La situación de Amaya Fernández, propuesta por Génova para ser la presidenta de la gestora que ha de reactivar el PP de Bizkaia, ha devuelto el foco a las cuotas que los diferentes partidos políticos disponen en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), el órgano auditor de la comunidad autónoma. Fernández es auditora-jefe en ese organismo desde 2022, un puesto de asesoría de una vocal elegida por su partido. El Parlamento Vasco, de quien depende esta institución, le ha denegado en los últimos días la compatibilidad para compaginar esa labor con la dirección de un partido. El informe recoge los riesgos de que acceda a información “confidencial” y que pueda usarla contra sus “rivales políticos”. También se alude a la importancia de la “apariencia” de “neutralidad” de los integrantes de un órgano auditor.

Fernández, desde que fue nombrada como asesora en el Tribunal de Cuentas, había recibido ya dos autorizaciones para compaginarlo con labores en el PP, primero como miembro del comité electoral nacional y después para participar en la organización del congreso de la formación de Alberto Núñez Feijóo. La tercera, sin embargo, ha sido negativa y eleva el listón sobre el papel no solamente de los vocales del plenario del Tribunal de Cuentas sino sobre sus asesores.

El actual plenario tiene siete miembros. Su composición fue pactada en la pasada legislatura vasca entre PNV y PSE-EE, los socios de Gobierno, y la ya extinta coalición PP+CS. De ese modo, entraron tres vocales a propuesta de los nacionalistas y dos nombrados por los socialistas, lo que da al bipartito el control de la mayoría, cinco de siete asientos. En las otras dos sillas, se cedió una al PP y EH Bildu, que no formó parte del acuerdo, se quedó con la séptima.

La presidenta la eligió el PNV. Es Ana Helguera. Su currículum oficial es el siguiente: “Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco. Funcionaria del TVCP-HKEE desde 1992, con anterioridad había trabajado en la firma de auditoría de Arthur Andersen, siendo miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Posee una amplia formación en los ámbitos de fiscalización y auditoría de cuentas, auditoría de eficacia y eficiencia en la gestión pública, contabilidad y gestión presupuestaria, contratación pública, subvenciones, transparencia y participación y políticas de igualdad. Euskaldun, habla además inglés y francés”. Se omite por completo que fue concejal en Getxo entre 2011 y 2015. Los otros dos vocales 'jeltzales' son Jaime Domínguez-Macaya y Josu Zubiaga, y sí indican los cargos públicos que han ocupado. Zubiaga es igualmente funcionario del tribunal. Los consejeros de cuentas del PSE-EE son Sonia Pérez Blanco e Inmaculada Anda. La del PP es María Teresa Crespo. Y Francisco Javier Txokarro fue designado por EH Bildu.

Cada vocal tiene un asesor o auditor-jefe. Según los datos recabados por este periódico, los de la cuota del PNV son José Ignacio Familiar, Haizea Orube y Álvaro Zulueta. María José García y Manuel Ríos son los auditores designados por el PSE-EE e Iñaki Penedo es el de EH Bildu. Antes era el “administrador” contable de la coalición. Todos ellos tienen el mismo rango que Amaya Fernández, que antes había ocupado varios cargos institucionales con el PP e incluso, transitoriamente, fue la presidenta en Euskadi.

Asimismo, la presidenta tiene una asistente adicional. Es Amaia Ruiz de Viñaspre. Ya dejó el cargo político en 2024, pero durante años simultaneó sus funciones en el Tribunal de Cuentas con ser la 'número dos' del PNV de Álava, la secretaria del Araba Buru Batzar. Nunca se detectó ninguna incompatibilidad, aunque las fuentes internas recalcan que no participa en la comisión de auditoría, a diferencia del resto de asesores. Sin embargo, sí trascendió que contrató como secretaria a su propia hija, Ane Miren Atín, también con diferentes responsabilidades en el partido. Fuentes de su propio partido admitieron que, siendo “legal” el movimiento, no fue muy “estético”.

El anterior presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas fue José Luis Bilbao. Llegó al cargo en medio de la polémica porque saltó directamente de ser diputado general de Bizkaia con el PNV a dirigir un órgano de control que emite informes sobre todas las instituciones. En la anterior etapa fue el PP el que propuso al máximo responsable de la institución, José Ignacio Martínez Churiaque. Fue uno de los puestos que el PSE-EE cedió a este partido a cambio del apoyo a la investidura de Patxi López.

El Parlamento Vasco ha dado finalmente luz verde a la reforma legislativa del Tribunal de Cuentas, un pacto de PNV y PSE-EE, socios de Gobierno, con la coalición PP+Cs y que suscitaba el rechazo de la izquierda porque no pone coto a lo que llaman “puertas giratorias”. Lo ha hecho, eso sí, con una polémica y caótica votación. La presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, del PNV, ha aceptado repetir la votación de los artículos del dictamen que habían sido enmendados fruto del pacto político a tres bandas a pesar de que, por un error, los nacionalistas, los socialistas y sus socios esta vez ya habían votado en contra, lo que habría supuesto el decaimiento de la iniciativa legislativa. Tejeria ha despachado con un “gracias” las protestas de EH Bildu, ha permitido que la votación se repita hasta que que ha arrojado el resultado deseado y no se ha consultado en ningún momento al letrado presente en el hemiciclo.

El debate sobre la ley no ha sido pacífico y lo ocurrido en la votación ha terminado por caldear los ánimos. La presidenta, que dirige los debates íntegramente en euskera, ha sometido a votación “los artículos que han tenido enmiendas” y en su grupo ha habido una confusión y han apretado al unísono el botón del 'no', cuando esos puntos eran justamente los que recogían los cambios acordados entre los partidos del Ejecutivo y PP+Cs. Ello ha llegado después de que el sistema de traducción al castellano haya fallado en algunos momentos, según fuentes de los partidos que lo utilizan -que no es el caso del PNV-, y de que otro error técnico haya volteado la imagen del hemiciclo de modo que el PNV ocupaba en las pantallas el espacio de EH Bildu y viceversa -aunque eso tampoco afectaba a la votación como tal-. Una fuente del grupo PP+Cs ha explicado que ellos sí sabían que había que votar 'sí', que lo han hecho bien y que a última hora han cambiado al 'no' al ver la postura del PNV y entender que podían haber entendido mal la traducción por los errores que había habido antes. Otra fuente parlamentaria del PNV ha indicado que este grupo ha errado porque sus socios del PSE-EE habían votado que 'no', extremo que ninguna en en este partido, cuyo coordinador, Ekain Rico, ha pedido parar la votación al ver de antemano lo que había pasado. Sea como fuere, los tres partidos se han confundido.

Visto que toda la Cámara había votado 'no' a esa parte del articulado, Tejeria no ha detenido la votación y anunciado que decaía la reforma legislativa. Nunca ha llegado a proclamar el resultado. Con un “no sé qué ha pasado” ha optado por volver a someter a votación los artículos, como le demandaban los portavoces de los grupos equivocados. En total, esto se ha votado en tres ocasiones. Desde PP+Cs, alineado en esta ocasión con el Gobierno, han entendido que era un “error” y que una equivocación no puede frustrar la opinión real y mayoritaria del Parlamento reflejada en todos los trabajos previos de la ponencia legislativa y la comisión.

Tras la polémica, EH Bildu ha dejado de votar el resto de artículos. Elkarrekin Podemos-IU sí ha seguido participando en la votación y ha sido el único grupo que ha votado en contra, al igual que la representante de Vox en el grupo mixto. La coordinadora del grupo parlamentario abertzale, Nerea Kortajarena, ha tratado varias veces de tomar la palabra sin éxito -también ha fallado el micrófono-, aunque formalmente ha podido formular una protesta. “Se han equivocado” unos parlamentarios y no hay por qué repetir una votación, ha argumentado. Ha pedido un dictamen de los letrados sobre la validez de lo sucedido y que conste en acta el baile. “Esto es grave”, ha enfatizado.

En una rueda de prensa posterior, la propia Kortajarena ha demandado que entre en vigor la norma hasta que se analicen jurídicamente las consecuencias de lo ocurrido. Ha hablado de una “cacicada” y de una decisión “partidista” que recurrirán ante la Mesa. Fuentes de la Presidencia se han remitido exclusivamente a un precedente de 2013 por el cual Tejeria repite una votación si hay un error. No obstante, en aquel momento el criterio era posponerlo para la siguiente sesión parlamentaria. Además, no era una ley y sí una resolución sin carácter vinculante. Además, EH Bildu recalca que ese criterio se modificó unos días después de aquella polémica de 2013.

Entretanto, el Parlamento ha dado luz verde a la reforma del Tribunal de Cuentas. Se ha elevado de mayoría absoluta a tres quintos el consenso mínimo para designar a los vocales y se han ajustado algunos puntos relativos a las incompatibilidades. La izquierda, en todo caso, ha denunciado que no se pone coto al paso de un representante político de una institución al órgano fiscalizador. Se da la circunstancia de que en 2015 el dirigente del PNV José Luis Bilbao saltó en cuestión de horas de ser diputado general en Bizkaia a ser presidente de esta institución. El representante de PP+Cs, Luis Gordillo, ha reconocido que ellos también lo pedían al inicio pero que han cedido en aras a un acuerdo que mejora el funcionamiento del tribunal en otros aspectos. Ha destacado el “consenso amplio” que se requiere para designar las vocalías, que en la práctica impide a los partidos del Gobierno decidir la renovación de este organismo en solitario.

Para David Soto, de Elkarrekin Podemos-IU, la nueva ley tiene aspectos positivos pero el no marcar un plazo mínimo para estos saltos es “una línea roja”. Ha argumentado que el PNV no lo ha permitido para no asumir que la operación Bilbao fue un error. Josu Estarrona, de EH Bildiu, ha calificado los cambios de “simple maquillaje” y de ser “contrarios a la higiene democrática”. “No utilicemos el Tribunal de Cuentas con objetivos políticos”, ha replicado desde la bancada del PNV Itsaso Berrojalbiz, que ha lamentado que “las piedras” que ha arrojado la izquierda abertzale en el Parlamento contra el acuerdo “no son pequeñas”. Cree que se han dado en el debate “turbulencias artificiales” que “dañan la imagen” de una institución importante en la arquitectura autonómica.

Como segunda parte del acuerdo, PNV, PSE-EE y PP+Cs han pactado el cupo de vocalías en el futuro Tribunal de Cuentas. Son siete puestos y el PNV tendrá tres, los socialistas dos y PP+Cs una. La última se la repartirán EH Bildu -segunda fuerza parlamentaria en Euskadi- y Elkarrekin Podemos-IU, con los mismos escaños que la coalición de derechas. Aún no se conocen los nombres de este nuevo plenario.

El pacto entre PNV, PSE-EE y PP+Cs para reformar el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) y también para el reparto de las nuevas vocalías para el siguiente mandato ha soliviantado a EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. El acuerdo no impide el salto desde la política hasta este órgano auditor -el caso del dirigente del PNV José Luis Bilbao en 2015- y relega a repartirse uno de los siete asientos en la institución a estas dos formaciones, que tienen 27 de 75 parlamentarios.

