Las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP tienen por primera vez en mucho tiempo una pugna abierta por su presidencia nacional. El congreso, convocado para el próximo 11 de julio, enfrentará al menos a dos candidatos: Ignacio Dancausa, líder de las juventudes del PP de Madrid y candidato con el respaldo explícito de Isabel Díaz Ayuso y la simpatía del secretario general del partido, Miguel Tellado, y Antonio Landáburu, presidente de esta organización juvenil popular en la Región de Murcia, que ha anunciado este martes su candidatura con un discurso de unidad territorial y apoyo a Alberto Núñez Feijóo.

“Es el momento de mojarnos”, ha apuntado Landáburu en un vídeo la publicado en la red social X, donde ha escenificado su anuncio en el Kilómetro 0 y en la fuente bajo la estatua ecuestre de Carlos III de la Puerta del Sol. “Esto va de unir a todos los jóvenes en torno al proyecto de Alberto Núñez Feijóo”, explica en esa misma publicación.

“En este tiempo, muchos compañeros me han animado a dar el paso”, señala el diputado regional aguileño en la red social. Su objetivo, añade, es “construir unas NNGG más fuertes, más vivas, más territoriales y más unidas, una organización donde cada afiliado cuente, donde todos los territorios sean protagonistas”.

En esta breve alocución repite la palabras “todos” hasta en nueve ocasiones, queriendo reflejar en su propuesta de 'Juntos, vamos a más' una imagen más descentralizada y plural de las Juventudes del PP. La periferia también quiere llegar al centro del tablero político popular, tal y como hizo Feijóo desde Galicia. Landáburu aspira a encarnar, precisamente, esa sensibilidad descentralizada que Génova necesita equilibrar frente al peso específico de Madrid.

Landáburu (Águilas, 1997), con estudios en Derecho aunque sin terminar la licenciatura por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), lleva toda su trayectoria política vinculado a las juventudes del PP. Fue secretario general de NNGG en Águilas y concejal en ese municipio costero entre 2019 y 2023, y preside la organización juvenil autonómica desde 2021. Actualmente, es diputado en la Asamblea Regional, donde ejerce como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y defiende las iniciativas de juventud y vivienda.

Respaldos explícitos

El aguileño llegó a la presidencia de NNGG de la Región tras un proceso marcado por las tensiones internas. En octubre de 2021, cuando dimitió el anterior presidente de la gestora, Francisco José García, la dirección nacional de esta organización juvenil del PP designó a Landáburu como su sucesor sin convocar un congreso, lo que provocó una concentración de protesta de militantes críticos frente a la sede del partido, que exigían elecciones democráticas conforme a los estatutos. El nombramiento contó con el respaldo explícito del jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, del que Landáburu se había declarado “fan incondicional”.

Ocho meses después, ya con el congreso convocado, el actual presidente de las NNGG murcianas se presentó como candidato único con 741 avales -cuando solo se necesitaban 85- y ningún rival se atrevió a disputarle el liderazgo. El 15 de octubre de 2022 fue elegido presidente con el 99,2% de los votos en el XIV Congreso celebrado en Murcia, poniendo fin a cuatro años de interinidad en la organización juvenil del PP regional.

Su contendiente, Dancausa, fue elegido presidente de NNGG Madrid en noviembre de 2022 con el 95% de los votos, por designio de Díaz Ayuso, quien vio en él un futuro líder y valoró especialmente su perfil emprendedor y su presencia en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, uno de los bastiones universitarios de la izquierda.

Afiliado al PP con 18 años, mezcla en su trayectoria la actividad política con experiencias laborales y empresariales y, con 24 años, dirige la estructura juvenil popular más numerosa del país en cuanto a afiliación. Si resulta elegido, se convertiría en uno de los interlocutores orgánicos más próximos a Ayuso en el seno del Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Presente y futuro

Casi todo el que manda algo en el PP ha pasado por Nuevas Generaciones, la organización juvenil que sirve para formar a los cuadros llamados a ocupar los cargos más relevantes. El caso más ilustrativo es el de Juan Manuel Moreno, que presidió NNGG entre 1997 y 2001 antes de convertirse en presidente de la Junta de Andalucía. Ayuso, por su parte, medró desde la organización autonómica madrileña que entonces lideró Pablo Casado, quien a su vez llegó a la presidencia nacional del partido. La organización juvenil es el primer espacio donde se dirimen las correlaciones de fuerzas que años después aterrizan en los congresos regionales y nacionales.

“Todas las informaciones parten de una denuncia falsa. No hay demanda contra mí, así que todo cae por su propio peso”. Yolanda Estrada se ha zafado así de las preguntas y reproches de la oposición en un tenso pleno de la Junta de Chamartín, en el que Más Madrid, PSOE y Vox habían solicitado una comparecencia de la concejala presidenta del distrito que versara específicamente sobre las acusaciones por acoso laboral.

“La oposición se ha puesto de acuerdo para que yo aclare lo que un medio ha publicado. Algo absurdo, pues solo el medio podrá aclararlo. Me piden explicaciones por lo que se ha publicado rayando la difamación”, sostiene Estrada en su primera explicación pública sobre este asunto, después de que Somos Madrid informara el pasado 22 de abril acerca de dos denuncias por acoso laboral a las que este periódico ha tenido acceso.

Una se presentó el 23 de marzo ante los Juzgados de lo Social, dirigida contra la coordinadora del distrito Alicia Gregorio, y otra once días antes en la Inspección de Trabajo, en ese caso contra Estrada, Gregorio y el director general de Función Pública del Ayuntamiento, Juan José Blázquez (en su caso por “dejación de funciones”). Ambas describen un ambiente “hostil” con “hostigamiento”, “trato vejatorio”, “episodios de llantos” o “ceses indiscriminados”.

Para Estrada, en cambio, son ella y Gregorio las víctimas de una “campaña de difamación”: “Esto es un acoso económico y social. La víctimas somos esta persona [señalando a su coordinadora] y yo. En un estado de derecho, quien acusa tiene la obligación legal de demostrarlo. En una democracia, el honor es un derecho fundamental que nadie debe amenazar por intereses personales. Todas las informaciones publicadas por ese medio parten de una denuncia falsa. No hay demanda contra mí, así que todo lo demás cae por su propio peso. Le dan el pábulo de quien pretende enriquecerse desde un anonimato corrupto”.

La edil ha enumerado diversos documentos que, afirma, acreditan que no ha recibido requermiento judicial alguno. No ha aclarado si la Junta tiene constancia de la denuncia elevada a la Inspección de Trabajo, ni si Gregorio (sentada a su izquierda durante toda la sesión) tampoco ha sido notificada acerca del procedimiento judicial. Tampoco ha apuntado que la notificación podría producirse una vez sea admitida a trámite.

Ha llegado a comparar su situación con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “ha sido demandado por acoso laboral y prácticas irregulares por la exresponsable de la Internacional Socialista”. Para Estrada, el líder del Ejecutivo “es libre para tomar la decisión que considere oportuna ante esa acción, que ha sido callarse”. Por contra, dice, en su caso “el periodista publica una noticia falsa y sin la demanda estoy expuesta con indefensión a una exposición mediática”. Adelanta además que no volverá a ofrecer explicacionens públicas sobre este asunto.

“A pesar de ello hemos respondido en el Ayuntamiento y a pesar de ello han continuado con el hostigamiento. Con una demanda, yo podría defenderme y presentar una querella por denuncia falsa. Pero como no existe entramos en un terreno diferente al de la Justicia. Estamos ante una bazofia moral y ética, un terreno en el que Mar Barberán y Enma López se sienten cómodas”. Estrada ha pasado entonces a una espiral de descalificaciones y ataques rescatados de la hemeroteca hacia las portavoces en Chamartín de Más Madrid y PSOE, respectivamente. También contra Vox, al que ha afeado “ponerse del lado de los comunistas”.

Un repaso a la actualidad y la hemeroteca de la oposición para eludir las acusaciones

“Desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde, defendemos una mayor transparencia”, afirma Estrada. “Es el PP quien garantiza la normalidad institucional frente a un Gobierno que en una legislatura no tramita unos Presupuestos, que según el Tribunal de Cuentas ha desviado dinero de fondos europeos a gastos corrientes [maniobra amparada por la Comisión Europea], que hace política exterior en función del despacho del presidente o que tiene a su mujer imputada por cuatro delitos”, ha enumerado la concejala. Ha reprochado a López que no condene las palabras de María Jesús Montero, que calificó de “accidente laboral” la muerte de dos guardias civiles mientras perseguían unas narcolanchas. “Nosotros defendemos a todos los empleados públicos, también esos guardias civiles o los jueces que el PSOE ataca”, ha aseverado, mientras la bancada socialista le echaba en cara usar el dolor de los fallecidos en servicio.

Estrada ha pasado luego a atacar a Más Madrid, no sin antes sugerir que si López “ha recibido algún sobre haría bien en reconocerlo”. En sus ataques al principal partido de la oposición, la edil se ha retrotaído al juicio contra Rita Maestre por su protesta en una iglesia para indicar que aunque finalmente no fue condenada el juez tachó su actuación de “irrespetuosa”. Estrada ha pasado después a arremeter contra sus “amigos de Bildu, que se defienden matando” e incluso contra Mónica Oltra. Finalmente, ha reprendido a Vox por “enfrentarse a todo el mundo: al PP, a la Iglesia católica y hasta entre ellos”.

La concejala, en las listas de Almeida aunque integrante la pasada legislatura del grupo del PP en la Asamblea de Madrid que lidera Isabel Díaz Ayuso, ha dedicado especial atención a dos puntos de las informaciones que han causado en ella un especial enfado. En primer lugar, su tortuosa relación con los vecinos del entorno del Santiago Bernabéu: “He mantenido 15 reuniones con vecinos, convocadas por mí o por terceros. Dejando mi número o llamando puerta a puerta, como hago con cualquier sector de Chamartín”.

Pero sobre todo se ha mostrado molesta con un aspecto recogido en una de las denuncias: el cese de la persona que precedió a Alicia Gregorio cuando el afectado por la destitución padecía una situación oncológica. “La falseded de algo tan vil demuestra que esa orquesta de difamadores quiere retratarme como un monstruo, destruir mi imagen pública y moral”.

“Me asquea el uso de la salud y del cáncer para acabar conmigo. Yo he padecido dos cánceres, mi madre falleció de ello y mi padre también. ¿En qué momento un desaprensivo ha podido afirmar algo tan grave contra mí? Ser paciente oncológica no me exlcuye de ninguna responsabilidad, pero es repugnante lo que ha ocurrido. La gentuza detrás de esta cacería usa el cáncer para hacerme daño. No me conocen si piensan que su fango va a anularme. Intentan ensuciar mi ética y mi imagen público y personal. Esto demuestra quienes somos las personas acosadas”, ha rematado.

Hasta ahora, la edil no se había pronunciado sobre las acusaciones. Tan solo las había negado al Ayuntamiento, según trasladó la vicealcaldesa Inmaculada Sanz después de que estallara el caso. Sanz también detalló que el Consistorio no ha recibido denuncias o informaciones sobre el caso a través de los protocolos laborales municipales establecidos para ello. Pese a ello la denuncia contra la Inspección de Trabajo también se dirige contra Juan José Blázquez, director de Función Pública en el Gobierno de Almeida, por una presunta falta de actuación.

Este periódico ha recopilado testimonios de personas que han estado o están vinculadas laboralmente a la Junta y corroboran las actitudes descritas en las denuncias. “Está jodiendo vidas”, asegura una persona sobre el día a día con Estrada. “Yo he sufrido acoso”, reconocía otra. Todo ello mientras las plazas vacantes han aumentado en Chamartín y un programa educativo distrital de apoyo al alumnado con necesidades especiales no ha sido renovado.

La oposición, unida contra Estrada: “No vamos a institucionalizar la violencia”

Estrada trató de reconvertir la peticion de la oposición de un pleno extraordinario en uno más genérico sobre politicas de personal, aunque finalmente no logró hacer prevalecer su propuesta en la Junta de Portavoces. Enma López ha destacado que la edil “ha conseguido algo imposible en estos tiempos: unanimidad, ante unas informaciones tan graves como las que hemos conocido, por las cuales no podemos mantener la normalidad”.

“Todo el respeto a la presunción de inocencia, pero nada nos importa más que conocer la verdad. Leyendo las informaciones no nos extrañan por la violencia institucional que vivimos cada día en estos plenos y en el distrito. Si eso hace en público, ¿qué no hará en privado? Hay asociaciones que han dejado de venir ante sus faltas de respeto. Me duele y me pregunto si no deberíamos haber dicho basta a sus formas mucho antes. Espero todas las explicaiones, si las acusaciones son ciertas, si lo sabía y lo ocultó, si las condiciones de los empleados públicos son las adecuadas. Queremos respuestas y responsabilidades. Estamos defendiendo el respeto de esta Junta y este Ayuntamiento porque son dos instituciones que merecen estar a la altura”, ha dicho López en una encendida intervención que ha acabado con aplausos (y con Estrada recordando que no está permitido aplaudir en los plenos).

Mar Barberán ha cuestionado que Estrada intentase imponer un debate sobre plazas vacantes, aunque a este respecto ha apuntado que “diez ceses sin explicaciones en tres años son demasiados”. Tras ello, ha apuntado que “si algo permite la excelencia en el trabajo es un buen cima laboral, cosa que sé de primera mano porque he trabajado diez años en recursos humanos”. “Hay funcionarios que han dicho cosas muy fuertes, que hablan de un entorno laboral intimidatorio, degradante y hostil. De trato vejatorio, humillaciones y faltas de respeto. Que como chilla, te encoge. Son cosas ante las que no se puede poner de perfil y ante las que debe al menos pedir perdón. No vamos a normalizar el insulto, sería institucionar la violencia”.

Estrada ha contestado esas aseveraciones manteniendo que la oposición “ha venido al espectáculo” y a plantear una acusaciones que, a su juicio, impiden debatir “otros asuntos que interesan más a los vecinos”. Todo ello después de fundar su defensa en alusiones a la política nacional o a sucesos ocurridos hace décadas. Para la vocal vecina del PSOE Carolina Sánchez ha sido la propia concejala presidenta quien ha quedado en evidencia: “Se ha hecho usted un Florentino Pérez”, ha zanjado.

La alcaldesa de Alcobenadas, Rocío García Alcántara, del PP, ha acudido a los polémicos premios Platino en Riviera Maya, a los que finalmente no asistió Isabel Díaz Ayuso. Según ha adelantado Cadena Ser y ha confirmado elDiario.es, la edil ha aparecido en una fotografía en primera fila y desde el Ayuntamiento aseguran que se trata de un viaje privado.

La imagen en la que se aprecia a Alcántara ha sido distribuida a través de las cuentas oficiales de los premios, que se celebran este año en Riviera Maya:

Según el gabinete de prensa del Ayuntamiento ha confirmado a Cadena Ser, la alcaldesa no está representando a la ciudad de Alcobendas y, tal y como aseguran, el viaje no ha sido costeado con dinero público. Las mismas fuentes remiten a elDiario.es a la información ya publicada por la cadena de radio.

Mientras, el PSOE de la ciudad pide “respuestas” ante la aparición de García Alcántara:

Ayuso, sin agenda institucional

Los premios iban a contar en principio con la asistencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, el viernes por la noche, el Gobierno de Ayuso emitió un comunicado por el que anunciaban que la madrileña suspendía su viaje a México y volvía antes de lo previsto, acusando al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum de crear un “clima de boicot” y de haber “amenazado” a los organizadores de dichos premios con el fin de impedir su asistencia.

El grupo Xcaret, dueños del complejo hotelero que alberga la gala, negó las acusaciones de la Comunidad. Aseguraron que fueron ellos mismos quienes pidieron retirar la invitación a la presidenta “debido a sus desafortunadas declaraciones”. También el Ejecutivo de Sheinbaum negó estas acusaciones.

Para la mayoría de nosotras, San Isidro es bailar en Las Vistillas con nuestras amigas. Regalarnos claveles las unas a las otras. Ir a la pradera para celebrar la diversidad de nuestra ciudad y la vida en nuestros espacios públicos, que se visten de chulapa para la ocasión y nada tienen que ver con esa otra cultura de muerte que no nos pertenece.

Mientras, los eventos taurinos vuelven a Madrid por San Isidro. Aunque nunca se fueron. En el lado sombrío de la fiesta, la Plaza de Las Ventas acoge la última voluntad de la barbarie y se convierte, del 9 de mayo al 15 de junio, en el escenario de 21 corridas de toros, tres novilladas y dos eventos de rejoneo. Además, entre el 28 de abril y el 12 de mayo, se celebra la Feria de la Comunidad de Madrid y, antes, la conocida como “preferia”. Subvenciones, academias ideológicas para niños toreros, lobbys y el Centro de Asuntos Taurinos como institucionalización de la crueldad tratan de revivir un negocio decadente en un país donde más del 75% se declara antitaurino.

El pasado 3 de mayo fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) una nueva convocatoria de subvenciones a la tauromaquia: la cifra asciende a los 50.000 euros de dinero público. Esta sustituirá a la anterior, vigente desde 2010. Organizaciones taurinas sin ánimo de lucro podrán solicitar hasta 3.000 euros, con un pago por anticipado del 100% y sin necesidad de presentar ningún aval o garantía –así lo promociona la web oficial de la Comunidad–.

El 75% de las ciudadanía española se declara antitaurina. Según un estudio presentado por Sigma Dos para el diario El Mundo en 2025, casi el 70% ya lo era hace un año. La última Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales (EHPC) del Ministerio de Cultura para el periodo 2024-25 confirma que únicamente un 8% de los españoles asistió a algún acto taurino –desde 2002, el dato más alto de asistencia no llega al 10% --. Ya en 2011, se reveló que el 67,7% de los madrileños rechazaba subvencionar con fondos públicos los toros en un estudio llevado a cabo por ADDA.

El Centro de Asuntos Taurinos o la institucionalización de la crueldad en Madrid

El Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, brinda protección a la tauromaquia y a los matadores –los toros se quedan fuera de su espacio de seguridad–. Matador es el que mata. En el diccionario, esta palabra aparece junto a los sinónimos criminal, asesino y homicida. Pero también al lado de “torero” y “diestro”. El toreo es un asesinato con otro nombre. Uno más colorido donde, sin embargo, el rojo de la sangre no cambia. Como tampoco cambian los intentos de la Comunidad por mantener vivo un plan en decadencia. Año tras año, la tauromaquia llama la atención sobre su propia crueldad por San Isidro y menos madrileños se identifican con sus prácticas. 

