“Un entorno laboral intimidatorio, degradante y hostil”. Es lo que recoge una denuncia por acoso laboral institucional, riesgos psicosociales y deterioro del servicio público presentada el pasado 12 de marzo en la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid. Está dirigida contra la concejala presidenta del distrito de Chamartín, Yolanda Estrada, y otros dos altos cargos del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida.

Un proceso que once días después, el 23 de marzo, derivó en una segunda denuncia en los Juzgados de lo Social de Madrid, según la documentación al que ha tenido acceso Somos Madrid. Este último escrito incorpora el sello oficial de la Junta de Chamartín y centra las acusaciones en la coordinadora general del distrito, Alicia Gregorio Arroyo. En último término, solicita “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”, ante unos hechos que “vulneran derechos fundamentales como la integridad moral, la dignidad en el trabajo o la salud laboral”.

A lo largo de varias páginas, la denuncia desarrolla un “deterioro progresivo y grave del clima laboral” que se remonta a la llegada de Estrada a la Junta Municipal de Chamartín, en junio de 2023. Desde entonces, se ha generado “un entorno insostenible, con consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos en los puestos de trabajo”.

Además, Estrada ha ejecutado “nueve ceses de funcionarios” en menos de tres años (el último de ellos en febrero), una cifra que fuentes consultadas por este diario elevan a once. A ello hay que sumar las bajas laborales (la más reciente data del 13 de febrero según la denuncia), cinco de ellas de larga duración, y al menos cuatro solicitudes de reasignación en otros puestos fuera del distrito. Esta última cantidad se refiere a las especificadas en el escrito judicial, aunque las mencionadas fuentes sostienen que hasta “16 personas se han ido voluntariamente”.

Dichas peticiones de traslado buscarían, según el denunciante (que obra “con reserva de identidad” por “un temor real, fundado y objetivable a represalias laborales”), escapar de “conductas constitutivas de acoso laboral” que se habrían recrudecido desde el nombramiento de una nueva coordinadora del distrito en septiembre de 2024. El documento atribuye a Alicia Gregorio, mano derecha de Estrada, “humillaciones, trato vejatorio, gritos y descalificaciones públicas del trabajo de funcionarios en reuniones o en presencia de otros empleados”. Pero la lista de acusaciones es extensa: amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos administrativos para no sufrir represalias profesionales, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar fuera de la Junta de Chamartín todas estas situaciones.

La denuncia apunta asimismo que el nombramiento de Gregorio estuvo precedido por el cese del anterior coordinador del distrito mientras este “se encontraba en situación de enfermedad oncológica”. Aunque para entonces la situación era ya difícil y se habían producido destituciones, según el denunciante fue esta sustitución la que elevó el acoso a “extremos absolutamente insostenibles” y a ambiente generalizado de “miedo, presión y sumisión entre los trabajadores”.

Por ello, solicita como medidas cautelares y urgentes “el cese inmediato de las conductas descritas”, “la limitación o suspensión de funciones de supervisión directa de Alicia Gregorio” o “requerir al Ayuntamiento de Madrid para que de forma inmediata evalúe los riesgos psicosociales en la Junta de Chamartín”. A preguntas de este diario, el Consistorio no ofrece hasta la fecha valoraciones de la Junta sobre la denuncia o los comportamientos abusivos recopilados a lo largo de este artículo.

Vía judicial ante la “inacción” de la Inspección de Trabajo y el Ayuntamiento

La denuncia en los tribunales llega después de una primera remisión del caso ante la Inspección de Trabajo de Madrid, con un documento al que también ha podido acceder este periódico. La escalada tiene lugar porque “no se ha personado ningún Inspector de Trabajo ni consta la apertura de actuaciones inspectoras”, circunstancias que hacen “necesaria” la “intervención judicial urgente”.

Este primer requerimiento cita expresamente diez posibles testigos entre el personal y concreta que las conductas han desembocado en “episodios reiterados de estrés laboral grave, crisis emocionales en el puesto, bajas médicas por ansiedad o agotamiento psicológico”. Pero es especialmente reseñable que incluye una tercera persona identificada como “responsable”, además de Estrada y Gregorio, que da cuenta de cómo el caso habría llegado previamente a manos del Ejecutivo municipal.

Se trata de Juan José Blázquez, director general de Función Pública del Ayuntamiento. Un alto cargo en el Gobierno de Almeida que depende directamente de la concejala de Economía, Hacienda e Innovación, Engracia Hidalgo. La denuncia a la Inspección de Trabajo le achaca que, “en su condición de responsable de la función pública municipal”, tenía “conocimiento de los hechos denunciados y los ceses producidos”. Todo ello “sin que conste la adopción de medidas eficaces para prevenir o corregir la situación”.

Fuentes del área liderada por Hidalgo, después de consultar a la Dirección General de Función Pública, afirman que “la Inspección de trabajo no ha requerido nada al Ayuntamiento de Madrid relacionado con un supuesto caso de acoso laboral de la concejala de Chamartín a un empleado público”. Puntualizan que “cuando hay una denuncia de la Inspección, el inspector nos lo comunica y se le dan las explicaciones pertinentes tras recabar la información”. Apostillan que “tampoco en Prevención de Riesgos Laborales ni en el Comité de Seguridad y Salud consta nada relacionado con este asunto”.

“Si hablamos de acoso laboral, lo habitual en el Ayuntamiento de Madrid es solicitar la activación del protocolo aspecto que tampoco se ha producido. Tampoco consta que se haya planteado ninguna solicitud de intervención por parte de la Unidad de Conflictos en ese ámbito. Estos dos últimos supuestos son las vías que se utilizan cuando se detecta un problema de existencia de conflictos o acoso”, informan.

Dos testimonios refuerzan la denuncia: “Conmigo se ha ensañado”

Este periódico ha conversado con personas que han estado vinculadas laboralmente a la Junta de Chamartín y corroboran el “trato vejatorio” por parte de Yolanda Estrada, así como las actitudes previamente descritas. “Lo primero que preguntó era a quién podía cesar o rebajar”, asegura una de ellas. “Yo he sufrido acoso. Ha hecho polvo mi carrera y mi dedicación”, cuenta. Añade que si no lo ha denunciado es por su falta de confianza en las garantías del proceso: “Sé que a nivel interno estas cosas no van a ningún sitio, pero esta persona conmigo se ha ensañado”. En su caso centra ese “acoso” en la propia Estrada, aunque precisa que Alicia Gregorio “ejecuta las órdenes”.

Otra persona que conversa con este medio coincide en este deterioro del ambiente provocado por Estrada: “Todo le parece mal sin conocer nada ni saber nada. Tuerce el gesto y solo busca cosas negativas, sin escuchar, sobre todo si te pone la cruz por cosas tan subjetivas como que no le guste cómo miras”, expone. “En un momento dado empezó a puentearme, preguntaba cosas personales sobre mí a administrativos que estaban bajo mi responsabilidad. Al final me cesaron sin valorar mi gestión. El argumento es que había quejas sobre mí, cuando pude comprobar en el sistema de reclamaciones que eso no es así. También fue una cuestión de edadismo”.

Miembros de la plantilla cesados, los que podían serlo al ocupar plazas singularizadas, han acabado en puestos que en muchos casos comportan una menor retribución económica. A otros “les ha degradado del cargo, les ha recortado el complemento de productividad o directamente se lo ha quitado”. “Está jodiendo vidas”, lamenta sobre la situación en la Junta Municipal desde la llegada de Estrada. Todo ello ya antes de que asumiera la coordinación del distrito Alicia Gregorio, a la que tacha de “alma gemela” de la concejala: “Es la voz de su amo. Ya era horrible e indigno solo con Estrada, ahora con dos mucho peor”. Precisa además que el cese del coordinador anterior fue “completamente arbitrario” y se debió a “algo que no gustó a la concejala en una reunión con vendedores de los puestos alrededor del Bernabéu”.

Estrada es lo peor que me he encontrado en la administración. Es muy zafia, pero como chilla te encoge. Lo sabe todo el Ayuntamiento y toda la corporación, pero ahí sigue

Además de los ceses, los traslados y las bajas médicas, este testimonio da cuenta de situaciones especialmente delicadas entre quienes continúan trabajando en la Junta, como la de una mujer “humillada día tras día que está aguantando hasta su jubilación”. Las “faltas de respeto” se repiten incluso “con sus propios asesores”, sobre todo con los que le atribuye el Partido Popular. Cada concejal de distrito suele contar con uno que designa personalmente y otro que coloca el partido. Por este segundo puesto habrían pasado “tres personas en tres años”. “Estrada es lo peor que me he encontrado en la administración. Es muy zafia, pero como chilla te encoge”, concluye antes de alertar sobre la dejadez del resto del Ejecutivo de Almeida: “Lo sabe todo el Ayuntamiento y toda la corporación, pero ahí sigue”.

“El sistema no funciona para protegernos. Es anónimo, pero si señalas cosas acaban llegando a ti”, apostilla una de las fuentes que conversa con Somos Madrid, todas ellas de manera anónima ante el temor a represalias. “Al final es tu palabra contra la de la otra persona y el trabajador tiene más que perder que el que acosador”.

Esta misma semana Comisiones Obreras denunciaba en un comunicado las “quejas de la plantilla de la Junta Municipal de Hortaleza”, presidida por el polémico concejal aguafiestas David Pérez, relativas a “un ambiente de trabajo hostil con repercusiones muy graves en el desarrollo de la actividad cotidiana”. El documento, difundido por la Coordinadora de Hortaleza a través de redes sociales, protesta por un “cuestionamiento permanente de los trabajadores” o “la retirada de complementos”. Un contexto de “hostigamiento” que ha derivado en dos demandas interpuestas ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, ambas ganadas en primera instancia por el sindicato.

Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo componen gente sin experiencia. Es alguien que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni nos ha conocido

La coyuntura en Chamartín es tan dramática que ya afecta a los recursos humanos de la Junta o a la efectividad de los servicios que debe acometer: “No hay personal funcionario que quiera venir a Chamartín, salvo la gente que tenga mucha necesidad. Se ha corrido la voz. Están quedando plazas desiertas, cubiertas por interinos de otras administraciones o gente de la Oficina para el Empleo. Eso provoca que las cosas tarden más en hacerse, que haya que estar pendientes constantemente para arreglar y corregir”.

“Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo compone gente nueva y sin experiencia. Es alguien que va arrasando, que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni siquiera nos ha conocido”, remata.

Estrada, de la cercanía con la Gürtel al roce con los vecinos del Bernabéu

Almeida incorporó en sus listas a Estrada después de los comicios municipales de 2023. Hasta entonces, era la coordinadora territorial del grupo parlamentario del Partido Popular que Isabel Díaz Ayuso presidía en la Asamblea de Madrid, además de estar al frente de la Comisión de Vivienda y Administración Local. Así, como David Pérez (exconsejero autonómico de Transportes y Vivienda), acabó en el equipo de Almeida procedente del círculo de poder ayusista.

El mayor quebradero de cabeza para la gestión de Estrada han sido sin duda los frustrados conciertos y parkings alrededor del Santiago Bernabéu, que los vecinos tumbaron en la Justicia. La edil, acusada de rechazar peticiones y reuniones con las asociaciones de afectados, trató por contra de concertar encuentros privados con las comunidades de residentes instando a su equipo a entregar notas manuscritas en las porterías.

Estrada también ha protagonizado controversias de carácter puramente ideológico, como cuando incluyó referencias religiosas mezcladas con proclamas políticas (“La Venezuela libre está en Madrid”) en un programa de fiestas de Chamartín. Pero sin duda la más sonada fue el envío por parte de la Junta Municipal de una felicitación navideña dirigida a los más pequeños en la que un hombre con la cara pintada de negro encarnaba a Baltasar. Todos estos conflictos han derivado en plenos distritales extremadamente broncos, aunque fuentes de los grupos políticos trasladan que “las malas formas y las faltas de respeto” por parte de Estrada han sido “la tónica habitual” durante toda la legislatura.

Antes de su etapa como diputada autonómica, su carrera política estuvo ligada al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, donde encadenó los cargos de concejala de Obras, de Presidencia y teniente de alcalde entre 2003 y 2010. Llegó a ese Consistorio de la mano de Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo condenado a 14 años y ocho meses de prisión por la trama Gürtel.

Según acreditó la Audiencia Nacional, Sepúlveda recibió dinero negro y regalos “por las irregularidades adjudicaciones públicas que favoreció”. Además de metálico, la trama le obsequió con “viajes y servicios turísticos”, “eventos familiares” o “servicios prestados para su campaña electoral como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Pozuelo”. El tribunal condenó a su exmujer, Ana Mato (exministra de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy), como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de los regalos que su entonces esposo obtuvo de la trama. Los juicios se desarrollaron mientras Estrada estaba fuera de la política activa, de la que se mantuvo al margen desde 2010 hasta 2019, cuando fue repescada para un PP de Madrid que trató de ofrecer una imagen de renovación y frescura.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha impuesto este sábado la Medalla de Oro de la región a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, mientras “el socialismo del siglo XXI está de guateque en Barcelona”, en alusión a la cumbre progresista a la que ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros líderes internacionales.

Durante su discurso tras entregar a Machado esta distinción, la presidenta autonómica ha deslizado que el evento celebrado este fin de semana en Barcelona fue convocado “cuando sabía que este evento se iba a celebrar”. Además, ha destacado que apenas “ningún representante europeo” ha acudido a la cita de Sánchez con el presidente brasileño, Lula da Silva; o la mexicana Claudia Sheinbaum. Ayuso ha obviado la presencia de altos mandatarios de la Unión Europea; el vicecanciller de Alemania y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, o del viceprimer ministro de Reino Unido y titular de Justicia, David Lammy.

“Nos dan lecciones quienes tienen dividido a su pueblo entre una pretendida lucha de clases, multiplicando la pobreza para que la culpa sea de una minoría rica y no de gobiernos que con sus decisiones hunden la economía de las familias y de los autónomos, los que hacen del recuerdo de cada uno memoria impuesta por ley de manera totalitaria”, ha defendido Ayuso.