En un comunicado, la coalición abertzale considera que la reforma es “contraria a la higiene democrática” y ha votado en contra del informe de la ponencia legislatura. El parlamentario Josu Estarrona ha aseverado que EH Bildu propuso hace seis años modificar esta ley, con el fin de dotar al TVCP de “la máxima transparencia, objetividad e independencia”. El objetivo de los cambios propuestos en su día por la coalición era “evitar casos” como el de Bilbao, quien “de un día para otro” pasó de ser diputado general de Bizkaia a presidir un organismo que se encarga de “controlar y fiscalizar las cuentas de las administraciones públicas”, incluida la propia Diputación Foral de Bizkaia.

Estarrona ha denunciado que la reforma acordada por los dos partidos que integran el Gobierno vasco y PP+Cs “es lamentable”, ya que convertirá el proceso de renovación del TVCP “en un intercambio de puestos para unos y otros” sin que, además, se respete la “proporcionalidad” de la representación de fuerzas en el Parlamento autonómico. “En un momento en que la sociedad reclama cada vez más medidas, más firmeza, más transparencia y una gestión impoluta de los recursos públicos, la respuesta de PNV, PSE y PP+Cs es un mero maquillaje”, ha subrayado.

“Es una oportunidad perdida”, ha señalado, de su lado, el portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, David Soto. Este grupo deseaba que se fijara un período de tiempo que impidiera el salto de la política al Tribunal. “A efectos prácticos supone permitir las puertas giratorias”, ha considerado Soto, que se pregunta si lo que ocurrió en 2015 se podría volver a repetir en 2021. Denuncia, asimismo, que no se tienen en cuenta otras propuestas de “vital importancia” como la revisión de las cuentas del Parlamento Vasco o de asociaciones o fundaciones vinculadas a partidos políticos, así como la introducción de impactos de género o medioambientales en las auditorías.

Mientras tanto, la Comisión de Economía del Parlamento Vasco ha aprobado este miércoles, con el aval del PNV, PSE-EE y PP+Cs, el informe de la ponencia para la reforma de la ley que regula el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). La modificación de ley que se tramita en el Parlamento incorporará, según recoge Europa Press, varias propuestas del PNV para que los miembros del TVCP sean elegidos con el voto de las tres quintas partes de la Cámara y para que se respete la igualdad de mujeres y hombres, según ha informado la formación 'jeltzale' en un comunicado.

El informe de la ponencia para la reforma de la ley que regula el TVCP, que cuenta con el aval de PNV, PSE-EE y PP+Cs, será elevado a pleno para su aprobación definitiva en las próximas semanas. Los cambios introducidos en el texto “aumentan la pluralidad” en la representación, al exigir consensos más amplios entre las diferentes fuerzas políticas, según ha explicado la parlamentaria Itxaso Berrojalbiz. La propuesta recoge que los miembros de este órgano deberán obtener el voto favorable de las tres quintas partes del Parlamento Vasco, frente a la mayoría absoluta de la regulación actual. Además, los integrantes del TVCP deberán acreditar una experiencia profesional de al menos doce años, dos más que en la actualidad.

Los mandatos tendrán una duración de seis años, pero se fija un límite, dado que solo se podrán renovar por un mandato. Berrojalbiz ha destacado los avances conseguidos en materia de igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. El nuevo texto introducirá la necesidad de una designación equilibrada de mujeres y hombres. “Se trata de asumir como prioridad y principio rector, también en este tribunal, la igualdad de género”, ha indicado la parlamentaria.

Con adjetivos como “absurdo” o “equivocado”, la presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha tratado de desmontar pieza a pieza este martes en el Parlamento Vasco el castillo de críticas construido por tres formaciones de la oposición, las coaliciones EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs -Vox no ha estado presente- en torno al caso del cártel de las consultoras. Fue destapado en mayo por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y puso en evidencia la existencia de una trama de empresas que manipularon del orden de dos centenares de licitaciones públicas en España, prácticamente la mitad en Euskadi. De hecho, el caso llegó a la CNMC fruto de una investigación previa al organismo que ahora preside Urresola aunque en la etapa anterior, cuando estaba dirigido por Pilar Canedo.

Urresola, muy airada en algunos bloques de la comparecencia parlamentaria y que ha compartido su tiempo con el vocal Rafael iturriaga, que sí se mantiene de la etapa anterior y que antes fue viceconsejero de Seguridad con el PSE-EE, ha insistido en que no hay “ninguna razón” por la cual ella misma en primera persona o la AVC tengan que dar explicaciones por este caso ya que “la resolución es de la CMNC”, el organismo autonómico no intervino para nada en la investigación después de remitirla y ninguna de las 200 adjudicaciones mencionadas ha sido realizada por la AVC. “La forma en que se está dando el debate parlamentario resulta desenfocada”, ha dicho la presidente de la Competencia vasca a sus señorías.

La oposición, en cambio, está poniendo sobre la mesa algunos elementos que van desde fotografías de Urresola con algunos de los empresarios de las consultoras sancionadas hasta la contratación después de la investigación realizada en Euskadi de una de ellas, B+I, para la realización del “plan estratégico” de la AVC. Como publicó este periódico, esta compañía percibió 17.500 euros más IVA y, entre otras actividades, realizó un juego con Lego en el que la conclusión era que Urresola era una “capitana” al frente del “barco” de la AVC mientras había que eliminar la figura del “fantasma” de la etapa anterior, representada por Canedo. A este respecto, prácticamente el único comentario de Urresola ha sido que “lamentablemente se ha filtrado a la prensa”. “Efectivamente, contratamos el asesoramiento para el primer plan estratégico. No fue un capricho”, ha asegurado Urresola, que ha criticado que Canedo no publicara este tipo de contratos en el portal de transparencia y que ha añadido que “por una foto” con algunos empresarios o porque ella u otros miembros hayan trabajado en el pasado en empresas investigadas no se puede cuestionar la “independencia” del órgano regulador. Ha enfatizado, en todo caso, que “después de la sanción” no ha habido más adjudicaciones a empresas como B+I o Deloitte.

La oposición, de hecho, reclama que se haga efectiva la prohibición de contratar con la Administración para las empresas implicadas en el cártel. “Efectivamente, la CNMC anuncia o propone una prohibición, pero su aplicación no es automática. Legalmente, realmente no es efectiva esta prohibición. Jurídicamente se puede seguir contratando. Otra cosa es que, si una entidad por sus protocolos internos decide que no, será libre. Pero, si se lanza un concurso, no hay un arma para que se les pueda penalizar”, ha explicado Urresola. Iturriaga, por su parte, ha defendido el contenido del trabajo de la CNMC al indicar que sus conclusiones “no son arbitrarias”. “La pulsión natural de todas las empresas no es la competencia, sino la colusión, a ser posible el monopolio y sino en oligopolio”, ha indicado para dejar caer que el ciudadano es lego y “no acaba de percibir la importancia del juego limpio en los mercados”.

Desde la oposición, David Soto (Elkarrekin Podemos-IU) ha denunciado el “descrédito” del organismo regulador y ha mostrado su sorpresa por que “siempre” sean las mismas consultoras las contratadas para todos los servicios. Esta formación está haciendo ver en sus últimas comparecencias que las firmas sancionadas no solamente siguen trabajando para la Administración sino que se les encomiendas importantes planes estratégicos para el Gobierno. Por su parte, Luis Gordillo (PP+Cs) ha lamentado que Urresola dirija un “Fórmula 1” sin que se pilote de manera adecuada para llevar a cabo más investigaciones, extremo que la presidenta ha negado enumerando algunas de sus actividades en los últimos años.

En cuanto a Josu Estarrona (EH Bildu) ha tenido un encontronazo con la presidenta en funciones de la comisión, Estíbaliz Larrauri, del PNV. Cuando presentaba sus argumentos, le ha pedido que “centre” su intervención mientras que Estarrona ha denunciado que se le haya intentado “cortar”. “Le solicitaría que no me vuelva a interrumpir”, ha implorado Estarrona. A lo que Larrauri ha replicado: “La presidencia tiene la potestad de llamar al orden cuando lo considere”.

Bilbao: “No tengo por qué explicar a nadie con quién tomo un pote o dejo de tomarlo”

Después de Urresola, ha comparecido también, aunque esta vez por videoconferencia, José Luis Bilbao. El exdirigente del PNV es el presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). Su mandato está prorrogado a expensas de que se modifique la normativa para la elección de las vocalías de este otro órgano regulador. En su caso, accedió hace seis años directamente desde la presidencia de la Diputación de Bizkaia. Socarrón, ha hecho constar que la Cámara ha valorado muy bien su labor ya que en seis años solamente había sido llamado en otra ocasión para comparecer. Sobre el caso, ha sido tajante: “No tengo que hacer públicamente ninguna valoración”.

“No podemos ni debemos meternos en el trabajo de otro ente regulador”, ha enfatizado Bilbao, a quien formaciones de la oposición le reprochan que no haya detectado en sus auditorías el centenar de contratos irregulares del cártel de las consultoras en Euskadi. “En estos seis años hemos hecho 154 informes de fiscalización. En cada uno de ellos está nuestra opinión. [...] Nuestra competencia llega hasta la puerta que separa lo público de lo privado”, ha insistido. Y sí se ha mostrado enfadado al ser preguntado por sus relaciones con las empresas. “Nunca he tenido ninguna relación con ninguna de esas empresas. ¡A mí qué me cuentan! Mis relaciones con mis amigos son mías y de nadie más. No tengo por qué explicar a nadie con quién tomo un pote o dejo de tomarlo”, ha exclamado.

El Parlamento Vasco ha confirmado tácitamente este jueves la continuidad de José Luis Bilbao como presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) al menos hasta el mes de octubre. El motivo es que la Cámara trabaja desde hace años y también en esta legislatura en una reforma de la normativa reguladora de los nombramientos de los miembros del órgano auditor que todavía tardará en ver la luz a pesar del final del mandato actual. Precisamente este viernes se constituirá una ponencia para elaborar el dictamen que luego será votado por el pleno.

La oposición había demandado cambios legales para evitar lo que ocurrió en 2015, que Bilbao, dirigente del PNV, saltara directamente de su cargo como diputado general de Bizkaia a presidente de un órgano de control. Actualmente, se trabaja en dos textos, uno de EH Bildu y otro de PP+Cs, que persiguen poner coto a lo que consideran una 'puerta giratoria'. La coalición abertzale plantea que sea imposible ese salto hasta que pasen dos años mientras que 'populares' y naranjas lo elevan a seis años. Sea como fuere, no saldrá adelante ni lo uno ni lo otro a tenor de las enmiendas presentadas por los partidos de Gobierno, PNV y PSE-EE, que suprimen esa cautela.

Sí aceptan algunos ajustes en el régimen de incompatibilidades y que los vocales salgan con el apoyo de tres quintos del Parlamento y no con mayoría absoluta, lo que obligaría al Ejecutivo a consensuar los nombramientos con alguno de los otros partidos. “Haremos todo lo posible para arañar algo más”, apuntan fuentes de PP+Cs en puertas de que arranque la redacción definitiva en la ponencia.

