La polémica por la compra opaca de un ático de más de seis millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid no ha roto la entente que mantienen Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso desde que el gallego aterrizó en la capital, hace ya más de cuatro años, para hacerse con las riendas del PP. Aunque en el partido se ha extendido la idea de que la gestión de la crisis por parte del Gobierno regional y de su lideresa es muy mejorable, a nadie se le pasa por la cabeza su caída o que se active una operación para descabalgarla a las puertas de uno de los ciclos electorales más importantes para la derecha.

Pese a la rumorología que se ha extendido por Madrid en las últimas semanas, todas las fuentes consultadas por elDiario.es dan por hecho que Ayuso será la candidata del PP en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo y que repetirá como presidenta regional al frente de uno de los gobiernos regionales más importantes, tanto económica como demográfica y políticamente.

No hay un enfrentamiento abierto entre la dirección nacional y la madrileña, apuntan desde ambos espacios. No existen maniobras internas para que, a nueve meses de que se coloquen las urnas, el PP prescinda de uno de sus principales activos electorales, fundamental para taponar la posible fuga de voto hacia la extrema derecha.

“No hay fuego amigo”, aseguran desde la dirección del PP de Madrid, que dicen desconocer cuál es el origen de la información que permitió a ‘El País’ adelantar la compra del ático. “Pudo ser cualquiera”, apuntan sobre el origen de la información.

Mayoría absoluta en riesgo

En el PP de Madrid descartan que pueda tener relevancia electoral. “Es un tema estirado artificialmente por la izquierda política y mediática”, sostienen las mismas fuentes, que consideran que el asunto tendrá “entre poca y ninguna repercusión” en las elecciones autonómicas y municipales de 2027.

Tampoco en las plantas altas de Génova temen un descalabro electoral de Ayuso, aunque algunas voces no descartan que pueda tener cierta incidencia en el voto y ponga más difícil a la madrileña reeditar una mayoría absoluta que, dicen, ya tenía complicada antes de la polémica.

El ciclo electoral de la primera mitad de 2026, ideado por el PP para desprenderse de la dependencia de Vox, supuso justo lo contrario: la constatación de que la derecha y la extrema derecha se necesitan para gobernar.

El PP no solo no logró la esperada mayoría absoluta en Extremadura, sino que la perdió en Andalucía, retrocedió en Aragón y se quedó más o menos como estaba en Castilla y León.

El año que viene se repartirá buena parte del poder autonómico y todo el local, y en el PP ya nadie quiere acordarse de la promesa de gobernar en solitario lanzada por Feijóo hace apenas un año. Y ni siquiera dan por hecho que Ayuso podrá retener un poder omnímodo.

Nada que ver con Casado

Las fuentes consultadas por elDiario.es revelan que las direcciones nacional y autonómica del PP se pusieron en contacto inmediatamente después de que se conociera la irregular compra del ático. Miguel Tellado llamó a Alfonso Serrano y ambos secretarios generales hablaron de cómo gestionar la crisis abierta.

Una de las principales misiones del reducido equipo que acompañó a Feijóo en su viaje de Galicia a Madrid fue la de ganarse al PP de la región. Y Tellado es, desde 2022, el principal nexo de unión entre ambas direcciones. Además, la comunicación entre los gabinetes de ambos líderes es fluida y constante, aunque no siempre el resultado sea el buscado.

El predecesor de Feijóo, Pablo Casado, fue defenestrado precisamente por una guerra fratricida abierta entre él y Ayuso, dos buenos amigos hasta entonces, por el control del partido.

Los fantasmas de aquella guerra amenazaron con reaparecer este mes de agosto, cuando Feijóo abordó la polémica del ático en una entrevista para Europa Press.

El líder del PP no se desmarcó de la línea argumental mantenida por Sol. Primero, que estaban previstas unas obras en la sede oficial del Gobierno autonómico. Segundo, que cualquier explicación sobre la adquisición debían recaer en el departamento del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín.

El problema no fue el contenido de la entrevista, sino las declaraciones en sí, que se hicieron públicas el domingo 23 de agosto, cuando en el PP de Madrid pensaban que el suflé de la polémica comenzaba a bajar, en buena parte gracias a las fuertes críticas por la gestión de la crisis de Ceuta por parte del Gobierno central.

Las palabras de Feijóo reactivaron las preguntas sin responder sobre la compra del ático. Los medios cuestionaron directamente a Ayuso, quien sorprendió a propios y extraños con un exabrupto que, sin ser del todo inesperado en su boca, dentro del PP sí se considera un error: “Está en venta, chao pescao”.

En defensa de Ayuso

En la dirección del PP de Madrid quitan hierro a las declaraciones de Feijóo, que sitúan en la salida “típica” que eligen los políticos ante preguntas que pueden resultar complicadas: tirar de argumentario y limitarse a pedir que se “explique” lo ocurrido.

En el PP de Madrid descartan cualquier paralelismo entre la actual relación con Génova y la guerra con Pablo Casado y lo tachan de “ruido” en redes sociales.

“No tiene nada que ver”, sostienen. Y aseguran que a Casado no se lo llevó por delante que denunciara la corrupción de Ayuso, que no existió “porque la Justicia lo desmintió”, sino por “usar un bulo para atacar a su compañera de partido”.

Un supuesto “bulo” que sigue publicado en la cuenta de Twitter del PP cuatro años después.

Lo cierto es que la dirigente regional es intocable para la militancia, que mantiene una fervorosa pasión por ella.

Esta misma semana, en la concentración convocada contra la gestión del Gobierno en Ceuta por el PP bajo el paraguas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), volvió a llevarse la mayor ovación entre las decenas de miles de personas concentradas en la madrileña plaza de Cibeles.

Mientras el resto de dirigentes presentes, entre ellos Feijóo y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, abandonaron el acto poco después de finalizar, la presidenta se dio un baño de masas tras atender a los medios y obviar las preguntas referidas al ático, haciendo bueno ese “chao pescao” de finales de agosto.

Pese a algunos comentarios en voz baja y siempre en privado, la dirección del PP y todos los barones autonómicos han cerrado siempre filas con la presidenta madrileña.

Incluso cuando, como el pasado viernes, les pone en un compromiso al promover unilateralmente un boicot al Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que aprobó la nueva financiación autonómica y en el que se quedó sola.

No es la primera vez que Ayuso marca el camino a sus compañeros de partido, o que lo intenta, si bien es cierto que con menos éxito que en el pasado.

Pero ni siquiera los delitos fiscales confesados por su pareja, Alberto González Amador, ni las investigaciones judiciales abiertas para determinar la legalidad de su relación con el grupo sanitario privado Quirón, el principal contratista de la Comunidad de Madrid, han hecho mella en el respaldo del PP a Ayuso.

Este mismo mes de agosto, y pese a los rumores sobre una posible separación, ella misma habló en presente de su “familia política” y la relación que tienen con Ceuta. En el PP de Madrid declinan hacer cualquier comentario al respecto.

En esa misma entrevista, publicada el 19 de agosto, aseguró que, por ahora, no tiene intención de visitar Ceuta. “No se puede utilizar como un escaparate”, dijo. Ese mismo día, su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, visitaba la ciudad autónoma. Al día siguiente, lo hizo el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.

Con todo, la relación entre Feijóo y Ayuso es buena, mejor de lo que fue al principio del mandato del gallego. Al menos en público. Como apuntan desde la dirección nacional, el líder del PP no ve en ella el peligro para su posición en el partido que sí percibió Casado en su momento. Sabe que las próximas elecciones generales serán su última oportunidad: si gana, gobernará; si pierde, se irá a su casa.

Ambos han compartido decenas de actos en los últimos años, y a Feijóo se le ha ido viendo más cómodo con el paso del tiempo, fruto de la metamorfosis madrileña sufrida por el dirigente gallego desde 2022. Este mismo fin de semana, Feijóo ha vuelto a respaldar a Ayuso en el acto de inicio de curso político celebrado en el municipio madrileño de Getafe. La entente sigue en vigor.

El líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a atacar al Gobierno de Pedro Sánchez por la crisis humanitaria de Ceuta y ha colocado otra vez a Felipe VI en el centro de la polémica. “Son distantes con el rey de España y reverenciables con el de Marruecos. Son los más monárquicos en el país equivocado”, ha destacado el presidente de los conservadores en un acto en el municipio de Getafe con motivo de la apertura del curso político del PP madrileño junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Feijóo ha destacado que en el Gobierno de España “son implacables con las comunidades que están gestionando sobrepasadas con los menores y mansos con las mafias de inmigración ilegal” y ha continuado señalando que “son contundentes contra naciones aliadas que protegen sus fronteras”, en referencia al conflicto surgido con Italia, y “sumisos contra quienes revientan nuestras fronteras”, por una posible participación de Marruecos en la entrada de 70.000 personas el pasado mes de julio. Según el líder del PP, “España no debe ni pedir permiso ni perdón para mantener su integridad territorial”, ya que “tiene que cumplir con sus derechos constitucionales, como respeta el resto de naciones”.

Para el líder del PP, “en Ceuta hemos visto la hipocresía de la izquierda” ya que “está callada” ante la inseguridad que se vive en la ciudad donde, según ha dicho, los abusos sexuales se han multiplicado “por ocho”. “El miércoles [en referencia a las manifestaciones convocadas en los ayuntamientos] vimos como en toda España los españoles dijimos que Ceuta es nuestra y que somos igual de españoles que los ceutíes”, ha añadido Feijóo.

Además, Feijóo ha aprovechado su intervención para pedir a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que “deje” comparecer a la directora general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, porque los españoles tienen “derecho a conocer la verdad” sobre lo ocurrido en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio. “Llevamos desde principios de agosto solicitando la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales. Yo le digo a la ministra de Defensa desde aquí: deja comparecer a la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales porque si lo sigues impidiendo, aunque no le aplaudas, eres igual que Pedro Sánchez”, ha dicho.

En una línea similar se ha pronunciado Ayuso minutos antes. Según la líder regional, Sánchez niega “la verdad y miente”, ya que ha existido “una acción coordinada desde Rabat” y coordinada por “los servicios secretos marroquíes” que “fueron los que dirigieron a estos inmigrantes hasta el punto exacto de entrada”. Y, según ella, el presidente del Gobierno “no ha hecho nada. ”España está sola, no tiene defensa internacional“, ha dicho y ha añadido que ”han chuleado a EEUU“ y que ahora ”estamos solos y débiles con un Gobierno al que le han tomado la matrícula“.

Criticas a las vacaciones de Sánchez

“Necesitamos autoridad, ley y orden, y fronteras, y no un presidente que pasa de las fronteras mientras está de vacaciones”, ha asegurado la presidenta madrileña que ha criticado que Sánchez no suspendiese sus “lujosas” vacaciones. “Lo único a lo que está es al descanso, porque dice que tiene derecho. No, no tienes derecho. Cuando tú tienes una responsabilidad, eso está por encima de tu derecho a las vacaciones. ¿Cómo qué derecho a las vacaciones un líder político? Si las cosas están mal, te quedas con tu pueblo. Y, cuando las cosas se arreglen, como todo padre de familia, ya te irás si puedes. No hay derecho a vacaciones y que España se hunda. No hay derecho a hundir a España y a abandonarla”, ha defendido.

También se ha pronunciado sobre esto Feijóo que ha iniciado su intervención destacando que “un político no es oficinista de 8 a 3, es una persona que se compromete con el interés general”. El líder del PP ha destacado que en los próximos meses su partido se va a exigir “mucho”: “No vengo a pedir paciencia, vengo a pedir fuerza cada día, cada minuto y en cada lugar para que gane la razón de los españoles. Os aseguro que valdrá la pena”.

“No podemos confiarnos ni pensar en que todo caerá como una fruta podrida, hay que apretar”, ha dicho Feijóo en relación con las próximas elecciones municipales y autonómicas en mayo y una posible convocatoria de comicios generales. “Si algo hemos aprendido en estos años es que enfrente tenemos a una gente que puede hacer cualquier cosa para mantenerse”, ha asegurado y ha adelantado que “vamos a echar a Pedro Sánchez” aunque “ya sabemos como son: son expertos en maniobrar, de decir una cosa y la contraria”.

A renglón seguido, ha subrayado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que también estaba presente en el acto, competirá con una exministra de Sánchez como candidata, en alusión a Reyes Maroto. Y a Ayuso, ha proseguido, “le ponen dos ministros de candidatos”, en referencia al socialista Óscar López y Mónica García, de Más Madrid. En este punto, ha pedido a Ayuso y Almeida hacer “un trato”: “Vosotros le ganáis a los ministros y yo le gano al presidente”.

“Vamos a ir de cara y así le vamos a ganar. Y esta vez no como en el año 2023, sino haciendo imposible que vuelvan a gobernar después de perder. Es como tenemos que ganar”, ha destacado antes de concluir haciendo propio el eslogan de Ayuso en las últimas elecciones autonómicas: 'Vamos a ganar con ganas'.

Por su parte, la presidenta Ayuso ha comenzado su intervención, centrada en los ataques contra un Sánchez al que ha llamado “el jeta de La Mareta” y al que ha acusado de estar “obsesionado” con ella, destacando que comienza “un curso especialmente decisivo para España”. “Es el momento de reiniciar España”, ha dicho tras decir que pasamos por el momento más “antidemocrático” de su historia.

Para la líder regional, el Gobierno de Pedro Sánchez es “un proyecto totalitario, una reedición del frente popular, esta vez unido a los nacionalismos”. “Está atacando la unidad de España y la defensa de nuestras fronteras”, ha indicado y ha apuntado que “lo que ocurre en Ceuta está ocurriendo por toda España a menor velocidad”.

Ayuso también ha defendido la postura de su Gobierno de no acudir a la reunión con Hacienda para aprobar la financiación autónomica. “Si me dicen que pagando 500 millones de euros porque Sánchez se vaya, los pagamos”, ha bromeado la presidenta que ha destacado que “los madrileños no pueden más” porque “estamos pagando la fiesta independentistas”. “El dinero de los madrileños no se toca, y si lo tocan lo va a pagar. Eso lo juro”, ha dicho. “Estamos a dos días del francomodín”, ha afirmado la líder regional que también ha deslizado que el Gobierno quiere que “acabemos en una guerra civil”.

Silencio sobre el ático de lujo de Ayuso

Feijóo y Ayuso han exhibido unidad con este acto en el municipio de Getafe con el que inician un nuevo curso político, que estará ya marcado por las elecciones autonómicas y municipales del 2027. El encuentro ha reunido también a dirigentes y afiliados del Partido Popular de Madrid en el que también ha intervenido el portavoz popular en la localidad y candidato para las próximas elecciones municipales, Antonio José Mesa, que ha aprovechado este altavoz para cargar contra la alcaldesa socialista de la localidad.

El encuentro de ambos líderes se produce además en plena polémica por la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid a través de Planifica Madrid, un asunto que el Gobierno madrileño quiere dar por zanjado ya que, según ha alegado, las explicaciones que se han dado son “concluyentes”. Y que, obviamente al ser un acto de partido, no se ha mencionado en ninguna de las intervenciones.

La propia presidenta tuvo que salir a defender el pasado 24 de agosto que ya se ha “dicho todo” sobre el ático y “se puede demostrar”: “Está en venta. Chao pescao”. Esta declaración se produjo en respuesta a unas declaraciones de Feijóo en una entrevista en la que aseguró que conocía desde el mes de abril que el Gobierno madrileño buscaba un lugar para “un traslado temporal” del equipo de secretaría y gabinete de Presidencia y que tendría que ser Patrimonio de la Comunidad de Madrid el que explicase por qué compró esta vivienda que “no se puede destinar a oficina”.

El Gobierno de Ayuso ha sacado a la venta ese inmueble por un precio de salida de 6,7 millones para recaudar fondos con los que pagar la reconstrucción de la Sierra Oeste a raíz del incendio que arrasó unas 30.000 hectáreas. Esta semana también se ha conocido que Ayuso visitó el ático adquirido por la empresa pública en el distrito de Chamberí tras su compra, pero se dejó para finales del mes de octubre “la decisión de qué hacer respecto al traslado” por las obras en la Real Casa de Correos.