En este punto, la presidenta madrileña ha rechazado “lecciones” de quienes “hasta hace ni un año” eran “cómplices” del régimen de Venezuela y “ganaban dinero con el sufrimiento del pueblo de Venezuela mientras sabían que había hambruna, desaparecidos y presos políticos maltratados”.

A continuación, Ayuso ha señalado de nuevo a Sánchez por unas declaraciones desde Barcelona en las que ha animado a “hacer lo que sea por defender la democracia”, ante lo que la presidenta madrileña ha respondido si esa defensa pasa por ir “contra la Justicia, los medios de comunicación” y “carcomer” el sistema público “como ocurrió en Venezuela”.

Más tarde, Ayuso y María Corina Machado, acompañadas de la hija de Edmundo González, han salido al balcón de la Real Casa de Correos, “la casa de la libertad”, según Ayuso, y donde ya se ha mostrado junto a otros líderes de ultraderecha como el presidente argentino Javier Milei.

“En esta plaza hemos reivindicado todos estos largos años la libertad del pueblo de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de tantas naciones hermanas. En esta plaza hemos alzado la voz juntos contra las dictaduras en representación de las millones de personas que se han visto forzadas a dejar atrás su tierra, pero han encontrado en Madrid su nuevo hogar”, ha arengado Ayuso.

Ante una Puerta del Sol llena de venezolanos y entre algunos gritos de “presidenta”, Ayuso ha aventurado que “el cambio va a llegar de manera imparable” a Venezuela y Machado, “un día no muy lejano” será la primera presidenta venezolana de la historia.

Machado augura su retorno a Venezuela

En presencia del Gobierno regional al completo, Machado ha recibido esta distinción “en atención a los méritos” de la opositora venezolana, “figura clave” en el país sudamericano “por su incansable labor en favor de la democracia, la defensa de los Derechos Humanos y la libertad” y que ha recibido el último Premio Nobel de la Paz, seguramente el que mayor polémica ha provocado en los últimos años por su defensa de la intervención extranjera en su país.

Tras recibir de manos de la presidenta autonómica la Medalla de Oro, Machado ha trasladado su agradecimiento a Ayuso y a los madrileños, y ha expresado su “honor inmenso” por una distinción que toma en nombre de todos los ciudadanos “de dentro y fuera” de su país que “han arriesgado su vida por la libertad”.

“Tenía que ser precisamente aquí, en Madrid, donde siento que esta tarde comienza nuestro retorno. Desde aquí comenzamos a preparar esta nueva fase en la cual regresaremos millones a construir juntos un país del cual nos sentamos todos orgullosos de ser venezolanos”, ha aseverado la líder opositora, que se encuentra bajo orden de busca y captura en su país de origen.

En este punto, Machado ha asegurado que cuando regrese a Venezuela para construir un nuevo sistema político de la mano del “presidente electo” González, lo hará también con los miles de madrileños en el exilio, incluidos los que viven en Madrid. “Sí Isabel, van a regresar”, ha trasladado a Ayuso, a quien desde el balcón de Sol ha asegurado que pronto entregará las llaves de Caracas.

Antes de recibir la Medalla de Oro de la región, Machado ha mantenido un encuentro privado con Ayuso en la sede del Gobierno regional y ha firmado en el Libro de Honor de la Comunidad de Madrid, donde ha trasladado su agradecimiento a los madrileños por haber “acogido a miles de venezolanos”. “Pronto les recibiremos a muchos de ustedes en una Venezuela libre”, ha añadido.

Recuerdo a Edmundo González

Por su parte, Edmundo González también ha sido reconocido con la Medalla Internacional. Sin embargo, el candidato presidencial venezolano no ha podido acudir al acto por problemas de salud y ha sido su hija Carolina quien ha recibido el galardón de manos de la presidenta regional.

Así, a González se le ha reconocido con la Medalla Internacional “como gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid” y considerándolo como “presidente democráticamente elegido de Venezuela en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”.

Carolina González ha leído a continuación una misiva redactada de puño y letra por el propio Edmundo en la que ha agradecido la distinción de la Comunidad de Madrid y ha recalcado que está del lado de Machado. “Estamos juntos en esto, como lo hemos estado desde el primer día”, ha expresado González de boca de su hija menor.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha opuesto este viernes a uno de los puntos clave del acuerdo suscrito el jueves entre PP y Vox en Extremadura, que permitirá la investidura de María Guardiola cuatro meses después de las elecciones. Ayuso critica, en concreto, el punto en el que se recoge la modificación de la ley de extranjería para que se pueda imponer sin trabas la “prioridad nacional” para que los españoles tengan acceso prioritario a ayudas, servicios o vivienda social frente a los migrantes.

“Yo creo en la ley y en el orden y, por tanto, pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos. Así que como se va a tener que cumplir la ley pienso que muchos de esos requisitos no son legales”, ha asegurado Ayuso desde Bruselas, donde ha sido preguntada específicamente al respecto. La presidenta madrileña ha añadido que “el tiempo pondrá todo en su sitio”, pero ha apostillado: “Pienso que no se puede dejar al margen a nadie fuera de un sistema al que ha contribuido y, por ejemplo, dejarle fuera del sistema sanitario como se nos ha pedido en Madrid”.

A media tarde, en cambio, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, advertía a Ayuso de que su formación también exigirá al Partido Popular aplicar medidas que den “prioridad nacional” para acceder a ayudas y prestaciones sociales, dando por hecho que ambos partidos tendrán que pactar tras las elecciones autonómicas de 2027 para conformar el Gobierno regional. “Te guste o no. Tápalo con titulares o escóndete detrás de leyes que habéis redactado junto al PSOE. Pero no vas a frenar el sentido común. 2027. Tic, tac”, ha manifestado Moñino en su perfil de redes sociales respondiendo a las declaraciones de Ayuso sobre el pacto entre 'populares' y Vox en Extremadura.

Ayuso había iniciado su intervención felicitando a Guardiola “por haber ganado las elecciones, por tantos meses de espera, de tanto trabajo”. “Pienso que después de tanto hablar ha llegado el momento de ponerse manos a la obra. Y a partir de ahí las cuestiones del acuerdo se me escapan porque no tengo competencias en ello”, ha asegurado. 

En realidad, en su acuerdo en Extremadura PP y Vox se comprometen a una “mejora de la sanidad pública extremeña”, para lo que se proponen “garantizar una atención accesible y de calidad para los españoles”.

Esta medida es una declaración de intenciones con la que los de María Guardiola se acogen al ideario más ultra. Sin embargo, y pese a que la sanidad es una competencia transferida casi de forma íntegra a las comunidades autónomas, debe ser ofrecida a la ciudadanía de acuerdo a las leyes y derechos estatales, entre los que se encuentra una sanidad universal. El Gobierno central reforzó recientemente el acceso a la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal, por medio de un real decreto (180/2026, de 11 de marzo).

Ambas formaciones son conscientes de su falta de competencias y lo sortean en el documento pactado con fórmulas como “se exigirá al Gobierno” o “se instará a modificar la ley”. Por ejemplo, mencionan reformar la ley de extranjería y “otras disposiciones estatales que dificulten” la aplicación del principio de “prioridad nacional”. Lo que quiere Vox es “restringir o priorizar el acceso” a viviendas protegidas, ayudas, subvenciones y servicios sociales a los españoles, como ha apuntado en diversas ocasiones, pero eso choca contra la legislación nacional actual.

La jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos ha citado como testigos a los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que identificaron a los periodistas de El País mientras elaboraban una información relacionada con Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Con posterioridad, Rodríguez difundió los datos de los periodistas en un chat de WhatsApp, donde vertió falsedades sobre los profesionales. Los dos policías tendrán que comparecer el próximo 19 de mayo ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, según la providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. 

La magistrada Raquel Robles rechazó en un primer momento la querella presentada por el PSOE, a la que luego siguió otra querella presentada por El País. La Fiscalía había apoyado la apertura de una investigación, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 25 descartó la existencia de delito de revelación de secretos porque, según concluyó, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso solo había difundido la identidad y las fotos de los dos periodistas de El País.

El recurso de los querellantes contra la decisión de la jueza fue admitido por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial. Los magistrados de la instancia superior corrigieron a la magistrada y le ordenaron practicar diligencias. Consideraron “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos trabajadores. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

“Una cuestión de buen gobierno corporativo que entiendo que no gusta a Más Madrid”. Así ha justificado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, las dietas de 612,85 euros por asistencia a cada reunión de los miembros de los consejos de administración de cinco empresas municipales (y 525 euros en otros cuatro organismos autónomos).

El mismo día en el que el órgano de gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) vota elevar la cuestión para su aprobación a la Junta de Gobierno, el regidor ha comparecido ante los medios precisamente en la rueda de prensa posterior a dicha Junta. Sin aclarar si los nuevos pagos han sido ya validados, Almeida ha defendido la medida por su utlidad, dice, para “atraer perfiles independientes” y que “los consejos de administración no sean lugares de colocación”. Precisamente en el de EMVS ocupa el cargo de consejera delegada su exjefa de Gabinete, Ana de Miguel.

El alcalde ha centrado su respuesta a las preguntas de Somos Madrid en atacar al principal partido de la oposición: “Más Madrid dice una cosa en público y otra en privado. En alguna sociedad ha votado a favor”, ha espetado ante las críticas de la concejala Lucía Lois, representante de la formación en el consejo de EMVS.

Almeida ha asegurado que “Sumar se abstuvo cuando se votó lo mismo en Casa 47 [la nueva empresa pública de vivienda]”. Anima a Lois a “dar su opinión sobre la legitimidad” de ese caso, después de que la edil trasladase este miércoles su rechazo a las diestas de EMVS “en el contexto de emergencia habitacional que vive Madrid, donde miles de familias no pueden acceder a una vivienda digna y el precio del alquiler sigue disparado”.

El líder del Ejecutivo de Cibeles ha recurrido también al pago de este tipo de retribuciones en organismos estatales: “Es una homologación con el Gobierno de España, con la diferencia de que las municipales son un 50% inferiores”. Desde el área de Hacienda del Consistorio subrayan que esta novedad “ha replicado la legislación del Estado, donde ya se viene haciendo oscilando en su caso entre 1.189 y 623 euros, dependiendo de la categoría del consejo”.

Esas mismas fuentes aclararon a este periódico las nueve entidades que incorporarán estas dietas, aplicables incluso por la participación telemática en las reuniones: “Las empresas afectadas son EMT, EMVS, Madrid Calle 30 y la EMSFCM. Los organismos autónomos IAM, Madrid Salud, ATM, AE y Agencia de Actividades”. Recuerdan que, salvo rechazo expreso de los beneficiarios (posibilidad que Almeida ha planteado a Lois en la rueda de prensa), incluye a “todos los miembros del consejo de administración (concejales de Gobierno y oposición, cargos directivos, sindicatos y funcionarios)”.

En el caso de EMVS, según la proposición sometida a votación este jueves a la que tuvo acceso este diario, el coste de las indemnizaciones será de hasta 107.861,60 euros este 2026. El consejo plantea además aumentar su número máximo de componentes de nueve a 15, lo que implicará un dispendio más elevado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado buscando piso para comprar en Chamberí, el mismo barrio en el que reside en un dúplex de 1,8 millones que adquirieron entre su pareja, Alberto González Amador (compró el último piso), y una empresa (el ático), que luego le revendió a Amador. Para las gestiones de búsqueda de esta nueva adquisición inmobiliaria ha estado utilizando a un cargo público de la Presidencia de la Comunidad de Madrid que le ha hecho los contactos y concertado la agenda de visitas, además de participar en la negociación del precio para la compra, según ha podido constatar elDiario.es.

La persona que ha llevado a cabo esta labor es el jefe de despacho de la Secretaría de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Álvaro Sanz. Diplomado en Informática de Gestión, cobra 93.317,08 euros anuales, según el Portal de Transparencia madrileño, y antes fue secretario del Partido Popular en Madrid. Sus funciones actuales son el “control y coordinación de la agenda de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Coordinación y organización de viajes. Recepción de visitas y atención al público, tanto telefónica como presencial. Despacho y gestión de correspondencia y correos electrónicos. Y en general, labores propias de jefatura de secretaría de presidencia”, dice la descripción de su puesto laboral, que no incluye obviamente gestiones personales.

Álvaro Sanz fue quien contactó con la propiedad de un piso de unos 100 metros cuadrados –cuatro habitaciones, patio, garaje y un balcón con vistas a un jardín que se anunciaba hasta hace poco en Idealista–. También concertó dos citas para visitarlo. La persona que lo enseñó ha corroborado a elDiario.es esta información y, aunque confirma que la presidenta finalmente no lo compró, no ha dado detalle de quién se quedó finalmente la vivienda.

Según ha podido saber elDiario.es, el 1 de diciembre de 2025 acudió a ver el piso Isabel Díaz Ayuso en persona, con su equipo de escoltas. Hubo una segunda visita, también concertada y gestionada por este mismo secretario de Presidencia, a la que Ayuso acudió con su pareja, Alberto González Amador. El piso, para reformar y que tenía un precio de salida de 850.000 euros en la plataforma, tenía otros compradores interesados. Preguntado el intermediario de la venta, confirma a elDiario.es que en esas gestiones su interlocutor fue también Álvaro Sanz y que siempre fue la persona con la que trató e intercambió numerosas llamadas y mensajes. Preguntado por estas gestiones, Álvaro Sanz ha remitido a elDiario.es al gabinete de prensa de la presidenta, que no ha negado los hechos.

Sanz es secretario de Ayuso desde 2019, cuando esta ganó sus primeras elecciones. Está contratado en la administración pública como personal eventual, es decir, un cargo de confianza, de nombramiento discrecional, que no es funcionario, pero tiene el estatus de empleado público mientras desempeña su función. Es la misma modalidad de empleo público que tiene Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa e imputada por el juez Peinado por hacer gestiones profesionales a la mujer del presidente del Gobierno conducentes a gestionar su cátedra en la Complutense de Madrid o canalizar patrocinios para este proyecto universitario.