Mientras, la Cámara ha rechazado este jueves una proposición de ley de EH Bildu para crear una oficina anticorrupción ya que PNV y PSE-EE han votado en contra. Uno de los argumentos principales de estos partidos es que precisamente ya existen otros órganos de control, entre los que se ha incluido el Tribunal de Cuentas. “Están inhabilitados actualmente, por su absoluta falta de independencia”, ha criticado Josu Estarrona, parlamentario abertzale, que ha añadido que, “como organismos de lucha contra la corrupción o prácticas irregulares, su aportación es muy limitada”. “¿Cuántos casos de prácticas irregulares o de corrupción en todos estos años de existencia del Ararteko han comenzado tras una queja en el Ararteko? ¿Cuántos?”, se ha preguntado a modo de ejemplo.

Se da la circunstancia de que el Gobierno había mostrado un criterio favorable a tramitar esta iniciativa cuando se planteó por vez primera en la pasada legislatura, aunque ahora se ha tornado en desfavorable. “¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿La mayoría absoluta?”, ha lanzado Estarrona, que ha ironizado que entre un debate y otro ha salido, entre otros casos, la sentencia de la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi, el conocido como 'caso De Miguel', con elevadas penas de prisión para exdirigentes del PNV de Álava y excargos públicos como Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Ochandiano o Xabier Sánchez Robles.

El socialista Ekain Rico ha denunciado la “estrategia” de EH Bildu por sacar ahora una propuesta que ya llevaba meses redactada. “No podemos compartir la sombra de sospecha que se quiere lanzar continuamente sobre todo este tipo de órganos. Es innegable que en ocasiones existen negligencias, errores e incluso ilícitos. Pero de ahí a plantear que la generalidad de la actuación de las administraciones es ésa o que la actuación general de esos órganos de control previo y de control posterior es la de mirar para otro lado es decir que están cometiendo delitos los cientos y miles de funcionarios, técnicos y gestores públicos que ahí están”, ha replicado.

Desde la bancada del PNV, Jon Andoni Atutxa ha añadido justo después: “En nuestra opinión, defiende la propuesta un modelo más represivo que preventivo y nosotros entendemos que la dimensión preventiva ha de ser la predominante, ya que es el aspecto más importante a desarrollar. Y es precisamente este aspecto el que el Gobierno vasco lleva años implementando. Es por ustedes bien conocido que el modelo por el que apostamos pone el acento en la construcción de sistemas de integridad institucional. Y no sólo pensando en los cargos públicos, sino también para el empleo público y para aquellos agentes que operan con la Administración”.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha aprobado ya su auditoría sobre los gastos de las seis formaciones políticas que obtuvieron representación tras las elecciones autonómicas de julio de 2020, PNV, EH Bildu, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox. El órgano, presidido por José Luis Bilbao, exdiputado general de Bizkaia, ha detectado algunas anomalías pero estima que todos los partidos y coaliciones “han cumplido razonablemente con la legislación vigente en materia de gastos y financiación electoral”.

En el capítulo de “recomendaciones” y sin entrar en detalles, el órgano fiscalizador afirma que los partidos suelen contratar por sistema a “un único proveedor” y entiende que “dado el importe de gastos” sería “conveniente” que se articularan procedimientos de “selección de la oferta económicamente más ventajosa”, dado que esos gastos luego se cubren con subvenciones públicas. Asimismo, el Tribunal de Cuentas insiste en que “las facturas aportadas deben incluir claramente la fecha en que se ha realizado el gasto y el concepto”.

El PNV, el partido ganador de las elecciones gastó 1,45 millones de euros en las elecciones, de ellos alrededor de 0,46 en publicidad tanto exterior como en medios de comunicación. El órgano dirigido por Bilbao no aprecia ninguna anomalía en sus cuentas, como tampoco en las del PSE-EE, que desembolsó 1,10 millones. En el caso de EH Bildu, los gastos ascendieron a 1,03 millones. La formación abertzale pudo rescatar un saldo de 267.000 euros no utilizado por la suspendida convocatoria del 5 de abril, en medio del confinamiento general del primer estado de alarma.

Elkarrekin Podemos-IU gastó 475.000 euros y mucho menos en publicidad, apenas 80.000 euros en total. El Tribunal de Cuentas no ha considerado subvencionables algunos viajes por valor de 7.399,81 euros o partidas no electorales por valor de 2.770,90 euros. En cuanto a PP+Cs, contrasta su elevada inversión en publicidad (201.154,73 euros) en relación con su representación final, seis escaños de 75. La auditoría no da concreciones pero afirma que “uno de los partidos de la coalición” ofreció un préstamo de 400.000 euros concedido meses después de los comicios, en septiembre. Finalmente, Vox no atendió la petición de la Junta Electoral de abrir una nueva cuenta en julio y cerrar la de las elecciones canceladas. La formación de ultraderecha solamente declara 725 euros en publicidad exterior y nada en medios de comunicación. 

Hace un lustro, cuando el influyente José Luis Bilbao (PNV) empezaba a despedirse de la primera línea política, aseguró que nunca escribiría sus memorias y que guardaría bajo siete llaves los secretos sobre “fajos de billetes” en negro que había conocido en su dilatada trayectoria institucional. Ahora, quizás, no podría redactar ese libro. “Uno se va haciendo mayor y esos ocurrió hace más de doce años”, ha asegurado este martes ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cuestionado por uno de los episodios más polémicos de su mandato como diputado general de Bizkaia (2003-2015), su relación con el empresario Jabyer Fernández.

Fernández, tras salir a la cárcel adonde fue enviado por la quiebra de la constructora Iurbenor -que llegó a patrocinar el Bilbao Basket por mediación del político nacionalista-, demanda a la Diputación unos 30 millones de euros por haber incumplido los convenios firmados para impulsar un proyecto de construcción de viviendas modulares a través de Habidite. Este martes se ha celebrado en Bilbao una vista con las comparecencias de los testigos y José Luis Bilbao, recolocado desde 2015 como presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, ha optado por el “no recuerdo” y el “no sabría decir” para defenderse. Hasta 26 evasivas ha contado 'El Mundo'.

Según Fernández, Habidite iba “viento en popa” y estaba bendecido políticamente hasta el punto de que Bilbao lo apadrinó en período electoral con la promesa de que iba a generar 1.100 empleos. Pero “una actitud negligente” de la Diputación cuando se truncaron las relaciones entre Bilbao y el empresario, siempre según su versión, cerró el grifo de las subvenciones y aguó todos los planes. “Que se sepa la verdad y se haga Justicia”, ha clamado el expreso. 

Bilbao, por su parte, se ha limitado a reseñar que “el movimiento de papeles era tremendo” en la Diputación preguntado por una carta que le remitió Fernández, que no es capaz de recordar si se reunión con él y que no tiene constancia de cómo se dejaron sin efecto los convenios sobre Habidite. “No era Superman”, ha llegado a manifestar el exdiputado general. Fernández le afea que la Diputación “autorrecuriera” esas subvenciones a Europa y Bilbao sí ha dejado claro que aquello fue una consulta para determinar si ese dinero público podría ser tachado como ayudas de Estado ilegales. 

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, decretó el pasado 31 de enero el archivo de la investigación contra el que fuera diputado general de Bizkaia hasta 2015, José Luis Bilbao (PNV), por la polémica subvención directa de 5,3 millones al Bilbao Basket que le permitió afrontar una deuda de 3,8 millones con la Hacienda foral y, en definitiva, garantizar su continuidad en la elite del baloncesto español.

La fiscal concluye, según la documentación a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, que existen ciertas deficiencias administrativas en la tramitación de ese 'rescate' e incluso apunta a que “las fechas [de la operación] parecen indicar una voluntad [de la Diputación] dirigida al fin de que parte de la subvención cubriera deuda tributaria” pero argumenta que el procedimiento “formalmente ha cumplido la legalidad” puesto que las deudas aplazadas con Hacienda, por muy elevadas que sean, no tienen la consideración de deuda y no impiden la obtención de subvenciones públicas.

En paralelo, el Tribunal de Cuentas del Estado también ha dictaminado que ni el entonces director foral de Turismo y Promoción Exterior, Gabino Martínez de Arenaza, ni el responsable del club, Xabier Jon Davalillo, han de hacer frente a responsabilidad contable alguna después de que inicialmente este órgano auditor también advirtiera un “incumplimiento palmario” de la Ley de Subvenciones al destinar una ayuda pública para la condonación de deudas fiscales. La resolución del Tribunal de Cuentas es de julio de 2017.

El polémico rescate de la Diputación al Bilbao Basket llegó a finales de abril de 2013, con el club de Miribilla sumido en impagos a jugadores y con el enésimo fiasco en la búsqueda de patrocinadores estables (entonces los problemas los daba Uxue como antes los dio Iurbentia). La misma institución que meses atrás, con motivo de la crisis económica, había cerrado el grifo de las ayudas al deporte profesional (ello precipitó la desaparición del Euskaltel-Euskadi de ciclismo, por ejemplo) decidió suscribir con el equipo de baloncesto una suerte de patrocinio para la “promoción integral” de la provincia, cuyo logotipo en forma de hoja lucía en los pantalones de juego.

20 millones gracias a la NBA

La supervivencia del Bilbao Basket en la máxima competición española era fundamental teniendo en cuenta que Bizkaia aspiraba a organizar en 2013 y 2014 un evento NBA y el mundial de baloncesto. De hecho, durante la investigación se han recabado informes que destacan la importancia de este deporte como elemento tractor y de promoción del territorio pero también la relevancia de que se celebrasen esos dos eventos. El impacto económico de ambos, unos 20 millones de euros, justificaría con creces la subvención de 5,3, según la institución foral. Así las cosas, aquel otoño de 2013 los Philadelphia 76ers de la NBA jugaron un amistoso en Bizkaia y ello abrió la puerta no sólo a que el BEC de Barakaldo acogiera partidos del mundial de 2014, sino a que fuera la sede de la selección de Estados Unidos y de todas sus estrellas.

La investigación surgió precisamente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, el órgano en el que fue recolocado Bilbao por su partido tras abandonar la Diputación después de tres legislaturas. Antes de su llegada, esta institución hizo público un informe en el que avisaba de que el dinero entregado al Bilbao Basket pudo no estar justificado. El expediente pasó al Tribunal de Cuentas estatal, que sí tiene competencias para iniciar un procedimiento de reintegro de las cantidades que puedan ser irregulares, y este organismo, a su vez, envió la documentación a la Fiscalía por si, en paralelo, los hechos no sólo constituían una irregularidad administrativa sino también un delito. Finalmente, ambas investigaciones han quedado archivadas.

“Al corriente de pago” con deudas de 3,8 millones

La Fiscalía vasca inició sus diligencias informativas (las 7/17) ante unos hechos que “podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación” por parte de Bilbao, que fue el firmante en primera persona del acuerdo con el Bilbao Basket, en cuyo nombre actuaron Predag Savovic y Olatz Begoña Arrinda. Según Adán, la prevaricación no sólo consiste en cometer una ilegalidad, sino en que se produzca a sabiendas, “violentando las normas elementales de procedimiento y contenido de la ley”, que son los elementos que se han tratado de probar.

