín y una tercera localización, donde la Guardia Civil ejecutó un segundo y un tercer registro por orden judicial. Sin embargo, al salir de las casas consistoriales, Onalia Bueno negaba estar detenida. Fuentes oficiales de la Guardia Civil en la Comandancia de Las Palmas no prevén que los ediles pasen la noche entre rejas y su abogado, Dani Reyes, asegura a este periódico que ya han sido puestos en libertad.

El Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana investiga una presunta trama de compra de votos en las elecciones de 2015 y 2019. Las diligencias se abrieron en 2015 en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana tras la denuncia del exalcalde, Paco González (PP), y un supuesto colaborador de la compra de votos, Ramón Trujillo, conocido en el municipio como 'El Perraya'. Las pesquisas se ampliaron tras las elecciones de mayo de 2019, después de que la Delegación del Gobierno de España en Canarias trasladara a la Fiscalía y a la Guardia Civil una denuncia de Nueva Canarias (NC) sobre la presunta compra de votos en el municipio sureño. Tanto el exalcalde popular como la portavoz de NC en el municipio, Isabel Santiago, personada en la causa bajo la dirección letrada de Sandra Rodríguez, han sido llamados a declarar la próxima semana, el primero en condición de denunciante y la segunda, de testigo. El juez ha levantado el secreto de sumario, pero la investigación tiene carácter reservado, informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La detención de Onalia Bueno ha interrumpido una visita de tres líderes del Partido Popular al campamento de migrantes de Arguineguín después de que la alcaldesa pidiera, con la voz temblorosa del llanto, que “políticos de mayor instancia” se acercaran al muelle para conocer la situación. A su llamada asistieron, además de la expresidenta del congreso, Ana Pastor, la presidenta de los populares canarios, Australia Navarro y el presidente del partido en Gran Canaria, Poli Suárez. Este último reconoció en recientes declaraciones a Canarias Ahora que buscaba un acercamiento al partido de la alcaldesa para poner fin a la fragmentación de la derecha en la isla. Como parte de este mejor entendimiento, el portavoz del PP en el municipio, Maicol Santana, se aseguró un sueldo de 34.000 euros como sustituto del ahora detenido Mencey Navarro, al que había denunciado anteriormente por prevaricación. Sus compañeros de denuncia de NC dicen que el acuerdo contempla la retirada de la denuncia del portavoz Santana contra el primer teniente de alcalde de Ciuca. 

En relación a la investigación policial en curso, a Onalia Bueno se la escucha en una conversación grabada antes de los comicios de 2019, explicando a un simpatizante cómo manipular el voto por correo. Su partido ganó su primera mayoría absoluta en mayo del año pasado tras pasar de 500 a 2.000 los votos por correo en este municipio de menos de 20.000 habitantes.

El equipo de policía judicial encargado de investigar el presunto pucherazo a favor de la alcaldesa también maneja más de 500 imágenes de la jornada electoral. En ellas se observa cómo actuaban delante de los mismos colegios los apoderados del partido aliado de Coalición Canaria en el municipio, unos recibiendo a votantes y hasta otros pasando lista.

Además, colaboradores suyos han revelado que su modus operandi, que consistía en comprar voluntades a cambio de 50 o 100 euros –denunciando incluso que el mismo domingo electoral se cambiaban votos por papelas de droga–, y de financiar estas por medio de contratistas cómplices.

Así, algunos de estos implicados ya arrepentidos habrían montado empresas para contratar obras, con el único fin de inflar facturas por pequeñas actuaciones en el municipio, cuya mayor parte del montante se destinaría a comprar voluntades de votantes de cara a las elecciones. Otra línea de investigación se basa en negocios que tenían deudas pendientes con el Ayuntamiento. En este caso, los recursos a esas sanciones serían admitidos a cambio de comprometer el voto de propietarios y empleados.

Supuesto fraude en 2015

En los penúltimos comicios, Ciuca ya fue señalado a posteriori por uno de sus colaboradores por su supuesta compra de votos. En una grabación difundida por Canarias Ahora, uno de los responsables de la campaña del partido, José Monzón, conocido en el pueblo como Pepe El Japonés explicaba cómo el partido habría pagado la renovación del DNI o clases de karate a cambio de votos en las elecciones municipales de mayo de 2015. La trama, según esta conversación, habría contado con colaboradores en las oficinas de Correos para hacer entrega de las papeletas electorales.

Ciuca ganó las elecciones electorales de 2015 con 2.806 votos, 398 más que el segundo partido más votado, el PP (2.408 votos) de Francisco González. Sólo El Japonés habría comprado, presuntamente, 383 votos, y a ello habría que añadir los que supuestamente se compraron durante la misma jornada electoral. Además, otro testigo aseguraba haber comprado 100 votos por correo para esta formación política. 

La de este jueves es la segunda detención de Onalia Bueno. La alcaldesa ya fue investigada por ocho presuntos delitos –entre ellos, el electoral– en el conocido como caso Góndola, cuando era la mano derecha del entonces alcalde del PP y ahora su enemigo irreconciliable, Paco González. Ambos fueron detenidos en enero de 2007 dentro de esa investigación, que después de once años de instrucción en un juzgado por el que pasaron varios jueces y fiscales, quedó archivada.

A raíz de esa detención, Onalia Bueno abandonó el PP señalada como responsable del escándalo y regresó a la política de la mano de Ciuca en 2011. Paco González siguió siendo alcalde hasta 2015, cuando perdió las elecciones ante su otrora mano derecha. Los recientes acercamientos de PP grancanario al partido de Bueno, no han sido a gusto del exalcalde.

Los negocios de la alcaldesa

Bueno también se ha visto envuelta en polémica recientemente por compaginar sus negocios personales con la alcaldía de Mogán. A pesar de las posibles incompatibilidades, conserva el 100% de las acciones de la mercantil Ernesto Fernández Morales SL, titular de parte de terrenos donde su ayuntamiento ha dado licencia a su padre, el exalcalde Guillermo Bueno, para un centro de ecoturismo. La alcaldesa inyectó en 2017 una ampliación de capital de 120.000 euros sin que haya querido aclarar el origen y destino de ese dinero.

Un mes después de ganar las elecciones de 2019, Bueno dimitió como administradora única de la empresa, investigada por Hacienda y la Inspección de Trabajo, poniendo a su padre como sustituto. El cambio de administrador confirmaría las causas de incompatibilidad en la que incurrió Onalia Bueno durante el anterior mandato, al no dirigirse al pleno para poder compaginar su cargo público de alcaldesa con la actividad empresarial de su empresa como administradora única desde 2014.

Nueva Canarias ha presentado un escrito ante el registro del Ayuntamiento de Mogán en el que reclama a la alcaldesa, Onalia Bueno, a que reconsidere su decisión de desahucio del banco de alimentos de Arguineguín para evitar lo que sería “un grave perjuicio a los vecinos mas necesitados del municipio”, según ha informa la formación nacionalista en un comunicado. El grupo ha solicitado copia de los informes en los que el Ayuntamiento de Mogán fundamenta su decisión y el listado de locales de titularidad municipal disponibles para buscar un espacio alternativo para la asociación.

La Asociación de Vecinos de Las Lomas ha asistido durante doce años a familias en apuros - cerca de 300 actualmente . El Ayuntamiento alega falta de colaboración y seguridad sanitaria en el banco de alimentos para justificar su decisión, acusaciones que la asociación rechaza frontalmente. Jenni Hymoff, presidenta de la asociación, defiende que “la gente tiene que comer y no puede esperar semanas a que la administración arregle toda la documentación”. Además, sostiene que el establecimiento ha superado las inspecciones sanitarias correspondientes, incluida una efectuada el pasado mes de diciembre por parte del Ministerio de Agricultura, responsable del programa nacional del reparto de alimentos.

Isabel Santiago, portavoz municipal de Nueva Canarias, cree que la situación que se genera con el cierre del banco de alimentos es “muy grave”. Sobre todo en el marco de una crisis sanitaria y económica por la pandemia del coronavirus. La decisión de Onalia Bueno es única en Gran Canaria, según Santiago, porque nunca antes se había cerrado el banco de alimentos de un municipio. Lo ocurrido en Mogán, denuncia, es un acto de “control y explotación electoral de la pobreza que tan útil le resulta a Bueno”.

Según la formación nacionalista, el Ayuntamiento de Mogán dispone de locales de titularidad pública que podría ceder a la asociación vecinal y así puedan continuar con el desarrollo del proyecto social. Además, afirma que la alcaldesa es plena conocedora de todos los locales disponibles ya que en el año 2014, antes de convertirse en alcaldesa del municipio, Mencey Navarro denunció al anterior alcalde, aportando un listado de locales disponibles por no ceder un espacio a Ciuca para el desempeño de sus funciones.