Esta historia no comienza en julio de este año, cuando descubrimos que la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de más de 400 metros. Empieza en la primavera de 2024, cuando elDiario.es destapa que Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, tenía una trama de facturas falsas y empresas pantalla para defraudar a Hacienda… y que la presidenta y su pareja viven juntos en un ático, pagado por él, a su nombre, y de más de un millón de euros. En ese momento, Ayuso dice esto: yo no vivo en una vivienda oficial ni pública pagada por todos ustedes.

A raíz de la crisis de este verano, el ático que paga la Comunidad de Madrid se pone a la venta, porque se descubre que solo puede ser, legalmente destinado a vivienda, no a oficinas. Esta historia sobre viviendas, áticos de lujo, inmuebles que cuesta una millonada al erario público acaba donde empezó. Es circular, porque volvemos al primer ático, el que compró su pareja después del fraude fiscal… Está ahora a la venta.

¿Será este caso un punto de inflexión en las aspiraciones políticas de Ayuso? ¿O simplemente será una historia de verano? Lo analizamos con los periodistas de elDiario.es África Gelardo y Aitor Riveiro.

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“No vi nunca nada igual, ningún expediente de concesión directa o mediante concurso con estas características y con un intrusismo tan inusual”. Mariano González, arquitecto colegiado en Asturias, es una de las voces del sector que han mostrado sus suspicacias con la adjudicación del diseño de la reforma de la Real Casa de Correos. La Comunidad de Madrid publicó el pasado 7 de agosto los pormenores de la licitación para esta fase de las obras de su sede en Sol, unos trabajos que adquirieron protagonismo mediático después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso esgrimiese su desarrollo como el motivo para adquirir el ático de 485 metros cuadrados y 199 de terraza en Chamberí. Según el Ejecutivo regional, ese inmueble ahora puesto en venta a través de Planifica Madrid iba a servir para acoger “reuniones” hasta el fin de la reforma, pese a no contar con los permisos pertinentes para dicho uso.

Los profesionales contactados por este periódico coinciden en lo anómalo de otorgar a una arquitecta de interiores una intervención como la del emblemático espacio de la Puerta del Sol, sobre todo porque tiene lugar en un edificio protegido con la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC). Un procedimiento sin publicidad ni libre concurrencia que concedió el proyecto a la interiorista Alejandra Pombo (prima de la influencer María Pombo) por 59.377 euros, IVA incluido.

Pombo es graduada en Arquitectura de Interiores por la Universidad Politécnica de Madrid y es en esta rama donde ha desarrollado su carrera, en la actualidad a través de su empresa Pombo Estudio SL. Las fuentes consultadas no dirigen sus reproches en valorar su trayectoria o su currículum, para algunas aceptable y para otras “manifiestamente insuficiente”, sino que se centran en cuestionar la redacción del proyecto, así como el perfil formativo y el área de trabajo de Pombo.

“No puedes adjudicar a expensas de que incorpore luego un arquitecto”

Para Elena Sarabia, arquitecta y urbanista, “el contrato y los pliegos incluyen elementos que no puede diseñar una decoradora de interiores en un inmueble con un alto nivel de protección”. Explica que, en una construcción de las características del icónico edificio del centro de Madrid, “una intervención en la fachada también implica afección a la estructura, y en cuanto se toca esta debe intervenir un arquitecto”. Desde su punto de vista, se trata de un procedimiento “viciado de origen”, ya que “no puedes adjudicarlo a expensas de que incorpore luego un arquitecto cualificado en su equipo”. Este, sostiene, debe estar detallado desde el origen y comandar tanto el diseño como la ejecución de la actuación.

Según Sarabia, “un proyecto de decoración o interiorismo en este inmueble solo puede cambiar los muebles y pintar, ni siquiera puedes tocar las molduras de las paredes”. Recalca las exigencias y el rigor impuestos por la Comisión Local de Patrimonio Histórico, organismo dependiente de la Consejería de Cultura por el que tendrá que pasar el diseño que ahora elabore Pombo: “Si haces cambios mínimos en cinco estancias y en la sexta no, te pueden obligar a actuar en las seis por cuestiones de homogeneidad. Exigen fotografías y explicaciones de todos los materiales empleados, del estado del inmueble y del mantenimiento que se le va a dar. Cuando he tenido que exponerme a esta instancia he sido consciente que no habría sido capaz sin mi formación. Debes detallar cómo vas a llevar a cabo las restauraciones o por qué determinados elementos se pueden rehabilitar y otros no”.

En un BIC con categoría de monumento, cualquier reforma del interior requiere informe positivo de Patrimonio, hasta mover un enchufe. Deberían ser ejemplares y adjudicar a una persona con la titulación pertinente, capaz de explicar la obra exacta

Lucía Bentué — Arquitecta y miembro del grupo de representantes Nexo COAM

Su compañera de profesión Lucía Bentué, miembro del grupo de representantes Nexo en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), va un paso más allá: “En un BIC con la categoría de monumento como este, cualquier reforma del interior requiere un informe positivo de Patrimonio, hasta para mover un enchufe. Por eso deberían ser ejemplares y adjudicar a una persona con la titulación pertinente, que sea capaz de explicar la obra exacta y qué es lo que necesita”.

“Hay muchos profesionales de la arquitectura con mucha capacidad para hacer este trabajo, con el conocimiento técnico necesario, y que luego podrían incorporar en su equipo a interioristas o decoradores”, resume Bentué en declaraciones a Somos Madrid. “Lo lógico sería hacer un contrato de dirección artística a un interiorista para que el contrato principal lo tenga un arquitecto con experiencia en rehabilitación y espacios representativos”, plantea.

Dudas sobre la “actuación artística única”

Uno de los argumentos en los que el pliego técnico se apoya para la controvertida adjudicación es el carácter de “actuación artística única”, una de las figuras que la Ley de Contratos del Sector Público reserva para contratos negociados sin publicidad y sin libre concurrencia, así como la vía más común para que el principal adjudicatario no sea necesariamente un estudio arquitectónico. Para la arquitecta Berta Gámez, recurrir a dicha fórmula en este caso es “una tomadura de pelo”: “Entiendo que con un contrato de ese estilo se acuerde con Frank Gehry la construcción del Guggenheim, pero aquí están utilizando un vacío en una norma creada para esculturas o cuadros, no para una reforma más tradicional, que además se da a una persona semidesconocida sin especial relevancia artística”.

Mariano González incide en este asunto: “No es un proyecto de redecoración dentro de una intervención más grande, sino que es un poco al revés, se supedita la arquitectura al interiorismo. Esto no es nada habitual sin que sea una intervención artística singular, y en este caso pinta más pedestre. Luego se intenta encajar legalmente ese proyecto arquitectónico que requiere la incorporación de un arquitecto, efectivamente el pliego incluye la posibilidad de su subcontratación posterior. Pero es un proceso inusual y poco riguroso”.

No es un proyecto de redecoración dentro de una intervención más grande, sino un poco al revés, se supedita la arquitectura al interiorismo. Esto no es nada habitual sin que sea una intervención artística singular, y en este caso pinta más pedestre

Mariano González — Arquitecto

Otro reputado arquitecto madrileño que prefiere no desvelar su identidad, con experiencia en intervenciones sobre bienes protegidos, apunta en la misma línea: “Puedes contratar alguien que no sea arquitecto, exigiendo siempre que cuente con uno en el equipo, como pasa también en estos pliegos aunque todavía no se haya detallado de quién se trata. Ahora bien, esa opción suele reservarse para obras de un determinado artista que afectan a un edificio protegido. Es ahí cuando se entiende emplear ese procedimiento, pero no es el caso. No se especifica qué aporta la beneficiaria para ser única”. Este testimonio califica el proyecto de rehabilitación de la sede de Sol como “muy mal redactado” y cuestiona la falta de detalles sobre la incorporación de otra importante figura, la del arquitecto técnico o aparejador. “La sensación que da es la de improvisación, como si se hubiera creado y adjudicado ad hoc”, apostilla.

Un expediente “poco profesional”

Rubén Arroyo es precisamente arquitecto técnico, colegiado desde hace 20 años y especializado en el sector hotelero. Califica de “primordial” que el diseño del proyecto de obra especifique el aparejador responsable, con independencia de que luego se incorporen interioristas u otros profesionales. Arroyo critica un “expediente rápido y poco profesional” donde se prescinde, o al menos no se concreta, esta vital figura: “Mezclan a la ligera conceptos como proyecto de interiorismo y de ejecución de obras básica o ejecutiva. En algunos puntos usan terminología de rehabilitación de edificio, que implica un concepto diferente del inmueble original y, por tanto, interferir en la estructura con un proyecto arquitectónico. La decoradora, según su titulación aparente, no puede ejercer la dirección facultativa”.

Cuestiona, además, la necesidad de la intervención en un edificio cuya última reforma data de 2018: “La obra se vinculaba a un problema estructural que es totalmente falso. No hay justificación de ningún tipo para la intervención, parece un capricho de chapa y pintura para adaptar revestimientos o mobiliario y eso no necesita todo este jaleo. Sobre todo si luego vas a tirar por la vía rápida del contrato negociado sin publicidad. Lo más lógico habría sido sacar un contrato menor citando a tres empresas”.

Cree que el principal problema de la licitación, además de “una prisa desmedida”, es que “transmite la sensación de haber vestido el contrato para dárselo específicamente a una persona”.

La obra se vinculaba a un problema estructural que es falso. No hay justificación para la intervención, parece un capricho de chapa y pintura para adaptar revestimientos o mobiliario y eso no necesita todo este jaleo

Rubén Arroyo — Arquitecto técnico

Los expertos consultados por este diario coinciden en sus reproches a los pliegos y la concesión, pero no en un punto esencial como el calado de las obras. Arroyo y el arquitecto que prefiere reservar su identidad, por ejemplo, sugieren que el arquitecto es necesario porque se habla de rehabilitación, pero que en el fondo la reforma tal y como está planteada podría haberse resuelto con un mero contrato de interiorismo: “Muchas obras de la administración se hacen con técnicos propios que no precisan tener que ajustarse a la Ley de Ordenación de la Edificación. Se ocupa un propio técnico en la oficialía mayor, de hecho seguramente haya obras constantes en ese edificio”, dice el segundo de ellos.

Por el contrario, Elena Sarabia insiste en que, por el carácter de BIC del edificio, “cualquier intervención que implique mover un tabique o afecte mínimamente a la fachada requiere un proceso bien elaborado que pase los estándares de Patrimonio”.

Berta Gámez cree que estas discrepancias se deben en parte a “un pliego muy vago que en ningún momento habla del fondo de los trabajos, más allá de esa mención al carácter de obra de arte”. Al margen de las dudas sobre el alcance de los trabajos, subraya que el límite que requiere incorporar un arquitecto en un BIC está en la afección a la estructura o en la configuración de los espacios. Esto es, “cualquier intervención no recuperable”. “Tengo muchos reparos en que con este alcance que no haga falta arquitecto, se habla de tocar la carpintería o instalaciones de climatización”.

El Gobierno de Ayuso justifica la singularidad artística ya que en el estudio de Pombo son “dueños de la idea”

Desde la Consejería de Presidencia, departamento del Ejecutivo autonómico que actúa como entidad adjudicataria y del que dependen los trabajos, argumentan en respuesta a las preguntas de este medio que “la Comunidad de Madrid cuenta con una arquitecta que coordina todas las obras que se están llevando a cabo desde 2025 y que seguirán en 2026 y 2027”. ⁠“Para la reforma del patio y la segunda planta se solicitaron cuatro ofertas dentro de una contratación menor. A la opción mejor valorada por los técnicos se le ha adjudicado el proyecto de reforma a través de un contrato negociado”, exponen, aludiendo a esas “razones artísticas” que cuestionan los arquitectos.

El equipo de Ayuso justifica este carácter artístico en que los adjudicatarios son “los dueños de la idea”, una circunstancia ampliable a una gran mayoría de contratos similares para el diseño de obras y reformas elaborados por estudios de arquitectura o urbanismo, pero donde no se recurre a esta figura. Precisan que “este estudio también cuenta, evidentemente, con arquitectos”.

Somos Madrid ha tratado de contactar, sin éxito, con el estudio de Alejandra Pombo. Mientras, la web de esta empresa sigue en construcción y no muestra trabajos de la interiorista ni su portfolio. La memoria del procedimiento recoge que el estudio de Pombo “acredita experiencia en trabajos realizados en edificios protegidos o de valor histórico” con intervenciones, por ejemplo, en el Hipódromo de la Zarzuela, declarado BIC como Monumento, actualmente en desarrollo.

Las fuentes autonómicas avanzan asimismo que “una vez entregado el proyecto, se licitará la ejecución de las obras a través de un contrato abierto, como hacemos siempre”. Sostienen que “al ser un BIC, todas las actuaciones que se ejecutan deberán contar con el visto bueno de la comisión de Patrimonio”. Así, esperan que este organismo no ponga reparos a la operación.

Paralelamente, el abogado Javier Flores (que ha llevado al Tribunal de Cuentas la compra del ático de Chamberí por parte del Gobierno de Ayuso) ha elaborado un informe en el que recopila los aspectos más anómalos y opacos de la licitación. Para ello, ha contado con decenas de arquitectos y especialistas: “Hay sobre la mesa un proyecto cuyos contenidos y documentos tienen que ser dirigidos y firmados por un arquitecto. Se usa el refugio de la creación artística para dárselo a alguien que no es de ese ámbito”, afirma en conversación con este medio. Habla de un “pliego contradictorio, un copiapega extraño donde mezclan contratos que se licitan a arquitectos con otros de creación artística para que pueda entrar esta persona”. “Se podría pensar incluso que es un contrato de interiorismo que se deriva a otra cosa”, desliza.

Más allá de los aspectos más polémicos de la contratación, Berta Gámez cree que se trata de una “oportunidad perdida” para llevar a cabo una reforma verdaderamente significativa en un edificio emblemático: “La rehabilitación de un espacio de estas características, con el respeto que merece y la historia que acarrea, exige un rigor desde quién interviene y desde cómo interviene. Un proyecto de decoración no soluciona grandes conflictos de este tipo de edificios. Gran parte de los recintos administrativos de este país están mal optimizados en su distribución de despachos o funciones. Todo se va parcheando, pero continúa el desbarajuste o la mala climatización. Sean BIC o no, son edificios con otra arquitectura y otra distribución de espacios en su origen, donde las demandas actuales son distintas y requieren estancias más diáfanas”.

“Lo realmente trascendental para un BIC sería una reconfiguración de la tabiquería, las instalaciones o la eficiencia energética. Eso mejoraría de verdad el día a día de los trabajadores y por tanto el ciudadano”, apunta. “Claro que otra opción, mejor si cabe, sería destinar ese dinero por ejemplo a mejorar las estructuras de los colegios que más lo necesitan”, concluye.

Celebro que haya sido Isabel Díaz Ayuso quien haya emprendido una cruzada contra las inflamables y alérgenas arizónicas: si se le ocurre a Pedro Sánchez tendríamos las redes sociales plagadas de falsos amantes de la libertad plantando setos en su jardín, patio o balcón, un vez disipada la cortina de humo del eclipse. La sombra del ático es alargada y tiene a la presidenta de la Comunidad de Madrid especialmente nerviosa y atribulada. Como diría el alcalde Almeida, ella está, durante este agosto infernal, al pie del cañón, de un cañón preparado para disparar contra el presidente del Gobierno, se entiende. De tres post que publica en X, cuatro son sobre/contra Pedro Sánchez, por traidor y por pegarse unas vacaciones a cuerpo de sátrapa. Olvida que aún no ha explicado por qué la CAM compró un ático que costó más de seis millones de euros de dinero público y está a un paso de ir recogiendo los tickets de los gastos de Sánchez en La Mareta, con la esperanza de que el presidente iguale el marcador.

