En el año 2007, Ignacio González usó una empresa pública que él mismo presidía para denunciar en los tribunales a un grupo de vecinos que le resultaba molesto porque interfería en sus planes para construir un campo de golf en pleno centro de Madrid, sobre las instalaciones del Canal de Isabel II en Chamberí. Los llevó a la Justicia porque, en una de sus protestas, plantaron un árbol en las instalaciones de esta empresa pública, junto a las obras para levantar el recinto deportivo.

Este grupo de vecinos se había levantado en armas un año antes al descubrir que el proyecto de parque que Alberto Ruiz-Gallardón había ideado para el Tercer Depósito del Canal en Chamberí —una zona verde de 24.000 m² cerrada al público— había cambiado con la llegada a la Comunidad de Esperanza Aguirre y de su mano derecha, González. El presidente del Canal quería abrir allí un campo de prácticas de tiro de golf que ocuparía casi todo el terreno disponible, dejando a los vecinos sin el parque prometido.

Además de manifestaciones, recogidas de firmas y otras protestas clásicas, un grupo de residentes de la zona decidió plantar una morera en el parque Santander para reivindicar la necesidad de áreas verdes, en el espacio situado junto al campo de golf en construcción. Fueron parados por la seguridad privada del Canal, denunciados ante la Policía y llevados a los tribunales en un juicio de faltas surrealista por plantar un árbol, del que fueron absueltos. El proceso tuvo el efecto contrario al que hubiera deseado Ignacio González. Los vecinos utilizaron el episodio judicial para interpretar una pantomima en una de las fiestas con las que sufragaban sus acciones en los tribunales, que a la larga acabaron tumbando el proyecto. El salto a los medios del clan de la morera —como se autodenominaron— también sirvió para que otros chamberileros se unieran a la causa contra el campo de golf.

“Todo olía mucho a chamusquina” recuerda casi dos décadas después la portavoz de la asociación vecinal Parque Sí, que lideró la lucha para recuperar el parque y desmantelar el campo de golf. Mercedes Arce apunta a que los vecinos fueron los primeros que vieron movimientos extraños en el tejemaneje de empresas que se encargaron del proyecto, a partir de que Gallardón denegara la licencia urbanística para las obras: “Siempre sospechamos que algo raro había, pero no teníamos ninguna prueba”. Hasta que una noticia en Público hizo saltar las alarmas a principios de 2009. “La primera denuncia la pusimos a raíz del artículo de Manuel Rico sobre TCT. La firmamos 400 personas”, añade en conversación con este periódico.

Según el auto de apertura de juicio oral, que ha comenzado esta semana, Ignacio González adjudicó de forma encubierta una parte del proyecto a TCT (Tecnoconcret), empresa participada por su hermano y su cuñado. TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello. Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%, según el auto. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas. Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambos contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.

La asociación Parque Sí en Chamberí pone el foco en los efectos perjudiciales para el vecindario que tuvieron estas supuestas corruptelas. “Nos ha privado de un parque 16 años”, lamenta Mercedes Arce aludiendo al tiempo que pasó entre que el campo de golf fue construido y desmantelado, antes de que el parque actual fuera inaugurado. Cientos de vecinos dedicaron muchas horas de su tiempo a las protestas y a las acciones judiciales que acabaron tumbando el campo de golf por irregularidades urbanísticas, en un proceso judicial distinto del que ahora tiene lugar. “Solo para el informe técnico que se presentó al juez tuvimos que dedicar un año y medio de reuniones, todos los domingos”, recuerdan.

Indignados con la petición de penas de la Fiscalía

Por eso ahora este grupo vecinal se ha indignado al conocer que la Fiscalía pedirá solo seis años de cárcel por dos delitos de cohecho, atenuados por la dilación en el juicio. “La demora judicial no puede hacer olvidar el enorme perjuicio social causado a los vecinos, que tuvieron que esperar años para recuperar un espacio público que les correspondía”, explican en una carta que quieren hacer llegar a la entidad. “Es una persona que ha hecho mucho daño a los vecinos de Chamberí”, recalca Arce al recordar que su asociación interpuso hasta tres denuncias en la Fiscalía contra Ignacio González en los años 2007, 2009 y 2010, esta última querella por la vía penal. Las tres fueron archivadas por el entonces fiscal de Madrid, Manuel Moix, sin hacer ninguna indagación ni estudiar las pruebas presentadas. El mismo al que González, según conversaciones intervenidas por la Audiencia Nacional, quería ver convertido en Fiscal Anticorrupción.

La petición de penas de la Fiscalía será previsiblemente la más baja del proceso, ya que la Comunidad de Madrid, personada como acusación particular, eleva esa petición a 16 años de prisión, y suma además delitos de malversación de caudales públicos y fraude a las Administraciones Públicas. También reclama una multa de 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid se suma a la petición de la Fiscalía, mientras que la acusación popular de PSOE y Adade reclama para él diez años de cárcel y Comisiones Obreras, ocho años. 

Los vecinos recuerdan ahora que Ignacio González se negó a recibirles cuando le escribieron intentando que rectificara su decisión: “Le escribimos muchísimas veces para que reconsiderara la construcción del campo de golf”, rememoran. La única relación con el expresidente del Canal, que luego llegó a presidente de la Comunidad de Madrid, fue la judicial a través de diversos procesos con los que acabaron demostrando la ilegalidad de las instalaciones. El primer presidente del Canal que les atendió fue Ángel Garrido, ya con la sentencia firme en la mano. “Él sí que fue cercano a los vecinos y dialogante, pero antes no nos recibió nadie”, recuerdan. Los 16 años de lucha vecinal hasta conseguir el actual parque de 55.000 metros cuadrados están narrados en el documental De interés general, estrenado en cines y que actualmente está disponible en Filmin.

El final del negocio del campo de golf llegó oficialmente con la sentencia ratificada en el año 2016, pero según los vecinos el cierre de las instalaciones llegó antes con la quiebra de TCT, que se encargaba de la gestión de las instalaciones y cuyo final de la actividad fue certificada por el administrador concursal. El coste para los ciudadanos fue elevado, ya que a las mordidas que se juzgan ahora Parque Sí añade otras partidas: 16 millones de euros de sobrecostes en el campo de golf y 300.000 euros para demolerlo después de la sentencia. Además de 20.000 euros que pagó la Comunidad de Madrid al despacho Cuatrecasas para que Ignacio González litigara contra los vecinos.

Aunque lo más importante para la asociación es el daño que sufrieron los miles de habitantes del entorno. A día de hoy siguen recibiendo testimonios de chamberileros que recuerdan cómo los niños de los colegios de la zona se hacinaban en un pequeño parque infantil mientras al lado diez personas jugaban al golf en la mayor parte del parque. “No basta con juzgar las posibles responsabilidades penales: también debe reconocerse el daño causado al interés general”, sentencian.

El Partido Popular ha reivindicado este martes sus ataques personales en redes sociales contra la periodista Sarah Santaolalla y la sindicalista Afra Blanco. La formación ha defendido el tono irrespetuoso empleado por sus cuentas oficiales y ha dejado claro que mantendrá una estrategia más combativa en redes durante la precampaña.

El PP respondía así, con un mensaje publicado en X, a una información publicada por El País sobre su estrategia digital: “No les vamos a pasar ni una. Y el CM del PP tampoco. FIN”. La formación ha acompañado esta respuesta de nuevas acusaciones contra el Gobierno: “El Gobierno ha robado a dos manos. Mordidas, chistorras, joyas y oro. Prostitución y sicarios. Todo con el dinero de la gente que se esfuerza”.

Con este mensaje, el partido no solo ha rechazado cualquier crítica a sus publicaciones, sino que también ha aprovechado para insistir en sus acusaciones contra el Ejecutivo. La respuesta evidencia la voluntad de mantener la confrontación política en las redes sociales y de utilizar sus perfiles oficiales para contestar directamente a quienes cuestionan sus posiciones o a sus dirigentes.

La polémica se ha intensificado después de que la cuenta oficial del PP de Madrid difundiera un vídeo antiguo de Santaolalla bailando durante una fiesta debido a que anteriormente la comunicadora había ironizado sobre las imágenes de Isabel Díaz Ayuso durante el desfile del 12 de Octubre. El vídeo de la comunicadora, que no estaba publicado en sus redes sociales, podría tener siete u ocho años.

La difusión de esas imágenes ha abierto un debate sobre los límites de la confrontación política en internet y sobre el uso de contenidos personales para desacreditar a quienes participan en el debate público. El caso también ha provocado críticas por parte de quienes consideran que las cuentas institucionales de un partido no deberían recurrir a material privado o antiguo para responder a una opinión política.

El PP también respondió a Afra Blanco después de que la sindicalista cuestionara las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre los sacrificios que tendría que asumir la ciudadanía. “Eres sindicalista y de izquierdas, Afra. Ya sabemos que tú de sacrificios no eres”, publicó el partido.

La respuesta dirigida a Blanco se produjo en un tono igualmente personal y convirtió el intercambio político en un cuestionamiento de su trayectoria y sus posiciones ideológicas. El mensaje se suma así a una serie de publicaciones en las que el PP opta por responder de forma directa a comunicadores, sindicalistas y otros perfiles con presencia habitual en los medios y en las redes sociales.

Esta línea de actuación supone un cambio respecto a una comunicación más centrada en los mensajes institucionales y en la actividad de sus dirigentes. La respuesta de este martes refuerza esa estrategia: en lugar de distanciarse de los mensajes cuestionados, el PP ha defendido públicamente a su equipo de redes y ha anunciado, de forma implícita, que continuará utilizando este tono.

La formación consolida así una comunicación más agresiva en plena precampaña, mientras sus publicaciones siguen generando críticas por el recurso a ataques personales.

En pantalla, vemos a Pedro Sánchez en la declaración institucional en la que anunció el adelanto electoral el pasado lunes, pero algo estrambótico descuadra: a su lado hay un hombre trajeado de brazos cruzados que le mira, se gira, y mira al espectador: “Este tipo nos quiere llevar a la dictadura. Mucho cuidado en las elecciones, hará lo que haga falta para ganar”. La secuencia cierra con un texto, blanco sobre negro, que reza: “No votes por correo”, la advertencia que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, agita desde la convocatoria de elecciones.

El vídeo surrealista, encuadrado en La Moncloa, ha sido creado con Inteligencia Artificial para insertar dentro de este escenario a quien lo publica: Ismael Sirio, diputado por el PP en la Asamblea de Madrid y director de comunicación online de los populares madrileños.

“Sé que [a los ciudadanos] les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos”, aseguraba Sánchez, refiriéndose a los decretos de vivienda tumbados por PP, Vox y Junts. Estas declaraciones sí son reales, aunque la IA amplía el plano que se ve en pantalla, ya que la emisión de La Moncloa no mostraba al presidente de cuerpo entero. Ismael Sirio interpreta esas palabras como un intento de desacreditar al Congreso de los Diputados y por tanto, una deriva dictatorial.

No es la primera vez que el diputado experimenta con la IA y el tono hiperbólico y sensacionalista. Si retrocedemos en su perfil, hace tan solo siete días, publicaba un vídeo en el que habla de la crisis migratoria en Ceuta con música tecno, aparentemente creada por IA, en la que hablaba en estos términos: “¿Y a mí qué coño me cuentas? ¿Es mi problema que haya desigualdad entre España y Marruecos? ¿Los tengo que acoger a todos? No.”. Seguidamente, a medida que acelera el ritmo de la música enumera: “Peleas, navajazos, ocupaciones, puñaladas...” Incluso habla de supuestos vídeo de “mujeres gritando que están siendo violadas”.

“Ni se les ocurra votar por correo”, aseguraba Ayuso el pasado lunes, apuntándose explícitamente a las teorías conspiranoicas de la ultraderecha sobre el fraude electoral para preparar el terreno antes las elecciones generales del 29 de noviembre. Lejos de retractarse, parece que su partido dobla la apuesta y juega con la IA para difundirla todavía más.

La publicación Sirio en Instagram ha sido recibida entre risas por sus compañeros de partido. Alfonso Serrano, Secretario General del PP de Madrid: “¿Otra vez les tienes bailando?”, se burlaba en la red social X, refiriéndose a la noticia que sacaba el diario 'El País' sobre el vídeo del diputado.

Otro elemento llamativo de la publicación son los “colaboradores” etiquetados en ella: además de dos cuentas de Instagram oficiales del partido, figuran otros tres perfiles que difunden contenido de corte derechista pero que no están formalmente vinculados al partido. La cuenta 'Wall Street Wolverine', un perfil conocido y con cientos de miles de seguidores, 'España Unida' y 'Patriotas', dos cuentas con algo más de doscientos mil seguidores que publican contenido muy similar entre sí y colaboran a menudo con las Nuevas Generaciones del PP.

Especialmente el 'Wall Street Wolverine', es un perfil con gran difusión en burbujas de extrema derecha en redes sociales, algo que el diputado parece estar usando en su favor para dar mayor difusión a sus publicaciones.

“Nuestro sistema es garantista, garantiza que el procedimiento está controlado por la Junta Electoral Central, donde estamos representados”. Con estas palabras se ha pronunciado este martes el portavoz del PP, Borja Sémper, al ser preguntado por las dudas lanzadas el lunes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el proceso electoral. La dirigente madrileña alentó la teoría de un posible pucherazo electoral de cara a las generales del 29 de noviembre y pidió expresamente no votar por correo, dando a entender que no está garantizada la limpieza del proceso. “Le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”, dijo Ayuso

Sémper, que ha tratado de justificar a Ayuso, ha pedido en una entrevista en Onda Cero “votar por tierra, mar y aire, preferiblemente al PP”, y que vayan a hacerlo “masivamente”. “El que tenga que estar fuera, impedido, que lo haga por correo. Tenemos una alternativa mejor”, ha zanjado el portavoz de los populares.

“Hemos visto tantas cosas que entiendo que haya mucha gente que desconfíe de muchas cosas que pasan y de este Gobierno”, había asegurado Sémper, para justificar a Ayuso. “Hay gente que me para por la calle y me dice 'tened cuidado, que Sánchez es capaz de cualquier cosa'. La presidenta recoge ese sentir y, después de lo que hemos visto estos años, está diciendo que con Sánchez cualquier cosa es posible”, ha añadido.

A su juicio, el 29 de noviembre “se juega mucho”. “Llevo dedicándome mucho a la política, casi todas las elecciones decimos que son importantes, pero es que estas de verdad que son importantísimas. Es seguir cuatro años en esta dinámica o cambiar”, ha afirmado. Sémper ha dicho que España “merece mirar al futuro con optimismo” y “no estar cada semana sometidos a una sorpresa”. Por otro lado, Sémper insiste en que hay “muchas cosas que hacer y reformar”, como “reinstaurar el respeto y la credibilidad en las instituciones” y “tener a un presidente que gobierne para todos los españoles”.

Así, Sémper sostiene que los populares deben “volver a unir a los españoles en un proyecto común”. “Entiendo que si alguien no vota a un partido esté más incómodo si este gobierna, pero no puede ser que sean expulsados de la conversación pública ni de la acción del Gobierno. Necesitamos que volvamos a hablar de las cosas materiales, que la política del relato pase a segundo plano, que hablemos de vivienda, qué hacemos con la educación, la sanidad, pero sobre todo recuperar el respecto institucional”, ha zanjado.