La portavoz de NC, Isabel Santiago, le ha pedido a Onalia Bueno que haga memoria y recuerde sus reivindicaciones cuando no era alcaldesa. En este sentido Nueva Canarias ha recordado que este modo de proceder representa un incumplimiento del programa electoral de Ciuca, que proponía la creación de mesas de coordinación con las distintas organizaciones sociales que prestan ayudas a la comunidad para un mejor control y distribución de las ayudas.

La formación nacionalista entiende que la gestión desarrollada por la alcaldesa perjudica a los vecinos más vulnerables del municipio, pues, según el comunicado, “piensa más en el valor de la parcela que en apoyo a proyectos vecinales que redundan en beneficio de la comunidad”.

Además, le preocupa que el asesor de urbanismo, Raico Guerra, se esté “extralimitando en el ejercicio de sus funciones, pues legalmente no puede ir mas allá del mero asesoramiento al gobierno de Mogán”. NC defiende que Guerra no puede desempeñar funciones “ni de inspección ni de técnico” ya que carece de formación universitaria.

El Partido Popular busca recuperar su protagonismo en Gran Canaria, donde encadenó cinco presidencias insulares hasta la caída de José Manuel Soria, la ruptura con José Miguel Bravo de Laguna y el triunfo de Antonio Morales (NC) en 2015. Los populares quieren poner fin a la fragmentación de la derecha, empezando por atraer a su antigua concejala convertida en independiente aliada a Coalición Canaria, la todopoderosa alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. 

Así lo ha dejado claro el presidente del partido en la isla, Poli Suárez, en declaraciones a esta redacción. “Mi proyecto buscar sumar con personas y grupos que se han ido a otras fuerzas como Ciudadanos y otros independientes”, dijo. Suárez niega que haya habido ninguna negociación respecto a las listas de 2023 con Onalia Bueno, pero dice que su objetivo en Mogán es “suavizar las cosas” y hacer una “oposición colaborativa”. 

Suárez dice que, aunque las relaciones en Mogán “no han sido buenas”, el entendimiento con Ciuca no es nuevo. El líder popular señala como ejemplo la inclusión de Daniel Reyes, de Ciuca Telde, en cuarto lugar de las listas del PP al Cabildo. Anteriormente, el candidato a la presidencia del PP, Marco Aurelio Pérez, gobernó el municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana como líder de Asociación de Vecinos, otro grupo independiente con peso también en Santa Lucía, un municipio del sureste grancanario con fuerte tradición nacionalista. 

El mejor entendimiento entre las dos formaciones se sellará el próximo lunes con el fichaje del portavoz del PP de Mogán, Maicol Santana Araña, como sustituto del concejal de Urbanismo, Juan Mencey Navarro, en la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos. Santana, que hasta ahora no cobraba nada como portavoz del principal partido de la oposición, consigue así la dedicación al 75% a sus labores como concejal y se asegura un sueldo de 34.000 euros anuales. 

El concejal popular se convierte de esta manera en necesario colaborador de Mencey Navarro, contra quien tomó acciones legales hace menos de un año. Santana se personó, junto a la concejala de Nueva Canarias Isabel Santiago, como acusación popular en la investigación por presunta prevaricación en los contratos de asistencia jurídica del Ayuntamiento moganero por su posible trato de favor al despacho de abogados del responsable de Urbanismo. En un comunicado del partido sobre el nuevo sueldo municipal de Santana, no se menciona el conflicto legal entre el popular y la mano derecha de Onalia Bueno a quien va a servir como suplente. El concejal se ha negado a atender las preguntas por escrito y las llamadas telefónicas de este redacción, pero sus antiguos compañeros de denuncia explican que el acuerdo contempla la retirada de la denuncia del portavoz del PP contra el primer teniente de alcalde de Ciuca. 

El acercamiento con el partido de Onalia Bueno no ha sentado bien a todos los populares de Mogán. Paco González, concejal conservador y antiguo alcalde del rico municipio turístico subraya su lealtad al partido, pero niega que haya cambiado su relación con el partido de Gobierno y la alcaldesa. “Yo, personalmente, no he hecho ningún acercamiento a Ciuca”, espetó en declaraciones a esta redacción. 

González, que tuteló a la actual alcaldesa hasta la explosión del caso Góndola a poco tiempo de las elecciones de 2007, que acabó con la expulsión de Onalia Bueno del partido y el crecimiento de Ciuca como partido independiente, dice que él no tenía conocimiento de los acuerdos con Maicol Santana y que está al margen de las decisiones del partido porque no tiene ningún cargo orgánico. 

El exalcalde niega ningún contacto con su otrora fiel aliada y ahora enemiga política declarada, Onalia Bueno: “Ellos conmigo no hablan más que en los juzgados”, dice. González hace referencia a la denuncia de Onalia Bueno contra él, su partido y Maicol Santana por supuestas ofensas a su honor por pedir explicaciones en el pleno sobre una casa de protección oficial de su propiedad. González no cree que la alcaldesa haya retirado la denuncia, en la que pide una indemnización de 45.000 euros y está ya vista para sentencia. Antes de la denuncia por lo civil, la líder de Ciuca intentó, sin éxito, ir contra su antiguo partido por la vía penal. 

Jugando a dos bandas

Pese a las intenciones de acercamiento del Partido Popular, Onalia Bueno continúa labrando su estrecha relación con la Coalición Canaria de Fernando Clavijo, que llegó a hacer campaña por Ciuca en Mogán durante su etapa de presidente autonómico. Tras su ruptura con la izquierda nacionalista grancanaria que formó el partido ahora al frente de la isla, Nueva Canarias, CC ha buscado crecer en la isla a través de alianzas con antiguos líderes del PP como Bueno o Bravo de Laguna.  

La alcaldesa de Mogán ha renovado a Jesús Romero Espeja, arquitecto y exviceconsejero de Política Territorial en el anterior Gobierno de Canarias liderado por Clavijo, como asesor en la elaboración del Plan General de Ordenación y el segundo Plan de Modernización de Playa de Mogán. 

Espeja, que está imputado en un juzgado de Arona por autorizar una ampliación ilegal de un local de ocio, figura como tercer vocal de la Comisión de Evaluación Ambiental de la que Maicol Santana será presidente suplente y representa al Ayuntamiento en la comisión homóloga a nivel autonómico. 

Tras haber asesorado a Mogán durante los tres últimos meses de 2019 por un importe de 3,750 euros, el Gobierno de Onalia Bueno le ha vuelto a contratar por todo el 2020 con el mismo fin. El contrato es de 14,999.00 euros, un euro por debajo del máximo permitido para considerarlo un contrato menor y evitar un proceso de concurrencia y el pago se divide en doce mensualidades. 

El fichaje como asesor de uno de los popes del urbanismo de Coalición Canaria, Jesús Romero Espeja, por parte de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), puede quedar en papel mojado. El contrato entre el Ayuntamiento de Mogán y quien fuera viceconsejero de Política Territorial en el Ejecutivo de Fernando Clavijo (CC) está en manos del Ministerio de Hacienda, para que determine si el procedimiento administrativo incumple las propias directrices del ministerio.

A juicio de Nueva Canarias, la contratación de quien fuera el responsable máximo de la gestión del planeamiento de Canarias a través de una herramienta clave como es la empresa pública Gesplan, contraviene instrucciones oficiales del mismo Ministerio de Hacienda, por medio de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReSCon). En concreto, NC se ha dirigido a esa Oficina dependiente de Hacienda para que se pronuncie sobre si el fichaje del arquitecto y urbanista cumple o no con su Instrucción 1/2019, de 28 de febrero.

El procedimiento administrativo llevado a cabo para la contratación de Romero Espeja –que considera un “atrevimiento” que se le cuestione por su contrato en Mogán porque entiende que ya no es “un hombre público”- incumpliría algunos de los apartados de esa Instrucción de Hacienda. Según se desprende del expediente que ha examinado la concejal de NC, Isabel Santiago, el contrato no se ajustaría a derecho porque el ayuntamiento ni ha justificado la elección del contratista, ni ha quedado acreditado que haya solicitado al menos tres presupuestos.

Del mismo modo, el ayuntamiento no ha informado sobre esos tres presupuestos distintos para conocer cuál es la mejor propuesta para los intereses municipales, desde el punto de vista de la relación calidad-precio. En este caso, ese baremo sería fundamental según las instrucciones del Ministerio de Hacienda, ya que es de obligado cumplimiento para todos los órganos de contratación del sector público.

NC considera que “estamos ante una contratación caprichosa de la alcaldesa, pues carece de sentido que contrate al señor Romero Espeja y al poco tiempo nombre a un cargo de confianza –Raico Guerra, que formó parte de las listas de Ciuca- para que desempeñe las labores de asesoramiento en materia de urbanismo”. Una incongruencia, a juicio de NC Mogán, que merecería un informe del interventor para que determine si el contrato del exviceconsejero cumple con la legalidad.