A pesar de sus esfuerzos tuiteros y antiarizónicos, la realidad en el Madrid agosteño es que el misterio sigue rodeando al polémico ático, que se adquirió como oficina temporal mientras se acometían unas obras de las que no supimos nada hasta hace 10 días y a pesar de que la normativa municipal impedía usar el ático como oficinas. Tardaron 33 horas en poner a la venta el lujoso y molesto inmueble una vez que se desvelara la compra pero aún no se ha vendido ni sabemos para qué se compró. La presidenta se empeña en que los madrileños olvidemos el lance pero los seres humanos, y los habitantes de esta comunidad entramos en esa categoría, somos seres complejos que podemos atender a las últimas crisis y eventos y recordar que aún no se nos ha explicado lo del ático.

Ayuso tiene un problema de gestión de recursos públicos y los errores, en política, obligan a producir un relato que los redima. De ahí el recurso a Sánchez gastando dinero en La Mareta mientras ella hace frente a la reconstrucción de los municipios afectados por los incendios. Pero con cada vuelta de tuerca de este culebrón de verano, más morbo, más nerviosismo en el gobierno madrileño, más posts sobre Sánchez, menos explicaciones. Ya hay cinco denuncias en el juzgado y la oposición prepara un septiembre caliente para Ayuso. El proceso de venta del ático estará abierto durante el plazo de presentación de ofertas fijado en la licitación, hasta el 7 de septiembre. Ayuso y su gobierno confían en quitárselo de encima antes del inicio del curso político pero la venta no evitará la obligación de dar explicaciones. No hay que olvidar que la pareja de la presidenta (que sepamos), Alberto González Amador, será llamado a juicio por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en 2027, y cuenta con otra causa abierta donde está siendo investigado por un presunto delito de corrupción en los negocios por sus vínculos empresariales con Quirón.

La presidenta de la CAM llegará a septiembre en uno de sus peores momentos desde que asumió la presidencia, en 2019. Nadie, tampoco Miguel Ángel Rodríguez, vio venir una polémica de este tamaño y alcance. Y tan difícil de cerrar. El PP, exceptuando al alcalde madrileño, se aleja rápidamente del ático. Ayuso es un activo en la captación de votos pero también un problema para Feijóo si los votantes se hartan de que su entorno se enriquezca a costa del dinero público y ella quiera una Moncloa a su medida. La Universidad Complutense de Madrid, mientras tanto, ha rechazado publicar el expediente académico de la presidenta de Madrid. Los madrileños no debemos perder el tiempo especulando sobre la mediocridad de sus notas, sí sobre su empeño en cargarse todo lo público, también las universidades, ya que lo público es su único ámbito de gestión. Por primera vez, se percibe que Ayuso puede caer. Su futuro depende, como siempre, de los madrileños.

Hace unos meses, en abril de este año, Isabel Díaz Ayuso utilizó a un cargo público de Presidencia para buscar piso en Chamberí, tal y como contó elDiario.es en exclusiva. La presidenta se valió de la ayuda del jefe de despacho de la Secretaría de Presidencia para concertar visitas a un inmueble e incluso negociar el precio de compra. Pero no es el único caso en el que la líder madrileña ha tirado de figuras públicas para cuestiones privadas. Otras polémicas como el chalé con piscina comprado por su gobierno del que puede disfrutar o la defensa a ultranza de su jefe de gabinete a su pareja, Alberto González Amador, después de que este defraudara a Hacienda, han llevado a Ayuso a tener que responder a preguntas incómodas sobre su relación con las instituciones.

No son pocas las veces en las que la líder madrileña se ha quejado de tener que dar explicaciones sobre aspectos de su vida privada, como aquellos relacionados con su novio, a quien tanto ella como su equipo se refieren como un “ciudadano particular”, que defraudó a Hacienda mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla. El escándalo que rodeó al fraude fiscal por el que acabó condenado el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se amplificó por otra información, también publicada en 2024 por elDiario.es: Ayuso y su pareja vivían en un piso de un millón de euros que él compró después de defraudar al erario público. El inmueble estaba ubicado en la zona de Chamberí y González Amador dio entonces de entrada 350.000 euros. Después se conoció que en realidad no era un piso, sino dos, uno encima del otro. El segundo se trataba de un ático por el que su fiscalista pagó 950.000 euros, por el que González Amador desembolsaba 5.000 euros de alquiler y que luego compró. En total, los dos inmuebles, que ahora el empresario ha decidido poner en venta, costaron 1,8 millones de euros.

Solo un día después de la publicación del fraude al fisco de González Amador, la líder madrileña salió en defensa de su pareja. Desde el atril oficial, en la rueda de prensa que se da posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, negó los hechos y se presentó como víctima de una “persecución política escandalosa”: “Mi pareja no está en ninguna trama, está sufriendo una investigación salvaje de Hacienda sacada de quicio que se ha orquestado para dañarme a mí”.

Un jefe de gabinete para defender a la presidenta

Pero Ayuso no solo se ha servido de los medios de la Comunidad de Madrid para defenderse de las acusaciones en torno a González Amador. También lleva tiempo utilizando a uno de los pesos pesados de su gobierno: su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Después de que elDiario.es publicase la exclusiva sobre González Amador, fue el jefe de gabinete de la presidenta quien difundió una supuesta propuesta de negociación de la Fiscalía a la pareja de Ayuso que nunca se había producido y dijo que había “órdenes de arriba” para frenar dicho pacto, que tampoco se habían dado. “No es información, pero tengo el pelo blanco”, dijo durante su declaración en el Tribunal Supremo, donde reconoció cómo difundió un correo del fiscal que investigó a González Amador e intentó quitar importancia a sus amenazas a este periódico.

No es el único ejemplo de Rodríguez defendiendo a González Amador. En mayo tuvo que declarar en el juzgado en un caso en el que se investigaban delitos de revelación de secretos por difundir la identidad de dos periodistas que habían acudido a las inmediaciones de su domicilio para investigar su caso de fraude fiscal y la compra del piso que compartía con la presidenta madrileña. La jueza, finalmente, archivó la causa.

El uso de un cargo público para negociar la compra de un piso

Hace unos meses, en abril de este año, elDiario.es publicó en exclusiva que Ayuso había estado buscando un piso para comprar en Chamberí, el mismo barrio en el que residía con su pareja hasta ahora y donde también vive su madre en una casa familiar, muy cerca de donde la Comunidad de Madrid adquirió el polémico ático de lujo de 6,3 millones de euros que iba a utilizarse para “reuniones” y que finalmente será puesto en venta por 6,69 millones. Para ello utilizó a un cargo público de Presidencia, el jefe de despacho de la Secretaría de Presidencia, Álvaro Sanz. Él fue el encargado de hacer los contactos y concertar las visitas, además de participar en la negociación del precio de compra.

Según confirmó este periódico, fue Sanz quien contactó con la propiedad de un piso de unos 100 metros cuadrados que se anunciaba en Idealista y concertó dos citas para visitarlo. La presidenta acudió el 1 de diciembre de 2025 con sus escoltas a verlo en persona y hubo una segunda visita a la que la presidenta acudió con su pareja. El piso estaba para reformar y tenía un precio de 850.000 euros en la plataforma.

Sanz es secretario de Ayuso desde 2019 y está contratado como personal eventual. Es un cargo de confianza de la presidenta, pero no es funcionario. Entre sus funciones están el “control y coordinación de la agenda de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Coordinación y organización de viajes. Recepción de visitas y atención al público, tanto telefónica como presencial. Despacho y gestión de correspondencia y correos electrónicos. Y en general, labores propias de jefatura de secretaría de presidencia”.

El chalé con piscina comprado por la Comunidad de Madrid

Otro episodio que despertó dudas salió a la luz el pasado verano. Se conoció entonces que Ayuso disfruta de un chalé con piscina en Rascafría, un pueblo en la sierra de Madrid, propiedad de la Comunidad con suite, dos plantas y piscina, comprado por el Ejecutivo regional en 2023, según adelantó El País.

La baronesa del PP pasó allí un fin de semana con su familia. Cuando la polémica estalló, decidió atacar al Gobierno de Pedro Sánchez para justificar el uso del chalé y asegurar que había pasado “dos días con el tupper de casa”. “He estado dos días en una casa de la que ahora vamos a dar explicaciones del consejero y yo. Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán, con mis medios”, dijo entonces para defenderse de las críticas.

Las imágenes publicadas por la agencia inmobiliaria que puso en venta la finca permitió entonces hacerse a la idea de cómo era el chalé, descrito por algunas personas que lo vieron por dentro como un “casoplón” pero que el Partido Popular aseguró que era “muy austero”.

La luz verde para la operación de compra del terreno y de la vivienda se dio porque la Consejería de Medio Ambiente consideró que “dadas las características de los terrenos (...)” resultaba “conveniente proceder al ejercicio del derecho de adquisición preferente para su incorporación al patrimonio” de la región. El Gobierno de Ayuso pudo paralizar el acuerdo de compraventa que ya existía entre particulares al aplicar una ley de preservación ambiental, por la cual dejaron por escrito que las construcciones e infraestructuras del terreno serían “destinadas al servicio del monte en el que se ubican”.

¿La reacción de su gobierno? Desde Presidencia defendieron que la vivienda “se puede usar”, que era la primera vez que se disfrutaba de ella y lanzaron críticas contra Pedro Sánchez: “Es un uso permitido, muy austero, no digamos nada con La Mareta (en Lanzarote) o Quintos de Mora (en Toledo)”.

Meses más tarde, el cariz de privacidad del chalet pareció cambiar. Fuentes de la Comunidad de Madrid confirmaron que la casa podía volver a ser usada tanto por la presidenta como por sus consejeros aunque esta vez no de forma personal, sino cuando estuviesen “de guardia” en el trabajo, aunque los altos cargos como el de Ayuso y su equipo de gobierno no están vinculados a horarios y no tienen guardias como tal.

La polémica por los viajes de la presidenta

La oposición lleva tiempo cuestionando la necesidad de los viajes, especialmente los internacionales, de la presidenta regional. Si se echa la vista atrás se puede observar cómo no es raro que el cumpleaños de Ayuso coincida con algún viaje oficial al extranjero, como fue el caso del viaje a Texas de 2025, que incluyó la asistencia al Gran Premio de las Américas de F1 y la firma de contratos menores. En una tecnológica a la que visitó incluso le cantaron el “cumpleaños feliz”, con tarta incluida.

Pero las escapadas también coinciden a veces con situaciones complicadas para la baronesa del PP. Un ejemplo es su viaje a Ecuador de 2025, que se solapó con la fecha en la que su pareja estaba citada como investigada por corrupción de negocios. Ese día, la presidenta no pudo estar en la Asamblea de Madrid porque fue a Quito para “estrechar lazos con Hispanoamérica”.

Desde el comienzo de su mandato, Ayuso ha visitado un total de 14 países en viajes institucionales. Sin embargo, fuera de lo que se podría considerar como un viaje de trabajo, los destinos son más. Algunos de ellos están también en el portal de Transparencia, a pesar de no ser oficiales y a través de la reserva de la sala de autoridades, tal y como adelantó la Cadena Ser, cuando Alberto González Amador intentó desgravarse los gastos de las vacaciones que disfrutaron juntos en 2021.

Estas semanas, al escándalo del ático se han sumado las críticas por otro de sus viajes, el de México del pasado mes de mayo, que terminó de forma abrupta entre acusaciones al gobierno de Claudia Sheinbaum. El motivo es que, después de meses sin conocer exactamente cuánto había costado al erario público, finalmente el Gobierno de Ayuso ha declarado que la presidenta gastó unos 600 euros en los días de su visita, que corresponden a la reserva de la sala de autoridades del aeropuerto. 600 euros frente a los casi 15.000 que suman otros tres cargos públicos que también fueron al país americano esos días y que recientemente han actualizado sus hojas de gasto en el portal de Transparencia.

Una visita que contó con el apoyo de la presidenta al musical del empresario y compositor Nacho Cano, 'Malinche', que también representa en Madrid desde 2022.

Ha pasado ya más de una semana desde que saltase el último escándalo en Sol y ya empieza a pesar dentro del equipo de la líder madrileña, que lleva días sin agenda oficial, a pesar de haber aparecido en actos relacionados con la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios. La compra de un ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid en abril por 6,3 millones de euros en el distrito de Chamberí, muy cerca de la casa familiar de la presidenta, que iba a ser utilizado para “reuniones” oficiales mientras durasen unas obras en la Real Casa de Correos, ha llevado a la oposición no solo a pedir explicaciones públicamente, sino también a tomar acciones legales ante lo que consideran que puede ser un caso de “prevaricación y malversación”.

Este jueves, el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, trataba de pasar página apuntando hacia la “izquierda y la ultraizquierda” por buscar “fantasmas”. Por su parte, Ayuso ha negado en repetidas ocasiones que el ático fuese para uso personal. Este mismo viernes, ante preguntas de la prensa en uno de esos pueblos, se preguntaba por qué estos “no preguntan por la gente afectada” por los fuegos o por las medidas que está tomando su Ejecutivo.

En sus explicaciones, el consejero al que Ayuso señaló alegando que era Presidencia quien podría dar todos los detalles de la operación, añadió que “lo que no se dice es que Madrid no tiene residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros”. La intención es vender esa propiedad, que no puede utilizarse como oficinas ni tampoco como residencia oficial, por 6,69 millones de euros junto a otro inmueble de la empresa pública Planifica Madrid, que se encargó de la operación, situado en Gran Vía. El anuncio se ha publicado en el portal de contrataciones este mismo viernes por la tarde.

En medio del torbellino de informaciones que se han ido sucediendo en los últimos días, un juzgado ha decidido situar al borde del banquillo a otro cargo público del PP, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por la presunta filtración de informes policiales para vincular a personas migrantes con delincuencia después de unas polémicas declaraciones que hizo Ayuso en 2024. Según el auto, la alcaldesa del PP aseguró que había que “salvar a la jefa”.

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El polémico ático de lujo en Chamberí comprado a hurtadillas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y cuya venta el Ejecutivo regional ha anunciado un día después de destaparse la operación está en manos de la empresa pública Planifica Madrid. En la transacción se exigió a la parte vendedora de ese inmueble la firma de un acuerdo de confidencialidad con carácter previo incluso a la visita del piso, explican fuentes conocedoras del proceso. El inmueble, según aseguró Isabel Díaz Ayuso el miércoles, iba a destinarse a “reuniones”, pese a que no puede convertirse en oficinas. Y ahora volverá al sobrecalentado mercado inmobiliario madrileño.

Desconocida hasta ahora para el gran público, Planifica Madrid, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta, no informó del importe de la transacción, formalizada hace meses. La entidad es un medio propio de la Administración madrileña. Y canalizar una operación así a través de esta figura, al ser un negocio privado de una sociedad mercantil, reduce notablemente los controles: se esquivan trámites como la valoración técnica previa del inmueble y el informe jurídico de un funcionario que valide la transacción. Tampoco es necesaria, por ejemplo, la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, ni un crédito presupuestario con cargo a las cuentas autonómicas.

Los controles a posteriori son también menores: la operación no la fiscaliza la Intervención autonómica, sino, por un lado, los auditores de cuentas de la sociedad (en este caso, una pequeña firma con sede en Marbella, Brainstorming Audit, que según su web trabaja de forma “100 % online y sin oficinas físicas”) y, por otro, la Cámara de Cuentas autonómica. Este último es el organismo en el que Ayuso colocó en 2024 como presidente al socialista Joaquín Leguina.

El último informe de ese órgano fiscalizador “Sobre la rendición de cuentas y la relación de los convenios del sector público madrileño”, correspondiente a 2024, refleja que Planifica Madrid estuvo entre las entidades que enviaron sus cuentas “fuera de plazo”, situación que ya se produjo en 2022. Esas cuentas tuvieron salvedades hasta 2023. Las de 2025 reflejan que la empresa, con unos 81 empleados, cerró el ejercicio con activos de 427 millones de euros. Su cifra de negocios fue de 26,4 millones. 16,1 millones procedieron de la venta de una parcela en Meco; 9,7 millones, del arrendamiento de inmuebles.

En 2023, último ejercicio del que tiene disponible el detalle de esa información en el apartado de Transparencia de su web, Planifica Madrid tenía alquilados a diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid seis inmuebles en la capital por los que ingresó 8,5 millones en rentas. También ingresó cerca de un millón por alquilar activos a terceros.