Escándalo tras escándalo, se aprecia una forma de afrontar polémicas por parte del PP de Isabel Díaz Ayuso, especialmente cuando estas salpican a la presidenta, su gabinete o a sus afines. Una estrategia que consiste, por lo general, en que si un escándalo te salpica, hay que intentar acallar y aislar al denunciante más que intentar desmontar los argumentos. Una estrategia que se puede resumir en “os vamos a triturar” y que se produce de manera cada vez más habitual para apartar los asuntos incómodos para el Gobierno regional.

El último ejemplo de estas prácticas se produjo hace dos semanas, cuando la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, tuvo que responder ante las denuncias del doctor Luis Martos sobre la manipulación de listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal, unas acusaciones que no sentaron nada bien en la Consejería del Gobierno de Ayuso. Matute rechazó que en Madrid se maquillaran las cifras y decidió cargar públicamente contra el cirujano. Llegó incluso a decir que fue él quien manipuló los expedientes.

La consejera madrileña decidió salir en rueda de prensa y señalar públicamente, con la bandera de la Comunidad de fondo, a Martos: “El mismo denunciante es quien manipuló las listas de espera”, dijo. ¿El objetivo, según Matute? “Trabajar menos y operar casos menos complejos”. No solo eso. Llegó a deslizar que tenía “expedientes disciplinarios abiertos” por “pinchar” las “ruedas” del jefe de servicio, acusaciones que se llegaron a publicar en varios medios y que el doctor niega. En el corrillo posterior a la rueda de prensa, la consejera no quiso explicar en qué consistían las diligencias previas que se habían abierto sobre lo ocurrido en el Ramón y Cajal y no aclaró si lo que se iba a investigar era al doctor o un posible mal funcionamiento de las listas.

Ayuso salió luego a resumir la situación: “El bulo del culo de la semana viene cuando en el Ramón y Cajal un señor está manipulando las citas sanitarias, las suyas, y encima, entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventar el coche al jefe y por tener expedientes disciplinarios, y ahora resulta que nos da lecciones de listas de espera en la tele sanchista”, dijo.

Martos ya ha anunciado que presentará una querella contra la consejera y, posiblemente, contra más personas, por injurias. Independientemente del fondo del caso, de lo que se denuncia o incluso de si pueden existir disputas internas en el servicio del Hospital, llama la atención ese señalamiento público por parte del gobierno autonómico, que prefiere desacreditar a un profesional en lugar de investigar lo que denuncia. El haberlo expuesto así públicamente, ahora, tiene sus consecuencias: Martos asegura que sus propios compañeros rechazan hablar con él y afirma que existe “miedo” entre los sanitarios por posibles represalias. Una situación que saca a la palestra a un ciudadano particular enfrentado a un Ejecutivo regional, pero que no es la única.

Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez, además de ser uno de los hombres fuertes de Ayuso y el encargado de su estrategia política, es también, en ocasiones, quien se encarga de llevar a cabo estas técnicas de solución de problemas. Son especialmente notorias sus salidas con algunos periodistas. El ejemplo más claro es el de sus amenazas a elDiario.es en mazo de 2024, la misma fecha en la que este periódico informaba sobre el fraude fiscal de la pareja de la presidenta autonómica. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den, idiotas”, dijo el jefe de gabinete por escrito a una periodista de elDiario.es. “A ver si no nos podemos enfadar con gente de confianza”, justificó Ayuso tras la polémica.

Una semana después de su amenaza, Rodríguez difundió el bulo de que “periodistas encapuchados” de elDiario.es intentaron asaltar la casa de la presidenta autonómica. Algunos medios llegaron a publicar la versión del jefe de gabinete sin contrastarla con este periódico. También llegó a acusar falsamente a periodistas de El País de acosar a vecinos o tratar de entrar por la fuerza en la vivienda, un extremo que también negó el periódico de Prisa.

El jefe de gabinete de la líder madrileña difundió la identidad y la imagen de dos periodistas de El País que investigaban el caso de fraude fiscal de Amador. La pareja de Ayuso compareció como testigo y reconoció que fue él quien pasó la imagen de los periodistas al jefe de gabinete. Dijo que lo hizo porque era su “amigo” y el responsable de su “seguridad”, pero que no fue él quien hizo la foto. Finalmente, la jueza archivó el caso porque entendió que los datos no llegaron de los policías que escoltan a Ayuso. La oposición ha tratado en diferentes ocasiones de activar la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez en la Asamblea, por el momento sin éxito.

Las presiones a la concejala de Móstoles

Quizá uno de los casos más sangrantes es el de la concejala del PP de Móstoles que denunció por acoso sexual y laboral a su jefe, el todavía alcalde Manuel Bautista. La exconcejala denunció internamente al primer edil y se dirigió en distintas ocasiones a su partido, en persona y por escrito, para que la escucharan. “¿Pero dónde está el caso de acoso?”, fue lo que le dijo Ana Millán, alto cargo del PP de Madrid y una de las personas de confianza de Ayuso. Millán cuestionó el acoso denunciado y la amenazó con un expediente por “pasar información al PSOE”.

La exconcejala no fue recibida por Ayuso, aunque esta sí que se vio con el alcalde, a quien le mostró todo su apoyo, un respaldo que continúa siendo férreo a día de hoy, mientras la investigación continúa abierta. Las reuniones que mantuvo fueron con Ana Millán y con Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y diputado de la Asamblea. Según explicó el diario El País, en esas reuniones le dijeron que se tenía que “quitar de la cabeza cualquier tipo de denuncia”. “No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución”, le llegaron a decir.

Según relata la exconcejala en su denuncia, cuando la información de sus acusaciones internas llegó a Bautista, el alcalde llamó a los concejales y eso acabó con el aislamiento de la denunciante. “Recibí un trato denigrante”, relata en su querella contra el alcalde.

Por ahora, se desconoce si se aplicarán también estas prácticas en otra de las grandes polémicas de este año que persigue al Gobierno de Ayuso: el escándalo del ático de lujo comprado en Chamberí con dinero público. El consejero de Presidencia tuvo que salir a dar explicaciones porque fue Planifica Madrid, la empresa de la que es presidente, la que se encargó de la operación. Lo hizo después de que la propia Ayuso señalara a su Consejería. Por el momento, lo que sí ha ocurrido es que el PP ha impedido comparecer en la Asamblea a Pedro Corbalán, el CEO de Planifica. Tanto PSOE como Más Madrid intentaron activar su intervención, pero finalmente el partido de Ayuso impidió que se produjera.

Cuando estalló la polémica, aunque Alberto Núñez Feijóo dijo que el Gobierno de la Comunidad tendría que explicar por qué compraron un ático que no podía ser destinado a oficinas, después la estrategia se tornó en apoyar públicamente a su baronesa. Nada que ver con lo que hizo en su momento el defenestrado Pablo Casado, que vivió en primera persona esas prácticas al enfrentarse públicamente a la líder del PP de Madrid: “¿Cuando morían 700 personas al día puedes contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros?”. Esa fue posiblemente la frase que marcó su epitafio político.

Zona: Chamberí. Tamaño: mínimo 250, máximo 400. Tipo de vivienda: áticos. Características: terraza.

La Comunidad de Madrid tenía claros los requisitos que buscaba para añadir una nueva propiedad a su cartera y llegó a trasladar a la inmobiliaria su necesidad de un inmueble “entre 250 y 400 metros y gran terraza”, según publicó El País. Y así fue: el escogido fue un ático en la calle Martínez Campos del año 1957 de 500 metros cuadrados entre vivienda, terraza, trastero y cuarto para “criados”.

Las cifras sobre cómo se reparte esa superficie varían: el expediente menciona una terraza de 199 o 99 metros cuadrados dependiendo del documento que se revise. El motivo es que la Comunidad de Madrid adquirió el inmueble con una obra que uno de los dueños hizo sin notificárselo al registro de la Propiedad, como es obligatorio, pese a que modificó radicalmente la superficie construida.

La historia de esa obra para incorporar parte de la terraza como vivienda se menciona ya en el contrato de arras. En ese documento, la vendedora aclaraba que compró la vivienda en 2014 con la ampliación realizada por el anterior propietario y decía que las obras realizadas ya están prescritas. Para ello adjuntaba, además, un correo electrónico de la comunidad de propietarios para demostrar “que no disponen de ninguna información del anterior propietario relativa a autorizaciones, permisos o notificaciones sobre las obras de ampliación realizadas”. Según publicó La Sexta, las obras se hicieron en 2007.

El certificado de la tasación realizado por Gesvalt advirtió a Planifica Madrid de las “discrepancias” entre la descripción del inmueble y las superficies que constan de forma oficial en el Catastro. “Se comprueban in situ las medidas según planos aportados por la propiedad y se detecta que se ha cerrado y acondicionado parte de las superficies de terraza de la vivienda, que no están inscritas en Registro de Propiedad y que no se han tenido en cuenta en la valoración al incrementar la edificabilidad del edificio, valorándose esta superficie como terraza”, decía la tasación.

La empresa tasadora aconsejó también que se inscribiese correctamente el “local dormitorio para conductores o criados” que está situado en la planta baja y que aparece numerado actualmente como “trastero 9 Dcha de la Planta Baja” con 8,75 ^m² de superficie útil.

La advertencia sobre la obra de la terraza va y viene en los documentos del expediente del inmueble adquirido por Planifica Madrid. El informe de la Dirección General de Patrimonio insiste en que desde la empresa pública hablan de una vivienda con una superficie “de 500 m² construidos, de los que aproximadamente 401 m² se corresponden con la superficie cerrada de vivienda y 99 m² con la superficie de terraza”. “Esta superficie difiere de la superficie registral”, afirma la Dirección General de Patrimonio, que recuerda que según la información del registro el inmueble ocupa una superficie aproximada de 286,48 metros cuadrados y 199 metros cuadrados de terraza.

El problema con los datos lo señalaba también la Interventora en un informe del 27 de julio en el que aprobó la fiscalización del expediente de gasto y permitió continuar con la tramitación del alquiler. Entre sus observaciones, decía que debería haberse recogido en todo el expediente “datos homogéneos” de la superficie.

Ayuso conocía la compra y visitó el ático

Aunque la Comunidad de Madrid todavía no ha aclarado quién dio la orden para comprar este ático y no otro inmueble, sobre lo que no quedan dudas es que buscaban una propiedad residencial y la presidenta madrileña era conocedora de la operación, aunque en un primer momento se desentendiera. Ayuso visitó el ático y, según sus palabras, la idea de adquirirlo fue de su equipo y a ella no le pareció “mal”.

El Gobierno madrileño quiere deshacerse ahora de un inmueble que costó más de seis millones de euros y al que no le está resultando fácil encontrar comprador. La mesa de contratación de Planifica Madrid lo ha vuelto a sacar a subasta hasta que reciba una oferta que “cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos”. El inmueble tiene un precio mínimo de 6.694.201 euros en uno de los barrios más caros de Madrid. Solo la terraza de 99 metros cuadrados ya es más grande que la superficie media de las viviendas en la capital.

Nada es eterno. La felicidad que hasta ahora proporcionaba proclamarse un ayuser y constatar que ella podía salir de todo con mucho desparpajo, algo de brutalismo dialéctico y un chorreo constante de millones para garantizarse el apoyo aéreo en la conversación pública también se acaba. Ser ayuser ofrecía un chollo casi tan bueno como el alquiler del ático en pleno Chamberí. Ahora se ha convertido en un suplicio que no cesa.

Lejos de aliviar tanto martirio, la publicación del supuesto expediente de la compra del ático del fin del mundo ha sido como seguir un rastro de miguitas de pan que fueran dejando Hansel y Gretel, o sea, el consejero y la presidenta. El rastro no puede resultar más obvio; solo hay que unir los puntos. 

Alguien se entera de que está en el mercado un ático superideal, muy bien situado y con todos los gadgets. A alguien se le ocurre que puede ser un sitio superideal para que la autoridad competente pueda descansar de tanto estrés y responsabilidad. Como se trataba de comprar este chollo y no otro, se firma un acuerdo de confidencialidad y se usa Planifica Madrid para ahorrarse tener que abrir un proceso de compra con publicidad y concurrencia competitiva. 

Se adquiere como si hubieran ido un día al súper a por pan y huevos y hubieran vuelto con un ático con terraza. Ni memoria, ni acuerdo del consejo de administración, ni orden de compra. El ático se compró solo.

Con la vivienda soñada ya en la buchaca, se arma un expediente de arrendamiento para hacer parecer que comprar un ático gastando 6.3 millones de euros de dinero público de la comunidad de Madrid supone en realidad una ganga porque se va a alquilar por tres mil euros también de dinero público de la Comunidad de Madrid; todo secreto y confidencial hasta después de las elecciones autonómicas. 

La cosa resulta tan burda que la interventora firma el clásico informe lleno de esos “por si acaso” que tanto gustan a nuestros burócratas: la operación se autoriza, pero, “por si acaso”, se hace constar que falta información, que no se justifica la necesidad del alquiler ni la finalidad, tampoco la elección de la oferta ni el procedimiento; si hay problemas, la interventora ya lo avisó. Si no los hay, todos contentos.

Tanto “por si acaso” no podía acabar bien. Al día siguiente de saltar por los aires tanta confidencialidad, la orden de alquiler se anulaba con las mismas irregularidades que viciaban la orden que lo autorizaba y se ponía a la venta el ático en un proceso aún más opaco y chusquero que ha terminado en un “procedimiento abierto de adjudicación”: si usted lo quiere, diga una cifra y a ver si arreglamos; otra innovación más en una España siempre a la cabeza de la innovación jurídica y administrativa.

Ha llegado la hora de la verdad, amigas y amigos. Ahora se verá quiénes son los verdaderos ayusers y quiénes estaban aquí únicamente por la pitanza y el famoserío. Hay que profesar una fe verdaderamente inquebrantable para continuar defendiendo semejante escarnio sin que se congestionen las tragaderas; únicamente con más desparpajo, más brutalismo y más pasta no va a dar para salir de esta; al menos de momento. Es la hora de los verdaderos creyentes.

El lujoso ático del Paseo del General Martínez Campos de Madrid que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso compró en abril por 6,3 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid seguirá en manos del Ejecutivo regional tras fracasar la operación puesta en marcha para venderlo en julio, justo un día después de que se conociera la adquisición a través de la prensa. La decisión se conocía solo unos minutos antes de la esperada comparecencia del consejero de Presidencia y máximo responsable de Planifica Madrid, Miguel Ángel García, en la Asamblea regional, que finalmente solo sirvió para añadir una nueva versión sobre la polémica compra: por primera vez, el Gobierno de Ayuso reconocía que el uso real que pretendía dar la administración a la vivienda era de “alojamiento”, después de haber dicho en los últimos dos meses que el inmueble se iba a utilizar para alojar oficinas de la Comunidad.

En la memoria esgrimida por el consejero durante su comparecencia y que habla de los fines que el Gobierno de Ayuso quería dar al ático, se recoge expresamente el uso “institucional de carácter residencial” del inmueble, lo que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. “En el contexto actual es una práctica habitual a nivel estatal, autonómico o incluso local disponer de un inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales”, decía la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia a principios de julio en ese documento consultado por elDiario.es.

Hay “razones operativas, de seguridad y de representación institucional” que justifican la pertinencia de contar con un “inmueble institucional de carácter residencial”, insistía el Gobierno de Ayuso, con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades “en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”.