Jesús Romero Espeja, viceconsejero de Política Territorial en el Gobierno canario presidido por Fernando Clavijo y director general de Urbanismo (posteriormente de Ordenación del Territorio) en los ejecutivos del expresidente Paulino Rivero, ha sido contratado por la alcaldesa de Mogán para el asesoramiento en materia urbanística y territorial y el seguimiento de los trabajos que realiza precisamente Gesplan. Así, el exviceconsejero que anteriormente dirigía Gesplan estaría ahora controlando desde el ayuntamiento la redacción y tramitación del Plan General de Ordenación Urbana y del II Plan de Modernización de Playa de Mogán.

El Ayuntamiento de Mogán ha celebrado este jueves un pleno en el que ha aprobado una modificación presupuestaria de 7,1 millones de euros pese a las advertencias tanto del interventor municipal como de la oposición, formada por Nueva Canarias y el Partido Popular.

Dicha modificación presupuestaria supone colocar al Consistorio al borde de la disolución, pues compromete más gastos de los fijados en su plan económico-financiero 2019-2020, y se verá ante la imposibilidad legal de decretar la indisponibilidad de créditos para esos gastos ya comprometidos.

Tanto NC como el PP en Mogán han anunciado, tras la aprobación, que estudian llevar la gestión económica de la alcaldesa Onalia Bueno (Ciuca) ante el Tribunal de Cuentas y crear además una mesa de trabajo conjunta para analizar todas las acciones a emprender en defensa del municipio.

Según denuncian, en el pleno de este jueves reiteraron a la alcaldesa su petición de que “dejase ambos expedientes sobre la mesa” y los volviera a someter a consideración del pleno tras la “subsanación de importantes deficiencias”, petición que fue desoída.

Los portavoces de la oposición Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP) registraron un escrito un día antes (este miércoles) en el que ponían en conocimiento de los representantes políticos del gobierno de Mogán y de los técnicos municipales que el expediente de reconocimiento de créditos, instruido para pagar facturas fuera de contrato, “incumplía radicalmente con el contenido de los informes, consultas e instrucciones dictadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias y por el Tribunal de Cuentas”.

Según NC y PP, el equipo de gobierno y los técnicos municipales han ignorado las advertencias hechas por el portavoz del PP, Maicol Santana, quien insistió en que, tal y como determinan la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, el procedimiento para pagar facturas sobre las que no existe contrato (que implica que sean nulas de pleno derecho) es el de la declaración de nulidad y la consecuente indemnización a los proveedores municipales.

Pese a ello, se procedió a aprobar el expediente, lo que ha sido calificado por la oposición como un hecho “muy grave”, ya que el gobierno de Onalia Bueno ha dado luz verde al pago de dichas facturas “a pesar de conocer la ilegalidad y las responsabilidades penales y contables que se derivan de dicha aprobación”.

NC y PP se han mostrado “igualmente sorprendidos” por “la despreocupación” con la que actúan la alcaldesa y su concejal de hacienda, Ernesto Hernández, por no retirar el expediente por el que se ha modificado el presupuesto en más de 7 millones de euros “para financiar, entre otras cuestiones, las propuestas electorales de Onalia Bueno”.

Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP) han expresado en una nota de prensa previa al pleno que esperaban que la alcaldesa suspendiera la tramitación de un expediente que reduce los fondos líquidos del Ayuntamiento de 31 a 8 millones de euros y que, según expresó el interventor en un informe, unido al incumplimiento de la regla del gasto, “podría suponer la disolución de la Corporación de Mogán”.

Ambas formaciones han planteado que el expediente se revise y se supriman los gastos que no son fundamentales para el normal desarrollo de los servicios públicos, y que, de este modo, “se aleje del horizonte la sombra de la intervención del Ayuntamiento por parte del Gobierno de España, y la posible disolución de la Corporación”.

En opinión de la oposición, estos datos confirman que “Onalia Bueno no es una buena gestora y que desde que llegó a la alcaldía solo piensa en defender sus intereses y los de sus familiares, como acreditan la actividad empresarial que ha venido compatibilizando desde el 2015”.

NC y el PP afirman que no van a tolerar este tipo de “agravios que dañan la imagen de Mogán”. Por ello, han adelantado que van a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar que Ciuca siga “paralizando y parasitando las instituciones públicas de Mogán”.

Por ello, ambas formaciones políticas han decidido construir una mesa de trabajo para “valorar y preparar las líneas de trabajo que van a emprender para la defensa de Mogán”. Entre las opciones que barajan está la de acudir al Tribunal de Cuentas para que tome cartas en el asunto y evite “el descalabro económico” del segundo municipio turístico de Gran Canaria.

Los “hombres de negro” del Ministerio de Hacienda estarían tocando a la puerta del despacho de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), en 2020, si el jueves lleva a pleno y aprueba con su mayoría absoluta una modificación presupuestaria de 7,1 millones de euros. Incluso el Ayuntamiento de Mogán corre riesgo de una disolución de sus órganos de gobierno por comprometer más gastos de los fijados en su plan económico-financiero 2019-2020, y verse ante la imposibilidad legal de decretar la indisponibilidad de créditos para esos gastos ya comprometidos.

Así lo advierte el interventor de la corporación municipal del sur de Gran Canaria, Gonzalo Martínez Lázaro, en un informe sobre modificación presupuestaria y regla de gasto ante la pretensión de la alcaldesa de tirar de otros 7,1 millones de euros. El origen de las partidas, que este lunes pasan el trámite en la correspondiente comisión de Hacienda, sería a través del remanente líquido de tesorería. La mayor parte de esas partidas presupuestarias vacías son promesas electorales de Ciuca.

En su informe, el interventor municipal recuerda que en marzo de este año, con el PSOE en el pacto de gobierno con Ciuca y su concejal Artemi Artiles al frente de la Concejalía de Hacienda, el ayuntamiento aprobó un plan económico-financiero que abarca los años 2019 y 2020. Este ajuste en las cuentas se debió al incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto durante 2018. El plan estableció un límite de la regla de gasto de 34,4 millones de euros para este año, y de 34,5 millones de euros para 2020.

De este modo, según el estado vigente de ejecución del presupuesto a este mes de octubre, “se ha puesto de manifiesto un considerable aumento de las obligaciones reconocidas, especialmente en el capítulo 1 y el capítulo 2, lo que revela indicios de un riesgo de incumplimiento de la Regla de Gasto”, indica el interventor municipal.

En su informe, el fiscalizador de las cuentas dibuja dos escenarios posibles a 31 de diciembre, aplicando en el primero el grado de ejecución del presupuesto de 2018, y en el segundo, un grado de ejecución medio de los últimos ejercicios desde 2016. Así, de un lado prevé que en ambos escenarios se cumpla el objetivo de estabilidad, pero “con el escenario 1 cumpliríamos a duras penas la Regla de Gasto, mientras que con el escenario 2 incumpliríamos claramente, siendo necesaria la aplicación de las medidas coercitivas previstas” en la ley.

Estas medidas recogidas en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obliga a las entidades públicas a aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento, la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. Ese acuerdo debe detallar “las medidas de reducción de gasto correspondientes e identificar el crédito presupuestario afectado”, es decir indicar qué recortes concretos llevará a cabo el grupo de gobierno municipal.

Además, el Ayuntamiento de Mogán se vería obligado a constituir, a petición del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su Producto Interior Bruto nominal. El depósito sería cancelado en cuanto se aplicaran las medidas que garantizaran el cumplimiento de los objetivos presupuestarios y financieros marcados por la ley.

Estas medidas, de no cumplirse por parte de la administración pública, conllevaría “el envío, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria”, los conocidos como “hombres de negro” que intervendrían las cuentas municipales según el grado de incumplimiento y de negligencia, hasta el punto de que “podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora”.

En sus conclusiones, el interventor advierte de ese grado de incumplimiento de la regla de gasto si se aprueba la modificación y la aplicación de esas medidas según la Ley 2/2012. Sin embargo, al tiempo que advierte de un claro riesgo de incumplir la regla de gasto y por tanto el plan económico-financiero 2019-2020, alerta de que si se adjudican esos contratos recogidos en esta nueva modificación de crédito 53/2019, sería imposible cumplir la exigencia legal de declarar la indisponibilidad de créditos, al quedar ya comprometidos mediante la aprobación en el pleno.

En su informe, así lo recoge y advierte sobre el riesgo de disolución de los órganos de la corporación municipal: “Una de las medidas coercitivas a tomar sería la declaración de indisponibilidad de créditos. Sin embargo, en caso de adjudicarse los correspondientes contratos, no sería posible declarar tal indisponibilidad [por ser ya un gasto comprometido], lo cual, en última instancia, podría llegar a considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses generales, pudiendo llegar a implicar, incluso, la disolución de la corporación”.