El juez Peinado propone procesar a la asistente y a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, dado que entiende que ayudó con sus gestiones a cometer los presuntos delitos.

La labor del jefe de despacho “puede incluir gestiones particulares sin hacer negocios, de lo que se acusa a la colaboradora de Begoña Gómez”, puntualizan fuentes oficiales de la Puerta del Sol preguntadas por la confusión entre el perfil institucional y personal en las labores de este puesto.

El nombre de Álvaro Sanz ya saltó a los medios en la pandemia, cuando se hospedó en el Slow Suites de Chueca, uno de los 22 hoteles privados cedidos a la Consejería de Sanidad para albergar exclusivamente a personal sanitario, como publicó Infolibre. En aquel momento, desde Presidencia se explicó que Miguel Ángel Rodríguez había ordenado que se alojara en este hotel porque “era obligatoria su presencia” en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, y porque Sanz vivía con sus padres y era una forma de protegerlos. En esos mismos días, en lo peor de la Covid, la presidenta de la Comunidad de Madrid se alojaba en dos apartamentos por 80 euros la noche de la cadena hotelera, Room Mate, propiedad del empresario Kike Sarasola.

El patrimonio y actividad inmobiliaria de Díaz Ayuso ha estado bajo el foco desde el inicio de su mandato. La ruina de la empresa de su padre, que dejó sin devolver un préstamo público de 400.000 euros de Avalmadrid en 2011, operación en la que ella intercedió, llevó a este a donar sus bienes a sus hijos.

La propia Ayuso admitió haber recibido un piso que podía ser embargado en una entrevista en Telecinco en 2019: “Mi padre ya estaba de baja médica, sabía que estaba enfermo, que no iba a durar mucho, y le preocupaba que el poco patrimonio que tenía, lo heredáramos. ”Es la casa en la que se crio mi madre, mi hermano y yo... No sé qué pretenden que hagamos mi madre y yo, no nos podemos ir debajo de un puente...“. El salario anual bruto de la presidenta de la Comunidad de Madrid es actualmente 103.090 euros (8.590 euros mensuales).

“Estoy harta de pagar alquiler y tengo ilusión por comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda”, dijo en 2022 en una entrevista con El Mundo. Un mes después, su pareja, Alberto González Amador, compraba un piso en Chamberí por 850.000 euros, para el que entregó 350.000 euros de entrada, una cantidad casi idéntica a la que habría defraudado a Hacienda y por lo que está procesado. Un año después, una sociedad llamada Babia Capital SL compró el ático que está en la planta superior donde vive la pareja. Babia Capital pagó por el piso 950.000 euros y, según declaró González Amador a la jueza, él se lo alquilaba por 5.000 euros al mes con derecho a compra. El año pasado, González Amador formalizó la compra también de este piso.

En julio de 2025, El País reveló que Ayuso había utilizado un chalé de patrimonio público en Rascafría para pasar un fin de semana con su familia, sin que constara este edificio como residencia ni se hubiera informado sobre su uso particular a la opinión pública. El complejo había sido comprado por el Gobierno de Ayuso en 2023 por 4,3 millones de euros. Cuando salieron a la luz estas vacaciones privadas en una casa de lujo pública, la presidenta justificó que su fin de semana de ocio no había costado ni un euro a los madrileños, puesto que habían llevado el “tupper de casa” y habían comprado en Covirán.

El PP de Madrid sumó en septiembre una nueva imputación con la acusación contra la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por la filtración de una nota interna de la Policía Municipal con la que intentar sostener la acusación sin pruebas que hizo la presidenta madrileña en enero de 2024 acerca de que los migrantes internos en un centro de la localidad estaban cometiendo “agresiones sexuales”. La Fiscalía ha reconstruido la revelación de secretos y la Audiencia Provincial de Madrid ya ha dado por demostrada la participación de Piquet. Y en este contexto se producirá este miércoles la declaración como testigo del número dos del partido, Alfonso Serrano, quien publicó en X el pantallazo de la minuta policial. 

Esta es la secuencia de cómo fabricó el Partido Popular de Madrid la denuncia falsa contra los migrantes del Centro de Emergencia, Acogida y Derivación (CAED) que habían llegado procedente de las Islas Canarias.

Ayuso agita el miedo. La presidenta madrileña decide cambiar la Puerta del Sol por Alcalá de Henares para celebrar un Consejo Extraordinario de Gobierno el 17 de enero de 2024. El Ejecutivo regional quiere visibilizar los problemas que asegura están protagonizando el grupo de migrantes que el Ejecutivo central ha asignado a Alcalá de Henares, donde se han habilitado unas instalaciones del Ejército de Tierra para acoger a un grupo de los que han llegado a las islas en cayucos. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo, Ayuso dice ante los medios que migrantes del norte de África han protagonizado una reyerta con tres magrebíes, que hay un brote de sarna entre los internos y que se investigan “agresiones sexuales” de internos tras denuncias de “algunas mujeres del municipio”. La última acusación organiza un enorme revuelo. elDiario.es titula: “Ayuso vincula sin pruebas inmigración con agresiones sexuales y un brote de sarna en Alcalá de Henares”.

En rueda de prensa, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, asegura: “En relación a las agresiones sexuales, en estos momentos, en Alcalá de Henares, no hay abierta ninguna investigación por agresión sexual vinculada a un posible origen en los migrantes en el cuartel Primo de Rivera”.

El 'número dos' de Ayuso ataca en X para defender a Ayuso. Al día siguiente, el secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, publica un tuit a las 9.58 horas en el que se dirige al entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y acusa al delegado del Gobierno de mentir. Serrano adjunta un pantallazo del informe de incidencia 19966/2023 de la Policía local de Alcalá en el que se resume la denuncia de una mujer acerca de la “agresión” sufrida en la vía del cementerio de Alcalá más de un mes antes, el 11 de diciembre de 2023, y en la que se describe al autor como “joven de raza negra”.

A las 11.18 horas, Serrano insiste. En esta ocasión utiliza un tuit de elDiario.es en el que se recogía la información sobre la rueda de prensa de Ayuso y el número dos del PP madrileño escribe sobre ella, en alusión al titular de este medio: “Sin pruebas”. Serrano vuelve a publicar el pantallazo de la minuta policial. 

Ese mismo día, Ayuso asegura en público que ella se limitó a describir “una situación que le transmitió la alcaldesa de Alcalá”, pero que no disponía de más pruebas. 

La alcaldesa habla de “verdad irrefutable”. El mismo 18 de enero, Judith Piquet atiende a los medios y dice que lo afirmado por Ayuso es “una verdad irrefutable” porque hay dos denuncias de sendas agresiones sexuales cometidas por “un varón negro”. Sin embargo, matiza que una de las denunciantes reconoce como posible autor a un interno del Centro de Inmigrantes, pero que la descripción que hace la otra es incompatible con la primera. Y que un tercero, un testigo que declaró ante la Policía, ofrece una versión “que no puede coincidir (sic) porque el agresor parecía mucho más joven”.

El PSOE acude a la Fiscalía el 20 de febrero de 2024 y denuncia la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por autoridad o funcionario público. La denuncia pide conocer cómo y quién ha filtrado el documento policial, y algo más: conocer si se ha producido “un grave daño” a la posible investigación de los hechos y también “si se pudiera haber utilizado como justificación para generar alarma social y/o una imagen estereotipada y negativa de un colectivo vulnerable”.

“Lo que no aparece en ningún momento de la minuta policial es la palabra agresión sexual ni la vinculación del agresor con una persona migrante acogida en la Base Primo de Rivera de Alcalá de Henares, como se transmitió a los medios de comunicación, por lo que también es necesario conocer la intencionalidad de los autores de los hechos para valorar si dicha conducta podría ser enmarcada dentro de lo previsto en el artículo 510 del Código Penal [de incitación al odio]”, añade la denuncia del PSOE. 

Una grabación incriminatoria y varios wasaps. Con la denuncia, la Fiscalía de Área abre unas diligencias de investigación que deben concluir en un decreto de archivo, si no aprecia delitos, o en una querella en el juzgado ya contra unas personas concretas. Meses después, el Ministerio Público se querella contra la alcaldesa de Alcalá y su director de comunicación, Raúl Castillo. Ha interrogado a policías, funcionarios y ha recabado documentación.

El jefe de la Policía Local ha grabado una conversación con la concejala de Seguridad, Ordena María de Miguel, después de que Alfonso Serrano haya publicado en X la nota de los agentes. El agente también aporta a la Fiscalía los mensajes intercambiados con la responsable política de la que depende. 

La Fiscalía concluye que las órdenes partieron de la alcaldesa. Fue la tarde del 17 de enero de 2023 cuando Judith Piquet ordenó al jefe de la Policía Municipal de Alcalá de Henares que imprimiera el informe de incidencia 19966/2023, el que luego mostraría en X Alfonso Serrano. El mando policial había declarado ante la Fiscalía que la alcaldesa Piquet hizo una fotografía del documento con su teléfono móvil después de la rueda de prensa de Ayuso y antes de que Serrano se lanzara a X. Al encuentro entre el policía y la alcaldesa se unió el jefe de prensa, quien también hizo una foto de la minuta policial. 

La Fiscalía concluye: En algún momento entre las 17.00 horas del día 17 y las 9.58 horas, momento en el que publica su primer tuit Serrano, la alcaldesa, “por si o bien a través del Director de comunicaciones del Ayuntamiento Raúl Castillo, remitió la fotografía tomada del informe policial a D. Alfonso Serrano Sánchez-Capuchino, secretario general del PP de Madrid, el cual, con la finalidad de justificar o dar cobertura documental a las afirmaciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid había efectuado el día anterior en relación a los migrantes acogidos en el CAED de Alcalá de henares y la comisión de dos agresiones sexuales por varones de raza negra publicó en su cuenta de la red social X la fotografía del informe de incidencia”.

El Juzgado imputa a la alcaldesa Piquet y a su jefe de prensa el 20 de agosto de 2024. En el auto de admisión a trámite, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá también cita al jefe de la Policía local y solicita que remita los wasaps que aportó a la Fiscalía sosteniendo su relato de los hechos. También cita como testigos a cuatro policías municipales relacionados con la recepción de las denuncias y la redacción de los informes. 

Las defensas de Judith Piquet y Raúl Ortiz recurren la decisión de la jueza María Olga Iglesias Santa María, pero esta rechaza sus pretensiones de archivo. Los investigados apelan a la Audiencia Provincial logrando retrasar las declaraciones. 

La Audiencia de Madrid avala la investigación: “No cabe duda de la participación de la alcaldesa”. Judith Piquet había alegado que el auto de imputación no está motivado, que no hay delito en los hechos denunciados y que, de haberlo, ella no está relacionada con los mismos. También recurre la admisión del PSOE como acusación popular. 

Todo ello es descartado por la Audiencia Provincial, que pone otro clavo a la acusación contra la regidora. “No cabe duda de la participación en los hechos de D. Judith Piquet”, escriben los magistrados de la instancia superior al dar por cierta la secuencia de hechos que ha expuesto la Fiscalía. Los magistrados de la Sección Quinta encajan la actuación de la alcaldesa de Alcalá de henares en un delito de revelación de secretos. 

Este miércoles están citados como testigos en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá Alfonso Serrano, el tercer teniente de alcalde de la ciudad, Gustavo Severien, y la concejal de Seguridad Ciudadana, Oriana María de Miguel Muñoz. Todos ellos declararán como testigos. 

El abogado de la alcaldesa ha logrado ya aplazar la declaración en tres ocasiones por citaciones que tienen fijadas otros de sus clientes. La magistrada de Alcalá fijó la declaración de Piquet y Serrano el 9 de marzo a las 17.00 horas. Las tomas de declaración fuera del horario de mañana son algo inusual en los juzgados. El letrado tampoco podía porque tenía una cita en Pontevedra. De terminar celebrándose el miércoles habrán pasado seis meses desde que la jueza acordó tomar declaración a Serrano.

Hace justo tres años, el 28 de marzo de 2023, Francisco Martín (Madrid, 1981) tomaba posesión como nuevo delegado del Gobierno en la región. Relevaba a la exconcejala Mercedes González y su perfil era bien distinto al de su predecesora, porque llegaba directamente de Moncloa, donde había ejercido diferentes cargos para Presidencia del Gobierno.

Su llegada fue recibida con recelo primero y luego animadversión tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad de Madrid. Tanto Almeida como Ayuso han tenido encontronazos dialécticos con Martín, peleas en reuniones o por redes y algún que otro desplante institucional. Algunos de ellos tienen que ver con los eventos multitudinarios que apoyan los dirigentes del PP, también motivo de discusión. El último tiene que ver con el gran estadio que una promotora va a montar en Villaverde para acoger once conciertos de Shakira.

La entrevista se realizó de forma previa a la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye. Preguntado este viernes sobre si la actuación policial pudo tener una base racista, el delegado del Gobierno defendió que no: “Y ninguna actuación policial puede tener una base racista ni discriminatoria. Existen protocolos y mecanismos internos para velar porque así sea y para adoptar las medidas pertinentes en el caso de que se detecte algún incumplimiento”, aseguró a preguntas de Somos.

SOMOS MADRID: ¿Qué problema tiene el recinto de conciertos de Villaverde? ¿Por qué cree que no deberían celebrarse allí eventos como el de Shakira?

FRANCISCO MARTÍN: Le he pedido al alcalde de Madrid en una carta que reconsidere su decisión de autorizar eventos masivos en el Iberdrola Music, porque él mismo y la Comunidad de Madrid estuvieron de acuerdo hace tres años en que ese recinto no estaba en condiciones de albergar eventos de fenómeno fan y no han hecho nada para mejorar las condiciones del entorno. Yo quiero ser clarísimo: ni Shakira ni nadie debe actuar en una ratonera. Y hoy por hoy, desafortunadamente y por la dejadez de la señora Ayuso y del señor Almeida, el entorno del Iberdrola Music es una ratonera.