Lo que pretendía la Comunidad de Madrid era alquilar a partir del 1 de agosto el piso que previamente había comprado Planifica Madrid por más de seis millones en un contrato formalizado en abril. Ese arrendamiento, que iba a ascender a 3.000 euros al mes, llegó a firmarse el día 28, pero dos días después, el 30, la Comunidad de Madrid dijo que ya no le hacía falta. Solo 24 horas después de que estallase el escándalo con la publicación de la operación en El País.

La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. Ese mismo día 29 de julio en que se conoció por la prensa la compra del ático, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y la presidenta justificó esa adquisición asegurando que iba a ser para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid.

“No es mi casa, no es para mí, yo no me he comprado nada”, dijo Ayuso en una comparecencia ante la prensa. Desde entonces, el ático se ha convertido en un dolor de cabeza para la presidenta madrileña, que ha pasado dos meses sin explicar por qué su Ejecutivo adquirió una vivienda de lujo, justo enfrente de la casa donde vive su madre, a través de una inmobiliaria de lujo y teniendo en cuenta que la normativa no permite que se utilice para albergar oficinas, como sostuvo al inicio su propio Ejecutivo. “Se compran y se venden inmuebles, se alquilan y se dejan de alquilar (...) en estos mismos meses me consta que está habiendo muchas ventas de otros inmuebles y otras oficinas”, añadió en esa misma comparecencia del 29 de julio, justificando la adquisición.

Los virajes del equipo de la presidenta

Solo un día después su gobierno dio un giro de 180 grados y pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta. Fue el consejero de Presidencia quien en declaraciones a la prensa desde el puesto de mando del gravísimo incendio que asoló al oeste de la Comunidad dijo que se había decidido poner en venta el piso de lujo, y que el dinero que obtendría la administración de esa operación iba a utilizarse para las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por los fuegos. El expediente revelado este jueves permite comprobar que la Consejería de Presidencia transmitió el 30 de julio “la desaparición de la necesidad que motivó la solicitud de arrendamiento formulada” pese a que acababa de firmar el contrato de alquiler solo dos días antes.

El viraje de la Comunidad no convenció a la oposición y tampoco a los medios de comunicación que a lo largo de las siguientes semanas preguntaron sin éxito a la propia a Ayuso y a sus consejeros sobre la confusa operación. Abrumada por la polémica que llevó incluso al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, a pedirle explicaciones, la presidenta madrileña descargó todas las responsabilidades en Miguel Ángel García Martín y su equipo anunció su comparecencia en la Asamblea para este jueves.

García utilizó la comparecencia para lanzar todo tipo de descalificaciones contra la izquierda, que le pedía explicaciones y aportó documentos posteriores a la decisión de la compra para justificar la adquisición. Desde el atril, el consejero de Presidencia aseguró que la operación de compra respondió a una serie de necesidades de su departamento entre los que mencionaba, por primera vez, la de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la Comunidad de Madrid”. A diferencia de lo sostenido en los últimos dos meses –que en ningún caso la vivienda iba a tener uso residencial–, García reconocía que sí, que el ático tiene como objetivo alojar a cargos del propio Gobierno madrileño.

Para ello mostró una memoria de necesidades de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local “para el arrendamiento del inmueble” fechada el 2 de julio de 2026, tres meses después de que se acordara la compra del ático en una de las mejores zonas de Chamberí. En esa memoria también se contemplaba “disponer de espacios accesorios o complementarios a las sedes institucionales en contextos de gestión de crisis que pueden prolongarse en el tiempo y que pueden requerir de un inmueble de estas características”. También contó que la operación cuenta con informes favorables de la Abogacía General, que reconocen un “uso distinto al de vivienda” y elaborados también después de la compra.

Y mencionó otro informe de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, así como el contrato suscrito entre Planifica Madrid y la Comunidad “que recoge expresamente la necesidad de alquilar este inmueble institucional como apoyo a las sedes oficiales”. El informe de la Dirección General de Patrimonio existe, pero en él se hace una valoración de las características del inmueble y dice explícitamente que es Presidencia quien se dirige a ellos para solicitar el arrendamiento del inmueble institucional de carácter “residencial”.

“Este inmueble nunca se adquiere para que sea una residencia oficial para la presidenta, como sí tienen, por cierto, la mitad de los ministros y muchos presidentes autonómicos”, apuntó García en la Asamblea. Una de las obsesiones del Gobierno de Ayuso desde el 29 de julio ha sido decir que el ático no era para la presidenta y, a la vez, destacar una y otra vez que hay miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez viven en viviendas oficiales, al igual que hicieron en el pasado ministros cuando gobernaba el PP.

El también portavoz de la Comunidad de Madrid aseguró que la izquierda ha tratado en las últimas semanas de utilizar la compra del ático creando “una gran mentira” -la de que se trataba de una casa para Ayuso- para “tapar la desastrosa gestión que el Gobierno de Sánchez ha hecho de la invasión de Ceuta”. Y al final de su intervención, García anunciaba que el ático seguirá a la venta a través de un procedimiento público, y que la Comunidad de Madrid se querellará contra las portavoces de los dos principales grupos de la oposición, Manuela Bergerot (Más Madrid) y Mar Espinar (PSOE), al considerarlas autoras de un delito de “injurias” contra la presidenta madrileña por haber asegurado que, en realidad, el ático era para ella.

La interventora reprochó su insuficiente justificación para hacerse con el ático

A última hora de la tarde se conoció el expediente en el que la Comunidad de Madrid incluyó los documentos antes citados además de otros hasta entonces mantenidos en secreto, como el acuerdo de confidencialidad que Planifica Madrid obligó a firmar al vendedor del inmueble antes de comprarlo, la tasación del inmueble, el contrato de arras, la escritura pública, los gastos notariales o los que prueban la titularidad del ático, una vez comprado por la citada empresa pública.

Entre ellos figura un informe de la Comunidad de Madrid con una observación de la Intervención Delegada de Economía y Hacienda sobre algunas deficiencias que aprecia en el proceso de arrendamiento. Entre ellas, dice que la Dirección General de Patrimonio y Contratación cita un informe que no le aporta y lamenta que no profundice en aspectos como “el estudio de la necesidad, idoneidad, aspectos económicos o la comparativa de edificaciones similares”. “Estos aspectos deberían haberse desarrollado suficientemente en el Informe Técnico a elaborar por la Dirección de Patrimonio y Contratación, que parece haberse limitado a una descripción del inmueble y régimen urbanístico del mismo”. Pese a ello, la Interventora aprueba la fiscalización del expediente de gasto y permite continuar con la tramitación administrativa del alquiler del inmueble en el Paseo del General Martínez Campos 35.

Las explicaciones y los documentos siguen sin convencer, en cambio, a todos los partidos del arco parlamentario madrileño excepto el PP, el partido del Gobierno de Ayuso que tiene mayoría absoluta en la Asamblea. En su intervención en el Pleno, el portavoz de Más Madrid en este asunto Hugo Martínez Abarca aseguró no creer “las trolas” de García en su comparecencia. “Usted no pinta nada, es el pelele que ha sacado para que se lleve los golpes que le corresponden a ella. A usted no se le ocurrió comprar un ático con terraza enfrente en el barrio donde se ha criado Ayuso, obviamente”, le dijo al consejero de Presidencia. Y añadió: “Ayuso lo que quiere ser es una aristócrata, una emperatriz y tener un tren de vida que le paguemos los madrileños”.

Desde el PSOE, la portavoz autonómica, Mar Espinar, lamentó que a García le hubieran “obligado a cometer una ilegalidad” durante su comparecencia al presentar “informes de consejerías” elaborados “a posteriori” de la compra del ático en abril por el “capricho” de Ayuso. E incluso Vox tildaba de “poco precisas y confusas” las explicaciones del máximo responsable de Planifica Madrid.

Una de las incógnitas que sigue sin desvelar el equipo de Ayuso es quién decidió comenzar la búsqueda del ático de lujo y qué cargo político tomó la decisión final de adquirirlo. Si fue la propia presidenta, García o cualquier otro miembro del Gobierno autonómico. Desde la oposición no piensan dejar de utilizar el caso del ático en lo que queda de legislatura y están convencidos de que el escándalo hará caer a Ayuso, que se someterá a las urnas en la próxima primavera y que, según casi todas las encuestas publicadas en las últimas semanas, seguiría contando con el apoyo de la mayoría absoluta de los madrileños para mantenerse en el cargo.

Ni una semana sin una nueva polémica. Las Nuevas Generaciones del PP de Madrid han vuelto a ser objeto de críticas en redes sociales después de la desafortunada descripción que han hecho de la entrevista de este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el programa El Intermedio de La Sexta con una felación.

Si bien la publicación ha sido borrada en poco menos de una hora, los internautas no han tardado demasiado en criticarla y en capturarla para que queden evidencias de ella. “Os dejamos un resumen de la entrevista de ayer de Sánchez, para que no tengáis que verla”, apuntaba el post de la cuenta oficial de las juventudes del PP de Madrid en el que compartían un fragmento de la misma del periódico El Debate, uno de sus medios de referencia.

Eso sí, la publicación iba acompañada de un vídeo de unos segundos en el que se podía ver a un humorista introduciéndose un objeto fálico en la boca. Fácil de entender la comparación, ¿no?

Las críticas de sus rivales políticos no han tardado tampoco en aparecer. Las Juventudes Socialistas, que han calificado a los miembros de Nuevas Generaciones de “violentos y cobardes”, han cuestionado la publicación y su posterior borrado. “Es muy fácil ser valientes cuando no hay que dar la cara”, alegaban, tras lo que añadían que “mucho ruido, mucha burla y cero argumentos”.

También la propia portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha cuestionado esta publicación haciendo referencia a las declaraciones del portavoz del Partido Popular nacional, Borja Sémper: “Sémper condiciona el fin de los insultos a que Feijóo llegue a presidente. Por favor, ¿pueden dejar de dar ASCO hoy sin necesidad de ganar nada?”

En la misma línea, el PSOE nacional ha asegurado que, tras las promesas de Borja Sémper de “desterrar los insultos”, Nuevas Generaciones “demuestra que, para algunos, la falta de respeto es su verdadera manera de hacer política”. Y añaden: “Lo que sí debería hacer Feijóo es poner un poco de orden en su partido, dar menos lecciones y tener más coherencia”.

Lo cierto es que no es la primera polémica (ni será la última) de este grupo de jóvenes asociados al Partido Popular, que han protagonizado otras salidas de tono como por ejemplo cuando celebraron el cierre por parte del nuevo ejecutivo húngaro de los informativos de la televisión pública de Hungría, controlados por el ultraderechista Víktor Orban, que siguió formando parte del Partido Popular Europeo con la ayuda del PP español, con el comentario “RTVE, calienta que sales”.

También destacó la polémica a principios de año cuando, tras el secuestro de Nicolás Maduro por parte del Ejército de Estados Unidos, esta formación publicó un vídeo elaborado mediante inteligencia artificial en el que situaban en una misma situación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y que fue defendido por el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano.

Lo llaman inicio del curso político porque, igual que las clases vuelven en septiembre, en este mes es cuando los partidos reanudan su actividad, definen nuevos liderazgos o van tomando posiciones para lo que viene. Y si lo que viene esta vez son unas elecciones nacionales, autonómicas y municipales que se observarán muy de cerca unas a otras, intentando vaticinar la suerte que espera al resto, es normal que llegue pronto la presión por acertar. En la capital del país, el PP de Madrid se prepara para revalidar a José Luis Martínez-Almeida en el que ya sería tercer mandato. Aunque el alcalde había sembrado dudas por su reciente paternidad, diciendo que esta le hacía replantearse su futuro político, finalmente ha emplazado su destino a la próxima carrera por Cibeles, que arranca motores con pocos candidatos confirmados y muchas opciones sobre la mesa. No solo tendrán que enfrentarse a Almeida, sino también entre sí mismas.

La fecha marcada en el calendario es un domingo de finales de mayo de 2027. Será entonces cuando se celebren elecciones municipales en todos los ayuntamientos, coincidiendo con la jornada de las autonómicas. Aunque Isabel Díaz Ayuso accedió a la presidencia de la Comunidad de Madrid el mismo año que Almeida fue investido en Cibeles (2019) ella cursa su tercer mandato, porque convocó elecciones anticipadas poco después de llegar a Sol. Ambos perfiles se han visto desgastados y tienen el reto de repetir sus mayorías absolutas, en posible riesgo debido principalmente al ascenso de Vox, pero cuentan con menos competidores en su espectro y las encuestas apuntan a un escenario favorable. En cambio, al otro lado asoma el gran talón de Aquiles que golpea especialmente por la izquierda: la fuga de votos de presentarse por separado.

De momento, solo Más Madrid y el PSOE han confirmado a sus candidatas, que serán respectivamente Rita Maestre y Reyes Maroto. La primera de ellas es la más veterana: tomó las riendas de su partido en 2020 sucediendo a Marta Higueras, que había sido teniente de alcalde con Manuela Carmena y mano derecha de la exalcaldesa. Después de unos años fuera de la política institucional, precisamente Higueras es otra de las tres candidatas confirmadas para relevar a Almeida, aunque esta vez con una propuesta alternativa a la que ya mantuvo durante su última etapa, primero en el Grupo Mixto y luego como concejala independiente. Por otro lado, está la nueva irrupción de Anticapitalistas en la escena madrileña, que a principios de septiembre y ante los buenos resultados cosechados en Andalucía presentó Liberar Madrid, su propuesta para las próximas municipales y autonómicas.

Casi a la vez, el verano consolidó a Reyes Maroto en el PSOE madrileño después de ganar el pulso a la concejala Enma López, que presentó una candidatura paralela a las primarias y terminó perdiendo con un resultado reñido. La semana pasada el grupo municipal despojó de sus cargos a la que había sido su número dos en el Ayuntamiento.

Este fratricidio a la izquierda en el camino hacia mayo de 2027 se suma a otro vivido en Vox, donde la cúpula expulsó a Javier Ortega Smith como portavoz y, poco después, también a los dos ediles que le siguieron. Sin candidatos confirmados, suena Carlos Hernández Quero como sucesor de Isabel Pérez Moñino (que relevó a Ortega Smith) por ser el siguiente nombre en las listas electorales.

Tampoco se han pronunciado sobre sus intenciones para las futuras elecciones en Cibeles otras formaciones como Podemos, Izquierda Unida (IU Madrid) o incluso Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez, al que el Tribunal Supremo reclamó en julio sus movimientos bancarios en el marco de una investigación por presuntos delitos electorales y de financiación ilegal.

Sin embargo, todos los partidos sin representación actual (o los que buscan conservar pocos escaños) tienen un reto en común: pasar por encima del umbral electoral. Para lograrlo, deben obtener al menos el 5% de los votos en las próximas elecciones, pues la ley electoral que rige en España deja fuera del reparto de concejales a quienes no alcancen esta cifra mínima, que varía con cada período según el censo del momento. Durante los últimos comicios en Madrid, los de 2023, para el Ayuntamiento constaban 2.386.293 electores, según el Anuario Estadístico municipal, aunque solo 1.651.560 emitieron su papeleta. Fuentes de los partidos sitúan en los 80.000-90.000 votos la horquilla para conseguir representación. Mientras todas las piezas se colocan, y a la espera de conocer cómo se definirá ese umbral para 2027, lo que se sabe hasta el momento es que las papeletas que harán oposición a Almeida serán muchas, y muy variadas.

