Producciones Malinche SL está en quiebra, pero la música que produjo sigue sonando en España. La obra ideada por Nacho Cano y que desarrolló durante tres temporadas en Madrid evolucionó hacia un formato sinfónico hace año y medio y desde entonces se ha representado en hasta cuatro escenarios bajo contratos públicos, siempre en lugares donde gobierna el Partido Popular.

El nombre del espectáculo es Malinche Symphonic, definido como “un formato innovador que fusiona la fuerza de una gran orquesta sinfónica, la energía de una banda de rock y las voces de los protagonistas que dieron vida a este relato histórico”. La primera de sus actuaciones registradas fue el 8 de enero del año 2025 en el Teatro Cervantes de Málaga. El ayuntamiento de la ciudad andaluza lo contrató mediante adjudicación directa, sin competencia, por 42.350 euros, impuestos incluidos. Lo hizo a través de Málaga Procultura, la empresa municipal dedicada a la programación de espectáculos culturales. Sus boletos, además, se pusieron a la venta con precios entre los 15 y los 45 euros.

El segundo evento de este tipo llegó el 28 de junio de 2025, con el musical ya quebrado en Madrid. Lo programó la Junta de Extremadura dentro de la oferta de la Fundación Extremeña de la Cultura Extremestiza, una iniciativa que promueve “la diversidad cultural y la fusión de expresiones artísticas contemporáneas con raíces tradicionales”. El contrato público que lo cubrió fue mayor que el de Málaga, 66.550 euros por el mismo espectáculo, aunque en este caso la entrada era gratuita.

El propio Nacho Cano acudió el pasado mes de junio, un año después de este concierto, a apoyar explícitamente esta iniciativa del Gobierno de María Guardiola. La entonces recién reelegida presidenta extremeña centró el acto en reivindicar la figura de Hernán Cortés, asegurando que sobre el conquistador extremeño se han vertido “falsedades”. “Ni América ni México serían hoy lo que son sin su huella y su legado”, aseveraba Guardiola en la misma línea que la sostenida por Isabel Díaz Ayuso, que busca un revisionismo histórico sobre las matanzas perpetradas por el conquistador al otro lado del Atlántico. Fuentes del gobierno extremeño aclaran que este encuentro no fue motivado por ningún segundo contrato y solo se cubrieron las dietas del desplazamiento y alojamiento hasta Medellín, el municipio de Badajoz que acogió el acto.

El tercero de los contratos de Malinche Symphonic llegó el 11 de octubre del año pasado en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, donde su ayuntamiento programó el espectáculo para la apertura del Teatro Mira, la jornada anterior al Día de la Hispanidad. En este caso dedicó 38.115 euros del presupuesto municipal a su contratación, aunque puso el precio de 30 euros para la asistencia a la sesión.

El cuarto y, hasta el momento, último contrato público de la sinfonía de Malinche tuvo lugar el pasado mes de febrero en Salamanca, donde el Patronato de su Fundación para la Ciudad de la Cultura y Saberes gastó 84.700 euros en la función. Las entradas se pusieron a la venta por un precio de entre 20 y 25 euros. El consistorio salmantino defendió esta programación asegurando que “tanto Malinche, el musical como Malinche Symphonic comparten una misma visión: preservar, celebrar y proyectar las expresiones culturales a través de la música, entendida como un lenguaje universal capaz de conectar historias, identidades y tradiciones de dos continentes. Ambos proyectos convierten la música en un puente entre culturas, un amplificador de la memoria colectiva y un espacio de encuentro entre pasado y presente”.

Una empresa aparte que también gestiona sinfonías de Mecano

Las sinfonías del musical sobre Hernán Cortés no se gestionan a través de Producciones Malinche SL, la empresa montada por Nacho Cano que fue declarada en quiebra y acumula 6,2 millones de deudas. La explotación de los derechos de esta adaptación es de Tempo Rubato SL, empresa creada a finales de 2023 y que también ofrece el espectáculo Mecano Symphonic, con el mismo concepto, pero interpretando los temas del popular grupo de música pop del que formó parte Nacho Cano.

Según información del propio espectáculo, que lleva recaudados 231.715 euros (IVA incluido) en contratos públicos, la propuesta musical y el concepto artístico están diseñados por Sasha Alexander Pantchenko, director y arreglista de Malinche, a partir de la música original de Nacho Cano, e interpretados por la Orquesta Sinfónica Malinche. Los arreglos y orquestaciones adicionales han sido realizados por Peter Hope, José Luis Colmenares y el propio Sasha Alexander Pantchenko.

Aunque en los documentos públicos de la empresa no consta el nombre de Nacho Cano, el productor promociona sus actuaciones en las propias redes sociales del espectáculo, como hizo el pasado verano para promocionar otras actuaciones en Úbeda y Estepona, esta vez sin que figuren contratos públicos asociados. El vídeo, que estaba disponible en este enlace, ha sido suprimido después de la publicación de esta información. El propio Cano ha aparecido en interpretaciones del Malinche Synphonic, como la que tuvo lugar en Zaragoza a principios de 2025, y definía como “excepcional” la orquestación en el siguiente vídeo.

El cierre de la empresa con la que Nacho Cano gestionaba Malinche en España dejó un importante agujero económico en las cuentas públicas. Entre los acreedores se encuentra Ifema, consorcio semipúblico al que debe casi un millón de euros, parte de este montante a consecuencia del desmontaje que la empresa no quiso asumir pese a los requerimientos de la entidad. También adeuda 238.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social.

El cierre de Malinche en España se produjo el 2 de marzo de 2025, a consecuencia de que Ifema necesitaba los más de 4.000 metros cuadrados que ocupaba para construir el circuito de Fórmula 1, que pasa por los terrenos que ocupaba la carpa. Esta salida se produjo en medio de una considerable caída de espectadores. La disolución efectiva de la compañía se producía el 5 de marzo de 2025, un día después del registro en Florida de la nueva empresa que miraba a abrir un negocio similar en México y con el que lleva celebradas 438 funciones.

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“¿Cómo puede ser tan dócil ante los episodios de acoso sexual en la Moncloa?”. Esa fue la pregunta que Isabel Díaz Ayuso lanzó al PSOE cuando, tras la investigación de elDiario.es, se destapó que varias mujeres habían acusado a Francisco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez, de “comportamientos inadecuados” cuando era su jefe. Esas duras críticas contrastan ahora con el silencio tras la imputación del alcalde de Móstoles por acoso sexual y laboral. A pesar del caso y de la reacción en otras situaciones que afectan a los partidos de la oposición, el PP de Madrid continúa con su apoyo cerrado a Manuel Bautista.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, al ser preguntada por si seguía manteniendo su apoyo a Bautista después que la jueza rechazara su intento de cerrar la investigación, respondía así este mismo mes: “Sí. Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”. Faltaban solo unos días para que la jueza decidiera imputar al regidor dos años después de la denuncia de la que fue su compañera.

En febrero de 2024, la entonces concejala en el Ayuntamiento que sigue dirigiendo Manuel Bautista denunció de forma interna al alcalde, según destapó El País. La exedil se dirigió en una carta al gabinete de la presidenta regional para pedirle que la recibiera: “Desde mayo de 2023 llevo sufriendo una discriminación muy grave que no ha cesado y se está incrementando. Me gustaría poder mantener una reunión contigo para que conozcas la situación y puedas mediar para que no tengan que intervenir otros organismos”. Ayuso decidió mantener una reunión, pero no aceptó recibir a la denunciante, sino al alcalde de Móstoles, con quien se vio cinco días después.

Desde entonces, Ayuso no se ha reunido con la denunciante, aunque una semana después de esa primera denuncia interna dos personas de la dirección del partido y del círculo más cercano a la presidenta se vieron con ella: Alfonso Serrano —el secretario general del partido en Madrid que pronunció la polémica frase de “¿y tú cómo ligas?”, dirigiéndose a un periodista que le preguntó por Bautista— y Ana Millán, quienes la presionaron para que no denunciara. “Protegerte es no hacer nada”, le llegó a decir Ana Millán. “Es un caso fabricado contra el Partido Popular”, llegó a decir Ayuso en la Asamblea de Vallecas cuando saltó el caso.

El apoyo público y privado a Manuel Bautista ha sido constante a pesar de que, paso a paso, la causa ha ido avanzando en el juzgado hasta llegar a la imputación del primer edil a principios de esta semana. ¿La respuesta del PP de Ayuso? De nuevo, respaldo total. Preguntado por si Bautista debía dimitir, Alfonso Serrano respondía el lunes con otra pregunta, sobre si debía dimitir el presidente Pedro Sánchez. La baronesa por ahora no se ha vuelto a pronunciar en público sobre el tema.

“¿Qué se puede esperar del trato que le han dado a las mujeres?”

“Viendo los gustos de los socialistas que están yendo a prisión, ¿a quién van a poner al frente del PSOE, a Rocco Siffredi? ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué se puede esperar del trato que le han dado a las mujeres, si lo hacen así con sus compañeras, cómo no lo van a hacer con mi vida personal?”. Esas fueron las declaraciones de Ayuso durante un pleno en la Asamblea en diciembre de 2025 cuando saltó el caso contra Salazar, quien fue apartado después de que salieran a la luz las acusaciones de varias mujeres, que denunciaron a través de los cauces internos del partido.

Desde el PSOE critican ese doble rasero. “Cargan las tintas cuando son casos del PSOE” pero ahora “siguen defendiéndole a capa y espada, no ha habido ningún reproche”, aseguran fuentes socialistas de Madrid, que recuerda que el PP dio por cerrado el expediente que abrieron contra Bautista, aunque el portavoz del partido a nivel nacional, Borja Sémper, esta semana se escudaba en que el expediente seguía abierto: “Ha resurgido mágicamente”, critican dichas fuentes, que se preguntan desde “qué protocolo” se actúa, ya que el PP no tiene un protocolo contra el acoso sexual.

“Qué pena haber luchado para que las mujeres lleguen a puestos de poder para que una machista haya llegado ahí”, señalan los socialistas en conversación telefónica.

Pero las críticas por casos de acoso no solo se han producido con la investigación contra Francisco Salazar. Anteriormente ocurrió algo similar con el caso Íñigo Errejón, tras las acusaciones contra el portavoz de Sumar. “Nos enfrentan a hombres y mujeres, se practican las persecuciones sin garantías legales y mientras se han callado tantos casos de acoso. Se practica una doble moral dependiendo de quién es el agresor”, dijo la líder autonómica en octubre de 2024. En ese año también criticó que las acusaciones contra Errejón se hayan “estado ocultando” pese a venir de “mucho tiempo atrás”.

En un acto junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, lamentó que tanto Errejón como “muchos dirigentes de su formación y socios” han estado haciendo “bandera de feminismo” pero “están involucrados con todo tipo de causas, que tienen que ver siempre con violencias contra la mujer”.

Durante las declaraciones de Ayuso a principios de este mes, la presidenta adelantó que no iba a apartar a Bautista: “No voy a aplicarle la justicia de autor a una persona que he puesto ahí para que gobierno como lo está haciendo”. Las fuentes del PSOE apuntan a que el motivo por el que Ayuso no prescinde de él es que es su apuesta personal: “Por encima de las mujeres están ella y sus amigos”, aseguran. “Le va a defender hasta el final”, añaden.

La jueza del juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha imputado al alcalde de la localidad, Manuel Bautista, del PP, denunciado por una exconcejala por acoso sexual y laboral. Según ha adelantado El País, Bautista tendrá que comparecer ante el juzgado el próximo 9 de octubre, día en el que también tendrán que declarar cinco testigos.

La imputación llega días después de que la jueza rechazara archivar la causa tal y como pedía el regidor del PP. La magistrada entiende que las acusaciones que pesan sobre él son “claramente constitutivos de ilícito penal” a falta de una investigación completa. Además la exconcejala acudió recientemente al juzgado que estudia el caso para ratificar su querella contra Bautista.

La antigua edil del PP en la localidad madrileña de Móstoles abandonó la formación y su puesto en el consistorio en octubre de 2024. Según denunció en los juzgados un año después, fue sometida a acoso laboral por parte del alcalde después de rechazar mantener una relación íntima con él, un acoso sexual que según su relato se convirtió en acoso laboral hasta su salida de la corporación y del partido.

En esos meses también intentó hacer llegar la situación hasta Isabel Díaz Ayuso pero se encontró con que sus colaboradores, tal y como demuestran distintas grabaciones, contestaron con acusaciones de haber filtrado información del caso al PSOE.

Un juzgado de violencia sobre la mujer de Móstoles aceptó investigar el caso y su primera diligencia fue llamar a declarar a la exconcejala y solicitar que ratificara su querella, algo que hizo durante unas tres horas. En paralelo, la defensa de Manuel Bautista presentó un recurso contra la admisión a trámite y la apertura de diligencias penales contra él, algo que se encontró el pasado 1 de julio con la decisión del juzgado de seguir adelante con el caso para “determinar las responsabilidades y perjuicios ocasionados”.

Tras conocer que se mantenía la investigación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió mantener su apoyo cerrado a Bautista. “Sí. Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”, dijo, ese mismo 1 de julio.

La Comunidad de Madrid va a reconocer administrativamente al embrión como un integrante más de la unidad familiar. La Asamblea regional aprobó la semana pasada la denominada ley del concebido no nacido, la iniciativa estrella impulsada por Isabel Díaz Ayuso. Y Miguel Ángel Rodríguez decidió explicar la norma en X dejando clarísimo todo su matiz ideológico. Según escribió, en cuanto concluye la fecundación —incluso “antes de ducharse”, precisó con rigor bioético—, lo que existe en el vientre de una mujer ya es una persona con derechos. Esa es, añadió, “la revolución frente a la cultura woke e izquierdista”.