Planifica Madrid es la heredera de Nuevo Arpegio, la empresa de suelo que el Gobierno de Cristina Cifuentes decidió liquidar en 2016 para integrarla en otra entidad pública, Obras de Madrid, tras el estallido del escándalo de corrupción conocido como caso Púnica. En él fue clave Arpegio, que en tiempos de Esperanza Aguirre sirvió para desviar millones de euros públicos destinados a obras y planes regionales de suelo hacia empresas de la trama.

A finales de 2022, cuando adoptó su actual denominación, Planifica Madrid fue presentada como la empresa pública que gestiona el suelo de la Comunidad de Madrid, aunque entre sus principales actividades está también la “compraventa, rehabilitación y arrendamiento de inmuebles de su propiedad para uso administrativo”, tal y como recoge en sus cuentas.

La normativa encomienda a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda “la búsqueda, selección y adecuación de los inmuebles para su arrendamiento o adquisición a fin de albergar la actividad de la Administración de la Comunidad de Madrid”, tal y como explica en su web el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Se desconoce si esta entidad ha participado en la selección del famoso ático.

Pagar la “reconstrucción”

Hasta 2023 Planifica Madrid dependía de la Consejería de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid. En julio de 2023 fue adscrita a la Consejería de Presidencia, cuyo titular, Miguel Ángel García, ejerce como presidente de la empresa y es también el portavoz del Gobierno de Ayuso.

García fue el encargado de anunciar este jueves, en una visita a la zona afectada por el desastre de los incendios de la Sierra Oeste de Madrid, que ha “dado instrucciones” a Planifica Madrid para enajenar el ya famoso ático, junto a otros activos. Entre ellos, un inmueble en plena Gran Vía con una superficie mayor que ese ático y que el Ejecutivo regional lleva casi un año intentando vender. El portavoz de Ayuso confió en ingresar 20 millones de euros con esas ventas de inmuebles, que afirmó se destinarán a la “reconstrucción” de la Sierra Oeste tras la mayor catástrofe medioambiental de la historia de la región.

La compra del ático debió ser aprobada presumiblemente por el consejo de administración de Planifica Madrid, cuyo consejero delegado es Pedro Corbalán, arquitecto y exconcejal del PP de Guadarrama, dato que omite su biografía oficial en la web de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

En las elecciones generales de julio de 2023, cuando todavía presidía el PP de esa localidad serrana, Corbalán figuró en el número 31 en las listas de Alberto Núñez Feijóo al Congreso de los Diputados. Entre los consejeros de Planifica Madrid está también Ramón Cubián, director general de Suelo de la Viceconsejería de Medio Ambiente y portavoz del PP de Alcobendas, donde fue concejal de Urbanismo y Vivienda hasta 2019.

En los últimos años, Planifica Madrid ha comprado puntualmente algún inmueble, como Velintonia, la casa del Nobel Vicente Aleixandre, que adquirió en una subasta judicial en 2025 para convertir el inmueble en una casa-museo de la poesía.

Pero se dedica principalmente a “la gestión y mantenimiento de los edificios propios y la gestión y comercialización de los suelos que la empresa tiene en cartera tanto finalista como suelo por desarrollar, así como la gestión de los Consorcios Urbanísticos que tiene encomendados”, como explica en sus últimos presupuestos.

En ellos indica que se encarga también de “la ejecución de las actuaciones procedentes de encargos de distintas consejerías en relación con las obras de interés general, tanto las procedentes de las distintas consejerías como de aquellos encargos recibidos para la ejecución del Programa de Inversiones de la Comunidad de Madrid”. Entre los que tiene en curso está la rehabilitación de la Plaza de Toros de las Ventas.

La compra de este ático de lujo no estaba ni mucho menos contemplada en esos presupuestos, que prevén construir varios parques de bomberos en diversos municipios madrileños, un aparcamiento disuasorio en Torrelodones, un polideportivo en El Escorial, un matadero en Colmenar Viejo o una residencia para mayores en Garganta de los Montes, entre otras actuaciones.

El ático que Planifica Madrid ha adquirido y que ahora va a tener que vender se ubica en la última planta de un edificio en el Paseo del General Martínez Campos, en una de las zonas más caras de Madrid. A escasos metros está la vivienda cuya nuda propiedad Ayuso recibió en 2011 de sus padres (su madre vive allí), poco después de que su empresa familiar pidiera un crédito a la entidad semipública Avalmadrid que nunca devolvió, lo que dejó ese activo fuera del alcance de los acreedores para un posible embargo, en el primer episodio de una larga lista de enredos inmobiliarios.

El ático, con casi 500 metros cuadrados (de ellos, 200 de terraza), está valorado en varios millones de euros. En esa zona, una de las más caras y exclusivas de la capital, el metro cuadrado ronda los 9.000 euros, según el portal Idealista. La compra, según avanzó El País, se escrituró el 14 de abril.

elDiario.es reveló hace tres meses que Ayuso utilizó a su jefe de despacho en Presidencia para interesarse por la compra de un piso de 850.000 euros y 100 metros cuadrados en otro lugar distinto del mismo distrito de Chamberí. La presidenta madrileña llegó a visitar ese inmueble entre diciembre y enero de este año junto a su pareja. El comisionista Alberto González Amador, pendiente de juicio por los delitos fiscales que llegó a reconocer por escrito su abogado, compró un ático en 2022 también en Chamberí tras defraudar presuntamente más de 350.000 euros a Hacienda.

Recientemente, y tras la compra de ese ático por Planifica Madrid con dinero público, González Amador ha puesto en venta el inmueble que compró en la planta inferior, donde vive con Ayuso y que adquirió en 2022, tras defraudar supuestamente a Hacienda después de disparar sus ingresos por dos vías: gracias a los encargos extra que le hizo el grupo sanitario Quirón, su principal cliente, a partir de 2021, y a una operación de venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, en 2020, que propició un directivo del gigante de la sanidad privada, transacción por la que obtuvo dos millones de euros y por la que está siendo investigado por presunta corrupción en los negocios.

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Una “okupación” de un espacio que supera las 200 hectáreas, casi el doble de las que posee el parque del Retiro, en plena Casa de Campo. Con ese término describe la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, la situación administrativa que permite la continuidad del Real Club de Campo Villa de Madrid con su actual modelo. La líder de la oposición viene denunciando de manera reiterada que los actuales gestores del entorno, un puntal de la jet set y de ciertos sectores cercanos al Partido Popular, se aprovechan de una concesión caducada desde 2025.

El enorme recinto deportivo se erige sobre suelo público, pero su explotación corre a cargo de un grupo privado de socios en la actualidad. Maestre explica en declaraciones a los medios el origen de esta cesión y una controvertida actuación posterior para exponer la anómala coyuntura legal que rige sobre el espacio: “Según el acuerdo del pleno municipal adoptado en 1991, las instalaciones del club debían volver a manos del Ayuntamiento el 31 de diciembre de 2025, revirtiendo a la ciudad y todos los madrileños. Sin embargo, a las puertas de las elecciones municipales de 2003 y con José María Álvarez del Manzano como alcalde, el propio club decidió por iniciativa propia alargar su concesión nueve años más, hasta 2034. Lo hizo sin contar para ello con el refrendo del pleno, al que correspondía legalmente la decisión”.

“El propio Ayuntamiento nos ha confirmado que el Club de Campo Villa de Madrid está okupando los terrenos públicos municipales, ya que la concesión municipal para su uso venció el pasado 31 de diciembre de 2025. Desde el pasado 1 de enero sus instalaciones, que son suelo público y patrimonio de todos los madrileños, están siendo usadas por los socios sin ningún título ni ninguna autorización que lo ampare. Por ello, exigimos al alcalde que termine con esta situación y recupere este patrimonio público para abrirlo como equipamiento deportivo a todas las vecinas y vecinos”, reclama la concejala.

La edil fue un paso más allá en un mensaje publicado a través de BlueSky: “La concesión de los terrenos municipales para que los amiguitos de la jet set del PP hagan hípica y jueguen al golf lleva meses caducadas. Con razón ven okupas por todas partes. Exigimos al alcalde que rescate inmediatamente las instalaciones”. Por las instalaciones del Real Club de Campo Villa de Madrid pasan asiduamente o han acudido de forma ocasional personalidades como la infanta Elena, Cayetano Martínez de Irujo, Carlos Alcaraz o Marta Ortega.

El Club y el Ayuntamiento sostienen que lo que ha caducado no es la concesión

Desde el Real Club de Campo Villa de Madrid aseveran en declaraciones a este medio que el ente “no tiene caducada su concesión como empresa mixta”. Y explica: “La convalidación del pleno municipal en 1991 solo fue necesaria por darse una situación especial en la vida de la sociedad, la incorporación al accionariado como accionista con el 24,5% de las acciones de Patrimonio del Estado. Únicamente por ese motivo se llevó al pleno la cesión de acciones, que debía ser autorizadas por el titular de las acciones tipo A (el Ayuntamiento), según el artículo 6 de los Estatutos, incluyéndose en el cambio estatutario la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025”. Es ese traspaso en parte de la titularidad del accionariado, sostienen, lo que estaría prescrito desde el 1 de enero.

“La prórroga de la concesión hasta el año 2034 que se hizo en el año 2003, por los tres accionistas de la sociedad mixta, no se llevó al pleno del Ayuntamiento por no existir ninguna circunstancia excepcional como la anteriormente descrita, siendo una facultad ordinaria de los tres accionistas conforme está recogido en sus estatutos fundacionales. Dado que la sociedad mixta se constituyó en el año 1984, la duración máxima de la sociedad mixta se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2034, fecha en que se cumplirán los 50 años establecidos legalmente”, exponen.

Desde el Ejecutivo de Cibeles desmienten las acusaciones del partido de Rita Maestre. En la Junta de Gobierno del pasado 16 de julio, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz desechó la acusación de “escándalo mayúsculo” al asegurar que “[Maestre] no se ha estudiado correctamente la estructura societaria y los acuerdos vinculados al Club de Campo”. Así, la número dos del Consistorio respaldó las explicaciones del Club de Campo y recordó que “la entidad se creó en los años ochenta con la participación del Ayuntamiento de Madrid y la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, que aportó unos terrenos que tenía arrendados a Patrimonio del Estado [organismo adscrito al Ministerio de Hacienda]”.

“Patrimonio del Estado se incorporó como tercer socio y pasó a estar representado en el Consejo de Administración del Club de Campo tras firmar un acuerdo con la Hípica relacionado con esos terrenos. Es ese acuerdo entre Patrimonio del Estado y la Hípica el que ha caducado y cuya continuidad están negociando ambas partes”, apuntó Sanz, para luego apostillar que las reclamaciones de Más Madrid deberían dirigirse al ente de Hacienda y no al Ayuntamiento. Lo cierto es que la inauguración del Club de Campo en 1931 vino a raíz de un acuerdo entre Patrimonio del Estado y la por entonces conocida como Sociedad Deportiva Club de Campo, pero esta agrupación fue extinguida en 1984 y sustituida por la entidad vigente en estos momentos. Cuenta con alrededor de 34.000 miembros.

Sanz ha solicitado en cualquier caso a Más Madrid “un poquito de rigor” y ha defendido que, antes de formular una crítica, la oposición “debe estudiar el asunto”. Asimismo, echó en cara Más Madrid que cuestione ahora la gestión de las instalaciones cuando el Gobierno de Manuela Carmena no adoptó “una sola medida distinta de las que ahora se están llevando a cabo”.

Más Madrid alerta de otras irregularidades

Más Madrid venía denunciando ya irregularidades en el club, cuyo Consejo de Administración preside el propio José Luis Martínez-Almeida: “La gestión de nuevos socios es opaca. La lista de espera lleva bloqueada 20 años, mientras el total de miembros crece por la vía de parentesco con los socios ya inscritos. Por tanto, una institución que desarrolla su actividad en suelo público municipal funciona como un coto privado para una minoría privilegiada”. Maestre avanzó que su formación ha exigido ya “una auditoría”.

El Club de Campo acoge uno de los eventos en los que más dinero gasta el equipo de Almeida en lo que tiene que ver con patrocinios deportivos. El pasado año, el Consistorio destinó 3.630.000 euros en un contrato privado de patrocinio del Open de España de Golf. La subvención aumentó significativamente con respecto a la de años anteriores, debido a un nuevo convenio que se alarga hasta 2030.

La otra parte firmante, la compañía Madrid Trophy Promotion, organiza también el Open de Tenis, otro de los eventos deportivos que más dinero público recibe en la capital. En total, el Ayuntamiento de Madrid gastó en 2024 más de 17 millones de euros (impuestos no incluidos) en patrocinar este tipo de torneos, unas cantidades muy superiores a las que dedica cada año al deporte base.

La magistrada Marta Hernández Lafuente, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero, ha rechazado los recursos presentados por la acusación popular del PSOE contra su decisión de archivar el caso de corrupción contra la número 3 de Ayuso en el PP de Madrid, Ana Millán. En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, Hernández Lafuernte despacha el recurso de los socialistas sin detenerse a contradecir los argumentos presentados por la acusación popular y ciñéndose a que “las alegaciones efectuadas por la recurrente no desvirtúan la legalidad de la resolución impugnada”.

El recurso de los socialistas era de reforma, ante la propia magistrada, y de apelación, ante la Audiencia Provincial en caso de que esta lo rechazara, así que ahora el caso queda en manos de los jueces de la segunda instancia.

Marta Hernández Lafuente es la última de los siete instructores que ha tenido el caso de corrupción de Ana Millán y archivó el caso en marzo al considerar que “no ha quedado acreditada la existencia de indicios racionales de comisión” de los cuatro delitos que le atribuyeron la Fiscalía, los anteriores jueces del caso, las acusaciones populares y la Unidad Central Operativa (UCO). Hernández Lafuente no solo archivó el caso sino que, en una afirmación del todo inusual, recordó que los “perjudicados”–Millán y el empresario Francisco Roselló– podían ejercer ahora “acciones civiles”.

Las acusaciones populares recurrieron –Más Madrid también ejerce esta figura– la decisión de archivo de la jueza, que estuvo apoyada por la Fiscalía después de que el Ministerio Público que había liderado las acusaciones contra la ex alcaldesa de Arroyomolinos durante años cambiara radicamente de opinión.

En el año 2008, recuperaba el recurso del PSOE, “la investigada alquiló su ático a un precio del doble de mercado a una empresa del señor Roselló [el empresario imputado], su pareja empezó a trabajar para una empresa del señor Roselló, su hermana también empezó a trabajar. para otra empresa del señor Roselló, y la investigada ingresó en efectivo cantidades significativas de dinero no declarado en sus cuentas corrientes”.

“Todo lo anterior –prosigue– se da en el año que el señor Reselló empezó a trabajar con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y se mantienen todos esos pagos mientras hay adjudicaciones de cientos de miles de euros hasta que se terminan los contratos a favor del señor Roselló y sus empresas. No es una anecdótica coincidencia, sino un cúmulo de no coincidencias, siendo, además, técnicas habituales par el cobro de dádivas en este tipo de delitos”. “Los indicios son demoledores”, apostillaba.

Ahora, la magistrada vuelve sobre sus argumentos para archivar el caso: “En virtud de las razones ya expuestas en el auto recurrido y que por economía procesal no se vuelven a reproducir, y de conformidad con la argumentación contenida en el informe del Ministerio Fiscal es por lo que procede mantener la resolucion de sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones”.

Hernández Lafuente insiste igualmente en su decisión de archivar sin llamar a declarar al marido de Ana Millán, responsable de los ingresos en metálico de origen desconocido que encontró la UCO, otro de los actores impulsores de la investigación. Tampoco considera necesario llamar a declarar a la testigo que presenciaba los contactos entre Ana Millán y el empresario investigado.

Producciones Malinche SL está en quiebra, pero la música que produjo sigue sonando en España. La obra ideada por Nacho Cano y que desarrolló durante tres temporadas en Madrid evolucionó hacia un formato sinfónico hace año y medio y desde entonces se ha representado en hasta cuatro escenarios bajo contratos públicos, siempre en lugares donde gobierna el Partido Popular.