Sin recursos para electricidad o asfaltado

La situación que ha llevado al Ayuntamiento de Mogán a tirar de 7,1 millones de euros de sus remanentes de tesorería se produce después de distintos informes de servicios municipales que declaran la insuficiencia de recursos económicos para poder afrontar determinados gastos. Una insuficiencia que en cada uno de esos informes de los servicios municipales es corroborada por el interventor: se han quedado sin dinero para poder seguir gestionando los servicios públicos.

Así, desde la Concejalía de Servicios Públicos se confirma a Intervención que ya no disponen de dinero para afrontar proyectos como la adquisición de vehículos para la Policía Local y Vías y Obras; la redacción de proyectos para nuevas instalaciones eléctricas de colegios y guarderías, de las oficinas municipales de Arguineguín, de los campos de fútbol de esta localidad y de Playa de Mogán, de la biblioteca o del archivo municipales. También declaran que no hay recursos para inversiones para paliar los malos olores de la estación de bombeo de Playa de Mogán, ni siquiera para hacer frente a los pagos de agua, luz ni telefonía pública.

En cuanto al departamento de Obras Públicas, se da cuenta también que no tiene créditos para afrontar una de las obras estrella promovida por la alcaldesa, Onalia Bueno, para este nuevo mandato: la obra de rehabilitación de la Playa de El Perchel en Arguineguín, que asciende a 1,8 millones de euros y es la mayor partida de esos 7,1 millones de euros que pretende aprobar el próximo jueves en el pleno. Obras Públicas también declara la imposibilidad de afrontar la construcción de los aparcamientos en el cementerio de Mogán casco, el saneamiento en el barrio del Cercado o la mejora del asfaltado de la cancha deportiva de Mogán.

Otra de las obras afectada por la falta de recursos económicos y que también fue una de las grandes promesas electorales en la campaña de mayo pasado es la de la construcción del centro socio-cultural de Mogán, iniciada y sin recursos para su finalización (la modificación prevé una partida nueva de 350.000 euros). Y otro de los grandes importes, por encima de los 900.000 euros, sería para el asfaltado de todo el municipio. También desde la Asesoría Jurídica se acredita la insuficiencia de recursos económicos para abonar facturas de abogados contratados para la asistencia jurídica del ayuntamiento en diversos pleitos.

El panorama que dibujan los diversos informes de los servicios municipales, antes incluso de la advertencia de disolución de la corporación por parte del interventor, pone en evidencia la ausencia total y absoluto descontrol del gasto realizado este 2019, año electoral. La solución que propone el gobierno municipal de Ciuca es que esos 7,1 millones de euros provengan del remanente de tesorería. En 2018, esos remanentes (dinero disponible en las cuentas municipales) ascendía a más de 31 de millones de euros. Tras las modificaciones ya ejecutadas al Presupuesto a lo largo de 2019, esa cantidad ha quedado por debajo de los 16 millones de euros. De aprobarse ahora una nueva modificación de crédito, el remanente no superará los 9 millones de euros, afectando a la sostenibilidad de los servicios públicos.

En la comisión informativa celebrada este lunes, el PP ha propuesto dejar sobre la mesa esta nueva modificación presupuestaria, ante las advertencias recogidas en el informe del interventor. La misma ha seguido su trámite con el voto favorable del grupo gobernante, Ciuca. El PSOE, su antiguo aliado y responsable del plan de ajuste 2019-2020, se ha abstenido. A la comisión informativa no asistió NC.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), ha dimitido como administradora única de la empresa que mantiene activa desde 2014, Ernesto Fernández Morales SL, y en su lugar ha nombrado a su padre, exalcalde de este municipio turístico del sur de Gran Canaria, Guillermo Bueno. Así consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) del 3 de julio, donde aparece publicado el relevo en el cargo de administrador único, aunque la líder del aliado local de CC mantiene el 100% de las acciones de esa sociedad, investigada por Hacienda y la Inspección de Trabajo.

La nueva situación de la empresa de la alcaldesa de Mogán se inscribió el 26 de junio en el Registro Mercantil, un mes después de ganar las elecciones municipales, bajo sospecha de compra de votos investigada por la Guardia Civil y los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. El cambio de administrador confirmaría las causas de incompatibilidad en la que incurrió Onalia Bueno durante el anterior mandato, al no dirigirse al pleno para poder compaginar su cargo público de alcaldesa con la actividad empresarial de su empresa como administradora única desde 2014.

Esa compatibilidad imposible, además, viene agravada por el hecho de que hace dos años la alcaldesa inyectó 120.000 euros de capital a su mercantil, por medio de una supuestas tasaciones de terrenos heredados de su padre. Esa ha sido la única explicación ofrecida por Onalia Bueno de la operación financiera de su mercantil en 2017, desvelada en marzo por Canarias Ahora, y que viene a demostrar que su empresa ha estado activa a lo largo de su anterior mandato (2015-2019).

Tanto, que Ernesto Fernández Morales SL es la propietaria de unos terrenos sobre los que se proyecta un centro de ecoturismo cuya licencia fue concedida en 2018 al padre de la alcaldesa por su propio ayuntamiento. El cambio de administrador de hija a padre (de 2008 a 2014 lo fue la pareja de la alcaldesa) también deja rastro de un presunto beneficio familiar con la licencia del centro. Ella misma es beneficiaria de la licencia, y ha emitido informes previos a la contratación de un servicio menor para la rehabilitación de senderos que transcurren por su proyectado albergue.

A día de hoy, el Ayuntamiento de Mogán no ha publicado la nueva declaración de bienes y de incompatibilidades de la alcaldesa, que sin embargo mantiene en plena actividad a su mercantil Ernesto Fernández Morales SL, hasta el punto de haber presentado durante estos días de julio las cuentas de 2018, sin que figure que haya nombrado liquidador alguno de la empresa.

A juicio de Nueva Canarias, que en vano ha solicitado al ayuntamiento copias de la declaración de bienes y de incompatibilidades, así como del informe que emitió la alcaldesa para la redacción del proyecto de rehabilitación de senderos, Onalia Bueno, como socia única y propietaria del 100% de las participaciones de la sociedad, sigue ejerciendo actividades privadas por medio de persona interpuesta o sustitución, según prohíbe la Ley 53/1984 de incompatibilidades, en sus artículos 11 y 12. Y además, debería estar dada de alta como autónoma al poseer más del 50% del capital de la empresa.

Esta circunstancia, puesta en conocimiento por el partido de la concejal Isabel Santiago a la Agencia Tributaria y de la Inspección de Trabajo, chocaría de frente con percibir un sueldo público como alcaldesa. En este nuevo mandato, Onalia Bueno se ha subido el sueldo a 53.065,30 euros.

La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria) durante los últimos cuatro años, Onalia Bueno, de Ciuca, ha sido reelegida este sábado para un nuevo mandato con los votos de su partido, que dispone de mayoría absoluta.

Bueno retiene la Alcaldía con el apoyo de los diez concejales de su grupo, conformado por Mencey Navarro, Ernesto Hernández, Grimanesa Pérez, Tania Alonso, Luis Becerra, Juan Carlos Ortega, Alba Medina, Consuelo Díaz y Víctor Gutiérrez, además de ella misma En la oposición, estarán los siete ediles que suman el Partido Popular, el PSOE y Nueva Canarias.

El PP está representado en la corporación por Francisco González, Maicol Santana, Itzíar Vázquez, Zuleima Alonso y José Manuel Jiménez; el PSOE, por Artemi Artiles, y NC, por Isabel Santiago. Esta última no asistió al pleno de constitución de la corporación, para expresar su protesta porque considera que las elecciones en el municipio no fueron limpias.

Según informa el equipo de gobierno, Onalia Bueno ha resaltado durante el pleno que los 4.334 votos que consiguió Ciuca en Mogán el 26 de mayo suponen “un resultado único nunca visto en la historia política de este municipio”. “Estos cuatros años que hoy dejamos atrás han sido vitales para preparar, planificar, organizar y proyectar, ya que al llegar nos lo encontramos todo por hacer. Nos ha costado mucho ponernos en funcionamiento pero con trabajo, constancia, perseverancia, sacrificio y decisión lo hemos conseguido”, ha añadido.

La alcaldesa ha expresado su apuesta por tomar decisiones “valientes y necesarias pero siendo humildes”. “Daremos la cara, corregiremos y seguiremos trabajando y luchando para colocar el nombre de Mogán donde se merece y continuar sintiéndonos orgullosos de dónde somos”, ha apuntado.