Las mujeres somos seres fecundados y duchados, en ese preciso orden y no otro. El mensaje no parece solo una nueva boutade provocadora del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Detrás del tuit asoma una estrategia política que en Estados Unidos ya ha alcanzado cotas mucho más ambiciosas como las de atribuir personalidad jurídica plena al embrión o al feto. Bajo el concepto de fetal personhood, distintos estados han impulsado iniciativas destinadas a reconocer a los óvulos fecundados derechos constitucionales equivalentes a los de cualquier persona.

En 2018, Alabama se convirtió en el primer Estado en consagrar una cláusula sobre la personalidad jurídica del feto en su constitución estatal, con consecuencias muy profundas en cuanto a la vigilancia y control draconiano de las mujeres embarazadas. La norma no implica únicamente prohibir el aborto de facto, también restringe potencialmente determinados métodos anticonceptivos, complica el tratamiento jurídico de los abortos espontáneos, pone bajo sospecha técnicas de reproducción asistida e introduce restricciones sobre la autonomía de las mujeres durante el embarazo.

Y, como ocurre a menudo con las construcciones jurídicas maximalistas, sus efectos pueden extenderse a ámbitos completamente inesperados. En Missouri, donde existe una legislación especialmente amplia sobre la personalidad jurídica del feto, condenados por delitos de abuso sexual infantil llegaron a sostener ante los tribunales que la edad de sus víctimas debía calcularse desde la concepción y no desde el nacimiento. Si ese argumento hubiera prosperado, las víctimas serían jurídicamente nueve meses mayores y algunos acusados podrían haber obtenido ventajas procesales. Los jueces rechazaron esa interpretación, pero la simple posibilidad dejó al descubierto cómo una formulación de este tipo puede acabar siendo utilizada con fines que no estaban en la mente del legislador.

No hay nada del fetal personhood en la ley madrileña. La norma aquí se limita a anticipar el acceso a determinadas ayudas públicas desde que el embarazo pueda acreditarse, pero cuando Miguel Ángel Rodríguez decide envolver la medida en el lenguaje de la guerra cultural y convertirla en una declaración sobre cuándo empieza la vida o cuándo existe una persona con derechos, resulta inevitable pensar que su objetivo va más allá.

Una vez reguladas las ayudas post-fecundación, algún día convendría que legislaran sobre conciliación, climatización de las aulas, plazas en escuelas infantiles públicas o la carencia de 44 pediatras en la Comunidad de Madrid, según los cálculos de los propios sindicatos sanitarios. Llamadme peligrosa woke, pero tal vez los niños y las mujeres importen más que un cigoto unicelular, aunque esté recién duchado.

La operación Púnica de corrupción ligada al Partido Popular ha tardado más de una década en convertirse en una sentencia. Más de 200 folios describen una red de “clientelismo político e intercambio de favores” basada en el dominio total que el PP de Esperanza Aguirre ejercía en Madrid en esos años, ejecutado a través de la “posición de poder político” de Francisco Granados y su capacidad para hacer y deshacer en su propio interés y el de su partido. La empresa Waiter Music consiguió más de 10 millones de euros en adjudicaciones públicas para organizar fiestas y eventos en todo el sur de Madrid a cambio de pagar muchas cosas: desde fiestas privadas en casa de políticos hasta cierres de campaña del PP en el Palacio de los Deportes.

La Audiencia Nacional puso en marcha la operación Púnica en octubre de 2014. Decenas de agentes de la Guardia Civil entraron en ayuntamientos de todo el sur de la región y se llevaron detenidos a alcaldes, concejales, altos cargos y empresarios. Y el nombre de un municipio por encima de todos. El epicentro de la trama: Valdemoro. Era donde Francisco Granados había sido alcalde, donde decenas de contratos públicos estaban bajo sospecha y donde el PP gobernaba sin oposición desde 1999. Se trataba de uno de los grandes feudos de la derecha en el sur de la región donde los de Aguirre solían celebrar pomposos actos de campaña con los primeros espadas del partido a nivel nacional.

Que el nombre de Granados —regidor del municipio entre 1999 y 2003 antes de dar el salto a la Comunidad de Madrid— estuviera a la cabeza de la lista de imputados no fue una sorpresa. El otrora hombre fuerte de Esperanza Aguirre y carismático consejero había dejado su escaño en el Senado medio año antes, cuando trascendió que había tenido una cuenta bancaria en Suiza. Las diligencias que entonces llevaba el juez Eloy Velasco, sustituido más tarde por Manuel García-Castellón, demostraron que esa cuenta fue el origen de sus problemas, pero no el mayor de ellos.

La Púnica tuvo media docena de ramificaciones y algunas de ellas han tardado más de una década en llegar a juicio. La última ha sido la que tiene que ver con Waiter Music: la empresa de Aranjuez que dominó durante una década la organización de fiestas patronales, carnavales, cabalgatas y cualquier tipo de eventos allí donde gobernaba el PP y donde Francisco Granados tenía un hilo del que tirar. Como mano derecha de Esperanza Aguirre, tal y como describe la Justicia, siempre tenía un hilo del que tirar.

José Luis Huerta fue uno de los primeros detenidos en declarar ante el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional en octubre de 2014. En su primera comparecencia ante el juez explicó que había conocido a Granados cuando era alcalde y él un empleado de una empresa de eventos. Montó Waiter Music en 2004 y la organización de las fiestas de Valdemoro le abrió las puertas de otros muchos municipios. Ese día sacó pecho de su trabajo: “La discoteca móvil la inventé yo”. Y negó con vehemencia haber amañado concursos públicos o agasajado a políticos a cambio de obtenerlos: “Nunca en la vida, eso lo he llevado por bandera y en la profesión se me distingue por eso”.

Cuatro años después José Luis Huerta volvió a la Audiencia Nacional para reconocer lo que ahora declara probado una sentencia. Que su cercanía a Francisco Granados y al PP le introdujo en ayuntamientos del tamaño de Valdemoro, Móstoles o Algete y también de otros más pequeños como Ciempozuelos, Chinchón, Torrejón de Velasco, San Martín de la Vega y Moraleja de Enmedio. Más de 15 millones de euros en organización de eventos, la mitad salidos de las arcas del pueblo que había gobernado Francisco Granados. Que no fueron, en muchas ocasiones, a cambio de nada. El empresario de Waiter Music falleció en 2020, pero su confesión retumbó en el juicio y figura en la sentencia. Tuvo que hacer “servicios extras” para mantener el favor de Granados y el PP.

Mítines, comuniones y copas navideñas

La contabilidad de José Luis Huerta era un galimatías de números rojos, números verdes y columnas difícil de desentrañar si uno busca una lista normal de contratos públicos adjudicados y cobrados o pendientes de cobro. Waiter Music tenía el privilegio de obtener adjudicaciones a dedo, tener sobrecostes de decenas de miles de euros y de presentar empresas del mismo dueño cuando hacían falta tres candidatos para vestir el fraude. Pero también pagaba un peaje al PP y sus políticos a cambio, y a veces ese dinero era a fondo perdido. “Con toda su cara”, dijo en su confesión de 2018 el empresario Huerta para simbolizar que muchas veces no se le pagaba.

La sentencia declara probado que la empresa de José Luis Huertas, tal y como confesó él mismo, gastó miles de euros en regalos y gastos personales a políticos del PP. En 2008, según la sentencia, pagó 68.000 euros por una fiesta posterior a la comunión de la hija de Francisco Granados a la que, según el propio empresario, acudió la propia Esperanza Aguirre. La sentencia tiene incluso fotos de la comunión de un hijo de la alcaldesa de Algete, también sufragada por el empresario. Una fiesta de cumpleaños del entonces consejero de la Comunidad de Madrid. Bolsos. Pero el gran beneficiario no fue Granados ni sus colaboradores. Fue el Partido Popular.

Waiter Music estuvo años organizando y pagando mítines, reuniones, fiestas y encuentros del Partido Popular en distintos puntos de la Comunidad de Madrid donde gobernaba. Años en los que Esperanza Aguirre, felizmente olvidado el 'tamayazo', encadenaba mayorías absolutas y se dedicaba a inaugurar hospitales y paradas de Metro mientras Mariano Rajoy se hacía con las riendas del PP nacional y José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba en la Moncloa. Según la sentencia, la mano de la Púnica estuvo detrás de algunos de los grandes mítines del PP de esa época.

La sentencia menciona el cierre de campaña de las elecciones municipales y autonómicas que el PP celebró en el Palacio de los Deportes en mayo de 2007. Con Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón dando paso a la holgada mayoría absoluta de la 'lideresa' con el acompañamiento musical de las Azúcar Moreno. También el mitin celebrado en Valdemoro que, un año después, metió en la campaña de las generales de 2008 a José María Aznar. Ese día un enardecido Francisco Granados arengó al público con improperios al doctor Luis Montes y Aznar, que cumplía cuatro años fuera de la Moncloa, se lanzó contra Zapatero, instando a ganar sin “hacer chorradas con la ceja”.

La sentencia menciona más peajes 'populares' con los que Waiter Music potenció los actos del PP por toda la región. “Multitud de eventos” en Valdemoro, pero también una lista larga de “extras” en Ciempozuelos, donde gobernaba la condenada María Ángeles Herrera. Allí Waiter Music montó eventos del partido e incluso un mitin de 2008 donde se entregó una medalla a Rodrigo Rato, que con los años pasaría por la cárcel. En Móstoles, localidad de más de 200.000 habitantes, los jueces también hablan de un “elenco de irregularidades” en la contratación de Waiter Music “favoreciendo el desvío de dinero público y destinándolo al pago de eventos privados organizados por el Partido Popular” y su grupo en la localidad en las elecciones autonómicas de 2011.

No todos los contratos adjudicados a Waiter Music son considerados delictivos y no todos los políticos encausados han terminado condenados. Junto con Francisco Granados y sus sucesores al frente de la alcaldía de Valdemoro (José Miguel Moreno y José Carlos Boza) son condenados los regidores de Ciempozuelos y Moraleja de Enmedio, pero otros son absueltos, como es el caso de los dos exalcaldes de Móstoles encausados. En su caso no hay pruebas de que ellos gestionaran de forma directa la contratación de Waiter Music. En una ciudad como Móstoles, dice la Audiencia Nacional, llegar a ese nivel de irregularidades “debía de contar con el conocimiento y autorización de autoridades, funcionarios públicos municipales e integrantes del Grupo Municipal Popular de Móstoles, que promovieron, facilitaron y autorizaron este tipo de prácticas”.

Dos tramas en el Madrid de Aguirre

Las fechas de la sentencia conocida esta semana, y que todavía es recurrible, revelan una cosa: que la Púnica y la Gürtel convivieron en paz y armonía en distintas zonas de Madrid y con distintas familias del PP durante varios años. Mientras los de Francisco Correa parasitaban los ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey de la mano de sus alcaldes, la Púnica conquistaba ayuntamientos del sur de la mano de Francisco Granados. Todo mientras Esperanza Aguirre conquistaba la Puerta del Sol y empezaba su fulgurante ascenso hasta la consideración de lideresa con unos mítines organizados por las tramas corruptas. Porque si algo une a la Gürtel y la Púnica, además de los contratos amañados y las comisiones, es la organización de actos de Esperanza Aguirre como moneda de cambio.

La resolución de la Audiencia Nacional zanja con una condena de dos años de cárcel la participación de David Erguido, entonces concejal de Aranjuez, pero “hombre de confianza” de Granados como asesor en la consejería que, con el tiempo, se convirtió en un dolor de cabeza para el PP nacional. Tuvo que dejar su escaño en el Senado tras ser imputado en la Púnica y se mantuvo como diputado regional del PP de Isabel Díaz Ayuso en Vallecas hasta su desaparición de las listas del partido para las autonómicas de 2021.

Erguido llevaba desde 2010 en la Asamblea de Madrid, donde entró en sustitución del hoy también condenado Alfredo Prada, y según la sentencia maniobró como concejal de Algete para que Waiter Music fuera contratada. Pero también obtuvo un beneficio para sí mismo. Waiter Music le organizó un evento en marzo de 2008 en el campo de golf del Canal de Isabel II, con la intervención de “cuatro mariachis” y con un coste de 1.800 euros “pendiente de liquidar con dinero público”. El mismo campo de golf que levantó Esperanza Aguirre en 2007 en Chamberí, que fue declarado ilegal por los tribunales y demolido y cuya adjudicación será juzgada como parte del caso de corrupción Lezo.

Muy por encima de Erguido, la sentencia otorga un papel protagonista a Francisco Granados en el ascenso y caída de Waiter Music y su papel como organizador de eventos de cabecera del PP de diversos municipios. Él tenía una “capacidad real de influencia” en Valdemoro, primero como alcalde y después como consejero de Aguirre, aunque no tuviera voz ni voto oficial en las contrataciones de su antiguo ayuntamiento. Pero sí tenía una “posición de poder político”. También con respecto a la Comunidad de Madrid. La Audiencia Nacional no le condena por todas las acusaciones que se vertieron sobre él, pero mantiene que usó su poder para que la Fundación Arpegio, salida de una empresa pública dependiente del gobierno regional, financiase con dinero público el concierto 'Night of the Proms' del que se había encaprichado y que organizó Waiter Music en el Palacio de los Deportes.

Esta no es la primera sentencia madrileña del caso Púnica. Francisco Granados ya fue condenado por el chivatazo que recibió de un guardia civil y que casi da al traste con la operación, y varios alcaldes han sido condenados por aliarse con el empresario David Marjaliza y contratar de forma irregular a Cofely para gestionar la eficiencia energética de sus municipios. Pero Granados todavía tiene un juicio relevante en el horizonte. Por las adjudicaciones supuestamente irregulares de suelo público desde la empresa regional Arpegio —la de la Fundación del concierto Nigh of the Proms— y de obras de construcción de Metro, una de las grandes promesas electorales de Esperanza Aguirre en esos años.

