La periodista y escritora Rosa María Artal, colaboradora de elDiario.es desde su fundación, será reconocida el próximo jueves 22 de octubre con el X Premio por la memoria y la paz de la Asociación 11M de Afectados del Terrorismo en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la verdad sobre los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Madrid en marzo de 2004.

La asociación de víctimas del terrorismo ha elegido a la periodista en esta décima edición de su galardón, cuya entrega tendrá lugar esta semana en el Espacio Mujer Madrid en la sede de la Fundación José María de Llanos, por su trayectoria profesional y, especialmente, por “su compromiso con la verdad respecto a los atentados del 11 de marzo de 2004”.

La informadora considera “un orgullo recibir un premio con los símbolos de la Paz y la Memoria”. Artal recuerda que los atentados de 2004 fueron los mayores ocurridos en España y en Europa y reconoce que se sintió “muy vinculada” a sus víctimas desde el primer momento.

“Aquella sucesión de bombas parecían tener un sello distinto al terrorismo que por desgracia veníamos sufriendo en nuestro país”, rememora la periodista, quien tuvo claro que “algo raro estaba pasando” cuando vio “la obstinación del gobierno del PP, desde la misma mañana del día 11 de marzo, por centrarse en aquel 'No hay duda, ha sido ETA' que dijo el ministro del Interior, Ángel Acebes, en su primera comparecencia”. “Y así era”, apostilla.

“El PP se esforzó tanto en disuadir otra autoría que no fuera ETA que se saltó todos los límites. Aznar llamó a los directores de los medios para dictarles las portadas y hasta consiguieron que la Asamblea General de la ONU condenara a ETA por primera vez en su historia sin el menor dato de comprobación”, apunta Artal, que recuerda que la prensa internacional “ya hablaba de la autoría del terrorismo yihadista” en aquellos momentos posteriores a los atentados.

Rosa María Artal decidió indagar y recoger todo lo que pudiera de las fuentes fiables para escribir un libro que terminó publicándose apenas un mes después, 11M-14M Onda Expansiva.

“Visto desde hoy, compruebo que fue el comienzo de una brutal mentira política para tratar de no perder las elecciones, sobre la muerte y el dolor de muchos ciudadanos. Que se llegó a culpabilizar a las víctimas para conseguirlo, sobre todo en la persona de Pilar Manjón, cuyo hijo murió en uno de los trenes”, afirma. Una táctica, la de utilizar la mentira en política con fines electorales, que considera se viene repitiendo “muy lamentablemente” hasta la actualidad, y cita como ejemplo el caso del desahucio de Maricarmen.

Artal considera que el uso político del 11M fue el inicio además “de una manipulación mediática cómplice de graves consecuencias”, pero también de “la irrupción de otras formas de información que aportaron datos”. “Concretamente, yo seguí los blogs Escolar.net o GuerraEterna junto a los principales medios internacionales”, recuerda, sobre ambos blogs que están en el origen de elDiario.es, y argumenta que “todo se iba confirmando”.

La periodista y escritora recuerda que el Financial Times británico “tituló un artículo tras las elecciones que ganó el PSOE de Zapatero 'Un día en la historia de la infamia”. Y explica que ese texto indicaba “que el Gobierno de Aznar puso en riesgo a Europa por retener información e insistir en la falsa autoría de ETA”.

Al mismo tiempo, Artal destaca que en aquel momento, nuestro país se convirtió “en el corazón del mundo, que no dejó de alabar la valentía, el coraje y la sensatez del pueblo español ante semejante tragedia, en la que lo primero fue siempre ayudarse los unos a los otros”. “Es tal la diferencia con el momento actual que me sobrecoge. Confío en que ese poso sigue existiendo en este pueblo y saldrá para dar de nuevo lecciones de madurez. De memoria”.

Con una extensa carrera en RTVE, como presentadora de informativos, corresponsal y reportera de Informe Semanal, Artal fue corresponsal de El País en Aragón y coordinó los libros 'Reacciona' (2011) o 'Derribar los muros' (2019), y es autora también de 'La energía liberada' y 'La Bolsa o la vida', sobre la crisis del coronavirus.