Ciudadanos para el Cambio – Ciuca ha ganado la mayoría absoluta en Mogán con diez concejalías de 17 posibles. El Consistorio del municipio turístico del sur grancanario perdió cuatro asientos al descender su población en 3.834 residentes respecto a los comicios de 2015, cuando la formación liderada por Onalia Bueno se vio obligada a pactar con el PSOE para gobernar, pues, aunque ganó con 10 concejales, la mayoría absoluta se fijaba en 11.

Como segunda fuerza se sitúa el PP, que suma cinco asientos y el PSOE, tercera, con uno. En la recta final del escrutinio, la candidata de Nueva Canarias, Isabel Santiago, consiguió entrar al Ayuntamiento del municipio grancanario, descendiendo el PP de los seis que parecía que iba a obtener.

La concejala de Nueva Canarias ha sido una de las principales denunciantes de las presuntas irregularidades de Onalia Bueno. De hecho, recientemente solicitó a la Junta Electoral Central que anulara el voto por correo del municipio de Mogán para estas elecciones, así como la candidatura encabezada por la actual alcaldesa, ante las investigaciones abiertas por la Guardia Civil, tanto por la presunta compra de votos en las elecciones de 2015 como la manipulación del voto por correo en las mismas.

De hecho, durante la jornada de este 26 de mayo, el voto por correo llegó a triplicar la cifra de los comicios de 2015, alcanzando los 1.480 en 19 mesas electorales frente a los 500 que se registraron en 2015, según datos no oficiales. Por tanto, la localidad abarca el 5,5% del total de personas que ejercieron su derecho al voto por correo en Canarias (28.000) y el 10% de la cifra correspondiente a la provincia de Las Palmas (14.841).

Isabel Santiago valoró que durante la mañana de este 26 de mayo se ha vivido en Mogán “un domingo electoral grotesco”, pues ha podido constatar la presencia de un “auténtico escuadrón” conformado por apoderados de Ciuca aguardando la llegada de electores a las afueras de los distintos colegios electorales, a los que han llevado “a pie de urna”. Esta estampa se ha repetido “sobre todo con personas mayores”. Una imagen “de absoluto control y falta de libertad”, concluyó.

Además, la representante de Nueva Canarias en Mogán ha tratado de pedir a la alcaldesa en varios plenos que aclarase el origen y el destino de los 120.000 euros que inyectó la alcaldesa del municipio grancanario en una empresa de su propiedad en 2017, compaginando su cargo público con sus actividades privadas, después de la información publicada por este periódico. De hecho, Isabel Santiago denunció ante la Delegación Provincial de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, y ante la Agencia Tributaria la situación en la que se encuentra Onalia Bueno.

Participación superior a la de 2015

La participación en las elecciones de este 26 de mayo han sido ligeramente superiores a las de 2015, con 7.953 votos (69,53%), frente a los 7.365 (67,62%) de hace cuatro años. Ciuca ha obtenido 4.334 (54%) votos, casi el doble que el PP (con 2.317, con 29%), 629 el PSOE (7%) y 401 Nueva Canarias (5%).

El vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), Tom Smulders, ha afeado a la alcaldesa de Mogán, Oralia Bueno (Ciudadanos para el Cambio-Ciuca), que no haya acudido ni haya enviado a nadie de su formación al encuentro empresarial organizado por la patronal hotelera con el objetivo de escuchar las propuestas de todos los candidatos a las alcaldías de San Bartolomé de Tirajana y Mogán.

“Estaban invitados todos los candidatos y candidatas de los municipios turísticos. Y solo han faltado dos. Una ha sido Elena Álamo (PP-AV) quien me llamó personalmente para disculparse porque recientemente había fallecido Francisco Araña (exalcalde de San Bartolomé de Tirajana). Pero la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciudadanos para el Cambio - Ciuca), dio simplemente una respuesta negativa”, ha explicado a este periódico Smulders.

“Yo puedo entender que no vaya una candidata, pero al menos puede mandar a otra persona de la lista de su partido para exponer sus ideas al gremio más importante en el sector turístico que existe dentro de su municipio”, lamenta el también presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas (AEAT)

Smulders ha explicado que al encuentro no solamente habían acudido los representantes de los extrahoteleros y los candidatos y candidatas, “también estaban presentes los directores generales de las cadenas extrahoteleras que tenemos en la Isla, representantes sindicales, expertos en ecología, colaboradores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, turoperadores… Era un encuentro del sector profesional incentivado por nosotros, que representamos a la mayoría de la oferta turística legal alojativa en este Archipiélago y, sobre todo, en San Bartolomé de Tirajana y Mogán”.

La ausencia de Onalia Bueno en este encuentro celebrado en el Centro Insular de Turismo de Playa del Inglés se produce después de que la Fiscalía de Las Palmas haya abierto una investigación por un presunto pucherazo electoral en Mogán. El ministerio público ha incoado diligencias a raíz de las denuncias y audios de manipulación del voto por correo para la alcaldesa de Ciuca (aliada electoral de Coalición Canaria en los comicios locales) y la presunta compra de votos, después de que el equipo judicial de la Guardia Civil haya estado semanas interrogando a denunciantes de ese presunto fraude electoral que señala a Ciuca.

La reactivación del Consorcio de Rehabilitación Turística y la regulación del alquiler vacacional

El centenar de asistentes escuchó las propuestas de cada candidato, que tenían cinco minutos para exponer su programa sin debate. La reactivación del Consorcio de Rehabilitación Turística y la regulación del alquiler vacacional fueron las más repetidas entre los aspirantes a las alcaldías de los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, que subieron al atril mediante un orden establecido por sorteo.

Así, un total de 10 candidatos y candidatas de PSOE, Ciudadanos, Unidos por Gran Canaria, Podemos, Coalición Canaria y Nueva Canarias por San Bartolomé de Tirajana; y Partido Popular, Nueva Canarias, Ciudadanos y PSOE por Mogán, subieron al atril.

La candidata de Nueva Canarias al Ayuntamiento de Mogán, Isabel Santiago, defendió un plan de acción entre el sector público y privado que colaboren a través de un consejo asesor en materia turística; mientras que su homólogo para San Bartolomé de Tirajana, Samuel Henríquez, planteó recuperar el Consorcio de Rehabilitación Turística con una inversión de 1 millón de euros, que aportarían cada una de las administraciones que lo componen.

Desde el PSOE, Conchi Narváez, aspirante a la Alcaldía de San Bartolomé de Tirajana se negó a prohibir el turismo vacacional, abogando por su regulación; Artemi Artiles, candidato socialista en Mogán, prometió realizar una promoción turística diferenciada y potenciar las actividades que favorezcan la fidelización.

Dunia Hernández, desde Ciudadanos Mogán, apeló a los empresarios para trabajar en conjunto con el objetivo de que todos los sectores apuesten por la variedad y calidad; el número 2 de la formación naranja al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Juan Campos, afirmó que el programa de su partido para el municipio grancanario recoge la bonificación de un 50% de la concesión de nuevas licencias para incentivar las inversiones.

Francisco Molina, candidato de Podemos a la Alcaldía de San Bartolomé de Tirajana, explicó que la formación morada lleva en su programa la creación de aparcamientos para residentes y visitantes, la remodelación de los parques municipales y la construcción de nuevas zonas verdes.

El exalcalde y candidato por el PP al Ayuntamiento de Mogán, Francisco González, resumió parte su gestión cuando gobernó hace cuatro años, y resaltó la importancia de la seguridad en las zonas turísticas. Por ello, prometió la creación de una comisaría de la Policía Local en Puerto Rico.

Alejandro Marichal, candidato de CC en San Bartolomé de Tirajana, incidió en la formación, la renovación de los espacios públicos y la revisión de la oferta comercial. Además, apoyó la regulación del alquiler vacacional y el uso residencial en las zonas turísticas “controlando su crecimiento”.

El aspirante a la Alcaldía de San Bartolomé de Tirajana con Unidos por Gran Canaria, Francisco Pérez, prometió una residencia privada para turistas y dotar al municipio de espacios para caravanas.

“Nuestros complejos extrahoteleros reglados y sus gestores se encuentran solos ante el peligro”

En su intervención, Smulders hizo hincapié en la necesidad de que los políticos municipales tomen las decisiones adecuadas para regular el alquiler vacacional.

“La autoridad debe imponerse”, afirmó, porque los complejos extrahoteleros y sus gestores se encuentran “solos ante el peligro”, debido a la “residencialización y el alquiler turístico ilegal”.

“La calidad de un destino turístico es un conjunto de cosas y el derecho a la propiedad es sagrado, por lo tanto, requiere una ordenación y su seguimiento”, concluyó.