Aguirre, sus campañas y algunos de sus juramentos políticos son el telón de fondo de muchas de las piezas separadas del caso Púnica. Además del juicio pendiente por estas adjudicaciones, la Audiencia Nacional tiene en cola enjuiciar a Granados y al entonces gerente del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez, por delitos electorales en la financiación de la campaña del partido de 2011. La principal beneficiada, Esperanza Aguirre, no está en la lista de los acusados porque según el juez Manuel García-Castellón no hay pruebas de que “tuviera conocimiento” de la existencia de una caja B en el seno de su propio partido.

La sentencia conocida esta semana añade una capa de pintura al cuadro de corrupción de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre y su Partido Popular. Políticos que facilitaban contratos públicos a cambio de organizar actos del partido pero también fiestas y comuniones para el bolsillo propio. Una trama Púnica cuya verdad judicial no ha hecho más que empezar con varios juicios por delante en los que la financiación de los grandes éxitos electorales de Esperanza Aguirre estará, una vez más, bajo la lupa sin la lideresa en el banquillo.

“Cuesta casi dos Zendales por legislatura”. Así justificó en 2021 Isabel Díaz Ayuso la aprobación de la ley de Telemadrid que le permitió tumbar a la dirección de entonces. Al año siguiente, en 2022, el PP de Ayuso llevó a cabo una nueva reforma definitiva para hacerse con el control total de la televisión autonómica. Ahora, tras cuatro años de aplicación de la norma, la mayoría absoluta del partido vuelve a pasar su rodillo en la Asamblea de Madrid para aprobar la nueva Carta Básica de la radio y televisión públicas madrileñas, que suprime órganos de control y transparencia y que tendrá una vigencia de ocho años. El movimiento se produce justo en el mismo mes que la Justicia ha reprochado a Ayuso la forma en que se aprobó la ley de 2022: por lectura única y sin posibilidad de enmiendas.

El nuevo documento elimina tres órganos de participación profesional, ciudadana y de transparencia: el Consejo de Redacción, de la Oficina de Participación del Espectador y el Consejo Asesor. El anterior texto, que todavía se puede consultar en la web de Telemadrid, fue aprobado en 2017 con el visto bueno de los partidos de la Asamblea regional y bajo el mandato de Cristina Cifuentes. En esa época fue nombrado como director general José Pablo López, que ahora preside RTVE tras su destitución. En ese texto se dedicaba un capítulo a los órganos de participación, asesoramiento y control dentro del grupo.

La Oficina de Participación del Espectador es el órgano que vela por el derecho de la sociedad madrileña a participar de ella e impulsa la transparencia y el autocontrol mientras que el Consejo de Redacción vela por la independencia, veracidad y calidad de contenidos y está formado por trabajadores de la televisión pública; el Consejo Asesor, el otro órgano suprimido, se encarga de asesorar al Consejo de Administración y emite un informe sobre los principios de programación, la programación en procesos electorales o el pluralismo democrático, entre otros valores.

Ahora, según se establece en el texto recientemente aprobado por la Asamblea de Vallecas, esos tres órganos desaparecen y sus funciones recaerán sobre el Consejo de Administración y el Director General.

Sindicatos como UGT critican los cambios. En declaraciones a elDiario.es, el sindicato denuncia que cuestiones como la independencia se demuestran “con herramientas y con contrapesos”. Por lo que, al eliminar estos órganos, lo que se hace es “quitarle a la ciudadanía y a los propios profesionales la capacidad de vigilar la gestión diaria”. También los partidos de la oposición han afeado el nuevo documento, incluido Vox, que criticó en la Asamblea de Vallecas que ahora Ayuso “se asegura el control absoluto de Telemadrid”.

Profesionales de la información

La nueva Carta Básica integra también otros cambios. En el texto anterior, se establecía de forma explícita que los servicios informativos “sean conformados por profesionales de la información”, mientras que ahora se establece un ligero cambio: “Los servicios informativos serán conformados preferentemente por profesionales de la información”.

Se trata de una leve modificación, pero para UGT esto supone “quedarse a la intemperie”. “El profesional se queda solo frente a la dirección de turno”, critican, además de asegurar que ahora se “abre la puerta de par en par para que se contrate a cualquier persona sin la titulación ni el código deontológico de la profesión”.

Inclusión de la tauromaquia

La tauromaquia entra, las referencias al colectivo LGTBIQ+ se quedan fuera. En el documento de 2019 no había ninguna referencia a la tauromaquia, pero ahora la apuesta de la cadena pública, que duplicó en 2025 su presupuesto para emitir toros, queda reflejada de forma explícita: “Apoyará y promocionará las creaciones y expresiones artísticas y culturales como la música, la danza, el teatro, la literatura, la arquitectura, el cine, la tauromaquia y la ciencia, entre otros”, recogen en cuanto a las funciones de servicio público.

Por contrapartida, se quedan fuera referencias explícitas a ciertos colectivos. Esto es lo que se podía leer en la Carta Básica de 2019: “Huirá de todo tipo de tópicos y estereotipos que promuevan el sexismo, la LGTBifobia, la xenofobia o el racismo. Evitará cualquier tratamiento despectivo referido a cada uno de los colectivos y grupos, mayoritarios o minoritarios, que conforman la sociedad madrileña, al conjunto de la misma, o a otras comunidades y países, y llevando a cabo acciones sistemáticas en favor de la igualdad”.

Además, en otro apartado se puede leer que el “compromiso con la igualdad se extenderá a cualquier colectivo susceptible de exclusión”: “LGTBi, tercera edad, personas con discapacidad, población gitana, inmigrantes, refugiados, excluidos sociales, etc.”, además de hacer referencias explícitas a la “violencia de género”, que ahora se sustituye por “violencia contra la mujer”.

Ya no hay menciones explícitas al colectivo LGTBIQ+ y el párrafo queda reducido a lo siguiente: “En la programación no se incluirá, en ningún caso, contenidos que atenten contra los valores cívicos, que inciten a la violencia, especialmente la violencia contra la mujer y al suicidio, o que normalicen actitudes nocivas como el sexismo, la xenofobia, el racismo o la homofobia, entre otras”.

En este sentido, las críticas vienen por parte de UGT pero también de la oposición. Desde el sindicato consideran que “un medio público tiene que parecerse a la sociedad que lo financia, no a las obsesiones ideológicas de quien gobierna”.

“Así es como se borran las minorías”, opinó el PSOE de Madrid durante el debate de la Carta Básica en la Asamblea regional. “La desinformación es el peor enemigo de las democracias y ustedes son cómplices”, aseguró el diputado Horacio Díez. A pesar de las críticas y las enmiendas presentadas por toda la oposición de Más Madrid, PSOE y Vox, el PP de Ayuso aplicó su mayoría absoluta el pasado mes de junio y acabó dando el visto bueno al nuevo texto.

El reproche de la justicia

La aprobación de la nueva Carta Básica de Radio Televisión se ha producido el mismo mes en que el Tribunal Constitucional ha reprochado al PP de Ayuso la aprobación de la ley de Telemadrid de 2022. La reforma de la ley de 2015 se aprobó por la vía de urgencia en la Asamblea sin debate ni enmiendas y ahora el Constitucional ha estimado el recurso de amparo interpuesto por el PSOE al considerar que el procedimiento vulnera el derecho fundamental de los diputados y diputadas.

Ya en marzo, el Constitucional censuró el procedimiento, y ahora se vuelve a pronunciar en este sentido. En junio de 2022, el entonces secretario general del PSOE-M y portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, adelantó que su grupo había registrado un recurso a la reforma por considerar que su tramitación se llevó a cabo de “forma absolutamente opaca”. “Pretenden controlar de forma absolutista Telemadrid y ponerla al servicio de la presidenta”, dijo entonces Lobato. Sin embargo, ninguna de las dos decisiones judiciales supone cambio alguno para la reforma de Telemadrid.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la secretaria de organización del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, critica que “el PP y Ayuso han hecho de Telemadrid su cortijo particular”: “La degradación a la que han llevado a la televisión pública ha sido dos veces señalada por el Constitucional. Los socialistas volveremos a llevar todo aquello que va contra la independencia de las televisiones públicas”, en este caso, al Tribunal Constitucional.

En rueda de prensa, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, aseguró que no había “nada nuevo” con la sentencia y que seguía la misma línea que la anterior de marzo. “Es una cuestión ajena al Gobierno y es ajena a la tramitación de esa ley porque se tramitó con el reglamento que en ese momento estaba en vigor”, aseguró.

“El gran cambio de estos años ha sido la fórmula para elegir al Director General. Al permitir que salga adelante por mayoría absoluta en segunda vuelta, el partido en el Gobierno ya no necesita sentarse a negociar con nadie. No hay consenso; hay imposición”, lamentan desde UGT, que no descartan recuperar los “viernes negros” a la vuelta del verano si “la dirección no rectifica el rumbo”.

Los plenos broncos en la Asamblea de Madrid han pasado de ser la excepción a convertirse cada vez más en la norma. No son raras ya las salidas de tono, las expulsiones o los exabruptos de los diputados y consejeros, o los choques de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con la oposición. Con el pleno extraordinario de este jueves se acabó este período de sesiones, que deja un curso parlamentario repleto de frases incendiarias en los debates de diferentes temas: desde el caso de la pareja de Ayuso a la inmigración o el aborto. De “importar pobreza masiva” a “váyanse a otro lado a abortar”.

El año parlamentario en la Asamblea de Vallecas se divide en dos períodos de sesiones: el primero, que va de septiembre a diciembre y suele arrancar con el Debate del Estado de la Región, y el segundo, que va de febrero a junio. Este año excepcionalmente se ha alargado un poco más con el último pleno extraordinario celebrado este jueves para aprobar la ley que reconoce al embrión como miembro de la unidad familiar, conocida como la ley del “concebido no nacido”, y una de las grandes apuestas del Gobierno de Ayuso.

“Váyanse a otro lado a abortar”

El periodo de sesiones arrancó con un pleno de broncas que vaticinaba lo que iba a ser el resto de sesiones parlamentarias hasta verano. En octubre, fue la propia Ayuso quien calificó esa sesión de un pleno de “hooligans”, por dos temas principales: la flotilla de la libertad a Gaza y el registro de objetores al aborto. Dos ejes, Gaza y el aborto, que marcaron el inicio del curso durante meses.

Durante el debate sobre el registro de objetores del aborto, la presidenta autonómica cargó contra este, a pesar de que la ley obliga a las comunidades a llevar este seguimiento. “No voy a hacer una lista negra de médicos nunca”, comenzó Ayuso, que acusó al Gobierno central de que “desde que llegaron” en España “un millón de personas” habían abortado. “En la mayoría de los casos se podía evitar”, continuó Ayuso entre aplausos de la bancada del PP y con críticas a la oposición por “poca humanidad”. “No se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o no practicarlo. ¿Les parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar”, añadió.

“Son unos tristes”

El mes de febrero comenzó con la polémica de fondo por la denuncia contra el alcalde de Móstoles de una exconcejala de su propio partido, que le acusa de acoso sexual y laboral. Al comienzo del periodo, esta demanda centró el debate de la sesión de control a Ayuso, con PSOE y Más Madrid acusando a la presidenta autonómica de “proteger” a Manuel Bautista después de que la presidenta no recibiera siquiera a la exedil después de que esta denunciara el presunto acoso.

¿La respuesta de Ayuso? ETA y ataques a la oposición. “Hablando de víctimas, me gustaría recordar a las del señor [el miembro de ETA] Txeroki que ustedes han puesto en la calle”, le dijo a la portavoz socialista, Mar Espinar. “Son unos frustrados que no admiten que el pueblo de Madrid no les quiere, ni España entera”, añadió, además de pedir a Espinar que no se comportara “como si estuviese en una taberna de puerto”.

Además, Ayuso, sin entrar en el caso del alcalde de Móstoles, acusó a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, de centrar el discurso en “ataques personales”. “Son unos tristes y unos frustrados”, añadió durante su intervención.

“¿También está mal?”

Pero febrero también estuvo salpicado por otra polémica. La conocida como “crisis de los Pocholos” que comenzó tras la destitución del consejero de Educación, Emilio Viciana, y la posterior dimisión de dos altos cargos de su departamento y tres diputados del PP en la Asamblea —todos del grupo denominado como Los Pocholos—, y que se cerró con la toma de posesión de tres nuevos diputados.

Después de que la crisis sacudiera internamente a la presidenta autonómica, le salpicó también durante el pleno de la Asamblea con una nueva bronca, especialmente por las posibles consecuencias que podría tener el cisma en las políticas educativas. Tanto es así que Bergerot aseguró que la caída de Viciana no se debía a la ley de educación, sino a las denuncias que presentó en la fiscalía sobre el caso de la FP. Ayuso respondió: “Si iba tan mal la educación y doy un cambio, ¿también está mal? Aclárense un poco, sea coherente”.

Además, la presidenta comparó a sus cargos cesados con los que la izquierda “trae a la política”: “Acróbatas a caballo, quemacajeros, personas que gestionaban saunas, porteros de puticlub y saltimbanquis”.

“Le persigue la izquierda”

Después de que imputaran a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta autonómica, por la filtración de datos personales de dos periodistas —cuya causa finalmente ha sido archivada—, el PSOE acusó al máximo hombre de confianza de Ayuso de convertir a Madrid en una “región sin ley”.

La respuesta de ella fue asegurar que a “MAR (sic) no le persigue la justicia, le persigue la izquierda”. “Son ustedes los que están detrás de todas las acusaciones contra mi equipo y mi entorno para hacer daño, por eso las pierden todas”, afirmó.

“Obras, saunas, escuchas y cloacas”

Otro de los puntos calientes en cuanto a discusiones en el pleno es el caso de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, así como las relaciones del Gobierno regional con el grupo Quirón. En abril, volvió a ser motivo de choque: mientras la presidenta defendía las relaciones de su gobierno con el gigante sanitario, Mar Espinar le reprochaba el nuevo contrato para que Quirón gestione el laboratorio central. Ayuso respondió aludiendo al caso del exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel recientemente.