El Premio por la memoria y la paz es un reconocimiento con el que la Asociación 11M de Afectados del Terrorismo distingue a personas e instituciones “que han contribuido de manera relevante a la defensa de la memoria de las víctimas del terrorismo y de los valores democráticos”.

Esta asociación reconoce en Artal su defensa “ejemplar” del periodismo basado en los hechos, las pruebas y el respeto a la verdad, unos valores que consideran “imprescindibles para la convivencia democrática” y para “la preservación de una memoria colectiva fiel y completa de lo sucedido”.

“A lo largo de estos veintidós años, Rosa María Artal ha contribuido de forma rigurosa y constante a esclarecer los hechos, desmontando falsedades, bulos y las insidiosas teorías conspirativas que tanto daño nos han causado a víctimas y familiares”, expone la asociación, que destaca además que su trabajo “fue y sigue siendo una defensa ejemplar del periodismo basado en los hechos, las pruebas y el respeto a la verdad”.

Este jueves, 15 de octubre, elDiario.es Castilla-La Mancha ha celebrado en el Círculo de Arte de Toledo su segunda edición de los Reconocimientos 'Somos Km0'. Con ello, hemos vuelto a volver reconocer y visibilizar la labor de personas o grupos de personas, entidades y asociaciones o instituciones que contribuyen día a día al desarrollo social, económico o cultural de nuestra comunidad autónoma

Estas son todas las imágenes del evento, con todas personas galardonadas, las autoridades asistentes y el equipo de nuestro periódico, junto al director de elDiario.es, Ignacio Escolar; la directora de la edición castellanomanchega, Carmen Bachiller; así como colaboradores, socios, socias, articulistas y muchos, muchos amigos y amigas.

La autoría de todas las fotografías es de Mateo Lanzuela:

El estereotipo de que los jóvenes 'no hacen nada' o que 'no se mueven' no aplica en ningún caso a la Asociación Cultural El Castillejo de Alcantud, que desde hace veinte años -un lustro en manos de cinco jóvenes- impulsan y posibilitan el desarrollo social en un pequeño municipio de menos de 60 habitantes en Cuenca. A través de propuestas de ocio, gastronomía y otras actividades quieren que la gente que solo visita este municipio los fines de semana dé el salto y se mude a vivir allí.

Esta asociación conquense recibió este 15 de octubre el Reconocimiento Somos Km0 a la 'iniciativa emprendedora' de elDiario.es Castilla-La Mancha en su segunda edición. Irene Ferrer, su presidenta, que fue quien recogió el galardón, expresó que “por desgracia, por tema de trabajo” ella no puede vivir en Alcantud: “Mi madre es del pueblo, creció allí y se fue buscando una vida mejor, pero ahora todos los jóvenes del pueblo estamos intentando buscar un futuro mejor en Alcantud”. Ferrer recibió el reconocimiento de manos de Rosalía Lloret, adjunta a la presidencia de elDiario.es.

“El alquiler no es accesible” en las ciudades y el pueblo puede ser la solución

Reivindicaba que en la ciudad -ella vive en Alcalá de Henares- “el alquiler no es asequible, aun teniendo dos o tres trabajos y siendo estudiantes es muy complicado [acceder a una vivienda]”, por ello volver a Alcantud es una oportunidad para conseguir emanciparse. Ferrer señaló que muchas personas en el pueblo se quejan de que no tienen medios o los recursos necesarios, pero eso es algo que se solventa con facilidad: “Tenemos todo a 10 minutos, en el pueblo de al lado. Yo que vivo en la ciudad tardo 10 minutos también en ir al supermercado. La gente no se atreve a venir a Alcantud, y desde la asociación estamos tratando que vengan todos los fines de semana y luchar porque los recursos lleguen al pueblo”.