La documentación recabada por el ministerio público confirma que el dinero, 5,3 millones, se utilizó en gran parte no como subvención sino para minorar la deuda del club con Hacienda. En aquel momento era exactamente de 3,8 millones de euros, apunta Adán. Hacienda, durante el procedimiento, ha argumentado que existen mecanismos automáticos para comprobar que un beneficiario de dinero público no sea a la vez moroso con la Administración pero asegura haber actuado “correctamente” porque “el concepto tributario de estar al corriente de las obligaciones no equivale sólo a deudas pagadas, sino que incluye deudas suspendidas y deudas aplazadas cuando no tienen garantías”.

Es decir, el Bilbao Basket pudo pagar con dinero de su acreedor la deuda que mantenía porque éste había accedido de antemano a concederlo un calendario ventajoso de aplazamientos. Es el mismo sistema que la Hacienda de Álava mantiene históricamente con Saski Baskonia. La entidad de Josean Querejeta tiene firmado un convenio por el que anualmente recibe una subvención foral superior al millón de euros pero ese dinero pasa automáticamente a reducir el dinero que el club no ha ingresado a Hacienda, con la que mantiene un acuerdo para modificar el calendario de pagos. En estos días es noticia el histórico Joventut de Badalona, que también acumula deudas. Un fiscal pidió investigar al exregidor badalonés y ahora líder del PP catalán, Xavier García Albiol, por haber beneficiado presuntamente a la 'penya', un club en el que militó.

Sin actas y sin número de expediente

Bilbao compareció en sede de la Fiscalía el pasado verano, como publicó 'El Correo' a pesar del secretismo que había envuelto su citación. Explicó que la tramitación de las ayudas al Bilbao Basket siguió un procedimiento estándar. Sin embargo, Adán ha encontrado durante su investigación dificultades para hallar algunos detalles del expediente. Alude textualmente a “ausencia de documentación suficiente”, lo que ha motivado varias solicitudes de información a la Diputación y a la Hacienda foral que han obligado a una ampliación del plazo ordinario de investigación, seis meses, con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado. Uno de los testigos, funcionario de la Administración, llegó a declarar que el expediente en cuestión no presentaba una numeración.

Adán también trató de averiguar si en la sesión del Consejo de Gobierno en la que Bilbao propuso el 'rescate' al Bilbao Basket se explicó que la finalidad del plan era más la condonación de deudas que la “promoción” de Bizkaia. En las actas entregadas a la Fiscalía, sin embargo, “no constan las manifestaciones de los intervinientes”. La Diputación ha argumentado que se trata de un órgano ejecutivo colegiado y que hay jurisprudencia para que eso sea así sin que se pueda entender que es una ocultación deliberada. Pese a todo, la fiscal explica que el derecho penal obliga a actuar con más “cautela” a la hora de “examinar el cumplimiento del principio de legalidad” y abre la puerta a “un control de las posibles ilegalidades” por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Todos los partidos del Parlamento Vasco (PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos) han dado su voto favorable a una propuesta del PP para iniciar la reforma del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en la línea de apuntalar su “independencia” y “credibilidad” tras la polémica surgida después de que el dirigente del PNV José Luis Bilbao saltara directamente de la diputación de Bizkaia a la presidencia de este órgano de control de las Administraciones, entre ellas la propia institución foral que dirigió. El PNV, en todo caso, ha criticado que sea el PP el que plantee en Euskadi este debate cuando ha ejercido sus prerrogativas para situar cargos de partido en el Tribunal de Cuentas del Estado, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial o en otros órganos jurisdiccionales.

“Nuestro objetivo declarado es contribuir a generar confianza en las instituciones, a recuperar credibilidad e independencia en los órganos fiscalizadores. Estamos plenamente convencidos de que el Tribunal de Cuentas no puede ser un premio a una trayectoria política y tampoco una suerte de jubilación anticipada”, ha expuesto Borja Sémper (PP), promotor de la reforma legislativa. Y ha añadido en referencia al papel de Bilbao, quien, recolocado por el PNV, saltó directamente de la presidencia del Gobierno foral a la del Tribunal de Cuentas: “No podemos rectificar errores del pasado, pero sí contribuir en todos a acertar en el futuro. Necesitamos exclusiva mentalidad de asesores técnicos”.

El texto del PP reclama que altos cargos políticos no puedan ser consejeros de cuentas hasta que hayan pasado al menos seis años desde que abandonaran su último cargo público. Exige también doce años de experiencia en el ámbito económico.

Elkarrekin Podemos (Podemos, IU y Equo) ha intervenido de la mano del PP para defender la reforma legislativa. Eukene Arana ha realizado un alegato contra las puertas giratorias y contra la politización de los órganos de control externo. “Hacen una importante labor de vigilancia de la corrupción”, ha manifestado. Por error, un parlamentario del grupo, Juan Luis Uria, ha sido el único de toda la Cámara que no ha votado a favor de la propuesta legislativa.

EH Bildu, que hace dos años también defendió esta reforma, ha asegurado que no se puede “poner al zorro a cuidar a las gallinas”, en referencia a Bilbao. Unai Urruzuno ha dicho también que el PSE-EE “tragó el sapo” de aceptar la recolocación del exdiputado general a cambio de un puesto en el Ararteko, el de la adjunta Julia Hernández, que también se renovó en esas fechas. En su intervención, ha pedido que se eviten los “intereses partidistas” en este tipo de nombramientos.

Los socialistas, que habían intervenido antes, no han podido responder a esta acusación de EH Bildu. Sin embargo, Alexia Castelo ha pedido que este tipo de reformas “tampoco se hagan al calor de candidatos concretos” porque “los debates oportunistas a veces trastocan los discursos”, quizás una velada referencia a nombramientos del PP. En todo caso, ha apoyado con matices el debate sobre la composición del Tribunal de Cuentas: “Tenemos la oportunidad de eliminar sombras pero sin hace culpables a quienes han desarrollado esa labor hasta ahora”.

El debate lo ha cerrado la nacionalista Miren Josune Gorospe. Además de criticar el PP, ha asegurado sobre la llegada de Bilbao que “todos los partidos” y durante años siempre han propuesto consejeros “con perfil político”. Y ha remarcado que los elegidos por el PNV, en concreto, han cumplido los requisitos legales para el cargo y que, además, acreditan más “experiencia profesional” en la materia que la requerida.

El grupo de Elkarrekin Podemos en el Parlamento vasco ha registrado una iniciativa inédita en Euskadi y en España que a buen seguro suscitará debate político. En sus propuestas para el plan de trabajo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la coalición de Podemos, IU y Equo reclama también una auditoría de las cuentas de la propia Cámara de los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015. Hasta la fecha, según fuentes del órgano auditor, los números del Parlamento nunca han sido fiscalizados, como tampoco los de las Juntas Generales y, por extensión, los de ningún órgano parlamentario de España, incluidas las Cortes Generales.

No es la primera vez que un grupo político pone sus ojos en las cuentas del Parlamento. Durante las dos últimas legislaturas, sin éxito, UPyD planteó que la Cámara informará públicamente del gasto en viajes, dietas u otros asuntos presupuestarios. La Mesa le denegó en reiteradas ocasiones la información alegando que los partidos con representación en el Parlamento tienen derecho a controlar al Gobierno pero no a la propia institución. El debate quedó aplacado en parte con la apertura de un portal de transparencia, si bien hay voces que reclaman más datos y mayor actualización de esa nueva ‘web’.

Fuentes de Elkarrekin Podemos consultadas por eldiarionorte.es manifiestan que han considerado oportuno e interesante incorporar esta petición a otras más habituales como son el análisis de varios ayuntamientos o de sociedades públicas o que reciben fondos de la Administración como el estadio de Anoeta de la Real Sociedad, que será ampliado, o la plaza de toros de Bilbao. Sin embargo, de momento no han explicitado las razones concretas que les han empujado a dar el paso o si tienen alguna sospecha concreta.

Fuentes cercanas al Tribunal de Cuentas autonómico indican que el Parlamento Vasco nunca ha sido revisado desde su creación, al calor del Estatuto de 1979. En principio, la ley de 1988 que regula este organismo –dependiente precisamente de la Cámara- no cita a la institución dentro de su “ámbito” de trabajo, aunque sí menciona expresamente en su artículo 2 a los otros Parlamentos de la comunidad autónoma, a las Juntas Generales (si bien nunca han entrado en el plan de trabajo del organismo).

Expertos en la materia defienden que si una entidad privada que recibe ayudas públicas está sujeta a una revisión por parte del Tribunal de Cuentas, con más motivo tendría que estarlo una Administración cuyo presupuesto es aportado por el Gobierno vasco, sujeto evidentemente a la lupa del órgano competente para ello. “Es curioso que el órgano en el que reside la soberanía popular no esté sometido a ningún control”, agregan las fuentes consultadas.

Las propuestas de otros grupos

El resto de formaciones políticas también han registrado ya en el Parlamento su propuesta de auditorías para el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. El PNV, por ejemplo, ha solicitado la revisión de las cuentas de seis municipios (dos por territorio). El PSE-EE, entre otras iniciativas, reclama un análisis y control de legalidad de Donostia 2016 y de dos mancomunidades de Gipuzkoa, los organismos que han controlado la gestión de residuos.

EH Bildu ha entregado una de las listas más largas. El documento incluye peticiones coincidentes con las de Elkarrekin Podemos (Bilbao Ría 2000, Bilbao 700 o la plaza de toros de la ciudad, por ejemplo) pero también reclama control sobre las obras de la ‘Y vasca’ en sus tramos de Gipuzkoa, competencia del Gobierno vasco. Finalmente, el PP ha puesto su mira en el consorcio de residuos de Gipuzkoa (GHK) y en la sociedad de infraestructuras de esa provincia (Bidegi), así como en el Ayuntamiento de Vitoria ahora gobernado por PNV y PSE-EE tras la etapa del ‘popular’ Javier Maroto.

¿Reforma del Tribunal de Cuentas?

Por otro lado, este jueves el pleno del Parlamento discute una propuesta del PP para reformar la ley reguladora del Tribunal de Cuentas con el ánimo de impulsar su independencia. El portavoz del PP, Borja Sémper, ha llegado a decir que un órgano de control no puede ser un “cementerio de elefantes” o estar copado por los partidos políticos.

El hecho que ha motivado la iniciativa legislativa ha sido que desde 2015 la presidencia de esta institución esté en manos del que fuera diputado general de Bizkaia, el 'jeltzale' José Luis Bilbao. Bilbao, recolocado por su partido, saltó directamente de la presidencia del Gobierno foral a la del Tribunal de Cuentas. Sémper reclama que altos cargos políticos no puedan ser consejeros de cuentas hasta que hayan pasado al menos seis años desde que abandonaran su último cargo público. Exige también doce años de experiencia en el ámbito económico.