Tanto el Museo Taurino como la Plaza de Las Ventas y su academia, la Escuela Taurina José Cubero “Yiyo”, son gestionados por el Centro de Asuntos Taurinos; que, de hecho, se ubica en la misma plaza de toros de Madrid. También organizan exposiciones, actividades gratuitas y otras citas para atraer al pueblo hacia el sector con un ocio que disfraza la tortura y que, además, la acerca a niñas y niños menores de edad, un grupo altamente manipulable y sensible a la violencia.

Escuelas taurinas: una academia ideológica para niños menores de edad

El pasado 1 de mayo, la organización taurina Chenel y Oro organizó el 'Día del Niño en Las Ventas', con la colaboración de la Comunidad de Madrid, dirigido a menores de 16 años. Lo anunciaron como una “gincana infantil hasta los 12 años y toreo para el resto”. Esta convocatoria enlaza con la labor de su escuela José Cubero “Yiyo”, donde enseñan a los niños no solo a normalizar la violencia, sino a ejercerla como “un arte” mediante el toreo. ¿Por qué no aprender, en su lugar, a pintar cuadros o a escribir relatos? El caballo de Nietzsche se puso en contacto con la academia taurina para preguntárselo. Tras una primera conversación telefónica, se le hicieron llegar una serie de cuestiones a su responsable de prensa. Todavía estamos esperando la respuesta.

Quien sí tiene algo que decir al respecto es el Comité de Derechos del Niño de la ONU, que en su informe 2026 sobre España ha reiterado su preocupación “por que los niños sigan presenciando la violencia y muerte de los participantes durante las fiestas taurinas”. Su recomendación es establecer una edad mínima de 18 años, tal y como sucede con drogas como el tabaco y el alcohol. Además, el Comité de la Organización de Naciones Unidas insta a informar de los efectos que tiene en los niños la violencia de las corridas de toros. Un dato para reflexionar: solo en 2024, la Fundación Franz Weber registró más de 400 eventos taurinos con acceso infantil. 

Cuando el Ministerio de Cultura dejó de financiar el Premio Nacional de Tauromaquia

Aunque el sentir mayoritario de la población de España, un país democrático (recordémoslo, por si acaso), hace ya tiempo que va en otra dirección, marcar la equis cultural en la declaración de la renta no solo implica apoyar al cine o a la música. Hasta 2024, el Premio Nacional de Tauromaquia era financiado directamente por el Ministerio de Cultura. En 2026 se sigue concediendo, con una dotación de 30.000 euros.

¿De dónde sale este presupuesto ahora? Por un lado, de la Fundación Toro de Lidia (FTL), su principal impulsora, que actúa como un lobby bajo la configuración de ONG. Por otro, el Senado de España, sede del galardón y su mayor sostén institucional. Además, diez comunidades autónomas lo apoyan: Madrid, Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia, Valencia y la Ciudad Autónoma de Melilla. Ayuntamientos y otras entidades municipales, junto a asociaciones taurinas locales, le prestan respaldo económico y moral.

¿Quién está detrás de la Fundación Toro de Lidia?

En 2024, la Fundación Toro de Lidia fue condecorada con la Medalla de Madrid durante las fiestas de San Isidro. Al año siguiente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló un convenio de 1,4 millones de euros entre la Comunidad de Madrid y la FTL por no haber pasado por ningún tipo de concurso público para obtener esta subvención millonaria. 

Según reza la web de la fundación, se trata de “una entidad sin ánimo de lucro destinada a la promoción y la defensa jurídica de todas las tauromaquias en España”. Su presidente, Victorino Martín García, es ganadero y extorero. Al frente de la vicepresidencia se encuentra Fernando Gomá Lanzón, fundador de la Fundación Hay Derecho, que trabaja por “la regeneración institucional” y “la defensa del Estado” –entre sus acciones actuales, destaca una recogida de firmas para que los servicios de ADIF, Renfe, ISDEFE, Correos, AENA o SEPI pasen a manos de “una dirección profesional basada en el mérito y la capacidad”–. 

FTL cuenta con hasta diez vocales vinculados al mundo taurino. Entre ellos hay una única mujer, Mar Gutiérrez, una incorporación reciente que representa a su vez a la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET). Bajo el lema “Hazte amigo”, solicitan donaciones con el fin de “mantener viva una tradición única” o “respaldar las acciones de defensa y promoción que la tauromaquia necesita”. Tienen un convenio con la Fundación ONCE. Algunos gobiernos autonómicos y locales del PP y VOX contribuyen a financiar sus actividades.

El caballo de Nietzsche ha contactado telefónicamente con la Fundación Toro de Lidia con el objeto de entrevistarles para este artículo. Después de haberles enviado nuestras preguntas, no hemos obtenido respuesta.

La ILP antitaurina fallida a pesar de contar con el apoyo del pueblo

En febrero de 2025, se presentó en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), apoyada con 715.606 firmas de la ciudadanía –un 42% más de lo exigido–, que pedía derogar la ley que considera a la tauromaquia patrimonio cultural. No era la primera ni, a juzgar por el sentir popular, será la última. Bajo el lema 'No es mi cultura', personas de toda España se unieron en una conciencia colectiva para abolir la protección legal de la violencia ejercida hacia los animales en la arena. El 7 de octubre se votó en el Congreso, con el apoyo de Sumar y Podemos, el rechazo del PP y VOX, y la abstención del PSOE. La propuesta no salió adelante.

Su propósito era acabar con la ley 18/2013. Antes de su puesta en vigor, las competencias en materia de cultura y espectáculos recaían en las comunidades autónomas. Gracias a ello, Cataluña pudo eliminar las corridas en 2010 y Baleares prohibió la muerte de los toros en las plazas en 2018. Al prevalecer dicha ley sobre las determinaciones autonómicas, su naturaleza centralista anuló estos y otros avances para los derechos de los animales. En el caso de Madrid, las instituciones se sientan juntas en el palco para contemplar el espectáculo de su San Isidro. Pero, ¿hasta cuándo?

Ni siquiera la Iglesia católica se ha sumado en México a la operación de Díaz Ayuso de reivindicar con orgullo el pasado colonial del imperio español. La presidenta madrileña tenía previsto homenajear a Hernán Cortés con una misa, pero la Iglesia acabó cancelándola por la presión social y política que había desencadenado la iniciativa. Si bien es verdad que la Iglesia ha alegado falta de permisos para el espectáculo de Nacho Cano, algo del todo verosímil dados los precedentes legales del artista. En todo caso, el mensaje no puede ser más claro: la restauración ideológica reaccionaria que encabeza Ayuso se queda a la derecha de la jerarquía de los católicos, que en México son amplia mayoría.

La provocación no debería impedirnos ver lo que hay más allá. Ayuso ha ido a México a desplegar y consolidar una narrativa que le permita ubicar su liderazgo en el plano nacional e internacional, muy lejos del que le corresponde como presidenta autonómica. No es la primera vez, pues anteriormente ha visitado Estados Unidos y se ha reunido con Milei con la misma intención. Incluso antes, en plena pandemia de la COVID, se reunió con Pedro Sánchez en lo que simbólicamente se hizo creer que era un encuentro internacional de alto nivel. Pero no son solo los viajes lo que la sitúa simbólicamente al nivel de los presidentes nacionales, sino que Ayuso también utiliza la confrontación constante a fin de que se consolide en el imaginario público la idea de que ella es la antítesis de las izquierdas mundiales. Con cada gesto y con cada palabra, no importa sobre qué tema, ella está siempre en el “otro lado”. 

De hecho, son las formas trumpistas las que permiten que cale esa idea. Si se limitara a visitar a los presidentes de otros países, la cosa chirriaría, pero tampoco sería un asunto exclusivo de ella. Además, probablemente no se enteraría mucha gente. Resulta que, en política, existir significa ocupar el centro de atención; algo que se consigue con más facilidad cuanto más espectacular sea el mensaje transmitido. Si eres formal y respetas las instituciones, tu mensaje se pierde en el ruido cotidiano. Si te acoges al escándalo, tendrás la atención asegurada. Ayuso lo sabe, y por eso preparó el terreno antes denunciando que México era un «narcoestado», el mismo concepto con el que Trump se refiere al país gobernado por Claudia Sheinbaum. El guion es conocido: montar un show para generar atención y, cuando ya todos están mirando, decirle al mundo que eres quien manda en lo tuyo.

La elección de México tampoco parece casual. Tras meses de distensión entre los gobiernos español y mexicano, que incluyeron una descafeinada petición de disculpas por parte de Felipe VI, la actitud de Díaz Ayuso encaja en su sabotaje continuado al Ejecutivo progresista. De paso, le lanza un aviso a la Casa Real, como si en el fondo les estuviera llamando “derechita cobarde” por asumir parte del discurso “anti-español” que subraya la desmedida violencia de los conquistadores. En el fondo, Ayuso les está diciendo a sus votantes que es más y mejor española que el rey.

Al margen de la Casa Real, quien más debe temer esta estrategia no es Pedro Sánchez ni las izquierdas, sino Feijóo. El discurso de Díaz Ayuso, hoy por hoy, no es competitivo en la mayoría de España: solo lo es en una burbuja como Madrid, donde décadas de gobierno del PP han construido las bases materiales que sostienen una sociología tan ranciamente conservadora y distinta a la del resto del país. Un liderazgo nacional de Ayuso generaría más tensiones con la extrema derecha, por solapamiento de discursos, pero tendría muchas menos opciones en unas generales, donde importa más cómo es el ciudadano medio que el militante de partido. Sin embargo, con cada gesto de Ayuso —casi todos fuera de sus competencias—, la líder madrileña le está recordando a Feijóo que el liderazgo de Génova es subsidiario del de Sol.

Estoy convencido de que estas cosas no gustan en la sede nacional del Partido Popular. Al fin y al cabo, ellos no controlan los acontecimientos ni la agenda política que ella marca, y a pesar de eso tienen que salir a justificar a Ayuso a cada paso que da. Quizás también están asustados tras la experiencia de Pablo Casado, quien tras meses titubeando, decidió finalmente confrontar con Ayuso y denunciar los tejemanejes de la presidenta madrileña: su combate no duró ni un asalto, y lo dimitieron de facto en beneficio de Ayuso. Sea como sea, ella ha conseguido que se instale la idea de que ella es la referencia indiscutible de la derecha española incluso aunque carezca del poder orgánico correspondiente. Su ideología, un proyecto nebuloso construido más con intuiciones reaccionarias que con programas específicos de intervención pública, está asfixiando a los sectores tradicionales del PP. Si tienen algo que decir, no se les está escuchando.

Desde la crisis financiera de 2008, y de forma acentuada desde la pandemia, las derechas vienen buscando un nuevo relato identitario que sustituya al proyecto neoliberal fracasado. El populismo autoritario de Trump y Orbán, pero también el de Milei o Bolsonaro, se ha presentado como vía atractiva para un conjunto de líderes con la brújula tradicional rota. Ayuso, que no destaca por su elaboración intelectual, tiene sin embargo una gran capacidad para apropiarse de ese nuevo “sentido común” en la derecha y para concentrar así una creciente base social en torno a su figura. 

Por eso Ayuso necesita la figura romantizada de Cortés, por un lado, y al gobierno de México y a los pueblos originarios protestando, por otro: porque en su política, la confrontación es el contenido. Es puro trumpismo. Lo de México es la continuación de una operación que lleva años en marcha, y que está fijando los términos en los que la derecha española entera habla de sí misma y del mundo. Una derecha que, ante la falta de ideas novedosas en este momento de crisis ecosocial, necesita homenajear lo que sucedió en 1521. En el fondo, y como el resto de las extremas derechas del mundo, Ayuso apela a las emociones de una ciudadanía frustrada por la situación económica y desconcertada ante el futuro, ofreciéndoles nostalgia de viejos y destructivos imperios. Así que sí: Ayuso es una provocadora porque puede, porque le funciona, y porque está en una guerra cultural de largo aliento.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya lleva tres días en México. Su visita no ha pasado desapercibida por la presidenta, Claudia Sheinbaum, con quien chocó tras llamar “narcoestado” al país y que este lunes hizo una breve alusión a su viaje: “Va a venir a hacerle un homenaje a Hernán Cortés”, dijo con ironía Sheinbaum en su coferencia de prensa habitual. Horas más tarde, Ayuso participó en el acto 'Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México. Malinche y Cortés', organizado por la productora de Nacho Cano.

El evento estaba previsto que se llevara a cabo en el interior de la Catedral Metropolitana, pero finalmente la Arquidiócesis Primada de México decidió cancelar el acto por no contar con los permisos necesarios, según informa Religión Digital. En un comunicado posterior, la Arquidiócesis aseguró que esta celebración “no tenía como finalidad rendir homenaje” al conquistador español, ya que la “Eucaristía no es un acto simbólico para exaltar personas o hechos históricos”. Finalmente, el acto tuvo que moverse al Frontón de México —donde se representa el musical 'Malinche'—. En la ciudad fue recibida por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien también asistió al acto.

Isabel la Católica, Hernán Cortés y el “mestizaje”

Durante su intervención, Ayuso comenzó recordando la figura de Isabel la Católica, de quien dijo que “su amor profundo por España y por la hispanidad cambió la historia de occidente”. También mencionó a Hernán Cortés para asegurar que “solo se entendería desde el amor” que “cinco siglos más tarde” el español sea la “lengua materna más universal que existe”. “Es incomprensible que haya quien equiera vivir de ello para rehuir el presente y sus obligaciones y de esta manera buscar enemigos ajenos”.

Otro de los puntos que la presidenta de la Comunidad de Madrid tocó en su discurso fue el del “mestizaje”, que para Ayuso es “el mensaje de la esperanza y la alegría”: “Ante los discursos del odio, los discursos que dividen, los que vemos la vida en torno a estas alianzas y en todo lo bueno que hay en ella tenemos que buscarnos las maneras para poder hablar en libertad”, aseguró.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien no asistió al acto lleva meses reiterando la petición de disculpa a España por los abusos cometidos durante la conquista, retomando la postura de su antecesor, el expresidente López Obrador. Esta petición se ha venido repitiendo a lo largo de su mandato, insistiendo en que España debería pedir disculpas por los “crímenes” históricos tras la llegada de los españoles al país americano. “Ofrecer disculpas por los crímenes cometidos no es vergonzoso, por el contrario, engrandece y acerca a los pueblos”, dijo en 2024.

Las posturas entre ambos países se han acercado más en los últimos meses después de que el propio Felipe VI reconociera que hubo “mucho abuso” durante la conquista española y Sheinbaum valoró el “acercamiento distinto” de España tras las palabras del rey y las del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que admitió el “dolor e injusticia” causados a los pueblos originarios.

El compositor Nacho Cano aseguró que había invitado al evento tanto a la presidenta mexicana como a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pero que finalmente ninguna estuvo presente, según recoge EFE.

Críticas de grupos indígenas

Grupos indígenas se congregaron para manifestarse frente a la Catedral Metropolitana —donde inicialmente se iba a realizar el acto—. Concretamente organizaron la protesta miembros del colectivo Zemanauak Tlamachtiloyan.

“Los pueblos nativos y originarios de México seguimos vivos, de pie y en lucha por la reivindicación de nuestra cultura, nuestra memoria y nuestra dignidad”, anunciaban en redes sociales, donde explicaban que el fin de la protesta era decir basta a la “glorificación de quienes representaron violencia, despojo y exterminio” para sus pueblos.

Según medios nacionales como La Jornada, los manifestantes portaban pancartas en las que se podía leer proclamas como 'Nacho Cano, tu show no nos representa', 'Fuera Díaz Ayuso de México' o 'No eres bienvenida, Díaz Ayuso, llévate a Cortés junto con Nacho Cano', haciendo alusión a los restos del conquistador español, que se encuentran en una iglesia cercana a la catedral.

Isabel Díaz Ayuso ya está en México para su viaje de 10 días en el que no se reunirá con su presidenta, Claudia Sheinbaum. De hecho, con ella protagonizó un choque el pasado mes de febrero cuando se refirió al país como un “narcoestado” de “ultraizquierdas”. Unas palabras que para el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid no son contradictorias con su visita que arrancó este domingo: “Las declaraciones de la presidenta [Ayuso] siguen siendo igual de válidas”.

La presidenta autonómica ha asistido a una misa en Guadalupe oficiada por el Arzobispo Primado del país, que Ayuso escribe como “Méjico”. “Pedimos por nuestra relación entre España y México”, decía el Arzobispo. Este lunes a las 16:00 horas (00:00 hora española) Ayuso participará también en el encuentro “Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés”. El acto contará con la presencia de Nacho Cano, creador del musical 'Malinche'.

Según comunican desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el fin de este viaje es “intensificar las relaciones económicas y culturales” ya que “México es tras EEUU el principal inversor americano” en la región. Durante su estancia, Ayuso estará en Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y Xcaret Riviera Maya. Y, además de reunirse con empresarios, recibirá la MEdalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes, entre otros actos.

Sin embargo, la oposición no ve tan clara la utilidad de esta visita. “Yo no conozco un gobernante que pueda desaparecer 10 días”, ha criticado el líder del PSOE de Madrid, Óscar López, en RTVE este lunes por la mañana. “El portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid no publica nada” de los viajes de Ayuso, ha asegurado, para criticar una “opacidad absoluta”: “¿Trabaja para Madrid o trabaja para su interés?”.

“Otro viaje más pagado por todos los madrileños del que tenemos cero información sobre lo que nos va a costar”, critican los socialistas.

También Más Madrid ha cargado contra estos viajes. Durante los actos de celebración del Dos de Mayo, Manuela Bergerot criticó la visita como una “provocación colonialista” y aseguró que “si Ayuso tuviera una mirada más amplia del siglo XIX vería que es también el siglo de las independencias latinoamericanas”. Este lunes, Bergerot ha criticado el viaje de Ayuso como una “excusa para irse 10 días de vacaciones”, considera también que no se “jusitica con el interés público” y que se trata de una visita con una “agenda ideológica”, “un viaje temático de derechas”.