Recordó cómo a lo largo de los cinco años que ella junto al equipo de la junta directiva dirigen la asociación han ido consiguiendo poco a poco una amplia oferta de ocio como jornadas gastronómicas, donde pensaron que solo acudirían pocas personas “y llegaron más de 80, que algunas se quedaron fuera porque no cabían”. Igualmente, excursiones para ver a los bisontes “en el pueblo de al lado” o al Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha y que también resulta llamativo para personas de los pueblos de la zona.

Irene no dejó escapar la oportunidad cuando la presentadora, Inma Sánchez-Morate, la invitó a hacer públicas las necesidades de esta pequeña asociación que sobrevive gracias a las subvenciones y las cuotas de socios y socias: “A nivel económico somos una población muy pequeñita, estamos viendo cómo podemos hacer para conseguir una carpa y que en la próxima jornada gastronómica quepa más gente. Si alguien quiere...”, sugirió Ferrer, que hizo estallar al Círculo del Arte de Toledo en risas y aplausos.

También comprometida con el medio rural, Irene Ferrer no dejó pasar la ocasión y pidió un fuerte aplauso para todas las mujeres rurales que este 15 de octubre se celebraban su Día Internacional.

Apilados sobre las estanterías de La Minerva conviven libros sobre antirracismo, antiespecismo o anarquismo; sobre una de las mesas se amontonan pequeños panfletos, en varios idiomas, con un mismo mensaje: “Las vecinas del Carmen nacemos donde queremos” y, como un rastro de la memoria del barrio, el antiguo letrero de los cines Floridablanca permanece todavía en el local. Ahora, en este espacio de la calle Princesa de la capital murciana, se aprende español, se organizan asambleas, se cose, se hace autodefensa, se reparan objetos y se habla de vivienda.

La Minerva lleva un mes y medio abierta y es uno de los dos espacios desde los que Al Tresbolillo intenta volver a tejer comunidad en El Carmen. El otro es Casa Revuelta, en la plaza Actor Cecilio Pineda. Son dos locales cedidos por sus propietarios en buenas condiciones y que el colectivo quiere autogestionar, abriéndolo a asociaciones, colectivos y vecinos del barrio.

La inauguración oficial de ambos espacios será el 24 de este mes, aunque la fachada de Casa Revuelta ya ha sido vandalizada. El pasado viernes, el mural de las persianas que representa un pasillo que conecta Palestina a través del Mediterráneo con el símbolo del naranjo en flor y un bordado huertano tradicional pintado por el artista Taqi Spateen fue recubierto por las banderas de España e Israel.

En la orilla sur del río Segura, a un paso del centro de Murcia, El Carmen concentra a casi 25.000 vecinos siendo el más populoso de una capital con casi 480.000 habitantes. Figura entre los barrios con mayor presencia de población extranjera del país: el 36,2% de sus habitantes tiene otra nacionalidad, según los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística con datos de 2024. Es también un distrito con un patrimonio que forma parte de la historia de la ciudad, donde se encuentra el Jardín de Floridablanca, abierto en 1786 y considerado el primer jardín público de España; el Puente de los Peligros, que lo une con el casco antiguo; el antiguo Cuartel de Artillería, actualmente un polo cultural; y la estación de trenes Murcia del Carmen.

“La vivienda lo está cambiando todo”. José Daniel Espejo, uno de los fundadores de Al Tresbolillo, lo explica un martes por la mañana en La Minerva. Regenta la librería Libros Traperos y dedica, junto a otros miembros del colectivo, cuatro o cinco horas diarias de forma voluntaria a mantener en marcha el proyecto.

La vivienda es, para ellos, algo más que una reivindicación. Se ha convertido en un nuevo punto de conexión: “Esta crisis rompe todas las barreras y nos empuja a conectarnos con los demás”, explica Espejo.