“¿Y tienen todavía la caradura de hablarnos de corrupción esta semana ustedes? Obras, saunas, escuchas, cloacas, y eso sí, siempre con la conveniencia del presidente del Gobierno, porque se lo debe todo al señor Ábalos, el dos de su partido, el que organizaba su partido, el que traía los sobres, el que organizaba absolutamente todo”, dijo en el pleno. “Trabajan ustedes menos que miss Asturias”, lanzó Ayuso.

En el mismo mes, pero en otro pleno, la oposición criticó a Ayuso por el uso de su jefe de despacho para negociar la compra de un piso. “Por las mañanas les tiene tapando los chanchullos de su novio y por las tardes aumentando su patrimonio. Hay que ver lo que le está dando de sí Quirón”, ironizaba la portavoz socialista, mientras Manuela Bergerot exigía a la presidenta que aclarara si su nueva casa estará “a su nombre”.

“Importan pobreza masiva”

Una de las últimas broncas en el parlamento regional vino con motivo de la visita del Papa a la capital. Durante los días previos y posteriores, la oposición acusó al Gobierno autonómico de hipocresía, ya que el pontífice se había mostrado a favor en diferentes ocasiones de los derechos para las personas migrantes, mientras Ayuso trataba de paralizar la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. “¿Le ha dicho que intenta boicotear la regularización de migrantes?”, le preguntó la oposición. “Usted es servil con el fuerte, pero es una despiadada como no hay otra con el débil”, aseguró Espinar.

Aunque tras la intervención de la portavoz de Vox, Isabel Moñino, Ayuso hablaba de que “gracias a los inmigrantes” iban a poder construir “viviendas”, entre otras cosas, luego el tono cambiaba para acusar al Gobierno central de aplicar una supuesta “estafa electoral” —de la que no ha dejado de hablar a lo largo de este mes— para modificar el censo e intentar “importar pobreza masiva”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado que mantienen su apoyo a Manuel Bautista, el alcalde de Móstoles denunciado por acoso sexual y laboral por una exconcejala del municipio. “Sí. Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”, ha asegurado.

Ayuso ha respondido así a la pregunta de elDiario.es después de que la jueza que investiga el caso rechazara el intento del alcalde de cerrar la investigación. La magistrada entiende ahora que las acusaciones de acoso laboral y sexual avalan mantener abierta la causa.

“Está trabajando todos los días para sus vecinos y para cumplir su programa electoral. Vamos, que no voy a aplicarle la justicia de autor a una persona que he puesto ahí para que gobierno como lo está haciendo”, ha añadido la presidenta autonómica durante un encuentro informativo organizado por el Club Siglo XXI en la capital madrileña.

El regidor del PP había pedido el pasado 23 de junio que se archivara la querella, rebajándola a “discrepancias personales”. En un escrito al que tuvo acceso elDiario.es, su defensa argumentaba que los hechos denunciados por la exedil serían “”como máximo percepciones subjetivas, malentendidos relacionales o valoraciones ex post“.

La exconcejala de Móstoles  denunció a Bautista de forma interna por un presunto caso de acoso sexual en 2024. Según el relato de la denunciante, este supuesto caso de acoso sexual derivó en otro presunto caso de acoso laboral. La exedil se reunió entonces con diferentes dirigentes del PP de Madrid como Alfonso Serrano o Ana Millán, aunque Isabel Díaz Ayuso no acudió a ninguna de estas reuniones y no recibió a la exconcejala. A quien sí recibió la presidenta de la Comunidad de Madrid fue al alcalde solo cinco días después de recibir por escrito la denuncia interna.

Quince años y un mes después de que Madrid Network, una asociación auspiciada por Esperanza Aguirre, recibiese un macropréstamo público cuyos impagos han abierto en el presupuesto regional un agujero de más de 70 millones de euros, el secreto con que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue blindando a esa entidad ha movilizado a la oposición. El lunes, el PSOE registró en la Asamblea de Madrid una nueva iniciativa para crear una comisión de investigación sobre la opaca Madrid Network. Anclado en el reciente veto de Ayuso a difundir un informe jurídico clave sobre qué debería hacer la Comunidad si la asociación convertía los impagos en una constante, como en efecto ocurrió, este es el tercer intento en un solo año para que la Cámara madrileña levante el velo que cubre a la opaca Madrid Network.

Salvo viraje inesperado, todo apunta a que, como en las dos ocasiones anteriores –julio de 2025, fecha de la solicitud del PSOE; y octubre de ese mismo ejercicio, cuando lo pidió Más Madrid–, también ahora la mayoría absoluta del PP impedirá que la Asamblea investigue la urdimbre que Madrid Network mantiene oculta con ayuda del Ejecutivo.

Oficialmente, siempre ha sido una entidad privada a la que pertenecía la Comunidad de Madrid hasta que en septiembre de 2025 comunicó que la abandonaba. Al no haber estado declarada en ningún momento como de “interés público” pese al enorme importe del dinero público gestionado, Madrid Network nunca ha depositado sus cuentas en el Registro de Asociaciones.

Empresas beneficiarias que desaparecieron del mapa

Pese a su carácter privado, cuando el Gobierno de Aguirre le transfirió en mayo de 2011 los 80 millones que, con origen en el Ministerio de Ciencia, iban destinados a financiar proyectos empresariales de I+D+i, Madrid Network seguía presidida por el entonces consejero de Hacienda de Madrid, Antonio Beteta. Entre 2008 y 2011, la asociación pagó a la empresa de Cristóbal Montoro, Equipo Económico, 1,8 millones por trabajos aún desconocidos. Beteta se incorporó en diciembre de 2011 como secretario de Estado al equipo del Ministerio de Hacienda que dirigía Montoro. Para entonces, Isabel Díaz Ayuso ya había dejado de trabajar para el departamento de prensa de Madrid Network: fue en 2011 cuando entró como diputada en la Asamblea de Madrid.

Entre aquellas empresas y otras entidades beneficiarias de algunos de los 47 préstamos concedidos por Madrid Network y que nunca devolvieron el dinero obtenido figuran tres directamente vinculadas a dos antiguos altos cargos del Gobierno madrileño: Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad; e Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González, sucesor de Esperanza Aguirre. Este último sí ha empezado ahora a devolverlo.

Hasta la fecha, no ha habido ninguna investigación parlamentaria ni judicial sobre las circunstancias que rodean al reparto y seguimiento de esos fondos públicos que acabaron en distintos casos en manos de empresas recién constituidas y que luego desaparecieron del mapa sin siquiera presentar cuentas en ningún ejercicio.

El informe jurídico cuya difusión mantiene bloqueada el Gobierno de Ayuso desde que en 2022 solicitó su entrega la Cadena Ser en aplicación de la Ley de Transparencia fue elaborado por el bufete Uría Menéndez. Encargado por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes en la recta final de su mandato, el informe había de indicar “cómo debería proceder la Comunidad de Madrid” para “asegurar sus legítimos intereses” en caso de impagos para la devolución de los 80 millones traspasados en 2011. Cuando el equipo de Cifuentes puso en marcha aquel contrato -finales de 2017-, la Administración madrileña ya tenía datos suficientes sobre cómo buena parte de las 47 empresas receptoras de préstamos se habían disuelto y carecían de bienes con valor suficiente para compensar lo adeudado a Madrid Network. Dónde fue a parar el dinero sigue siendo, a día de hoy, un misterio.

En abril, el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) tumbó el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid en 2022 contra la resolución del Consejo de Transparencia favorable a entregar el informe de Uría Menéndez. Ahora, la Comunidad de Madrid ha disparado un último cartucho: recurrir la sentencia del TSJM ante el Tribunal Supremo como ya hizo con una anterior, aquella que la obligaba a divulgar las memorias anuales de Madrid Network. En aquel caso, el Supremo ni siquiera admitió a trámite el recurso de casación.

¿Pero hay demandas pendientes?

De momento, al margen de los recursos contra la difusión de documentos relativos a Madrid Network y pese a que el PP habla, de forma confusa y sin precisión, de “demandas” pendientes, no hay datos que permitan afirmar la Comunidad de Madrid ha emprendido alguna acción judicial contra la asociación para exigirle que devuelva de un préstamo que ya le ha costado al menos 70 millones al erario regional. ¿Por qué? Porque cada año, el Gobierno madrileño ha entregado al Ministerio de Ciencia las cuotas pactadas. Al no recibir de Madrid Network las cuotas pactadas en el convenio rector del macropréstamo de 2011, el Ejecutivo ha tenido que detraerlo de otras partidas presupuestarias. El convenio que sustenta desde hace 15 años aquel macropréstamo permitía a la Comunidad de Madrid rescindirlo antes del plazo previsto –2027– en caso de impagos. Tal rescisión no se ha producido.

La última cifra oficial sobre el calibre del agujero causado por los impagos de Madrid Network figura en el informe general de la Cámara de Cuentas sobre 2024: el órgano fiscalizador cifra las cuotas impagadas hasta diciembre de ese año en 63,9 millones. Pero, como recalca la solicitud de comisión de investigación registrada ahora por la portavoz parlamentaria del PSOE madrileño, Mar Espinar, la Cámara avisa de que otros 14,55 millones de cuotas pendientes al cierre de 2024 “muy probablemente pasarán a incrementar los importes impagados cuando llegue su vencimiento”.

Los últimos datos remitidos por el gabinete de Ayuso a la oposición señalan que Madrid Network sí ha logrado recuperar más de la mitad (42,49) de aquellos 80 millones obtenidos en 2011. Pero el contenido de la tabla remitida por la Consejería de Hacienda al diputado socialista Daniel Rubio confirma también que una parte relevante (31,5 millones) de ese total devuelto a Madrid Network permanece en el limbo. Ni Madrid Network ni la Administración regional han explicado hasta ahora qué ha ocurrido con ese dinero.

Según portavoces autorizados del Ministerio de Ciencia, a fecha de 12 de febrero de este año el Gobierno madrileño ya había desembolsado 85.381.122 euros, de los cuales 74.708.223 corresponden al principal del préstamo, y 10.748.624 a intereses. La última cuota se girará a final de 2026 con vencimiento en febrero de 2027. Su importe será menor que los ya cargados: 865.355 euros. El contraste entre esos datos y los facilitados por el Gobierno madrileño a la oposición indican que Madrid Network solo ha devuelto 10,9 millones. Y eso significa que sus impagos ya le han costado a la Administración regional más de 70 millones. Más del doble de lo que la Universidad Complutense se ha visto obligada a recortar para devolver un préstamo al Ejecutivo madrileño.

El Partido Popular lanza su ofensiva este lunes contra el Gobierno de Pedro Sánchez y vuelve a agitar las acusaciones de un supuesto intento de inflar los censos electorales. Tanto Alberto Núñez Feijóo como Isabel Díaz Ayuso han cargado contra el Ejecutivo central sobre la conocida como ley de nietos, que permitirá a los hijos, nietos y bisnietos de los exiliados del franquismo lograr la nacionalidad española. “Ahí queda el aviso”, ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha asegurado que “el reparto de escaños” es “ilegal y obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a cargar contra la regularización extraordinaria de personas migrantes que ha aprobado el Gobierno central. Durante un encuentro informativo en la capital organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, Ayuso ha vuelto a esgrimir sus argumentos contra la decisión del Ejecutivo: desde el “efecto llamada” al supuesto “colapso del sistema público”.

Además, durante el evento ha dicho que “no hay ley de nietos que oculte que España necesita reiniciarse o no volverá a ser España”. La líder del PP de Madrid ha asegurado también, aunque sin aportar datos, que “la tercera provincia en número de votos será Argentina” con la norma, recogida dentro de la Ley de Memoria Democrática y que ha producido un atasco en los consulados de países como Argentina, Cuba, Brasil o México por el aluvión de solicitudes.

Este mismo lunes el líder del PP también había asegurado que este procedimiento era “ingeniería electoral”. “Con los actuales votantes no le salen las cuentas”, había dicho anteriormente en una entrevista para esRadio, donde Feijóo lanzó que el presidente quería incrementar el censo en 2,5 millones de personas.

Pero Ayuso ha ido más allá y ha apuntado directamente a una supuesta ilegalidad. La presidenta autonómica ha asegurado que lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez es “multiplicar agentes en las embajadas” para “jugar con las reglas del juego. ”El Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento de voto, según donde le falten los votos necesarios para obtener el siguiente escaño. Cada cónsul que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Ahí queda el aviso“. ”El reparto de escaños diría que es ilegal y obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo electoral“, ha añadido.

Feijóo ha planteado que derogará la Ley de memoria Democrática, de la que depende este proceso de nacionalización para descendientes de españoles exiliados durante el franquismo.

Pero el líder del PP también ha planteado una reforma de la ley electoral para darle al ganador de las elecciones una propina en forma de escaños y facilitar así las mayorías absolutas, tal y como ocurre en Grecia o en Italia.

Poco después ha sido el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien ha intentado explicar, sin éxito, las palabras de su jefe. En opinión de Sémper, las críticas de su jefe de filas “no prejuzgan” el futuro voto de estas personas en las elecciones.

Sémper ha sostenido que en el PP “no se fían” del proceso de nacionalización por “los procedimientos”. “Vamos a estar encima políticamente”, ha asegurado en una rueda de prensa, y ha puesto como ejemplo la “regularización en Cuba. ”Parece razonable que exijamos y tengamos dudas“ porque ”2,5 millones más“ de personas se apuntarán ”en el censo, potencialmente“.

“Nos preocupa, nos importa”, ha dicho. “Es relevante comprobar cómo se hace” porque, ha concluido, “todo es posible”.