Más Madrid cambia de número 2 y apuesta por la vía Mamdani

De todos los candidatos a la Alcaldía de Madrid, Rita Maestre y el actual regidor son quienes más tiempo seguido llevan siendo concejales. Ambos entraron al Palacio de Cibeles en el año 2015, una en las listas de Ahora Madrid (embrión de Más Madrid) y el otro en la candidatura de Esperanza Aguirre, que ganó las elecciones contra Carmena aunque sin una diferencia suficiente como para impedir que su contrincante fuera investida con el apoyo del PSOE. Poco después, en 2017, el PP lanzó a Almeida como su nuevo líder en Madrid, mientras que Maestre lleva ya más de una década en el salón de plenos, primero como edil y luego como portavoz del principal partido en la oposición.

A principios de julio, Maestre fue reelegida para encabezar una nueva contienda electoral, en una lista que ha presentado a Daniel Ayuso –un perfil muy conocido en redes– como su número dos. El partido vivió recientes convulsiones internas, sobre todo entre la ministra Mónica García y Emilio Delgado, que ganó popularidad por inaugurar las charlas itinerantes con Gabriel Rufián. Sin embargo, la crisis quedó zanjada cuando anunciaron un acuerdo entre las partes: García irá de número uno contra Ayuso y Delgado estará en las listas para el Congreso.

De momento, en la estrategia electoral de Maestre destaca la apuesta por fórmulas como el puerta a puerta, que tan buenos resultados le arrojó a Zohran Mamdani, actual alcalde de Nueva York, a la hora de conseguir la movilización popular para su candidatura. También está utilizando un discurso gráfico más incisivo en su cartelería, con mensajes duros y directos como la campaña del Te están robando Madrid o el autobús con la imagen de Ayuso y Almeida que circula estos días por la capital.

Reyes Maroto se reafirma como candidata, ahora sin Enma López

Aunque Reyes Maroto aterrizó en el PSOE madrileño como una paracaidista para las municipales de 2023, ha cumplido la promesa que hizo a su electorado antes de aquellas elecciones: que seguiría liderando el partido independientemente de los resultados, en lugar de abandonar un cargo menor en la oposición. Para volver a intentarlo cuatro años después, sin embargo, ha tenido que enfrentarse a la que había sido su segunda en las listas, que llevaba siendo concejala desde antes de la pandemia. Después de ganar a Enma López por apenas 200 votos y consolidar su liderazgo en el Grupo Municipal Socialista, marcó distancias con su compañera de filas y hace unos días la despojaba de todos sus cargos en el PSOE de Madrid.

López respondió a la decisión en un comunicado difundido poco después en redes sociales, donde aceptó los cambios aunque siendo muy tajante al respecto: “Es una decisión que asumo, como no podría ser de otra manera, pero que no comparto. No forma parte de la manera en la que entiendo las primarias y la democracia interna de los partidos”. Desde su reciente victoria, Reyes Maroto había evitado referirse directamente al futuro de su rival en las primarias, comprometiéndose únicamente a trabajar en un proyecto “colectivo” y para “todas las sensibilidades”. Con la expulsión de Enma López, queda un nuevo camino despejado.

Liberar Madrid, una tercera opción dentro de la izquierda

A finales de agosto, unos meses después de que Adelante Andalucía sorprendiera cuadruplicando su representación en el Parlamento, Anticapitalistas comenzó a fijarse en su modelo pensando en replicarlo para Madrid, abriendo la puerta a una tercera papeleta dentro de la izquierda. Nada más arrancar el mes de septiembre presentaron a su nueva marca madrileña, Liberar Madrid, que aparece como un grupo centrado en acabar con la hegemonía del PP en toda la región sin resignarse, en sus palabras, a soportar un mal menor. “Echar a las derechas sin renunciar a nada”, resumen, aludiendo a terminar con la desafección política.

Entre sus miembros mencionan que habrá activistas o perfiles independientes, y ya han puesto fecha a su primer acto como partido –será el próximo 24 de octubre en el Teatro Sofía– o lanzado una plataforma web desde la que sumar apoyos a su causa, que por el momento se ha posicionado en contra (a través de sus eslóganes) de la “dictadura del rentismo” en la capital, o el “sionismo genocida” que se apoya dentro y fuera de ella.

La vuelta de Marta Higueras y la promesa de encontrar el centro

Marta Higueras llevaba fuera de Cibeles desde que empezó este último mandato, que acabará en primavera. Primero estuvo en la formación de Ahora Madrid y en su posterior gobierno con Carmena, donde fue su teniente de alcaldesa y también lideró el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Con la salida de la exjueza siguió en Más Madrid hasta romper definitivamente con la que había sido su formación y pasar al Grupo Mixto con Recupera Madrid, una agrupación que se disolvió al no obtener escaños en 2023.

Posteriormente, también se separó de los carmenistas, como pasó a conocerse a esta escisión en la izquierda, y terminó siendo concejala no adscrita. Ahora vuelve con Independientes por Madrid, que se suma a la lucha por reivindicar el centro entre progresistas y conservadores. Una de sus primeras propuestas ha sido bajar un 20% el sueldo de todos los concejales para dotar de más medios a la Oficina contra la Corrupción.

Queda la duda de qué harán otras formaciones a la izquierda del PSOE, como Podemos o IU Madrid. Los primeros sorprendieron nombrando a Ione Belarra nueva candidata para disputar a Ayuso el Gobierno regional, en una jugada doble: evitar la posibilidad de que su secretaria general pueda quedarse sin escaño en el Congreso y apostar porque su partido recupere el hueco perdido en la Asamblea de Vallecas, al no alcanzar el porcentaje mínimo de votos para obtener asiento y quedarse fuera del actual reparto.

Sobre Izquierda Unida, se desconoce oficialmente cuáles son sus planes en los próximos comicios, aunque sigue existiendo margen para que aparezcan más nombres desde la esfera progresista. Fuentes cercanas a la organización confirman que el partido afrontará próximamente un proceso de primarias, deslizando que al cierre de ese proceso lo más probable es que terminen integrándose en otras candidaturas a través de acuerdos electorales.

Incógnitas y tensiones en Vox después de expulsar a Ortega Smith

La onda expansiva desde la destitución de Javier Ortega Smith como portavoz de Vox sigue agitando al Grupo Municipal, incluso en las últimas semanas. Después de un enfrentamiento entre la cúpula actual del partido y el que había sido su secretario general, la formación de Santiago Abascal siguió presionando hasta hacer que le siguieran los otros dos ediles que se mantuvieron fieles al exportavoz: Carla Toscano e Ignacio Ansaldo. La primera incluso ha dejado su acta de concejala. Ahora el partido está dirigido por Isabel Pérez Moñino, un nombre menos conocido entre el electorado y que puede ser sustituido por Carlos Hernández Quero, quien figura bien situado en las quinielas.

Otro interrogante por resolver será qué hará el eurodiputado Alvise Pérez, que nunca ha confirmado que su partido fuera a aspirar a entrar al Ayuntamiento o la Asamblea de Madrid, pero ya trató de asentarse en otras comunidades durante las elecciones autonómicas de Aragón, Castilla y León o Andalucía. No consiguió escaño en ninguna de las tres, por lo que atreverse a competir en el tablero madrileño puede no entrar en sus planes. Quedan ocho meses para las próximas elecciones y el panorama que se encuentran los políticos ya no es el mismo que en 2023, aunque mantiene uno de sus grandes retos: superar la barrera del 5% para tomar fuerza en la capital.

Isabel Díaz Ayuso afronta la primera cita importante del curso político desde este jueves y viernes con la celebración en la Asamblea de Madrid del Debate sobre el Estado de la Región (DER), una cita anual en la que la presidenta autonómica y los partidos comparten el análisis sobre la situación de la Comunidad. El encuentro simboliza no solo el inicio del curso político sino también el primer debate antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Ayuso acudirá, sin embargo, con una presión añadida: la polémica de la compra del ático de 6,3 millones por parte de su gobierno sigue persiguiendo a la líder madrileña.

Los partidos de la oposición ya han adelantado que llevarán el caso al debate durante su turno, que tendrá lugar el viernes, un día después de la intervención de Ayuso. Previsiblemente, la presidenta autonómica aludirá a la comparecencia del consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, que el jueves 17 de septiembre hablará en la Asamblea de Vallecas sobre la operación que ha marcado la actualidad política durante los últimos meses.

El Gobierno de Ayuso anunció el 30 de julio, solo un día después de que saliera publicado en prensa, que iban a poner en venta el inmueble de la calle General Martínez Campos, a pesar de que la compra se firmó en el mes de abril. Posteriormente, la baronesa del PP intentó zanjar la polémica. “Está en venta, chao pescao”, llegó a decir en rueda de prensa al ser preguntada por detalles desconocidos en torno a la operación. Y, ahora, meses más tarde, esa información todavía se desconoce. Tanto es así que ni siquiera se dispone del expediente de compra de Planifica Madrid, la empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia que compró el inmueble.

En estos últimos dos meses se han ido conociendo más detalles del caso, como que la presidenta acudió a visitar el inmueble después de la compra, que la Comunidad de Madrid exigió confidencialidad en la compra o que el Gobierno autonómico trasladó a la inmobiliaria que buscaba un inmueble de “entre 250 y 400 metros y gran terraza”. Este mismo lunes a última hora expiró el plazo de presentación de las ofertas de Planifica Madrid, aunque todavía no se conoce si existen o no esas ofertas, aunque desde Presidencia aseguran que previsiblemente esa información aparecerá en Transparencia. La apertura de los sobres con las propuestas se efectuará el miércoles 16, un día antes de la comparecencia del consejero.

Ayuso incluso ha llegado a enseñar su contrato de alquiler en una entrevista con OkDiario en la que ha asegurado que es rotundamente falso“ que se le haya comprado ”una casa“. Ni Más Madrid ni PSOE consideran que el documento es suficiente para desmentir las denuncias y críticas que pesan sobre la líder madrileña, a pesar de que el Gobierno autonómico se aferra estos días a ese documento para zanjar la polémica y acusar al presidente Pedro Sánchez de ”mentir“ en sus acusaciones.

Ceuta, la climatización de las aulas y la reconstrucción

Con el debate próximo y la polémica del ático todavía dando de qué hablar, el Gobierno de Ayuso lleva estos últimos días intentando cambiar el foco. Empezó hace una semana, con la concentración por Ceuta en diferentes ciudades de España. La plana mayor del PP se reunió en Cibeles y la cita dejó una imagen que, después de meses de polémica y tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el ático, mandaba un claro mensaje: Ayuso no está sola.

Luego siguió cuando la Comunidad de Madrid intentó boicotear la reunión de Hacienda sobre financiación autonómica. Pidieron al resto de regiones del PP que tampoco asistieran, pero al final estas hicieron caso omiso y Ayuso obtuvo justo lo que necesitaba. Que se hablara del nuevo desplante de la baronesa del PP al Ejecutivo central.

Esta semana la situación ha cambiado ligeramente. Ahora ya no basta con cambiar el relato, también hay que sacar pecho de la gestión, que es lo que previsiblemente hará Ayuso durante el debate de la Asamblea. Hace unos días, fue la propia presidenta autonómica quien anunció que iba a invertir 1.240 millones de euros para mejorar la climatización de cientos de centros educativos públicos en toda la región. Lo hizo después de que las asociaciones de familias llevaran meses exigiéndolo y siendo desoídas por la administración y a pesar de las declaraciones de miembros de su gobierno, como el desafortunado comentario del consejero de Cultura, Mariano de Paco.

Pero ese anuncio no se queda ahí. Este mismo miércoles se ha conocido que el Gobierno autonómico ha preparado un nuevo paquete de medidas valoradas en más de 26 millones de euros para avanzar en la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios del verano, incluido un plan para prolongar el desdoblamiento de la M-501 desde Navas del Rey, uno de los anuncios que hará Ayuso durante su intervención del jueves pese a las quejas que presentaron los grupos ecologistas cuando surgió el primer proyecto de la mano de Esperanza Aguirre.

Mientras, la presidenta autonómica vuelve a erigirse como azote del Gobierno de Pedro Sánchez gracias al nuevo varapalo del Tribunal Supremo con la conocida como 'ley de nietos', que frena el derecho al voto de los descendientes españoles exiliados por la dictadura franquista. “Ayuso ya advirtió lo que significaba la 'ley de nietos'”, aseguraba el PP de la capital este miércoles. Un nuevo tanto que se apunta Ayuso y su equipo.

La representación legal del PSOE ha solicitado que Alfonso Serrano, número 2 de Isabel Díaz Ayuso en el PP madrileño, vuelva a declarar como testigo en el caso de revelación de secretos que se sigue en un juzgado de Alcalá de Henares por la filtración y publicación de una nota policial que la presidenta utilizó para señalar a los migrantes del centro de acogida de la localidad como autores de supuestas agresiones sexuales.

Serrano ya declaró el pasado mes de abril ante la jueza y aseguró que fue un anónimo quien le remitió una nota interna de la Policía municipal que él publicó en X. El secretario general del PP madrileño prestó declaración como testigo en una causa donde la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judit Piquet, ya va camino del banquillo por revelar el contenido de esa nota.

El pasado agosto, la instructora del caso dictó el auto de pase a procedimiento abreviado en el que proponía juzgar a la alcaldesa. “Hay que salvar a la Presidenta. Hay que salvar a la Jefa”, habría expresado Judith Piquet, según el auto.

Serrano se salvó de la imputación después de declarar en el juzgado que a él le llegó la nota por otra vía, un correo electrónico de alguien que no conoce y que, según aseguró, había borrado.

Los socialistas creen que Serrano debe aclarar las circunstancias de la recepción de ese correo y que, por eso, se debe requerir al Partido Popular, a la Comunidad de Madrid y al Senado (por la condición de parlamentario de Serrano), las cuentas de correo electrónico del político del PP.

También solicita que se incauten los whatsapp y los correos electrónicos entre Serrano, la alcaldesa y la concejala de Seguridad de Alcalá. Una vez analizadas todas esas comunicaciones debería ser citado Serrano, añade el escrito del PSOE, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Uno de los alojamientos oficiales del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, un piso anunciado en la web oficial de Madring a través de su apartado hoteles, se ubica en el mismo bloque donde estuvo a punto de producirse un dramático desahucio el pasado julio. Situado en el número 6 de la calle Santa Ana, en la céntrica zona de La Latina, se trata del edificio donde reside Paquita. Una mujer de 82 años, enferma de párkinson, que se enfrentó a un desalojo pese a no tener deudas y haber abonado todas sus mensualidades (superiores a 1.000 euros).

Además, según el listado de viviendas que ha clausurado la Agencia de Actividades del Ayuntamiento por operar sin licencia, varias viviendas de Uso Turístico deberían estar cerradas. Pese a ello, no solo siguen operativas, sino respaldada por uno de los principales eventos de la ciudad (impulsado a su vez por el Gobierno autonómico y el municipal).

La empresa Tolesanta, sancionada por los ruidos y molestias que han generado algunos de sus alojamientos turísticos (algunos de los cuales llegaron a ser clausurados), pretende destinar a este uso el edificio donde vive Paquita. Por ello, no le dieron alternativa alguna para que ella y su hijo de 47 años pudieran continuar allí, aunque hayan sido unos inquilinos intachables durante 28 años.