Contratistas de pequeñas obras municipales con facturas infladas, propietarios de locales de ocio pendientes de pagar sanciones, gente que controla a colectivos de inmigrantes empadronados… el listado es amplio y la Guardia Civil ya interroga a presuntos traficantes de votos relacionados con la alcaldesa de Coalición Canaria en el municipio de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, en otra investigación que se ha abierto a raíz de varias denuncias por presunto delito electoral este 26M.

Si Arucas es el Ohio electoral canario, lo de Mogán no tiene nombre. Cada cita con las urnas es motivo de sospechas. En las penúltimas, el partido aliado de CC en el municipio, Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), fue señalado a posteriori por uno de sus colaboradores por cómo compró votos en 2015. En estas de 2019, a su jefa, Onalia Bueno, no solo se la escucha en una grabación con un simpatizante explicar cómo manipular el voto por correo de vecinos a los que pueda captar estos días, sino que colaboradores suyos han empezado a contar ahora su modus operandi.

Fuentes oficiales de la Guardia Civil se han limitado a explicar a este diario que “el trabajo prosigue y todas las diligencias que se practican se ponen en conocimiento del juzgado de guardia de Maspalomas”, en el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana. Se refieren tanto a la investigación por la presunta compra de votos en 2015 –y las ampliaciones de esta con las grabaciones difundidas por Canarias Ahora en 2016– como a estas nuevas pesquisas de cara a las elecciones del 26 de mayo.

Sin embargo, este diario ha podido saber que de las indagaciones iniciales sobre el terreno, la Unidad de Policía Judicial ha pasado en las últimas semanas a tomar declaración tanto a empresarios denunciantes como a presuntos implicados en la compra de votos. Algunos de ellos, incluso, ya han pedido al sargento que dirige estas declaraciones cambiar sus testimonios, al negar primero estar implicados en los hechos y verse señalados después por otros declarantes.

La Guardia Civil no entra oficialmente en detalles, pide “prudencia y discreción”, incluso si estas investigaciones alcanzan internamente a explicar por qué no han fructificado anteriores denuncias en diligencias judiciales tras cuatro años. Lo cierto es que recientemente se han producido relevos de mandos en la zona, y de nuevo se ha activado la instrucción policial en torno al presunto fraude electoral.

La investigación cuenta desde hace semanas, además, con un listado de tiendas y bares, incluso de domicilios particulares donde se estaría traficando con votos. El modus operandi descrito en las denuncias de 2015 se estaría repitiendo estos días. No solo se trataría de comprar voluntades a cambio de 50 o 100 euros –en ese caso se llegó a denunciar que el mismo domingo electoral se cambiaban votos por papelas de droga–, sino de financiar estas por medio de contratistas cómplices.

Así, algunos de estos implicados ya arrepentidos habrían montado empresas para contratar obras, con el único fin de inflar facturas por pequeñas actuaciones en el municipio, cuya mayor parte del montante se destinaría a comprar voluntades de votantes de cara el 26 de mayo. Otra línea de investigación se basa en negocios que tienen deudas pendientes con el Ayuntamiento. En este caso, los recursos a esas sanciones serían admitidos a cambio de comprometer el voto de propietarios y empleados.

Según fuentes consultadas, estas nuevas diligencias estarían todavía en una fase embrionaria aunque empiezan a alcanzar cada vez a más implicados. También en el caso del interlocutor de la alcaldesa en la grabación donde le explica que cuando llegue el sobre con todas las papeletas a los vecinos que capte “no lo abran”, que ella o un colaborador de confianza se encargaría de “explicar cómo es el rollo”.

Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán desde 2015 que compagina su cargo público con la actividad empresarial de una sociedad de la que es administradora única sin que entienda que incurre en incompatibilidad, se ha convertido en este último mandato en uno de los aliados más fieles en la isla de Gran Canaria del presidente canario, Fernando Clavijo (CC). Tanto que su partido, Ciuca, participa en actos de Coalición Canaria en la isla y CC no ha presentado candidaturas a las municipales en Mogán para dejarle a ella más espacio electoral.

Este sábado, además, Clavijo, la diputada nacional Ana Oramas y la plana mayor de Coalición Canaria tienen programado arropar a la alcaldesa en su principal acto de campaña, en la localidad de Arguineguín.

Onalia Bueno ya fue investigada por ocho presuntos delitos –entre ellos, el electoral– en el conocido como caso Góndola, cuando era la mano derecha del entonces alcalde del PP y ahora su enemigo irreconciliable, Paco González. Ambos fueron detenidos en enero de 2007 dentro de esa investigación, que después de once años de instrucción en un juzgado por el que pasaron varios jueces y fiscales, quedó archivada.

A raíz de esa detención, Onalia Bueno abandonó el PP señalada como responsable del escándalo y regresó a la política de la mano de Ciuca en 2011. Paco González siguió siendo alcalde hasta 2015, cuando perdió las elecciones ante su otrora mano derecha, que ha gobernado este mandato gracias al apoyo del PSOE.

“De todas formas, si tienes dudas… lo importante es que cuando el sobre, que es enorme, llegue a la casa te llamen y no lo abran… para yo decirte cómo es el rollo”. Así le explica la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), a un colaborador de su partido aliado de Coalición Canaria, cómo debe manipular el voto por correo entre los vecinos de un municipio de Gran Canaria que cada cuatro años, al menos desde 2007, está en el ojo del huracán por presuntos delitos de fraude electoral.

“Tú tienes los DNI… y yo te mando a una persona para que te haga todo de una sentada…”, le dice la alcaldesa a su recaudador de votos, que no entiende bien el procedimiento. Las instrucciones de Bueno son claras: que el vecino no abra el sobre donde vienen todas las papeletas cuando solicite el voto y le llegue la documentación a casa. Ya se encargará ella o una persona de confianza de que el voto que se introduzca en el sobre que debe entregarse en Correos sea de Ciuca.

“Yo te lo puedo hacer, yo te lo hago. Hay una persona que te lo hace”, le insiste la también empresaria que compagina su actividad privada con el cargo público que ostenta. “Pero tú tienes que tener ese trabajo hecho”, de recabar los DNI de los vecinos y las direcciones a las que remitir el sobre con todas las papeletas, explica. En este caso, el recaudador le avanza a la alcaldesa que al menos tiene 17 sufragios ya amarrados para seguir el procedimiento indicado en Correos, pero también otros 230 presenciales, que deberán acudir el domingo 26 de mayo a votar…

No es la primera vez que la aliada del presidente canario, Fernando Clavijo, en el sur de Gran Canaria se ve envuelta en presuntos fraudes electorales. Lo estuvo cuando era la mano derecha del alcalde del PP entre 2003 y 2007, Francisco González, ahora su enemigo irreconciliable, pero también después de su vuelta a la política tras ser detenida e investigada –y finalmente archivada tras pasar por el juzgado más de diez jueces- en uno de los casos de corrupción de la isla durante la década pasada, Góndola.

Su triunfo en 2015 frente a sus excompañeros del PP se produjo también entre una serie de denuncias de compra de votos y fraude electoral: uno de sus colaboradores de entonces lo contó al detalle en 2016, cuando explicó cómo se compraban voluntades.

La grabación de esta conversación telefónica a la que ha tenido acceso este diario muestra también cómo la líder Ciuca, el partido local aliado de Coalición Canaria en Mogán (hasta el punto de que CC no se presenta en el municipio), maneja el censo electoral antes del plazo legal. La conversación se produjo antes del 28 de abril, fecha a partir de la cual los partidos podían acceder al censo para estas elecciones locales. Y en el audio –este periódico ha suprimido los apellidos- se constata que Onalia Bueno pregunta directamente por vecinos empadronados.

“¿Francisco… quién es? Está en el censo y es primo tuyo. Así que llama a tu madre o a quien quieras para que te lo busque, porque vota en Mogán”, le indica la alcaldesa a su colaborador. Al final de la llamada telefónica, después de explicar cómo debe actuar en el voto por correo, la líder de Ciuca insiste en localizar a otro vecino, Eladio, que figura en el censo electoral.

Onalia Bueno se ha presentado con las siglas de Ciuca, Ciudadanos por el Cambio, en las dos últimos elecciones locales. En 2011 lideró la oposición a Paco González (PP) y en 2015 ganó las elecciones, logrando gobernar con el apoyo del PSOE. En este último mandato, Ciuca se ha alineado con Coalición Canaria y el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, de manera clara en Mogán. Tanto, que el sábado participó en la puesta de largo de las candidaturas de CC en Gran Canaria, con la alianza que han sellado los nacionalistas con escindidos del PP como Unidos por Gran Canaria, o con Compromiso, bajo la marca Juntos por Gran Canaria.

Se da la paradoja de que la marca original de Ciuca es de un partido local de otro municipio, Telde. Y Ciuca Telde concurre en las listas insulares del PP, adversario irreconciable de Ciuca Mogán en este municipio del sur de Gran Canaria.