Más Madrid: “Le tiene miedo a que la gente vote”

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha cargado contra las críticas del PP. “Los nietos de los exiliados españoles habrían nacido en España si no hubiera sido por el golpe de estado y la dictadura franquista”, ha asegurado este lunes Bergerot en X después de las palabras de Isabel Díaz Ayuso y de Alberto Núñez Feijóo.

“Esta derecha a la que tanto le gusta pedir elecciones le tiene miedo a que la gente vote”, ha añadido.

Medio millón de euros a cargo del erario público se ha embolsado la pareja de Jorge Rodrigo, consejero madrileño de Vivienda, tras casi una década encadenando puestos a dedo en Administraciones del PP de esta región, según estimaciones a partir de la información disponible en diversos portales de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

El último empleo de la pareja del responsable de las políticas de Vivienda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es el mejor pagado hasta ahora: los 63.134,12 euros brutos anuales que, según información oficial, va a cobrar en el puesto que desempeña desde hace unas semanas en la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Allí se ha recolocado en un día, como reveló elDiario.es, tras su salida forzosa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), propiedad del consistorio de la capital de España. 

No consta que F. T., la pareja de Jorge Rodrigo, disponga de un perfil en la red social LinkedIn. Sí se sabe que en los 80 cursó una FP, rama Administrativa; que tiene un nivel de inglés “básico”, y que realizó un cursillo acelerado online poco antes de saltar al sector público.

Así consta en el currículum oficial que puso a disposición de los ciudadanos cuando ocupó un cargo de cierta responsabilidad en un relevante y acaudalado municipio madrileño que el PP gobierna desde hace casi 40 años. Un puesto de alta exigencia en el que no duró ni seis meses. Como explicó alguien con quien trabajó en aquella época, “quería algo más tranquilo”.

Su siguiente destino fue la EMVS, que ha tenido que sacar a concurso este año la plaza que F. T. ocupaba de forma “temporal” desde diciembre de 2023 tras un duro informe de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento, previa denuncia de Más Madrid, y después de que elDiario.es revelase hace un año la sucesión de puestos públicos de la pareja del consejero de Vivienda de Ayuso.

El pasado diciembre, Antifraude criticó sin medias tintas su contratación en la EMVS, que no dio “detallada explicación sobre cómo llegó el currículo de la persona seleccionada a la empresa, si se hacía algún tipo de publicidad para que quien se considerara con los requisitos necesarios pudiera presentarlo, o si procedían de procesos de selección para trabajadores fijos”.

“No consta si hubo otros candidatos” para una plaza que “al cabo del tiempo, en ciertas condiciones”, podría convertirse en “permanente”, advirtió el órgano fiscalizador del ayuntamiento, que instó a la EMVS a informarle de cómo cubriría esa plaza de forma definitiva. Finalmente, ha salido a concurso este año y se ha adjudicado a otra persona por promoción interna.

Tras su salida de la EMVS, la mayor empresa pública de vivienda de España, el consistorio de Almeida ha recolocado a F. T. como personal de “libre designación”. Su nuevo puesto es el sexto consecutivo que ocupa en un organismo público en la Comunidad de Madrid, con sueldos que han llegado a duplicar el salario medio en España. Actualmente, este asciende a 29.540 euros brutos anuales, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha calificado el caso de “enchufismo” y cree que “hay responsabilidades políticas, administrativas y patrimoniales por la contratación ilegal de esta persona en la EMVS durante dos años y medio, que no pueden quedar impunes”.

“Escándalo sideral”

El pasado jueves, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, y preguntada por este asunto, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, quitó hierro al asunto y calificó de “sorprendente” que “a Más Madrid le parezca un escándalo sideral cualquier mínima cosa” y “sin embargo, estén tan contentos en el Gobierno más corrupto de la historia de la democracia”, en alusión a la reciente condena al exministro José Luis Ábalos y a los escándalos que afectan al PSOE.

“Que haya una persona trabajando como eventual en el Ayuntamiento de Madrid les parece un escándalo sideral porque, por lo que sea, entienden que no es adecuada para el puesto”, señaló Sanz, que no negó que se trate de la pareja de Rodrigo, político de larga trayectoria en el PP cuyo nombre suena en las próximas listas de Almeida para el ayuntamiento. “En el ámbito de las competencias municipales se ha entendido que esa persona podía ser adecuada para ese puesto y está trabajando como uno más”, dijo la vicealcaldesa.

Una fuente con conocimiento del asunto definía hace tiempo el anterior puesto de F. T. en la EMVS como el de “un conserje muy bien pagado”. Cobraba 49.667,8 euros anuales. No consta que su paso por la empresa fuera problemático. “Con lo que hacía lo tenía difícil para meter la gamba”, ironiza otra persona que trabaja en la EMVS. Acudía a diario a su puesto, al contrario que Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, que durante el juicio al exministro socialista reconoció que fue enchufada en la empresa pública Ineco, donde cobró 30.000 euros sin pisar la oficina.

El perfil de F. T. es muy diferente al del consejero Rodrigo, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Pontificia de Comillas y con programas de gestión pública en el IESE de la Universidad de Navarra (la escuela de negocios del Opus Dei) y Comillas-ICADE (de los jesuitas).

La trayectoria de su pareja en la relación de asesores de la web del Ayuntamiento de Madrid no está disponible, pese a que publicar esa información es obligatorio, según la normativa municipal de Transparencia. Según el currículum oficial ya citado, F. T. ocupó puestos administrativos en el sector privado durante más de 20 años. Tras más de una década en el área contable de una empresa, hizo un cursillo a distancia de 150 horas de “Auxiliar de Protocolo” de la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Se trata de un título propio de esa entidad, sin carácter oficial y diferente a los otorgados por el Ministerio de Educación, que tienen validez en todo el territorio nacional y suelen ser más reconocidos y valorados, al cumplir unos estándares de calidad y rigor establecidos por el gobierno.

Ese curso costaba 650 euros, incluyendo tasas académicas y materiales didácticos. Fue una excelente inversión. Acto seguido, F. T. empezó a encadenar puestos en Administraciones del PP de Madrid: del Gobierno de Cristina Cifuentes al Ayuntamiento de Almeida, el Gobierno de Ayuso, la coordinación del gabinete de la Alcaldía de un relevante municipio, la EMVS y ahora, de nuevo, el Consistorio de la capital.

En la web de la Comunidad de Madrid ya no hay rastro de su etapa con Cifuentes. En su primer destino en la cosa pública se embolsaba 51.480,2 euros anuales. Más del doble del salario medio bruto anual de entonces en España (24.009,12 euros, según el INE).

Cuando en junio de 2025 elDiario.es preguntó directamente a Jorge Rodrigo por este asunto, el responsable de Vivienda de la Comunidad de Madrid derivó la cuestión a su departamento de prensa. Una portavoz aseguró que “evidentemente él no ha tenido que ver” con la contratación de su pareja en la EMVS. E instó a no revelar información personal que pudiera constituir “una intromisión ilegítima del derecho al honor e intimidad de la persona”. Tras la nueva contratación de su pareja, la Consejería no ha respondido a este medio.

Rodrigo preside la agrupación del PP en el distrito de Salamanca, cuya concejal presidenta, Cayetana Hernández de la Riva, es consejera de la EMVS. Cuando esta entidad, una de las principales empresas públicas del ayuntamiento, contrató a F. T., su consejero delegado era Diego Lozano, hoy jefe de gabinete del alcalde de Madrid. Lozano fue también jefe de gabinete del expresidente madrileño Ignacio González, que previsiblemente será juzgado en septiembre de 2027 por las presuntas irregularidades y comisiones ilegales en las obras del campo de golf del Canal de Isabel II, una de las causas del caso Lezo, que estalló hace casi diez años.

Definido como el consejero “con mayor peso político” de Ayuso, Rodrigo fue designado vicesecretario electoral del PP por la presidenta madrileña en 2022, cuando era vicepresidente de la Asamblea de Madrid. En enero, tras unos meses apartado por un cáncer, se reincorporó a su Consejería, que se niega a aplicar los controles de precios de la Ley estatal de Vivienda para las zonas tensionadas.

También acaba de llevar al Tribunal Supremo el Plan de Vivienda del Gobierno, que blinda de forma perpetua la vivienda de protección oficial (algo que según Rodrigo vulnera la Constitución) y cuyos fondos la Comunidad de Madrid acabó aceptando (como otras regiones del PP) pese a su rechazo inicial. Suya ha sido la decisión de dejar fuera a los no empadronados en Madrid de los descuentos del abono transportes, excluyendo a miles de usuarios, sobre todo migrantes y estudiantes.

El popular lleva más de 25 años encadenando puestos con su partido, que incluso le encontró acomodo en Aussa, empresa semipública de aparcamientos en Sevilla, cuando en 2012, con Ana Botella como alcaldesa, se vio obligado a dimitir como gerente de Madrid Espacios y Congresos por la tragedia del Madrid Arena, en la que murieron cinco adolescentes en una fiesta de Halloween. Unos hechos por los que llegó a estar imputado, aunque acabó exonerado.

En los perfiles oficiales del equipo de Gobierno de Ayuso no hay mención a la etapa de Rodrigo en Aussa, cuyo socio privado desde 2010 (49% de las acciones) es Azvi. Esta constructora andaluza figuraba en los Papeles de Bárcenas con donaciones al PP de al menos 858.000 euros entre 2002 y 2008. En 2023 contrató como consultor a un tal Koldo García, recién condenado en el ‘caso mascarillas’ junto a Ábalos.

El pasado jueves, según su agenda oficial, Rodrigo mantuvo un encuentro con responsables de la constructora andaluza Sando, señalada hace años como otro de los grandes donantes del PP en esa contabilidad en B del extesorero de los populares.

Un día ha tardado el Ayuntamiento de Madrid en recolocar a la pareja de Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, tras su salida forzosa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), una contratación a dedo que cuestionó la Oficina Antifraude madrileña en diciembre. Su nuevo sueldo supera los 63.000 euros brutos anuales, el más alto de los que, como reveló elDiario.es, ha encadenado en la última década en organismos públicos gobernados por el PP en Madrid.

Sin título universitario y con un nivel de inglés “básico”, F. T., pareja del responsable de las políticas de Vivienda y Transportes de Isabel Díaz Ayuso, es ahora personal “de libre designación”, confirma el ayuntamiento. Cobra 63.134,12 euros, un 27% más que en la EMVS. Es su sexto puesto consecutivo en un organismo público en Madrid y el mejor pagado.

La EMVS, la mayor empresa pública de vivienda de España, se ha visto obligada a sacar a concurso este año la plaza que F. T. ocupaba de forma “temporal desde el 1 de diciembre de 2023 hasta que tenga lugar el proceso de selección para su cobertura definitiva”, como explicó la entidad a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento, en el marco de una investigación por esa contratación tras una denuncia de Más Madrid.

Antifraude reclamó en diciembre a la EMVS que le informara “sobre la conclusión del proceso de selección para la cobertura definitiva de la plaza”. La EMVS ha comunicado que se ha cubierto por promoción interna tras presentarse cuatro candidatos. F. T. “ha causado baja en EMVS Madrid, no manteniendo en la actualidad vinculación laboral alguna con esta empresa municipal”. Y Antifraude ha archivado el expediente, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es

Un portavoz de la EMVS declina precisar en qué fecha abandonó F. T. la empresa, al ser “datos personales”. Según fuentes internas, lo hizo hace unas semanas. Un día después de su salida se incorporó como personal eventual del equipo de José Luis Martínez-Almeida.

En la web del Ayuntamiento no hay datos sobre el perfil profesional de F. T. que deben publicarse para cumplir la ordenanza municipal de Transparencia. Tampoco figura la declaración de actividades e incompatibilidades, si realiza actividades privadas, si solicita compatibilidad o se compromete a cesar en actividades incompatibles antes de la toma de posesión; ni declaración de no incurrir en causa de incompatibilidad, exigida con carácter previo al nombramiento. “Lo cumplimentará como cualquier otro trabajador municipal”, aseguran desde el Ayuntamiento.

La pareja del consejero de Vivienda ha sido repescada por el consistorio después de que el 16 de diciembre Antifraude cuestionara que la EMVS cumpliera al contratar a esta persona las exigencias del Estatuto Básico del Empleado Público sobre “los criterios de acceso de igualdad, mérito y capacidad, así como los principios rectores contenidos en el artículo 55” de esa norma: “Publicidad, transparencia, agilidad, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar, así como la imparcialidad, profesionalidad e independencia de los órganos de selección”.

Antifraude criticó que la EMVS no dio “detallada explicación sobre cómo llegó el currículo de la persona seleccionada a la empresa, si se hacía algún tipo de publicidad para que quien se considerara con los requisitos necesarios pudiera presentarlo, o si procedían de procesos de selección para trabajadores fijos”. “No consta si hubo otros candidatos o, en su caso, detalle objetivado de los méritos valorados que justificaron la elección”.

Para justificar la elección de F. T., la EMVS indicó que debía “cubrir de forma urgente” esa plaza “temporal” y “entre los currículos que obraban en poder de la entidad se consideró que era el que más se adecuaba al perfil”. En un dictamen del 3 de junio, Antifraude insiste en que “la existencia de circunstancias concretas que justifiquen la contratación temporal puede conllevar una urgencia que requiere un procedimiento especialmente ágil”, pero “sin rehuir los principios de igualdad, mérito y capacidad, y máxime teniendo en cuenta que dicha temporalidad puede llevar al cabo del tiempo, en ciertas condiciones, a que el acceso acabe siendo permanente”.

No ha sido así, tras destacar Antifraude en diciembre “la importancia” de que al cubrir este año definitivamente esa plaza la EMVS respetara “la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio”.

Para la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, “este caso demuestra, una vez más, que el PP utiliza las instituciones madrileñas como su propia agencia de colocación. Colocar a dedo a amiguetes es una forma clara de entender el poder: los cargos para los suyos, para sus enchufados, y las normas para los demás”.