No hay posibilidad de una evacuación masiva como la que un evento de esta naturaleza tiene que tener prevista, ya que sale todo el público a la vez cuando termina la actuación. Todos sabemos que está la M-45 colindando, que no hay aparcamientos, que no hay Metro. No hay más que recordar lo que pasó hace tres años con el concierto de Harry Styles, se vivieron unas situaciones dramáticas que no terminaron en una catástrofe de milagro. Y que conllevaron que, también con una carta mía, el alcalde cancelara toda la programación de ese año.

Le he pedido al alcalde dos cosas: o acondicionan aquello para que se puedan compatibilizar las condiciones de seguridad con este tipo de eventos, habida cuenta de que quedan seis meses para los conciertos de Shakira, o que se busque otra ubicación, una que sí tenga esas condiciones. Esto no es una cuestión política, por más que la señora Ayuso lo único que quiera sea confrontar con lo que sea. Estamos hablando de una cuestión que es estrictamente técnica y que debiera, de verdad, implicar la responsabilidad de todo el mundo, amenazando la seguridad de decenas de miles de personas. ¿Cuántas tragedias hemos visto ya?

¿Qué medidas se plantea la Delegación del Gobierno si el Ayuntamiento y los promotores insisten en esta ubicación?

Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Y si lo que se plantea no las tiene, pues recurriremos a donde haya que recurrir para pedir que no se ponga en peligro a la gente. De verdad, no pueden condenar a los asistentes, a los fans, tampoco a los artistas, ni a los medios de comunicación, ni a nadie a tener que acudir a una ratonera para celebrar un evento de esta naturaleza.

¿Tiene un problema Madrid con los eventos? ¿Organiza demasiados?

Creo que tiene falta de planificación legal, pero también logística, para afrontar muchas de las cosas que quiere ir asumiendo. Y en ese sentido es bastante irresponsable la actitud porque va precipitadamente poniendo cosas sobre la mesa y después ya se resolverán. La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid es antiquísima, fue apenas maquillada tras la tragedia del Madrid Arena y desde entonces no se ha vuelto a tocar. Yo le he reclamado al consejero Novillo por activa y por pasiva una nueva Lepar y no he obtenido ninguna respuesta.

Ahora hemos sabido que en otra ley, como una disposición transitoria, van a incorporar una modificación de algunas cuestiones de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. ¿Pero acaso Madrid, con el déficit que tiene, no exige el que se pueda tener un debate serio en el que participemos todos los que tenemos algo que decir alrededor de cómo se deben gestionar los grandes eventos?

En este contexto de problemas normativos... ¿Está preparada Madrid para acoger la Fórmula 1 en septiembre?

De nuevo esta es una cuestión que se ha planteado con precipitación por parte de las administraciones madrileñas. Hasta que nosotros no hemos reclamado trabajar la seguridad de este evento, no se ha podido avanzar. Nuestra voluntad es la de procurar que las cosas salgan bien, pero para eso hay que trabajar con planificación, con responsabilidad, con criterios técnicos sólidos, desde luego con lealtad y eso es lo que, ante todo, falta en esta región.

Otro de los grandes eventos que acogerá Madrid en breve será la visita del Papa ¿Cómo se está preparando?

Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Presidencia. Hubo una primera visita del Vaticano, pero hay que seguir aterrizando toda la agenda y toda la logística alrededor de la visita del Papa. Es una gran oportunidad para Madrid: hay miles de personas que anhelan este momento y debemos trabajar todos juntos para que sea un éxito. Yo le he planteado, al igual que se ha hecho en las otras comunidades que visitará el Papa, la creación de una mesa de coordinación interinstitucional con la parte organizadora de la Conferencia Episcopal, la Presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. No han respondido y, por lo tanto, he tenido que convocarles a una reunión para la semana que viene. Confío en que prime la lealtad y la voluntad de que las cosas salgan bien.

Usted que conoció bien la preparación de la Cumbre de la OTAN de 2022, ¿cree que es el mayor evento al que se ha enfrentado Madrid en los últimos años?

En Madrid tenemos mucha experiencia en la organización de grandes eventos, multitudinarios, pero también con la visita de muchos mandatarios internacionales de todo tipo. Seguramente desde la Cumbre de la OTAN, la visita del Papa vaya a ser el evento más exigente que se ha producido en la Comunidad, aunque con una naturaleza diferente: habrá una movilización social importante a lo largo de los días que esté en Madrid, con diferentes actos multitudinarios.

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político

Dejemos el futuro para hablar de lo pasado, a ese 28 de marzo de 2023 cuando tomó posesión de su cargo como delegado del Gobierno. ¿Cómo recibió entonces el nombramiento y qué encontró al llegar?

Es un honor el poder representar al Gobierno de España en la Comunidad, un gran reto que afronté con enorme determinación, a sabiendas de las dificultades que había, porque hay quien niega, quien oculta, quien confronta sistemáticamente para hacer de ello su proyecto político. Yo creía que esas dificultades podían ser removibles y que podríamos avanzar desde un trabajo compartido con las demás instituciones. Desafortunadamente, lo que me he encontrado desde el minuto cero ha sido una puerta cerrada a cualquier entendimiento, un rechazo absoluto por parte de las instituciones dirigidas por el Partido Popular de Madrid a ninguna oportunidad para trabajar conjuntamente a favor de los madrileños y madrileñas. Pero tengo que decir que me he encontrado lo contrario por parte del tejido social, del tejido vecinal, de los sectores productivos empresariales que están ávidos de diálogo, de espacios de encuentro, de colaboración y de trabajo conjunto.

¿Qué le cuentan sus otros colegas de puesto? ¿Es igual esta relación con los gobiernos de otras comunidades autónomas?

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político. Y esto lo comparto muchas veces con otros delegados que tienen otro tipo de relación, incluso yo he hablado con otros presidentes autonómicos del PP. Responde estrictamente a esa voluntad de confrontar, de evitar cualquier oportunidad para la cordialidad, porque eso parece que desmonta el paradigma en el que cabalga Díaz Ayuso, que el Gobierno de España es lo peor que le ha podido pasar a Madrid y al mundo en la historia. Eso es una falacia, porque todos estamos viendo que el compromiso es el mayor que ha tenido nunca ningún gobierno. Se traduce en aportaciones económicas y en proyectos concretos para transformar, para hacer de Madrid una región más justa.

Cuando llegó hace tres años surgían muchas informaciones sobre sucesos relacionados con bandas juveniles. ¿Cómo ha evolucionado el plan para combatirlas?

Di continuidad al plan de choque que puso en marcha Mercedes González, desde entonces se intensificó la labor policial y se han ido cosechando buenos resultados. Nada tiene que ver la realidad de las bandas juveniles en 2022 con la que hay ahora: en 2025 hubo un 13% menos de hechos delictivos asociados a ellas que en 2024 y un 50% más de detenidos. La intensidad policial es máxima, la vigilancia sobre esta tipología delictiva es total, pero yo siempre reclamo que más allá, debemos trabajar desde una perspectiva preventiva. Estamos hablando de chavales, que requieren de políticas que ofrezcan alternativas a la calle, de formación, de ocio, que son responsabilidad de todas las administraciones y que si se brindan posibilitan también que haya menos gente que se complique la vida tan joven.

Otro de los puntos de fricción con la Comunidad de Madrid está relacionado con los menores no acompañados y sus centros...

Estoy convencido de que Ayuso está muy orgullosa de ser la lideresa territorial del PP que más beligerancia está prestando a la política migratoria del Gobierno de España. En momentos en los que lo que hace falta es solidaridad, altura de miras y atender conjuntamente entre todos la necesidad de una respuesta al reto migratorio, el PP de Madrid lidera las dificultades, el boicot a cualquier iniciativa que adoptemos. Están haciendo gala de esa petición de expulsión de 86 menores, obviando que la tutela corresponde íntegramente a las comunidades autónomas. Los déficits que tienen no son por sobresaturación, están muy por debajo de la capacidad que se le ha determinado a la Comunidad de Madrid en cuanto a menores que puede acoger en el sistema. Es una cuestión de voluntad a la hora de atender adecuadamente la responsabilidad de una manera humana y solidaria.

Y luego está petición del cierre del Centro de Atención a Extranjeros de Pozuelo, porque en el momento en el que atisbaron que en vez de niños ucranianos podían llegar niños con otro color de piel, aquello ya les pasó a no gustar y se buscaron cualquier artimaña para intentar cerrar aquel centro asistencial. También pasa en el de Alcalá, donde además hemos escuchado todo tipo de mensajes que buscan criminalizar y estigmatizar, generar miedo alrededor de las personas migrantes.

También hay críticas sobre la regularización planteada por el Gobierno...

Por la mesa del despacho del delegado han pasado todos los sectores productivos de la Comunidad de Madrid. Ha pasado la Iglesia, el tejido social, los sindicatos... y todos ellos han reclamado que se pusiera en marcha una medida como la regularización prevista por el Gobierno de España. Todos. El propio PP votó a favor de la ILP en el Congreso, pero ha sido la señora Díaz Ayuso quien ha decidido cambiarle el paso al partido.

En 2025 la Comunidad de Madrid ha alcanzado el mínimo histórico de criminalidad en nuestras calles. Desde que hay registros, como saben, se ha registrado la menor tasa de criminalidad de la historia de la Comunidad de Madrid. Esto se ha producido en paralelo al incremento poblacional que ha experimentado Madrid, llegando a los 7,1 millones de habitantes. Hay mayor proporción de población migrante y la menor criminalidad de nuestra historia. Pero el PP, la derecha extrema y la extrema derecha de Madrid están empeñados en señalar, en criminalizar a los migrantes como responsables de la delincuencia. Creo que es francamente irresponsable, además de falaz, es una mentira colosal y, por lo tanto, tenemos que hacer todos los ejercicios posibles para rebatir esos discursos.

Pese a los buenos datos de criminalidad que registra Madrid, ¿qué delitos que todavía persisten le tienen más preocupado?

Estamos en las cifras más bajas de criminalidad en nuestra historia. Acompañadas del máximo histórico de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de los mejores registros en eficacia policial que ha habido nunca. Pero no nos conformamos con ello, ni mucho menos. Una de estas cuestiones es sin duda la que tiene que ver con los delitos contra la libertad sexual. En Madrid estamos comprobando de manera consolidada, trimestre tras trimestre, un incremento de las denuncias, por encima de la media nacional. Esto siempre tiene un componente de reducción de la cifra oscura, de esa parte que no se ha denunciado y que ahora, por esa sensibilización y confianza en las instituciones, las mujeres sí están pasando a denunciar. Pero también hay otras casuísticas en el entorno de los menores, algún otro tipo de delito contra la libertad sexual que sí que vemos que se puede estar incrementando. Tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para prevenir, para proteger y para atender mejor a las víctimas de la violencia machista.

La Delegación ha abierto una mesa hace dos años para el análisis de la evolución de la violencia machista en la Comunidad de Madrid, en la que han participado cantidad de actores de todos los sectores asistenciales, educativos, jurídicos, políticos... pero se ha negado a estar el Partido Popular. Es una muestra muy preocupante de falta de responsabilidad para trabajar con unidad en favor de esta cuestión.

Año tras año acumulamos cifras inasumibles, cifras absolutamente terribles de asesinatos de mujeres, de menores también. En Madrid estamos promoviendo que los municipios se incorporen al sistema VioGén, que posibilita la coordinación entre las policías locales y las fuerzas de seguridad del Estado, para garantizar una protección más efectiva de las víctimas. Ahora hay 12.300 mujeres que están como casos activos dentro del sistema. Ellas ya han podido pedir ayuda.

Debemos de mandar todos los mensajes que podamos para generar esas condiciones de confianza. La incorporación a VioGén significa ese mensaje. Y aun así, en esta comunidad todavía quedan 30 municipios con más de ocho policías locales que están fuera del sistema VioGén. Municipios importantes como Valdemoro, Torrelodones, Galapagar, Paracuellos... o la situación del Ayuntamiento de Madrid, que está trabajando dentro del sistema VioGén pero con un convenio caducado, porque el alcalde de Madrid pretende instrumentalizar la renovación para desarrollar las competencias de su policía municipal. Y eso es algo inaceptable.

Con estos tres años que lleva como delegado en Madrid ha superado ya el tiempo que estuvo su antecesora, Mercedes González. En el listado hay que remontarse a 1991 para encontrar a otra delegada, en este caso Ana Tutor, que estuvo más tiempo que usted con un gobierno socialista. ¿Cuál ha sido su secreto para resistir?

Bueno, digamos que he leído el Manual de resistencia del presidente (bromea). Ahora en serio, la realidad responde a tener claro que el Gobierno de España está comprometido con esta región y está intentando pelear porque a Madrid le vaya bien, a pesar de todos los obstáculos que nos ponen repetidamente. Es la convicción en ese compromiso con la justicia social, con la igualdad, con la libertad de verdad, la que nos trae a pelear, a salir cada día a intentar que los servicios públicos funcionen mejor, y también a que Madrid sea cada vez una región más justa.

Y todo ello impulsado por el ejemplo que se da desde el presidente Sánchez, cada día desde hace ya casi ocho años. He podido trabajar mucho con él en todos estos años y soy consciente del compromiso que él tiene cada día con nuestro país, y creo que esa es la mejor inspiración para poder salir cada día a pelear en Madrid, que desde luego no es ni mucho menos una plaza fácil.

¿Se plantea dentro de un año ayudar a su partido en otros ámbitos o continuará como delegado del Gobierno?

Llevo 25 años militando en el Partido Socialista de Madrid y voy a trabajar siempre para que el proyecto socialista le vaya lo mejor que pueda a esta región. Porque si Madrid necesita algo es que haya una regeneración democrática, es una urgencia absoluta después de tres décadas de proyectos continuados basados en el pelotazo, en la injusticia social y en perder oportunidades para esas mayorías sociales que tanto necesitan de los servicios públicos. Formo parte de la ejecutiva regional que lidera Óscar López, y estamos trabajando para construir esa alternativa con mensajes muy claros a la ciudadanía que señalen la gravedad de lo que está pasando en la Puerta del Sol, de ese modelo que ahora representa Ayuso.