Una técnica de la Huerta

Al Tresbolillo toma su nombre de una técnica tradicional de cultivo de la Huerta de Murcia: el tresbolillo, que distribuye las plantas en zigzag para aprovechar mejor el espacio. La imagen sirve también para explicar la filosofía del colectivo: personas y grupos distintos que mantienen su autonomía, pero se relacionan para hacer crecer algo común.

La necesidad de recuperar comunidad coincide con un momento de fuerte movilización por la vivienda y con un contexto político marcado por el avance de los discursos de exclusión. El grupo inicial de Al Tresbolillo rondaba las 15 personas. Ahora Espejo calcula que entre 40 y 50 participan de forma activa en asambleas y grupos de trabajo. “Por suerte, de todas las edades”, subraya.

“Éramos gente ya políticamente activa y había cierta red progresista que intentaba reforzar la vida comunitaria del barrio, la participación ciudadana y la convivencia”, cuenta Espejo.

Entre quienes formaban aquella red estaba también Isis, psicóloga y una de las fundadoras del colectivo. Pero el contexto del barrio empezó a cambiar y la actividad vecinal adquirió una dimensión más política. “Empezamos a ver movimientos xenófobos a nuestro alrededor y discursos de odio que estaban calando entre nuestras vecinas, señalando al migrante y vinculándolo con la delincuencia y la suciedad”, relata.

Una inseguridad “creada”

Con el lanzamiento de la asociación Mi Barrio del Carmen hace un año y medio comenzaron a detectar a su alrededor discursos contra la población migrante. Espejo considera que esos mensajes utilizaban un “campo semántico muy racista” para construir un relato sobre el barrio.

Una parte de esa disputa por el relato se produjo a través de las redes y de las conexiones televisivas que comenzaron a aparecer sobre el barrio durante la primavera del año pasado. Espejo recuerda que después empezó a escuchar en plazas, supermercados y bares a vecinos preocupados por la supuesta inseguridad de El Carmen. Él considera que buena parte de esa percepción era una “inseguridad además creada, que no se apoya en ningún dato real de violencia o de delito”.

La primera respuesta fue casi anónima. Empezaron a pegar por el barrio carteles con un mensaje sencillo: “Las vecinas del Carmen nacemos donde queremos”. “Queríamos visibilizar, pero sin poner nuestras caras ni nada; no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo”, recuerda Isis. Algunos carteles duraban poco. Los arrancaban quienes no compartían el mensaje. Pero también se encontraron con frases como “Vecinas, no estáis solas” o con corazones, cuenta Isis.

La respuesta se hizo todavía más visible cuando abrieron los espacios. Algunos vecinos empezaron a acercarse para agradecer que existiera un lugar desde el que defender otra idea del barrio. “Cuánto me alegro de que esté esto, porque si no parece que todo el mundo se ha vuelto racista de repente”, recuerda Espejo que les decían.

El Carmen tiene, además, una tradición de movilización que ayuda a entender la facilidad con la que una reivindicación puede terminar en algo colectivo. Espejo lo define como un barrio “popular” y “trabajador”, pero también con un fuerte sentimiento de pertenencia.

Un laboratorio de “respuesta ciudadana”

Recuerda las movilizaciones por el soterramiento del AVE, la ocupación de las vías y el conflicto en torno al paso a nivel, así como las resistencias vecinales ante determinados cambios relacionados con la movilidad y la actividad comercial. “Son fenómenos que son muy locales y que terminan arrastrando a la sociología del barrio”, sostiene.

Ahora esa capacidad de organización se desarrolla en un contexto diferente. Espejo considera que la última oleada migratoria ha coincidido con una debilitación de algunos recursos de los servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia, un repunte del sinhogarismo y el auge de la ultraderecha.

“Todo eso ha convertido al barrio en un laboratorio de difusión de mensajes de odio. Pero también -y esa es nuestra parte- en un laboratorio de respuesta ciudadana, de convivencia, de democracia local y de esperanza”, afirma.