El nombre del espectáculo es Malinche Symphonic, definido como “un formato innovador que fusiona la fuerza de una gran orquesta sinfónica, la energía de una banda de rock y las voces de los protagonistas que dieron vida a este relato histórico”. La primera de sus actuaciones registradas fue el 8 de enero del año 2025 en el Teatro Cervantes de Málaga. El ayuntamiento de la ciudad andaluza lo contrató mediante adjudicación directa, sin competencia, por 42.350 euros, impuestos incluidos. Lo hizo a través de Málaga Procultura, la empresa municipal dedicada a la programación de espectáculos culturales. Sus boletos, además, se pusieron a la venta con precios entre los 15 y los 45 euros.

El segundo evento de este tipo llegó el 28 de junio de 2025, con el musical ya quebrado en Madrid. Lo programó la Junta de Extremadura dentro de la oferta de la Fundación Extremeña de la Cultura Extremestiza, una iniciativa que promueve “la diversidad cultural y la fusión de expresiones artísticas contemporáneas con raíces tradicionales”. El contrato público que lo cubrió fue mayor que el de Málaga, 66.550 euros por el mismo espectáculo, aunque en este caso la entrada era gratuita.

El propio Nacho Cano acudió el pasado mes de junio, un año después de este concierto, a apoyar explícitamente esta iniciativa del Gobierno de María Guardiola. La entonces recién reelegida presidenta extremeña centró el acto en reivindicar la figura de Hernán Cortés, asegurando que sobre el conquistador extremeño se han vertido “falsedades”. “Ni América ni México serían hoy lo que son sin su huella y su legado”, aseveraba Guardiola en la misma línea que la sostenida por Isabel Díaz Ayuso, que busca un revisionismo histórico sobre las matanzas perpetradas por el conquistador al otro lado del Atlántico. Fuentes del gobierno extremeño aclaran que este encuentro no fue motivado por ningún segundo contrato y solo se cubrieron las dietas del desplazamiento y alojamiento hasta Medellín, el municipio de Badajoz que acogió el acto.

El tercero de los contratos de Malinche Symphonic llegó el 11 de octubre del año pasado en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, donde su ayuntamiento programó el espectáculo para la apertura del Teatro Mira, la jornada anterior al Día de la Hispanidad. En este caso dedicó 38.115 euros del presupuesto municipal a su contratación, aunque puso el precio de 30 euros para la asistencia a la sesión.

El cuarto y, hasta el momento, último contrato público de la sinfonía de Malinche tuvo lugar el pasado mes de febrero en Salamanca, donde el Patronato de su Fundación para la Ciudad de la Cultura y Saberes gastó 84.700 euros en la función. Las entradas se pusieron a la venta por un precio de entre 20 y 25 euros. El consistorio salmantino defendió esta programación asegurando que “tanto Malinche, el musical como Malinche Symphonic comparten una misma visión: preservar, celebrar y proyectar las expresiones culturales a través de la música, entendida como un lenguaje universal capaz de conectar historias, identidades y tradiciones de dos continentes. Ambos proyectos convierten la música en un puente entre culturas, un amplificador de la memoria colectiva y un espacio de encuentro entre pasado y presente”.

Una empresa aparte que también gestiona sinfonías de Mecano

Las sinfonías del musical sobre Hernán Cortés no se gestionan a través de Producciones Malinche SL, la empresa montada por Nacho Cano que fue declarada en quiebra y acumula 6,2 millones de deudas. La explotación de los derechos de esta adaptación es de Tempo Rubato SL, empresa creada a finales de 2023 y que también ofrece el espectáculo Mecano Symphonic, con el mismo concepto, pero interpretando los temas del popular grupo de música pop del que formó parte Nacho Cano.

Según información del propio espectáculo, que lleva recaudados 231.715 euros (IVA incluido) en contratos públicos, la propuesta musical y el concepto artístico están diseñados por Sasha Alexander Pantchenko, director y arreglista de Malinche, a partir de la música original de Nacho Cano, e interpretados por la Orquesta Sinfónica Malinche. Los arreglos y orquestaciones adicionales han sido realizados por Peter Hope, José Luis Colmenares y el propio Sasha Alexander Pantchenko.

Aunque en los documentos públicos de la empresa no consta el nombre de Nacho Cano, el productor promociona sus actuaciones en las propias redes sociales del espectáculo, como hizo el pasado verano para promocionar otras actuaciones en Úbeda y Estepona, esta vez sin que figuren contratos públicos asociados. El vídeo, que estaba disponible en este enlace, ha sido suprimido después de la publicación de esta información. El propio Cano ha aparecido en interpretaciones del Malinche Synphonic, como la que tuvo lugar en Zaragoza a principios de 2025, y definía como “excepcional” la orquestación en el siguiente vídeo.

El cierre de la empresa con la que Nacho Cano gestionaba Malinche en España dejó un importante agujero económico en las cuentas públicas. Entre los acreedores se encuentra Ifema, consorcio semipúblico al que debe casi un millón de euros, parte de este montante a consecuencia del desmontaje que la empresa no quiso asumir pese a los requerimientos de la entidad. También adeuda 238.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social.

El cierre de Malinche en España se produjo el 2 de marzo de 2025, a consecuencia de que Ifema necesitaba los más de 4.000 metros cuadrados que ocupaba para construir el circuito de Fórmula 1, que pasa por los terrenos que ocupaba la carpa. Esta salida se produjo en medio de una considerable caída de espectadores. La disolución efectiva de la compañía se producía el 5 de marzo de 2025, un día después del registro en Florida de la nueva empresa que miraba a abrir un negocio similar en México y con el que lleva celebradas 438 funciones.

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“¿Cómo puede ser tan dócil ante los episodios de acoso sexual en la Moncloa?”. Esa fue la pregunta que Isabel Díaz Ayuso lanzó al PSOE cuando, tras la investigación de elDiario.es, se destapó que varias mujeres habían acusado a Francisco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez, de “comportamientos inadecuados” cuando era su jefe. Esas duras críticas contrastan ahora con el silencio tras la imputación del alcalde de Móstoles por acoso sexual y laboral. A pesar del caso y de la reacción en otras situaciones que afectan a los partidos de la oposición, el PP de Madrid continúa con su apoyo cerrado a Manuel Bautista.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, al ser preguntada por si seguía manteniendo su apoyo a Bautista después que la jueza rechazara su intento de cerrar la investigación, respondía así este mismo mes: “Sí. Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”. Faltaban solo unos días para que la jueza decidiera imputar al regidor dos años después de la denuncia de la que fue su compañera.

En febrero de 2024, la entonces concejala en el Ayuntamiento que sigue dirigiendo Manuel Bautista denunció de forma interna al alcalde, según destapó El País. La exedil se dirigió en una carta al gabinete de la presidenta regional para pedirle que la recibiera: “Desde mayo de 2023 llevo sufriendo una discriminación muy grave que no ha cesado y se está incrementando. Me gustaría poder mantener una reunión contigo para que conozcas la situación y puedas mediar para que no tengan que intervenir otros organismos”. Ayuso decidió mantener una reunión, pero no aceptó recibir a la denunciante, sino al alcalde de Móstoles, con quien se vio cinco días después.

Desde entonces, Ayuso no se ha reunido con la denunciante, aunque una semana después de esa primera denuncia interna dos personas de la dirección del partido y del círculo más cercano a la presidenta se vieron con ella: Alfonso Serrano —el secretario general del partido en Madrid que pronunció la polémica frase de “¿y tú cómo ligas?”, dirigiéndose a un periodista que le preguntó por Bautista— y Ana Millán, quienes la presionaron para que no denunciara. “Protegerte es no hacer nada”, le llegó a decir Ana Millán. “Es un caso fabricado contra el Partido Popular”, llegó a decir Ayuso en la Asamblea de Vallecas cuando saltó el caso.

El apoyo público y privado a Manuel Bautista ha sido constante a pesar de que, paso a paso, la causa ha ido avanzando en el juzgado hasta llegar a la imputación del primer edil a principios de esta semana. ¿La respuesta del PP de Ayuso? De nuevo, respaldo total. Preguntado por si Bautista debía dimitir, Alfonso Serrano respondía el lunes con otra pregunta, sobre si debía dimitir el presidente Pedro Sánchez. La baronesa por ahora no se ha vuelto a pronunciar en público sobre el tema.

“¿Qué se puede esperar del trato que le han dado a las mujeres?”

“Viendo los gustos de los socialistas que están yendo a prisión, ¿a quién van a poner al frente del PSOE, a Rocco Siffredi? ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué se puede esperar del trato que le han dado a las mujeres, si lo hacen así con sus compañeras, cómo no lo van a hacer con mi vida personal?”. Esas fueron las declaraciones de Ayuso durante un pleno en la Asamblea en diciembre de 2025 cuando saltó el caso contra Salazar, quien fue apartado después de que salieran a la luz las acusaciones de varias mujeres, que denunciaron a través de los cauces internos del partido.

Desde el PSOE critican ese doble rasero. “Cargan las tintas cuando son casos del PSOE” pero ahora “siguen defendiéndole a capa y espada, no ha habido ningún reproche”, aseguran fuentes socialistas de Madrid, que recuerda que el PP dio por cerrado el expediente que abrieron contra Bautista, aunque el portavoz del partido a nivel nacional, Borja Sémper, esta semana se escudaba en que el expediente seguía abierto: “Ha resurgido mágicamente”, critican dichas fuentes, que se preguntan desde “qué protocolo” se actúa, ya que el PP no tiene un protocolo contra el acoso sexual.

“Qué pena haber luchado para que las mujeres lleguen a puestos de poder para que una machista haya llegado ahí”, señalan los socialistas en conversación telefónica.

Pero las críticas por casos de acoso no solo se han producido con la investigación contra Francisco Salazar. Anteriormente ocurrió algo similar con el caso Íñigo Errejón, tras las acusaciones contra el portavoz de Sumar. “Nos enfrentan a hombres y mujeres, se practican las persecuciones sin garantías legales y mientras se han callado tantos casos de acoso. Se practica una doble moral dependiendo de quién es el agresor”, dijo la líder autonómica en octubre de 2024. En ese año también criticó que las acusaciones contra Errejón se hayan “estado ocultando” pese a venir de “mucho tiempo atrás”.

En un acto junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, lamentó que tanto Errejón como “muchos dirigentes de su formación y socios” han estado haciendo “bandera de feminismo” pero “están involucrados con todo tipo de causas, que tienen que ver siempre con violencias contra la mujer”.

Durante las declaraciones de Ayuso a principios de este mes, la presidenta adelantó que no iba a apartar a Bautista: “No voy a aplicarle la justicia de autor a una persona que he puesto ahí para que gobierno como lo está haciendo”. Las fuentes del PSOE apuntan a que el motivo por el que Ayuso no prescinde de él es que es su apuesta personal: “Por encima de las mujeres están ella y sus amigos”, aseguran. “Le va a defender hasta el final”, añaden.

La jueza del juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha imputado al alcalde de la localidad, Manuel Bautista, del PP, denunciado por una exconcejala por acoso sexual y laboral. Según ha adelantado El País, Bautista tendrá que comparecer ante el juzgado el próximo 9 de octubre, día en el que también tendrán que declarar cinco testigos.

La imputación llega días después de que la jueza rechazara archivar la causa tal y como pedía el regidor del PP. La magistrada entiende que las acusaciones que pesan sobre él son “claramente constitutivos de ilícito penal” a falta de una investigación completa. Además la exconcejala acudió recientemente al juzgado que estudia el caso para ratificar su querella contra Bautista.

La antigua edil del PP en la localidad madrileña de Móstoles abandonó la formación y su puesto en el consistorio en octubre de 2024. Según denunció en los juzgados un año después, fue sometida a acoso laboral por parte del alcalde después de rechazar mantener una relación íntima con él, un acoso sexual que según su relato se convirtió en acoso laboral hasta su salida de la corporación y del partido.

En esos meses también intentó hacer llegar la situación hasta Isabel Díaz Ayuso pero se encontró con que sus colaboradores, tal y como demuestran distintas grabaciones, contestaron con acusaciones de haber filtrado información del caso al PSOE.

Un juzgado de violencia sobre la mujer de Móstoles aceptó investigar el caso y su primera diligencia fue llamar a declarar a la exconcejala y solicitar que ratificara su querella, algo que hizo durante unas tres horas. En paralelo, la defensa de Manuel Bautista presentó un recurso contra la admisión a trámite y la apertura de diligencias penales contra él, algo que se encontró el pasado 1 de julio con la decisión del juzgado de seguir adelante con el caso para “determinar las responsabilidades y perjuicios ocasionados”.

Tras conocer que se mantenía la investigación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió mantener su apoyo cerrado a Bautista. “Sí. Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”, dijo, ese mismo 1 de julio.

La Comunidad de Madrid va a reconocer administrativamente al embrión como un integrante más de la unidad familiar. La Asamblea regional aprobó la semana pasada la denominada ley del concebido no nacido, la iniciativa estrella impulsada por Isabel Díaz Ayuso. Y Miguel Ángel Rodríguez decidió explicar la norma en X dejando clarísimo todo su matiz ideológico. Según escribió, en cuanto concluye la fecundación —incluso “antes de ducharse”, precisó con rigor bioético—, lo que existe en el vientre de una mujer ya es una persona con derechos. Esa es, añadió, “la revolución frente a la cultura woke e izquierdista”.

Las mujeres somos seres fecundados y duchados, en ese preciso orden y no otro. El mensaje no parece solo una nueva boutade provocadora del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Detrás del tuit asoma una estrategia política que en Estados Unidos ya ha alcanzado cotas mucho más ambiciosas como las de atribuir personalidad jurídica plena al embrión o al feto. Bajo el concepto de fetal personhood, distintos estados han impulsado iniciativas destinadas a reconocer a los óvulos fecundados derechos constitucionales equivalentes a los de cualquier persona.

En 2018, Alabama se convirtió en el primer Estado en consagrar una cláusula sobre la personalidad jurídica del feto en su constitución estatal, con consecuencias muy profundas en cuanto a la vigilancia y control draconiano de las mujeres embarazadas. La norma no implica únicamente prohibir el aborto de facto, también restringe potencialmente determinados métodos anticonceptivos, complica el tratamiento jurídico de los abortos espontáneos, pone bajo sospecha técnicas de reproducción asistida e introduce restricciones sobre la autonomía de las mujeres durante el embarazo.

Y, como ocurre a menudo con las construcciones jurídicas maximalistas, sus efectos pueden extenderse a ámbitos completamente inesperados. En Missouri, donde existe una legislación especialmente amplia sobre la personalidad jurídica del feto, condenados por delitos de abuso sexual infantil llegaron a sostener ante los tribunales que la edad de sus víctimas debía calcularse desde la concepción y no desde el nacimiento. Si ese argumento hubiera prosperado, las víctimas serían jurídicamente nueve meses mayores y algunos acusados podrían haber obtenido ventajas procesales. Los jueces rechazaron esa interpretación, pero la simple posibilidad dejó al descubierto cómo una formulación de este tipo puede acabar siendo utilizada con fines que no estaban en la mente del legislador.

No hay nada del fetal personhood en la ley madrileña. La norma aquí se limita a anticipar el acceso a determinadas ayudas públicas desde que el embarazo pueda acreditarse, pero cuando Miguel Ángel Rodríguez decide envolver la medida en el lenguaje de la guerra cultural y convertirla en una declaración sobre cuándo empieza la vida o cuándo existe una persona con derechos, resulta inevitable pensar que su objetivo va más allá.

Una vez reguladas las ayudas post-fecundación, algún día convendría que legislaran sobre conciliación, climatización de las aulas, plazas en escuelas infantiles públicas o la carencia de 44 pediatras en la Comunidad de Madrid, según los cálculos de los propios sindicatos sanitarios. Llamadme peligrosa woke, pero tal vez los niños y las mujeres importen más que un cigoto unicelular, aunque esté recién duchado.