Desde el área de Urbanismo indican que en este emplazamiento “se procedió a dar ordenes de ceses a 12 viviendas de uso turístico”. De ellas, “siete restablecieron la legalidad ya que, tras las correspondientes visitas de comprobación, pudo acreditarse que en ese momento ya no se ejercia la actividad de vivienda de uso turístico”. Respecto de las 5 restantes, indican, “se encuentran en tramitación procedimientos de ejecución forzosa, mediante la imposición de multas coercitivas a los efectos de hacer cumplir la resolución de cese a los interesados”.

Fuentes del departamento que lidera el concejal Borja Carabante también deslizan que el alojamiento podría aprovechar la figura del alquiler temporal, aunque en la práctica sea uno turístico, para eludir la necesidad de operar con un permiso: “El auncio de una vivienda en alquiler para los dias de la F1 podría cumplir con la normativa de arrendamientos urbanos considerándose un contrato de alquiler por temporada”.

El drama de Paquita: “Es nuestra casa de toda la vida”

“¿Adónde me voy a ir con unas semanas de aviso?”, se preguntaba en declaraciones a elDiario.es. “Por aquí no ha venido nadie ni me han dicho por qué quieren que me vaya. Si quieren que pague más, podríamos hablar”, apostillaba, para exponer la falta de negociación por parte de la compañía propiedad del empresario Alexander Couret. En 2024, facturó más de 1,4 millones de euros. “Esta es nuestra casa de toda la vida, aquí han muerto mi madre y mi marido, esto es muy duro. Que me digan que les pague algo más y lo pactamos, pero que no nos echen después de toda una vida. No hay derecho”, lamentaba Paquita.

Cuando la fecha del lanzamiento ya estaba fijada, un auto judicial de la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 36 de la capital aplazó el proceso debido a la falta de un informe que verifique la situación de vulnerabilidad y una posterior solicitud de vivienda alternativa a las administraciones. Pero la paralización es solo temporal, la amenaza permanece.

Tolesanta ya he reconvertido la mayoría de pisos del edificio donde residen Paquita y su hijo en alojamientos temporales. Como tal opera Biztrip Latina, el inmueble que se publicita en el portal oficial de Madring. El precio es de 655 euros por persona y noche durante la celebración del Gran Premio, con llegada el 11 de septiembre (día de inicio) y salida el 14 (un día después de la carrera definitiva). En este período, los promotores obtienen 1.965 euros con un solo visitante. Casi el doble de la renta mensual que abona Paquita, que será su vecina durante la estancia.

Para la portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, este caso ejemplifica que la Fórmula 1 se aleja de las previsiones de “prestigio” prometidas por el alcalde José Luis Martínez-Almeida: “Lo que está trayendo es un pelotazo económico, como estamos denunciando, pero ahora también sabemos que es un pelotazo inmobiliario vergonzoso de dimensiones internacionales. Parece increíble, pero sí, en la web de la F1 se alquilan los pisos turísticos ilegales que hay en el edificio de la calle Santa Ana, 6, en el que vive —más bien resiste— Paquita. La vecina a la que intentaron desahuciar hace unos meses para convertir el edificio completo en hotel”.

La F1 no ha creado el problema, pero mira por dónde, está poniendo foco internacional a que Almeida ha convertido Madrid en un parque temático para especuladores

Rita Maestre — Portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento

“La cosa no acaba aquí. El Ayuntamiento permite comercializar una VUT cesada por la Agencia de Actividades como alojamiento oficial de la F1. Ya tenemos el pack completo: un edificio residencial, paradigma del Plan Expulsa de Almeida, convertido en negocio turístico con el sello internacional de la F1. ¡Vaya casualidad, ¿eh?! Esto es el Plan Reside funcionando exactamente como avisamos desde Más Madrid: mientras Almeida presume de proteger la vivienda, abre la puerta a que fondos buitre y operadoras turísticas se forren a costa de quedarse con edificios en el centro mientras expulsan a las vecinas y vecinos”, expone la líder de la oposición municipal.

El Plan Reside separa a turistas de residentes, ya que prohíbe los Airbnb dispersos en el corazón de Madrid y a cambio ofrece dedicar edificios enteros a los apartamentos turísticos, con ciertas condiciones. Fuera de la almendra central que circunscribe la M-30 (no es este caso), pueden habilitarse en bajos, sótanos o primeras plantas. A priori parece más restrictivo que el Plan Especial de Hospedaje aprobado durante el mandato de Manuela Carmena, al que sustituye desde que entró en vigor en septiembre de 2025, ya que permite viviendas turísticas en menos lugares. No obstante, ha abierto la puerta a una posibilidad que no existía: convertir edificios residenciales enteros en pisos turísticos, lo que puede suceder en el 73% de bloques de la almendra central de Madrid, según un estudio que publicó el PSOE.

Maestre opina que este controvertido anuncio es solo un reflejo simbólico de una dinámica generalizada: “Almeida sabe que los pisos turísticos de la calle Santa Ana son ilegales, pero no los cierra, como no cierra las miles de VUT en esta ciudad. En algún despacho de este Ayuntamiento a alguien le interesa que sigan abiertos”. Y añade: “La F1 no ha creado el problema, pero mira por dónde, está poniendo foco internacional a que Almeida ha convertido Madrid en un parque temático para especuladores. Exigimos a Almeida que cierre de inmediato los pisos turísticos ilegales, los de Santa Ana y todos los demás, y le exigimos explicaciones de cuántas viviendas se han sacado al mercado vinculadas al pelotazo de la F1”.

El anuncio de Madring subraya las características de La Latina a nivel de gastronomía o casticismo, esas mismas características que la especulación hace tambalearse: “Este apartamento está situado en pleno centro de la ciudad, a pocos metros de la estación de metro de La Latina, uno de los barrios más emblemáticos y con más carácter de Madrid. La Latina es conocida por su excelente escena de tapas, donde conviven tabernas tradicionales, bares históricos y restaurantes modernos e innovadores. Es el lugar ideal para disfrutar de un aperitivo dominical o para recorrer El Rastro, el icónico mercadillo al aire libre de Madrid”.

El texto destaca la “ubicación céntrica” y “excelentes conexiones” de la estancia, aunque se tardan unos 50 minutos en llegar al entorno del Gran Premio en Ifema a través del transporte público. La propia página indica que entre un punto y otro median 9,88 kilómetros.

Madring dispara los precios (y las polémicas) de la turistificación

Las pestañas del portal de Madring dirigidas a hoteles y hospitality ejemplifican la contribución del proyecto a la turistificación y el alza de precios de los alojamientos. El portal incluye apartamentos y hoteles próximos a Ifema o Valdebebas, pero también en otros puntos de la ciudad, sobre todo en el centro. Con ello, muchos visitantes pueden conocer el resto de la ciudad aprovechando el viaje. La tarifa media se ha disparado un 69,60% y alcanza los 485 euros frente a los 286 de 2025, según las cifras que maneja la plataforma de comercio hotelero Site Minder. La estancia media aumenta un 7,50%, para pasar de 2 días el año pasado en las mismas fechas a 2,15 días en torno al evento.

La de Paquita no es la primera controversia que ha surgido en torno a las viviendas turísticas y Madring. El PSOE de Madrid ha presentado una solicitud ante la Agencia de Actividades por la proliferación de alojamientos temporales sin licencia cerca del circuito. Los precios en sus anuncios para los tres días de competición superan en muchos casos ampliamente los 10.000 euros. Una de las ofertas alcanza incluso los 17.000 (en una casa con cuatro habitaciones para seis personas), dentro de lo que el concejal Antonio Giraldo define como una “clara lógica especulativa originada por el propio Gran Premio”. Queda por ver si, esta vez, la actuación de la Agencia es eficaz.

La polémica por la compra opaca de un ático de más de seis millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid no ha roto la entente que mantienen Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso desde que el gallego aterrizó en la capital, hace ya más de cuatro años, para hacerse con las riendas del PP. Aunque en el partido se ha extendido la idea de que la gestión de la crisis por parte del Gobierno regional y de su lideresa es muy mejorable, a nadie se le pasa por la cabeza su caída o que se active una operación para descabalgarla a las puertas de uno de los ciclos electorales más importantes para la derecha.

Pese a la rumorología que se ha extendido por Madrid en las últimas semanas, todas las fuentes consultadas por elDiario.es dan por hecho que Ayuso será la candidata del PP en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo y que repetirá como presidenta regional al frente de uno de los gobiernos regionales más importantes, tanto económica como demográfica y políticamente.

No hay un enfrentamiento abierto entre la dirección nacional y la madrileña, apuntan desde ambos espacios. No existen maniobras internas para que, a nueve meses de que se coloquen las urnas, el PP prescinda de uno de sus principales activos electorales, fundamental para taponar la posible fuga de voto hacia la extrema derecha.

“No hay fuego amigo”, aseguran desde la dirección del PP de Madrid, que dicen desconocer cuál es el origen de la información que permitió a ‘El País’ adelantar la compra del ático. “Pudo ser cualquiera”, apuntan sobre el origen de la información.

Mayoría absoluta en riesgo

En el PP de Madrid descartan que pueda tener relevancia electoral. “Es un tema estirado artificialmente por la izquierda política y mediática”, sostienen las mismas fuentes, que consideran que el asunto tendrá “entre poca y ninguna repercusión” en las elecciones autonómicas y municipales de 2027.

Tampoco en las plantas altas de Génova temen un descalabro electoral de Ayuso, aunque algunas voces no descartan que pueda tener cierta incidencia en el voto y ponga más difícil a la madrileña reeditar una mayoría absoluta que, dicen, ya tenía complicada antes de la polémica.

El ciclo electoral de la primera mitad de 2026, ideado por el PP para desprenderse de la dependencia de Vox, supuso justo lo contrario: la constatación de que la derecha y la extrema derecha se necesitan para gobernar.

El PP no solo no logró la esperada mayoría absoluta en Extremadura, sino que la perdió en Andalucía, retrocedió en Aragón y se quedó más o menos como estaba en Castilla y León.

El año que viene se repartirá buena parte del poder autonómico y todo el local, y en el PP ya nadie quiere acordarse de la promesa de gobernar en solitario lanzada por Feijóo hace apenas un año. Y ni siquiera dan por hecho que Ayuso podrá retener un poder omnímodo.

Nada que ver con Casado

Las fuentes consultadas por elDiario.es revelan que las direcciones nacional y autonómica del PP se pusieron en contacto inmediatamente después de que se conociera la irregular compra del ático. Miguel Tellado llamó a Alfonso Serrano y ambos secretarios generales hablaron de cómo gestionar la crisis abierta.

Una de las principales misiones del reducido equipo que acompañó a Feijóo en su viaje de Galicia a Madrid fue la de ganarse al PP de la región. Y Tellado es, desde 2022, el principal nexo de unión entre ambas direcciones. Además, la comunicación entre los gabinetes de ambos líderes es fluida y constante, aunque no siempre el resultado sea el buscado.

El predecesor de Feijóo, Pablo Casado, fue defenestrado precisamente por una guerra fratricida abierta entre él y Ayuso, dos buenos amigos hasta entonces, por el control del partido.

Los fantasmas de aquella guerra amenazaron con reaparecer este mes de agosto, cuando Feijóo abordó la polémica del ático en una entrevista para Europa Press.

El líder del PP no se desmarcó de la línea argumental mantenida por Sol. Primero, que estaban previstas unas obras en la sede oficial del Gobierno autonómico. Segundo, que cualquier explicación sobre la adquisición debían recaer en el departamento del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín.

El problema no fue el contenido de la entrevista, sino las declaraciones en sí, que se hicieron públicas el domingo 23 de agosto, cuando en el PP de Madrid pensaban que el suflé de la polémica comenzaba a bajar, en buena parte gracias a las fuertes críticas por la gestión de la crisis de Ceuta por parte del Gobierno central.

Las palabras de Feijóo reactivaron las preguntas sin responder sobre la compra del ático. Los medios cuestionaron directamente a Ayuso, quien sorprendió a propios y extraños con un exabrupto que, sin ser del todo inesperado en su boca, dentro del PP sí se considera un error: “Está en venta, chao pescao”.

En defensa de Ayuso

En la dirección del PP de Madrid quitan hierro a las declaraciones de Feijóo, que sitúan en la salida “típica” que eligen los políticos ante preguntas que pueden resultar complicadas: tirar de argumentario y limitarse a pedir que se “explique” lo ocurrido.

En el PP de Madrid descartan cualquier paralelismo entre la actual relación con Génova y la guerra con Pablo Casado y lo tachan de “ruido” en redes sociales.

“No tiene nada que ver”, sostienen. Y aseguran que a Casado no se lo llevó por delante que denunciara la corrupción de Ayuso, que no existió “porque la Justicia lo desmintió”, sino por “usar un bulo para atacar a su compañera de partido”.

Un supuesto “bulo” que sigue publicado en la cuenta de Twitter del PP cuatro años después.

Lo cierto es que la dirigente regional es intocable para la militancia, que mantiene una fervorosa pasión por ella.

Esta misma semana, en la concentración convocada contra la gestión del Gobierno en Ceuta por el PP bajo el paraguas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), volvió a llevarse la mayor ovación entre las decenas de miles de personas concentradas en la madrileña plaza de Cibeles.

Mientras el resto de dirigentes presentes, entre ellos Feijóo y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, abandonaron el acto poco después de finalizar, la presidenta se dio un baño de masas tras atender a los medios y obviar las preguntas referidas al ático, haciendo bueno ese “chao pescao” de finales de agosto.

Pese a algunos comentarios en voz baja y siempre en privado, la dirección del PP y todos los barones autonómicos han cerrado siempre filas con la presidenta madrileña.

Incluso cuando, como el pasado viernes, les pone en un compromiso al promover unilateralmente un boicot al Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que aprobó la nueva financiación autonómica y en el que se quedó sola.

No es la primera vez que Ayuso marca el camino a sus compañeros de partido, o que lo intenta, si bien es cierto que con menos éxito que en el pasado.

Pero ni siquiera los delitos fiscales confesados por su pareja, Alberto González Amador, ni las investigaciones judiciales abiertas para determinar la legalidad de su relación con el grupo sanitario privado Quirón, el principal contratista de la Comunidad de Madrid, han hecho mella en el respaldo del PP a Ayuso.

Este mismo mes de agosto, y pese a los rumores sobre una posible separación, ella misma habló en presente de su “familia política” y la relación que tienen con Ceuta. En el PP de Madrid declinan hacer cualquier comentario al respecto.

En esa misma entrevista, publicada el 19 de agosto, aseguró que, por ahora, no tiene intención de visitar Ceuta. “No se puede utilizar como un escaparate”, dijo. Ese mismo día, su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, visitaba la ciudad autónoma. Al día siguiente, lo hizo el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.

Con todo, la relación entre Feijóo y Ayuso es buena, mejor de lo que fue al principio del mandato del gallego. Al menos en público. Como apuntan desde la dirección nacional, el líder del PP no ve en ella el peligro para su posición en el partido que sí percibió Casado en su momento. Sabe que las próximas elecciones generales serán su última oportunidad: si gana, gobernará; si pierde, se irá a su casa.

Ambos han compartido decenas de actos en los últimos años, y a Feijóo se le ha ido viendo más cómodo con el paso del tiempo, fruto de la metamorfosis madrileña sufrida por el dirigente gallego desde 2022. Este mismo fin de semana, Feijóo ha vuelto a respaldar a Ayuso en el acto de inicio de curso político celebrado en el municipio madrileño de Getafe. La entente sigue en vigor.

El líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a atacar al Gobierno de Pedro Sánchez por la crisis humanitaria de Ceuta y ha colocado otra vez a Felipe VI en el centro de la polémica. “Son distantes con el rey de España y reverenciables con el de Marruecos. Son los más monárquicos en el país equivocado”, ha destacado el presidente de los conservadores en un acto en el municipio de Getafe con motivo de la apertura del curso político del PP madrileño junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Feijóo ha destacado que en el Gobierno de España “son implacables con las comunidades que están gestionando sobrepasadas con los menores y mansos con las mafias de inmigración ilegal” y ha continuado señalando que “son contundentes contra naciones aliadas que protegen sus fronteras”, en referencia al conflicto surgido con Italia, y “sumisos contra quienes revientan nuestras fronteras”, por una posible participación de Marruecos en la entrada de 70.000 personas el pasado mes de julio. Según el líder del PP, “España no debe ni pedir permiso ni perdón para mantener su integridad territorial”, ya que “tiene que cumplir con sus derechos constitucionales, como respeta el resto de naciones”.

Para el líder del PP, “en Ceuta hemos visto la hipocresía de la izquierda” ya que “está callada” ante la inseguridad que se vive en la ciudad donde, según ha dicho, los abusos sexuales se han multiplicado “por ocho”. “El miércoles [en referencia a las manifestaciones convocadas en los ayuntamientos] vimos como en toda España los españoles dijimos que Ceuta es nuestra y que somos igual de españoles que los ceutíes”, ha añadido Feijóo.

Además, Feijóo ha aprovechado su intervención para pedir a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que “deje” comparecer a la directora general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, porque los españoles tienen “derecho a conocer la verdad” sobre lo ocurrido en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio. “Llevamos desde principios de agosto solicitando la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales. Yo le digo a la ministra de Defensa desde aquí: deja comparecer a la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales porque si lo sigues impidiendo, aunque no le aplaudas, eres igual que Pedro Sánchez”, ha dicho.

En una línea similar se ha pronunciado Ayuso minutos antes. Según la líder regional, Sánchez niega “la verdad y miente”, ya que ha existido “una acción coordinada desde Rabat” y coordinada por “los servicios secretos marroquíes” que “fueron los que dirigieron a estos inmigrantes hasta el punto exacto de entrada”. Y, según ella, el presidente del Gobierno “no ha hecho nada. ”España está sola, no tiene defensa internacional“, ha dicho y ha añadido que ”han chuleado a EEUU“ y que ahora ”estamos solos y débiles con un Gobierno al que le han tomado la matrícula“.

Criticas a las vacaciones de Sánchez

“Necesitamos autoridad, ley y orden, y fronteras, y no un presidente que pasa de las fronteras mientras está de vacaciones”, ha asegurado la presidenta madrileña que ha criticado que Sánchez no suspendiese sus “lujosas” vacaciones. “Lo único a lo que está es al descanso, porque dice que tiene derecho. No, no tienes derecho. Cuando tú tienes una responsabilidad, eso está por encima de tu derecho a las vacaciones. ¿Cómo qué derecho a las vacaciones un líder político? Si las cosas están mal, te quedas con tu pueblo. Y, cuando las cosas se arreglen, como todo padre de familia, ya te irás si puedes. No hay derecho a vacaciones y que España se hunda. No hay derecho a hundir a España y a abandonarla”, ha defendido.

También se ha pronunciado sobre esto Feijóo que ha iniciado su intervención destacando que “un político no es oficinista de 8 a 3, es una persona que se compromete con el interés general”. El líder del PP ha destacado que en los próximos meses su partido se va a exigir “mucho”: “No vengo a pedir paciencia, vengo a pedir fuerza cada día, cada minuto y en cada lugar para que gane la razón de los españoles. Os aseguro que valdrá la pena”.

“No podemos confiarnos ni pensar en que todo caerá como una fruta podrida, hay que apretar”, ha dicho Feijóo en relación con las próximas elecciones municipales y autonómicas en mayo y una posible convocatoria de comicios generales. “Si algo hemos aprendido en estos años es que enfrente tenemos a una gente que puede hacer cualquier cosa para mantenerse”, ha asegurado y ha adelantado que “vamos a echar a Pedro Sánchez” aunque “ya sabemos como son: son expertos en maniobrar, de decir una cosa y la contraria”.

A renglón seguido, ha subrayado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que también estaba presente en el acto, competirá con una exministra de Sánchez como candidata, en alusión a Reyes Maroto. Y a Ayuso, ha proseguido, “le ponen dos ministros de candidatos”, en referencia al socialista Óscar López y Mónica García, de Más Madrid. En este punto, ha pedido a Ayuso y Almeida hacer “un trato”: “Vosotros le ganáis a los ministros y yo le gano al presidente”.

“Vamos a ir de cara y así le vamos a ganar. Y esta vez no como en el año 2023, sino haciendo imposible que vuelvan a gobernar después de perder. Es como tenemos que ganar”, ha destacado antes de concluir haciendo propio el eslogan de Ayuso en las últimas elecciones autonómicas: 'Vamos a ganar con ganas'.

Por su parte, la presidenta Ayuso ha comenzado su intervención, centrada en los ataques contra un Sánchez al que ha llamado “el jeta de La Mareta” y al que ha acusado de estar “obsesionado” con ella, destacando que comienza “un curso especialmente decisivo para España”. “Es el momento de reiniciar España”, ha dicho tras decir que pasamos por el momento más “antidemocrático” de su historia.

Para la líder regional, el Gobierno de Pedro Sánchez es “un proyecto totalitario, una reedición del frente popular, esta vez unido a los nacionalismos”. “Está atacando la unidad de España y la defensa de nuestras fronteras”, ha indicado y ha apuntado que “lo que ocurre en Ceuta está ocurriendo por toda España a menor velocidad”.

Ayuso también ha defendido la postura de su Gobierno de no acudir a la reunión con Hacienda para aprobar la financiación autónomica. “Si me dicen que pagando 500 millones de euros porque Sánchez se vaya, los pagamos”, ha bromeado la presidenta que ha destacado que “los madrileños no pueden más” porque “estamos pagando la fiesta independentistas”. “El dinero de los madrileños no se toca, y si lo tocan lo va a pagar. Eso lo juro”, ha dicho. “Estamos a dos días del francomodín”, ha afirmado la líder regional que también ha deslizado que el Gobierno quiere que “acabemos en una guerra civil”.

Silencio sobre el ático de lujo de Ayuso

Feijóo y Ayuso han exhibido unidad con este acto en el municipio de Getafe con el que inician un nuevo curso político, que estará ya marcado por las elecciones autonómicas y municipales del 2027. El encuentro ha reunido también a dirigentes y afiliados del Partido Popular de Madrid en el que también ha intervenido el portavoz popular en la localidad y candidato para las próximas elecciones municipales, Antonio José Mesa, que ha aprovechado este altavoz para cargar contra la alcaldesa socialista de la localidad.

El encuentro de ambos líderes se produce además en plena polémica por la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid a través de Planifica Madrid, un asunto que el Gobierno madrileño quiere dar por zanjado ya que, según ha alegado, las explicaciones que se han dado son “concluyentes”. Y que, obviamente al ser un acto de partido, no se ha mencionado en ninguna de las intervenciones.

La propia presidenta tuvo que salir a defender el pasado 24 de agosto que ya se ha “dicho todo” sobre el ático y “se puede demostrar”: “Está en venta. Chao pescao”. Esta declaración se produjo en respuesta a unas declaraciones de Feijóo en una entrevista en la que aseguró que conocía desde el mes de abril que el Gobierno madrileño buscaba un lugar para “un traslado temporal” del equipo de secretaría y gabinete de Presidencia y que tendría que ser Patrimonio de la Comunidad de Madrid el que explicase por qué compró esta vivienda que “no se puede destinar a oficina”.

El Gobierno de Ayuso ha sacado a la venta ese inmueble por un precio de salida de 6,7 millones para recaudar fondos con los que pagar la reconstrucción de la Sierra Oeste a raíz del incendio que arrasó unas 30.000 hectáreas. Esta semana también se ha conocido que Ayuso visitó el ático adquirido por la empresa pública en el distrito de Chamberí tras su compra, pero se dejó para finales del mes de octubre “la decisión de qué hacer respecto al traslado” por las obras en la Real Casa de Correos.

Esta historia no comienza en julio de este año, cuando descubrimos que la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de más de 400 metros. Empieza en la primavera de 2024, cuando elDiario.es destapa que Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, tenía una trama de facturas falsas y empresas pantalla para defraudar a Hacienda… y que la presidenta y su pareja viven juntos en un ático, pagado por él, a su nombre, y de más de un millón de euros. En ese momento, Ayuso dice esto: yo no vivo en una vivienda oficial ni pública pagada por todos ustedes.

A raíz de la crisis de este verano, el ático que paga la Comunidad de Madrid se pone a la venta, porque se descubre que solo puede ser, legalmente destinado a vivienda, no a oficinas. Esta historia sobre viviendas, áticos de lujo, inmuebles que cuesta una millonada al erario público acaba donde empezó. Es circular, porque volvemos al primer ático, el que compró su pareja después del fraude fiscal… Está ahora a la venta.

¿Será este caso un punto de inflexión en las aspiraciones políticas de Ayuso? ¿O simplemente será una historia de verano? Lo analizamos con los periodistas de elDiario.es África Gelardo y Aitor Riveiro.

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“No vi nunca nada igual, ningún expediente de concesión directa o mediante concurso con estas características y con un intrusismo tan inusual”. Mariano González, arquitecto colegiado en Asturias, es una de las voces del sector que han mostrado sus suspicacias con la adjudicación del diseño de la reforma de la Real Casa de Correos. La Comunidad de Madrid publicó el pasado 7 de agosto los pormenores de la licitación para esta fase de las obras de su sede en Sol, unos trabajos que adquirieron protagonismo mediático después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso esgrimiese su desarrollo como el motivo para adquirir el ático de 485 metros cuadrados y 199 de terraza en Chamberí. Según el Ejecutivo regional, ese inmueble ahora puesto en venta a través de Planifica Madrid iba a servir para acoger “reuniones” hasta el fin de la reforma, pese a no contar con los permisos pertinentes para dicho uso.

Los profesionales contactados por este periódico coinciden en lo anómalo de otorgar a una arquitecta de interiores una intervención como la del emblemático espacio de la Puerta del Sol, sobre todo porque tiene lugar en un edificio protegido con la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC). Un procedimiento sin publicidad ni libre concurrencia que concedió el proyecto a la interiorista Alejandra Pombo (prima de la influencer María Pombo) por 59.377 euros, IVA incluido.

Pombo es graduada en Arquitectura de Interiores por la Universidad Politécnica de Madrid y es en esta rama donde ha desarrollado su carrera, en la actualidad a través de su empresa Pombo Estudio SL. Las fuentes consultadas no dirigen sus reproches en valorar su trayectoria o su currículum, para algunas aceptable y para otras “manifiestamente insuficiente”, sino que se centran en cuestionar la redacción del proyecto, así como el perfil formativo y el área de trabajo de Pombo.

“No puedes adjudicar a expensas de que incorpore luego un arquitecto”

Para Elena Sarabia, arquitecta y urbanista, “el contrato y los pliegos incluyen elementos que no puede diseñar una decoradora de interiores en un inmueble con un alto nivel de protección”. Explica que, en una construcción de las características del icónico edificio del centro de Madrid, “una intervención en la fachada también implica afección a la estructura, y en cuanto se toca esta debe intervenir un arquitecto”. Desde su punto de vista, se trata de un procedimiento “viciado de origen”, ya que “no puedes adjudicarlo a expensas de que incorpore luego un arquitecto cualificado en su equipo”. Este, sostiene, debe estar detallado desde el origen y comandar tanto el diseño como la ejecución de la actuación.

Según Sarabia, “un proyecto de decoración o interiorismo en este inmueble solo puede cambiar los muebles y pintar, ni siquiera puedes tocar las molduras de las paredes”. Recalca las exigencias y el rigor impuestos por la Comisión Local de Patrimonio Histórico, organismo dependiente de la Consejería de Cultura por el que tendrá que pasar el diseño que ahora elabore Pombo: “Si haces cambios mínimos en cinco estancias y en la sexta no, te pueden obligar a actuar en las seis por cuestiones de homogeneidad. Exigen fotografías y explicaciones de todos los materiales empleados, del estado del inmueble y del mantenimiento que se le va a dar. Cuando he tenido que exponerme a esta instancia he sido consciente que no habría sido capaz sin mi formación. Debes detallar cómo vas a llevar a cabo las restauraciones o por qué determinados elementos se pueden rehabilitar y otros no”.

En un BIC con categoría de monumento, cualquier reforma del interior requiere informe positivo de Patrimonio, hasta mover un enchufe. Deberían ser ejemplares y adjudicar a una persona con la titulación pertinente, capaz de explicar la obra exacta

Lucía Bentué — Arquitecta y miembro del grupo de representantes Nexo COAM

Su compañera de profesión Lucía Bentué, miembro del grupo de representantes Nexo en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), va un paso más allá: “En un BIC con la categoría de monumento como este, cualquier reforma del interior requiere un informe positivo de Patrimonio, hasta para mover un enchufe. Por eso deberían ser ejemplares y adjudicar a una persona con la titulación pertinente, que sea capaz de explicar la obra exacta y qué es lo que necesita”.

“Hay muchos profesionales de la arquitectura con mucha capacidad para hacer este trabajo, con el conocimiento técnico necesario, y que luego podrían incorporar en su equipo a interioristas o decoradores”, resume Bentué en declaraciones a Somos Madrid. “Lo lógico sería hacer un contrato de dirección artística a un interiorista para que el contrato principal lo tenga un arquitecto con experiencia en rehabilitación y espacios representativos”, plantea.

Dudas sobre la “actuación artística única”

Uno de los argumentos en los que el pliego técnico se apoya para la controvertida adjudicación es el carácter de “actuación artística única”, una de las figuras que la Ley de Contratos del Sector Público reserva para contratos negociados sin publicidad y sin libre concurrencia, así como la vía más común para que el principal adjudicatario no sea necesariamente un estudio arquitectónico. Para la arquitecta Berta Gámez, recurrir a dicha fórmula en este caso es “una tomadura de pelo”: “Entiendo que con un contrato de ese estilo se acuerde con Frank Gehry la construcción del Guggenheim, pero aquí están utilizando un vacío en una norma creada para esculturas o cuadros, no para una reforma más tradicional, que además se da a una persona semidesconocida sin especial relevancia artística”.

Mariano González incide en este asunto: “No es un proyecto de redecoración dentro de una intervención más grande, sino que es un poco al revés, se supedita la arquitectura al interiorismo. Esto no es nada habitual sin que sea una intervención artística singular, y en este caso pinta más pedestre. Luego se intenta encajar legalmente ese proyecto arquitectónico que requiere la incorporación de un arquitecto, efectivamente el pliego incluye la posibilidad de su subcontratación posterior. Pero es un proceso inusual y poco riguroso”.