Con la apertura de los locales, “nuestra herramienta fundamental es la presencialidad”, dice Espejo. Frente a unas redes sociales que considera convertidas en una “maquinaria de confusión, desconfianza y miedo”, el colectivo apuesta por la posibilidad de encontrarse físicamente. “Encontrarte con el otro y hacer cosas juntos”, resume.

La Minerva es la expresión más concreta de esa apuesta. Cerca de 200 personas se han suscrito al proyecto, según Espejo. “Se ha llenado ya de actividades. Está que hierve esto”, resume Espejo.

Clases de español, karate feminista y un repair café

Las clases de español son una de las actividades con mayor demanda. Hay autodefensa y karate feminista. Dos veces al mes funciona un repair café, donde los vecinos llevan objetos estropeados para intentar repararlos juntos. Los martes se celebra un taller de poesía. También está 'Las Hacendosas', un encuentro de costura que no funciona tanto como un curso como un espacio para aprender unas de otras y, sobre todo, “juntarse a hablar y a echar la tarde”. Y hay un club de lectura sobre maternidades disidentes.

La Minerva sirve además para las reuniones de distintos colectivos. Allí se han encontrado personas procedentes de Mali y Costa de Marfil, el Sindicato de Vivienda, grupos de apoyo a Palestina y otras organizaciones sociales.

“Los vecinos y los colectivos que trabajan aquí, y la gente interesada en utilizar el espacio, tienen voz en su organización”, explica. Participan en los gastos, las normas de convivencia, la regulación de la actividad y los horarios.

La vivienda es uno de los principales puntos de conexión entre todas esas redes. El Sindicato de Vivienda de Murcia utiliza La Minerva para sus reuniones y asesorías colectivas. Cualquier vecino puede llevar allí un problema relacionado con el alquiler y buscar junto al resto posibles vías para afrontarlo. “La vivienda es una reivindicación fundamental en el barrio”, afirma Espejo.

El funcionamiento colectivo permite que alguien que llega con un problema no tenga que afrontarlo en solitario. El conocimiento acumulado por el grupo sirve para estudiar las posibilidades legales, negociar con un propietario o buscar alternativas ante un desahucio.

Toñi Rojo, trabajadora social de 31 años y miembro del sindicato, insiste en que quien acude a una asesoría no se convierte en usuario de un servicio: “No somos una ONG, no somos una entidad, no somos trabajadoras sociales. Tienes que hacerte partícipe de tu propio caso y se gestiona de forma colectiva”. En las asesorías, las vecinas que ya han pasado por una situación parecida cuentan cómo la resolvieron, y cuando varias personas comparten casero, como ocurre en algunos bloques con un único propietario, se ponen en contacto entre ellas. “Se trata de darle autonomía y herramientas a la gente para que pueda resolver sus propios casos y de colectivizar ese saber porque muchas situaciones se dan por falta de información o de recursos”, explica.

Jorge Molina, de 37 años, trabaja en administración y es uno de los portavoces del sindicato. Los problemas que llegan a las asesorías se repiten y uno de los más frecuentes es la negativa a devolver la fianza, “una práctica que han cogido”. Rojo añade los contratos de temporada que se renuevan año tras año para viviendas que en realidad son permanentes, los pisos sin contrato y los propietarios que impiden empadronarse porque no tienen la vivienda declarada. “Muchas veces el propietario se aprovecha del desconocimiento de una persona que no tiene estudios o que viene de otro país para poner cualquier cosa en el contrato, y nos encontramos con contratos ilegales”, explica. La mayoría de los casos, añade, tienen que ver con multipropietarios; muy pocos, con caseros que alquilan una única vivienda.

El sindicato llegó a La Minerva después de dos años celebrando asambleas allí donde les prestaban un espacio, en distintos barrios de la ciudad y con frecuencia en el local de la CGT, también en El Carmen. “Al final, nuestro epicentro ha sido el barrio del Carmen, que es un barrio con una situación de vivienda muy conflictiva”, explica Rojo.