Además, este lunes el partido va a pedir explicaciones por el “injustificable” viaje y por una información publicada por la Cadena Ser, en la que se recoge que el Gobierno de Ayuso ha pagado “más de 300.000 euros” para que Madrid sea “invitada de honor” en el país. Según recoge la cadena de radio, la Comunidad ha firmado dos convenios para asistir como invitada a la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes. Esos dos convenios han sido firmados por la empresa pública 'Madrid, Cultura y Turismo' con el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos y el Instituto de Cultura de Aguascalientes. “Le estamos pagando las vacaciones a Ayuso por partida doble: con una especie de patrocinio y con los gastos del viaje”, critican desde el partido de Mónica García.

Tercer viaje internacional

Este es el tercer viaje internacional de Ayuso después de su visita a Bruselas y a Nueva York, este último el pasado 8 de marzo de este mismo año, en el que defendió que preferían “fomentar las alianzas entre España y EEUU” antes que “romper”, después de las amenazas de Donald Trump, presidente de EEUU, a España por su posición en cuestiones como la guerra de Irán.

Durante su estancia en la ciudad norteamericana, la presidenta autonómica fue el centro de la polémica por reunirse con el alcalde de Sevilla para ver flamenco.

En esta ocasión, Ayuso asistirá a un “acto en honor al conquistador Hernán Cortés en la catedral Metropolitana de México”, en un momento en el que además en los últimos días se ha podido ver un acercamiento de posturas entre España y el país americano por los excesos de la conquista.

Sheinbaum ha pedido en diferentes ocasiones que España se disculpe por los abusos cometidos y ha sido en las últimas semanas cuando se han producido gestos por parte de España para mejorar las relaciones institucionales. Felipe VI reconoció que hubo “mucho abuso” entonces, después de que en 2024 México decidiera no invitar al rey en la toma de posesión de Sheinbaum.

Ha sido el pasado mes de abril cuando la presidenta de México oficializó el deshielo entre el país americano y España, durante la cumbre progresista celebrada en Barcelona: “Nunca ha habido crisis diplomática”, dijo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, consolida la celebración del Dos de Mayo en una fiesta sin representación de miembros del Gobierno central, con la presencia de Alberto Núñez Feijóo y con un mensaje claro: “Madrid no se dejará controlar por nada y por nadie, quien lo intente volverá a encontrarse con una rotunda y digna respuesta”.

Aprendiendo la lección del año pasado, cuando la lluvia aguó los actos que Ayuso había preparado, este año la entrega de medallas y el discurso de la presidenta autonómica se ha producido en el interior de la Real Casa de Correos, en la plaza del Sol. Una vez más, el Ministerio de Defensa se ha negado a desplegar a las Fuerzas Armadas para el evento, que de nuevo no ha contado con ningún miembro del Gobierno al no haber recibido invitación oficial de la Comunidad de Madrid.

Ayuso no ha olvidado la ausencia del Ejército en su intervención: “Mientras esperamos a que el Ejército vuelva a su plaza, a esta Puerta del Sol que tanto le echa de menos”, ha dicho la presidenta, “celebramos que nuestra región” represente la recreación histórica de los hechos de 1808.

“La sociedad madrileña es otro ejército que, sin mandos ni galones, camina unido sobre todo si se le pone a prueba y ha de responder en defensa de su libertad. Les adelanto no se dejará controlar por nada ni por nadie. Quien lo intente, volverá a encontrarse con una digna y rotunda respuesta”, ha añadido.

A pesar de los dardos al Gobierno central, este año Ayuso no ha sido tan beligerante con Sánchez como otros años. Solo hay que remontarse al del año pasado cuando centró su intervención en críticas al Ejecutivo por el apagón que se había producido escasos días antes.

Durante su discurso de este sábado, la presidenta autonómica ha comparado la situación de la política actual con el levantamiento de 1808: “Madrid se comportó de manera ejemplar ante los ojos del mundo en la pandemia y también ante las tropas napoleónicas”. Ayuso también ha aprovechado para sacar músculo asegurando que la comunidad vive su “mejor momento”: “Ni el nacionalismo ni las ideologías identitarias nos han hecho perder el tiempo”, ha asegurado.

La también líder del PP de Madrid ha expuesto su “preocupación por la situación de España” y ha asegurado que existe “en ocasiones” “poco apoyo administrativo” desde el Gobierno central a la Comunidad de Madrid. “¿Cuántas oportunidades estamos perdiendo en estas circunstancias?”, se ha preguntado, sin especificar esa falta de “apoyo”.

Una de las medallas que la presidenta previamente había entregado había sido la de la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo para la Vuelta Ciclista a España, un reconocimiento que se ha producido, según palabras de la propia Ayuso, después de que fuese “boicoteada” el pasado mes de septiembre en la capital, cuando las protestas contra el genocidio en Gaza por la participación de Israel en el evento deportivo lograron paralizar su final. Ayuso ha criticado esos hechos: “Ni los deportistas ni la capital merecían eso”.

El broche final del acto ha sido la interpretación de Paloma San Basilio, que ha comenzado cantando una composición dedicada a Don Quijote de la Mancha.

En una entrevista posterior en Telemadrid, Ayuso ha vuelto a alentar el bulo sobre voto por correo y ha dicho que espera que las urnas “no estén infladas artificialmente” como en las últimas elecciones generales celebradas en 2023. “Sánchez perdió el rumbo hace mucho”, ha deslizado la presidenta que también ha apuntado que llegó a liderar su partido “retorciendo” y “manipulando”.

Ausencia del PSOE de Madrid

Antes del comienzo de los actos, los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea han atendido las preguntas de los periodistas en una breve rueda de prensa. Por el micrófono han pasado representantes del PP, de Vox y de Más Madrid, con la ausencia de miembros del PSOE, que este sábado celebraban de forma paralela un acto en La Rosaleda.

Durante su intervención, Carlos Díaz Pache, portavoz del PP en la Asamblea, ha afeado que “Sánchez vaya a impedir que las fuerzas armadas desfilen”: “No solo es una falta de respeto, es un ataque a la integridad de las instituciones”, ha asegurado.

Preguntado por el próximo viaje de la presidenta a México, que además coincide con la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, investigado por haber difundido datos de periodistas de El País que trabajan en una información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Díaz Pache ha asegurado que estos “viajes institucionales tienen una utilidad innegable”. Sin embargo, el portavoz no ha encontrado contradicción entre este viaje y las declaraciones de Ayuso por las que se refirió a México como un “narcoestado”. Mientras, para Más Madrid, este viaje es una “provocación colonialista”.

El partido de Mónica García también ha comparado la situación actual con la de los levantamientos del 2 de mayo y ha cargado contra los actos celebrados por la Comunidad: “El PP convierte algo que es de todos los madrileños en su fiesta particular”, han dicho Rita Maestre y Manuela Bergerot. “Si hoy nos invadieran las tropas francesas, Ayuso les diría que están en el mejor momento y lugar para invertir en vivienda. Es justo lo que le dijo a Blackrock”.

“Se le notan los tijeretazos”. “Una dramaturgia al servicio de un apolillado nacionalismo españolista”. “Más de 140 minutos de égloga pastoril destinados a enardecer el sentimiento nacionalista frente al invasor mameluco”. Son algunas de las críticas que recibió en su estreno Sangre de mayo (2008), la película más ambiciosa y el gran fiasco de la carrera de José Luis Garci, ganador de un Oscar por Volver a empezar (1982) y uno de los pocos directores españoles que ciertos sectores de la derecha española salvan del desdén (cuando no del odio). Esa misma derecha que insiste en el discurso de los “subvencionados” para descalificar el séptimo arte patrio, por mucho que las ayudas reviertan positivamente en la economía o contribuyan al desarrollo artístico de todo el país.

Frente a esos duros comentarios de la prensa especializada, Esperanza Aguirre calificó Sangre de mayo como un “resultado artísticamente muy satisfactorio”. Lo hizo para responder a las críticas de la oposición en la Asamblea de Madrid, el mismo lugar donde pronunció la frase “yo destapé la trama Gürtel”. Una visión condicionada por el papel de la expresidenta autonómica en la película, financiada casi íntegramente a través de Telemadrid, con un proceso mucho más opaco y discrecional que el que regula las ayudas habituales al cine español. Aguirre fue más que la madrina del proyecto: se convirtió en su principal impulsora y la que encargó a Garci una gran producción con la que conmemorar los 200 años del levantamiento del pueblo madrileño contra el ejército francés.

Según datos de la Comisión de Empresa de Telemadrid, la televisión autonómica invirtió 15.570.477 euros “a dedo sin concurso público” para que la productora de Garci, Nickel Odeon, levantara la película. Una cantidad generada con una aportación extraordinaria al presupuesto del ente público a través la Consejería de Educación. Todo ello pese a los informes negativos de la Dirección Económica del Ejecutivo de Aguirre. A esa cifra hay que sumar otros 1,2 millones para la promoción y distribución del largometraje, a través de una contratación con la empresa Alta Classics, según recogió infoLibre.

Un masivo (y arbitrario) apoyo institucional que no fue correspondido en los cines. La recaudación en salas, después de su estreno el 3 de octubre de 2008 (ni siquiera llegó a estar lista para el 2 de mayo), no llegó a los 745.000 euros. Los datos, recopilados por el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), implican que su taquilla recuperó menos de un 5% de la inversión pública.

Aunque fue una de las producciones con mayor presupuesto de aquel año y de la historia del cine español, ocupó la 21ª posición a nivel de recaudación entre las películas españolas de 2008. Por comparar, otra película histórica lanzada ese mismo ejercicio logró un respaldo del público mucho más elevado: Los girasoles ciegos, de José Luis Cuerda, recaudó 4,2 millones de euros en todo el país y 5,7 millones a nivel global. Y eso que la temática de la Guerra Civil, según dicen, agota al público. El presupuesto de esta adaptación de varios relatos del libro homónimo de Alberto Méndez, con guion del propio Cuerda y Rafael Azcona, fue de cinco millones más otros 600.000 euros en marketing. En total, apenas un tercio respecto al del drama histórico de Garci.

Al director de El crack (1981) le fue algo mejor cuando su epopeya galdosiana se emitió en televisión, por supuesto a través de Telemadrid. Se emitió el 26 de diciembre del propio 2008 y logró un 17% de cuota de pantalla en la comunidad, con 332.000 espectadores. Esto es, casi el doble de los que logró en el cine, donde la eligieron menos de 127.000 personas.

Quienes no se perdieron Sangre de mayo, o al menos posaron antes de su proyección, fueron las personalidades políticas que acudieron a su preestreno en los cines Callao de la Gran Vía. Además de la propia Aguirre, retratada junto a Garci, se dejó ver por allí el exministro de Trabajo de José María Aznar y expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana (a la postre condenado a diez años de prisión por corrupción).

Un fiasco que Aguirre justificó atacando a Zapatero

Ante la debacle de Sangre de mayo, Aguirre llegó a responsabilizar al ICAA y al Ministerio de Cultura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con un rocambolesco argumentario: “Me ha escandalizado, cuando hoy mismo me he enterado gracias al control parlamentario, que el Instituto de la Cinematografía le ha denegado a la productora de esta película el permiso para el doblaje al inglés y la reproducción de copias para asistir a festivales internacionales a los que había sido invitada la película. Resulta que a José Luis Garci, que es de los pocos directores españoles que tienen el Oscar, como no ha sido de los de la ceja y no aplaude a ZP, se le niega incluso la participación en festivales”, afirmó la expresidenta en la Asamblea, como recoge esta crónica de El Mundo.

El ICAA respondió que su negativa era a abonar a la productora Nickel Odeon una copia en inglés “con dinero público al margen de toda subvención reglada” y calificó las palabras de Aguirre de “rotundamente falsas”. En un comunicado, la entidad trasladó que no posee “en ningún caso, la facultad de aprobar o prohibir el permiso para que una película española se doble o subtitule al inglés con el fin de participar en certámenes internacionales”. Y añadían: “Una productora que ha recibido una ayuda directa de 15 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid/Telemadrid [subvención quince veces superior a la máxima que pueden percibir como ayuda estatal las películas españolas] no precisa que también se haga una copia subtitulada a expensas del dinero público”.

En cualquier caso, la incidencia de este doblaje en la proyección internacional de la película habría sido mínima, ya que la inmensa mayoría de festivales (y todos los de mayor prestigio e influencia) pasan las películas en versión original subtitulada.

Años después, y pese a la proliferación del discurso difamatorio hacia las subvenciones desde sectores reaccionarios, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid siguen concediendo ayudas directas. Ocurrirá con lo nuevo de Woody Allen, que se rodará íntegramente en la región y cuyo título incluirá “Madrid”, según el acuerdo de patrocinio al que llegó el cineasta con los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, por el que accederá a sendas subvenciones de 1,5 millones cada una. Según fuentes municipales, estas aportaciones servirán para sufragar la cuarta parte del presupuesto de la película, estimado en 12 millones de euros.

El bicentenario del 2 de mayo, la obsesión de Aguirre en plena crisis económica

Conmemorar los 200 años de la rebelión popular contra las tropas napoleónicas (aunque en realidad este pasaje solo ocupa los últimos 40 de sus 150 minutos de Sangre de mayo) se volvió uno de los principales caballos de batalla de Aguirre durante su presidencia de la Comunidad de Madrid. La Fundación Caja Madrid y el Gobierno autonómico financiaron publicaciones y algunas actividades canalizadas a través de la Fundación Dos de Mayo, creada para la ocasión, por un valor de ocho millones de euros. Todo el cuando la crisis económica ya hacía estragos entre la población.

El entonces director de la Fundación Caja Madrid, Rafael Spottorno, denunció ante Miguel Blesa el “despilfarro” de la fundación estrella de Aguirre y expresó que algunas cifras presupuestadas eran “disparatadas”. Estas cuentas no incluyen actividades como la exposición Madrid Dos de Mayo: Un pueblo, una nación, que dirigió Arturo Pérez Reverte a cambio de 300.000 euros, ni por supuesto la inversión en el drama de Garci.

El responsable de El abuelo (1998) volvió a beneficiarse del potencial económico de Telemadrid, ya que produjo y presentó el espacio Cine en blanco y negro entre 2009 y 20212, que según eCartelera costó 865.000 euros. Consistía en un debate sobre cine, precedido por la emisión de una película, y cada programa salía a unos 7.000 euros. Además, la cadena pública financiaba parcialmente todas sus películas desde Historia de un beso (2002). Muy sonado fue en su momento el cameo del exalcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, en la igualmente fracasada Holmes & Watson. Madrid Days (2012). Garci, la única persona capaz de salvar las diferencias y unir a Gallardón y Aguirre.

El drama histórico-detectivesco, convertido en objeto de culto ya desde su tráiler, también tuvo su cuota de controversia. Esa vez, después del estreno: tras conseguir apenas 60.000 euros en su primer fin de semana, mes y medio después experimentó un inaudito aumento en su recaudación superior al 5.000%. De unos 185.000 euros acumulados en los cines del 7 de septiembre al 14 de octubre, la recaudación bruta de Holmes y Watson subió hasta los 194.616 euros en solo una semana. La película pasó de vender entradas por valor de 682 euros en la semana previa a la anomalía a rozar los 9.000 durante esos siete días que causaron suspicacias. No tardaron en emerger acusaciones de autocompra de entradas para garantizar que la cinta pudiera beneficiarse de ayudas sujetas a logros en taquilla.

Un Garci menor a partir de Galdós

Garci se sirvió en Sangre de mayo de dos de los Episodios Nacionales firmados por Benito Pérez Galdós, La Corte de Carlos IV y El 19 de marzo y el 2 de mayo. Así, el material de partida que adapta junto a Horacio Valcárcel (su habitual coguionista) parecía augurar una calidad mínima. El problema estuvo en trasladar esos relatos, entre la épica, el costumbrismo y la intriga palaciega, a una película de dos horas y media.

El resultado es un drama de afán panfletario, deslavazado, irregular, sin ningún sentido del montaje (el uso de la cámara lenta en la escena más ambiciosa de la película es irrisorio) y en definitiva una de las peores películas de un director capaz de crear grandes obras. La terminan de lastrar la dificultad de construir escenas de acción verdaderamente potentes, un desenlace anticlimático o la sensación de descuido que transmite su rodaje en estudio, por mucho que haya exteriores como la Puerta del Sol o la plaza mayor de Torrelaguna. Este último problema es especialmente curioso, pues de ello se encarga el oscarizado Gil Parrondo, al igual que en la anterior Tíovivio c.1950 (2004), estupenda película coral cuya gran fortaleza es la construcción histórica, narrativa y emocional a través de los decorados.

Al largometraje, que actualmente no está disponible en ninguna plataforma más allá de YouTube, se le pueden encontrar eso sí algunos hallazgos. Especialmente en el plano interpretativo, con Miguel Rellán, Enrique Villén, Manuel Galiana, Fernando Guillén Cuervo y Tina Sáinz a la cabeza (Quim Gutiérrez y Paula Echevarría solo hacen lo que pueden con dos personajes protagonistas tan faltos de color como la fotografía de la película). Optó a siete premios Goya (Sáinz como mejor actriz de reparto y seis categorías técnicas), aunque no logró ninguno en una ceremonia que coronó una película contra la manipulación sentimental, mediática y económica del Opus Dei: Camino (Javier Fesser, 2008).

También tiene cierta gracia el retrato del Madrid decimonónico, sobre todo en un prólogo narrado por el propio Garci que dibuja ese centro castizo de la ciudad ahora arrasado por las políticas de fomento especulativo emprendidas por la propia Aguirre y retomadas por su discípula Ayuso. Una ciudad que es Corte y a la vez Villa, con ansias de nobleza y espíritu de plebe. Un Madrid del pueblo que por supuesto merece una película que aborde los sucesos del 2 de mayo. El problema, claro, es que es insostenible mantener ese enfoque popular durante dos horas y media con una producción levantada desde la élite madrileña.

Mónica García (Madrid, 1974) ha decidido oficialmente dar un paso al frente. Pretende ser la candidata de Más Madrid para intentar arrebatarle la mayoría absoluta a una presidenta autonómica que considera que encarna ahora “muchísimo mejor que Abascal” las políticas de la extrema derecha. Que no necesita a Vox porque, ideológicamente, es Vox. Y todo ello mientras Madrid se torna “más desigual, más difícil, más inaccesible”. Un Madrid “pensado para los fondos buitre”. Eso sí, un Madrid que, según las encuestas, podría volver a aupar al poder a Isabel Díaz Ayuso de cara a las próximas elecciones de 2027.