Es un modelo de tres décadas, que ahora vemos tan claro con el universo de los pelotazos del entorno de la señora Díaz Ayuso alrededor de las contrataciones con Quirón, principal proveedor de la Comunidad de Madrid y, oh casualidad, principal contratista de la pareja de la señora Díaz Ayuso, una relación tan lucrativa como repentina, pero desafortunadamente nada llamativa porque es el modus operandi del Partido Popular de Madrid.

Si pudiera elegir que Almeida o Ayuso se abrieran a una cosa de las que propone, ¿cuál sería la más urgente?

Que vinieran a la mesa de la violencia machista, que se comprometieran a trabajar conjuntamente para buscar soluciones, mejorar las políticas entre todos para atender el drama absoluto, la injusticia que representa la violencia machista. Sin duda sería lo primero que desearía de una larga lista de ejemplos de falta de cooperación y colaboración leal, interinstitucional, que creo que debiéramos corregir.

Las acusaciones populares que ejercen PSOE y Más Madrid han recurrido el archivo de la causa de corrupción contra Ana Millán, ex alcaldesa de Arroyomolinos y número 3 del PP de Madrid, dictado por un Juzgado de Valdemoro tras seis años de investigación. Ambos escritos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, recuperan los indicios que han sostenido la acusación contra Millán por cuatro delitos de corrupción y critican que, con los mismos argumentos con los que el Juzgado elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia, o pidió recientemente una prórroga para seguir profundizando en ellos, ahora solicite el archivo, sin haber practicado una sola diligencia nueva ni nada haya cambiado.

En el año 2008, recupera el escrito del PSOE, “la investigada alquiló su ático a un precio del doble de mercado a una empresa del señor Roselló [el empresario imputado], su pareja empezó a trabajar para una empresa del señor Roselló, su hermana también empezó a trabajar. para otra empresa del señor Roselló, y la investigada ingresó en efectivo cantidades significativas de dinero no declarado en sus cuentas corrientes”.

“Todo lo anterior –prosigue– se da en el año que el señor Reselló empezó a trabajar con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y se mantienen todos esos pagos mientras hay adjudicaciones de cientos de miles de euros hasta que se terminan los contratos a favor del señor Roselló y sus empresas. No es una anecdótica coincidencia, sino un cúmulo de no coincidencias, siendo, además, técnicas habituales par el cobro de dádivas en este tipo de delitos”. “Los indicios son demoledores”, apostilla.

Añade el escrito de Más Madrid que Ana Millán “influenciaba de manera directa en el seno de los expedientes de contratación para teledirigir la adjudicación, las prórrogas, las mejoras o las dispensas del cumplimiento de contratos en favor de las empresas de Francisco Roselló”, quien a su vez comenzó a pagar la renta desorbitada del alquiler del ático de Millán y contratar a sus familiares. Ambos escritos recuerdan como en su declaración como investigada en el juzgado, Millán ocultó que Roselló hubiera contratado a su familia y el empresario directamente lo negó.

Las acusaciones ponen el acento en el “sorpresivo” cambio de criterio de la Fiscalía, que con los mismos indicios con los que acusaba formalmente a Millán de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y fraude a la Administración, ahora haya solicitado el archivo de la causa. Y también que lo haya hecho sin que se hayan practicado dos diligencias clave propuestas por el propio Ministerio Público: la declaración del marido de Millán, a quien ella atribuyó el origen de más de 40.000 euros en efectivo en su cuenta del banco, y otra concejala que contrató a Roselló.

El Juzgado solicitó hace unos meses una prórroga para seguir investigando, habida cuenta de la carga de trabajo que soporta, y ahora, cuando la Audiencia Provincial le ha dicho que la formulación de esa petición fue incorrecta, en lugar de volverla a pedir, decide cerrar el caso. “Si la juzgadora consideró la necesidad de prórroga es porque existían en ese momento indicios, aunque no lo argumentara adecuadamente. Sin embargo, ahora entiende que procede el archivo, sin argumentar por qué el cambio de criterio, si nada se ha instruido para llevarle a esa convicción que sustituye a la anterior”, escribe el abogado del PSOE.

En su recurso de reforma subsidiario de apelación (si la jueza lo rechaza decidirá finalmente la Audiencia Provincial), los socialistas acusan a la magistrada de “arrogarse” las funciones de un tribunal. Los indicios existentes, argumentan, justifican que se decida la responsabilidad penal de Millán en fase de vista oral y no en instrucción. Es más, para el PSOE, las pruebas recabadas por la UCO de Guardia Civil, “avalan una condena”.

Por su parte, Más Madrid ha evitado que la jueza tenga opción a rectificar su decisión y ha recurrido directamente a la instancia superior, la Audiencia Provincial de Madrid. Su representación letrada reprocha a la magistrada que haya decidido no tomar declaración a la concejala y el marido de Millán por considerarlas diligencias “inútiles”. “No puede saber cuán inútil será el resultado de una testifical hasta que no se practique”, afirma esta acusación popular.

“A MAR (sic) no le persigue la justicia, le persigue la izquierda”. Con estas palabras ha reaccionado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando la oposición le ha recordado la imputación de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, por la filtración de los datos personales de dos periodistas. “Son ustedes los que están detrás de todas las acusaciones contra mi equipo y mi entorno para hacer daño, por eso las pierden todas”, les ha dicho la dirigente madrileña a los miembros de la izquierda y, en especial, al PSOE, con cuya portavoz, Mar Espinar, Ayuso ha mantenido su rifirrafe más agrio. 

Durante la sesión de control al Gobierno de Ayuso en la Asamblea de Madrid, la socialista había asegurado antes que “Miguel Ángel Rodríguez y sus largas sobremesas están convirtiendo a Madrid una región sin ley”. “Usted no lo va a cesar porque le contrató para convertir Madrid en un lugar en el que poder hacer negocios para vivir como dios”, ha añadido.

A renglón seguido, Espinar ha reprochado a Ayuso su posición de apoyo a los ataques de EEUU e Israel en Irán. “Usted y su jefe de Gabinete tratan de arrastrarnos a los momentos más oscuros, al PP de Aznar que nos llevó a una guerra ilegal cuando los españoles no querían. Usted ha cogido el testigo de esa política cruel y carroñera. Por eso no le importan las 160 niñas asesinadas en una guerra ilegal que empezó Trump. Por eso jalea al genocida Netanyahu, porque el aprendiz ha superado al maestro”, ha añadido. “Si estuviéramos en mayo de 1808 me la imagino a usted abriendo la puerta de par en par a Napoleón con tal de que le dejaran pasar unos días en Versalles”, ha ironizado.

En su respuesta, Ayuso ha asegurado que las “campañas” promovidas según ella por la izquierda contra Madrid “provienen del entorno de la Moncloa”. A Pedro Sánchez le ha atribuido tanto la imputación de Miguel Ángel Rodríguez como la de la 'número tres' del PP madrileño, Ana Millán, cuya causa por corrupción ha sido precisamente archivada esta semana. Para Ayuso, a Espinar “le hacen los papeles” desde Moncloa, unos documentos “que le dicta encima el equipo de fracasados que han tenido que salir rebotados de la política madrileña, rescatados por Sánchez”. “Aquellos que están por su alta capacidad de hacer trabajos sucios, grabar, extorsionar, manipular y amedrentar”, ha concluido. 

El choque con Bergerot

Durante el Pleno también se han mencionado las críticas lanzadas por Ayuso al rey por haber dicho que en la conquista de América se produjeron “abusos”. La presidenta madrileña respondió el martes al monarca asegurando que esos abusos los realizaban “los aztecas” contra la población local y que “los de la cruz”, en alusión a los españoles, fueron a América a “civilizar” el continente.

“No sé si el rey le está pasando por la izquierda o que está pasada de vueltas, pero deje de hacer el ridículo diciendo de civilizar a la gente. La época de las cruzadas ya pasó”, le ha dicho la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en otro momento de la sesión de control. Ayuso ha optado entonces por sacar a colación el viaje de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los Oscar, el pasado domingo.

“El Oscar es para Podemos, Sumar y HamásMadrid. Los mejores actores”, ha ironizado Ayuso. “Toda la vida diciendo 'la izquierda auténtica', 'la de las gentes de las calles', 'nosotros somos los del pueblo'. Pues por una pajarita, un esmoquin, el maquillaje, unas tenacillas, una casa de 400 metros cuadrados en Chamberí y viajes a tutiplén, les ha comprado el propio Pedro Sánchez. El poder del caviar les ha vencido”, ha añadido. A continuación Ayuso ha repasado los viajes de Díaz: “Estados Unidos, Vaticano, Festival de cine de Cannes, Punta del Este cuando se fue a ver al expresidente Mujica... Todo por el pueblo”, ha seguido, con sorna.

“Pero si no les hemos visto en Senegal con los pobres. O con los pueblos de Bolivia cuya pobreza ustedes multiplican allí para luego tenerles aquí sumidos en la misma. O ninguna comunidad necesitada en Asia mientras estrujan a los autónomos españoles”, ha añadido Ayuso, que ha recurrido al final al insulto: “Sánchez les vio venir desde el primer día. Los vio porque vio que eran los herederos del Duque de Galapagar, les olió a kilómetros. Son muy memos”, ha zanjado

Tres contratos adjudicados a Madrid Network entre 2020 y 2024 por la Consejería de Sanidad del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han vuelto a poner sobre la mesa el enigmático blindaje que desde hace 15 años protege a la asociación fundada por iniciativa de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y cuyos constantes impagos del macropréstamo público que recibió en 2011 ya han provocado un agujero de más de 70 millones en las cuentas regionales.

A la pregunta de si la Consejería de Sanidad considera ajustada a la ley la adjudicación de esos contratos relacionados con proyectos financiados por la UE a una asociación que desde 2018 no ha devuelto ni un euro a la Comunidad de Madrid, fuentes autorizadas respondieron lo siguiente: “No existe [señala también la respuesta] ninguna relación con préstamos o financiaciones de dicha entidad [Madrid Network]; la vinculación se limita exclusivamente a la contratación puntual de sus servicios como expertos en gestión de proyectos europeos”. “Estos contratos”, agrega la respuesta, “se realizaron conforme a la normativa de contratación del sector público mediante la figura del contrato menor, al tratarse de necesidades técnicas específicas y por un importe dentro de la legalidad”.

El Gobierno de Ignacio González puso en manos de Madrid Network en 2015 el reparto de 10,5 millones en subvenciones cofinanciadas por la UE pese a que la Comunidad tenía ya datos de que buena parte de los 80 millones del préstamo traspasados en 2011 iba cayendo en picado. En febrero de 2017 —mandato de la expresidenta Cristina Cifuentes—, la Comunidad firmó la extinción anticipada de aquellos dos convenios. Lo anuló de forma anticipada para “agilizar y acortar los plazos restantes de tramitación” de aquellos fondos.

Impagos recurrentes en perjuicio de la Comunidad

Más allá del aspecto jurídico así como de la contradicción que entraña dar adjudicaciones públicas a una entidad morosa aun tratándose de cuantías pequeñas —las tres adjudicaciones suman 34.912 euros—, el episodio desvela otra paradoja: porque los tres contratos, de los conceptuados como “menores”, tienen por objeto el asesoramiento a las fundaciones de tres hospitales públicos (12 de Octubre, Infanta Leonor y Sureste) en gestión económico-financiera. Y resulta que la encargada de prestar tal apoyo es la asociación que repartió 47 préstamos entre empresas “asociadas” de las que solo 19 han cumplido o están cumpliendo los plazos de amortización.

Los tres contratos comparten la condición de menores —aquellos cuya cuantía no supera los 15.000 euros si se trata de servicios y suministros— pero, sobre todo, comparten una circunstancia que alimenta los interrogantes sobre la relación del Gobierno madrileño con Madrid Network. Y esa circunstancia común se resume en lo que sigue: que se le otorgaron esos contratos cuando, lejos de ser un factor coyuntural, los impagos de las cuotas anuales de devolución del préstamo multimillonario ya se habían convertido en el patrón seguido por una entidad que en sus primeros años tuvo como presidente al consejero de Hacienda de Madrid, pagó por asesoramiento 1,8 millones a Equipo Económico —la mercantil del exministro Cristóbal Montoro— y para cuyo departamento de prensa trabajó Isabel Díaz Ayuso antes de desembarcar en el Parlamento regional en 2011.

Pese a la recurrencia de los impagos del préstamo de 2011, las fundaciones de investigación de los tres hospitales públicos antes citados eligieron a Madrid Network. Actuaron así porque —se lee en la respuesta de la Consejería de Sanidad— “tras realizar una prospección de mercado y valorar tres ofertas de diferentes empresas, se optó por Madrid Network por considerar que su propuesta se ajustaba mejor a las necesidades técnicas y económicas del servicio”. Y ese servicio “consistió en apoyo administrativo, económico-financiero y de gestión para la correcta ejecución y justificación de proyectos europeos” en los que participan la fundación vinculada a los hospitales Infanta Leonor y el del Sureste así como la del 12 de Octubre. Esas dos fundaciones —aduce el Ejecutivo madrileño— no disponen “de medios propios”. Ninguna de ellas mantiene “relación continuada” con Madrid Network. En el caso del contrato del 12 de Octubre, fechado en 2020, año de la pandemia, la adjudicación “obedece a circunstancias excepcionales, siendo la única colaboración” con Madrid Network.

Una entidad que nunca publica sus cuentas

Oficialmente, Madrid Network es en efecto una entidad privada cuyas cuentas nunca han sido de acceso general —ni parlamentario— porque solo las asociaciones de “utilidad pública” están obligadas a depositarlas en el registro. Y Madrid Network nunca ha adquirido ese rango pese a que, en mayo de 2011 y para su reparto entre terceros dedicados al amplio campo de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), la Comunidad de Madrid le transfirió 80 millones aportados por el Ministerio de Ciencia y que necesariamente había que devolver al Gobierno central.