La organización surgió en octubre de 2024 del entorno del Ateneo La Canalla, una asociación anarquista de Murcia, aunque después siguió su propio camino, y su punto de partida fue una concentración por la vivienda en la plaza de la Merced que reunió a mucha gente. “Nació de esa necesidad: la gente necesitaba un espacio donde hablar de sus situaciones, juntarse y trabajar sobre el tema”, recuerda Rojo. De aquella concentración salió una pequeña asamblea que dedicó sus primeros meses a fijar unas bases políticas, una estructura de comisiones y unos objetivos a medio y largo plazo.

Sin una vivienda estable no hay barrio

Molina fue uno de los organizadores de aquellas primeras movilizaciones. Cuenta que veían cómo surgían sindicatos de inquilinas en otras ciudades del país y que consideraban “imprescindible” que Murcia tuviera una organización capaz de “hacer frente a los intereses de los rentistas y los especuladores”. En la ciudad ya existía la PAH, con la que mantienen una “relación estrecha”, pero se había centrado en el problema hipotecario de la anterior crisis.

Para Rojo, sin una vivienda estable no hay barrio posible: “Si me tengo que estar mudando cada seis meses porque tengo un contrato temporal, ¿para qué voy a conocer a mis vecinas si me voy a ir?”. El efecto alcanza también a quienes se quedan porque “la persona que lleva 50 años en ese bloque ve que cada año pasan vecinas nuevas”.

Según Molina, la transformación de El Carmen se aprecia en “los locales comerciales que se están convirtiendo en vivienda o infravivienda”, muchos sin cédula de habitabilidad y algunos sin ventanas ni ventilación. El sindicato observa el mismo proceso, más lento que en ciudades como Málaga, en La Paz y la Fama, donde se multiplican los desahucios y los fondos compran pisos uno a uno para hacerse después con bloques enteros. “Son barrios que están muy cerca del centro y que, a la vez, están muy lejos”.

Esa presión cae con más fuerza sobre la población migrante, la misma a la que señalan los discursos sobre la inseguridad, y ‘El racismo también desahucia’ es una de las consignas del sindicato. Molina relata casos de propietarios que dividen sus viviendas en habitaciones y alquilan cada una a una familia a precio alto, y Rojo cuenta que cuatro mujeres con las que trabaja viven así. “Si vives en una habitación con seis personas no puedes integrarte, no puedes convivir porque no puedes traer a nadie a tu casa”, denuncia Rojo, que denuncia un “racismo inmobiliario” que afecta incluso a personas nacidas aquí con apellidos que no se identifican como españoles.  

La coordinadora del sindicato la forman hoy entre 20 y 25 personas voluntarias que compaginan la militancia con sus trabajos y cargas familiares. Rojo, que trabaja con mujeres migrantes en Molina de Segura, apunta que “dentro del tercer sector muchas veces la militancia no es posible porque estás atada de pies y manos, así que hay que llevarla afuera”.

“Si tenemos alguna esperanza de superar esta crisis y de recuperar formas de habitar las ciudades, es precisamente a través del asociacionismo, del sindicalismo de base y de las organizaciones de apoyo a la inquilina”, defiende Jose Daniel Espejo.

La integración es, en cualquier caso, uno de los retos que el propio colectivo reconoce. Isis admite que declararse antirracista no significa saber automáticamente cómo construir una convivencia intercultural: “Nosotras podemos ser antirracistas, pero creo que todavía nos falta mucho para tener códigos realmente de integración”, reconoce. Han creado un grupo de trabajo específico para aprender a hacerlo. La dificultad, explica, está en pasar de una posición de rechazo al racismo a construir herramientas concretas para convivir con personas que tienen experiencias y procedencias diferentes. “Cuando se trata de convivir, es que no sabemos hacerlo realmente”, explica.