La suya es la única candidatura oficial anunciada, aunque otras figuras, como la de Emilio Delgado, han dejado la puerta abierta a presentarse también. “Hay algo que nos está pidiendo la ciudadanía, que es que dejemos de mirarnos el ombligo y vayamos todos a una, tanto a nivel regional como estatal”, dice García, en conversación con elDiario.es. “Nuestro adversario no está entre nosotros, está enfrente, es Ayuso, es el Partido Popular”, aunque también “los fondos buitre, los oligarcas, Trump o Netanyahu”.

La también ministra de Sanidad lleva estas últimas semanas bajo el foco mediático por el conflicto entre el Ministerio y los sindicatos médicos, que ha acabado en nuevas jornadas de huelga tras la última propuesta de la cartera que dirige García. “A los que me llaman traidora y dicen que tengo que dimitir, creo que les hubiera traicionado si hubiera dejado en el cajón estas mejoras y no hubiera hecho nada”, responde García.

Acaba de anunciar que se postula de nuevo para las primarias de Más Madrid. ¿Por qué ha decidido dar este paso? ¿Cuándo tomó la decisión?

Nunca me he ido de Madrid. Independientemente de que sea ministra de Sanidad, siempre he tenido el alma dividida entre la sanidad y la otra pasión, que es Madrid. Madrid es un freno para el avance de España. Todas las políticas progresistas que hemos puesto en marcha desde el Gobierno no han permeado a los madrileños y madrileñas. Y eso es porque tiene un gobierno que está haciendo un búnker ideológico y es el laboratorio de las políticas trumpistas y de la ultraderecha. Necesitamos cambiar la pieza de Madrid para cambiar el avance del resto de España.

Si finalmente es la candidata, ¿tiene pensado continuar en el Gobierno hasta que se anuncien las elecciones o pretende dejar el Ejecutivo antes?

No, nos queda un año en el Gobierno. Nos quedan muchas reformas y muchas transformaciones de nuestra sanidad pública por hacer. Desde que hemos llegado hemos impulsado medidas que llevaban en el cajón diez, quince o veinte años. Igual que estamos celebrando ahora los 40 años de la Ley General de Sanidad, necesitamos darle un impulso a nuestro sistema público, que es el eje vertebrador de nuestro estado de bienestar y que nos permite reconocer a la sociedad tal y como la reconocemos: una sociedad que no le pregunta a ningún paciente de dónde es, ni de dónde viene, ni cuánto dinero tiene en la cartera, sino qué le pasa y en qué le puede ayudar.

En las elecciones autonómicas de 2023, Más Madrid consiguió ser segunda fuerza en la Asamblea. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Cada vez que nos hemos presentado en Más Madrid hemos tenido más respaldo, más escaños y más reconciliación de la gente con la política. Ha cambiado que tenemos un Madrid más desigual, más difícil, más duro, más caro, más inaccesible. Un Madrid que no está pensado, ella misma lo dice, para los madrileños y los ciudadanos: está pensado para los fondos buitre. Ella quiere que Madrid sea Miami y yo quiero que Madrid sea Madrid. 

Madrid tiene un gobierno que está haciendo un búnker ideológico y es el laboratorio de las políticas trumpistas y de la ultraderecha. Necesitamos cambiar la pieza de Madrid para cambiar el avance del resto de España

También ha cambiado la percepción que se tiene de las políticas ultraneoliberales. Parecía que la señora Ayuso era una derecha supuestamente moderada y lo que ha hecho durante todos estos años ha sido materializar las propuestas más ultras. Ya no solo de Vox, sino las iniciativas de Trump, de Netanyahu y de toda esa Internacional del odio. Por eso creo que cambiar la pieza de Madrid va a ser algo fundamental. Nos lo va a agradecer el espacio progresista, pero también creo que nos lo va a agradecer la derecha moderada de este país.

Y, sin embargo, las encuestas para Madrid apuntan a que Ayuso podría revalidar su mayoría absoluta. ¿Cómo lo explica? ¿Qué ha hecho mal la izquierda?

Para darle la vuelta a la tortilla hay que tener en cuenta que la tortilla lleva pegada a la sartén 30 años. Ese búnker ideológico que hace que nada de la buena política pueda permear a los madrileños y madrileñas provoca que tengan cierta desconfianza a que la política les resuelva sus problemas. Sin embargo, desde el Gobierno hemos resuelto algunos de esos problemas. Hemos transferido a la Comunidad de Madrid muchos miles de millones de euros más de los que le transfería el señor Feijóo. Y eso no se ha visto: no se ha materializado ni en los sueldos de los profesionales sanitarios, ni en los centros de salud, ni en la educación, ni en la vivienda, ni en la facilitación de la vida ni en un Madrid más verde.

Ayuso encarna muchísimo mejor que el señor Abascal todas las políticas de la ultraderecha.

Ese búnker ideológico viene acompañado de un búnker mediático que hace que las buenas noticias no permeen a la ciudadanía madrileña. Y ese es nuestro trabajo, ir municipio a municipio, puerta a puerta, explicando que podemos tener un Madrid infinitamente mejor que el que tenemos.

En los últimos días, PP y Vox han pactado en dos comunidades diferentes. Uno de los puntos más comentados del acuerdo ha sido el concepto de ‘prioridad nacional’. Abascal ya ha adelantado que quieren incluirlo también en otros territorios. Aquí Ayuso, por ahora, se ha mostrado contraria. ¿En caso de que el PP de Ayuso necesite a Vox porque no consiga la mayoría absoluta, cree que cederían también en este asunto?

Ayuso no necesita a Vox porque encarna la mayoría de las políticas que dice Vox. Más allá de un aspecto muy concreto de esta prioridad nacional, en todo lo demás está a favor. La señora Ayuso ha criticado la sanidad universal, la regularización de los migrantes y todo aquello que nos hace ahora mismo el faro moral del mundo. Ha criticado al Gobierno por condenar un genocidio y por enfrentarse a Trump. 

Ayuso encarna muchísimo mejor que el señor Abascal todas las políticas de la ultraderecha. Nosotros tenemos una prioridad nacional: la sanidad universal y que no tengamos una universidad asfixiada. Nuestra prioridad nacional es que tengamos la factura de la luz más baja de toda Europa o que tengamos una transición ecológica, que tengamos unas ciudades verdes, futuro para los jóvenes. Y, sobre todo, que el acceso a la vivienda cumpla con el artículo 47 de la Constitución. Son diferentes prioridades y yo creo que las de Ayuso y las de la derecha han estado claras durante todos estos años.

En el acto donde se postuló como candidata defendió que lo haría sin “renunciar a ninguna bandera”. Su compañero Emilio Delgado sostiene que la izquierda tiene que cambiar su discurso en cuestiones como feminismo o como inmigración para atraer a una parte de la población que ha caído en manos de la extrema derecha. ¿Cree que son compatibles estas dos posturas?

Claro que son compatibles. Por eso digo que no tenemos que renunciar a ninguna bandera. Es compatible defender que tenemos que llegar a unas capas de la población más amplias, sin olvidar a las que hemos defendido y tenemos que seguir defendiendo. Es compatible hablar de las familias trabajadoras con que hay determinados colectivos que han estado históricamente marginados, que también tienen los problemas de los trabajadores y las trabajadoras.

No podemos dejar caer ninguna de las banderas, ni del colectivo LGTBI, ni de las mujeres trans, ni del feminismo, ni de los migrantes. Porque son precisamente esas banderas las que la ultraderecha ha ido a atacar en primera línea

El feminismo nos ha traído no solo el concepto de igualdad, sino una sociedad mejor. No podemos renunciar a esa bandera. Entre otras cosas porque las mujeres no somos una minoría, no somos una identidad que haya que proteger. No podemos dejar caer ninguna de las banderas, ni del colectivo LGTBI, ni de las mujeres trans, ni del feminismo, ni de los migrantes. Porque son precisamente esas banderas las que la ultraderecha ha ido a atacar en primera línea. 

Esto es perfectamente compatible con defender a la clase trabajadora. ¿Cómo lo hemos hecho? Aumentando el salario mínimo interprofesional, disminuyendo a la mitad el paro juvenil, disminuyendo la brecha entre hombres y mujeres en nuestro país. Nosotros no competimos con los de al lado. Los derechos no compiten entre sí. Nosotros competimos con quienes desde arriba nos están robando la sanidad, quienes nos están robando el derecho a la vivienda y que nos están robando el derecho a las oportunidades de tener una vida mejor. Contra esos competimos, no competimos entre nosotros.

Delgado abrió la puerta en una entrevista en octubre del año pasado a postularse a unas primarias. ¿Habló con él antes del anuncio del sábado para explicarle su intención?

Obviamente. No solamente he hablado con él, sino que llevamos hablando con él muchos meses sobre cómo podemos combatir a Ayuso juntos. Nos necesitamos todos. Esto no es ni tú ni yo, somos un nosotros que esperamos ampliar. En Más Madrid tomamos las decisiones de forma colectiva.

Hay algo que nos está pidiendo la ciudadanía, que es que dejemos de mirarnos el ombligo y que vayamos todos a una, tanto a nivel regional como a nivel estatal. Nuestro adversario no está entre nosotros, está enfrente, es Ayuso, es el Partido Popular

Por supuesto que le avisé, como también avisé al presidente del Gobierno y él me dijo que más o menos ya lo sabía porque yo durante los años que llevo de ministra nunca me he ido de Madrid. He estado en los barrios, he estado con mi organización haciendo calle, que es lo que necesitamos. Todos necesitamos la fuerza de Emilio, la templanza de Manuela, el arrojo de Rita Maestre, de Carla Antonelli, de nuestras diputadas en el Congreso y nuestras concejalas y concejales. 

¿Y le ha dicho Delgado si tiene intención de postularse? 

Lo que me ha dicho es que quiere acabar con Ayuso. Y cuando yo le dije que me iba a presentar me dijo que le parecía bien. Y, de hecho, le tendí la mano ayer para que fuéramos juntos, como se la he tendido a todos aquellos compañeros y compañeras de la organización que queremos ir a una. 

Hay algo que nos está pidiendo la ciudadanía, que es que dejemos de mirarnos el ombligo y que vayamos todos a una, tanto a nivel regional como a nivel estatal. Hay algo que ha calado, que trasciende a la unidad de la izquierda y que tiene que ver con que seamos capaces de entender quién es nuestro adversario. Nuestro adversario no está entre nosotros, está enfrente, es Ayuso, es el Partido Popular, que no ha sido capaz de poner ni una sola medida de mejora de la vida de la gente encima de la mesa. Nuestro adversario son los fondos buitre, los oligarcas, Trump, Netanyahu. No nos podemos equivocar de adversario y nos podemos equivocar tampoco de rumbo en el mapa.

Hablando de Ayuso, ahora mismo tiene varios frentes judiciales abiertos. El próximo 6 de mayo Miguel Ángel Rodríguez [su jefe de gabinete] tendrá que declarar como investigado por haber difundido los nombres de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. ¿Qué opinión le merece?

Están en su peor momento. Todos los frentes judiciales se los ha ido abriendo ella con tesón y muchos tienen que ver con su manera de entender la política y el poder. No tiene que ver con esa vocación de servicio público sino con una manera de entender el poder muy personalista que se ejerce a través del miedo y de la crueldad. Cualquiera que haya estado siguiendo a la señora Ayuso durante estos años ha visto lo cruel que ha sido, por ejemplo, con las familias de los mayores de las residencias, con los niños y niñas palestinos o con algunos compañeros suyos de partido, empezando por el señor Casado.

Esa manera de manifestar el poder con crueldad, con odio, con miedo y con mentiras le va a pasar factura. La ultraderecha del odio está empezando a estar de capa caída. Lo hemos visto con Viktor Orbán en Hungría y el siguiente paso es la señora Ayuso. 

Un juzgado acaba de admitir la querella de la exconcejala de Móstoles por acoso sexual y laboral contra el alcalde de esa localidad. Ayuso ha salido a defender a Manuel Bautista. Me pregunto cómo se debería actuar en este caso y qué mensaje se traslada desde las instituciones, especialmente a las mujeres.

Voy a dar la vuelta a la pregunta, porque no es desde las instituciones, es desde el PP. Las mujeres en el Partido Popular no están protegidas. Las mujeres en el resto de partidos hacemos para que estén protegidas. En el PP están al albur de los acosadores sexuales y laborales. Si te pasa, no vas a tener el apoyo de tu presidente ni de tu partido y lo que te van a aconsejar es que estés calladita. Ese es el mensaje que se le da a las mujeres del PP.

Todos los frentes judiciales de Ayuso se los ha ido abriendo ella con tesón y muchos tienen que ver con su manera de entender la política y el poder. No tiene que ver con esa vocación de servicio público sino con una manera de entender el poder muy personalista que se ejerce a través del miedo y de la crueldado

A las mujeres de la sociedad le estamos dando otro mensaje. Tenemos que proteger a las mujeres de los acosadores sexuales y de los acosadores laborales desde las instituciones, desde las organizaciones políticas, desde las empresas. Cuando Ayuso protege a todo aquel que tiene un mínimo rastro de duda de acoso sexual o laboral, como puede ser el señor Bautista o el señor Plácido Domingo o el señor Julio Iglesias, lo que le está diciendo a las mujeres es: yo no te voy a proteger. Es más, voy a proteger al acosador. 

Cuando la concejala fue a Ayuso a pedirle ayuda, lo que se encontró es una puerta cerrada. Eso no ocurre en el resto de organizaciones políticas. Por lo menos en Más Madrid no ocurre ni ha ocurrido nunca. Siempre estamos con la víctima.

La Comunidad de Madrid ha perdonado 71 millones a Quirón y Ribera Salud después de asumir y tratar a sus pacientes. ¿Usted cree que es viable este modelo de sanidad? ¿Qué propone?

La señora Ayuso y el PP en la Comunidad de Madrid se han montado un subsistema sanitario para seguir alimentando a Quirón, más a Quirón que a Ribera Salud, del proyecto que tendría que ir a la sanidad pública para beneficio privado de sus amigos. No solamente son los 71 millones que les ha perdonado. Cuando tú no cobras una deuda, estás presuntamente malversando dinero público porque con esos 71 millones podrías haber contratado a 1.200 profesionales sanitarios. Son los 5.600 millones, que es la mitad del presupuesto para sanidad de un año, que se le ha dado en los últimos cinco años a Quirón. Es un artículo pagado por personas de Quirón que decía que lo hacían muchísimo mejor que la sanidad pública. Y Ayuso puso un tuit diciendo que qué bien lo hace Quirón, qué mal la sanidad pública. Que la sanidad pública tiene peores resultados, la que ella gestiona. Sabiendo que, de los 32 hospitales que tiene Madrid, solo cinco son del modelo sanitario que ella defiende. Los otros no van con ella. Si fuera eso real, tendría que estar cesando a la consejera de Sanidad inmediatamente.

Como venimos recordando con esta Ley General de Sanidad, los negocios y la protección de la salud colisionan. No se puede hacer negocio con la salud. El que quiera hacer negocio que lo haga en otro sitio.

En la última semana se han tensado aún más las relaciones con el comité de huelga. De hecho, los sindicatos de médicos han llegado incluso a pedirle su dimisión. ¿Es posible desbloquear este conflicto?

Dos no acuerdan si uno no quiere. El comité de huelga ha roto unas negociaciones que estaban yendo bien desde hace varias semanas y las ha roto porque tienen una visión del conflicto que es el conflicto en sí mismo. En las últimas semanas a la mesa de negociación no han llevado las reivindicaciones legítimas de los profesionales, las cuales yo agradezco porque son el fruto de un malestar de 20 años y han hecho que tengamos la normativa del Estatuto marco más ambiciosa que podríamos tener. Pero cuando el comité no lleva esas reivindicaciones, sino que lleva una propia como es tener sillas en las mesas de negociación saltándose la ley electoral, lo siento, pero una negociación en la que pides algo ilegal o irreal no es una negociación.

Algunas de las demandas son imposibles. Y cuando alguien viene a demandar algo imposible, no quiere resolver el conflicto, quiere poner alguna excusa para poder mantenerlo

Desde el Ministerio hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. Hemos asumido la disminución de las horas de guardia, la disminución de las guardias, la conciliación, la materialización de la estabilidad en el empleo en nuestro sistema sanitario para que no haya nadie que esté más de dos años con un empleo interino. Todas aquellas normativas europeas no solo las hemos cumplido sino que las hemos rebajado. Europa dice que como máximo un facultativo puede trabajar 48 horas. Nosotros hemos puesto un plazo para que pasemos a 45, luego a 42 y luego a 40 horas semanales. Pero para que se cumplan todos esos límites, las comunidades autónomas tienen que contratar recursos. Yo no puedo hacer menos guardias si no tengo más compañeros para dividirme las guardias. 

Hay cosas que son imposibles. Una de las cosas que nos pedía el comité de huelga es que las guardias fueran voluntarias. Ante todo, la Ley General de Sanidad nos dijo que los facultativos y los profesionales sanitarios éramos servidores públicos 24 horas, siete días de la semana. Algunas de las demandas son imposibles. Y cuando alguien viene a demandar algo imposible, no quiere resolver el conflicto, quiere poner alguna excusa para poder mantenerlo.

Aun así, nosotros nos hemos reunido ya 28 veces, nos reuniremos las veces que haga falta. Hemos propuesto diferentes alternativas. Les hemos pedido tanto nosotros como las comunidades, como los pacientes, la Organización Médica Colegial, o el Foro de la Profesión Médica, que suspendan la huelga mientras seguimos encontrando soluciones y no ha habido manera. No puedes acordar con una mano y romper el acuerdo con la otra. Es un flaco favor a las pretensiones legítimas de mejora de las condiciones. 

Mencionaba antes a las comunidades. ¿Cree que están colaborando con el Ministerio?

Hay comunidades que están colaborando con el Ministerio, algunas también del PP. Incluso las hay que ya han pactado con sus comités de huelga de médicos salidas al conflicto que van en la línea del Estatuto marco. Y hay otras que están poniendo todos los obstáculos posibles para que el conflicto se mantenga, a pesar de que esto repercute en sus listas de espera, en sus pacientes y en el ánimo de los profesionales. 

¿Y cuáles son los próximos que pretende dar el Ministerio de Sanidad?

Me veo atada de pies y manos, porque hemos llegado cuatro veces acuerdos y nada más salir por la puerta, los que firman el acuerdo, lo rompen. Pido responsabilidad al otro lado. 