La Junta Electoral de Santa María de Guía ha dictado una resolución por la que desestima la denuncia formulada por Ciudadanos para el Cambio (Ciuca), la formación política a la que pertenece la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, contra el reparto de publicidad electoral efectuado por Nueva Canarias durante la campaña de las generales.

Según argumentaba la representante de Ciuca ante la Junta electoral, NC estaba realizando una campaña “encubierta” que beneficiaba a la candidata a la alcaldía por dicha formación, la actual concejala Isabel Santiago, ya que aparecía en la foto, junto a quien es su número dos en estas elecciones, Domingo Rodríguez, así como que firmaba la petición del voto en apoyo al candidato de su formación política para las generales, Pedro Quevedo.

Según indica Nueva Canarias, la Junta ha resuelto ahora que la publicidad repartida por el partido “nada tiene que ver” con las elecciones municipales, “sino que se centra en las elecciones generales, como indudablemente resulta de su contenido y sostiene la formación política Nueva Canarias-Frente Amplio (NC-FA)”, por lo que desestima la denuncia formulada por Ciuca y Onalia Bueno.

Por otro lado, NC recuerda que el pasado 24 de abril, la misma Junta Electoral ordenó a Onalia Bueno que retirase de la web municipal una noticia relativa a la fibra óptica, ya que al estar financiada con fondos públicos entendió que se vulneraba la obligación de objetividad y neutralidad de los poderes públicos durante el proceso electoral, infringiendo el artículo 50 de la LOREG.

La candidata a la alcaldía de Mogán por Nueva Canarias, Isabel Santiago, ha mostrado su satisfacción, por ambas resoluciones y porque “se demuestra que Onalia Bueno y el juego limpio son incompatibles, pues ha quedado acreditado que ha utilizado fondos públicos para quebrar la neutralidad de los poderes públicos en el proceso electoral”.

Nueva Canarias (NC) ha solicitado en un pleno en el Ayuntamiento de Mogán que se modifique la ordenanza fiscal reguladora del IBI, a los efectos de bonificar dicho impuesto a aquellos locales del centro comercial de Puerto Rico que se viesen afectados por las obras de reforma y rehabilitación del mismo.

La rehabilitación propuesta por los empresarios surge, según ha explicado NC en una nota de prensa, del consenso alcanzado entre los 240 propietarios de los locales comerciales y asciende a una cantidad de unos 5 millones de euros.

Desde la formación nacionalista consideran “oportuno” presentar esta propuesta pues supone “ligar la bonificación de un impuesto a una obra y convertirlo en un incentivo a la renovación, algo que hasta el momento no se ha aplicado en un municipio turístico como el de Mogán”.

Según expresó la portavoz de NC, la concejala Isabel Santiago, la propuesta tiene una base objetiva “muy sólida”, pues lo datos que justifican esta propuesta “son de una contundencia que no deja lugar a dudas”. NC afirma que, según se desprende de los datos analizados por el Patronato de Turismo de Gran Canaria, de todos los turistas que eligen Mogán, “el 27% prefiere Puerto Rico”, frente al resto de microdestinos del municipio.

NC explica que teniendo en cuenta que el análisis del que se obtienen estos datos se centra principalmente en variables relacionadas con el alojamiento, se pone de manifiesto que las ocupaciones en Puerto Rico “generan el 21,18% del empleo turístico, o lo que es lo mismo, generan trabajo para 927 familias en Mogán”.

El partido nacionalista, tras analizar los datos, afirma que la visita de turistas genera un 21,18% de empleos directos, lo que implica que este “microdestino” genera puestos de trabajo al menos “para casi 3.000 personas”.

Por tanto, NC considera “evidente” que el Ayuntamiento de Mogán debe poner en marcha “políticas de apoyo e incentivo a iniciativas que en definitiva permitan recualificar el espacio turístico, mejorar la imagen del destino, aportar más calidad, mejorar los espacios de trabajo de quienes desarrollan su actividad económica y laboral en en Centro Comercial de Puerto Rico y ser una importante fuente de creación y mantenimiento de empleo en Mogán, en particular, y en Gran Canaria en General”.

La propuesta planteada por Isabel Santiago incluye declarar, de forma expresa, de especial interés la actividad económica que desarrollan los inmuebles del Centro Comercial de Puerto Rico, “por razones sociales y de fomento del empleo, así como iniciar el expediente para la bonificación del IBI en un 50% para los años 2019 y 2020, así como que en el próximo pleno ordinario se aprobase inicialmente la propuesta”.

Rechazo a la iniciativa de NC

Esta propuesta, tal y como ha explicado NC, fue rechazada por el gobierno de Ciuca-Psoe planteando, en opinión del partido nacionalista, “una enmienda tramposa, y sin entrar en el fondo del asunto” porque “no planteaba plazos de aprobación y porque se refería a ella en términos de eventualidad, no garantizando su aprobación antes de las elecciones de mayo”.

NC critica que “una vez más el rodillo del gobierno de Onalia Bueno da la espalda a los sectores económicos de Mogán, dejando pasar todo el mandato sin tomar una sola decisión en apoyo a los empresarios ni de Puerto Rico ni de Mogán”.

“Si se dan la vuelta, pueden ver al compañero aquel de allí, que es periodista, con una cámara fotográfica. Ese señor, probablemente, pertenezca a un medio de comunicación pagado por el Cabildo de Gran Canaria, por Nueva Canarias”. Señalando al fondo de salón de plenos del Ayuntamiento de Mogán, el portavoz de Ciudadanos para el Cambio (Ciuca) atacaba de esta forma al periodista de Canarias Ahora que se encontraba cubriendo la actividad municipal este jueves 28 de marzo.

Durante el debate previo a la votación de una moción presentada por Nueva Canarias -en la que reclamaba la bonificación del IBI a los locales del centro comercial de Puerto Rico afectados por las obras de rehabilitación- Navarro finalizaba su intervención replicando a la concejala de NC, Isabel Santiago, en los siguientes términos:

“Lo único que busca Isabel es un titular” y, según sostuvo la mano derecha de la alcaldesa Onalia Bueno, “ese periódico va a publicar lo que le diga Isabel que publique, porque está pagado por fondos del Cabildo de Gran Canaria, para que Isabel publique en ese medio, y solo en ese medio, lo que a ella le venga en gana”.

“Les invito a que se den la vuelta para que vean la finalidad a la que viene este señor, que bienvenido sea y que ejerza su labor con total libertad, pero ha venido pagado por Isabel Santiago para tomar la fotografía del grupo de gobierno votando en contra de la moción de la concejala de Nueva Canarias”, concluyó Navarro.

Al PSOE de Mogán tampoco le cuadra que su socia de gobierno, la alcaldesa Onalia Bueno (Ciuca), ejerza su cargo público al tiempo que se mantiene como accionista y administradora única de una empresa privada a la que inyectó hace solo dos años 120.000 euros en forma de ampliación de capital.

Pino González, primera teniente de alcalde de uno de los principales municipios turísticos del sur de Gran Canaria, ha explicado este jueves a Canarias Ahora que solo a raíz de la publicación en este periódico de la actividad empresarial paralela de la alcaldesa ha tenido conocimiento de la existencia de esa mercantil, Ernesto Fernández Morales SL, y que ha pedido explicaciones al secretario municipal sobre las supuestas incompatibilidades en las que incurriría Bueno.

“Por lo que él [el secretario, David Chao] nos dice, ella [la alcaldesa] no tiene obligación de pedir la declaración de compatibilidad porque su empresa no estaría activa, funcionando…”, dijo la socialista, “pero esa es su opinión y nos genera dudas, por lo que hemos trasladado el caso a los servicios jurídicos del partido y estamos a la espera de poder valorar la situación”, comentó a este diario.

“Hay una operación de 120.000 euros y eso es lo que estamos valorando para ver qué medidas y acciones tomar”, indicó la concejala del PSOE, que mostró su sorpresa por la noticia. “Nosotros no habíamos consultado su declaración de bienes [donde la alcaldesa indica ser la tenedora del 100% de las acciones de esa sociedad] y ella nunca nos había comunicado nada a nosotros”, apuntó.

Los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Mogán han puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y de la Agencia Tributaria las presuntas irregularidades que pudiera estar cometiendo la alcaldesa de Mogán, pero desde el PSOE prefieren esperar a una valoración de sus servicios jurídicos.

“Hemos puesto en conocimiento de nuestro secretario insular este caso desde que salió la publicación, y a pesar de lo que nos diga el secretario municipal de que no incumple la ley de incompatibilidades, todo es opinable”, dijo Pino González.