“Islamización y pérdida del comercio local”

José Soler, jubilado de 66 años, preside la asociación Mi Barrio del Carmen, fundada en el verano de 2025 y que, según él, reúne a 500 personas en su grupo de WhatsApp y a 28.000 seguidores en redes, donde constantemente publica vídeos de peleas, hurtos o personas sin hogar en el barrio grabados por vecinos. Soler fue vocal de Vox en la Junta Municipal del Carmen, pero niega cualquier vínculo con el partido y asegura que le expulsaron precisamente por defender la neutralidad de la asociación: “Vox quiso quedarse con la sede y a mí me echaron de Vox por la asociación”. Afirma que entre sus miembros hay votantes de todos los partidos y que en el grupo está prohibido usar la palabra “moro”.

Soler también rechaza que la asociación vincule la inseguridad con la inmigración -“los delincuentes son los delincuentes y la gente de cada nacionalidad es su nacionalidad”-, aunque distingue entre los inmigrantes que llegaron hace años y los que han llegado “últimamente”, que en su opinión “no vienen a trabajar”. Preguntado por datos, responde que muchos vecinos no denuncian: “Las estadísticas están ahí, pero la realidad está en la calle”.

Por su parte, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia Fernando Sánchez-Parra también ha contribuido a difundir este tipo de discursos a través de vídeos dramatizados en sus redes sociales. En uno de ellos recorre el barrio de El Carmen mientras aparecen rótulos como “islamización y pérdida del comercio local”. La cámara se detiene ante el Café Al Baraka, en la esquina de la calle San Marcos, mientras el edil plantea a sus seguidores si “tu barrio también ha cambiado”. En otro momento, señala la apertura de una oficina de abogados especializada en extranjería, a la que acusa de colaborar con “las mafias y las ONG de la inmigración ilegal”, y contrapone el cierre de comercios tradicionales con la apertura de establecimientos que, según afirma, “los españoles ni usamos”. El vídeo remata con un “menos halal y más producto local”.

El discurso coincide con el que el concejal ha trasladado al debate municipal sobre El Carmen, donde vincula los cambios comerciales y demográficos con la inmigración. El pasado junio, Sánchez-Parra fue denunciado por la Policía Local tras un incidente en una zona de ocio de Murcia, cuando un aparcacoches de origen argelino aseguró que el edil le había amenazado con un espray de pimienta. Los agentes le intervinieron el aerosol al comprobar que no estaba homologado para su uso en España. Sánchez-Parra reconoció que lo llevaba, aunque afirmó que desconocía su ilegalidad y negó haberlo utilizado contra el hombre.

Son ya 12 años los que elDiario.es Castilla-La Mancha lleva haciendo periodismo veraz y contrastado, a pesar de todo en la región. Doce años en los que hemos conocido historias que nos han sobrecogido y a personas que de una manera u otra, nos han hecho aprender y descubrir realidades que no conocíamos.

Por ello, no podíamos dejar pasar la oportunidad de volver reconocer y visibilizar la labor de personas o grupos de personas, entidades y asociaciones o instituciones que contribuyen día a día al desarrollo social, económico o cultural de nuestra comunidad autónoma. Así ha sido la segunda edición de los Reconocimientos 'Somos Km0'.

Un acto con un carácter muy reivindicativo, pero también científico, social y cultural, que ha sido conducido por la periodista conquense Inmaculada Sánchez Morate y en el que se han entregado siete reconocimientos -dos de ellos honoríficos- a aquellas personas y colectivos de alguna forma han transformado nuestra región y la vida de los castellanomanchegos y castellanomanchegas.

En la gala de reconocimientos en el Círculo del Arte de Toledo nos acompañaron el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido; la consejera-portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, Esther Padilla; Ana Carmona, directora de Autónomos, Trabajo y Economía Social; Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha; Juan José Alcalde, teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación del Ayuntamiento de Toledo, así como alcaldes, concejales y otros representantes públicos, igualmente de entidades sociales, culturales o deportivas. También socios y socias de elDiario.es Castilla-La Mancha.

En esta ocasión, el reconocimiento que recibieron las personas galardonadas es una pieza de cerámica con forma de botijo, realizada por la artista toledana María Camisón (Alhaja Cerámica), con detalle en arcilla polimérica elaborado por la también toledana Celia Espinosa (fundadora de la marca de joyas Soy la Mona).