En 22 años que he estado trabajando en el hospital nunca he oído a ninguno de los sindicatos que hoy reclaman la huelga decir que hay que acabar las guardias de 24 horas. Nunca he oído a un sindicato médico decir que va a hacer movilizaciones para mejorar las condiciones laborales. Ha sido llegar nosotros al Ministerio de Sanidad y remover toda la legislación que llevaba 20 años obsoleta, para plantear el mayor conflicto de la sanidad. No encaja.

Los que me llaman traidora y dicen que tengo que dimitir, creo que les hubiera traicionado si hubiera dejado en el cajón estas mejoras y no hubiera hecho nada. Desde que hemos llegado al Ministerio hemos sacado el Estatuto marco, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, el Real decreto que regula las condiciones laborales de los MIR y de los EIR y de todos los residentes de nuestro país. Todo eso estaba sin tocarse y sin reivindicarse. 

Comentaba antes que la sanidad pública forma parte de su prioridad nacional. También mencionaba la vivienda, que en Madrid es uno de los problemas más acuciantes. El Gobierno de Ayuso se ha negado a aplicar la Ley de Vivienda. ¿Qué propone en este sentido Más Madrid?

Pues muy sencilla la propuesta, muy difícil el problema porque es un problema que llevamos arrastrando desde hace muchos años. En regiones como Madrid, el 40% de los ciudadanos dice que su principal preocupación es la vivienda. Está afectando a nuestra salud mental. 

Madrid es una región tensionada, no una zona tensionada, y el Partido Popular tiene que contarnos de qué lado está, si está del lado de la señora Ayuso y los especuladores o está del lado de los ciudadanos

Hay que hacer muchas cosas radicales a la vez, no solamente construir vivienda pública. El Plan Vive de la señora Ayuso ha sido un fraude más. No solo en número de viviendas, sino en el precio, que es el mismo del mercado. Hay que construir vivienda pública, hay que retener esa vivienda para que no pase al mercado. Y hay que poner un torniquete en esta sangría que es la prórroga de los contratos de alquiler. Tenemos dos días para convencer a la sociedad. El 74% de la población quiere que se prorroguen los contratos de alquiler, porque no podemos hablar de proteger a la ciudadanía en su cesta de la compra, en su gasto de electricidad o en su gasto en gasoil y no protegerla en lo más importante, que es la vivienda.

Y esa protección tiene que ver con que la gente pueda vivir tranquila, que no se expulse a las familias de los barrios. Es algo de sentido común. Y la señora Ayuso apuesta en su modelo de sociedad por un mercado especulador y voraz que se está haciendo con el futuro de los niños y las niñas. 

Madrid es una región tensionada, no una zona tensionada, y el Partido Popular tiene que contarnos de qué lado está, si está del lado de la señora Ayuso y los especuladores o está del lado de los ciudadanos. Por una vez en su vida tiene una oportunidad en toda la legislatura para demostrar de qué lado está.

¿Está de acuerdo con las propuestas de la ministra de Vivienda? ¿Considera que son suficientes?

Nosotros siempre hemos dicho que no son suficientes porque necesitamos abordar el problema del alquiler y necesitamos abordar el problema de las prórrogas de los alquileres. No basta con crear vivienda pública o construir. Necesitamos todo el arsenal de medidas y por eso hemos empujado al PSOE.

Por ejemplo, no estamos del todo de acuerdo con las rebajas fiscales a los caseros. Pero no solo por algo ideológico, sino porque no funcionan. Es un bizum que le damos del dinero de los impuestos directamente a los caseros. 

[El problema de la vivienda] es un destrozo social de tal calibre que tenemos que poner todas las medidas y ser todo lo radicales que tengamos que ser

Necesitamos medidas que nos cubran y que protejan al inquilino, a la gente que quiere comprar una casa, la gente que quiere tener acceso a una vivienda pública y medidas que bajen el mercado. Después de una crisis de vivienda, siempre va una crisis social y una crisis económica. Mientras, en estos años se van a forrar los de siempre, los grandes fondos, los grandes tenedores, ya estamos viendo las cifras en las cuales hoy está absolutamente sobredimensionado el mercado de los grandes tenedores, mientras que ese supuesto rentista que solo lo hace para compensar su renta o su pensión, es mínimo. 

Usted decía que el próximo martes se va a votar el decreto de los alquileres en el Congreso. ¿Dan por perdido ya el voto de Junts?

No lo damos por perdido, porque este problema también lo tienen los catalanes. Los catalanes y catalanas también están con el agua al cuello con sus alquileres y están pensando si se pueden quedar en su ciudad. Afecta transversalmente a todo nuestro país. 

Lo que se pide es una cosa muy sencilla que dice la Constitución, no es un invento de Sumar o de un ministro. Lo que dice la Constitución es que los poderes públicos tenemos que velar porque no se especule con la vivienda. Eso conlleva no solo malestar, también desarraigo, que la gente tenga que irse a vivir a 50 kilómetros de donde tiene que trabajar. Es un destrozo social de tal calibre que tenemos que poner todas las medidas y ser todo lo radicales que tengamos que ser. 

En estos meses estamos viendo movimientos por parte del espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE. En Podemos existe también el debate sobre la posibilidad de hacer primarias abiertas conjuntas con otras fuerzas políticas. ¿Estaría usted a favor de un proceso con el resto de organizaciones para elegir al candidato de la izquierda?

Bueno, es que nosotros llevamos meses en ese proceso. Varias fuerzas progresistas, las que nos juntamos en el año 2023 para gobernar y para contener a la derecha de la ultraderecha. Lo hemos llamado la Alianza de las Fuerzas Progresistas. 

Nunca en este país hemos tenido a las fuerzas progresistas tan cohesionadas como estamos ahora, pensando cómo ponemos en marcha las mejores políticas públicas y defendemos al Gobierno de España. Porque son las políticas del Gobierno las que nos están poniendo como faro moral del mundo y las que reavivan los rescoldos de la socialdemocracia europea. No han salido de Ferraz, han salido de años de izquierda transformadora. 

Hemos encontrado ya un consenso de abordar el momento actual y el contexto actual de manera conjunta, de manera fraterna. Y esto no había ocurrido nunca. Nadie nos tiene que decir cómo tenemos que hacerlo y cuáles son las recetas que ya desde hace muchos años estamos trabajando en ellas.

¿Tiene usted algún nombre en mente que pueda liderar este hipotético espacio?

No tengo ninguno y tengo muchos. Creo que al final llegaremos al quién y de manera consensuada. Espero que no haya una sola persona, sino muchas que se hagan cargo de este espacio. Nos necesitamos todos. Estamos ahora en el cómo, sabemos el para qué y ya encontraremos el quién.

Se ha hablado mucho del nombre de Gabriel Rufián. ¿Usted lo contempla como posible candidato?

Yo lo contemplo todo y no contemplo nada. Tendremos que decidir entre todos cuáles son las personas que pongamos al frente de este espacio progresista que tiene que responder a las sensibilidades que hemos construido. A mí Rufián me parece que no solo ha puesto encima de la mesa una preocupación legítima, la de cómo afrontamos esta ola reaccionaria. Me encanta escucharle mover el avispero e intentar proponer ideas. 

Necesitamos todas las herramientas porque ahora mismo estamos en una lucha desigual y muchas veces la izquierda nos hemos fustigado. Hemos estado resistiendo a este embiste y ahora tenemos que ir a la carga, motivo por el cual yo he dado un paso al frente en la Comunidad de Madrid. Si el principal laboratorio de las políticas más ultras se está dando en Madrid, donde tenemos que ir es a la raíz del problema que es Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid afirma que no tenía constancia de los hechos recogidos en la denuncia por acoso laboral contra la concejala presidenta del distrito de Chamartín, Yolanda Estrada, y otros dos altos cargos del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha indicado que Estrada “niega cualquier tipo de acoso” después de que el Consistorio le haya consultado al respecto.

“Se han producido movimientos y ceses de personal como en muchos lugares”, ha informado Sanz a partir de la respuesta que les ha trasladado la edil y después de una pregunta de la Cadena Ser. En contestación a una consulta de Somos Madrid sobre este mismo asunto, la vicealcaldesa ha incidido en los argumentos esgrimidos desde el área de Economía, Hacienda e Innovación: “Inspección de Trabajo no ha requerido nada y tampoco ha habido traslado a Prevención de Riesgos Laborales, que es lo habitual para que se activen los protocolos”. “Lo estudiaremos”, ha afirmado en último término sobre el caso, antes de concluir que “nos hemos enterado por elDiario”.

La noticia, adelantada en exclusiva por este medio, recoge las “humillaciones”, “descalificaciones” y “trato vejatorio” que el personal de la Junta Municipal del distrito ha sufrido en los últimos tiempos, según un escrito elevado a los Juzgados de lo Social de Madrid. Varios testimonios recogidos por Somos Madrid apuntan en la misma línea: “Yo he sufrido acoso. Conmigo se ha ensañado”, cuenta una persona que ha estado vinculada laboralmente al órgano de gobierno de Chamartín.

Maroto, contra el Gobierno de Almeida: “Creen que la administración es su cortijo”

En paralelo, comienzan las reacciones políticas a la denuncia. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en Cibeles, Reyes Maroto, ha lamentado los hechos denunciados en un mensaje publicado en X: “Así son, creen que la administración es su cortijo particular. Así gestionan el día a día, con miedo y humillación hacia los trabajadores”, opina en referencia a la gestión del Ejecutivo de Almeida.

“Todo mi reconocimiento a los empleados públicos que sostienen esta ciudad con profesionalidad frente a entornos que, según denuncian, son intolerables. Se deben asumir responsabilidades ya”, ha rematado la líder de los socialistas madrileños.

Por su parte la portavoz adjunta de PSOE en el Consistorio, Enma López, ha trasladado su “cariño” a los trabajadores denunciados y a todos los empleados públicos del Ayuntamiento. Llama a “esclarecer lo que ha pasado”, por mucho que deba “respetarse la presunción de inocencia”. Y añade: “Nosotros no somos como ellos, así que no voy a decir que Almeida lo conocía y lo tapó, pero sí voy a exigirle que se implique personalmente. Debe hacerlo porque Estrada forma parte de su grupo municipal, es concejala del PP y porque la Ley de Capitalidad determina que el alcalde es el máximo responsable en materia de personal en el Ayuntamiento.”.

“Nos gustaría decir que nos ha extrañado esta noticia pero, por desgracia, no es así. Hemos visto en Chamartín pleno tras pleno como esta concejala se dirige en tono insultante, bronco, a toda la oposición. Ahora nos apena comprobar que da la sensación de que ese trato denigrante también forma parte del día a día de la Junta de Distrito. No podemos tolerar esta clase de hechos. Hay que dirimir responsabilidades tanto penales como administrativas y el Grupo Municipal Socialista va a estar muy atento”, concluye López.

“Un entorno intimidatorio”

Este periódico ha tenido acceso a dos denuncias anonimizadas, la de carácter judicial (que pide “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”) y una anterior dirigida a la Inspección de Trabajo de Madrid. Ambas describen un “entorno laboral intimidatorio, degradante y hostil, con consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos en los puestos de trabajo”. Testimonios recopilados por este diario contrastan esas actitudes y señalan que desde la llegada de Estrada a Chamartín en 2023 se han producido once ceses y cinco bajas de larga duración, mientras que 16 personas se han marchado de la Junta voluntariamente. “Está jodiendo vidas”, afirma una de estas fuentes.

La segunda denuncia achaca la responsabilidad a Estrada y otros dos altos cargos municipales. Por un lado su coordinadora general en Chamartín, Alicia Gregorio, a la que acusa de “gritos y descalificaciones públicas del trabajo de funcionarios en reuniones o en presencia de otros empleados”. También de “amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos administrativos para no sufrir represalias profesionales, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar fuera de la Junta de Chamartín todas estas situaciones”.

Por último, el documento señala a Juan José Blázquez, director general de Función Pública del Ayuntamiento.Un alto cargo en el Gobierno de Almeida que depende directamente de la concejala de Economía, Hacienda e Innovación, Engracia Hidalgo. La denuncia a la Inspección de Trabajo le achaca que, “en su condición de responsable de la función pública municipal”, tenía “conocimiento de los hechos denunciados y los ceses producidos”. Todo ello “sin que conste la adopción de medidas eficaces para prevenir o corregir la situación”.

Desde el área liderada por Hidalgo, después de consultar a la Dirección General de Función Pública, aseguran que “la Inspección de trabajo no ha requerido nada al Ayuntamiento de Madrid relacionado con un supuesto caso de acoso laboral de la concejala de Chamartín a un empleado público”. Puntualizan que “cuando hay una denuncia de la Inspección, el inspector nos lo comunica y se le dan las explicaciones pertinentes tras recabar la información”. Apostillan que “tampoco en Prevención de Riesgos Laborales ni en el Comité de Seguridad y Salud consta nada relacionado con este asunto”.

“Un entorno laboral intimidatorio, degradante y hostil”. Es lo que recoge una denuncia por acoso laboral institucional, riesgos psicosociales y deterioro del servicio público presentada el pasado 12 de marzo en la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid. Está dirigida contra la concejala presidenta del distrito de Chamartín, Yolanda Estrada, y otros dos altos cargos del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida.

Un proceso que once días después, el 23 de marzo, derivó en una segunda denuncia en los Juzgados de lo Social de Madrid, según la documentación al que ha tenido acceso Somos Madrid. Este último escrito incorpora el sello oficial de la Junta de Chamartín y centra las acusaciones en la coordinadora general del distrito, Alicia Gregorio Arroyo. En último término, solicita “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”, ante unos hechos que “vulneran derechos fundamentales como la integridad moral, la dignidad en el trabajo o la salud laboral”.

A lo largo de varias páginas, la denuncia desarrolla un “deterioro progresivo y grave del clima laboral” que se remonta a la llegada de Estrada a la Junta Municipal de Chamartín, en junio de 2023. Desde entonces, se ha generado “un entorno insostenible, con consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos en los puestos de trabajo”.

Además, Estrada ha ejecutado “nueve ceses de funcionarios” en menos de tres años (el último de ellos en febrero), una cifra que fuentes consultadas por este diario elevan a once. A ello hay que sumar las bajas laborales (la más reciente data del 13 de febrero según la denuncia), cinco de ellas de larga duración, y al menos cuatro solicitudes de reasignación en otros puestos fuera del distrito. Esta última cantidad se refiere a las especificadas en el escrito judicial, aunque las mencionadas fuentes sostienen que hasta “16 personas se han ido voluntariamente”.

Dichas peticiones de traslado buscarían, según el denunciante (que obra “con reserva de identidad” por “un temor real, fundado y objetivable a represalias laborales”), escapar de “conductas constitutivas de acoso laboral” que se habrían recrudecido desde el nombramiento de una nueva coordinadora del distrito en septiembre de 2024. El documento atribuye a Alicia Gregorio, mano derecha de Estrada, “humillaciones, trato vejatorio, gritos y descalificaciones públicas del trabajo de funcionarios en reuniones o en presencia de otros empleados”. Pero la lista de acusaciones es extensa: amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos administrativos para no sufrir represalias profesionales, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar fuera de la Junta de Chamartín todas estas situaciones.

La denuncia apunta asimismo que el nombramiento de Gregorio estuvo precedido por el cese del anterior coordinador del distrito mientras este “se encontraba en situación de enfermedad oncológica”. Aunque para entonces la situación era ya difícil y se habían producido destituciones, según el denunciante fue esta sustitución la que elevó el acoso a “extremos absolutamente insostenibles” y a ambiente generalizado de “miedo, presión y sumisión entre los trabajadores”.

Por ello, solicita como medidas cautelares y urgentes “el cese inmediato de las conductas descritas”, “la limitación o suspensión de funciones de supervisión directa de Alicia Gregorio” o “requerir al Ayuntamiento de Madrid para que de forma inmediata evalúe los riesgos psicosociales en la Junta de Chamartín”. A preguntas de este diario, el Consistorio no ofrece hasta la fecha valoraciones de la Junta sobre la denuncia o los comportamientos abusivos recopilados a lo largo de este artículo.

Vía judicial ante la “inacción” de la Inspección de Trabajo y el Ayuntamiento

La denuncia en los tribunales llega después de una primera remisión del caso ante la Inspección de Trabajo de Madrid, con un documento al que también ha podido acceder este periódico. La escalada tiene lugar porque “no se ha personado ningún Inspector de Trabajo ni consta la apertura de actuaciones inspectoras”, circunstancias que hacen “necesaria” la “intervención judicial urgente”.

Este primer requerimiento cita expresamente diez posibles testigos entre el personal y concreta que las conductas han desembocado en “episodios reiterados de estrés laboral grave, crisis emocionales en el puesto, bajas médicas por ansiedad o agotamiento psicológico”. Pero es especialmente reseñable que incluye una tercera persona identificada como “responsable”, además de Estrada y Gregorio, que da cuenta de cómo el caso habría llegado previamente a manos del Ejecutivo municipal.

Se trata de Juan José Blázquez, director general de Función Pública del Ayuntamiento. Un alto cargo en el Gobierno de Almeida que depende directamente de la concejala de Economía, Hacienda e Innovación, Engracia Hidalgo. La denuncia a la Inspección de Trabajo le achaca que, “en su condición de responsable de la función pública municipal”, tenía “conocimiento de los hechos denunciados y los ceses producidos”. Todo ello “sin que conste la adopción de medidas eficaces para prevenir o corregir la situación”.

Fuentes del área liderada por Hidalgo, después de consultar a la Dirección General de Función Pública, afirman que “la Inspección de trabajo no ha requerido nada al Ayuntamiento de Madrid relacionado con un supuesto caso de acoso laboral de la concejala de Chamartín a un empleado público”. Puntualizan que “cuando hay una denuncia de la Inspección, el inspector nos lo comunica y se le dan las explicaciones pertinentes tras recabar la información”. Apostillan que “tampoco en Prevención de Riesgos Laborales ni en el Comité de Seguridad y Salud consta nada relacionado con este asunto”.

“Si hablamos de acoso laboral, lo habitual en el Ayuntamiento de Madrid es solicitar la activación del protocolo aspecto que tampoco se ha producido. Tampoco consta que se haya planteado ninguna solicitud de intervención por parte de la Unidad de Conflictos en ese ámbito. Estos dos últimos supuestos son las vías que se utilizan cuando se detecta un problema de existencia de conflictos o acoso”, informan.