La operación Púnica de corrupción ligada al Partido Popular ha tardado más de una década en convertirse en una sentencia. Más de 200 folios describen una red de “clientelismo político e intercambio de favores” basada en el dominio total que el PP de Esperanza Aguirre ejercía en Madrid en esos años, ejecutado a través de la “posición de poder político” de Francisco Granados y su capacidad para hacer y deshacer en su propio interés y el de su partido. La empresa Waiter Music consiguió más de 10 millones de euros en adjudicaciones públicas para organizar fiestas y eventos en todo el sur de Madrid a cambio de pagar muchas cosas: desde fiestas privadas en casa de políticos hasta cierres de campaña del PP en el Palacio de los Deportes.

La Audiencia Nacional puso en marcha la operación Púnica en octubre de 2014. Decenas de agentes de la Guardia Civil entraron en ayuntamientos de todo el sur de la región y se llevaron detenidos a alcaldes, concejales, altos cargos y empresarios. Y el nombre de un municipio por encima de todos. El epicentro de la trama: Valdemoro. Era donde Francisco Granados había sido alcalde, donde decenas de contratos públicos estaban bajo sospecha y donde el PP gobernaba sin oposición desde 1999. Se trataba de uno de los grandes feudos de la derecha en el sur de la región donde los de Aguirre solían celebrar pomposos actos de campaña con los primeros espadas del partido a nivel nacional.

Que el nombre de Granados —regidor del municipio entre 1999 y 2003 antes de dar el salto a la Comunidad de Madrid— estuviera a la cabeza de la lista de imputados no fue una sorpresa. El otrora hombre fuerte de Esperanza Aguirre y carismático consejero había dejado su escaño en el Senado medio año antes, cuando trascendió que había tenido una cuenta bancaria en Suiza. Las diligencias que entonces llevaba el juez Eloy Velasco, sustituido más tarde por Manuel García-Castellón, demostraron que esa cuenta fue el origen de sus problemas, pero no el mayor de ellos.

La Púnica tuvo media docena de ramificaciones y algunas de ellas han tardado más de una década en llegar a juicio. La última ha sido la que tiene que ver con Waiter Music: la empresa de Aranjuez que dominó durante una década la organización de fiestas patronales, carnavales, cabalgatas y cualquier tipo de eventos allí donde gobernaba el PP y donde Francisco Granados tenía un hilo del que tirar. Como mano derecha de Esperanza Aguirre, tal y como describe la Justicia, siempre tenía un hilo del que tirar.

José Luis Huerta fue uno de los primeros detenidos en declarar ante el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional en octubre de 2014. En su primera comparecencia ante el juez explicó que había conocido a Granados cuando era alcalde y él un empleado de una empresa de eventos. Montó Waiter Music en 2004 y la organización de las fiestas de Valdemoro le abrió las puertas de otros muchos municipios. Ese día sacó pecho de su trabajo: “La discoteca móvil la inventé yo”. Y negó con vehemencia haber amañado concursos públicos o agasajado a políticos a cambio de obtenerlos: “Nunca en la vida, eso lo he llevado por bandera y en la profesión se me distingue por eso”.

Cuatro años después José Luis Huerta volvió a la Audiencia Nacional para reconocer lo que ahora declara probado una sentencia. Que su cercanía a Francisco Granados y al PP le introdujo en ayuntamientos del tamaño de Valdemoro, Móstoles o Algete y también de otros más pequeños como Ciempozuelos, Chinchón, Torrejón de Velasco, San Martín de la Vega y Moraleja de Enmedio. Más de 15 millones de euros en organización de eventos, la mitad salidos de las arcas del pueblo que había gobernado Francisco Granados. Que no fueron, en muchas ocasiones, a cambio de nada. El empresario de Waiter Music falleció en 2020, pero su confesión retumbó en el juicio y figura en la sentencia. Tuvo que hacer “servicios extras” para mantener el favor de Granados y el PP.

Mítines, comuniones y copas navideñas

La contabilidad de José Luis Huerta era un galimatías de números rojos, números verdes y columnas difícil de desentrañar si uno busca una lista normal de contratos públicos adjudicados y cobrados o pendientes de cobro. Waiter Music tenía el privilegio de obtener adjudicaciones a dedo, tener sobrecostes de decenas de miles de euros y de presentar empresas del mismo dueño cuando hacían falta tres candidatos para vestir el fraude. Pero también pagaba un peaje al PP y sus políticos a cambio, y a veces ese dinero era a fondo perdido. “Con toda su cara”, dijo en su confesión de 2018 el empresario Huerta para simbolizar que muchas veces no se le pagaba.

La sentencia declara probado que la empresa de José Luis Huertas, tal y como confesó él mismo, gastó miles de euros en regalos y gastos personales a políticos del PP. En 2008, según la sentencia, pagó 68.000 euros por una fiesta posterior a la comunión de la hija de Francisco Granados a la que, según el propio empresario, acudió la propia Esperanza Aguirre. La sentencia tiene incluso fotos de la comunión de un hijo de la alcaldesa de Algete, también sufragada por el empresario. Una fiesta de cumpleaños del entonces consejero de la Comunidad de Madrid. Bolsos. Pero el gran beneficiario no fue Granados ni sus colaboradores. Fue el Partido Popular.

Waiter Music estuvo años organizando y pagando mítines, reuniones, fiestas y encuentros del Partido Popular en distintos puntos de la Comunidad de Madrid donde gobernaba. Años en los que Esperanza Aguirre, felizmente olvidado el 'tamayazo', encadenaba mayorías absolutas y se dedicaba a inaugurar hospitales y paradas de Metro mientras Mariano Rajoy se hacía con las riendas del PP nacional y José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba en la Moncloa. Según la sentencia, la mano de la Púnica estuvo detrás de algunos de los grandes mítines del PP de esa época.

La sentencia menciona el cierre de campaña de las elecciones municipales y autonómicas que el PP celebró en el Palacio de los Deportes en mayo de 2007. Con Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón dando paso a la holgada mayoría absoluta de la 'lideresa' con el acompañamiento musical de las Azúcar Moreno. También el mitin celebrado en Valdemoro que, un año después, metió en la campaña de las generales de 2008 a José María Aznar. Ese día un enardecido Francisco Granados arengó al público con improperios al doctor Luis Montes y Aznar, que cumplía cuatro años fuera de la Moncloa, se lanzó contra Zapatero, instando a ganar sin “hacer chorradas con la ceja”.

La sentencia menciona más peajes 'populares' con los que Waiter Music potenció los actos del PP por toda la región. “Multitud de eventos” en Valdemoro, pero también una lista larga de “extras” en Ciempozuelos, donde gobernaba la condenada María Ángeles Herrera. Allí Waiter Music montó eventos del partido e incluso un mitin de 2008 donde se entregó una medalla a Rodrigo Rato, que con los años pasaría por la cárcel. En Móstoles, localidad de más de 200.000 habitantes, los jueces también hablan de un “elenco de irregularidades” en la contratación de Waiter Music “favoreciendo el desvío de dinero público y destinándolo al pago de eventos privados organizados por el Partido Popular” y su grupo en la localidad en las elecciones autonómicas de 2011.

No todos los contratos adjudicados a Waiter Music son considerados delictivos y no todos los políticos encausados han terminado condenados. Junto con Francisco Granados y sus sucesores al frente de la alcaldía de Valdemoro (José Miguel Moreno y José Carlos Boza) son condenados los regidores de Ciempozuelos y Moraleja de Enmedio, pero otros son absueltos, como es el caso de los dos exalcaldes de Móstoles encausados. En su caso no hay pruebas de que ellos gestionaran de forma directa la contratación de Waiter Music. En una ciudad como Móstoles, dice la Audiencia Nacional, llegar a ese nivel de irregularidades “debía de contar con el conocimiento y autorización de autoridades, funcionarios públicos municipales e integrantes del Grupo Municipal Popular de Móstoles, que promovieron, facilitaron y autorizaron este tipo de prácticas”.

Dos tramas en el Madrid de Aguirre

Las fechas de la sentencia conocida esta semana, y que todavía es recurrible, revelan una cosa: que la Púnica y la Gürtel convivieron en paz y armonía en distintas zonas de Madrid y con distintas familias del PP durante varios años. Mientras los de Francisco Correa parasitaban los ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey de la mano de sus alcaldes, la Púnica conquistaba ayuntamientos del sur de la mano de Francisco Granados. Todo mientras Esperanza Aguirre conquistaba la Puerta del Sol y empezaba su fulgurante ascenso hasta la consideración de lideresa con unos mítines organizados por las tramas corruptas. Porque si algo une a la Gürtel y la Púnica, además de los contratos amañados y las comisiones, es la organización de actos de Esperanza Aguirre como moneda de cambio.

La resolución de la Audiencia Nacional zanja con una condena de dos años de cárcel la participación de David Erguido, entonces concejal de Aranjuez, pero “hombre de confianza” de Granados como asesor en la consejería que, con el tiempo, se convirtió en un dolor de cabeza para el PP nacional. Tuvo que dejar su escaño en el Senado tras ser imputado en la Púnica y se mantuvo como diputado regional del PP de Isabel Díaz Ayuso en Vallecas hasta su desaparición de las listas del partido para las autonómicas de 2021.

Erguido llevaba desde 2010 en la Asamblea de Madrid, donde entró en sustitución del hoy también condenado Alfredo Prada, y según la sentencia maniobró como concejal de Algete para que Waiter Music fuera contratada. Pero también obtuvo un beneficio para sí mismo. Waiter Music le organizó un evento en marzo de 2008 en el campo de golf del Canal de Isabel II, con la intervención de “cuatro mariachis” y con un coste de 1.800 euros “pendiente de liquidar con dinero público”. El mismo campo de golf que levantó Esperanza Aguirre en 2007 en Chamberí, que fue declarado ilegal por los tribunales y demolido y cuya adjudicación será juzgada como parte del caso de corrupción Lezo.

Muy por encima de Erguido, la sentencia otorga un papel protagonista a Francisco Granados en el ascenso y caída de Waiter Music y su papel como organizador de eventos de cabecera del PP de diversos municipios. Él tenía una “capacidad real de influencia” en Valdemoro, primero como alcalde y después como consejero de Aguirre, aunque no tuviera voz ni voto oficial en las contrataciones de su antiguo ayuntamiento. Pero sí tenía una “posición de poder político”. También con respecto a la Comunidad de Madrid. La Audiencia Nacional no le condena por todas las acusaciones que se vertieron sobre él, pero mantiene que usó su poder para que la Fundación Arpegio, salida de una empresa pública dependiente del gobierno regional, financiase con dinero público el concierto 'Night of the Proms' del que se había encaprichado y que organizó Waiter Music en el Palacio de los Deportes.

Esta no es la primera sentencia madrileña del caso Púnica. Francisco Granados ya fue condenado por el chivatazo que recibió de un guardia civil y que casi da al traste con la operación, y varios alcaldes han sido condenados por aliarse con el empresario David Marjaliza y contratar de forma irregular a Cofely para gestionar la eficiencia energética de sus municipios. Pero Granados todavía tiene un juicio relevante en el horizonte. Por las adjudicaciones supuestamente irregulares de suelo público desde la empresa regional Arpegio —la de la Fundación del concierto Nigh of the Proms— y de obras de construcción de Metro, una de las grandes promesas electorales de Esperanza Aguirre en esos años.

Aguirre, sus campañas y algunos de sus juramentos políticos son el telón de fondo de muchas de las piezas separadas del caso Púnica. Además del juicio pendiente por estas adjudicaciones, la Audiencia Nacional tiene en cola enjuiciar a Granados y al entonces gerente del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez, por delitos electorales en la financiación de la campaña del partido de 2011. La principal beneficiada, Esperanza Aguirre, no está en la lista de los acusados porque según el juez Manuel García-Castellón no hay pruebas de que “tuviera conocimiento” de la existencia de una caja B en el seno de su propio partido.

La sentencia conocida esta semana añade una capa de pintura al cuadro de corrupción de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre y su Partido Popular. Políticos que facilitaban contratos públicos a cambio de organizar actos del partido pero también fiestas y comuniones para el bolsillo propio. Una trama Púnica cuya verdad judicial no ha hecho más que empezar con varios juicios por delante en los que la financiación de los grandes éxitos electorales de Esperanza Aguirre estará, una vez más, bajo la lupa sin la lideresa en el banquillo.

“Cuesta casi dos Zendales por legislatura”. Así justificó en 2021 Isabel Díaz Ayuso la aprobación de la ley de Telemadrid que le permitió tumbar a la dirección de entonces. Al año siguiente, en 2022, el PP de Ayuso llevó a cabo una nueva reforma definitiva para hacerse con el control total de la televisión autonómica. Ahora, tras cuatro años de aplicación de la norma, la mayoría absoluta del partido vuelve a pasar su rodillo en la Asamblea de Madrid para aprobar la nueva Carta Básica de la radio y televisión públicas madrileñas, que suprime órganos de control y transparencia y que tendrá una vigencia de ocho años. El movimiento se produce justo en el mismo mes que la Justicia ha reprochado a Ayuso la forma en que se aprobó la ley de 2022: por lectura única y sin posibilidad de enmiendas.

El nuevo documento elimina tres órganos de participación profesional, ciudadana y de transparencia: el Consejo de Redacción, de la Oficina de Participación del Espectador y el Consejo Asesor. El anterior texto, que todavía se puede consultar en la web de Telemadrid, fue aprobado en 2017 con el visto bueno de los partidos de la Asamblea regional y bajo el mandato de Cristina Cifuentes. En esa época fue nombrado como director general José Pablo López, que ahora preside RTVE tras su destitución. En ese texto se dedicaba un capítulo a los órganos de participación, asesoramiento y control dentro del grupo.

La Oficina de Participación del Espectador es el órgano que vela por el derecho de la sociedad madrileña a participar de ella e impulsa la transparencia y el autocontrol mientras que el Consejo de Redacción vela por la independencia, veracidad y calidad de contenidos y está formado por trabajadores de la televisión pública; el Consejo Asesor, el otro órgano suprimido, se encarga de asesorar al Consejo de Administración y emite un informe sobre los principios de programación, la programación en procesos electorales o el pluralismo democrático, entre otros valores.

Ahora, según se establece en el texto recientemente aprobado por la Asamblea de Vallecas, esos tres órganos desaparecen y sus funciones recaerán sobre el Consejo de Administración y el Director General.

Sindicatos como UGT critican los cambios. En declaraciones a elDiario.es, el sindicato denuncia que cuestiones como la independencia se demuestran “con herramientas y con contrapesos”. Por lo que, al eliminar estos órganos, lo que se hace es “quitarle a la ciudadanía y a los propios profesionales la capacidad de vigilar la gestión diaria”. También los partidos de la oposición han afeado el nuevo documento, incluido Vox, que criticó en la Asamblea de Vallecas que ahora Ayuso “se asegura el control absoluto de Telemadrid”.

Profesionales de la información

La nueva Carta Básica integra también otros cambios. En el texto anterior, se establecía de forma explícita que los servicios informativos “sean conformados por profesionales de la información”, mientras que ahora se establece un ligero cambio: “Los servicios informativos serán conformados preferentemente por profesionales de la información”.

Se trata de una leve modificación, pero para UGT esto supone “quedarse a la intemperie”. “El profesional se queda solo frente a la dirección de turno”, critican, además de asegurar que ahora se “abre la puerta de par en par para que se contrate a cualquier persona sin la titulación ni el código deontológico de la profesión”.

Inclusión de la tauromaquia

La tauromaquia entra, las referencias al colectivo LGTBIQ+ se quedan fuera. En el documento de 2019 no había ninguna referencia a la tauromaquia, pero ahora la apuesta de la cadena pública, que duplicó en 2025 su presupuesto para emitir toros, queda reflejada de forma explícita: “Apoyará y promocionará las creaciones y expresiones artísticas y culturales como la música, la danza, el teatro, la literatura, la arquitectura, el cine, la tauromaquia y la ciencia, entre otros”, recogen en cuanto a las funciones de servicio público.

Por contrapartida, se quedan fuera referencias explícitas a ciertos colectivos. Esto es lo que se podía leer en la Carta Básica de 2019: “Huirá de todo tipo de tópicos y estereotipos que promuevan el sexismo, la LGTBifobia, la xenofobia o el racismo. Evitará cualquier tratamiento despectivo referido a cada uno de los colectivos y grupos, mayoritarios o minoritarios, que conforman la sociedad madrileña, al conjunto de la misma, o a otras comunidades y países, y llevando a cabo acciones sistemáticas en favor de la igualdad”.