Dado que Madrid Network es un pagador moroso a gran escala, han salido del presupuesto público regional las cuotas de devolución al Ministerio de Ciencia. Es decir, al departamento que bajo el Gobierno de Zapatero asignó a la Comunidad de Madrid aquellos 80 millones que acabaron en manos de Madrid Network. Según fuentes del Ministerio de Ciencia, a fecha de 12 de febrero el Gobierno madrileño ya había desembolsado 85.381.122 euros, de los cuales 74.708.223 corresponden al principal del préstamo, y 10.748.624 a intereses. La última cuota se girará a final de 2026 con vencimiento en febrero de 2027. Su importe será menor que los ya cargados: 865.355 euros.

Los documentos oficiales remitidos por el Ejecutivo autonómico en respuesta a una pregunta del diputado socialista Daniel Rubio señalan que Madrid Network distribuyó 46 préstamos entre terceros y se reservó para sí misma uno de 2,58 millones sobre el que la tabla no facilita ningún dato. De esos 47 proyectos beneficiados con créditos a bajísimo interés (1,232%), más de la mitad —27— han acabado en los tribunales porque las prestatarias no han devuelto el dinero. En algunos casos, no han desembolsado ni un euro.

Entre las empresas beneficiadas figuran dos de Ildefonso de Miguel, que fue la mano derecha del sucesor de Aguirre al frente de la Comunidad, Ignacio González; y una asociación encabezada por Manuel Lamela, quien como consejero de Sanidad en la etapa de Aguirre lanzó una persecución inquisitorial contra los médicos del hospital Severo Ochoa, a los que acusó de matar a pacientes mediante “sedación irregular”.

De los 80 millones concedidos en 2011 por el Gobierno de Aguirre, Madrid Network solo ha devuelto 10,9 a través de dos cuotas de devolución, una abonada en 2016 y la segunda, en 2017. Y así consta en las memorias anuales que, pese a la escasa información en ellas ofrecida —esos documentos no equivalen a lo que conocemos como cuentas—, mantuvo ocultas el equipo de Ayuso hasta que el Supremo le obligó el pasado mes de octubre a difundirlas.

“Objetivos cumplidos”

Pese a que desde 2018 Madrid Network no ha devuelto ninguna cantidad al Gobierno madrileño y pese a que es la asociación la que ha llevado a los tribunales al Ejecutivo para cuestionar el calendario de amortización y bloquear así el preceptivo pago de las cuotas, la Comunidad no se ha planteado en ningún momento anular el convenio por el que en 2011 le transfirió 80 millones. De hecho, y cuando la Cámara de Cuentas de Madrid ya llevaba tres años avisando del creciente agujero provocado por los impagos, la Consejería de Educación volvió a subvencionar a Madrid Network: le dio 106.974 euros en 2023 y 229.877 al año siguiente. Hace un mes, portavoces de la Comunidad sugirieron, sin dar detalles, que se ha interpuesto una demanda judicial contra Madrid Network. De tal demanda no hay, de momento, ningún rastro.

La conexión oficial entre el Gobierno de Madrid y Madrid Network se mantuvo hasta que en septiembre de 2025 la Comunidad se desvinculó de la asociación a través de un escrito firmado por el entonces consejero de Educación, Emilio Viciana. Destituido por Ayuso en febrero, Educación tiene ahora como consejera a Mercedes Zarzalejo. Hace una semana, y ante la pregunta de la diputada de Más Madrid Marta Lozano sobre qué motivos habían conducido a la Comunidad a darse de baja como socia de Madrid Network, Zarzalejo dijo lo siguiente: “Muy sencillo. Hemos decidido darnos de baja en esta asociación porque hemos cumplido los objetivos que motivaron incluirnos en ella”. La bancada parlamentaria del PP celebró con risas la respuesta. Y la consejera sonrió.

La jueza Marta Hernández Lafuente, última de los siete instructores que ha tenido el caso de corrupción de Ana Millán, ha archivado la investigación contra la número 3 de Isabel Díaz Ayuso porque, a su entender, “no ha quedado acreditada la existencia de indicios racionales de comisión” de los cuatro delitos que le atribuyeron la Fiscalía, los anteriores jueces del caso, las acusaciones populares y la Unidad Central Operativa (UCO). Hernández Lafuente no solo archiva el caso sino que, en una afirmación del todo inusual, recuerda que los “perjudicados”–Millán y el empresario Francisco Roselló– pueden ejercer ahora “acciones civiles”.

El caso contra Millán surge del momento en el que el equipo de Gobierno de Ciudadanos, que relevó al PP en Arroyomolinos en 2015, encontró al personal de la Concejalía de Millán intentando deshacerse de tres bolsas de basura. En una de ellas apareció la copia de un correo electrónico en el que se evidenciaba la relación de la concejala con el empresario Roselló, en aquel momento relacionado presuntamente con el caso Púnica. El nuevo equipo municipal denunció ante la Fiscalía Anticorrupción y cuatro años después, en 2020, la Audiencia Nacional envió la causa a un juzgado de Navalcarnero.

La acusación contra Millán se inició a partir del descubrimiento de que Roselló le pagó el doble de precio de mercado por el alquiler de un ático propiedad de la entonces concejala con el argumento de los acusados de que incluía un derecho a compra que nunca ejerció.  Además, las empresas de Roselló contrataron a la hermana de Millán y a su marido. Este último, hostelero de la noche, ejerció de bedel en un colegio por medio de esos contratos. Millán, en la actualidad vicesecretaria de Organización del PP madrileño, estaba imputada desde 2022.

La Guardia Civil calculó que Ana Millán y sus familiares se habrían beneficiado en más de 200.000 euros a cambio de los contratos concedidos a Roselló. Las empresas de Roselló obtuvieron 257.083,56 euros cuando Millán era Concejala de Cultura, entre 2005 y 2008, y otros 395.192,71 de la Concejalía de Juventud, siendo su titular la aún imputada. En total, 652.276,27 euros. Los sucesores de Millán en los citados cargos no contrataron con Roselló, según destacaba la UCO. Millán estaba acusada de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y fraude contra la Administración Pública.

Ahora, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero, Marta Hernández Lafuente, concluye que de los datos obtenidos por la UCO no se pueden derivar “irregularidades ni arbitrariedades atribuibles a Ana Belén Millán, constando únicamente como indicio de irregularidad la declaración policial de Vanesa Sánchez Archidona, auxiliar administrativo de la Concejalía de Ana Belén Millán, quien refirió que la investigada habría dado un trato diferente en la forma de interactuar a nivel personal con Grupo Educativo [del empresario Roselló]”.

La magistrada concluye que el único indicio de corrupción existente en la contratación de la hermana y el marido de Millán por parte del empresario beneficiado por los contratos es “la relación familiar o sentimental” de la investigada con ellos. “No existen indicios de que la investigada utilizara su influencia para conseguir que su hermana y pareja fueran contratados, ni que estos recibieran algún trato de favor o se beneficiaran del hecho de que la investigada era concejal en ese momento”.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero ha visto desfilar a varios jueces desde que arrancó el caso en 2020. La anterior titular dedujo testimonio contra Millán recopilando los indicios contra ella y envió la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid debido a que Millán pasó a estar aforada tras la decisión de Isabel Díaz Ayuso de colocarla en un puesto de las listas electorales que garantizaban su elección como diputada autonómica y, por tanto, la condición de aforada.

La intervención del TSJM a favor de Millán

Millán y el PP madrileño comenzaron a ver el caso de cara cuando el juez conservador Juan José Goyena, del TSJ, advirtió que no había indicios contra ella en una resolución en la que simplemente debía posicionarse sobre unas diligencias pendientes y acerca del hecho de que la jueza de Navalcarnero hubiera utilizado un auto de inhibición para enviarle el caso en lugar de una exposición razonada. Goyena es el juez que envió la causa contra el anterior fiscal general del Estado al Tribunal Supremo por una nota de prensa que luego el alto tribunal resolvió que no era delito.

La actual fiscal del caso, que antes apreciaba indicios contra Millán, resolvió a principios de este mes que compartía “los argumentos expuestos” por Goyena y pidió el archivo de la causa, en contra de la posición que durante seis años había mantenido el Ministerio Público. La Fiscalía adoptó la decisión de pedir el archivo con los mismos indicios que antes valoraba como suficientes para solicitar su procesamiento.

Ahora, la jueza Marta Hernández Lafuente se ahorra dictar una laboriosa exposición razonada contra Millán que enviar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y da carpetazo al caso sin que se tome declaración a dos testigos clave para las acusaciones populares, uno de ellos el marido de Millán, quien durante años llevó a su casa más de 42.650 euros en efectivo, según ella, procedente de su trabajo en el mundo de la noche. Fuentes de las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Más Madrid, adelantan que recurrirán el archivo dictado por la jueza.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha convertido este lunes una intervención ante su partido pensada inicialmente para valorar los buenos resultados para soltar una retahíla de insultos, falsas verdades y exageraciones sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. “Quieren convertir España en un país de jubilados, funcionarios y subsidiados. Es un proyecto comunista que está desguazándolo todo”, ha llegado a asegurar Isabel Díaz Ayuso ante la Junta Directiva Autonómica del PP de Madrid.

A su juicio, “la vida es eso que pasa mientras Sánchez se queda” con el dinero de la ciudadanía. Se trata, ha añadido, de un “momento dificilísimos porque la mentira se ha hecho ley”. “Tenemos un Gobierno que no tiene límites, profundamente antidemocrático y que va a hacer lo que sea por agarrarse al poder, unos porque no quieren ir a la cárcel y otros porque no quieren más que el poder por el poder”, ha asegurado, con la connivencia de los suyos. Es, en su opinión, “la estrategia de la carcoma” del Gobierno progresista, que “no tiene límites” y que únicamente busca “seguir con el proyecto totalitario”.

No obstante, tras calificar al Gobierno como una suerte de dictadura, Ayuso también ha dicho que “el sanchismo está terminado”. “Podrán intentar lo que sea pero la mayoría de los españoles quieren un cambio. Cuando un proyecto político ha acabado hay que tener la humildad de reconocer que se ha acabado”, ha sentenciado. Para ella “el daño” producido desde la Moncloa “es tremendo”. “Y lo vamos a pagar por décadas. Cuanto más tiempo siga Sánchez y hoja de ruta totalitaria más vamos a perder”, ha concluido. 

“El daño que se está dando enorme a la empresa, a la competitividad empresarial, todos son impuestos, todo es normativa”, ha agregado Ayuso, que ha considerado que el PSOE y sus socios tienen como objetivo el “desguace de los servicios públicos”. Además, para Ayuso “Sánchez quiere que la Comunidad de Madrid sea su cajero automático” y trata “al pueblo como si fuera abono” para poner en marcha “nacionalizaciones masivas”. “No nos vamos a despistar”, ha concluido.

Respecto a las elecciones de este domingo en Castilla y León, la presidenta madrileña ha celebrado que “el PP va a cumplir 40 años al frente de una de las regiones sin la que España no se entendería”. “Somos dos proyectos que vemos la vida de la misma forma”, ha zanjado. 

16 menciones a la palabra “neutralidad” en apenas cuatro folios. Es el principal argumento del concejal presidente del distrito de Hortaleza, David Pérez, para denegar la solicitud de la Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo de cara a utilizar el centro cultural Huerta de la Salud. Todo ello, el mismo día en el que el espacio público del distrito acoge un acto del Partido Popular de Hortaleza con la presencia de la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.

La Expansión de San Lorenzo pretendía organizar este viernes 13 de marzo un encuentro para “reflexionar sobre la gestión del actual equipo de gobierno de la Junta de Distrito tras superar el ecuador de la legislatura”. El objetivo es “analizar las actuaciones administrativas, así como los hechos más relevantes que han tenido lugar en este período”. Para ello, deseaban “contar con representantes de las asociaciones vecinales y con la participación de toda persona interesada en intervenir, para crear un debate abierto y plural, que acerque la política municipal a la ciudadanía”. En un escrito fechado este mismo jueves 12 de marzo, Pérez rechaza la petición con párrafos que apelan a que “la Constitución española ordena la neutralidad de los poderes públicos”.

“La Junta nos ha prohibido organizar el acto porque lo consideran partidista. Lo hacen el mismo día que ese centro cultural acoge un acto del Partido Popular. Es un escándalo lo que sucede en Madrid”, denuncian desde la agrupación vecinal perjudicada en un mensaje en Bluesky. Otras fuentes implicadas en la organización de la cita cancelada que atienden a Somos Madrid califican la decisión, así como el contraste con la actividad del PP, como “vergonzosa”.

La coincidencia temporal entre la denegación del permiso y el acto del PP ha soliviantado unos ánimos ya muy caldeados en el distrito, cuyo tejido vecinal lleva toda la legislatura enfrentado a Pérez, bautizado como el concejal aguafiestas. Acusan al edil y su equipo de actuación discrecional en la entrega de determinadas ayudas o la concesión de casetas en los festejos populares, a la vez que cuestionan las trabas burocráticas a eventos asentados en el barrio, como el Luis Aragofest.

Miguel Montejo, concejal de Más Madrid, se ha sumado a las críticas recordando que este 12 de marzo se han cumplido “50 años de la primera manifestación autorizada en Madrid tras la dictadura, precisamente en Hortaleza”. En ese aniversario, “David Pérez se despacha con su habitual violencia administrativa y clásica arbitrariedad al rechazar ceder un espacio cultural del distrito a una asociación vecinal para preservar la neutralidad política, al mismo tiempo que autoriza un acto del Partido Popular en el mismo sitio”. Cree que el exconsejero de Isabel Díaz Ayuso y exalcalde de Alcorcón es “la máquina del tiempo, a tiempo anterior a la libertad de expresión”.