Maestre subraya que la denuncia de su formación ante Antifraude “obligó a la EMVS a prescindir de esa persona y a convocar la plaza por concurso público, como exige la ley. Es inaceptable, hasta la propia EMVS llegó a reconocer que ni siquiera podía aportar a la investigación de la oficina contra el Fraude la oferta de la plaza a esta persona, ni explicar cómo llegó su currículum y la solicitud del puesto”.

Simplemente, “le llamaron para que viniera a firmar el contrato”. “Lejos de reconocer la irregularidad y abrir una investigación interna y cesar a los responsables, como le reclamamos en su momento desde Más Madrid, Almeida ha optado por recolocarle en la Alcaldía, ¡buen plan!”.

Maestre reprocha al PP que exija “estándares de transparencia y moralidad que ellos mismos no cumplen, mientras colocan a dedo a sus amigos. Y cuando les pillamos y lo llevamos a la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, su solución no es pedir disculpas ni depurar responsabilidades: es darle un puestazo en la Alcaldía”. Y recrimina a Almeida su “enchufismo” para usar el Ayuntamiento “como si fuera su chiringuito particular,”. “Es una vergüenza inaceptable. Aquí hay responsabilidades políticas, administrativas y patrimoniales por la contratación ilegal de esta persona en la EMVS durante dos años y medio, que no pueden quedar impunes”.

Caminos distintos

F. T. tiene un perfil muy diferente al del responsable de las políticas de Vivienda de Ayuso. Rodrigo, con décadas en política, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y Máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Pontificia de Comillas, con programas de gestión pública en el IESE de la Universidad de Navarra (la escuela de negocios del Opus Dei) y Comillas-ICADE (de los jesuitas).

Su pareja, según el currículum oficial de su anterior cargo público en un organismo del PP madrileño, cursó en los 80 una FP, rama Administrativa, y tiene un inglés “básico”. Su carrera dio un giro cuando tras más de una década en el área contable de una empresa, hizo un cursillo no oficial de 150 horas de “Auxiliar de Protocolo” de la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) por 650 euros, incluyendo tasas académicas y materiales didácticos.

Acto seguido, empezó a encadenar puestos en Administraciones del PP: del Gobierno de Cristina Cifuentes al Ayuntamiento de Almeida, el Gobierno de Ayuso, la coordinación del gabinete de la Alcaldía de un relevante municipio madrileño (cobraba 62.600 euros brutos anuales, pero no duró ni cinco meses), la EMVS y ahora, de nuevo, el Consistorio de Almeida.

Cuando en junio de 2025 elDiario.es preguntó a Jorge Rodrigo por este asunto, el responsable de Vivienda de la Comunidad de Madrid derivó la cuestión a su departamento de prensa. La consejería no comenta esta nueva contratación. Rodrigo preside la agrupación del PP en el distrito de Salamanca, cuya concejal presidenta, Cayetana Hernández de la Riva, es consejera de la EMVS, una de las principales empresas públicas del Ayuntamiento. Su anterior CEO, Diego Lozano, es el jefe de Gabinete de Almeida.

Definido como el consejero “con mayor peso político” de Ayuso, Rodrigo se reincorporó en enero a su puesto tras unos meses apartado por un cáncer. Su consejería se ha negado a aplicar los controles de precios de la Ley estatal de Vivienda para las zonas tensionadas y acaba de llevar al Tribunal Constitucional el Plan de Vivienda del Gobierno. Suya es también la decisión de dejar fuera a los no empadronados en Madrid de los descuentos del abono transportes en Madrid, excluyendo a miles de usuarios, sobre todo migrantes y estudiantes.

El popular lleva más de 25 años encadenando puestos en diferentes Administraciones. Su partido le encontró acomodo en una empresa pública en Sevilla (con Juan Ignacio Zoido como alcalde) tras dimitir en 2012 como gerente de Madrid Espacios y Congresos por la tragedia del Madrid Arena: murieron cinco adolescentes en una fiesta de Halloween y llegó a estar imputado, aunque acabó exonerado.

A principios de 2025, tuvo que retractarse por una respuesta fuera de tono en la Asamblea de Madrid a la diputada de Más Madrid Luisa Escalante: “¡No me ponga morritos, que me descentro!”, le espetó, en un debate sobre el funcionamiento del transporte público en la región. Expresión que Escalante tachó de “sexista y machista” y “que no es propia de un consejero ni de este Parlamento autonómico”. Rodrigo se disculpó con la boca pequeña y minimizó los hechos: “No creo que haya sido así, si usted se lo ha tomado mal, le pido disculpas”.

Diputado en la Asamblea hasta 2023, desde ese año Rodrigo está a las órdenes de Ayuso, periodista de formación que apenas ha trabajado fuera de la política, cree que a los jóvenes “les falta cultura del esfuerzo” y aboga por el “mérito a la española” para “enfrentarse a la aventura de vivir” y “protegerse en un momento donde la ideología lo impregna todo”.

Manuel Bautista, alcalde de la localidad madrileña de Móstoles, ha recurrido la apertura de una investigación contra él por acoso sexual y laboral tras la denuncia de una exconcejala del PP en el municipio. Tal y como ha adelantado El País y ha podido comprobar elDiario.es, la defensa de Bautista reduce todas las acusaciones a “discrepancias personales” y conflictos “en el ámbito de las relaciones políticas” y solicita que, al menos, se suspenda la citación de la querellante del próximo 29 de junio hasta que exista una decisión firme sobre tu petición de archivo. Pide, además, que el PP no pueda ser considerado responsable de los hechos en el procedimiento tal y como pide la exconcejala.

La exconcejala de Móstoles denunció a Bautista de forma interna por un presunto caso de acoso sexual en 2024. Según el relato de la denunciante, este supuesto caso de acoso sexual derivó en otro presunto caso de acoso laboral por la negativa de acceder a las peticiones del alcalde. La exedil se reunió entonces con diferentes dirigentes del PP de Madrid como Alfonso Serrano o Ana Millán, aunque Isabel Díaz Ayuso no acudió a ninguna de estas reuniones y no recibió a la exconcejala. A quien sí recibió la presidenta de la Comunidad de Madrid fue al alcalde solo cinco días después de recibir por escrito la denuncia interna de la exedil. Ni el PP de Madrid ni su Comité de Derechos y Garantías activaron protocolos ni abrieron expediente. De hecho, desde que comenzó la polémica, la posición oficial del partido y de la presidenta ha sido la de respaldar a Bautista.

Finalmente, la exconcejala decidió presentar una querella el pasado 16 de febrero. El 9 de marzo reclamó “un impulso procesal” porque casi un mes después no se había avanzado en la denuncia. La Fiscalía pidió entonces abrir una investigación, como finalmente ha ocurrido y ella ha sido citada el próximo 29 de junio para ratificar sus acusaciones y ser examinada por un forense.

En un escrito de casi 80 páginas, la defensa del alcalde de Móstoles cuestiona que el relato de la exconcejala, incluso siendo asumido de forma literal, pueda implicar la apertura de un proceso penal como ha hecho el juzgado de violencia sobre la mujer de la localidad. Todo son, según su versión, “discrepancias personales, conflictos de funcionamiento interno, decisiones organizativas, percepciones subjetivas, valoraciones personales y actuaciones desarrolladas en el ámbito de las relaciones políticas y partidarias”.

La exedil describió en su querella cómo rechazó las propuestas sexuales de Manuel Bautista y cómo, a partir de entonces, fue sometida al ostracismo hasta su salida de la política y dimisión como concejala. El recurso presentado ahora por el regidor empieza por negar la existencia de acoso sexual ante, dice, “una ausencia absoluta de solicitud de favores de naturaleza sexual”, achacando la querella a “interpretaciones posteriores” de lo que no pasam de ser, según su criterio, “malentendidos relacionales”.

La defensa del alcalde entiende también que “no cualquier conflicto interpersonal en el ámbito laboral resulta penalmente relevante” que en este caso, además, el PP no debería ser responsabilizado. Tampoco encuentra pruebas de las secuelas psicológicas que denuncia su antigua colaboradora: “El relato se apoya exclusivamente en expresiones genéricas de malestar emocional como ”incomodidad“, ”miedo“, ”vergüenza“ o ”sobresalto“. Tampoco hubo, alega, coacciones ni revelación de secretos por la difusión de unos correos electrónicos.

La exconcejala del PP está llamada a declarar en los juzgados de Móstoles el próximo día 29 de junio, momento en que también será evaluada por un forense como es habitual en estos casos. La defensa del alcalde pide suspender esta comparecencia hasta que exista una decisión firme sobre su recurso. Y alerta de los “efectos difícilmente reversibles” que tendría para él seguir adelante con una causa que, añade, “ha adquirido una notable repercusión pública y mediática”. “La continuación de la instrucción en estas circunstancias podría ocasionar perjuicios reputacionales y personales de imposible reparación ulterior en caso de prosperar las pretensiones de esta parte”.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha pedido al Tribunal Supremo que mantenga oculto un informe jurídico clave sobre Madrid Network, la asociación fundada a instancias de Esperanza Aguirre y cuyos impagos de un préstamo multimillonario otorgado en 2011 ya han provocado un agujero de 70 millones en las cuentas públicas regionales. Encargado en 2017 por el gabinete de Cristina Cifuentes a un prestigioso bufete, Uría Menéndez, el informe –y así constaba en el pliego de condiciones– había de indicar “cómo debería proceder la Comunidad de Madrid” para “asegurar sus legítimos intereses” en caso de impagos para la devolución de los 80 millones transferidos a Madrid Network cuando la entidad, opaca y que nunca ha presentado cuentas en el Registro de Asociaciones, estaba presidida por el consejero de Hacienda. Ayuso trabajó en el departamento de prensa de Madrid Network hasta que en 2011 logró un escaño.

El convenio que dejó esos 80 millones en manos de Madrid Network prevé su resolución anticipada en caso de impago. Pero hasta ahora, el Gobierno madrileño no ha dado ningún paso para cancelar el acuerdo, cuya vigencia expira el año que viene. Y aunque portavoces autorizados deslizaron hace meses que había en marcha una demanda, tampoco hasta hoy se ha verificado ninguna actuación judicial de la Comunidad contra Madrid Network. La asociación suscribió de forma discrecional 47 préstamos con empresas que, en ciertos casos, no solo no devolvieron los fondos sino que se esfumaron literalmente del mapa.

Entre los beneficiarios de préstamos jamás devueltos figuran entidades directamente vinculadas a antiguos altos cargos de la etapa de Aguirre y de su sucesor, Ignacio González: la primera, una asociación que entonces presidía el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, el dirigente que acusó en falso a los médicos de Urgencias del hospital Severo Ochoa de sedaciones irregulares y homicidios; y dos empresas dirigidas por Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González. De esos dos últimos préstamos, uno sigue pendiente de pago.

Al recibir esos 80 millones para su distribución entre sus empresas “asociadas” como préstamos a bajo interés, Madrid Network se comprometía a ir devolviendo en plazos el dinero al Ejecutivo regional para que este, a su vez, se lo reintegrara al Ministerio de Ciencia. La asociación solo ha devuelto 10,9 millones, con lo que ya ha provocado un agujero de más de 70 millones en las cuentas madrileñas. Y ello porque la Comunidad de Madrid sí ha ido abonando cada año el importe pactado en 2011 con el Ministerio.

Un informe “trascendental”

La sentencia cuya anulación, como ha adelantado la Cadena Ser, busca ahora el Gobierno de Ayuso fue dictada el pasado 21 de abril por Sección Octava de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Al igual que en un contencioso previo –aquel por el que la Comunidad pretendía mantener también en secreto las memorias anuales de Madrid Network–, el TSJM ha tumbado la negativa a facilitar el informe de Uría Menéndez al periodista de la Cadena Ser que en 2022 solicitó acceso al documento en aplicación de la Ley de Transparencia. El Consejo de Transparencia aceptó la solicitud de la SER pero el Gobierno se negó a facilitarle el informe y acudió al TSJM.

En lo que respecta a las memorias anuales, el Supremo ni siquiera admitió a trámite el recurso de casación de la Comunidad de Madrid. Lo previsible es que, dada la jurisprudencia sobre acceso público a documentos, haga esta vez lo mismo.

El argumento esgrimido ahora por el Gobierno de Ayuso para seguir guardando bajo llave el informe del citado bufete se resume así: que se trata de un informe de apoyo que no obliga a cumplir lo que sus autores propongan. En su sentencia, el TSJM subraya que, como paradójicamente expuso el letrado de la Asamblea de Madrid –institución con mayoría absoluta del PP y representante del Consejo de Transparencia, parte opuesta a la Comunidad de Madrid en este caso–, “si una Administración solicita un informe jurídico a un despacho de abogados prescindiendo del parecer de sus propios servicios jurídicos, ello no puede tener otro motivo que fundar su decisión en el citado informe por considerar que el mismo tiene carácter trascendental”.

Desde la Consejería de Hacienda han remitido la siguiente respuesta ante las preguntas de elDiario.es: “La Comunidad de Madrid siempre ha acatado las decisiones de la Justicia, como también ha ejercido su derecho legítimo a recurrir a instancias superiores aquellas sentencias que no son firmes y con las que no esté de acuerdo. En este caso en concreto ya se ha presentado el correspondiente recurso de casación”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido este lunes al polémico anuncio del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), que ha decidido excluir a los no empadronados de la Tarjeta de Transporte Público Personal, un abono que sirve para obtener bonificaciones en la red de Metro, bus o Cercanías. La decisión perjudicará sobre todo a estudiantes y personas migrantes que vivan en la región. Según ha asegurado Ayuso, su Ejecutivo pretende “promover acuerdos con más regiones” para los jóvenes universitarios.