El Tribunal de Cuentas del Estado ha concluido ya su investigación sobre las ayudas irregulares concedidas por la Diputación de Bizkaia en 2013 al Bilbao Basket, decisión adelantada este lunes por eldiarionorte.es, e inicia ahora la fase preparatoria para el juicio contable. Este jueves ha cerrado un “acta de liquidación provisional” en el que hace constar ya la posible existencia de quebranto económico en el ‘rescate’ que el entonces diputado general del PNV, José Luis Bilbao, puso en marcha personalmente con el empresario Gorka Arrinda, máximo accionista y consejero delegado del club. La propia Diputación asumió que la cantidad rondaba los 1,6 millones del total de 5,3 millones que directa o indirectamente se entregaron al Bilbao Basket.

Se da la circunstancia de que el Tribunal de Cuentas del Estado “aclara” expresamente que Bilbao no será señalado como “responsable contable” y obligado a devolver el dinero. Curiosamente, el dirigente del PNV es hoy presidente de la institución que promovió este expediente, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el que fue recolocado en 2015 por su partido tras salir de la Diputación.

A través de un comunicado, algo muy poco habitual, el Tribunal de Cuentas del Estado ha explicado que serían dos los altos cargos que, de confirmarse en el juicio esta calificación “provisional”, podrían tener que poner de su bolsillo el dinero perdido por las arcas públicas. No da sus nombres ni sus puestos, pero precisa que en ningún caso se trata de José Luis Bilbao, la persona que negoció las ayudas al club de baloncesto y quien las presentó públicamente en una rueda de prensa.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Diputación de Bizkaia, pero la institución dirigida ahora por Unai Rementeria opta por no revelar la identidad de las dos personas investigadas. “No vamos a dar nombres”, repiten fuentes forales.

El Tribunal de Cuentas refleja también que ahora se abre un plazo para que la Diputación, si se siente perjudicada, pueda personarse en este procedimiento de reintegro para recuperar el dinero entregado a Arrinda. En el caso más conocido que este organismo ha llevado en Euskadi, el ‘caso San Antonio’, la oposición al PP (PNV y PSE-EE) también se personó para impulsar la recuperación del dinero perdido por un alquiler de oficinas al empresario Gonzalo Antón, en aquel caso 400.000 euros. Sea como fuere, la Fiscalía mantendrá la petición de reintegro y no hay riesgo de que Bizkaia pueda torpedear el procedimiento, según las fuentes consultadas en el Tribunal de Cuentas.

Fue en abril de 2013, con el Bilbao Basket carcomido por los impagos a jugadores y personal y con problemas con los patrocinadores (entonces Uxue), cuando se puso en marcha el plan de ‘rescate’ financiero de la sociedad anónima deportiva. Se realizó, además, sin formalizarlo en el presupuesto y sin pasar por las Juntas Generales, que meses atrás habían validado unas cuentas que retiraban todas las ayudas al deporte de elite. En total, el club de Miribilla percibió 5,3 millones.

Fueron, por un lado, 1,6 millones en una inyección directa de dinero (la parte que ahora se pretende recuperar, según la Diputación) y el resto, fundamentalmente, cancelaciones de la deuda contraída con la Hacienda de Bizkaia. El acuerdo se disfrazó como un convenio de promoción turística y del territorio. En su auditoría de las cuentas de 2013, el Tribunal de Cuentas autonómico, antes de que llegara Bilbao a su presidencia, determinó que aquellas ayudas no estaban justificadas.

La Diputación de Bizkaia ha confirmado que el Tribunal de Cuentas del Estado “abrió un expediente” contra la institución foral por la concesión en 2013 al Bilbao Basket de 5,3 millones de euros en ayudas públicas y para activar el “reintegro” de la parte irregular de ese paquete, cifrado por fuentes forales en “1,6 millones”. Ese dinero se corresponde al líquido que el entonces diputado general, José Luis Bilbao (PNV), inyectó al equipo de baloncesto controlado por Gorka Arrinda, al borde de la desaparición, camuflado como un contrato de promoción turística e institucional de Bizkaia. El resto hasta los 5,3 millones fueron, fundamentalmente, deudas con Hacienda canceladas.

Como adelantó eldiarionorte.es, el caso tiene su origen en una auditoría realizada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en 2015, cuando aún era presidente el ahora profesor universitario José Ignacio Martínez Churiaque. Este organismo detectó que el supuesto contrato de promoción de Bizkaia no estaba justificado, entre otras anomalías, y criticó que la ayuda se concediera ‘a dedo’, al margen del presupuesto y de las Juntas Generales (Bizkaia había eliminado formalmente las ayudas al deporte de elite). El ‘rescate’ al Bilbao Basket, que en 2013 arrastraba problemas de impagos a jugadores y personal y con el patrocinador (Uxue), fue asumido en primera persona por el entonces diputado general, un José Luis Bilbao que ahora, curiosamente, es presidente de ese mismo Tribunal de Cuentas autonómico tras ser recolocado por el PNV.

Esta patata caliente, en todo caso, está en manos del Tribunal de Cuentas del Estado, en concreto de su sección de enjuiciamiento. Es así porque, a diferencia de los órganos de control externo autonómicos, el central sí tiene potestad para reclamar a los responsables políticos de una mala gestión la devolución del dinero o “alcance contable”, en términos internos. Fuentes conocedoras del caso explican que el papel de Bilbao en este procedimiento que le afecta directamente sería muy limitado, ya que la acusación y la defensa de las irregularidades detectadas la asume la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Este tipo de procedimientos de “reintegro” –el más conocido ha sido el ‘caso San Antonio’ con Alfonso Alonso y otros cargos del PP- obliga a los responsables políticos a hacer frente de su bolsillo a la devolución que pueda estipular el Tribunal de Cuentas. El dinero, por lo tanto, no lo pone la Diputación –los contribuyentes-, sino los malos gestores. Las fuentes forales consultadas, en todo caso, no precisan hacia quién o quiénes se dirige la reclamación en este espinoso asunto del Bilbao Basket, es decir, si afecta o no al propio Bilbao. A lo largo del procedimiento abierto ahora, y que se completará con un juicio contable, se pondrá nombre y apellidos a los cargos públicos que deberán asumir el quebranto de 1,6 millones a las arcas de la Diputación.

Entretanto, según ha informado la Cadena Ser, el tercero en discordia, el Bilbao Basket, se muestra tranquilo. El club de baloncesto no tiene ninguna responsabilidad y en ningún caso tendrá que devolver las ayudas públicas que obtuvo en 2013.

La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas del Estado ha iniciado un “procedimiento de reintegro por alcance” contra la Diputación de Bizkaia por la ayuda irregular de 5,3 millones de euros concedida en abril de 2013 al Bilbao Basket, siendo José Luis Bilbao (PNV) diputado general, y que fue decisiva para que la entidad deportiva entonces con Gorka Arrinda como máximo accionista afrontara los impagos a jugadores y personal y no se viese abocada a una desaparición casi segura. El objetivo de este tipo de procedimientos del Tribunal de Cuentas –no es el primero que se abre después del verano en el País Vasco- es que los responsables políticos de determinadas decisiones económicas irregulares o imprudentes afronten de su bolsillo una devolución del dinero público incorrectamente gastado.

El polémico rescate de la Diputación vizcaína al Bilbao Basket llegó a finales de abril de 2013, con el club negro sumido en impagos a jugadores y con el enésimo fiasco en la búsqueda de patrocinios estables (entonces los problemas los daba Uxue). La misma institución que meses atrás había suspendido las ayudas públicas al deporte de elite por la crisis, lo que precipitó por ejemplo la desaparición del Euskaltel-Euskadi de ciclismo, decidió salvar a la entidad de Arrinda ofreciéndole una inyección económica directa de 1,9 millones más otros 3,4 millones por vía indirecta a través de la cancelación de sus deudas con la Hacienda foral. Todo ello se disfrazó como un patrocinio publicitario para la “promoción integral” de la provincia, cuyo logotipo en forma de hoja de roble luce en las camisetas del equipo.

La actuación del Tribunal de Cuentas del Estado viene impulsada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, curiosamente dirigido ahora por el propio José Luis Bilbao después de que en 2015 abandonara la Diputación y fuera recolocado allí por el PNV. Pero la auditoría de este órgano fiscalizador que da origen al procedimiento de reintegro de las ayudas irregulares se aprobó en 2015, cuando la institución todavía estaba en manos del ahora profesor universitario José Ignacio Martínez Churiaque.

El Tribunal de Cuentas autonómico, sin votos en contra, aseguró que la promoción de Bizkaia a la que estaba vinculada la ayuda “no estaba desglosada ni valorada”, por lo que no veía “justificado” el importe abonado. ¿Por qué 5,3 millones? ¿Por qué un doble fórmula de pago? Aquel informe también descubrió el incumplimiento de dos cláusulas del convenio a la hora de formalizar los pagos y, sobre todo, cuestionó “la concesión directa de estas ayudas” desde el Gobierno foral cuando lo habitual era que fueran visadas “por las Juntas Generales de Bizkaia, con su inclusión en el presupuesto anual”.

El Tribunal de Cuentas del Estado, a diferencia de su homólogo autonómico, tiene competencias para enjuiciar las irregularidades y para reclamar la devolución del dinero. Se trata de una jurisdicción “contable” que no evalúa delitos pero sí que se ha mostrado de gran utilidad para resolver casos de mala gestión como el oneroso contrato de alquiler de San Antonio en Vitoria, el desfalco de las cuentas del concejo de Aretxabaleta o, recientemente, las irregularidades en torno a la incineradora de Gipuzkoa.

Polémica en Gipuzkoa con las deudas a la Real Sociedad

Por otro lado, según ha informado este lunes la Cadena Ser, un juzgado de San Sebastián sigue adelante con la querella interpuesta por el expresidente de la Real Sociedad Iñaki Badiola contra el diputado general entre 2007 y 2011 y también ahora, Markel Olano, y contra otros altos cargos de aquel Gobierno foral, como los diputados Iñaki Galdos y Pello González (de EA y luego en Hamaikabat). Badiola denunció que aquel Ejecutivo condonó al club 'txuri-urdin' 6,4 millones de euros en deudas con Hacienda.

Olano, en una entrevista en la misma emisora, ha pedido que se matice el asunto. Primero, porque defiende la legalidad de sus políticas de apoyo al deporte, segundo, porque no fue una “condonación de una deuda, sino de una multa”al club y, finalmente, porque no da credibilidad alguna a Badiola.

El presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, José Luis Bilbao, podrá defender próximamente en las Juntas Generales de Bizkaia que en 2014 la Diputación, dirigida por el propio Bilbao, y sus entes públicos mejoraron en su situación económica merced a unos mayores ingresos y un menor endeudamiento. Se da la circunstancia de que hace un año, cuando el presidente del órgano auditor era José Ignacio Martínez Churiaque, el gran titular de su comparecencia en el Parlamento vizcaíno fue precisamente el crecimiento desmesurado de la deuda, sobre todo en el período 2009-2011.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha hecho público hoy su primer informe de auditoría sobre Bizkaia desde que el exdiputado general hasta hace pocos meses, el nacionalista José Luis Bilbao, saltara a esa institución a propuesta del Parlamento, aunque él no puede ser el ponente. Como es habitual, el informe concluye que se cumplió de modo “razonable” con la legalidad en el ejercicio analizado, en este caso 2014, aunque pone algunos ‘peros’, algo también dentro de lo ordinario.