Este periódico ha consultado sobre la polémica a fuentes del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, en particular la Junta Municipal de Hortaleza, sin recibir respuesta hasta el momento. Tampoco se pronuncian desde el grupo municipal del PP en el Consistorio, que organiza el acto de Sanz, aunque sin responsabilidad en la adjudicación de los espacios públicos (competencia de la Junta). Estos hechos suceden en un distrito en el que el pasado octubre se celebró un acto de corte negacionista y antivacunas en el Centro Cultural Sanchinarro, dotación pública de gestión privatizada.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tiene pensado cambiar un ápice su política después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenara el lunes su Ejecutivo que inicie de inmediato los trámites para la creación del registro de médicos y médicas que, por razones de objeción de conciencia, se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. 

“Yo no voy a señalar a nadie ni por abortar ni por dejar de hacerlo, pero tampoco a aquellos médicos que no quieran hacerlo. Porque defiendo la libertad, la ideológica, de conciencia religiosa, la intimidad personal, la protección de datos, la integridad física y moral”, ha zanjado Ayuso este jueves, durante la sesión de control a su gobierno en la Asamblea de Madrid.

Previamente, la portavoz de Más Madrid en el parlamento regional le había instado a Ayuso a cumplir la ley. “Presidenta, va de revés judicial en revés judicial”, le ha espetado la máxima dirigente de la oposición madrileña. “Mire, le dijimos que iba a pasar por el aro y va a pasar por el aro. La justicia la va a obligar a hacer un registro de objetores del aborto, y las mujeres madrileñas van a poder ejercer su derecho al aborto en la pública, sí, por mucho que usted prefiera que nos acosen a la puerta de las clínicas privadas”, le ha recordado.

“Sobre el tema del aborto se lo vuelvo a decir una vez más. ¿No les da ni siquiera pena ver a España tan sumamente envejecida, que nunca hagan una sola propuesta en positivo? ¿No creen ustedes que las mujeres somos mucho más listas que todo eso y que se puede evitar la mayoría de los casos? ¿No les da pena que uno de cada cuatro embarazos en España acaben aborto? ¿Que el 40% sea reincidente? ¿Que ya estamos alcanzando los 100.000 abortos en España?”, se ha preguntado

A renglón seguido, Ayuso ha asegurado que al año se producen 20.000 abortos al año en Madrid. “¿Les parece que en Madrid no se puede abortar? ¿No les da pena la vergüenza de mentir así a la gente?”, ha continuado preguntándose, sin aclarar si acatará la decisión de la justicia.

El viaje a Nueva York

Gran parte de la sesión de control ha estado dedicada, no obstante, al viaje que realizó Ayuso estos últimos días a EEUU, el sexto a territorio norteamericano desde que es presidenta. “He pasado tres días tranquila en Nueva York”, ha defendido, entre las críticas de la oposición. “No he faltado a ninguna de mis obligaciones, ni parlamentarias, ni al Consejo de Gobierno”. Además, ha cargado contra la izquierda por criticarla por utilizar su viaje a EEUU para reunirse allí con el alcalde de Sevilla e ir a ver un espectáculo de flamenco.

“También se avergüenzan del flamenco, yo es que lo amo, amo su gente. Por tanto, si los puedo representar a artistas, a empresarios, o a cualquier español que triunfa en cualquier lado del mundo, ahí voy a estar representándolo institucionalmente, porque no me avergüenzo, sino que lo reafirmo y lo respaldo vivamente”, ha dicho. Asimismo, Ayuso ha defendido que los viajes internacionales “claro que funcionan” y por eso “la inversión no ha dejado de crecer” en la región. “Somos de gran interés para las grandes compañías”, ha concluido.

“Pasa más tiempo cruzando el charco que el Manzanares”, le había criticado minutos antes la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, que ha llegado a calificar a la presidenta madrileña de ser “una ridícula” por ir a EEUU a “colocarse al lado de los malos”. “Lame las botas de quien desprecia a España y el español”, ha añadido, además de llamar a Ayuso “vendepatrias”. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha acusado a la presidenta de ir a Estados Unidos “a vender el Estadio del Rayo” porque en Vallecas “no se atreve”, tras ofrecer a los empresarios estadounidenses la inversión en el Estadio. “Usted se ha ido a vender Madrid a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque odia un equipo de barrio y una hinchada antifascista”, ha afirmado.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reconocido este miércoles que está buscando la “forma y manera” de cumplir con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de ordenar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que inicie de inmediato los trámites para la creación del registro de médicos y médicas que, por razones de objeción de conciencia, se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. No obstante, el portavoz del gobierno autonómico, Miguel Ángel García, ha asegurado que consideran que la justicia “no ha entrado en el fondo del asunto” por lo que se ha negado a “anticipar cuál va a ser el sentido de la resolución judicial”.

Lo ocurrido es que el TSJM decidió el lunes aceptar la solicitud de medida cautelar planteada por el Ministerio de Sanidad ante la inactividad del gobierno regional sobre el citado registro de objetores. La resolución judicial precisa expresamente que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la ley del aborto. La medida, prevista en esa norma, persigue conocer cuántos profesionales hay en los hospitales públicos disponibles para realizar esta intervención. El tribunal recuerda que la Comunidad de Madrid votó a favor de la creación de un protocolo común para crear dichos registros a nivel autonómico en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado en diciembre de 2024. Pero hasta ahora el Ejecutivo de Madrid no ha puesto en marcha los trámites para activar este registro.

Precisamente este miércoles la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, había instado esta misma mañana al Ejecutuiivo madrileño a “cumplir la ley” tras la decisión del TSJM, pero la respuesta del equipo de Ayuso ha sido de nuevo de un choque total. “La ministra está mintiendo, está engañando una vez más. Nosotros siempre hemos preferido que fuera una resolución judicial la que estableciera la forma de proceder de la Comunidad de Madrid siendo una ley sectaria, pero es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no entra al fondo del asunto, simplemente ha establecido una cautelar”, ha dicho García haciendo alusión a la ley estatal que obliga a la creación del citado registro.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, García ha asegurado que “en Madrid se garantiza el derecho a la objeción de conciencia de todos los médicos, pero también que las mujeres que quieren abortar pueden hacerlo en los puestos establecidos en la ley”. “No tiene que venir la ministra para decir lo que ya está sucediendo en la Comunidad de Madrid. Lo que tendrá que explicar a los ciudadanos la señora ministra es cómo puede ser que allí donde ella gestiona el Ceuta y Melilla no se practica ni un solo aborto en la pública y lo que se practica solo en la privada y en otra comunidad autónoma. Y es lo que está ocurriendo en aquellos lugares donde gestiona y donde tiene competencias la ministra García”, ha concluido.

El Ministerio de Sanidad acudió a los tribunales después de que la Comunidad de Madrid no respondiera a un requerimiento en el que le instaba a poner en marcha este registro y después de que la propia Ayuso confirmara que no crearía el registro de objetores como marca la ley del aborto aprobada en 2023: un listado de acceso reservado y sin pedir el motivo de facultativos objetores para poder organizar los servicios y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.

Este martes, tras conocer la decisión del TSJM, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, instaba al Gobierno de Ayuso a cumplir el auto judicial que le ordena iniciar los trámites para poner en marcha el registro de sanitarios objetores al aborto. “Siempre hemos considerado que las decisiones judiciales se acatan. Por tanto, yo estoy convencida que la Comunidad Madrid acatará la decisión judicial”, aseguró, en una rueda de prensa. “La portavoz del Grupo Popular en el congreso no ha dicho más que lo que venimos diciendo todos, que el Partido Popular y este gobierno, como no puede ser de otra manera, siempre cumple”, ha matizado este miércoles Miguel Ángel García.

Isabel Díaz Ayuso cree que el acuerdo de mínimos suscrito el martes con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas le ha permitido dar por zanjada la crisis que ella misma abrió en su gobierno el pasado 19 de febrero con el cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana, que provocó varias dimisiones en el ejecutivo madrileño. Se trata de un pacto que tanto la comunidad universitaria como la oposición consideran completamente insuficiente, pero que este jueves fue el único credencial que mostró la presidenta de la Comunidad de Madrid durante su comparecencia en la Asamblea precisamente para hablar de las salidas después de dos semanas muy convulsas que han mostrado las costuras del gobierno regional.

Lo primero que hizo Ayuso fue justificar el cese del consejero, que fue lo que desencadenó una cascada de dimisiones: detrás de él fueron tres diputados del PP en la Asamblea, dos directores generales y Antonio Castillo Algarra, miembro de la dirección del Ballet Español de la Comunidad, al que se ha considerado una suerte de gurú de la presidenta madrileña en la política educativa. Él era, también, el líder de todos los dimitidos, conocidos internamente entre los populares como 'los Pocholos'. “Ha sido una decisión que me ha costado muchísimo tomar, pero que va a ser para mejor”, señaló ante el Pleno, después de otra turbia sesión de control a su ejecutivo en la que no escatimó en insultos contra la oposición. “Hace mucho pedí un giro en la política universitaria y esa es la razón por la que decidí que Mercedes [Zarzalejo] fuera la nueva consejera”, añadió.

No hubo ninguna explicación concreta sobre el cese de Viciana, ni una sola mención a Castillo Algarra y ningún tipo de autocrítica por la cascada de dimisiones en el área de Educación de la región. Es más, la presidenta madrileña defendió a 'los Pocholos', destacó su “profesionalidad” y aseguró que todos ellos han recibido en las últimas dos semanas “todo tipo de ataques y de insultos de manera desproporcionada e injusta”. Esa fue la única alusión a la crisis que ha agitado los cimientos de su gobierno, originada por las diferencias entre Viciana, que quería seguir asfixiando a las universidades públicas madrileñas –cercenadas por el PP durante años– con la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) y el viraje de Ayuso, que ante el profundo malestar de la comunidad universitaria decidió finalmente acercarse a los rectores.

Todo su discurso se centró precisamente en tildar de “histórico” ese acuerdo de mínimos. “Nace un nuevo proyecto, vendrá una ley de universidades, vendrá una ley de ciencia y vendrá una de consejos sociales”, anunció. Dirigiéndose a la oposición, Ayuso agregó: “Las cosas, a su pesar, van a ir mejor que nunca”. La bancada del PP, la que por sorpresa cambió su configuración por la salida de tres diputados del grupo de 'los Pocholos' y la llegada de sus sustitutos, aplaudió de forma efusiva. Este apoyo motivó aún más a la presidenta que concluyó su intervención con alabanzas al plan educativo madrileño: “Tenemos la mejor educación desde las escuelas infantiles hasta la universidad”.

Ayuso obvió que precisamente durante años la educación madrileña ha estado en manos del grupo de Castillo Algarra, también conocido como Rasputín por su aspecto físico, un dramaturgo amateur con tesis “supremacistas” y nostalgia del imperio español, según quienes le han tratado. Con el beneplácito de la presidenta madrileña, fue él quien colocó como diputados o altos cargos del área de educación a personas que trabajaron con él como actores o bailarines. Tras la caída de Viciana, todos ellos abandonaron sus responsabilidades y forzaron la reconfiguración del Ejecutivo madrileño. Este grupo, que se sitúa en sus postulados a la derecha de la dirección del PP, manejaba anualmente un presupuesto de 7.000 millones de euros con los que gestionaban a capricho la educación de los niños y jóvenes madrileños.

La oposición reprochó este jueves esta forma de gobernar. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, aseguró que Ayuso rectificó en sus planes más extremos contra la universidad pública “obligada, tras el cese de un consejero aupado por una secta de 'los Pocholos' y de Rasputín”, en alusión a Castillo. “Han retirado la ley de universidades porque los campos universitarios les han doblado el brazo”, señaló Bergerot, y “se acaban de comprometer con los rectores también obligados”.

“Ahora se echa en manos de 'los Pancetas'”, le reprochó, por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, en alusión a otro grupo interno del PP en el que algunos medios han situado, por ejemplo, al portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache. “Spoiler, va a salir mal porque por encima de todo están los que mandan, 'los Quirones'”, le espetó Espinar, sacando a colación la vinculación de la pareja de la propia Ayuso al Grupo Quirón. “Está bien pringada hasta arriba. 'Pocholos', 'Pancetas', 'Quirones'... en el PP de Madrid hay más bandas que en el Chicago de los años 20”, ironizó.

Una crisis cerrada, otra sigue abierta

Con el acuerdo presentado el martes, la presidenta puede haber cerrado la crisis institucional que tenía abierta con los rectores, pero la universidad sigue en pie de guerra. Una carta abierta de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, respaldada por las seis plataformas en defensa de las universidades públicas, califica de “decepción” el pacto una vez estudiada la letra pequeña de lo poco que se conoce de él (ni la Comunidad de Madrid ni los rectores han querido compartir los detalles específicos).

Las plataformas explicaron el mismo día que se firmó el texto que si la financiación pública no se acercaba al menos al 1% del PIB, la cifra de referencia en la ley universitaria, no respaldaría el acuerdo. Y no lo hace. De hecho, pacto incluido, en los próximos seis años la partida pública para financiar los campus apenas pasará del 0,4% al 0,5%. Y eso en el escenario bueno, sin contar la más que probable subida del PIB en el próximo lustro, que reducirá un poco esta cifra. La media española ronda el 0,6% y la europea el 1,2%.

Ayuso presentó el acuerdo mezclando conceptos y fuentes de ingresos para ofrecer una cifra de financiación global, 14.800 millones de euros durante seis años para los seis centros públicos, que sin ser falsa apunta a una gran subida en las partidas de la Comunidad de Madrid que no se corresponde con la realidad.

Esos 14.800 millones de euros para los seis centros públicos de los que presumió Ayuso incluyen la financiación del Gobierno regional, sí, pero también los ingresos por tasas y precios públicos, una partida diferente a la del Ejecutivo, y 2.500 millones de euros que las universidades tendrán que buscar por su cuenta. Según se va desglosando la cifra va menguando la aportación de la Comunidad.

De los 12.294 millones de euros que Ayuso dijo que iba a aportar el Gobierno regional (siempre para el periodo 2026-2031), aproximadamente un tercio corresponden al capítulo III, que son los ingresos de las universidades por tasas, precios públicos, matrículas, etc. Esa parte, que la presidenta cuenta como aportación del Gobierno, la ponen básicamente las familias (excepto las personas con beca, que en su mayor parte las otorga el Gobierno central).