Testimonios refuerzan la denuncia: “Conmigo se ha ensañado”

Este periódico ha conversado con personas que han estado vinculadas laboralmente a la Junta de Chamartín y corroboran el “trato vejatorio” por parte de Yolanda Estrada, así como las actitudes previamente descritas. “Lo primero que preguntó era a quién podía cesar o rebajar”, asegura una de ellas. “Yo he sufrido acoso. Ha hecho polvo mi carrera y mi dedicación”, cuenta. Añade que si no lo ha denunciado es por su falta de confianza en las garantías del proceso: “Sé que a nivel interno estas cosas no van a ningún sitio, pero esta persona conmigo se ha ensañado”. En su caso centra ese “acoso” en la propia Estrada, aunque precisa que Alicia Gregorio “ejecuta las órdenes”.

Otra persona que conversa con este medio coincide en este deterioro del ambiente provocado por Estrada: “Todo le parece mal sin conocer nada ni saber nada. Tuerce el gesto y solo busca cosas negativas, sin escuchar, sobre todo si te pone la cruz por cosas tan subjetivas como que no le guste cómo miras”, expone. “En un momento dado empezó a puentearme, preguntaba cosas personales sobre mí a administrativos que estaban bajo mi responsabilidad. Al final me cesaron sin valorar mi gestión. El argumento es que había quejas sobre mí, cuando pude comprobar en el sistema de reclamaciones que eso no es así. También fue una cuestión de edadismo”.

Miembros de la plantilla cesados, los que podían serlo al ocupar plazas singularizadas, han acabado en puestos que en muchos casos comportan una menor retribución económica. A otros “les ha degradado del cargo, les ha recortado el complemento de productividad o directamente se lo ha quitado”. “Está jodiendo vidas”, lamenta sobre la situación en la Junta Municipal desde la llegada de Estrada. Todo ello ya antes de que asumiera la coordinación del distrito Alicia Gregorio, a la que tacha de “alma gemela” de la concejala: “Es la voz de su amo. Ya era horrible e indigno solo con Estrada, ahora con dos mucho peor”. Precisa además que el cese del coordinador anterior fue “completamente arbitrario” y se debió a “algo que no gustó a la concejala en una reunión con vendedores de los puestos alrededor del Bernabéu”.

Estrada es lo peor que me he encontrado en la administración. Es muy zafia, pero como chilla te encoge. Lo sabe todo el Ayuntamiento y toda la corporación, pero ahí sigue

Además de los ceses, los traslados y las bajas médicas, este testimonio da cuenta de situaciones especialmente delicadas entre quienes continúan trabajando en la Junta, como la de una mujer “humillada día tras día que está aguantando hasta su jubilación”. Las “faltas de respeto” se repiten incluso “con sus propios asesores”, sobre todo con los que le atribuye el Partido Popular. Cada concejal de distrito suele contar con uno que designa personalmente y otro que coloca el partido. Por este segundo puesto habrían pasado “tres personas en tres años”. “Estrada es lo peor que me he encontrado en la administración. Es muy zafia, pero como chilla te encoge”, concluye antes de alertar sobre la dejadez del resto del Ejecutivo de Almeida: “Lo sabe todo el Ayuntamiento y toda la corporación, pero ahí sigue”.

“El sistema no funciona para protegernos. Es anónimo, pero si señalas cosas acaban llegando a ti”, apostilla una de las fuentes que conversa con Somos Madrid, todas ellas de manera anónima ante el temor a represalias. “Al final es tu palabra contra la de la otra persona y el trabajador tiene más que perder que el que acosador”.

Esta misma semana Comisiones Obreras denunciaba en un comunicado las “quejas de la plantilla de la Junta Municipal de Hortaleza”, presidida por el polémico concejal aguafiestas David Pérez, relativas a “un ambiente de trabajo hostil con repercusiones muy graves en el desarrollo de la actividad cotidiana”. El documento, difundido por la Coordinadora de Hortaleza a través de redes sociales, protesta por un “cuestionamiento permanente de los trabajadores” o “la retirada de complementos”. Un contexto de “hostigamiento” que ha derivado en dos demandas interpuestas ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, ambas ganadas en primera instancia por el sindicato.

Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo componen gente sin experiencia. Es alguien que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni nos ha conocido

La coyuntura en Chamartín es tan dramática que ya afecta a los recursos humanos de la Junta o a la efectividad de los servicios que debe acometer: “No hay personal funcionario que quiera venir a Chamartín, salvo la gente que tenga mucha necesidad. Se ha corrido la voz. Están quedando plazas desiertas, cubiertas por interinos de otras administraciones o gente de la Oficina para el Empleo. Eso provoca que las cosas tarden más en hacerse, que haya que estar pendientes constantemente para arreglar y corregir”.

“Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo compone gente nueva y sin experiencia. Es alguien que va arrasando, que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni siquiera nos ha conocido”, remata.

Estrada, de la cercanía con la Gürtel al roce con los vecinos del Bernabéu

Almeida incorporó en sus listas a Estrada después de los comicios municipales de 2023. Hasta entonces, era la coordinadora territorial del grupo parlamentario del Partido Popular que Isabel Díaz Ayuso presidía en la Asamblea de Madrid, además de estar al frente de la Comisión de Vivienda y Administración Local. Así, como David Pérez (exconsejero autonómico de Transportes y Vivienda), acabó en el equipo de Almeida procedente del círculo de poder ayusista.

El mayor quebradero de cabeza para la gestión de Estrada han sido sin duda los frustrados conciertos y parkings alrededor del Santiago Bernabéu, que los vecinos tumbaron en la Justicia. La edil, acusada de rechazar peticiones y reuniones con las asociaciones de afectados, trató por contra de concertar encuentros privados con las comunidades de residentes instando a su equipo a entregar notas manuscritas en las porterías.

Estrada también ha protagonizado controversias de carácter puramente ideológico, como cuando incluyó referencias religiosas mezcladas con proclamas políticas (“La Venezuela libre está en Madrid”) en un programa de fiestas de Chamartín. Pero sin duda la más sonada fue el envío por parte de la Junta Municipal de una felicitación navideña dirigida a los más pequeños en la que un hombre con la cara pintada de negro encarnaba a Baltasar. Todos estos conflictos han derivado en plenos distritales extremadamente broncos, aunque fuentes de los grupos políticos trasladan que “las malas formas y las faltas de respeto” por parte de Estrada han sido “la tónica habitual” durante toda la legislatura.

Antes de su etapa como diputada autonómica, su carrera política estuvo ligada al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, donde encadenó los cargos de concejala de Obras, de Presidencia y teniente de alcalde entre 2003 y 2010. Llegó a ese Consistorio de la mano de Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo condenado a 14 años y ocho meses de prisión por la trama Gürtel.

Según acreditó la Audiencia Nacional, Sepúlveda recibió dinero negro y regalos “por las irregularidades adjudicaciones públicas que favoreció”. Además de metálico, la trama le obsequió con “viajes y servicios turísticos”, “eventos familiares” o “servicios prestados para su campaña electoral como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Pozuelo”. El tribunal condenó a su exmujer, Ana Mato (exministra de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy), como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de los regalos que su entonces esposo obtuvo de la trama. Los juicios se desarrollaron mientras Estrada estaba fuera de la política activa, de la que se mantuvo al margen desde 2010 hasta 2019, cuando fue repescada para un PP de Madrid que trató de ofrecer una imagen de renovación y frescura.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha impuesto este sábado la Medalla de Oro de la región a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, mientras “el socialismo del siglo XXI está de guateque en Barcelona”, en alusión a la cumbre progresista a la que ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros líderes internacionales.

Durante su discurso tras entregar a Machado esta distinción, la presidenta autonómica ha deslizado que el evento celebrado este fin de semana en Barcelona fue convocado “cuando sabía que este evento se iba a celebrar”. Además, ha destacado que apenas “ningún representante europeo” ha acudido a la cita de Sánchez con el presidente brasileño, Lula da Silva; o la mexicana Claudia Sheinbaum. Ayuso ha obviado la presencia de altos mandatarios de la Unión Europea; el vicecanciller de Alemania y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, o del viceprimer ministro de Reino Unido y titular de Justicia, David Lammy.

“Nos dan lecciones quienes tienen dividido a su pueblo entre una pretendida lucha de clases, multiplicando la pobreza para que la culpa sea de una minoría rica y no de gobiernos que con sus decisiones hunden la economía de las familias y de los autónomos, los que hacen del recuerdo de cada uno memoria impuesta por ley de manera totalitaria”, ha defendido Ayuso.

En este punto, la presidenta madrileña ha rechazado “lecciones” de quienes “hasta hace ni un año” eran “cómplices” del régimen de Venezuela y “ganaban dinero con el sufrimiento del pueblo de Venezuela mientras sabían que había hambruna, desaparecidos y presos políticos maltratados”.

A continuación, Ayuso ha señalado de nuevo a Sánchez por unas declaraciones desde Barcelona en las que ha animado a “hacer lo que sea por defender la democracia”, ante lo que la presidenta madrileña ha respondido si esa defensa pasa por ir “contra la Justicia, los medios de comunicación” y “carcomer” el sistema público “como ocurrió en Venezuela”.

Más tarde, Ayuso y María Corina Machado, acompañadas de la hija de Edmundo González, han salido al balcón de la Real Casa de Correos, “la casa de la libertad”, según Ayuso, y donde ya se ha mostrado junto a otros líderes de ultraderecha como el presidente argentino Javier Milei.

“En esta plaza hemos reivindicado todos estos largos años la libertad del pueblo de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de tantas naciones hermanas. En esta plaza hemos alzado la voz juntos contra las dictaduras en representación de las millones de personas que se han visto forzadas a dejar atrás su tierra, pero han encontrado en Madrid su nuevo hogar”, ha arengado Ayuso.

Ante una Puerta del Sol llena de venezolanos y entre algunos gritos de “presidenta”, Ayuso ha aventurado que “el cambio va a llegar de manera imparable” a Venezuela y Machado, “un día no muy lejano” será la primera presidenta venezolana de la historia.

Machado augura su retorno a Venezuela

En presencia del Gobierno regional al completo, Machado ha recibido esta distinción “en atención a los méritos” de la opositora venezolana, “figura clave” en el país sudamericano “por su incansable labor en favor de la democracia, la defensa de los Derechos Humanos y la libertad” y que ha recibido el último Premio Nobel de la Paz, seguramente el que mayor polémica ha provocado en los últimos años por su defensa de la intervención extranjera en su país.

Tras recibir de manos de la presidenta autonómica la Medalla de Oro, Machado ha trasladado su agradecimiento a Ayuso y a los madrileños, y ha expresado su “honor inmenso” por una distinción que toma en nombre de todos los ciudadanos “de dentro y fuera” de su país que “han arriesgado su vida por la libertad”.

“Tenía que ser precisamente aquí, en Madrid, donde siento que esta tarde comienza nuestro retorno. Desde aquí comenzamos a preparar esta nueva fase en la cual regresaremos millones a construir juntos un país del cual nos sentamos todos orgullosos de ser venezolanos”, ha aseverado la líder opositora, que se encuentra bajo orden de busca y captura en su país de origen.

En este punto, Machado ha asegurado que cuando regrese a Venezuela para construir un nuevo sistema político de la mano del “presidente electo” González, lo hará también con los miles de madrileños en el exilio, incluidos los que viven en Madrid. “Sí Isabel, van a regresar”, ha trasladado a Ayuso, a quien desde el balcón de Sol ha asegurado que pronto entregará las llaves de Caracas.

Antes de recibir la Medalla de Oro de la región, Machado ha mantenido un encuentro privado con Ayuso en la sede del Gobierno regional y ha firmado en el Libro de Honor de la Comunidad de Madrid, donde ha trasladado su agradecimiento a los madrileños por haber “acogido a miles de venezolanos”. “Pronto les recibiremos a muchos de ustedes en una Venezuela libre”, ha añadido.

Recuerdo a Edmundo González

Por su parte, Edmundo González también ha sido reconocido con la Medalla Internacional. Sin embargo, el candidato presidencial venezolano no ha podido acudir al acto por problemas de salud y ha sido su hija Carolina quien ha recibido el galardón de manos de la presidenta regional.

Así, a González se le ha reconocido con la Medalla Internacional “como gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid” y considerándolo como “presidente democráticamente elegido de Venezuela en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”.

Carolina González ha leído a continuación una misiva redactada de puño y letra por el propio Edmundo en la que ha agradecido la distinción de la Comunidad de Madrid y ha recalcado que está del lado de Machado. “Estamos juntos en esto, como lo hemos estado desde el primer día”, ha expresado González de boca de su hija menor.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha opuesto este viernes a uno de los puntos clave del acuerdo suscrito el jueves entre PP y Vox en Extremadura, que permitirá la investidura de María Guardiola cuatro meses después de las elecciones. Ayuso critica, en concreto, el punto en el que se recoge la modificación de la ley de extranjería para que se pueda imponer sin trabas la “prioridad nacional” para que los españoles tengan acceso prioritario a ayudas, servicios o vivienda social frente a los migrantes.

“Yo creo en la ley y en el orden y, por tanto, pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos. Así que como se va a tener que cumplir la ley pienso que muchos de esos requisitos no son legales”, ha asegurado Ayuso desde Bruselas, donde ha sido preguntada específicamente al respecto. La presidenta madrileña ha añadido que “el tiempo pondrá todo en su sitio”, pero ha apostillado: “Pienso que no se puede dejar al margen a nadie fuera de un sistema al que ha contribuido y, por ejemplo, dejarle fuera del sistema sanitario como se nos ha pedido en Madrid”.

A media tarde, en cambio, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, advertía a Ayuso de que su formación también exigirá al Partido Popular aplicar medidas que den “prioridad nacional” para acceder a ayudas y prestaciones sociales, dando por hecho que ambos partidos tendrán que pactar tras las elecciones autonómicas de 2027 para conformar el Gobierno regional. “Te guste o no. Tápalo con titulares o escóndete detrás de leyes que habéis redactado junto al PSOE. Pero no vas a frenar el sentido común. 2027. Tic, tac”, ha manifestado Moñino en su perfil de redes sociales respondiendo a las declaraciones de Ayuso sobre el pacto entre 'populares' y Vox en Extremadura.

Ayuso había iniciado su intervención felicitando a Guardiola “por haber ganado las elecciones, por tantos meses de espera, de tanto trabajo”. “Pienso que después de tanto hablar ha llegado el momento de ponerse manos a la obra. Y a partir de ahí las cuestiones del acuerdo se me escapan porque no tengo competencias en ello”, ha asegurado. 

En realidad, en su acuerdo en Extremadura PP y Vox se comprometen a una “mejora de la sanidad pública extremeña”, para lo que se proponen “garantizar una atención accesible y de calidad para los españoles”.

Esta medida es una declaración de intenciones con la que los de María Guardiola se acogen al ideario más ultra. Sin embargo, y pese a que la sanidad es una competencia transferida casi de forma íntegra a las comunidades autónomas, debe ser ofrecida a la ciudadanía de acuerdo a las leyes y derechos estatales, entre los que se encuentra una sanidad universal. El Gobierno central reforzó recientemente el acceso a la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal, por medio de un real decreto (180/2026, de 11 de marzo).

Ambas formaciones son conscientes de su falta de competencias y lo sortean en el documento pactado con fórmulas como “se exigirá al Gobierno” o “se instará a modificar la ley”. Por ejemplo, mencionan reformar la ley de extranjería y “otras disposiciones estatales que dificulten” la aplicación del principio de “prioridad nacional”. Lo que quiere Vox es “restringir o priorizar el acceso” a viviendas protegidas, ayudas, subvenciones y servicios sociales a los españoles, como ha apuntado en diversas ocasiones, pero eso choca contra la legislación nacional actual.

La jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos ha citado como testigos a los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que identificaron a los periodistas de El País mientras elaboraban una información relacionada con Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Con posterioridad, Rodríguez difundió los datos de los periodistas en un chat de WhatsApp, donde vertió falsedades sobre los profesionales. Los dos policías tendrán que comparecer el próximo 19 de mayo ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, según la providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. 

La magistrada Raquel Robles rechazó en un primer momento la querella presentada por el PSOE, a la que luego siguió otra querella presentada por El País. La Fiscalía había apoyado la apertura de una investigación, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 25 descartó la existencia de delito de revelación de secretos porque, según concluyó, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso solo había difundido la identidad y las fotos de los dos periodistas de El País.

El recurso de los querellantes contra la decisión de la jueza fue admitido por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial. Los magistrados de la instancia superior corrigieron a la magistrada y le ordenaron practicar diligencias. Consideraron “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos trabajadores. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

“Una cuestión de buen gobierno corporativo que entiendo que no gusta a Más Madrid”. Así ha justificado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, las dietas de 612,85 euros por asistencia a cada reunión de los miembros de los consejos de administración de cinco empresas municipales (y 525 euros en otros cuatro organismos autónomos).

El mismo día en el que el órgano de gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) vota elevar la cuestión para su aprobación a la Junta de Gobierno, el regidor ha comparecido ante los medios precisamente en la rueda de prensa posterior a dicha Junta. Sin aclarar si los nuevos pagos han sido ya validados, Almeida ha defendido la medida por su utlidad, dice, para “atraer perfiles independientes” y que “los consejos de administración no sean lugares de colocación”. Precisamente en el de EMVS ocupa el cargo de consejera delegada su exjefa de Gabinete, Ana de Miguel.

El alcalde ha centrado su respuesta a las preguntas de Somos Madrid en atacar al principal partido de la oposición: “Más Madrid dice una cosa en público y otra en privado. En alguna sociedad ha votado a favor”, ha espetado ante las críticas de la concejala Lucía Lois, representante de la formación en el consejo de EMVS.

Almeida ha asegurado que “Sumar se abstuvo cuando se votó lo mismo en Casa 47 [la nueva empresa pública de vivienda]”. Anima a Lois a “dar su opinión sobre la legitimidad” de ese caso, después de que la edil trasladase este miércoles su rechazo a las diestas de EMVS “en el contexto de emergencia habitacional que vive Madrid, donde miles de familias no pueden acceder a una vivienda digna y el precio del alquiler sigue disparado”.

El líder del Ejecutivo de Cibeles ha recurrido también al pago de este tipo de retribuciones en organismos estatales: “Es una homologación con el Gobierno de España, con la diferencia de que las municipales son un 50% inferiores”. Desde el área de Hacienda del Consistorio subrayan que esta novedad “ha replicado la legislación del Estado, donde ya se viene haciendo oscilando en su caso entre 1.189 y 623 euros, dependiendo de la categoría del consejo”.