Durante un desayuno informativo, la líder del PP de Madrid ha indicado que los nuevos requisitos, aplicables desde este mismo lunes, no afectarán a “los usuarios de provincias limítrofes” con las que la Comunidad tiene “convenio” y ha asegurado que esta decisión responde a “otra realidad”: “El contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo use o no lo use”. Según ha continuado la presidenta regional, “hay que seguir” modernizando este transporte y adaptándolo, una situación que “hay que pagar”.

Ayuso ha indicado que ya hay convenio con algunas poblaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León y ha dicho que se seguirán impulsando otros acuerdos regionales para que los estudiantes puedan acogerse a las bonificaciones, aunque no se ha referido a las personas migrantes que se quedarán fuera por no estar empadronadas en la Comunidad de Madrid.

Críticas de Más Madrid

Más Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la Asamblea de Vallecas para la “retirada inmediata” de la disposición. La portavoz del partido, Manuela Bergerot, ha asegurado que la medida “va a hacer la vida más difícil” tanto a estudiantes como a trabajadores que mantienen el padrón en sus provincias de origen y a “miles de personas migrantes que, en distintas situaciones administrativas, encuentras trabas para empadronarse en la Comunidad de Madrid”.

“Ayuso no necesita a Vox para hacer la vida más difícil a las personas migrantes”, ha asegurado. El partido también preguntará sobre el tema en el próximo pleno de la Asamblea de Vallecas.

Cuando Gabriel Navarro, empresario y constructor de Madrid, se sentó a tomar un café con Alfonso Javier Ussía, asesor entonces de Presidencia de Isabel Díaz Ayuso, pensó que sus problemas iban a desaparecer. Sus problemas eran 1,4 millones de euros que le debía la Comunidad de Madrid después de haber construido un centro de Formación Profesional (FP) de la rama sanitaria en el complejo educativo Ciudad Escolar en 2023. Ussía le dijo en una cafetería junto al despacho de Ayuso, en la plaza Mayor, que no se preocupara, que “lo iban a solucionar”. Pero no solo no se solucionó, sino que nunca más le cogieron el teléfono, según declaró Navarro a la jueza que instruye un caso de presunta prevaricación durante el primer gobierno de Ayuso, destapado por elDiario.es.

No le pagaban porque era una obra construida ilegalmente, fuera del sistema, sin sacar a concurso, con fraccionamiento de facturas, sin auditoría, sin competencia ni publicidad. No existía en los registros. Pero no era la única, ni Navarro era el único empresario con el que se construyó así. Hay al menos otros nueve centros educativos y de FP que se hicieron troceando contratos para hacer pasar obras de envergadura por contratos menores (tienen un límite de 40.000 euros y con ellos no hace falta hacer un concurso público). Se dieron unos ocho millones a dedo entre los años 2021 y 2023, según la cifra que maneja la Fiscalía, pero que puede ser mayor.

El empresario Navarro insistió y logró que le hicieran caso en la Consejería de Educación –entonces estaba en manos de Emilio Viciana, conocido miembro del malogrado 'clan de los Pocholos' que acabaron dimitiendo en bloque–. Les contó el caso del impago y ante la evidencia de que era un expediente fantasma se abrió una investigación interna. Tan graves fueron los indicios encontrados por la inspección que Viciana ordenó remitir el caso a la Fiscalía para abrir una investigación penal. Lo hizo pese a que el caso afectaba de lleno a sus predecesores en la Consejería que eran, nada menos, que dos de las personas más cercanas actualmente a Isabel Díaz Ayuso y de gran peso en el PP de Madrid. El exconsejero Enrique Ossorio (hoy presidente de la Asamblea de Madrid) y la exviceconsejera de Educación Rocío Albert (hoy consejera de Economía y Hacienda de la presidenta madrileña). Es algo que no se le perdonó a Viciana en la Puerta del Sol, cuentan fuentes conocedoras del caso, y es uno de los factores por los que cayó en desgracia.

La Consejería circunscribió el caso a un subdirector de FP al que cesó y está investigado. Y apuntó a directores de varios centros aunque la Fiscalía sospechaba en sus informes de responsabilidades más altas. Viciana encargó también auditorías de cuentas de varios centros del complejo de Ciudad Escolar y tres centros más, afectados por reformas fuera del sistema (el artístico Alberto Corazón, el conservatorio de Alcalá de Henares y el Antonio Machado). Según la documentación oficial a la que ha tenido acceso elDiario.es, en todos los casos, los auditores de la Comunidad de Madrid –precisamente a las órdenes del departamento de Rocío Albert, la Consejería de Hacienda– han hallado un comportamiento achacable a la Consejería de Educación e indicios que hacen imposible que fuera un caso aislado u organizado desde abajo.

Estos documentos internos de la propia Comunidad de Madrid gobernada por Ayuso revelan que desde la Consejería liderada por Ossorio se enviaba a los centros cientos de miles de euros para “gastos de funcionamiento” que eran sospechosamente coincidentes con los importes de las obras que se acabaron haciendo. Además, no se especificaba el concepto del dinero enviado, lo que generaba mayor opacidad. Por ejemplo, en el caso de la Escuela de Arte Alberto Corazón, la inspección detecta lo siguiente: “A pesar de que la documentación que soporta los ingresos abonados por la Consejería no especifica los gastos que se van a financiar, se puede apreciar la correlación de ingresos percibidos con pagos por banco para la empresa (constructora)”. Después hace un listado detallado de los mismos.

La intervención también apunta a la cúpula como la única que podía enviar el dinero, ya que los directores (profesores con cargo) solo pueden gestionar lo que se les envía: “Desde la Consejería se ingresa a los IES elevados importes vinculados a la implantación de enseñanzas, tanto para obras como equipamiento, cuando los centros solo tienen competencia para realizar reposiciones”. Y añade: “El centro no tiene competencia para autorizar dichos gastos”. En el caso del centro sanitario de Ciudad Escolar, apunta a que el elevado importe de construcción, 2,5 millones de euros, hacía imprescindible no solo sacar a concurso, sino que hubiera sido autorizado por el consejo de Gobierno de Ayuso.

En otra de las auditorias, del Conservatorio de Alcalá, los inspectores redactan claramente respecto a obras de insonorización y otras: “No se ha tramitado por parte de la Consejería el correspondiente expediente, pese a ser conocedora de la cuantía de los gastos a acometer”.

La declaración en el juzgado de instrucción de los directores de los IES bajo investigación fueron coincidentes en que hacían lo que les decía Alfonso Mateo, el subdirector de FP cesado. Este declaró en sede judicial que heredó ese modelo y que para enviar dinero a los distintos centros de Madrid con distintas cantidades se hacían memorias justificativas –de dos folios y sin ninguna precisión, como ha podido constatar elDiario.es– en un proceso administrativo que requería de la firma del consejero, entonces Enrique Ossorio. Un ex alto cargo de Ayuso, entonces director general de Secundaria, también dijo en mayo ante la jueza que el proceso de enviar dinero a los centros necesitaba de la firma del hoy presidente de la Asamblea.

El caso sigue siendo investigado y, por su complejidad, el juzgado ha solicitado una prórroga para poder seguir citando a testigos y recabando pruebas sobre un presunto delito de prevaricación que, según apuntó en su escrito la Fiscalía, se trató de una “palmaria y grosera omisión del procedimiento” de manera reiterada en la Consejería de Educación.

Las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP tienen por primera vez en mucho tiempo una pugna abierta por su presidencia nacional. El congreso, convocado para el próximo 11 de julio, enfrentará al menos a dos candidatos: Ignacio Dancausa, líder de las juventudes del PP de Madrid y candidato con el respaldo explícito de Isabel Díaz Ayuso y la simpatía del secretario general del partido, Miguel Tellado, y Antonio Landáburu, presidente de esta organización juvenil popular en la Región de Murcia, que ha anunciado este martes su candidatura con un discurso de unidad territorial y apoyo a Alberto Núñez Feijóo.

“Es el momento de mojarnos”, ha apuntado Landáburu en un vídeo la publicado en la red social X, donde ha escenificado su anuncio en el Kilómetro 0 y en la fuente bajo la estatua ecuestre de Carlos III de la Puerta del Sol. “Esto va de unir a todos los jóvenes en torno al proyecto de Alberto Núñez Feijóo”, explica en esa misma publicación.

“En este tiempo, muchos compañeros me han animado a dar el paso”, señala el diputado regional aguileño en la red social. Su objetivo, añade, es “construir unas NNGG más fuertes, más vivas, más territoriales y más unidas, una organización donde cada afiliado cuente, donde todos los territorios sean protagonistas”.

En esta breve alocución repite la palabras “todos” hasta en nueve ocasiones, queriendo reflejar en su propuesta de 'Juntos, vamos a más' una imagen más descentralizada y plural de las Juventudes del PP. La periferia también quiere llegar al centro del tablero político popular, tal y como hizo Feijóo desde Galicia. Landáburu aspira a encarnar, precisamente, esa sensibilidad descentralizada que Génova necesita equilibrar frente al peso específico de Madrid.

Landáburu (Águilas, 1997), con estudios en Derecho aunque sin terminar la licenciatura por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), lleva toda su trayectoria política vinculado a las juventudes del PP. Fue secretario general de NNGG en Águilas y concejal en ese municipio costero entre 2019 y 2023, y preside la organización juvenil autonómica desde 2021. Actualmente, es diputado en la Asamblea Regional, donde ejerce como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y defiende las iniciativas de juventud y vivienda.

Respaldos explícitos

El aguileño llegó a la presidencia de NNGG de la Región tras un proceso marcado por las tensiones internas. En octubre de 2021, cuando dimitió el anterior presidente de la gestora, Francisco José García, la dirección nacional de esta organización juvenil del PP designó a Landáburu como su sucesor sin convocar un congreso, lo que provocó una concentración de protesta de militantes críticos frente a la sede del partido, que exigían elecciones democráticas conforme a los estatutos. El nombramiento contó con el respaldo explícito del jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, del que Landáburu se había declarado “fan incondicional”.

Ocho meses después, ya con el congreso convocado, el actual presidente de las NNGG murcianas se presentó como candidato único con 741 avales -cuando solo se necesitaban 85- y ningún rival se atrevió a disputarle el liderazgo. El 15 de octubre de 2022 fue elegido presidente con el 99,2% de los votos en el XIV Congreso celebrado en Murcia, poniendo fin a cuatro años de interinidad en la organización juvenil del PP regional.

Su contendiente, Dancausa, fue elegido presidente de NNGG Madrid en noviembre de 2022 con el 95% de los votos, por designio de Díaz Ayuso, quien vio en él un futuro líder y valoró especialmente su perfil emprendedor y su presencia en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, uno de los bastiones universitarios de la izquierda.

Afiliado al PP con 18 años, mezcla en su trayectoria la actividad política con experiencias laborales y empresariales y, con 24 años, dirige la estructura juvenil popular más numerosa del país en cuanto a afiliación. Si resulta elegido, se convertiría en uno de los interlocutores orgánicos más próximos a Ayuso en el seno del Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Presente y futuro

Casi todo el que manda algo en el PP ha pasado por Nuevas Generaciones, la organización juvenil que sirve para formar a los cuadros llamados a ocupar los cargos más relevantes. El caso más ilustrativo es el de Juan Manuel Moreno, que presidió NNGG entre 1997 y 2001 antes de convertirse en presidente de la Junta de Andalucía. Ayuso, por su parte, medró desde la organización autonómica madrileña que entonces lideró Pablo Casado, quien a su vez llegó a la presidencia nacional del partido. La organización juvenil es el primer espacio donde se dirimen las correlaciones de fuerzas que años después aterrizan en los congresos regionales y nacionales.

La alcaldesa de Alcobenadas, Rocío García Alcántara, del PP, ha acudido a los polémicos premios Platino en Riviera Maya, a los que finalmente no asistió Isabel Díaz Ayuso. Según ha adelantado Cadena Ser y ha confirmado elDiario.es, la edil ha aparecido en una fotografía en primera fila y desde el Ayuntamiento aseguran que se trata de un viaje privado.

La imagen en la que se aprecia a Alcántara ha sido distribuida a través de las cuentas oficiales de los premios, que se celebran este año en Riviera Maya:

Según el gabinete de prensa del Ayuntamiento ha confirmado a Cadena Ser, la alcaldesa no está representando a la ciudad de Alcobendas y, tal y como aseguran, el viaje no ha sido costeado con dinero público. Las mismas fuentes remiten a elDiario.es a la información ya publicada por la cadena de radio.

Mientras, el PSOE de la ciudad pide “respuestas” ante la aparición de García Alcántara:

Ayuso, sin agenda institucional

Los premios iban a contar en principio con la asistencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, el viernes por la noche, el Gobierno de Ayuso emitió un comunicado por el que anunciaban que la madrileña suspendía su viaje a México y volvía antes de lo previsto, acusando al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum de crear un “clima de boicot” y de haber “amenazado” a los organizadores de dichos premios con el fin de impedir su asistencia.

El grupo Xcaret, dueños del complejo hotelero que alberga la gala, negó las acusaciones de la Comunidad. Aseguraron que fueron ellos mismos quienes pidieron retirar la invitación a la presidenta “debido a sus desafortunadas declaraciones”. También el Ejecutivo de Sheinbaum negó estas acusaciones.

Para la mayoría de nosotras, San Isidro es bailar en Las Vistillas con nuestras amigas. Regalarnos claveles las unas a las otras. Ir a la pradera para celebrar la diversidad de nuestra ciudad y la vida en nuestros espacios públicos, que se visten de chulapa para la ocasión y nada tienen que ver con esa otra cultura de muerte que no nos pertenece.

Mientras, los eventos taurinos vuelven a Madrid por San Isidro. Aunque nunca se fueron. En el lado sombrío de la fiesta, la Plaza de Las Ventas acoge la última voluntad de la barbarie y se convierte, del 9 de mayo al 15 de junio, en el escenario de 21 corridas de toros, tres novilladas y dos eventos de rejoneo. Además, entre el 28 de abril y el 12 de mayo, se celebra la Feria de la Comunidad de Madrid y, antes, la conocida como “preferia”. Subvenciones, academias ideológicas para niños toreros, lobbys y el Centro de Asuntos Taurinos como institucionalización de la crueldad tratan de revivir un negocio decadente en un país donde más del 75% se declara antitaurino.