Cita como ejemplo el abono en ese año de 6,8 millones en concepto de devolución a los funcionarios forales de la paga extraordinaria de Navidad retirada en toda España en 2012 por decisión del Gobierno de Mariano Rajoy. El Tribunal de Cuentas afea a Bizkaia que “incumpliera” el real decreto estatal, aunque reconoce que en 2015 y 2016 sí se han habilitado fórmulas en los presupuestos generales para proceder a su reintegro. Con relación a los funcionarios, igualmente, se pide que se revisen los abonos de IRPF correspondientes a determinadas prejubilaciones, que no tendrían que estar exentas.

El dictamen incorpora también otra “salvedad”, aunque sin efectos en el balance económico general de la provincia. Alude a un mal reflejo contable de la “onerosa” operación del vertedero de Artigas, cedido al ayuntamiento de Bilbao. “El saldo de inmovilizado y de las periodificaciones a largo plazo de la Diputación deben aumentar en 25,1 y 44,4 millones de euros, respectivamente, y el saldo de beneficios por operaciones de inmovilizado debe disminuir en 19,3 millones de euros”, señalan los auditores.

En cuanto a la sociedad Azpiegiturak, el Tribunal duda de que sus activos estén tasados en 117 millones, la cifra que pone la institución foral, debido a la “crisis del mercado inmobiliario”. Y añade que “existe una incertidumbre sobre la valoración de unos inmuebles incluidos en inversiones inmobiliarias de la citada sociedad por 15 millones de euros, puesto que la empresa que alquilaba el inmueble no ejerce actividad alguna, estando en concurso de acreedores”.

El exdiputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha sido elegido presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para los próximos cinco años, en sustitución de José Ignacio Martínez Churiaque. Es decir, se ha cumplido el guión previsto desde que se conoció que el PNV designaba a Bilbao para ocupar un puesto de consejero en el órgano fiscalizador. Bilbao ha sido designado en una reunión mantenida por los siete nuevos vocales del órgano fiscalizador, que han jurado o prometido sus cargos en un acto en el Parlamento vasco.

Tras ser elegido, Bilbao se ha limitado a asegurar que ha sido designado “para cumplir la ley”. Junto con el exdiputado general vizcaíno, que fue designado vocal con el apoyo de PNV y PSE-EE, ha sido nombrado vicepresidente del TVCP, José Ángel Quintanilla, uno de las dos personas propuestas por los socialistas.

En las vocalías del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, acompañarán a Bilbao y a Quitanilla los también candidatos del PNV Begoña Marijuán y Eusebio Melero; Xabier Txokarro, a propuesta de EH Bildu; Jesús Mariano García, presentado por el PSE-EE, y Teresa Crespo, por el PP.

Se da la circunstancia de que Eusebio Melero vuelve a tener como 'jefe' a José Luis Bilbao, ya que ejerció como diputado de Obras Públicas de Bizkaia de 2003 a 2007, cuando Bilbao era el diputado general. Fue el único diputado del equipo de Bilbao que no volvió a repetir en la legislatura de 2007 a 2011.

Durante el acto de toma de posesión, la presidenta del Parlamento, Bkartxo Tejeria, ha enfatizado que la recuperación de la confianza de la ciudadanía pasa por “ofrecer la mayor transparencia posible”.

La candidatura de Bilbao ha estado rodeada por la polémica y ha sido criticada por EH Bildu, PP y UPyD, partidos que entienden que su trabajo al frente de la institución foral vizcaína le invalida como miembro de un tribunal que tiene como tarea auditar las cuentas de las instituciones públicas.

Unai Rementeria será elegido hoy nuevo diputado foral de Bizkaia y en su discurso de investidura ya ha adelantado que su mandato no se extenderá las tres legislaturas de su predecesor, José Luis Bilbao. Rementeria ha expresado su compromiso a permanecer en el cargo, si cuenta con el respaldo para ello,  “dos legislaturas como máximo” y ha avanzado que los miembros del Gobierno firmarán un código de conducta y será una legislatura “sin cesantías” y con “idénticas pólizas de seguro para todos”.

El candidato del PNV ha ensalzado el pacto alcanzado con el PSE que según ha explicado permitirá a Bizkaia contar con “un gobierno fuerte y estable” en el que “la suma de fuerzas” de ambas formaciones “multiplicará los resultados”. Asimismo, ha asegurado que, aunque “a este gobierno le dan los números”, tiene “vocación de dialogar y acordar con quien quiera”.

Tras el acuerdo sellado la semana pasada entre jeltzales y socialistas, Unai Rementeria acabará una etapa en la institución foral: la de José Luis Bilbao. Un periodo que ha durado tres legislaturas y en las que el PNV ha gobernado en solitario. La etapa que arranca este miércoles con el pleno de investidura en las Juntas Generales en Gernika estará caracterizada por el pacto programático suscrito entre peneuvistas y socialistas.

Y dos de los objetivos prioritarios, al que dedicará buena parte de su intervención Rementeria, serán la reactivación económica y la creación de empleo en el territorio. De hecho, el futuro diputado general vizcaíno se comprometió durante la campaña electoral a crear a lo largo de estos cuatro años de legislatura un total de 10.000 puestos de trabajo en el territorio. En concreto, en el diseño de esas políticas de Empleo, los peneuvistas tienen previsto impulsar tres planes de empleo “específicos” dirigidos a jóvenes, mayores de 45 años y parados de larga duración.

Pero también la defensa de los servicios sociales y la igualdad tendrán un papel central en la accción gubernamental. Aquí los socialistas se han asegurado, en virtud del reparto de áreas, dirigir las políticas de promoción de la igualdad, así como la inserción social. En este capítulo, ambos partidos se han comprometido a “consolidar un sistema justo de atención social a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad que esté preparado para asumir las consecuencias de estas posibles dificultades” y también a “garantizar la sostenibilidad del sistema de servicios sociales”. La dotación presupuestaria de la ley de Dependencia, aprobada en la etapa Zapatero, pero recortada por el Gobierno de Rajoy, tendrá una atención especial.

El núcleo del Gobierno sigue en manos del PNV, cuyo candidato mejoró incluso los resultados en los pasados comicios al pasar de 22 a 23 junteros. Aunque el nuevo equipo que dirigirá la Diputación de Bizkaia no ha desvelado el organigrama definitivo -ni las personas que estarán al frente de cada cartera- se da por hecho que José María Iruarrizaga seguirá al frente de la cartera de Hacienda y que la de Promoción Económica estara dirigida previsiblemente por Imanol Pradales. Otra de las personas que tiene asegura una cartera es la exedil en Bilbao y presidenta de Eudel (Asociación de Municipios Vascos), Ibone Bengoetxea, Administración Pública y Relaciones Institucionales. Y entrará en el Gobierno Lorea Bilbao, en la cartera de Cultura.

Los socialistas, que retrocedieron hasta los siete junteros frente a los nueve que tenían en la anterior legislatura, han logrado hacerse con las áreas de Empleo y Transportes, que dirigirán “un hombre y una mujer de completa confianza del secretario general del PSE en Bizkaia, Mikel Torres, y con experiencia en la gestión en lo público y en la empresa privada”, según fuentes socialistas. La primera se completa además con las políticas relacionadas con la inserción social y la igualdad, mientras que de la segunda área dependerá también Movilidad y cohesión del territorio. El que fuera candidato a diputado general en las pasadas elecciones y alcalde de Ermua, Carlos Totorika, será el jefe de filas del grupo socialista y no formará parte del gobierno de coalición.

Rementeria hará pública tras la sesión de investidura la composición de su Ejecutivo de coalición.

El candidato de EH Bildu

EH Bildu, que retrocedió un escaño y pasó a tener 11 junteros, también presenta en la sesión de investidura de este miércoles candidato a diputado general: Josu Unanue. El objetivo de la coalición soberanista es visibilizar que existe otro modelo para el desarrollo y la construcción de este territorio la margen del diseñado en acuerdo cerrado entre socialistas y peneuvistas.

Pero no hay sitio para la sorpresa en esta ocasión y Rementeria (Mundaka, 1973), licenciado en Derecho y diplomado en económicas por la Universidad de Deusto, se convertirá este miércoles en el nuevo diputado general de Bizkaia.

Concejal y teniente alcalde de Mundaka desde 1999 a 2007, fue alcalde de Mundaka desde 2007 hasta 2013. Miembro de la Ejecutiva Territorial de Eudel en Bizkaia en los años 2007 a 2010, fue también presidente del Consorcio de Aguas de Busturialdea de 2007 a 2009. También fue parlamentario por el PNV en la Cámara vasca de 2009 a 2011, y juntero en las Juntas Generales de Bizkaia, además de miembro del Consejo Territorial de la Ejecutiva peneuvista en Bizkaia entre 2008 y 2013.

El PP pasa de las palabras a los hechos en relación a la elección de José Luis Bilbao como futuro consejero del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) y, en su caso, presidente del órgano fiscalizador. Los populares han registrado este jueves en el Parlamento vasco una iniciativa para forzar a que los servicios jurídicos del Parlamento vasco certifiquen que el todavía diputado general de Bizkaia cumple con los requisitos para ser consejero de este organo fiscalizador.

La iniciativa, a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, recuerda el currículum de Bilbao, pero resalta también las dudas que ya adelantó este periódico nada más conocerse la decisión del PNV: “Por mucho que se quiera homologar su trayectoria política, entendemos que dicho currículum podrían no acreditar la ”reconocida competencia“ en fiscalización, ni en enjuiciamiento de la responsabilidad contable, con diez años de experiencia profesional, que se exigen como requisitos imprescindibles por la ley para ser miembro del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas”.

La Ley por la que se creó el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, el 5 de febrero de 1985, señala en su artículo 15 lo siguiente:

“Para ser elegido miembro del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, será necesario estar en posesión del título superior y disponer de reconocida competencia en relación al ámbito funcional del Tribunal, garantizada en todo caso con una experiencia profesional de 10 años”. La titulación de Bilbao es la de licenciado en Ciencias Económicas por la UPV. Además, ha desempeñado diversas responsabilidades en el área de gestión y control económico, entre ellas la de director general de Gasto Público Foral y de Finanzas (1983-87), secretario general del diputado general de Bizkaia (1987-91), director foral de Promoción Económica (1991-95) y, desde 2003 hasta ahora diputado general del citado territorio.

Algunos expertos en la materia consideran que solo con la licenciatura de Económicas y su trayectoria, Bilbao podría no reunir los requisitos para ser miembro del tribunal, porque carecería de una “reconocida competencia” ni en fiscalización, ni en enjuiciamiento de la responsabilidad contable, que es el ámbito funcional del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Esto es lo que Borja Semper quiere ahora contrastar con esta iniciativa parlamentaria.

“La persona menos idónea”

El portavoz popular, Borja Sémper, considera que el PNV ha decidido “encajarle en el sitio menos adecuado” y ha advertido de que “poniendo sobre la mesa un nombre tan político están politizando el TVCP”. “En lugar de hacer un trámite y una propuesta limpia, transparente, ausente de debate y de polémica, el PNV se descuelga con este nombramiento, que a todas luces no tiene un pase desde el punto de vista político y ético”, ha subrayado.