Así, la subida efectiva que asume la Comunidad de Madrid será de un 41% acumulado durante seis años. En cifras: este 2026 va a aportar 1.239 millones de euros para los seis centros públicos; en 2031 serán unos 1.710 millones de euros. Eso quiere decir que, si fuera lineal, la subida anual sería de 80 millones de euros. Dicho de otra manera, el Gobierno regional subirá su aportación anual para las universidades alrededor del 6,5%. Exactamente lo mismo que ha aumentado este 2026 (75 millones de euros), una cantidad que los rectores entonces veían insuficiente (necesitaban unos 200 millones de euros, dijeron).

El resultado final del acuerdo, celebrado por las partes como “un hito”, es que, durante los seis años que cubre, la Complutense recibirá de la Comunidad de Madrid un total de 2.914,2 millones de euros (485 millones al año, una subida media aproximada del 18% desde los 410 que recibió en el último ejercicio); la Autónoma, 1.260,5 millones (un 16% de subida media); la Universidad de Alcalá, 763 millones (6,7% más); la Carlos III, 850,1 millones (8%); la Politécnica, 1.676,3 millones (6,4%), y la Rey Juan Carlos, 971,9 millones de euros (13,2%).

La comunidad educativa articulada en torno a las plataformas en defensa de las universidades públicas rechaza el acuerdo y sostiene que no arregla los problemas de los campus. En el caso de la Complutense (UCM), la universidad con peor estado de las cuentas –ha perdido 140 millones de euros en los dos últimos ejercicios y ha tenido que pedir un crédito de 34 millones de euros a su teórica financiadora, la Comunidad de Madrid–, la transferencia que realiza el Gobierno regional no cubre los gastos actuales de personal (en nóminas, el capítulo I) ni siquiera contando toda la subida prevista en el acuerdo para los próximos seis años, según ha denunciado la CGT en una nota. En este momento, la UCM invierte 537 millones de euros en personal y recibirá de la Comunidad 485 millones de euros de media durante los seis próximos ejercicios.

La Audiencia de Madrid ha aceptado el recurso presentado por el PSOE contra el archivo de las diligencias abiertas en un juzgado ordinario contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, por haber difundido datos de dos periodistas de El País que elaboraban una información relacionada con Isabel Díaz Ayuso.

La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid rechazó investigar a Rodríguez, en contra del criterio de la Fiscalía, y archivó la causa sin practicar diligencias. Ahora, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial considera “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Madrid ordena a la jueza que practique “las diligencias que estime pertinentes” ante la posible comisión de un delito de revelación de secretos por parte de Miguel Ángel Rodríguez.

La magistrada entendió en su auto de archivo que los mensajes enviados por Rodríguez a grupos de periodistas acusando falsamente a los profesionales de El País de acosar a vecinos de Ayuso no incurrieron en un delito de revelación de secretos al plasmar solo sus nombres y fotografía.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos periodistas. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

Exponer a los dos reporteros ante otros periodistas acusándoles de acosar a niñas pequeñas, añadía la magistrada, tuvo “escasa o nula relevancia” en cuanto a su intimidad. Fue “su sola identificación, sin referencias añadidas a ámbitos íntimos, personales o confidenciales, al tratarse de un dato intrascendente”. El señalamiento de Rodríguez culminó con una foto de ambos periodistas, algo que tampoco es punible según esta magistrada al ser tomada “en la vía pública y en una actitud nada comprometedora ni para su esfera privada ni para el desarrollo de su intimidad”.

Raúl Gallego, hasta este lunes concejal del PP de Móstoles, ha presentado su dimisión casi un mes después de que saliera a la luz la denuncia contra el alcalde de la localidad, Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral. “Hoy cierro una etapa que ha sido intensa, exigente y profundamente enriquecedora. He tenido el honor de servir a esta ciudad desde la responsabilidad institucional, intentando siempre actuar con honestidad, cercanía y coherencia. No siempre ha sido fácil, pero puedo decir con tranquilidad que cada decisión que he tomado ha sido guiada por la conciencia y el compromiso con lo que consideraba justo”, ha explicado, en una carta que ha enviado a todos los trabajadores municipales.

 “A los trabajadores municipales, gracias por vuestro esfuerzo silencioso y constante. Sois el verdadero motor de esta ciudad. He aprendido mucho de vuestra profesionalidad y entrega diaria. A las asociaciones vecinales, gracias por vuestra implicación, por defender vuestros barrios y por recordarnos que la política solo tiene sentido cuando escucha y construye desde abajo. A mis compañeros de corporación, gracias por el trabajo compartido, incluso en la discrepancia. La pluralidad es parte esencial de la democracia”, ha sentenciado.

A renglón seguido, asegura marcharse “con gratitud” y “con la satisfacción de haber defendido” sus “convicciones y con la certeza de que el servicio público es una de las tareas más nobles cuando se ejerce con responsabilidad”. “Ahora inicio una etapa en la que quiero priorizar a mi familia y mis proyectos personales y profesionales. Lo hago desde la serenidad y la paz, convencido de que cada etapa tiene su momento. Seguiré queriendo y defendiendo esta ciudad, porque el compromiso con lo que uno ama no termina con un cargo. Gracias por la confianza, por el respeto y por el camino recorrido juntos”, ha concluido.

Según El País, Gallego habría presentado su dimisión por las presiones recibidas por haber apoyado supuestamente a la víctima del alcalde y no ceñirse a pies juntillas a la estrategia del regidor mostoleño.

A dos meses de que se cumplan 15 años desde que la Comunidad de Madrid transfirió a la asociación Madrid Network los 80 millones de préstamo concedidos a su vez por el Gobierno central que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, es hoy más alargada que nunca la sombra de sospecha sobre el dinero perdido en aquella desastrosa operación multimillonaria cuyos documentos mantuvo en secreto el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso hasta que el Tribunal Supremo forzó su difusión el pasado mes de octubre.

La sombra de sospecha sobre los créditos fallidos otorgados a terceros por Madrid Network y que beneficiaron, entre otras, a empresas de altos cargos del PP crece ahora por un motivo: la documentación entregada tras la resolución del Supremo a diputados de Más Madrid y PSOE sobre los 47 préstamos distribuidos por Madrid Network confirman que la entidad sí ha logrado recuperar más de la mitad (42,49) de aquellos 80 millones. Pero el contenido de la tabla remitida por la Consejería de Hacienda al diputado socialista Daniel Rubio confirma también que una parte relevante del total devuelto a Madrid Network permanece en el limbo. Y esa parte la conforman los 31,5 millones recuperados por la entidad pero nunca entregados a la Administración madrileña dado que, hasta ahora, Madrid Network solo le ha pagado 10,9 millones en concepto de devolución de aquel macropréstamo.

Valiéndose de una estrategia judicial de pleitos interpuestos a velocidad lenta contra la Comunidad de Madrid, la asociación ha logrado que el Tribunal Superior de Madrid bloquee el pago de las cuotas posteriores a 2017 y supedite su pago al establecimiento de un nuevo “cuadro” de amortización que lleva en espera desde 2022. Madrid Network demandó en los tribunales a la Comunidad de Madrid tras ver rechazado su recurso administrativo de reposición contra las cantidades exigidas por cuota anual.

A la pregunta sobre dónde están y qué fin ha dado Madrid Network a esos 31,5 millones no ha dado respuesta el Gobierno de Ayuso. Tampoco a la formulada sobre por qué en ningún momento se ha planteado denunciar —aquí, sinónimo de liquidar— por incumplimiento de pagos y objetivos el convenio suscrito con Madrid Network el 23 de mayo de 2011.

Tampoco esta vez ha sido posible contactar ni telefónica ni presencialmente con Madrid Network, cuyos estatutos originales otorgaban su presidencia al consejero de Hacienda y a cuyo elenco de socios pertenecía la Comunidad hasta que en septiembre, y sin ninguna explicación, se desvinculó de la entidad a través de un escrito firmado por el ahora recién cesado consejero de Educación, Emilio Viciana. La única respuesta facilitada por fuentes autorizadas de la Consejería de Hacienda ha sido esta: “Todos los préstamos concedidos por Madrid Network fueron validados por el comité paritario del que formaban también parte representantes del Gobierno central. Asimismo, el proceso fue fiscalizado por la auditoría independiente contratada por el Estado, con el resultado de la correcta aplicación de los créditos. La labor de control por parte de la Comunidad de Madrid es absoluta, de hecho ha derivado en una demanda a Madrid Network para la recuperación de las cuantías adeudadas”.

El Ministerio de Ciencia no ha contestado a la pregunta de si tal auditoría llegó a existir ni el Gobierno de Ayuso ha accedido a dar información sobre una supuesta demanda judicial contra Madrid Network de la que no hay rastro. La comisión paritaria Ministerio de Ciencia-Comunidad de Madrid aludida por la Consejería de Hacienda celebró en la fase final del Gobierno de Zapatero solo tres de las siete sesiones cuyas actas aparecen en la respuesta a una pregunta de la diputada de Más Madrid Marta Lozano. Las otras cuatro tuvieron lugar ya con Mariano Rajoy en Moncloa y Cristóbal Montro como ministro de Hacienda. Entre los préstamos correctamente amortizados por empresas “asociadas” a Madrid Network figuran dos concedidos a empresas en las que participaba Cristina Garmendia tras finalizar su mandato como ministra de Ciencia en el último Gobierno de Zapatero.

Días antes de que el Ejecutivo madrileño sugiriese que ya ha interpuesto una “demanda” contra Madrid Network, elDiario.es hizo dos preguntas a Julio González, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense: si la Comunidad debería haber emprendido acciones legales contra la asociación y si debería haber anulado el convenio y exigir la liquidación inmediata de la deuda. “Como ocurre con cualquier préstamo que otorga la Administración –sostiene González–, la Comunidad de Madrid debe realizar todas las actuaciones para la recuperación del dinero, una vez que el préstamo está vencido. Si no hiciera nada sería una pérdida patrimonial con consecuencias jurídicas”.

Respecto a si cabía o no rescindir el convenio, el catedrático no alberga dudas: “La denuncia del convenio resulta una actuación necesaria, dado que parece que no se ha cumplido satisfactoriamente la prestación. Con esa denuncia, se debería proceder a su liquidación, lo que conllevaría la recuperación de las cantidades que hubiera recuperado y que no hubiera transferido. De existir, habría también intereses. Es preciso tener en cuenta que se trata de un activo de la hacienda pública madrileña (de acuerdo con lo que dispone la norma entonces en vigor), con lo que se podría proceder al embargo de bienes para su recuperación”.

Un agujero de más de 70 millones

Hasta ahora, la asociación nacida bajo el impulso personal de Esperanza Aguirre como entidad público-privada solo ha pagado dos cuotas de devolución del préstamo: la de 2016 y la de 2017, bajo el mandato de Cristina Cifuentes. Son esas dos cuotas las que suman los 10,9 millones devueltos.

En paralelo, los impagos de Madrid Network han provocado ya un agujero de más de 70 millones que la Comunidad de Madrid ha ido detrayendo de otras partidas desde 2018 para cumplir su parte en el esquema de devolución del préstamo. El agujero ha roto sin consecuencias para Madrid Network el triángulo creado en 2011 y según el cual la asociación debe devolver el dinero al Ejecutivo madrileño y este, a su vez ,a la fuente original del dinero, el Ministerio de Ciencia. Según fuentes oficiales de Ciencia, a fecha de 12 de febrero el Gobierno madrileño ya había desembolsado 85.381.122 euros, de los cuales 74.708.223 corresponden al principal del préstamo, y 10.748.624 a intereses. La última cuota se girará a final de 2026 con vencimiento en febrero de 2027. Su importe será menor que los ya cargados: 865.355 euros.

Es llegados a este punto cuando surge el gran interrogante: dónde están y a qué ha destinado la asociación los 31,5 millones que resultan de restar a los 42,49 millones recuperados a los 10,9 millones devueltos. Y así, permanece en la sombra una cifra millonaria casi idéntica al recorte de gasto aprobado hace una semana por una institución pública -la Universidad Complutense- para poder devolver un préstamo de 33,18 millones a la Comunidad de Madrid.

Nada de “utilidad pública”

Pese a su papel protagonista en el reparto de 80 millones públicos, Madrid Network nunca ha tenido el rango de asociación “de utilidad pública”. Esa mella, de la que tampoco existe explicación, le ha librado de depositar en el registro público sus cuentas anuales. Las memorias, informes trimestrales y actas de la comisión de seguimiento del convenio de cesión de los 80 millones, difundidos tras la orden del Supremo, ofrecen una información exigua e insuficiente.

Las cuentas anuales y el conjunto de actividades económicas de Madrid Network, exentas de investigación parlamentaria y contable gracias al veto del PP continúan siendo un misterio del que a lo largo de los años han ido aflorando algunas piezas. Por ejemplo, que Isabel Díaz Ayuso trabajó en el gabinete de prensa de la asociación. O que dos empresas de Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González, el sucesor de Aguirre al frente del Gobierno madrileño, obtuvieron préstamos millonarios, uno de ellos aún pendiente de pago. También figura en la lista de deudores una asociación impulsada por el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, el hombre que acusó en falso a los médicos de Urgencias del hospital Severo Ochoa de sedaciones irregulares y homicidios.

El último dato de relieve conocido hasta hoy se resume en que Madrid Network pagó 1,8 millones a la empresa de Cristóbal Montoro –Equipo Económico SL– tal como consta en un informe policial incorporado al caso por el que se investiga al exministro de Hacienda. Nada más tomar posesión como ministro de Hacienda en diciembre de 2011, Montoro incorporó a Antonio Beteta a su departamento como secretario de Estado de Administraciones Públicas. En su calidad de consejero de Hacienda con Esperanza Aguirre, Beteta había ostentado la presidencia de Madrid Network hasta enero de 2011.