Esas mismas fuentes aclararon a este periódico las nueve entidades que incorporarán estas dietas, aplicables incluso por la participación telemática en las reuniones: “Las empresas afectadas son EMT, EMVS, Madrid Calle 30 y la EMSFCM. Los organismos autónomos IAM, Madrid Salud, ATM, AE y Agencia de Actividades”. Recuerdan que, salvo rechazo expreso de los beneficiarios (posibilidad que Almeida ha planteado a Lois en la rueda de prensa), incluye a “todos los miembros del consejo de administración (concejales de Gobierno y oposición, cargos directivos, sindicatos y funcionarios)”.

En el caso de EMVS, según la proposición sometida a votación este jueves a la que tuvo acceso este diario, el coste de las indemnizaciones será de hasta 107.861,60 euros este 2026. El consejo plantea además aumentar su número máximo de componentes de nueve a 15, lo que implicará un dispendio más elevado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado buscando piso para comprar en Chamberí, el mismo barrio en el que reside en un dúplex de 1,8 millones que adquirieron entre su pareja, Alberto González Amador (compró el último piso), y una empresa (el ático), que luego le revendió a Amador. Para las gestiones de búsqueda de esta nueva adquisición inmobiliaria ha estado utilizando a un cargo público de la Presidencia de la Comunidad de Madrid que le ha hecho los contactos y concertado la agenda de visitas, además de participar en la negociación del precio para la compra, según ha podido constatar elDiario.es.

La persona que ha llevado a cabo esta labor es el jefe de despacho de la Secretaría de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Álvaro Sanz. Diplomado en Informática de Gestión, cobra 93.317,08 euros anuales, según el Portal de Transparencia madrileño, y antes fue secretario del Partido Popular en Madrid. Sus funciones actuales son el “control y coordinación de la agenda de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Coordinación y organización de viajes. Recepción de visitas y atención al público, tanto telefónica como presencial. Despacho y gestión de correspondencia y correos electrónicos. Y en general, labores propias de jefatura de secretaría de presidencia”, dice la descripción de su puesto laboral, que no incluye obviamente gestiones personales.

Álvaro Sanz fue quien contactó con la propiedad de un piso de unos 100 metros cuadrados –cuatro habitaciones, patio, garaje y un balcón con vistas a un jardín que se anunciaba hasta hace poco en Idealista–. También concertó dos citas para visitarlo. La persona que lo enseñó ha corroborado a elDiario.es esta información y, aunque confirma que la presidenta finalmente no lo compró, no ha dado detalle de quién se quedó finalmente la vivienda.

Según ha podido saber elDiario.es, el 1 de diciembre de 2025 acudió a ver el piso Isabel Díaz Ayuso en persona, con su equipo de escoltas. Hubo una segunda visita, también concertada y gestionada por este mismo secretario de Presidencia, a la que Ayuso acudió con su pareja, Alberto González Amador. El piso, para reformar y que tenía un precio de salida de 850.000 euros en la plataforma, tenía otros compradores interesados. Preguntado el intermediario de la venta, confirma a elDiario.es que en esas gestiones su interlocutor fue también Álvaro Sanz y que siempre fue la persona con la que trató e intercambió numerosas llamadas y mensajes. Preguntado por estas gestiones, Álvaro Sanz ha remitido a elDiario.es al gabinete de prensa de la presidenta, que no ha negado los hechos.

Sanz es secretario de Ayuso desde 2019, cuando esta ganó sus primeras elecciones. Está contratado en la administración pública como personal eventual, es decir, un cargo de confianza, de nombramiento discrecional, que no es funcionario, pero tiene el estatus de empleado público mientras desempeña su función. Es la misma modalidad de empleo público que tiene Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa e imputada por el juez Peinado por hacer gestiones profesionales a la mujer del presidente del Gobierno conducentes a gestionar su cátedra en la Complutense de Madrid o canalizar patrocinios para este proyecto universitario.

El juez Peinado propone procesar a la asistente y a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, dado que entiende que ayudó con sus gestiones a cometer los presuntos delitos.

La labor del jefe de despacho “puede incluir gestiones particulares sin hacer negocios, de lo que se acusa a la colaboradora de Begoña Gómez”, puntualizan fuentes oficiales de la Puerta del Sol preguntadas por la confusión entre el perfil institucional y personal en las labores de este puesto.

El nombre de Álvaro Sanz ya saltó a los medios en la pandemia, cuando se hospedó en el Slow Suites de Chueca, uno de los 22 hoteles privados cedidos a la Consejería de Sanidad para albergar exclusivamente a personal sanitario, como publicó Infolibre. En aquel momento, desde Presidencia se explicó que Miguel Ángel Rodríguez había ordenado que se alojara en este hotel porque “era obligatoria su presencia” en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, y porque Sanz vivía con sus padres y era una forma de protegerlos. En esos mismos días, en lo peor de la Covid, la presidenta de la Comunidad de Madrid se alojaba en dos apartamentos por 80 euros la noche de la cadena hotelera, Room Mate, propiedad del empresario Kike Sarasola.

El patrimonio y actividad inmobiliaria de Díaz Ayuso ha estado bajo el foco desde el inicio de su mandato. La ruina de la empresa de su padre, que dejó sin devolver un préstamo público de 400.000 euros de Avalmadrid en 2011, operación en la que ella intercedió, llevó a este a donar sus bienes a sus hijos.

La propia Ayuso admitió haber recibido un piso que podía ser embargado en una entrevista en Telecinco en 2019: “Mi padre ya estaba de baja médica, sabía que estaba enfermo, que no iba a durar mucho, y le preocupaba que el poco patrimonio que tenía, lo heredáramos. ”Es la casa en la que se crio mi madre, mi hermano y yo... No sé qué pretenden que hagamos mi madre y yo, no nos podemos ir debajo de un puente...“. El salario anual bruto de la presidenta de la Comunidad de Madrid es actualmente 103.090 euros (8.590 euros mensuales).

“Estoy harta de pagar alquiler y tengo ilusión por comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda”, dijo en 2022 en una entrevista con El Mundo. Un mes después, su pareja, Alberto González Amador, compraba un piso en Chamberí por 850.000 euros, para el que entregó 350.000 euros de entrada, una cantidad casi idéntica a la que habría defraudado a Hacienda y por lo que está procesado. Un año después, una sociedad llamada Babia Capital SL compró el ático que está en la planta superior donde vive la pareja. Babia Capital pagó por el piso 950.000 euros y, según declaró González Amador a la jueza, él se lo alquilaba por 5.000 euros al mes con derecho a compra. El año pasado, González Amador formalizó la compra también de este piso.

En julio de 2025, El País reveló que Ayuso había utilizado un chalé de patrimonio público en Rascafría para pasar un fin de semana con su familia, sin que constara este edificio como residencia ni se hubiera informado sobre su uso particular a la opinión pública. El complejo había sido comprado por el Gobierno de Ayuso en 2023 por 4,3 millones de euros. Cuando salieron a la luz estas vacaciones privadas en una casa de lujo pública, la presidenta justificó que su fin de semana de ocio no había costado ni un euro a los madrileños, puesto que habían llevado el “tupper de casa” y habían comprado en Covirán.

El PP de Madrid sumó en septiembre una nueva imputación con la acusación contra la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por la filtración de una nota interna de la Policía Municipal con la que intentar sostener la acusación sin pruebas que hizo la presidenta madrileña en enero de 2024 acerca de que los migrantes internos en un centro de la localidad estaban cometiendo “agresiones sexuales”. La Fiscalía ha reconstruido la revelación de secretos y la Audiencia Provincial de Madrid ya ha dado por demostrada la participación de Piquet. Y en este contexto se producirá este miércoles la declaración como testigo del número dos del partido, Alfonso Serrano, quien publicó en X el pantallazo de la minuta policial. 

Esta es la secuencia de cómo fabricó el Partido Popular de Madrid la denuncia falsa contra los migrantes del Centro de Emergencia, Acogida y Derivación (CAED) que habían llegado procedente de las Islas Canarias.

Ayuso agita el miedo. La presidenta madrileña decide cambiar la Puerta del Sol por Alcalá de Henares para celebrar un Consejo Extraordinario de Gobierno el 17 de enero de 2024. El Ejecutivo regional quiere visibilizar los problemas que asegura están protagonizando el grupo de migrantes que el Ejecutivo central ha asignado a Alcalá de Henares, donde se han habilitado unas instalaciones del Ejército de Tierra para acoger a un grupo de los que han llegado a las islas en cayucos. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo, Ayuso dice ante los medios que migrantes del norte de África han protagonizado una reyerta con tres magrebíes, que hay un brote de sarna entre los internos y que se investigan “agresiones sexuales” de internos tras denuncias de “algunas mujeres del municipio”. La última acusación organiza un enorme revuelo. elDiario.es titula: “Ayuso vincula sin pruebas inmigración con agresiones sexuales y un brote de sarna en Alcalá de Henares”.

En rueda de prensa, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, asegura: “En relación a las agresiones sexuales, en estos momentos, en Alcalá de Henares, no hay abierta ninguna investigación por agresión sexual vinculada a un posible origen en los migrantes en el cuartel Primo de Rivera”.

El 'número dos' de Ayuso ataca en X para defender a Ayuso. Al día siguiente, el secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, publica un tuit a las 9.58 horas en el que se dirige al entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y acusa al delegado del Gobierno de mentir. Serrano adjunta un pantallazo del informe de incidencia 19966/2023 de la Policía local de Alcalá en el que se resume la denuncia de una mujer acerca de la “agresión” sufrida en la vía del cementerio de Alcalá más de un mes antes, el 11 de diciembre de 2023, y en la que se describe al autor como “joven de raza negra”.

A las 11.18 horas, Serrano insiste. En esta ocasión utiliza un tuit de elDiario.es en el que se recogía la información sobre la rueda de prensa de Ayuso y el número dos del PP madrileño escribe sobre ella, en alusión al titular de este medio: “Sin pruebas”. Serrano vuelve a publicar el pantallazo de la minuta policial. 

Ese mismo día, Ayuso asegura en público que ella se limitó a describir “una situación que le transmitió la alcaldesa de Alcalá”, pero que no disponía de más pruebas. 

La alcaldesa habla de “verdad irrefutable”. El mismo 18 de enero, Judith Piquet atiende a los medios y dice que lo afirmado por Ayuso es “una verdad irrefutable” porque hay dos denuncias de sendas agresiones sexuales cometidas por “un varón negro”. Sin embargo, matiza que una de las denunciantes reconoce como posible autor a un interno del Centro de Inmigrantes, pero que la descripción que hace la otra es incompatible con la primera. Y que un tercero, un testigo que declaró ante la Policía, ofrece una versión “que no puede coincidir (sic) porque el agresor parecía mucho más joven”.

El PSOE acude a la Fiscalía el 20 de febrero de 2024 y denuncia la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por autoridad o funcionario público. La denuncia pide conocer cómo y quién ha filtrado el documento policial, y algo más: conocer si se ha producido “un grave daño” a la posible investigación de los hechos y también “si se pudiera haber utilizado como justificación para generar alarma social y/o una imagen estereotipada y negativa de un colectivo vulnerable”.

“Lo que no aparece en ningún momento de la minuta policial es la palabra agresión sexual ni la vinculación del agresor con una persona migrante acogida en la Base Primo de Rivera de Alcalá de Henares, como se transmitió a los medios de comunicación, por lo que también es necesario conocer la intencionalidad de los autores de los hechos para valorar si dicha conducta podría ser enmarcada dentro de lo previsto en el artículo 510 del Código Penal [de incitación al odio]”, añade la denuncia del PSOE. 

Una grabación incriminatoria y varios wasaps. Con la denuncia, la Fiscalía de Área abre unas diligencias de investigación que deben concluir en un decreto de archivo, si no aprecia delitos, o en una querella en el juzgado ya contra unas personas concretas. Meses después, el Ministerio Público se querella contra la alcaldesa de Alcalá y su director de comunicación, Raúl Castillo. Ha interrogado a policías, funcionarios y ha recabado documentación.

El jefe de la Policía Local ha grabado una conversación con la concejala de Seguridad, Ordena María de Miguel, después de que Alfonso Serrano haya publicado en X la nota de los agentes. El agente también aporta a la Fiscalía los mensajes intercambiados con la responsable política de la que depende. 

La Fiscalía concluye que las órdenes partieron de la alcaldesa. Fue la tarde del 17 de enero de 2023 cuando Judith Piquet ordenó al jefe de la Policía Municipal de Alcalá de Henares que imprimiera el informe de incidencia 19966/2023, el que luego mostraría en X Alfonso Serrano. El mando policial había declarado ante la Fiscalía que la alcaldesa Piquet hizo una fotografía del documento con su teléfono móvil después de la rueda de prensa de Ayuso y antes de que Serrano se lanzara a X. Al encuentro entre el policía y la alcaldesa se unió el jefe de prensa, quien también hizo una foto de la minuta policial. 

La Fiscalía concluye: En algún momento entre las 17.00 horas del día 17 y las 9.58 horas, momento en el que publica su primer tuit Serrano, la alcaldesa, “por si o bien a través del Director de comunicaciones del Ayuntamiento Raúl Castillo, remitió la fotografía tomada del informe policial a D. Alfonso Serrano Sánchez-Capuchino, secretario general del PP de Madrid, el cual, con la finalidad de justificar o dar cobertura documental a las afirmaciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid había efectuado el día anterior en relación a los migrantes acogidos en el CAED de Alcalá de henares y la comisión de dos agresiones sexuales por varones de raza negra publicó en su cuenta de la red social X la fotografía del informe de incidencia”.

El Juzgado imputa a la alcaldesa Piquet y a su jefe de prensa el 20 de agosto de 2024. En el auto de admisión a trámite, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá también cita al jefe de la Policía local y solicita que remita los wasaps que aportó a la Fiscalía sosteniendo su relato de los hechos. También cita como testigos a cuatro policías municipales relacionados con la recepción de las denuncias y la redacción de los informes. 

Las defensas de Judith Piquet y Raúl Ortiz recurren la decisión de la jueza María Olga Iglesias Santa María, pero esta rechaza sus pretensiones de archivo. Los investigados apelan a la Audiencia Provincial logrando retrasar las declaraciones. 

La Audiencia de Madrid avala la investigación: “No cabe duda de la participación de la alcaldesa”. Judith Piquet había alegado que el auto de imputación no está motivado, que no hay delito en los hechos denunciados y que, de haberlo, ella no está relacionada con los mismos. También recurre la admisión del PSOE como acusación popular. 

Todo ello es descartado por la Audiencia Provincial, que pone otro clavo a la acusación contra la regidora. “No cabe duda de la participación en los hechos de D. Judith Piquet”, escriben los magistrados de la instancia superior al dar por cierta la secuencia de hechos que ha expuesto la Fiscalía. Los magistrados de la Sección Quinta encajan la actuación de la alcaldesa de Alcalá de henares en un delito de revelación de secretos. 

Este miércoles están citados como testigos en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá Alfonso Serrano, el tercer teniente de alcalde de la ciudad, Gustavo Severien, y la concejal de Seguridad Ciudadana, Oriana María de Miguel Muñoz. Todos ellos declararán como testigos. 

El abogado de la alcaldesa ha logrado ya aplazar la declaración en tres ocasiones por citaciones que tienen fijadas otros de sus clientes. La magistrada de Alcalá fijó la declaración de Piquet y Serrano el 9 de marzo a las 17.00 horas. Las tomas de declaración fuera del horario de mañana son algo inusual en los juzgados. El letrado tampoco podía porque tenía una cita en Pontevedra. De terminar celebrándose el miércoles habrán pasado seis meses desde que la jueza acordó tomar declaración a Serrano.

Hace justo tres años, el 28 de marzo de 2023, Francisco Martín (Madrid, 1981) tomaba posesión como nuevo delegado del Gobierno en la región. Relevaba a la exconcejala Mercedes González y su perfil era bien distinto al de su predecesora, porque llegaba directamente de Moncloa, donde había ejercido diferentes cargos para Presidencia del Gobierno.

Su llegada fue recibida con recelo primero y luego animadversión tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad de Madrid. Tanto Almeida como Ayuso han tenido encontronazos dialécticos con Martín, peleas en reuniones o por redes y algún que otro desplante institucional. Algunos de ellos tienen que ver con los eventos multitudinarios que apoyan los dirigentes del PP, también motivo de discusión. El último tiene que ver con el gran estadio que una promotora va a montar en Villaverde para acoger once conciertos de Shakira.

La entrevista se realizó de forma previa a la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye. Preguntado este viernes sobre si la actuación policial pudo tener una base racista, el delegado del Gobierno defendió que no: “Y ninguna actuación policial puede tener una base racista ni discriminatoria. Existen protocolos y mecanismos internos para velar porque así sea y para adoptar las medidas pertinentes en el caso de que se detecte algún incumplimiento”, aseguró a preguntas de Somos.

SOMOS MADRID: ¿Qué problema tiene el recinto de conciertos de Villaverde? ¿Por qué cree que no deberían celebrarse allí eventos como el de Shakira?

FRANCISCO MARTÍN: Le he pedido al alcalde de Madrid en una carta que reconsidere su decisión de autorizar eventos masivos en el Iberdrola Music, porque él mismo y la Comunidad de Madrid estuvieron de acuerdo hace tres años en que ese recinto no estaba en condiciones de albergar eventos de fenómeno fan y no han hecho nada para mejorar las condiciones del entorno. Yo quiero ser clarísimo: ni Shakira ni nadie debe actuar en una ratonera. Y hoy por hoy, desafortunadamente y por la dejadez de la señora Ayuso y del señor Almeida, el entorno del Iberdrola Music es una ratonera.

No hay posibilidad de una evacuación masiva como la que un evento de esta naturaleza tiene que tener prevista, ya que sale todo el público a la vez cuando termina la actuación. Todos sabemos que está la M-45 colindando, que no hay aparcamientos, que no hay Metro. No hay más que recordar lo que pasó hace tres años con el concierto de Harry Styles, se vivieron unas situaciones dramáticas que no terminaron en una catástrofe de milagro. Y que conllevaron que, también con una carta mía, el alcalde cancelara toda la programación de ese año.