Esta propuesta, en su opinión, puede restar “credibilidad” a la imparcialidad que debe tener el órgano fiscalizador, por lo que ha emplazado al PNV a reflexionar sobre la idoneidad de que Bilbao ocupe un asiento. Este jueves ha dado un paso más y ha solicitado que sean los letrados de la Cámara quienes comprueben esa idoneidad que ha defendido con firmeza el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, para ser consejero del tribunal.

Frente a esa visión, Sémper considera que Bilbao “es probablemente la persona menos idónea” para este puesto porque como diputado general de Bizkaia durante 12 años no sólo ha manejado importante información relacionada con la Diputación vizcaína, sino con las otras dos instituciones forales y con el Gobierno Vasco, como miembro del Consejo Vasco de Finanzas.

Toda la oposición, salvo el PSE, atado a un acuerdo sellado en febrero de 2013 con el PNV en el que pactaron la renovación del TCVCP, ha puesto el grito en el cielo por la propuesta peneuvista. EH Bildu ha señalado que el nombramiento de Bilbao sería como “poner al zorro al cuidado del gallinero”, Gorka Maneiro (UPyD) ha abundado en la idea de politización del tribunal y considera el “espectáculo lamentable” que, en su opinión, están dando el resto de partidos “para colocar a su gente” en el TVCP. Así, ha denunciado que el PNV “busque una salida laboral a Bilbao con la complicidad del PSE-EE”.

“José Luis Bilbao es un candidato idóneo para ocupar un puesto de consejero del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas”. Así se ha manifestado el portavoz del Gobierno vasco, Josu erkoreka, para quien el exdiputado general de Bizkaia reúne las condiciones necesarias para trabajar en el Tribunal de Cuentas, tal y como ha propuesto el PNV.

“Por su formación académica, por su trayectoria institucional, por su conocimiento de las cuentas públicas y por el rigor con que ha desempeñado todos sus anteriores cargos es un candidato idóneo”, ha remachado Erkoreka. Además, el portavoz ha recordado que el Tribunal cuenta con los mecanismos de seguridad suficientes para que José Luis Bilbao se inhiba y no fiscalice nada que haya tenido que ver con sus anteriores responsabilidades.

Ahora tendrá que ser el Parlamento vasco el que refrende las propuestas de los diferentes partidos para ocupar los siete cargos del Tribunal de Cuentas.

El PNV ha esperado hasta el último día para desvelar el futuro de José Luis Bilbao, el que ha sido en los últimos 12 años diputado general de Bizkaia, ahora en funciones tras las elecciones del pasado 24-M. No ha sido fácil, según confirman diversas fuentes políticas, buscar un acomodo acorde con el peso político que su partido le ha reconocido. Pero, finalmente, la conocida salida del exalcalde de Bilbao José Mari Gorordo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha allanado el camino iniciado el pasado mes de septiembre, cuando Bilbao anunció que tiraba la toalla y renunciaba a seguir en la primera línea política.

El proceso, sin embargo, no ha terminado. Todavía hay que demostrar que el candidato José Luis Bilbao cumple los requisitos para acceder a ser miembro del tribunal fiscalizador vasco, cuyos consejeros son nombrados por el Parlamento vasco, en virtud de los acuerdos políticos a los que llegan los partidos políticos.

La Ley por la que se creó el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, el 5 de febrero de 1985, señala en su artículo 15 lo siguiente:

“Para ser elegido miembro del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, será necesario estar en posesión del título superior y disponer de reconocida competencia en relación al ámbito funcional del Tribunal, garantizada en todo caso con una experiencia profesional de 10 años”. La titulación de Bilbao es la de licenciado en Ciencias Económicas por la UPV. Además, ha desempeñado diversas responsabilidades en el área de gestión y control económico, entre ellas la de director general de Gasto Público Foral y de Finanzas (1983-87), secretario general del diputado general de Bizkaia (1987-91), director foral de Promoción Económica (1991-95) y, desde 2003 hasta ahora diputado general del citado territorio.

Algunos expertos en la materia consideran que solo con la licenciatura de Económicas y su trayectoria, Bilbao podría no reunir los requisitos para ser miembro del tribunal, porque carecería de una “reconocida competencia” ni en fiscalización, ni en enjuiciamiento de la responsabilidad contable, que es el ámbito funcional del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. No es descartable que algún grupo de la Cámara pida previamente a su nombramiento como consejero un informe jurídico para confirmar la idoneidad y legalidad para accecer al cargo del diputado general de Bizkaia en funciones.

Además, no ha pasado desapercibido el hecho de que Bilbao tendrá que abstenerse en la fiscalización de las Cuentas de la Diputación de Bizkaia y de todos los contratos forales con sociedades o empresas privadas que vaya a supervisar el TVCP en ese territorio en su programa anual de trabajo.

Cuotas de poder y sueldos

El acuerdo cerrado entre socialistas y peneuvistas para el reparto del próximo TVCP, que será renovado este mismo mes si se cumplen los plazos, deja una mayoría para ambos partidos en el seno del órgano fiscalizador vasco. Pero falta aún por definir cómo queda definido el resto de formaciones. El Parlamento vasco podría elegir el 25 de junio a los siete nuevos representantes del tribunal, que podría quedar formado por tres vocales de PNV (junto a Bilbao, Begoña Marijuán y Eusebio Melero, que continúan en el cargo) dos de PSE (José Ángel Quintanilla, en sustitución del actual vicepresidente, José Miguel Bonilla, y Mariano García). En el caso de populares y soberanistas no está claro cuántos miembros tendrán, ya que los grupos reclaman diferentes cuotas de poder. Por ejemplo, EH Bildu, segunda fuerza en la Cámara, ha exigido dos representantes y ha presentado como candidatos a José Manuel Altolagirre y Xabier Txokarro. Y el PP también ha presentado a dos candidatos: Teresa Crespo y Jon Inchaurraga.

Las retribuciones de los altos cargos del TVCP, según el acuerdo de Pleno del 5 de abril de 1989 y del 16 de octubre de 1989, están equiparados a determinados altos cargos del Gobierno vasco. En concreto

Alfonso García (Barakaldo, 1964) es un corredor de fondo. Los casi dos años de alcalde de Barakaldo, uno de los graneros históricos de voto de los socialistas vascos y cuarto municipio en población en Euskadi, le han sabido a poco. Este lunes desgrana las últimas encuestas, que le siguen dando caballo ganador aunque con un PNV fuerte, en ascenso y pisándole los talones. El mismo PNV que ha dejado en la estacada al segundo municipio en población de Bizkaia, ségun denuncia García. Desde la Diputación de Bizkaia, en manos peneuvistas, han seguido “una política de ninguneo clara con nosotros. La consigna era 'A Barakaldo ni agua”, protesta.

Sostiene con orgullo que ha sido alcalde de un municipio donde no se desahucia y recuerda que los servicios de mediación de este consistorio -el más importante que controla el PSE-EE en estos momentos- “han resuelto de manera favorable los 69 casos que se nos han presentado”. Un tercio de la población de Barakaldo -alrededor de 100.000 habitantes- tiene más de 65 años y Alfonso García anuncia la creación de una Concejalía de Mayores para potenciar el “envejecimiento activo” y para que las políticas de dependencia lleguen a todo aquella persona que las necesita. Sobre acuerdos tras el 24-M, dice que es un firme defensor de la política de pactos y que se lo ofrecerá al segundo partido, el PNV, si finalmente su partido reedita la victoria de hace cuatro años, pero advirtiendo también que hay otras mayorías posibles.

Hay casi un 18% de indecisos que puede inclinar la balanza final, ahora que el PNV ha acortado distancias en este municipio. ¿Qué les diría para que apuesten por usted?

Somos garantía de mantener políticas sociales. Incluso más allá de los recortes impulsados por el PP, hay dos ejes fundamentales que son empleo y acción social. En materia social somos el ayuntamiento que más aporta, por encima de las grandes capitales, a recursos destinados a materias de acción social.

¿De qué presupuesto estamos hablando?

Por encima de los 950.000 euros en ayudas de emergencia social, fundamentalmente para alquiler e hipoteca. Tenemos un convenio suscrito con el Colegio de Abogados de Bizkaia para el tema de los desahucios.

¿En este consistorio no se desahucia?

Aquí no se desahucia. Y además con dos frentes, el hipotecario y el de alquiler. Estamos hablando de 69 casos que han recurrido a nuestro servicio de mediación y todos ellos se han resuelto de manera favorable. En materia de dependencia, incluso a aquellos que no se les ha considerado como dependientes, también les ayudamos. Vamos a crear dos Concejalías: una de Mayores, tenemos un tercio de población mayor de 65 años que requieren unas atenciones especiales como la dependencia. Tenemos siete centros para mayores y vamos a tener otros dos más en barrios populosos como Rontegi y también en Retuerto, la periferia de Barakaldo. Hay actividades exclusivas para ellos en los centros cívicos de la ciudad porque queremos potenciar el envejecimiento activo. Tienen servicio de podólogo y de peluquería a domicilio y vamos a ofertar un servicio de catering. Son pequeños avances. La otra Concejalía será la de Infancia y Juventud. Y en materia de empleo, a través de la Agencia de Desarrollo Local, durante este mandato hemos destinado sin tener competencias alrededor de seis millones de euros, consiguiendo un empleo directo a 350 personas.

¿Cuántos desempleados tiene Barakaldo?

En torno a 9.000. Somos, junto con Portugalete, los dos municipios con menos tasa de paro de la margen izquierda y zona minera, pero no nos consuela. Mal de muchos, consuelo de tontos. Y ahora tenemos en marcha otro plan de empleo de 121 pesonas para los próximos seis meses. Los tres viveros de empresas funcionan muy bien. Y vamos a crear una Área de Empleo. Son motivos más que suficientes para apoyarnos, nosotros no vamos a entrar en el chalaneo, ni en las rebajas de 40 policías más, porque sabemos que es falso, la tasa de reposición solo permite cubrir las bajas, y así lo recuerda un informe de la asesoría del 25 de marzo. La ley de Presupuestos Generales del Estado lo impide, por eso puedo decir que el PNV y el PP están engañando. Y tampoco creo que sea el momento de cubrir seis frontones como defiende el PNV, del orden de 300.000 euros cada frontón, y una piscina. Las demandas de los ciudadanos no pasan ni por piscinas, ni por cubrir frontones, como defiende el PNV, pasan por atender sus necesidades reales.

“El futuro”, repite Pedro Sánchez en los mítines, “no está escrito”, pero lo que se ve en la margen izquierda es un gran desgaste del PSE. En Barakaldo han pasado de un 41% en 2007, al 30% en 2011 y a una posibilidad de voto del 27% en las últimas encuestas. ¿Por qué el electorado les ha dado la espalda?

Es fruto del lastre que supone a día de hoy las siglas del Partido Socialista. Cuando el PSOE pita, aquí se nota y mucho. Lo vimos en la legislatura 2007-11 en pleno auge del 'zapaterismo', crecimos dos concejales, algo inusitado, que no se había dado desde 1983, con Felipe González.