El pasado 3 de mayo fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) una nueva convocatoria de subvenciones a la tauromaquia: la cifra asciende a los 50.000 euros de dinero público. Esta sustituirá a la anterior, vigente desde 2010. Organizaciones taurinas sin ánimo de lucro podrán solicitar hasta 3.000 euros, con un pago por anticipado del 100% y sin necesidad de presentar ningún aval o garantía –así lo promociona la web oficial de la Comunidad–.

El 75% de las ciudadanía española se declara antitaurina. Según un estudio presentado por Sigma Dos para el diario El Mundo en 2025, casi el 70% ya lo era hace un año. La última Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales (EHPC) del Ministerio de Cultura para el periodo 2024-25 confirma que únicamente un 8% de los españoles asistió a algún acto taurino –desde 2002, el dato más alto de asistencia no llega al 10% --. Ya en 2011, se reveló que el 67,7% de los madrileños rechazaba subvencionar con fondos públicos los toros en un estudio llevado a cabo por ADDA.

El Centro de Asuntos Taurinos o la institucionalización de la crueldad en Madrid

El Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, brinda protección a la tauromaquia y a los matadores –los toros se quedan fuera de su espacio de seguridad–. Matador es el que mata. En el diccionario, esta palabra aparece junto a los sinónimos criminal, asesino y homicida. Pero también al lado de “torero” y “diestro”. El toreo es un asesinato con otro nombre. Uno más colorido donde, sin embargo, el rojo de la sangre no cambia. Como tampoco cambian los intentos de la Comunidad por mantener vivo un plan en decadencia. Año tras año, la tauromaquia llama la atención sobre su propia crueldad por San Isidro y menos madrileños se identifican con sus prácticas. 

Tanto el Museo Taurino como la Plaza de Las Ventas y su academia, la Escuela Taurina José Cubero “Yiyo”, son gestionados por el Centro de Asuntos Taurinos; que, de hecho, se ubica en la misma plaza de toros de Madrid. También organizan exposiciones, actividades gratuitas y otras citas para atraer al pueblo hacia el sector con un ocio que disfraza la tortura y que, además, la acerca a niñas y niños menores de edad, un grupo altamente manipulable y sensible a la violencia.

Escuelas taurinas: una academia ideológica para niños menores de edad

El pasado 1 de mayo, la organización taurina Chenel y Oro organizó el 'Día del Niño en Las Ventas', con la colaboración de la Comunidad de Madrid, dirigido a menores de 16 años. Lo anunciaron como una “gincana infantil hasta los 12 años y toreo para el resto”. Esta convocatoria enlaza con la labor de su escuela José Cubero “Yiyo”, donde enseñan a los niños no solo a normalizar la violencia, sino a ejercerla como “un arte” mediante el toreo. ¿Por qué no aprender, en su lugar, a pintar cuadros o a escribir relatos? El caballo de Nietzsche se puso en contacto con la academia taurina para preguntárselo. Tras una primera conversación telefónica, se le hicieron llegar una serie de cuestiones a su responsable de prensa. Todavía estamos esperando la respuesta.

Quien sí tiene algo que decir al respecto es el Comité de Derechos del Niño de la ONU, que en su informe 2026 sobre España ha reiterado su preocupación “por que los niños sigan presenciando la violencia y muerte de los participantes durante las fiestas taurinas”. Su recomendación es establecer una edad mínima de 18 años, tal y como sucede con drogas como el tabaco y el alcohol. Además, el Comité de la Organización de Naciones Unidas insta a informar de los efectos que tiene en los niños la violencia de las corridas de toros. Un dato para reflexionar: solo en 2024, la Fundación Franz Weber registró más de 400 eventos taurinos con acceso infantil. 

Cuando el Ministerio de Cultura dejó de financiar el Premio Nacional de Tauromaquia

Aunque el sentir mayoritario de la población de España, un país democrático (recordémoslo, por si acaso), hace ya tiempo que va en otra dirección, marcar la equis cultural en la declaración de la renta no solo implica apoyar al cine o a la música. Hasta 2024, el Premio Nacional de Tauromaquia era financiado directamente por el Ministerio de Cultura. En 2026 se sigue concediendo, con una dotación de 30.000 euros.

¿De dónde sale este presupuesto ahora? Por un lado, de la Fundación Toro de Lidia (FTL), su principal impulsora, que actúa como un lobby bajo la configuración de ONG. Por otro, el Senado de España, sede del galardón y su mayor sostén institucional. Además, diez comunidades autónomas lo apoyan: Madrid, Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia, Valencia y la Ciudad Autónoma de Melilla. Ayuntamientos y otras entidades municipales, junto a asociaciones taurinas locales, le prestan respaldo económico y moral.

¿Quién está detrás de la Fundación Toro de Lidia?

En 2024, la Fundación Toro de Lidia fue condecorada con la Medalla de Madrid durante las fiestas de San Isidro. Al año siguiente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló un convenio de 1,4 millones de euros entre la Comunidad de Madrid y la FTL por no haber pasado por ningún tipo de concurso público para obtener esta subvención millonaria. 

Según reza la web de la fundación, se trata de “una entidad sin ánimo de lucro destinada a la promoción y la defensa jurídica de todas las tauromaquias en España”. Su presidente, Victorino Martín García, es ganadero y extorero. Al frente de la vicepresidencia se encuentra Fernando Gomá Lanzón, fundador de la Fundación Hay Derecho, que trabaja por “la regeneración institucional” y “la defensa del Estado” –entre sus acciones actuales, destaca una recogida de firmas para que los servicios de ADIF, Renfe, ISDEFE, Correos, AENA o SEPI pasen a manos de “una dirección profesional basada en el mérito y la capacidad”–. 

FTL cuenta con hasta diez vocales vinculados al mundo taurino. Entre ellos hay una única mujer, Mar Gutiérrez, una incorporación reciente que representa a su vez a la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET). Bajo el lema “Hazte amigo”, solicitan donaciones con el fin de “mantener viva una tradición única” o “respaldar las acciones de defensa y promoción que la tauromaquia necesita”. Tienen un convenio con la Fundación ONCE. Algunos gobiernos autonómicos y locales del PP y VOX contribuyen a financiar sus actividades.

El caballo de Nietzsche ha contactado telefónicamente con la Fundación Toro de Lidia con el objeto de entrevistarles para este artículo. Después de haberles enviado nuestras preguntas, no hemos obtenido respuesta.

La ILP antitaurina fallida a pesar de contar con el apoyo del pueblo

En febrero de 2025, se presentó en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), apoyada con 715.606 firmas de la ciudadanía –un 42% más de lo exigido–, que pedía derogar la ley que considera a la tauromaquia patrimonio cultural. No era la primera ni, a juzgar por el sentir popular, será la última. Bajo el lema 'No es mi cultura', personas de toda España se unieron en una conciencia colectiva para abolir la protección legal de la violencia ejercida hacia los animales en la arena. El 7 de octubre se votó en el Congreso, con el apoyo de Sumar y Podemos, el rechazo del PP y VOX, y la abstención del PSOE. La propuesta no salió adelante.

Su propósito era acabar con la ley 18/2013. Antes de su puesta en vigor, las competencias en materia de cultura y espectáculos recaían en las comunidades autónomas. Gracias a ello, Cataluña pudo eliminar las corridas en 2010 y Baleares prohibió la muerte de los toros en las plazas en 2018. Al prevalecer dicha ley sobre las determinaciones autonómicas, su naturaleza centralista anuló estos y otros avances para los derechos de los animales. En el caso de Madrid, las instituciones se sientan juntas en el palco para contemplar el espectáculo de su San Isidro. Pero, ¿hasta cuándo?

Ni siquiera la Iglesia católica se ha sumado en México a la operación de Díaz Ayuso de reivindicar con orgullo el pasado colonial del imperio español. La presidenta madrileña tenía previsto homenajear a Hernán Cortés con una misa, pero la Iglesia acabó cancelándola por la presión social y política que había desencadenado la iniciativa. Si bien es verdad que la Iglesia ha alegado falta de permisos para el espectáculo de Nacho Cano, algo del todo verosímil dados los precedentes legales del artista. En todo caso, el mensaje no puede ser más claro: la restauración ideológica reaccionaria que encabeza Ayuso se queda a la derecha de la jerarquía de los católicos, que en México son amplia mayoría.

La provocación no debería impedirnos ver lo que hay más allá. Ayuso ha ido a México a desplegar y consolidar una narrativa que le permita ubicar su liderazgo en el plano nacional e internacional, muy lejos del que le corresponde como presidenta autonómica. No es la primera vez, pues anteriormente ha visitado Estados Unidos y se ha reunido con Milei con la misma intención. Incluso antes, en plena pandemia de la COVID, se reunió con Pedro Sánchez en lo que simbólicamente se hizo creer que era un encuentro internacional de alto nivel. Pero no son solo los viajes lo que la sitúa simbólicamente al nivel de los presidentes nacionales, sino que Ayuso también utiliza la confrontación constante a fin de que se consolide en el imaginario público la idea de que ella es la antítesis de las izquierdas mundiales. Con cada gesto y con cada palabra, no importa sobre qué tema, ella está siempre en el “otro lado”. 

De hecho, son las formas trumpistas las que permiten que cale esa idea. Si se limitara a visitar a los presidentes de otros países, la cosa chirriaría, pero tampoco sería un asunto exclusivo de ella. Además, probablemente no se enteraría mucha gente. Resulta que, en política, existir significa ocupar el centro de atención; algo que se consigue con más facilidad cuanto más espectacular sea el mensaje transmitido. Si eres formal y respetas las instituciones, tu mensaje se pierde en el ruido cotidiano. Si te acoges al escándalo, tendrás la atención asegurada. Ayuso lo sabe, y por eso preparó el terreno antes denunciando que México era un «narcoestado», el mismo concepto con el que Trump se refiere al país gobernado por Claudia Sheinbaum. El guion es conocido: montar un show para generar atención y, cuando ya todos están mirando, decirle al mundo que eres quien manda en lo tuyo.

La elección de México tampoco parece casual. Tras meses de distensión entre los gobiernos español y mexicano, que incluyeron una descafeinada petición de disculpas por parte de Felipe VI, la actitud de Díaz Ayuso encaja en su sabotaje continuado al Ejecutivo progresista. De paso, le lanza un aviso a la Casa Real, como si en el fondo les estuviera llamando “derechita cobarde” por asumir parte del discurso “anti-español” que subraya la desmedida violencia de los conquistadores. En el fondo, Ayuso les está diciendo a sus votantes que es más y mejor española que el rey.

Al margen de la Casa Real, quien más debe temer esta estrategia no es Pedro Sánchez ni las izquierdas, sino Feijóo. El discurso de Díaz Ayuso, hoy por hoy, no es competitivo en la mayoría de España: solo lo es en una burbuja como Madrid, donde décadas de gobierno del PP han construido las bases materiales que sostienen una sociología tan ranciamente conservadora y distinta a la del resto del país. Un liderazgo nacional de Ayuso generaría más tensiones con la extrema derecha, por solapamiento de discursos, pero tendría muchas menos opciones en unas generales, donde importa más cómo es el ciudadano medio que el militante de partido. Sin embargo, con cada gesto de Ayuso —casi todos fuera de sus competencias—, la líder madrileña le está recordando a Feijóo que el liderazgo de Génova es subsidiario del de Sol.

Estoy convencido de que estas cosas no gustan en la sede nacional del Partido Popular. Al fin y al cabo, ellos no controlan los acontecimientos ni la agenda política que ella marca, y a pesar de eso tienen que salir a justificar a Ayuso a cada paso que da. Quizás también están asustados tras la experiencia de Pablo Casado, quien tras meses titubeando, decidió finalmente confrontar con Ayuso y denunciar los tejemanejes de la presidenta madrileña: su combate no duró ni un asalto, y lo dimitieron de facto en beneficio de Ayuso. Sea como sea, ella ha conseguido que se instale la idea de que ella es la referencia indiscutible de la derecha española incluso aunque carezca del poder orgánico correspondiente. Su ideología, un proyecto nebuloso construido más con intuiciones reaccionarias que con programas específicos de intervención pública, está asfixiando a los sectores tradicionales del PP. Si tienen algo que decir, no se les está escuchando.

Desde la crisis financiera de 2008, y de forma acentuada desde la pandemia, las derechas vienen buscando un nuevo relato identitario que sustituya al proyecto neoliberal fracasado. El populismo autoritario de Trump y Orbán, pero también el de Milei o Bolsonaro, se ha presentado como vía atractiva para un conjunto de líderes con la brújula tradicional rota. Ayuso, que no destaca por su elaboración intelectual, tiene sin embargo una gran capacidad para apropiarse de ese nuevo “sentido común” en la derecha y para concentrar así una creciente base social en torno a su figura. 

Por eso Ayuso necesita la figura romantizada de Cortés, por un lado, y al gobierno de México y a los pueblos originarios protestando, por otro: porque en su política, la confrontación es el contenido. Es puro trumpismo. Lo de México es la continuación de una operación que lleva años en marcha, y que está fijando los términos en los que la derecha española entera habla de sí misma y del mundo. Una derecha que, ante la falta de ideas novedosas en este momento de crisis ecosocial, necesita homenajear lo que sucedió en 1521. En el fondo, y como el resto de las extremas derechas del mundo, Ayuso apela a las emociones de una ciudadanía frustrada por la situación económica y desconcertada ante el futuro, ofreciéndoles nostalgia de viejos y destructivos imperios. Así que sí: Ayuso es una provocadora porque puede, porque le funciona, y porque está en una guerra cultural de largo aliento.