Además, en otro apartado se puede leer que el “compromiso con la igualdad se extenderá a cualquier colectivo susceptible de exclusión”: “LGTBi, tercera edad, personas con discapacidad, población gitana, inmigrantes, refugiados, excluidos sociales, etc.”, además de hacer referencias explícitas a la “violencia de género”, que ahora se sustituye por “violencia contra la mujer”.

Ya no hay menciones explícitas al colectivo LGTBIQ+ y el párrafo queda reducido a lo siguiente: “En la programación no se incluirá, en ningún caso, contenidos que atenten contra los valores cívicos, que inciten a la violencia, especialmente la violencia contra la mujer y al suicidio, o que normalicen actitudes nocivas como el sexismo, la xenofobia, el racismo o la homofobia, entre otras”.

En este sentido, las críticas vienen por parte de UGT pero también de la oposición. Desde el sindicato consideran que “un medio público tiene que parecerse a la sociedad que lo financia, no a las obsesiones ideológicas de quien gobierna”.

“Así es como se borran las minorías”, opinó el PSOE de Madrid durante el debate de la Carta Básica en la Asamblea regional. “La desinformación es el peor enemigo de las democracias y ustedes son cómplices”, aseguró el diputado Horacio Díez. A pesar de las críticas y las enmiendas presentadas por toda la oposición de Más Madrid, PSOE y Vox, el PP de Ayuso aplicó su mayoría absoluta el pasado mes de junio y acabó dando el visto bueno al nuevo texto.

El reproche de la justicia

La aprobación de la nueva Carta Básica de Radio Televisión se ha producido el mismo mes en que el Tribunal Constitucional ha reprochado al PP de Ayuso la aprobación de la ley de Telemadrid de 2022. La reforma de la ley de 2015 se aprobó por la vía de urgencia en la Asamblea sin debate ni enmiendas y ahora el Constitucional ha estimado el recurso de amparo interpuesto por el PSOE al considerar que el procedimiento vulnera el derecho fundamental de los diputados y diputadas.

Ya en marzo, el Constitucional censuró el procedimiento, y ahora se vuelve a pronunciar en este sentido. En junio de 2022, el entonces secretario general del PSOE-M y portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, adelantó que su grupo había registrado un recurso a la reforma por considerar que su tramitación se llevó a cabo de “forma absolutamente opaca”. “Pretenden controlar de forma absolutista Telemadrid y ponerla al servicio de la presidenta”, dijo entonces Lobato. Sin embargo, ninguna de las dos decisiones judiciales supone cambio alguno para la reforma de Telemadrid.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la secretaria de organización del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, critica que “el PP y Ayuso han hecho de Telemadrid su cortijo particular”: “La degradación a la que han llevado a la televisión pública ha sido dos veces señalada por el Constitucional. Los socialistas volveremos a llevar todo aquello que va contra la independencia de las televisiones públicas”, en este caso, al Tribunal Constitucional.

En rueda de prensa, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, aseguró que no había “nada nuevo” con la sentencia y que seguía la misma línea que la anterior de marzo. “Es una cuestión ajena al Gobierno y es ajena a la tramitación de esa ley porque se tramitó con el reglamento que en ese momento estaba en vigor”, aseguró.

“El gran cambio de estos años ha sido la fórmula para elegir al Director General. Al permitir que salga adelante por mayoría absoluta en segunda vuelta, el partido en el Gobierno ya no necesita sentarse a negociar con nadie. No hay consenso; hay imposición”, lamentan desde UGT, que no descartan recuperar los “viernes negros” a la vuelta del verano si “la dirección no rectifica el rumbo”.

Los plenos broncos en la Asamblea de Madrid han pasado de ser la excepción a convertirse cada vez más en la norma. No son raras ya las salidas de tono, las expulsiones o los exabruptos de los diputados y consejeros, o los choques de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con la oposición. Con el pleno extraordinario de este jueves se acabó este período de sesiones, que deja un curso parlamentario repleto de frases incendiarias en los debates de diferentes temas: desde el caso de la pareja de Ayuso a la inmigración o el aborto. De “importar pobreza masiva” a “váyanse a otro lado a abortar”.

El año parlamentario en la Asamblea de Vallecas se divide en dos períodos de sesiones: el primero, que va de septiembre a diciembre y suele arrancar con el Debate del Estado de la Región, y el segundo, que va de febrero a junio. Este año excepcionalmente se ha alargado un poco más con el último pleno extraordinario celebrado este jueves para aprobar la ley que reconoce al embrión como miembro de la unidad familiar, conocida como la ley del “concebido no nacido”, y una de las grandes apuestas del Gobierno de Ayuso.

“Váyanse a otro lado a abortar”

El periodo de sesiones arrancó con un pleno de broncas que vaticinaba lo que iba a ser el resto de sesiones parlamentarias hasta verano. En octubre, fue la propia Ayuso quien calificó esa sesión de un pleno de “hooligans”, por dos temas principales: la flotilla de la libertad a Gaza y el registro de objetores al aborto. Dos ejes, Gaza y el aborto, que marcaron el inicio del curso durante meses.

Durante el debate sobre el registro de objetores del aborto, la presidenta autonómica cargó contra este, a pesar de que la ley obliga a las comunidades a llevar este seguimiento. “No voy a hacer una lista negra de médicos nunca”, comenzó Ayuso, que acusó al Gobierno central de que “desde que llegaron” en España “un millón de personas” habían abortado. “En la mayoría de los casos se podía evitar”, continuó Ayuso entre aplausos de la bancada del PP y con críticas a la oposición por “poca humanidad”. “No se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o no practicarlo. ¿Les parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar”, añadió.

“Son unos tristes”

El mes de febrero comenzó con la polémica de fondo por la denuncia contra el alcalde de Móstoles de una exconcejala de su propio partido, que le acusa de acoso sexual y laboral. Al comienzo del periodo, esta demanda centró el debate de la sesión de control a Ayuso, con PSOE y Más Madrid acusando a la presidenta autonómica de “proteger” a Manuel Bautista después de que la presidenta no recibiera siquiera a la exedil después de que esta denunciara el presunto acoso.

¿La respuesta de Ayuso? ETA y ataques a la oposición. “Hablando de víctimas, me gustaría recordar a las del señor [el miembro de ETA] Txeroki que ustedes han puesto en la calle”, le dijo a la portavoz socialista, Mar Espinar. “Son unos frustrados que no admiten que el pueblo de Madrid no les quiere, ni España entera”, añadió, además de pedir a Espinar que no se comportara “como si estuviese en una taberna de puerto”.

Además, Ayuso, sin entrar en el caso del alcalde de Móstoles, acusó a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, de centrar el discurso en “ataques personales”. “Son unos tristes y unos frustrados”, añadió durante su intervención.

“¿También está mal?”

Pero febrero también estuvo salpicado por otra polémica. La conocida como “crisis de los Pocholos” que comenzó tras la destitución del consejero de Educación, Emilio Viciana, y la posterior dimisión de dos altos cargos de su departamento y tres diputados del PP en la Asamblea —todos del grupo denominado como Los Pocholos—, y que se cerró con la toma de posesión de tres nuevos diputados.

Después de que la crisis sacudiera internamente a la presidenta autonómica, le salpicó también durante el pleno de la Asamblea con una nueva bronca, especialmente por las posibles consecuencias que podría tener el cisma en las políticas educativas. Tanto es así que Bergerot aseguró que la caída de Viciana no se debía a la ley de educación, sino a las denuncias que presentó en la fiscalía sobre el caso de la FP. Ayuso respondió: “Si iba tan mal la educación y doy un cambio, ¿también está mal? Aclárense un poco, sea coherente”.

Además, la presidenta comparó a sus cargos cesados con los que la izquierda “trae a la política”: “Acróbatas a caballo, quemacajeros, personas que gestionaban saunas, porteros de puticlub y saltimbanquis”.

“Le persigue la izquierda”

Después de que imputaran a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta autonómica, por la filtración de datos personales de dos periodistas —cuya causa finalmente ha sido archivada—, el PSOE acusó al máximo hombre de confianza de Ayuso de convertir a Madrid en una “región sin ley”.

La respuesta de ella fue asegurar que a “MAR (sic) no le persigue la justicia, le persigue la izquierda”. “Son ustedes los que están detrás de todas las acusaciones contra mi equipo y mi entorno para hacer daño, por eso las pierden todas”, afirmó.

“Obras, saunas, escuchas y cloacas”

Otro de los puntos calientes en cuanto a discusiones en el pleno es el caso de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, así como las relaciones del Gobierno regional con el grupo Quirón. En abril, volvió a ser motivo de choque: mientras la presidenta defendía las relaciones de su gobierno con el gigante sanitario, Mar Espinar le reprochaba el nuevo contrato para que Quirón gestione el laboratorio central. Ayuso respondió aludiendo al caso del exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel recientemente.

“¿Y tienen todavía la caradura de hablarnos de corrupción esta semana ustedes? Obras, saunas, escuchas, cloacas, y eso sí, siempre con la conveniencia del presidente del Gobierno, porque se lo debe todo al señor Ábalos, el dos de su partido, el que organizaba su partido, el que traía los sobres, el que organizaba absolutamente todo”, dijo en el pleno. “Trabajan ustedes menos que miss Asturias”, lanzó Ayuso.

En el mismo mes, pero en otro pleno, la oposición criticó a Ayuso por el uso de su jefe de despacho para negociar la compra de un piso. “Por las mañanas les tiene tapando los chanchullos de su novio y por las tardes aumentando su patrimonio. Hay que ver lo que le está dando de sí Quirón”, ironizaba la portavoz socialista, mientras Manuela Bergerot exigía a la presidenta que aclarara si su nueva casa estará “a su nombre”.

“Importan pobreza masiva”

Una de las últimas broncas en el parlamento regional vino con motivo de la visita del Papa a la capital. Durante los días previos y posteriores, la oposición acusó al Gobierno autonómico de hipocresía, ya que el pontífice se había mostrado a favor en diferentes ocasiones de los derechos para las personas migrantes, mientras Ayuso trataba de paralizar la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. “¿Le ha dicho que intenta boicotear la regularización de migrantes?”, le preguntó la oposición. “Usted es servil con el fuerte, pero es una despiadada como no hay otra con el débil”, aseguró Espinar.

Aunque tras la intervención de la portavoz de Vox, Isabel Moñino, Ayuso hablaba de que “gracias a los inmigrantes” iban a poder construir “viviendas”, entre otras cosas, luego el tono cambiaba para acusar al Gobierno central de aplicar una supuesta “estafa electoral” —de la que no ha dejado de hablar a lo largo de este mes— para modificar el censo e intentar “importar pobreza masiva”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado que mantienen su apoyo a Manuel Bautista, el alcalde de Móstoles denunciado por acoso sexual y laboral por una exconcejala del municipio. “Sí. Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”, ha asegurado.

Ayuso ha respondido así a la pregunta de elDiario.es después de que la jueza que investiga el caso rechazara el intento del alcalde de cerrar la investigación. La magistrada entiende ahora que las acusaciones de acoso laboral y sexual avalan mantener abierta la causa.

“Está trabajando todos los días para sus vecinos y para cumplir su programa electoral. Vamos, que no voy a aplicarle la justicia de autor a una persona que he puesto ahí para que gobierno como lo está haciendo”, ha añadido la presidenta autonómica durante un encuentro informativo organizado por el Club Siglo XXI en la capital madrileña.

El regidor del PP había pedido el pasado 23 de junio que se archivara la querella, rebajándola a “discrepancias personales”. En un escrito al que tuvo acceso elDiario.es, su defensa argumentaba que los hechos denunciados por la exedil serían “”como máximo percepciones subjetivas, malentendidos relacionales o valoraciones ex post“.

La exconcejala de Móstoles  denunció a Bautista de forma interna por un presunto caso de acoso sexual en 2024. Según el relato de la denunciante, este supuesto caso de acoso sexual derivó en otro presunto caso de acoso laboral. La exedil se reunió entonces con diferentes dirigentes del PP de Madrid como Alfonso Serrano o Ana Millán, aunque Isabel Díaz Ayuso no acudió a ninguna de estas reuniones y no recibió a la exconcejala. A quien sí recibió la presidenta de la Comunidad de Madrid fue al alcalde solo cinco días después de recibir por escrito la denuncia interna.

Quince años y un mes después de que Madrid Network, una asociación auspiciada por Esperanza Aguirre, recibiese un macropréstamo público cuyos impagos han abierto en el presupuesto regional un agujero de más de 70 millones de euros, el secreto con que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue blindando a esa entidad ha movilizado a la oposición. El lunes, el PSOE registró en la Asamblea de Madrid una nueva iniciativa para crear una comisión de investigación sobre la opaca Madrid Network. Anclado en el reciente veto de Ayuso a difundir un informe jurídico clave sobre qué debería hacer la Comunidad si la asociación convertía los impagos en una constante, como en efecto ocurrió, este es el tercer intento en un solo año para que la Cámara madrileña levante el velo que cubre a la opaca Madrid Network.

Salvo viraje inesperado, todo apunta a que, como en las dos ocasiones anteriores –julio de 2025, fecha de la solicitud del PSOE; y octubre de ese mismo ejercicio, cuando lo pidió Más Madrid–, también ahora la mayoría absoluta del PP impedirá que la Asamblea investigue la urdimbre que Madrid Network mantiene oculta con ayuda del Ejecutivo.

Oficialmente, siempre ha sido una entidad privada a la que pertenecía la Comunidad de Madrid hasta que en septiembre de 2025 comunicó que la abandonaba. Al no haber estado declarada en ningún momento como de “interés público” pese al enorme importe del dinero público gestionado, Madrid Network nunca ha depositado sus cuentas en el Registro de Asociaciones.

Empresas beneficiarias que desaparecieron del mapa

Pese a su carácter privado, cuando el Gobierno de Aguirre le transfirió en mayo de 2011 los 80 millones que, con origen en el Ministerio de Ciencia, iban destinados a financiar proyectos empresariales de I+D+i, Madrid Network seguía presidida por el entonces consejero de Hacienda de Madrid, Antonio Beteta. Entre 2008 y 2011, la asociación pagó a la empresa de Cristóbal Montoro, Equipo Económico, 1,8 millones por trabajos aún desconocidos. Beteta se incorporó en diciembre de 2011 como secretario de Estado al equipo del Ministerio de Hacienda que dirigía Montoro. Para entonces, Isabel Díaz Ayuso ya había dejado de trabajar para el departamento de prensa de Madrid Network: fue en 2011 cuando entró como diputada en la Asamblea de Madrid.

Entre aquellas empresas y otras entidades beneficiarias de algunos de los 47 préstamos concedidos por Madrid Network y que nunca devolvieron el dinero obtenido figuran tres directamente vinculadas a dos antiguos altos cargos del Gobierno madrileño: Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad; e Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González, sucesor de Esperanza Aguirre. Este último sí ha empezado ahora a devolverlo.

Hasta la fecha, no ha habido ninguna investigación parlamentaria ni judicial sobre las circunstancias que rodean al reparto y seguimiento de esos fondos públicos que acabaron en distintos casos en manos de empresas recién constituidas y que luego desaparecieron del mapa sin siquiera presentar cuentas en ningún ejercicio.

El informe jurídico cuya difusión mantiene bloqueada el Gobierno de Ayuso desde que en 2022 solicitó su entrega la Cadena Ser en aplicación de la Ley de Transparencia fue elaborado por el bufete Uría Menéndez. Encargado por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes en la recta final de su mandato, el informe había de indicar “cómo debería proceder la Comunidad de Madrid” para “asegurar sus legítimos intereses” en caso de impagos para la devolución de los 80 millones traspasados en 2011. Cuando el equipo de Cifuentes puso en marcha aquel contrato -finales de 2017-, la Administración madrileña ya tenía datos suficientes sobre cómo buena parte de las 47 empresas receptoras de préstamos se habían disuelto y carecían de bienes con valor suficiente para compensar lo adeudado a Madrid Network. Dónde fue a parar el dinero sigue siendo, a día de hoy, un misterio.