Ustedes llevan gobernando Barakaldo desde esa fecha, precisamente.

Coincide. Supongo que también hay un cambio sociológico importante. Ya no es una ciudad de componente obrero exclusivamente, hay otras clases medias con mayor nivel de vida.

¿Y por qué está el PNV seduciendo a ese electorado nuevo?

No creo que seduzca, el PNV tampoco está creciendo de una manera exponencial, avanza sí, pero tímidamente, muy lentamente y dependiendo de que elecciones se trate, incluso se estanca. En las generales ampliamos esa brecha, la solemos mantener en las municipales y en las europeas, y en las autonómicas nos superaron por 150 votos.

Pero la tendencia es a la baja. Este granero histórico de voto socialista parece muy tocado.

También creo que hay un descrédito de la política, y nos acusan a los dos grandes partidos PSOE y PP de ser los responsables de la situación por la que atraviesan. El PNV se ve como una religión, pero no crece más. En las pasadas elecciones europeas no nos superó, Ermua y nosotros resistimos ese envite. Yo acabo de llegar como quien dice, ni dos años. La figura del alcalde es importante y me tengo que proyectar mas y darme a conocer. Aunque soy una persona muy normal, cercana, estoy todo el día en la calle, mis vecinos me ven con mi cuadrilla, comprando, corriendo, soy un tipo normal.

Si se produjera el 'sorpasso' y gobernase el PNV, ¿qué políticas cree que podrían estar en peligro?

En materia de empleo son más que evidentes. El propio Lanbide ha reconocido que no ha sabido acertar y que tiene que reorientar su rumbo en cuanto a política de empleo juvenil. Ninguno de los planes de empleo que está poniendo en marcha el PNV los hubiese puesto 'motu propio' si no es porque el Partido Socialista le obliga a incluirlo con el pacto presupuestario. Los recortes son evidentes, y no asume sus competencias en materia de acción social tampoco. Tiene competencias pero no destina los recursos suficientes, ni libera otros para los ayuntamientos, que tienen que afrontar otro tipo de demandas que ellos no cubren. El estrangulamiento que se produce por parte de la Diputación de Bizkaia, del PNV, que es la que tiene los recursos, es muy evidente. Las diferencias que existen en los tres territorios históricos entre la primera capital de provincia y el segundo municipio en Vitoria (PP)-Llodio (EH Bildu) o en San Sebastián (EH Bildu) e Irun (PSE-EE) con sus diputaciones es del 10%, aquí entre Bilbao (PNV) y Barakaldo (PSE-EE) supera el 49%. Es algo absolutamente sangrante.

Podemos al final no ha obtenido el visto bueno del Constitucional para presentarse en Barakaldo. ¿Han respirado con la noticia? Aunque también está Ikune.

Nosotros contábamos con que se presentara, bienvenida la pluralidad. Ikune es un 'totum revolutum' que no sé muy bien qué representa o pretende esa amalgama más allá de ser candidatos independientes, como si eso fuera algo para llevar a gala. Creo que hay que comprometerse. Creo que a quien realmente beneficia que no concurra Podemos es a Irabazi, a IU. Y en las zonas urbanas, a Bildu. Allá donde se presente Podemos, con la marca que sea, en zonas industriales va a morder más a Bildu, me refiero sobre todo a ese voto antisistema. Nosotros nos mantenemos. Ese electorado se escora hacia esas dos formaciones, clásicas por otra parte. Ni Bildu, ni IU son emergentes precisamente.

No lleva ni dos años al frente de la Alcaldía. ¿Ha sido un handicap?

El 8 de julio cumpliré dos años. Arrancar al principio del mandato es evidente que supone una proyección de la figura del alcalde. Pero ha habido actuaciones de este alcalde que ha puesto en valor el hecho de ser barakaldés, frente a la marca Bilbao, que se potencia de manera premeditada por parte del PNV. Me encanta que a Bilbao le vaya bien, pero quiero que a Barakaldo le vaya mucho mejor. Y desde luego no nos vamos a someter a los dictados ni de Bilbao, ni de Bizkaia.

Veo que las relaciones con la Diputación no han sido buenas. ¿Y con el Gobierno vasco? ¿En que deberían cambiar?

En julio de 2013 solicité una reunión con el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, me recibió y él mismo reconoció que había que abordar un mejor reparto de los fondos Udalkutxa, no se puede financiar a entornos rurales con menos necesidades, demanda y población. La deuda histórica de la Diputación con Barakaldo ronda los 50 millones de euros. Y los criterios fundamentales para el reparto deberían ser la población y el nivel de desempleo. Además, nuestra gestión ha sido impecable: somos el tercer municipio menos endeudado del país y somos uno de los diez municipios, curiosamente junto a otros dos del País Vasco socialistas, en concreto Eibar y Portugalete, que mejor hemos afrontado la crisis. Creo que merecemos un trato de favor porque se está beneficiando al manirroto, al que no ha sabido administrar bien los fondos como Orduña, Alonsotegi, un auténtica catástrofe de despilfarro con los fondos públicos. Aunque el diputado general Bilbao me dijo que después de las elecciones se hablará. En el caso del Gobierno vasco, lo intentamos también y solo tras una intervención parlamentaria del Grupo socialista se forzó a que el lehendakari me recibiera. Y hasta principios de 2014 no me recibió. Urkullu tomó nota. Al final, todos los cambios que han beneficiado a Barakaldo han sido fruto de obligaciones que se han impuesto en los pactos presupuestarios: no habían destinado ni un euro al centro de salud de Retuerto, ni un céntimo al colegio de Retuerto, ni al módulo psicosocial, ni a la carretera de interfábricas, ni a la pasarela que comunicaba la zona de Murrieta con Desierto Urban, ni un céntimo de euro para la tribuna de San Vicente, nada, de nada.

Por eso habla de estrangulamiento, claro.

Es evidente, es evidente. Somo el segundo municipio de Bizkaia. Hay una consigna por parte del PNV de que 'A Barakaldo, ni agua'. Es una política de ninguneo clara con nosotros.

¿En materia de transparencia y de acercar las instituciones a la ciudadanía, qué propone?

Tenemos ya un presupuesto participativo: hemos invitado en dos ocasiones consecutivas a los ciudadanos (en 2014 y 2015) para que realizaran sus aportaciones, sugerencias, demandas, nos trasladaran sus aspiraciones, pero ahora vamos a destinar parte del presupuesto a que los ciudadanos determinen en qué quieren que se gaste. El acceso a los decretos para la oposición es en tiempo real, los plenos se emiten en streaming, también permitimos el acceso a las mesas de contratación del ayuntamiento. Muchas de las gestiones municipales, el ciudadano ya las puede hacer online y de forma telemática. Según la Agencia de Transparencia Internacional seguimos siendo un municipio sobresaliente. No hay nada que ocultar, se han dado pasos y se darán más.

¿Cuánto gana como alcalde?

Percibo ahora mismo 4.020 euros, de los que 400 corresponden a antigüedad por mi condicion de funcionario del Gobierno vasco de Educación. Una parte abono a mi partido; en su momento llegué a abonar al partido hasta el 40% de mi salario. Sigo las pautas de Eudel [Asociación de Municipios Vascos] y es uno de los pocos de Euskadi en el que los concejales de la oposición sin responsabilidades concretas cobran lo mismo que los concejales que tienen áreas de gestión bajo su responsabilidad.

¿Cree que habría que modificar ese extremo?

Pues no deberían cobrar lo mismo quien tiene y no tiene un área de gestión por muchos motivos. Por ejemplo, tenemos que el concejal de Bildu ha reclamado a escondidas y despacito despacito con carácter retroactivo la antigüedad que le correspondía por ser personal estatutario de Osakidetza. Y quiero recordar que cuando el PP nos quitó la paga extra, nosotros nos solidarizamos, pero los únicos que no devolvieron el dinero fueron los de Bildu.

¿Existen barrios olvidados en Barakaldo? me refiero a zonas que no estén en el radar de su gestión como alcalde.

Hay periferia como en cualquier lugar, pero hay dos barrios como son Lutxana y Burceña con sendos planes de regeneración que también han sido fruto de un acuerdo de participación ciudadana. Entre los dos menos de 10.000 habitantes. En Lutxana la regeneración va lenta porque la crisis ha ralentizado los tiempos. Burceña está a caballo entre Bilbao y Barakaldo y desde luego es un barrio que necesita un buen empujón. El PNV quería para alguna zona como Burceña Parkea combinar uso residencial (viviendas) con uso industrial; nosotros decimos que debe ser un uso exclusivamente industrial porque es el último reducto de actividad industrial que puede quedar para la ciudad. La portavoz del PNV ha tenido oportunidad de manifestar su posición en Juntas Generales, romper la disciplina de su partido en favor de los intereses de Barakaldo, pero no lo ha hecho, ha actuado como delegada del PNV en Barakaldo, no defendiendo los intereses del municipio. Este alcalde lo ha dicho en muchas ocasiones: primero Barakaldo, después Barakaldo y, luego, Barakaldo; por encima de siglas, de partido, están los y las vecinas de Barakaldo.

El teatro Barakaldo ha sido punta de lanza de las políticas culturales del municipio, pero su gestión ha tenido etapas pésimas.

La gestión del anterior director ejecutivo no fue la adecuada. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y el Tribunal de Cuentas del Reino, ambos, le enmendaron la plana y en el caso del español le obligó a devolver de su bolsillo unos 30.000 euros. Había una excelente programación porque había recursos. En 2014, los resultados creo que son muy buenos, a pesar de la que está cayendo. Hay que buscar otras fórmulas: alquiler de los espacios, por ejemplo, del teatro, no para cualquier cosa ni a cualquier precio, evidentemente. Y se programa también en función de la oferta, pero también de la demanda de los ciudadanos. Bildu recientemente nos pedía mas espectáculos en euskera, ya pero es que la afluencia media es de 20, 30 personas en un aforo de 750. Quizas en otros entorno hay esa necesidad, aquí no.

Cuando se abran las urnas el próximo 24 de mayo, ¿defiende que gobierne la lista más votada pase lo que pase?

Yo creo en la política de pactos. Yo me presento con intención de ganar.

Como todos, imagino.

Amaia Fernández, la candidata del PP, decía que quería sacar un voto más que el PSE. Creo que le van a faltar unos cuantos, según las encuestas. Si hay posibilidades de pactar, pactaremos para tratar de lograr una mayoría suficiente.

¿Pero pactar con quién?

En principio, yo he gestionado los pactos anteriores como portavoz del partido y los oferté al PNV. Pero también se hizo esa oferta a otras formaciones. El segundo partido más votado debe ser el primero en recibir la llamada para ver qué posibilidades hay, pero hay más fórmulas evidentemente. El no llegar a pactos genera fragilidad en los gobiernos.

¿Los pactos los decidirá usted o la Ejecutiva?

Hombre, algo tendrá que decir Alfonso García en Barakaldo. Yo nunca he compatibilizado un cargo electo con uno orgánico, nunca he sido miembro de ningún comité local de mi partido y tengo una militancia ya de casi 27 años. He querido predicar con el ejemplo. He participado en dos ejecutivas de Bizkaia, pero a otro nivel.