“Hay que ver qué incumplimientos son, porque a lo mejor no es solo una cuestión de incompatibilidad, sino una vinculación laboral en una administración pública con una empresa privada”, planteó también la socia de gobierno de Onalia Bueno, que insistió en “respetar siempre nuestro [del PSOE] código ético”.

Este periódico ha intentado de nuevo este jueves contactar con la alcaldesa de Mogán, sin que la petición reiterada a sus colaboradores haya tenido respuesta.

¿Se puede ostentar un cargo público al servicio de una administración y ser titular de acciones o desempeñar cargos en una empresa privada? La ley que regula las incompatibilidades en España lo prohíbe: no se puede cobrar un sueldo con dedicación exclusiva de la administración pública y tener en paralelo al menos un 10% de participaciones o puestos de responsabilidad en sociedades mercantiles. Y en esa incompatibilidad recogida en la Ley 53/1984 incurre la alcaldesa del municipio grancanario de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), en un caso más determinante que el de la concejala madrileña de Ciudadanos Begoña Villacís.

Onalia Bueno compagina desde 2015 su cargo y sueldo públicos de alcaldesa de uno de los principales municipios turísticos de Canarias con ser la propietaria del 100% de una sociedad de la que también es administradora única. Se trata de la mercantil Ernesto Fernández Morales SL, que además de tener un amplísimo objeto social que abarca prácticamente todas las actividades de un ayuntamiento como el de Mogán, tuvo una inyección de 120.000 euros en forma de ampliación de capital hace dos años. Bueno no ha querido responder a este periódico sobre el origen y destino de ese dinero, así como otras cuestiones relativas a este caso.

Efectivamente, según ha podido comprobar este diario en su declaración de bienes al inicio de su mandato en 2015, la alcaldesa de Mogán hace constar que posee el 100% de la sociedad Ernesto Fernández Morales SL, valores por importe de 97.500 euros en el Banco Santander, una licencia para construir un centro de ecoturismo y que está redactando un proyecto para la construcción de un hotel rural.

En esa declaración indica que estaba dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y como autónoma, pagando una cuota de 261, 84 euros, y señala que puede incurrir en una posible causa de incompatibilidad. Ella misma es consciente en ese escrito de que su actividad empresarial es incompatible con asumir el cargo de alcaldesa, tras haber pactado gobernar el municipio con el PSOE, pero a lo largo de este mandato no ha solicitado al pleno esa compatibilidad imposible.

La actividad empresarial de Onalia Bueno se ha mantenido activa durante todo este periodo, según ha podido comprobar este diario. La actual alcaldesa adquirió esa empresa justo después de su salida del PP a raíz de su implicación en el caso de corrupción Góndola, durante su gobierno junto al exalcalde Paco González (2003-2007). Según datos obrantes en el Registro Mercantil, el 14 de abril de 2008 se produce la renuncia de Ernesto Fernández Morales a la sociedad unipersonal que él mismo constituyó el 1 de marzo de 2004 con un capital social de 3.200 euros.

En ese acto ante un notario de Telde, esta persona de la que este diario no ha podido saber quién es, Ernesto Fernández Morales, renuncia, se amplía el objeto social de la sociedad, se cambia el domicilio a una vivienda de Salinetas, en Telde, que era propiedad de Onalia Bueno, se declara la unipersonalidad de la empresa y la pareja sentimental de la alcaldesa, Francisco Manuel Suárez Ramírez, se convierte en el nuevo administrador único y socio titular de todas las acciones.

Inmediatamente, en otro protocolo notarial, la pareja de Onalia Bueno declara que como consecuencia de la compraventa de acciones realizada ese mismo día ella pasa a ser la nueva socia única titular de la empresa. Sin que aparentemente conste que se haya producido una compraventa inicial entre su pareja y Fernández, ni que la certificación acredite el importe de la compraventa, la sociedad pasa a ser de la actual alcaldesa en exclusiva, manteniendo como administrador a su novio.

Seis años después, el 22 de septiembre de 2014, la junta general universal de esa sociedad acuerda modificar el domicilio social, que pasa de Telde a Veneguera, en la actual vivienda de la alcaldesa y su pareja, y también acepta la renuncia como administrador único de Francisco Manuel. Desde esa fecha Onalia Bueno es socia única de la sociedad y administradora de la misma con la obligación de estar dada de alta como autónoma. Y justo en esa misma fecha la empresa adquiere hasta nueve propiedades en el municipio, terrenos en diferentes lugares.

La actividad empresarial de Ernesto Fernández Morales SL sigue viva durante el mandato de Bueno hasta el punto de que ha presentado cuentas anuales y hace solo dos años, el 8 de marzo de 2017, ella como socia y administradora acuerda aumentar el capital social en 120.000 euros, por medio de 3.750 participaciones con un valor de 32 euros cada una. La certificación del Registro Mercantil acredita que se realizó “íntegramente mediante ingreso en efectivo en la caja social”. Esa ampliación supuso que la sociedad acumulase un capital social de 123.200 euros.

La misma certificación corrobora que como justificante de dicho desembolso se aporta documentación del Banco Santander expedida por esa misma entidad financiera el 8 de marzo de 2017, donde figura que el dinero fue ingresado en la cuenta que la sociedad tienen en el Santander. La ampliación de capital quedó registrada el 11 de abril de 2017 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

O alcaldesa o empresaria

Fuentes jurídicas consultadas por este diario entienden que Onalia Bueno no solo incurre en incompatibilidad por ostentar un cargo público y ser a la vez titular de todas las acciones y administradora única de una empresa, sino que se encontraría en una situación de ilegalidad como personal al servicio de la administración dada su condición de alcaldesa. No debería estar cobrando su sueldo de alcaldesa si no ha renunciado a su condición de propietaria de una mercantil, que además tiene un amplio objeto social que debería llevarla a abstenerse en la toma de decisiones al frente de una administración pública como el Ayuntamiento de Mogán. Y como tenedora del 100% de acciones y administradora única que es debe de estar dada de alta como autónoma.

Desde un punto de vista puramente administrativo la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno prevé una serie de sanciones para este tipo de infracciones que considera como graves, fijando procedimientos para la exigencia de responsabilidades que podrían suponer la devolución de todas las cuantías económicas percibidas por la alcaldesa a lo largo de estos años.

La misma ley de incompatibilidades hace imposible que la actividad privada de Onalia Bueno pueda ser objeto de reconocimiento por el pleno, lo que la obligaría a tener que elegir entre su puesto de alcaldesa o su situación como socia única y administradora de su empresa. Cosa que no se ha producido.

Ciuca (Ciudadanos por el Cambio) y el PSOE han aprobado este jueves en un pleno ordinario del Ayuntamiento de Mogán los presupuestos generales para el ejercicio 2019. La partida incluye el incremento salarial de 4 funcionarios y 26 trabajadores laborales entre los que se encuentran familiares de la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, del concejal de contratación, Artemi Artiles (PSOE), de la concejala de cultura, Grimanesa Pérez (Ciuca), de la concejala de régimen interior, Alba Medina (Ciuca) y del concejal de servicios públicos, Juan Carlos Ortega (Ciuca).

Nueva Canarias (NC), con el apoyo de los sindicatos UGT, CCOO y el CSIF, ha recusado a la líder de Ciuca en Mogán y a los cuatro concejales mencionados por proponer “beneficios económicos a familiares directos” y también “a miembros de la candidatura con la que la alcaldesa concurrió a las pasadas elecciones locales de 2015”. La portavoz de NC, Isabel Santiago, ha aseverado que estos presupuestos llegan tarde ya que debían haberse aprobado en diciembre de 2018 y que, además, crean trabajadores “de primera y de segunda”, ya que solo afectan a 4 funcionarios de 186 y a 26 trabajadores laborales de 163. Frente a ello, propuso como solución elaborar la Relación de Puestos de Trabajo y “apostar por la equiparación salarial”.

Onalia Bueno ha argumentado que este incremento salarial está destinado a “compensar” las condiciones laborales del personal del área de cultura y también del de vías y obras, que tiene dificultades para conciliar el ámbito laboral y familiar por la sus horarios. Sin embargo, no ha podido votar sus presupuestos, al igual que el concejal Juan Carlos Ortega y la concejala Alba Medina, ya que han reconocido estar incursos en causa de abstención. A pesar de ello, no suspendieron la tramitación de los presupuestos, que fueron sometidos a votación.

Isabel Santiago expuso en el pleno que entre los trabajadores beneficiados por esta subida salarial se encontraban el suegro del concejal de contratación y el cuñado de la concejala de cultura. A pesar de ello, los dos miembros del Gobierno municipal negaron estar incursos en causas de abstención. “Ni Artemi está casado con su pareja, ni la hermana de Grimanesa con la suya, por lo que no hay ningún vínculo familiar aprobado por el Código Civil. Vamos a ganar la votación igual”, argumentó Onalia Bueno.