No es un proyecto de redecoración dentro de una intervención más grande, sino un poco al revés, se supedita la arquitectura al interiorismo. Esto no es nada habitual sin que sea una intervención artística singular, y en este caso pinta más pedestre

Mariano González — Arquitecto

Otro reputado arquitecto madrileño que prefiere no desvelar su identidad, con experiencia en intervenciones sobre bienes protegidos, apunta en la misma línea: “Puedes contratar alguien que no sea arquitecto, exigiendo siempre que cuente con uno en el equipo, como pasa también en estos pliegos aunque todavía no se haya detallado de quién se trata. Ahora bien, esa opción suele reservarse para obras de un determinado artista que afectan a un edificio protegido. Es ahí cuando se entiende emplear ese procedimiento, pero no es el caso. No se especifica qué aporta la beneficiaria para ser única”. Este testimonio califica el proyecto de rehabilitación de la sede de Sol como “muy mal redactado” y cuestiona la falta de detalles sobre la incorporación de otra importante figura, la del arquitecto técnico o aparejador. “La sensación que da es la de improvisación, como si se hubiera creado y adjudicado ad hoc”, apostilla.

Un expediente “poco profesional”

Rubén Arroyo es precisamente arquitecto técnico, colegiado desde hace 20 años y especializado en el sector hotelero. Califica de “primordial” que el diseño del proyecto de obra especifique el aparejador responsable, con independencia de que luego se incorporen interioristas u otros profesionales. Arroyo critica un “expediente rápido y poco profesional” donde se prescinde, o al menos no se concreta, esta vital figura: “Mezclan a la ligera conceptos como proyecto de interiorismo y de ejecución de obras básica o ejecutiva. En algunos puntos usan terminología de rehabilitación de edificio, que implica un concepto diferente del inmueble original y, por tanto, interferir en la estructura con un proyecto arquitectónico. La decoradora, según su titulación aparente, no puede ejercer la dirección facultativa”.

Cuestiona, además, la necesidad de la intervención en un edificio cuya última reforma data de 2018: “La obra se vinculaba a un problema estructural que es totalmente falso. No hay justificación de ningún tipo para la intervención, parece un capricho de chapa y pintura para adaptar revestimientos o mobiliario y eso no necesita todo este jaleo. Sobre todo si luego vas a tirar por la vía rápida del contrato negociado sin publicidad. Lo más lógico habría sido sacar un contrato menor citando a tres empresas”.

Cree que el principal problema de la licitación, además de “una prisa desmedida”, es que “transmite la sensación de haber vestido el contrato para dárselo específicamente a una persona”.

La obra se vinculaba a un problema estructural que es falso. No hay justificación para la intervención, parece un capricho de chapa y pintura para adaptar revestimientos o mobiliario y eso no necesita todo este jaleo

Rubén Arroyo — Arquitecto técnico

Los expertos consultados por este diario coinciden en sus reproches a los pliegos y la concesión, pero no en un punto esencial como el calado de las obras. Arroyo y el arquitecto que prefiere reservar su identidad, por ejemplo, sugieren que el arquitecto es necesario porque se habla de rehabilitación, pero que en el fondo la reforma tal y como está planteada podría haberse resuelto con un mero contrato de interiorismo: “Muchas obras de la administración se hacen con técnicos propios que no precisan tener que ajustarse a la Ley de Ordenación de la Edificación. Se ocupa un propio técnico en la oficialía mayor, de hecho seguramente haya obras constantes en ese edificio”, dice el segundo de ellos.

Por el contrario, Elena Sarabia insiste en que, por el carácter de BIC del edificio, “cualquier intervención que implique mover un tabique o afecte mínimamente a la fachada requiere un proceso bien elaborado que pase los estándares de Patrimonio”.

Berta Gámez cree que estas discrepancias se deben en parte a “un pliego muy vago que en ningún momento habla del fondo de los trabajos, más allá de esa mención al carácter de obra de arte”. Al margen de las dudas sobre el alcance de los trabajos, subraya que el límite que requiere incorporar un arquitecto en un BIC está en la afección a la estructura o en la configuración de los espacios. Esto es, “cualquier intervención no recuperable”. “Tengo muchos reparos en que con este alcance que no haga falta arquitecto, se habla de tocar la carpintería o instalaciones de climatización”.

El Gobierno de Ayuso justifica la singularidad artística ya que en el estudio de Pombo son “dueños de la idea”

Desde la Consejería de Presidencia, departamento del Ejecutivo autonómico que actúa como entidad adjudicataria y del que dependen los trabajos, argumentan en respuesta a las preguntas de este medio que “la Comunidad de Madrid cuenta con una arquitecta que coordina todas las obras que se están llevando a cabo desde 2025 y que seguirán en 2026 y 2027”. ⁠“Para la reforma del patio y la segunda planta se solicitaron cuatro ofertas dentro de una contratación menor. A la opción mejor valorada por los técnicos se le ha adjudicado el proyecto de reforma a través de un contrato negociado”, exponen, aludiendo a esas “razones artísticas” que cuestionan los arquitectos.

El equipo de Ayuso justifica este carácter artístico en que los adjudicatarios son “los dueños de la idea”, una circunstancia ampliable a una gran mayoría de contratos similares para el diseño de obras y reformas elaborados por estudios de arquitectura o urbanismo, pero donde no se recurre a esta figura. Precisan que “este estudio también cuenta, evidentemente, con arquitectos”.

Somos Madrid ha tratado de contactar, sin éxito, con el estudio de Alejandra Pombo. Mientras, la web de esta empresa sigue en construcción y no muestra trabajos de la interiorista ni su portfolio. La memoria del procedimiento recoge que el estudio de Pombo “acredita experiencia en trabajos realizados en edificios protegidos o de valor histórico” con intervenciones, por ejemplo, en el Hipódromo de la Zarzuela, declarado BIC como Monumento, actualmente en desarrollo.

Las fuentes autonómicas avanzan asimismo que “una vez entregado el proyecto, se licitará la ejecución de las obras a través de un contrato abierto, como hacemos siempre”. Sostienen que “al ser un BIC, todas las actuaciones que se ejecutan deberán contar con el visto bueno de la comisión de Patrimonio”. Así, esperan que este organismo no ponga reparos a la operación.

Paralelamente, el abogado Javier Flores (que ha llevado al Tribunal de Cuentas la compra del ático de Chamberí por parte del Gobierno de Ayuso) ha elaborado un informe en el que recopila los aspectos más anómalos y opacos de la licitación. Para ello, ha contado con decenas de arquitectos y especialistas: “Hay sobre la mesa un proyecto cuyos contenidos y documentos tienen que ser dirigidos y firmados por un arquitecto. Se usa el refugio de la creación artística para dárselo a alguien que no es de ese ámbito”, afirma en conversación con este medio. Habla de un “pliego contradictorio, un copiapega extraño donde mezclan contratos que se licitan a arquitectos con otros de creación artística para que pueda entrar esta persona”. “Se podría pensar incluso que es un contrato de interiorismo que se deriva a otra cosa”, desliza.

Más allá de los aspectos más polémicos de la contratación, Berta Gámez cree que se trata de una “oportunidad perdida” para llevar a cabo una reforma verdaderamente significativa en un edificio emblemático: “La rehabilitación de un espacio de estas características, con el respeto que merece y la historia que acarrea, exige un rigor desde quién interviene y desde cómo interviene. Un proyecto de decoración no soluciona grandes conflictos de este tipo de edificios. Gran parte de los recintos administrativos de este país están mal optimizados en su distribución de despachos o funciones. Todo se va parcheando, pero continúa el desbarajuste o la mala climatización. Sean BIC o no, son edificios con otra arquitectura y otra distribución de espacios en su origen, donde las demandas actuales son distintas y requieren estancias más diáfanas”.

“Lo realmente trascendental para un BIC sería una reconfiguración de la tabiquería, las instalaciones o la eficiencia energética. Eso mejoraría de verdad el día a día de los trabajadores y por tanto el ciudadano”, apunta. “Claro que otra opción, mejor si cabe, sería destinar ese dinero por ejemplo a mejorar las estructuras de los colegios que más lo necesitan”, concluye.

Celebro que haya sido Isabel Díaz Ayuso quien haya emprendido una cruzada contra las inflamables y alérgenas arizónicas: si se le ocurre a Pedro Sánchez tendríamos las redes sociales plagadas de falsos amantes de la libertad plantando setos en su jardín, patio o balcón, un vez disipada la cortina de humo del eclipse. La sombra del ático es alargada y tiene a la presidenta de la Comunidad de Madrid especialmente nerviosa y atribulada. Como diría el alcalde Almeida, ella está, durante este agosto infernal, al pie del cañón, de un cañón preparado para disparar contra el presidente del Gobierno, se entiende. De tres post que publica en X, cuatro son sobre/contra Pedro Sánchez, por traidor y por pegarse unas vacaciones a cuerpo de sátrapa. Olvida que aún no ha explicado por qué la CAM compró un ático que costó más de seis millones de euros de dinero público y está a un paso de ir recogiendo los tickets de los gastos de Sánchez en La Mareta, con la esperanza de que el presidente iguale el marcador.

A pesar de sus esfuerzos tuiteros y antiarizónicos, la realidad en el Madrid agosteño es que el misterio sigue rodeando al polémico ático, que se adquirió como oficina temporal mientras se acometían unas obras de las que no supimos nada hasta hace 10 días y a pesar de que la normativa municipal impedía usar el ático como oficinas. Tardaron 33 horas en poner a la venta el lujoso y molesto inmueble una vez que se desvelara la compra pero aún no se ha vendido ni sabemos para qué se compró. La presidenta se empeña en que los madrileños olvidemos el lance pero los seres humanos, y los habitantes de esta comunidad entramos en esa categoría, somos seres complejos que podemos atender a las últimas crisis y eventos y recordar que aún no se nos ha explicado lo del ático.

Ayuso tiene un problema de gestión de recursos públicos y los errores, en política, obligan a producir un relato que los redima. De ahí el recurso a Sánchez gastando dinero en La Mareta mientras ella hace frente a la reconstrucción de los municipios afectados por los incendios. Pero con cada vuelta de tuerca de este culebrón de verano, más morbo, más nerviosismo en el gobierno madrileño, más posts sobre Sánchez, menos explicaciones. Ya hay cinco denuncias en el juzgado y la oposición prepara un septiembre caliente para Ayuso. El proceso de venta del ático estará abierto durante el plazo de presentación de ofertas fijado en la licitación, hasta el 7 de septiembre. Ayuso y su gobierno confían en quitárselo de encima antes del inicio del curso político pero la venta no evitará la obligación de dar explicaciones. No hay que olvidar que la pareja de la presidenta (que sepamos), Alberto González Amador, será llamado a juicio por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en 2027, y cuenta con otra causa abierta donde está siendo investigado por un presunto delito de corrupción en los negocios por sus vínculos empresariales con Quirón.

La presidenta de la CAM llegará a septiembre en uno de sus peores momentos desde que asumió la presidencia, en 2019. Nadie, tampoco Miguel Ángel Rodríguez, vio venir una polémica de este tamaño y alcance. Y tan difícil de cerrar. El PP, exceptuando al alcalde madrileño, se aleja rápidamente del ático. Ayuso es un activo en la captación de votos pero también un problema para Feijóo si los votantes se hartan de que su entorno se enriquezca a costa del dinero público y ella quiera una Moncloa a su medida. La Universidad Complutense de Madrid, mientras tanto, ha rechazado publicar el expediente académico de la presidenta de Madrid. Los madrileños no debemos perder el tiempo especulando sobre la mediocridad de sus notas, sí sobre su empeño en cargarse todo lo público, también las universidades, ya que lo público es su único ámbito de gestión. Por primera vez, se percibe que Ayuso puede caer. Su futuro depende, como siempre, de los madrileños.

Hace unos meses, en abril de este año, Isabel Díaz Ayuso utilizó a un cargo público de Presidencia para buscar piso en Chamberí, tal y como contó elDiario.es en exclusiva. La presidenta se valió de la ayuda del jefe de despacho de la Secretaría de Presidencia para concertar visitas a un inmueble e incluso negociar el precio de compra. Pero no es el único caso en el que la líder madrileña ha tirado de figuras públicas para cuestiones privadas. Otras polémicas como el chalé con piscina comprado por su gobierno del que puede disfrutar o la defensa a ultranza de su jefe de gabinete a su pareja, Alberto González Amador, después de que este defraudara a Hacienda, han llevado a Ayuso a tener que responder a preguntas incómodas sobre su relación con las instituciones.

No son pocas las veces en las que la líder madrileña se ha quejado de tener que dar explicaciones sobre aspectos de su vida privada, como aquellos relacionados con su novio, a quien tanto ella como su equipo se refieren como un “ciudadano particular”, que defraudó a Hacienda mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla. El escándalo que rodeó al fraude fiscal por el que acabó condenado el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se amplificó por otra información, también publicada en 2024 por elDiario.es: Ayuso y su pareja vivían en un piso de un millón de euros que él compró después de defraudar al erario público. El inmueble estaba ubicado en la zona de Chamberí y González Amador dio entonces de entrada 350.000 euros. Después se conoció que en realidad no era un piso, sino dos, uno encima del otro. El segundo se trataba de un ático por el que su fiscalista pagó 950.000 euros, por el que González Amador desembolsaba 5.000 euros de alquiler y que luego compró. En total, los dos inmuebles, que ahora el empresario ha decidido poner en venta, costaron 1,8 millones de euros.

Solo un día después de la publicación del fraude al fisco de González Amador, la líder madrileña salió en defensa de su pareja. Desde el atril oficial, en la rueda de prensa que se da posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, negó los hechos y se presentó como víctima de una “persecución política escandalosa”: “Mi pareja no está en ninguna trama, está sufriendo una investigación salvaje de Hacienda sacada de quicio que se ha orquestado para dañarme a mí”.

Un jefe de gabinete para defender a la presidenta

Pero Ayuso no solo se ha servido de los medios de la Comunidad de Madrid para defenderse de las acusaciones en torno a González Amador. También lleva tiempo utilizando a uno de los pesos pesados de su gobierno: su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Después de que elDiario.es publicase la exclusiva sobre González Amador, fue el jefe de gabinete de la presidenta quien difundió una supuesta propuesta de negociación de la Fiscalía a la pareja de Ayuso que nunca se había producido y dijo que había “órdenes de arriba” para frenar dicho pacto, que tampoco se habían dado. “No es información, pero tengo el pelo blanco”, dijo durante su declaración en el Tribunal Supremo, donde reconoció cómo difundió un correo del fiscal que investigó a González Amador e intentó quitar importancia a sus amenazas a este periódico.

No es el único ejemplo de Rodríguez defendiendo a González Amador. En mayo tuvo que declarar en el juzgado en un caso en el que se investigaban delitos de revelación de secretos por difundir la identidad de dos periodistas que habían acudido a las inmediaciones de su domicilio para investigar su caso de fraude fiscal y la compra del piso que compartía con la presidenta madrileña. La jueza, finalmente, archivó la causa.

El uso de un cargo público para negociar la compra de un piso

Hace unos meses, en abril de este año, elDiario.es publicó en exclusiva que Ayuso había estado buscando un piso para comprar en Chamberí, el mismo barrio en el que residía con su pareja hasta ahora y donde también vive su madre en una casa familiar, muy cerca de donde la Comunidad de Madrid adquirió el polémico ático de lujo de 6,3 millones de euros que iba a utilizarse para “reuniones” y que finalmente será puesto en venta por 6,69 millones. Para ello utilizó a un cargo público de Presidencia, el jefe de despacho de la Secretaría de Presidencia, Álvaro Sanz. Él fue el encargado de hacer los contactos y concertar las visitas, además de participar en la negociación del precio de compra.

Según confirmó este periódico, fue Sanz quien contactó con la propiedad de un piso de unos 100 metros cuadrados que se anunciaba en Idealista y concertó dos citas para visitarlo. La presidenta acudió el 1 de diciembre de 2025 con sus escoltas a verlo en persona y hubo una segunda visita a la que la presidenta acudió con su pareja. El piso estaba para reformar y tenía un precio de 850.000 euros en la plataforma.