En abril, el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) tumbó el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid en 2022 contra la resolución del Consejo de Transparencia favorable a entregar el informe de Uría Menéndez. Ahora, la Comunidad de Madrid ha disparado un último cartucho: recurrir la sentencia del TSJM ante el Tribunal Supremo como ya hizo con una anterior, aquella que la obligaba a divulgar las memorias anuales de Madrid Network. En aquel caso, el Supremo ni siquiera admitió a trámite el recurso de casación.

¿Pero hay demandas pendientes?

De momento, al margen de los recursos contra la difusión de documentos relativos a Madrid Network y pese a que el PP habla, de forma confusa y sin precisión, de “demandas” pendientes, no hay datos que permitan afirmar la Comunidad de Madrid ha emprendido alguna acción judicial contra la asociación para exigirle que devuelva de un préstamo que ya le ha costado al menos 70 millones al erario regional. ¿Por qué? Porque cada año, el Gobierno madrileño ha entregado al Ministerio de Ciencia las cuotas pactadas. Al no recibir de Madrid Network las cuotas pactadas en el convenio rector del macropréstamo de 2011, el Ejecutivo ha tenido que detraerlo de otras partidas presupuestarias. El convenio que sustenta desde hace 15 años aquel macropréstamo permitía a la Comunidad de Madrid rescindirlo antes del plazo previsto –2027– en caso de impagos. Tal rescisión no se ha producido.

La última cifra oficial sobre el calibre del agujero causado por los impagos de Madrid Network figura en el informe general de la Cámara de Cuentas sobre 2024: el órgano fiscalizador cifra las cuotas impagadas hasta diciembre de ese año en 63,9 millones. Pero, como recalca la solicitud de comisión de investigación registrada ahora por la portavoz parlamentaria del PSOE madrileño, Mar Espinar, la Cámara avisa de que otros 14,55 millones de cuotas pendientes al cierre de 2024 “muy probablemente pasarán a incrementar los importes impagados cuando llegue su vencimiento”.

Los últimos datos remitidos por el gabinete de Ayuso a la oposición señalan que Madrid Network sí ha logrado recuperar más de la mitad (42,49) de aquellos 80 millones obtenidos en 2011. Pero el contenido de la tabla remitida por la Consejería de Hacienda al diputado socialista Daniel Rubio confirma también que una parte relevante (31,5 millones) de ese total devuelto a Madrid Network permanece en el limbo. Ni Madrid Network ni la Administración regional han explicado hasta ahora qué ha ocurrido con ese dinero.

Según portavoces autorizados del Ministerio de Ciencia, a fecha de 12 de febrero de este año el Gobierno madrileño ya había desembolsado 85.381.122 euros, de los cuales 74.708.223 corresponden al principal del préstamo, y 10.748.624 a intereses. La última cuota se girará a final de 2026 con vencimiento en febrero de 2027. Su importe será menor que los ya cargados: 865.355 euros. El contraste entre esos datos y los facilitados por el Gobierno madrileño a la oposición indican que Madrid Network solo ha devuelto 10,9 millones. Y eso significa que sus impagos ya le han costado a la Administración regional más de 70 millones. Más del doble de lo que la Universidad Complutense se ha visto obligada a recortar para devolver un préstamo al Ejecutivo madrileño.

El Partido Popular lanza su ofensiva este lunes contra el Gobierno de Pedro Sánchez y vuelve a agitar las acusaciones de un supuesto intento de inflar los censos electorales. Tanto Alberto Núñez Feijóo como Isabel Díaz Ayuso han cargado contra el Ejecutivo central sobre la conocida como ley de nietos, que permitirá a los hijos, nietos y bisnietos de los exiliados del franquismo lograr la nacionalidad española. “Ahí queda el aviso”, ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha asegurado que “el reparto de escaños” es “ilegal y obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a cargar contra la regularización extraordinaria de personas migrantes que ha aprobado el Gobierno central. Durante un encuentro informativo en la capital organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, Ayuso ha vuelto a esgrimir sus argumentos contra la decisión del Ejecutivo: desde el “efecto llamada” al supuesto “colapso del sistema público”.

Además, durante el evento ha dicho que “no hay ley de nietos que oculte que España necesita reiniciarse o no volverá a ser España”. La líder del PP de Madrid ha asegurado también, aunque sin aportar datos, que “la tercera provincia en número de votos será Argentina” con la norma, recogida dentro de la Ley de Memoria Democrática y que ha producido un atasco en los consulados de países como Argentina, Cuba, Brasil o México por el aluvión de solicitudes.

Este mismo lunes el líder del PP también había asegurado que este procedimiento era “ingeniería electoral”. “Con los actuales votantes no le salen las cuentas”, había dicho anteriormente en una entrevista para esRadio, donde Feijóo lanzó que el presidente quería incrementar el censo en 2,5 millones de personas.

Pero Ayuso ha ido más allá y ha apuntado directamente a una supuesta ilegalidad. La presidenta autonómica ha asegurado que lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez es “multiplicar agentes en las embajadas” para “jugar con las reglas del juego. ”El Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento de voto, según donde le falten los votos necesarios para obtener el siguiente escaño. Cada cónsul que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Ahí queda el aviso“. ”El reparto de escaños diría que es ilegal y obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo electoral“, ha añadido.

Feijóo ha planteado que derogará la Ley de memoria Democrática, de la que depende este proceso de nacionalización para descendientes de españoles exiliados durante el franquismo.

Pero el líder del PP también ha planteado una reforma de la ley electoral para darle al ganador de las elecciones una propina en forma de escaños y facilitar así las mayorías absolutas, tal y como ocurre en Grecia o en Italia.

Poco después ha sido el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien ha intentado explicar, sin éxito, las palabras de su jefe. En opinión de Sémper, las críticas de su jefe de filas “no prejuzgan” el futuro voto de estas personas en las elecciones.

Sémper ha sostenido que en el PP “no se fían” del proceso de nacionalización por “los procedimientos”. “Vamos a estar encima políticamente”, ha asegurado en una rueda de prensa, y ha puesto como ejemplo la “regularización en Cuba. ”Parece razonable que exijamos y tengamos dudas“ porque ”2,5 millones más“ de personas se apuntarán ”en el censo, potencialmente“.

“Nos preocupa, nos importa”, ha dicho. “Es relevante comprobar cómo se hace” porque, ha concluido, “todo es posible”.

Más Madrid: “Le tiene miedo a que la gente vote”

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha cargado contra las críticas del PP. “Los nietos de los exiliados españoles habrían nacido en España si no hubiera sido por el golpe de estado y la dictadura franquista”, ha asegurado este lunes Bergerot en X después de las palabras de Isabel Díaz Ayuso y de Alberto Núñez Feijóo.

“Esta derecha a la que tanto le gusta pedir elecciones le tiene miedo a que la gente vote”, ha añadido.

Medio millón de euros a cargo del erario público se ha embolsado la pareja de Jorge Rodrigo, consejero madrileño de Vivienda, tras casi una década encadenando puestos a dedo en Administraciones del PP de esta región, según estimaciones a partir de la información disponible en diversos portales de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

El último empleo de la pareja del responsable de las políticas de Vivienda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es el mejor pagado hasta ahora: los 63.134,12 euros brutos anuales que, según información oficial, va a cobrar en el puesto que desempeña desde hace unas semanas en la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Allí se ha recolocado en un día, como reveló elDiario.es, tras su salida forzosa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), propiedad del consistorio de la capital de España. 

No consta que F. T., la pareja de Jorge Rodrigo, disponga de un perfil en la red social LinkedIn. Sí se sabe que en los 80 cursó una FP, rama Administrativa; que tiene un nivel de inglés “básico”, y que realizó un cursillo acelerado online poco antes de saltar al sector público.

Así consta en el currículum oficial que puso a disposición de los ciudadanos cuando ocupó un cargo de cierta responsabilidad en un relevante y acaudalado municipio madrileño que el PP gobierna desde hace casi 40 años. Un puesto de alta exigencia en el que no duró ni seis meses. Como explicó alguien con quien trabajó en aquella época, “quería algo más tranquilo”.

Su siguiente destino fue la EMVS, que ha tenido que sacar a concurso este año la plaza que F. T. ocupaba de forma “temporal” desde diciembre de 2023 tras un duro informe de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento, previa denuncia de Más Madrid, y después de que elDiario.es revelase hace un año la sucesión de puestos públicos de la pareja del consejero de Vivienda de Ayuso.

El pasado diciembre, Antifraude criticó sin medias tintas su contratación en la EMVS, que no dio “detallada explicación sobre cómo llegó el currículo de la persona seleccionada a la empresa, si se hacía algún tipo de publicidad para que quien se considerara con los requisitos necesarios pudiera presentarlo, o si procedían de procesos de selección para trabajadores fijos”.

“No consta si hubo otros candidatos” para una plaza que “al cabo del tiempo, en ciertas condiciones”, podría convertirse en “permanente”, advirtió el órgano fiscalizador del ayuntamiento, que instó a la EMVS a informarle de cómo cubriría esa plaza de forma definitiva. Finalmente, ha salido a concurso este año y se ha adjudicado a otra persona por promoción interna.

Tras su salida de la EMVS, la mayor empresa pública de vivienda de España, el consistorio de Almeida ha recolocado a F. T. como personal de “libre designación”. Su nuevo puesto es el sexto consecutivo que ocupa en un organismo público en la Comunidad de Madrid, con sueldos que han llegado a duplicar el salario medio en España. Actualmente, este asciende a 29.540 euros brutos anuales, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha calificado el caso de “enchufismo” y cree que “hay responsabilidades políticas, administrativas y patrimoniales por la contratación ilegal de esta persona en la EMVS durante dos años y medio, que no pueden quedar impunes”.

“Escándalo sideral”

El pasado jueves, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, y preguntada por este asunto, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, quitó hierro al asunto y calificó de “sorprendente” que “a Más Madrid le parezca un escándalo sideral cualquier mínima cosa” y “sin embargo, estén tan contentos en el Gobierno más corrupto de la historia de la democracia”, en alusión a la reciente condena al exministro José Luis Ábalos y a los escándalos que afectan al PSOE.

“Que haya una persona trabajando como eventual en el Ayuntamiento de Madrid les parece un escándalo sideral porque, por lo que sea, entienden que no es adecuada para el puesto”, señaló Sanz, que no negó que se trate de la pareja de Rodrigo, político de larga trayectoria en el PP cuyo nombre suena en las próximas listas de Almeida para el ayuntamiento. “En el ámbito de las competencias municipales se ha entendido que esa persona podía ser adecuada para ese puesto y está trabajando como uno más”, dijo la vicealcaldesa.

Una fuente con conocimiento del asunto definía hace tiempo el anterior puesto de F. T. en la EMVS como el de “un conserje muy bien pagado”. Cobraba 49.667,8 euros anuales. No consta que su paso por la empresa fuera problemático. “Con lo que hacía lo tenía difícil para meter la gamba”, ironiza otra persona que trabaja en la EMVS. Acudía a diario a su puesto, al contrario que Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, que durante el juicio al exministro socialista reconoció que fue enchufada en la empresa pública Ineco, donde cobró 30.000 euros sin pisar la oficina.

El perfil de F. T. es muy diferente al del consejero Rodrigo, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Pontificia de Comillas y con programas de gestión pública en el IESE de la Universidad de Navarra (la escuela de negocios del Opus Dei) y Comillas-ICADE (de los jesuitas).

La trayectoria de su pareja en la relación de asesores de la web del Ayuntamiento de Madrid no está disponible, pese a que publicar esa información es obligatorio, según la normativa municipal de Transparencia. Según el currículum oficial ya citado, F. T. ocupó puestos administrativos en el sector privado durante más de 20 años. Tras más de una década en el área contable de una empresa, hizo un cursillo a distancia de 150 horas de “Auxiliar de Protocolo” de la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Se trata de un título propio de esa entidad, sin carácter oficial y diferente a los otorgados por el Ministerio de Educación, que tienen validez en todo el territorio nacional y suelen ser más reconocidos y valorados, al cumplir unos estándares de calidad y rigor establecidos por el gobierno.

Ese curso costaba 650 euros, incluyendo tasas académicas y materiales didácticos. Fue una excelente inversión. Acto seguido, F. T. empezó a encadenar puestos en Administraciones del PP de Madrid: del Gobierno de Cristina Cifuentes al Ayuntamiento de Almeida, el Gobierno de Ayuso, la coordinación del gabinete de la Alcaldía de un relevante municipio, la EMVS y ahora, de nuevo, el Consistorio de la capital.

En la web de la Comunidad de Madrid ya no hay rastro de su etapa con Cifuentes. En su primer destino en la cosa pública se embolsaba 51.480,2 euros anuales. Más del doble del salario medio bruto anual de entonces en España (24.009,12 euros, según el INE).

Cuando en junio de 2025 elDiario.es preguntó directamente a Jorge Rodrigo por este asunto, el responsable de Vivienda de la Comunidad de Madrid derivó la cuestión a su departamento de prensa. Una portavoz aseguró que “evidentemente él no ha tenido que ver” con la contratación de su pareja en la EMVS. E instó a no revelar información personal que pudiera constituir “una intromisión ilegítima del derecho al honor e intimidad de la persona”. Tras la nueva contratación de su pareja, la Consejería no ha respondido a este medio.

Rodrigo preside la agrupación del PP en el distrito de Salamanca, cuya concejal presidenta, Cayetana Hernández de la Riva, es consejera de la EMVS. Cuando esta entidad, una de las principales empresas públicas del ayuntamiento, contrató a F. T., su consejero delegado era Diego Lozano, hoy jefe de gabinete del alcalde de Madrid. Lozano fue también jefe de gabinete del expresidente madrileño Ignacio González, que previsiblemente será juzgado en septiembre de 2027 por las presuntas irregularidades y comisiones ilegales en las obras del campo de golf del Canal de Isabel II, una de las causas del caso Lezo, que estalló hace casi diez años.

Definido como el consejero “con mayor peso político” de Ayuso, Rodrigo fue designado vicesecretario electoral del PP por la presidenta madrileña en 2022, cuando era vicepresidente de la Asamblea de Madrid. En enero, tras unos meses apartado por un cáncer, se reincorporó a su Consejería, que se niega a aplicar los controles de precios de la Ley estatal de Vivienda para las zonas tensionadas.

También acaba de llevar al Tribunal Supremo el Plan de Vivienda del Gobierno, que blinda de forma perpetua la vivienda de protección oficial (algo que según Rodrigo vulnera la Constitución) y cuyos fondos la Comunidad de Madrid acabó aceptando (como otras regiones del PP) pese a su rechazo inicial. Suya ha sido la decisión de dejar fuera a los no empadronados en Madrid de los descuentos del abono transportes, excluyendo a miles de usuarios, sobre todo migrantes y estudiantes.

El popular lleva más de 25 años encadenando puestos con su partido, que incluso le encontró acomodo en Aussa, empresa semipública de aparcamientos en Sevilla, cuando en 2012, con Ana Botella como alcaldesa, se vio obligado a dimitir como gerente de Madrid Espacios y Congresos por la tragedia del Madrid Arena, en la que murieron cinco adolescentes en una fiesta de Halloween. Unos hechos por los que llegó a estar imputado, aunque acabó exonerado.

En los perfiles oficiales del equipo de Gobierno de Ayuso no hay mención a la etapa de Rodrigo en Aussa, cuyo socio privado desde 2010 (49% de las acciones) es Azvi. Esta constructora andaluza figuraba en los Papeles de Bárcenas con donaciones al PP de al menos 858.000 euros entre 2002 y 2008. En 2023 contrató como consultor a un tal Koldo García, recién condenado en el ‘caso mascarillas’ junto a Ábalos.

El pasado jueves, según su agenda oficial, Rodrigo mantuvo un encuentro con responsables de la constructora andaluza Sando, señalada hace años como otro de los grandes donantes del PP en esa contabilidad en B del extesorero de los populares.