Le he pedido al alcalde dos cosas: o acondicionan aquello para que se puedan compatibilizar las condiciones de seguridad con este tipo de eventos, habida cuenta de que quedan seis meses para los conciertos de Shakira, o que se busque otra ubicación, una que sí tenga esas condiciones. Esto no es una cuestión política, por más que la señora Ayuso lo único que quiera sea confrontar con lo que sea. Estamos hablando de una cuestión que es estrictamente técnica y que debiera, de verdad, implicar la responsabilidad de todo el mundo, amenazando la seguridad de decenas de miles de personas. ¿Cuántas tragedias hemos visto ya?

¿Qué medidas se plantea la Delegación del Gobierno si el Ayuntamiento y los promotores insisten en esta ubicación?

Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Y si lo que se plantea no las tiene, pues recurriremos a donde haya que recurrir para pedir que no se ponga en peligro a la gente. De verdad, no pueden condenar a los asistentes, a los fans, tampoco a los artistas, ni a los medios de comunicación, ni a nadie a tener que acudir a una ratonera para celebrar un evento de esta naturaleza.

¿Tiene un problema Madrid con los eventos? ¿Organiza demasiados?

Creo que tiene falta de planificación legal, pero también logística, para afrontar muchas de las cosas que quiere ir asumiendo. Y en ese sentido es bastante irresponsable la actitud porque va precipitadamente poniendo cosas sobre la mesa y después ya se resolverán. La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid es antiquísima, fue apenas maquillada tras la tragedia del Madrid Arena y desde entonces no se ha vuelto a tocar. Yo le he reclamado al consejero Novillo por activa y por pasiva una nueva Lepar y no he obtenido ninguna respuesta.

Ahora hemos sabido que en otra ley, como una disposición transitoria, van a incorporar una modificación de algunas cuestiones de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. ¿Pero acaso Madrid, con el déficit que tiene, no exige el que se pueda tener un debate serio en el que participemos todos los que tenemos algo que decir alrededor de cómo se deben gestionar los grandes eventos?

En este contexto de problemas normativos... ¿Está preparada Madrid para acoger la Fórmula 1 en septiembre?

De nuevo esta es una cuestión que se ha planteado con precipitación por parte de las administraciones madrileñas. Hasta que nosotros no hemos reclamado trabajar la seguridad de este evento, no se ha podido avanzar. Nuestra voluntad es la de procurar que las cosas salgan bien, pero para eso hay que trabajar con planificación, con responsabilidad, con criterios técnicos sólidos, desde luego con lealtad y eso es lo que, ante todo, falta en esta región.

Otro de los grandes eventos que acogerá Madrid en breve será la visita del Papa ¿Cómo se está preparando?

Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Presidencia. Hubo una primera visita del Vaticano, pero hay que seguir aterrizando toda la agenda y toda la logística alrededor de la visita del Papa. Es una gran oportunidad para Madrid: hay miles de personas que anhelan este momento y debemos trabajar todos juntos para que sea un éxito. Yo le he planteado, al igual que se ha hecho en las otras comunidades que visitará el Papa, la creación de una mesa de coordinación interinstitucional con la parte organizadora de la Conferencia Episcopal, la Presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. No han respondido y, por lo tanto, he tenido que convocarles a una reunión para la semana que viene. Confío en que prime la lealtad y la voluntad de que las cosas salgan bien.

Usted que conoció bien la preparación de la Cumbre de la OTAN de 2022, ¿cree que es el mayor evento al que se ha enfrentado Madrid en los últimos años?

En Madrid tenemos mucha experiencia en la organización de grandes eventos, multitudinarios, pero también con la visita de muchos mandatarios internacionales de todo tipo. Seguramente desde la Cumbre de la OTAN, la visita del Papa vaya a ser el evento más exigente que se ha producido en la Comunidad, aunque con una naturaleza diferente: habrá una movilización social importante a lo largo de los días que esté en Madrid, con diferentes actos multitudinarios.

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político

Dejemos el futuro para hablar de lo pasado, a ese 28 de marzo de 2023 cuando tomó posesión de su cargo como delegado del Gobierno. ¿Cómo recibió entonces el nombramiento y qué encontró al llegar?

Es un honor el poder representar al Gobierno de España en la Comunidad, un gran reto que afronté con enorme determinación, a sabiendas de las dificultades que había, porque hay quien niega, quien oculta, quien confronta sistemáticamente para hacer de ello su proyecto político. Yo creía que esas dificultades podían ser removibles y que podríamos avanzar desde un trabajo compartido con las demás instituciones. Desafortunadamente, lo que me he encontrado desde el minuto cero ha sido una puerta cerrada a cualquier entendimiento, un rechazo absoluto por parte de las instituciones dirigidas por el Partido Popular de Madrid a ninguna oportunidad para trabajar conjuntamente a favor de los madrileños y madrileñas. Pero tengo que decir que me he encontrado lo contrario por parte del tejido social, del tejido vecinal, de los sectores productivos empresariales que están ávidos de diálogo, de espacios de encuentro, de colaboración y de trabajo conjunto.

¿Qué le cuentan sus otros colegas de puesto? ¿Es igual esta relación con los gobiernos de otras comunidades autónomas?

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político. Y esto lo comparto muchas veces con otros delegados que tienen otro tipo de relación, incluso yo he hablado con otros presidentes autonómicos del PP. Responde estrictamente a esa voluntad de confrontar, de evitar cualquier oportunidad para la cordialidad, porque eso parece que desmonta el paradigma en el que cabalga Díaz Ayuso, que el Gobierno de España es lo peor que le ha podido pasar a Madrid y al mundo en la historia. Eso es una falacia, porque todos estamos viendo que el compromiso es el mayor que ha tenido nunca ningún gobierno. Se traduce en aportaciones económicas y en proyectos concretos para transformar, para hacer de Madrid una región más justa.

Cuando llegó hace tres años surgían muchas informaciones sobre sucesos relacionados con bandas juveniles. ¿Cómo ha evolucionado el plan para combatirlas?

Di continuidad al plan de choque que puso en marcha Mercedes González, desde entonces se intensificó la labor policial y se han ido cosechando buenos resultados. Nada tiene que ver la realidad de las bandas juveniles en 2022 con la que hay ahora: en 2025 hubo un 13% menos de hechos delictivos asociados a ellas que en 2024 y un 50% más de detenidos. La intensidad policial es máxima, la vigilancia sobre esta tipología delictiva es total, pero yo siempre reclamo que más allá, debemos trabajar desde una perspectiva preventiva. Estamos hablando de chavales, que requieren de políticas que ofrezcan alternativas a la calle, de formación, de ocio, que son responsabilidad de todas las administraciones y que si se brindan posibilitan también que haya menos gente que se complique la vida tan joven.

Otro de los puntos de fricción con la Comunidad de Madrid está relacionado con los menores no acompañados y sus centros...

Estoy convencido de que Ayuso está muy orgullosa de ser la lideresa territorial del PP que más beligerancia está prestando a la política migratoria del Gobierno de España. En momentos en los que lo que hace falta es solidaridad, altura de miras y atender conjuntamente entre todos la necesidad de una respuesta al reto migratorio, el PP de Madrid lidera las dificultades, el boicot a cualquier iniciativa que adoptemos. Están haciendo gala de esa petición de expulsión de 86 menores, obviando que la tutela corresponde íntegramente a las comunidades autónomas. Los déficits que tienen no son por sobresaturación, están muy por debajo de la capacidad que se le ha determinado a la Comunidad de Madrid en cuanto a menores que puede acoger en el sistema. Es una cuestión de voluntad a la hora de atender adecuadamente la responsabilidad de una manera humana y solidaria.

Y luego está petición del cierre del Centro de Atención a Extranjeros de Pozuelo, porque en el momento en el que atisbaron que en vez de niños ucranianos podían llegar niños con otro color de piel, aquello ya les pasó a no gustar y se buscaron cualquier artimaña para intentar cerrar aquel centro asistencial. También pasa en el de Alcalá, donde además hemos escuchado todo tipo de mensajes que buscan criminalizar y estigmatizar, generar miedo alrededor de las personas migrantes.

También hay críticas sobre la regularización planteada por el Gobierno...

Por la mesa del despacho del delegado han pasado todos los sectores productivos de la Comunidad de Madrid. Ha pasado la Iglesia, el tejido social, los sindicatos... y todos ellos han reclamado que se pusiera en marcha una medida como la regularización prevista por el Gobierno de España. Todos. El propio PP votó a favor de la ILP en el Congreso, pero ha sido la señora Díaz Ayuso quien ha decidido cambiarle el paso al partido.

En 2025 la Comunidad de Madrid ha alcanzado el mínimo histórico de criminalidad en nuestras calles. Desde que hay registros, como saben, se ha registrado la menor tasa de criminalidad de la historia de la Comunidad de Madrid. Esto se ha producido en paralelo al incremento poblacional que ha experimentado Madrid, llegando a los 7,1 millones de habitantes. Hay mayor proporción de población migrante y la menor criminalidad de nuestra historia. Pero el PP, la derecha extrema y la extrema derecha de Madrid están empeñados en señalar, en criminalizar a los migrantes como responsables de la delincuencia. Creo que es francamente irresponsable, además de falaz, es una mentira colosal y, por lo tanto, tenemos que hacer todos los ejercicios posibles para rebatir esos discursos.

Pese a los buenos datos de criminalidad que registra Madrid, ¿qué delitos que todavía persisten le tienen más preocupado?

Estamos en las cifras más bajas de criminalidad en nuestra historia. Acompañadas del máximo histórico de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de los mejores registros en eficacia policial que ha habido nunca. Pero no nos conformamos con ello, ni mucho menos. Una de estas cuestiones es sin duda la que tiene que ver con los delitos contra la libertad sexual. En Madrid estamos comprobando de manera consolidada, trimestre tras trimestre, un incremento de las denuncias, por encima de la media nacional. Esto siempre tiene un componente de reducción de la cifra oscura, de esa parte que no se ha denunciado y que ahora, por esa sensibilización y confianza en las instituciones, las mujeres sí están pasando a denunciar. Pero también hay otras casuísticas en el entorno de los menores, algún otro tipo de delito contra la libertad sexual que sí que vemos que se puede estar incrementando. Tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para prevenir, para proteger y para atender mejor a las víctimas de la violencia machista.

La Delegación ha abierto una mesa hace dos años para el análisis de la evolución de la violencia machista en la Comunidad de Madrid, en la que han participado cantidad de actores de todos los sectores asistenciales, educativos, jurídicos, políticos... pero se ha negado a estar el Partido Popular. Es una muestra muy preocupante de falta de responsabilidad para trabajar con unidad en favor de esta cuestión.

Año tras año acumulamos cifras inasumibles, cifras absolutamente terribles de asesinatos de mujeres, de menores también. En Madrid estamos promoviendo que los municipios se incorporen al sistema VioGén, que posibilita la coordinación entre las policías locales y las fuerzas de seguridad del Estado, para garantizar una protección más efectiva de las víctimas. Ahora hay 12.300 mujeres que están como casos activos dentro del sistema. Ellas ya han podido pedir ayuda.

Debemos de mandar todos los mensajes que podamos para generar esas condiciones de confianza. La incorporación a VioGén significa ese mensaje. Y aun así, en esta comunidad todavía quedan 30 municipios con más de ocho policías locales que están fuera del sistema VioGén. Municipios importantes como Valdemoro, Torrelodones, Galapagar, Paracuellos... o la situación del Ayuntamiento de Madrid, que está trabajando dentro del sistema VioGén pero con un convenio caducado, porque el alcalde de Madrid pretende instrumentalizar la renovación para desarrollar las competencias de su policía municipal. Y eso es algo inaceptable.

Con estos tres años que lleva como delegado en Madrid ha superado ya el tiempo que estuvo su antecesora, Mercedes González. En el listado hay que remontarse a 1991 para encontrar a otra delegada, en este caso Ana Tutor, que estuvo más tiempo que usted con un gobierno socialista. ¿Cuál ha sido su secreto para resistir?

Bueno, digamos que he leído el Manual de resistencia del presidente (bromea). Ahora en serio, la realidad responde a tener claro que el Gobierno de España está comprometido con esta región y está intentando pelear porque a Madrid le vaya bien, a pesar de todos los obstáculos que nos ponen repetidamente. Es la convicción en ese compromiso con la justicia social, con la igualdad, con la libertad de verdad, la que nos trae a pelear, a salir cada día a intentar que los servicios públicos funcionen mejor, y también a que Madrid sea cada vez una región más justa.

Y todo ello impulsado por el ejemplo que se da desde el presidente Sánchez, cada día desde hace ya casi ocho años. He podido trabajar mucho con él en todos estos años y soy consciente del compromiso que él tiene cada día con nuestro país, y creo que esa es la mejor inspiración para poder salir cada día a pelear en Madrid, que desde luego no es ni mucho menos una plaza fácil.

¿Se plantea dentro de un año ayudar a su partido en otros ámbitos o continuará como delegado del Gobierno?

Llevo 25 años militando en el Partido Socialista de Madrid y voy a trabajar siempre para que el proyecto socialista le vaya lo mejor que pueda a esta región. Porque si Madrid necesita algo es que haya una regeneración democrática, es una urgencia absoluta después de tres décadas de proyectos continuados basados en el pelotazo, en la injusticia social y en perder oportunidades para esas mayorías sociales que tanto necesitan de los servicios públicos. Formo parte de la ejecutiva regional que lidera Óscar López, y estamos trabajando para construir esa alternativa con mensajes muy claros a la ciudadanía que señalen la gravedad de lo que está pasando en la Puerta del Sol, de ese modelo que ahora representa Ayuso.

Es un modelo de tres décadas, que ahora vemos tan claro con el universo de los pelotazos del entorno de la señora Díaz Ayuso alrededor de las contrataciones con Quirón, principal proveedor de la Comunidad de Madrid y, oh casualidad, principal contratista de la pareja de la señora Díaz Ayuso, una relación tan lucrativa como repentina, pero desafortunadamente nada llamativa porque es el modus operandi del Partido Popular de Madrid.

Si pudiera elegir que Almeida o Ayuso se abrieran a una cosa de las que propone, ¿cuál sería la más urgente?

Que vinieran a la mesa de la violencia machista, que se comprometieran a trabajar conjuntamente para buscar soluciones, mejorar las políticas entre todos para atender el drama absoluto, la injusticia que representa la violencia machista. Sin duda sería lo primero que desearía de una larga lista de ejemplos de falta de cooperación y colaboración leal, interinstitucional, que creo que debiéramos corregir.

Las acusaciones populares que ejercen PSOE y Más Madrid han recurrido el archivo de la causa de corrupción contra Ana Millán, ex alcaldesa de Arroyomolinos y número 3 del PP de Madrid, dictado por un Juzgado de Valdemoro tras seis años de investigación. Ambos escritos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, recuperan los indicios que han sostenido la acusación contra Millán por cuatro delitos de corrupción y critican que, con los mismos argumentos con los que el Juzgado elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia, o pidió recientemente una prórroga para seguir profundizando en ellos, ahora solicite el archivo, sin haber practicado una sola diligencia nueva ni nada haya cambiado.

En el año 2008, recupera el escrito del PSOE, “la investigada alquiló su ático a un precio del doble de mercado a una empresa del señor Roselló [el empresario imputado], su pareja empezó a trabajar para una empresa del señor Roselló, su hermana también empezó a trabajar. para otra empresa del señor Roselló, y la investigada ingresó en efectivo cantidades significativas de dinero no declarado en sus cuentas corrientes”.

“Todo lo anterior –prosigue– se da en el año que el señor Reselló empezó a trabajar con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y se mantienen todos esos pagos mientras hay adjudicaciones de cientos de miles de euros hasta que se terminan los contratos a favor del señor Roselló y sus empresas. No es una anecdótica coincidencia, sino un cúmulo de no coincidencias, siendo, además, técnicas habituales par el cobro de dádivas en este tipo de delitos”. “Los indicios son demoledores”, apostilla.

Añade el escrito de Más Madrid que Ana Millán “influenciaba de manera directa en el seno de los expedientes de contratación para teledirigir la adjudicación, las prórrogas, las mejoras o las dispensas del cumplimiento de contratos en favor de las empresas de Francisco Roselló”, quien a su vez comenzó a pagar la renta desorbitada del alquiler del ático de Millán y contratar a sus familiares. Ambos escritos recuerdan como en su declaración como investigada en el juzgado, Millán ocultó que Roselló hubiera contratado a su familia y el empresario directamente lo negó.

Las acusaciones ponen el acento en el “sorpresivo” cambio de criterio de la Fiscalía, que con los mismos indicios con los que acusaba formalmente a Millán de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y fraude a la Administración, ahora haya solicitado el archivo de la causa. Y también que lo haya hecho sin que se hayan practicado dos diligencias clave propuestas por el propio Ministerio Público: la declaración del marido de Millán, a quien ella atribuyó el origen de más de 40.000 euros en efectivo en su cuenta del banco, y otra concejala que contrató a Roselló.

El Juzgado solicitó hace unos meses una prórroga para seguir investigando, habida cuenta de la carga de trabajo que soporta, y ahora, cuando la Audiencia Provincial le ha dicho que la formulación de esa petición fue incorrecta, en lugar de volverla a pedir, decide cerrar el caso. “Si la juzgadora consideró la necesidad de prórroga es porque existían en ese momento indicios, aunque no lo argumentara adecuadamente. Sin embargo, ahora entiende que procede el archivo, sin argumentar por qué el cambio de criterio, si nada se ha instruido para llevarle a esa convicción que sustituye a la anterior”, escribe el abogado del PSOE.

En su recurso de reforma subsidiario de apelación (si la jueza lo rechaza decidirá finalmente la Audiencia Provincial), los socialistas acusan a la magistrada de “arrogarse” las funciones de un tribunal. Los indicios existentes, argumentan, justifican que se decida la responsabilidad penal de Millán en fase de vista oral y no en instrucción. Es más, para el PSOE, las pruebas recabadas por la UCO de Guardia Civil, “avalan una condena”.

Por su parte, Más Madrid ha evitado que la jueza tenga opción a rectificar su decisión y ha recurrido directamente a la instancia superior, la Audiencia Provincial de Madrid. Su representación letrada reprocha a la magistrada que haya decidido no tomar declaración a la concejala y el marido de Millán por considerarlas diligencias “inútiles”. “No puede saber cuán inútil será el resultado de una testifical hasta que no se practique”, afirma esta acusación popular.