Sanz es secretario de Ayuso desde 2019 y está contratado como personal eventual. Es un cargo de confianza de la presidenta, pero no es funcionario. Entre sus funciones están el “control y coordinación de la agenda de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Coordinación y organización de viajes. Recepción de visitas y atención al público, tanto telefónica como presencial. Despacho y gestión de correspondencia y correos electrónicos. Y en general, labores propias de jefatura de secretaría de presidencia”.

El chalé con piscina comprado por la Comunidad de Madrid

Otro episodio que despertó dudas salió a la luz el pasado verano. Se conoció entonces que Ayuso disfruta de un chalé con piscina en Rascafría, un pueblo en la sierra de Madrid, propiedad de la Comunidad con suite, dos plantas y piscina, comprado por el Ejecutivo regional en 2023, según adelantó El País.

La baronesa del PP pasó allí un fin de semana con su familia. Cuando la polémica estalló, decidió atacar al Gobierno de Pedro Sánchez para justificar el uso del chalé y asegurar que había pasado “dos días con el tupper de casa”. “He estado dos días en una casa de la que ahora vamos a dar explicaciones del consejero y yo. Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán, con mis medios”, dijo entonces para defenderse de las críticas.

Las imágenes publicadas por la agencia inmobiliaria que puso en venta la finca permitió entonces hacerse a la idea de cómo era el chalé, descrito por algunas personas que lo vieron por dentro como un “casoplón” pero que el Partido Popular aseguró que era “muy austero”.

La luz verde para la operación de compra del terreno y de la vivienda se dio porque la Consejería de Medio Ambiente consideró que “dadas las características de los terrenos (...)” resultaba “conveniente proceder al ejercicio del derecho de adquisición preferente para su incorporación al patrimonio” de la región. El Gobierno de Ayuso pudo paralizar el acuerdo de compraventa que ya existía entre particulares al aplicar una ley de preservación ambiental, por la cual dejaron por escrito que las construcciones e infraestructuras del terreno serían “destinadas al servicio del monte en el que se ubican”.

¿La reacción de su gobierno? Desde Presidencia defendieron que la vivienda “se puede usar”, que era la primera vez que se disfrutaba de ella y lanzaron críticas contra Pedro Sánchez: “Es un uso permitido, muy austero, no digamos nada con La Mareta (en Lanzarote) o Quintos de Mora (en Toledo)”.

Meses más tarde, el cariz de privacidad del chalet pareció cambiar. Fuentes de la Comunidad de Madrid confirmaron que la casa podía volver a ser usada tanto por la presidenta como por sus consejeros aunque esta vez no de forma personal, sino cuando estuviesen “de guardia” en el trabajo, aunque los altos cargos como el de Ayuso y su equipo de gobierno no están vinculados a horarios y no tienen guardias como tal.

La polémica por los viajes de la presidenta

La oposición lleva tiempo cuestionando la necesidad de los viajes, especialmente los internacionales, de la presidenta regional. Si se echa la vista atrás se puede observar cómo no es raro que el cumpleaños de Ayuso coincida con algún viaje oficial al extranjero, como fue el caso del viaje a Texas de 2025, que incluyó la asistencia al Gran Premio de las Américas de F1 y la firma de contratos menores. En una tecnológica a la que visitó incluso le cantaron el “cumpleaños feliz”, con tarta incluida.

Pero las escapadas también coinciden a veces con situaciones complicadas para la baronesa del PP. Un ejemplo es su viaje a Ecuador de 2025, que se solapó con la fecha en la que su pareja estaba citada como investigada por corrupción de negocios. Ese día, la presidenta no pudo estar en la Asamblea de Madrid porque fue a Quito para “estrechar lazos con Hispanoamérica”.

Desde el comienzo de su mandato, Ayuso ha visitado un total de 14 países en viajes institucionales. Sin embargo, fuera de lo que se podría considerar como un viaje de trabajo, los destinos son más. Algunos de ellos están también en el portal de Transparencia, a pesar de no ser oficiales y a través de la reserva de la sala de autoridades, tal y como adelantó la Cadena Ser, cuando Alberto González Amador intentó desgravarse los gastos de las vacaciones que disfrutaron juntos en 2021.

Estas semanas, al escándalo del ático se han sumado las críticas por otro de sus viajes, el de México del pasado mes de mayo, que terminó de forma abrupta entre acusaciones al gobierno de Claudia Sheinbaum. El motivo es que, después de meses sin conocer exactamente cuánto había costado al erario público, finalmente el Gobierno de Ayuso ha declarado que la presidenta gastó unos 600 euros en los días de su visita, que corresponden a la reserva de la sala de autoridades del aeropuerto. 600 euros frente a los casi 15.000 que suman otros tres cargos públicos que también fueron al país americano esos días y que recientemente han actualizado sus hojas de gasto en el portal de Transparencia.

Una visita que contó con el apoyo de la presidenta al musical del empresario y compositor Nacho Cano, 'Malinche', que también representa en Madrid desde 2022.

Ha pasado ya más de una semana desde que saltase el último escándalo en Sol y ya empieza a pesar dentro del equipo de la líder madrileña, que lleva días sin agenda oficial, a pesar de haber aparecido en actos relacionados con la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios. La compra de un ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid en abril por 6,3 millones de euros en el distrito de Chamberí, muy cerca de la casa familiar de la presidenta, que iba a ser utilizado para “reuniones” oficiales mientras durasen unas obras en la Real Casa de Correos, ha llevado a la oposición no solo a pedir explicaciones públicamente, sino también a tomar acciones legales ante lo que consideran que puede ser un caso de “prevaricación y malversación”.

Este jueves, el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, trataba de pasar página apuntando hacia la “izquierda y la ultraizquierda” por buscar “fantasmas”. Por su parte, Ayuso ha negado en repetidas ocasiones que el ático fuese para uso personal. Este mismo viernes, ante preguntas de la prensa en uno de esos pueblos, se preguntaba por qué estos “no preguntan por la gente afectada” por los fuegos o por las medidas que está tomando su Ejecutivo.

En sus explicaciones, el consejero al que Ayuso señaló alegando que era Presidencia quien podría dar todos los detalles de la operación, añadió que “lo que no se dice es que Madrid no tiene residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros”. La intención es vender esa propiedad, que no puede utilizarse como oficinas ni tampoco como residencia oficial, por 6,69 millones de euros junto a otro inmueble de la empresa pública Planifica Madrid, que se encargó de la operación, situado en Gran Vía. El anuncio se ha publicado en el portal de contrataciones este mismo viernes por la tarde.

En medio del torbellino de informaciones que se han ido sucediendo en los últimos días, un juzgado ha decidido situar al borde del banquillo a otro cargo público del PP, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por la presunta filtración de informes policiales para vincular a personas migrantes con delincuencia después de unas polémicas declaraciones que hizo Ayuso en 2024. Según el auto, la alcaldesa del PP aseguró que había que “salvar a la jefa”.

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El polémico ático de lujo en Chamberí comprado a hurtadillas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y cuya venta el Ejecutivo regional ha anunciado un día después de destaparse la operación está en manos de la empresa pública Planifica Madrid. En la transacción se exigió a la parte vendedora de ese inmueble la firma de un acuerdo de confidencialidad con carácter previo incluso a la visita del piso, explican fuentes conocedoras del proceso. El inmueble, según aseguró Isabel Díaz Ayuso el miércoles, iba a destinarse a “reuniones”, pese a que no puede convertirse en oficinas. Y ahora volverá al sobrecalentado mercado inmobiliario madrileño.

Desconocida hasta ahora para el gran público, Planifica Madrid, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta, no informó del importe de la transacción, formalizada hace meses. La entidad es un medio propio de la Administración madrileña. Y canalizar una operación así a través de esta figura, al ser un negocio privado de una sociedad mercantil, reduce notablemente los controles: se esquivan trámites como la valoración técnica previa del inmueble y el informe jurídico de un funcionario que valide la transacción. Tampoco es necesaria, por ejemplo, la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, ni un crédito presupuestario con cargo a las cuentas autonómicas.

Los controles a posteriori son también menores: la operación no la fiscaliza la Intervención autonómica, sino, por un lado, los auditores de cuentas de la sociedad (en este caso, una pequeña firma con sede en Marbella, Brainstorming Audit, que según su web trabaja de forma “100 % online y sin oficinas físicas”) y, por otro, la Cámara de Cuentas autonómica. Este último es el organismo en el que Ayuso colocó en 2024 como presidente al socialista Joaquín Leguina.

El último informe de ese órgano fiscalizador “Sobre la rendición de cuentas y la relación de los convenios del sector público madrileño”, correspondiente a 2024, refleja que Planifica Madrid estuvo entre las entidades que enviaron sus cuentas “fuera de plazo”, situación que ya se produjo en 2022. Esas cuentas tuvieron salvedades hasta 2023. Las de 2025 reflejan que la empresa, con unos 81 empleados, cerró el ejercicio con activos de 427 millones de euros. Su cifra de negocios fue de 26,4 millones. 16,1 millones procedieron de la venta de una parcela en Meco; 9,7 millones, del arrendamiento de inmuebles.

En 2023, último ejercicio del que tiene disponible el detalle de esa información en el apartado de Transparencia de su web, Planifica Madrid tenía alquilados a diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid seis inmuebles en la capital por los que ingresó 8,5 millones en rentas. También ingresó cerca de un millón por alquilar activos a terceros.

Planifica Madrid es la heredera de Nuevo Arpegio, la empresa de suelo que el Gobierno de Cristina Cifuentes decidió liquidar en 2016 para integrarla en otra entidad pública, Obras de Madrid, tras el estallido del escándalo de corrupción conocido como caso Púnica. En él fue clave Arpegio, que en tiempos de Esperanza Aguirre sirvió para desviar millones de euros públicos destinados a obras y planes regionales de suelo hacia empresas de la trama.

A finales de 2022, cuando adoptó su actual denominación, Planifica Madrid fue presentada como la empresa pública que gestiona el suelo de la Comunidad de Madrid, aunque entre sus principales actividades está también la “compraventa, rehabilitación y arrendamiento de inmuebles de su propiedad para uso administrativo”, tal y como recoge en sus cuentas.

La normativa encomienda a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda “la búsqueda, selección y adecuación de los inmuebles para su arrendamiento o adquisición a fin de albergar la actividad de la Administración de la Comunidad de Madrid”, tal y como explica en su web el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Se desconoce si esta entidad ha participado en la selección del famoso ático.

Pagar la “reconstrucción”

Hasta 2023 Planifica Madrid dependía de la Consejería de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid. En julio de 2023 fue adscrita a la Consejería de Presidencia, cuyo titular, Miguel Ángel García, ejerce como presidente de la empresa y es también el portavoz del Gobierno de Ayuso.

García fue el encargado de anunciar este jueves, en una visita a la zona afectada por el desastre de los incendios de la Sierra Oeste de Madrid, que ha “dado instrucciones” a Planifica Madrid para enajenar el ya famoso ático, junto a otros activos. Entre ellos, un inmueble en plena Gran Vía con una superficie mayor que ese ático y que el Ejecutivo regional lleva casi un año intentando vender. El portavoz de Ayuso confió en ingresar 20 millones de euros con esas ventas de inmuebles, que afirmó se destinarán a la “reconstrucción” de la Sierra Oeste tras la mayor catástrofe medioambiental de la historia de la región.

La compra del ático debió ser aprobada presumiblemente por el consejo de administración de Planifica Madrid, cuyo consejero delegado es Pedro Corbalán, arquitecto y exconcejal del PP de Guadarrama, dato que omite su biografía oficial en la web de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

En las elecciones generales de julio de 2023, cuando todavía presidía el PP de esa localidad serrana, Corbalán figuró en el número 31 en las listas de Alberto Núñez Feijóo al Congreso de los Diputados. Entre los consejeros de Planifica Madrid está también Ramón Cubián, director general de Suelo de la Viceconsejería de Medio Ambiente y portavoz del PP de Alcobendas, donde fue concejal de Urbanismo y Vivienda hasta 2019.

En los últimos años, Planifica Madrid ha comprado puntualmente algún inmueble, como Velintonia, la casa del Nobel Vicente Aleixandre, que adquirió en una subasta judicial en 2025 para convertir el inmueble en una casa-museo de la poesía.

Pero se dedica principalmente a “la gestión y mantenimiento de los edificios propios y la gestión y comercialización de los suelos que la empresa tiene en cartera tanto finalista como suelo por desarrollar, así como la gestión de los Consorcios Urbanísticos que tiene encomendados”, como explica en sus últimos presupuestos.

En ellos indica que se encarga también de “la ejecución de las actuaciones procedentes de encargos de distintas consejerías en relación con las obras de interés general, tanto las procedentes de las distintas consejerías como de aquellos encargos recibidos para la ejecución del Programa de Inversiones de la Comunidad de Madrid”. Entre los que tiene en curso está la rehabilitación de la Plaza de Toros de las Ventas.

La compra de este ático de lujo no estaba ni mucho menos contemplada en esos presupuestos, que prevén construir varios parques de bomberos en diversos municipios madrileños, un aparcamiento disuasorio en Torrelodones, un polideportivo en El Escorial, un matadero en Colmenar Viejo o una residencia para mayores en Garganta de los Montes, entre otras actuaciones.

El ático que Planifica Madrid ha adquirido y que ahora va a tener que vender se ubica en la última planta de un edificio en el Paseo del General Martínez Campos, en una de las zonas más caras de Madrid. A escasos metros está la vivienda cuya nuda propiedad Ayuso recibió en 2011 de sus padres (su madre vive allí), poco después de que su empresa familiar pidiera un crédito a la entidad semipública Avalmadrid que nunca devolvió, lo que dejó ese activo fuera del alcance de los acreedores para un posible embargo, en el primer episodio de una larga lista de enredos inmobiliarios.

El ático, con casi 500 metros cuadrados (de ellos, 200 de terraza), está valorado en varios millones de euros. En esa zona, una de las más caras y exclusivas de la capital, el metro cuadrado ronda los 9.000 euros, según el portal Idealista. La compra, según avanzó El País, se escrituró el 14 de abril.

elDiario.es reveló hace tres meses que Ayuso utilizó a su jefe de despacho en Presidencia para interesarse por la compra de un piso de 850.000 euros y 100 metros cuadrados en otro lugar distinto del mismo distrito de Chamberí. La presidenta madrileña llegó a visitar ese inmueble entre diciembre y enero de este año junto a su pareja. El comisionista Alberto González Amador, pendiente de juicio por los delitos fiscales que llegó a reconocer por escrito su abogado, compró un ático en 2022 también en Chamberí tras defraudar presuntamente más de 350.000 euros a Hacienda.

Recientemente, y tras la compra de ese ático por Planifica Madrid con dinero público, González Amador ha puesto en venta el inmueble que compró en la planta inferior, donde vive con Ayuso y que adquirió en 2022, tras defraudar supuestamente a Hacienda después de disparar sus ingresos por dos vías: gracias a los encargos extra que le hizo el grupo sanitario Quirón, su principal cliente, a partir de 2021, y a una operación de venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, en 2020, que propició un directivo del gigante de la sanidad privada, transacción por la que obtuvo dos millones de euros y por la que está siendo investigado por presunta corrupción en los negocios.

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