Los reconocidos y reconocidas

Primeramente, el Reconocimiento 'Somos Km0' a la investigación y la divulgación científica se concedió al Observatorio Astronómico de Yebes, en Guadalajara, que acaba de cumplir 50 años de trayectoria. Se trata de uno de los referentes mundiales en el ámbito de la Astronomía, donde entre sus aportaciones destaca su participación en el hallazgo del 30% de las moléculas interestelares conocidas y su posición internacional en el desarrollo y fabricación de tecnología vinculada a los radiotelescopios. De igual forma, el Observatorio ha sido declarado centro oficial para poder seguir el denominado Trío de Eclipses -en agosto de 2026 y 2027, y enero de 2028-.

Este galardón fue recogido por su director, Pablo de Vicente que destacó jocosamente que acabó siendo físico por decisión de sus padres: “Me gustaban las matemáticas, pero mis padres me dijeron que eran muy abstractas y me dijeron ponte a estudiar físicas”.

Después llegó el turno de reconocer la iniciativa emprendedora que lucha por el desarrollo rural y contra la despoblación de la región castellanomanchega, en este caso encarnada a través de la Asociación Cultural El Castillejo de Alcantud (Cuenca). Esta asociación cuenta con dos décadas de trayectoria y ahora está en las manos de cinco jóvenes que han desarrollado actividades de ocio y cultura para todos los públicos en Alcantud, un pequeño municipio conquense. La presidenta de la asociación, Irene Ferrer, ha sido la encargada de recoger el galardón. Muy emocionada, Ferrer pedía un aplauso para las mujeres rurales en su día internacional que se celebraba precisamente este 15 de octubre. “En Alcantud la sensación que tiene la gente del pueblo es que no tenemos medios, pero cualquier servicio está en Priego, a 10 minutos. Queremos que la gente no solo venga los fines de semana, sino que se atrevan a vivir aquí”, ha resaltado, haciendo también alusión a la crisis de vivienda en nuestro país.

La igualdad y los derechos humanos también han sido protagonistas con el reconocimiento para los Servicios Sociales de Villamalea (Albacete), por su trabajo en la integración de colectivos vulnerables y por su capacidad para proporcionar en un municipio de tamaño reducido, los recursos y servicios propios de grandes localidades. Además, trabajan desde hace años para favorecer la convivencia de más de 30 nacionalidades presentes en este municipio albaceteño. Ha sido Florencio Alfaro, que forma parte del equipo, quien ha expresado su gratitud por el reconocimiento, explicando que viven “sin delitos ni conflictos”, y que les encanta desmentir bulos acerca de los migrantes “con ejemplos y datos”: “Mostrar el día a día de los menores no acompañados en redes sociales y que los vecinos vean que se está criminalizando a las personas que trabajan a su lado es una manera efectiva de acabar con los bulos”, ha expresado Alfaro.

Un ejemplo de superación es el de Álvaro González Llave, vecino de Valdeverdeja (Toledo) que también recibió el reconocimiento a la visibilidad sociosanitaria por su valiosa labor al divulgar en redes sociales acerca de la Distrofia Muscular de Duchenne, una enfermedad neurodegenerativa con la que lleva conviviendo desde que tiene un año y medio de edad. A través de su cuenta con más de 20.000 seguidores, González comparte su día a día para dar visibilidad a esta enfermedad poco frecuente. “Me gustaría que las autoridades pudieran dar soluciones para acelerar la burocracia porque precisamente a la gente como yo, tiempo no nos sobra para vivir mejor y de manera digna”, ha reivindicado.

Desde elDiario.es Castilla-La Mancha también se quiso reconocer en el ámbito de la cultura la labor de divulgación del patrimonio documental regional, a través del joven historiador Santiago Díaz del Campo, que desde el Archivo Municipal de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) acerca al público documentos centenarios y fotografías históricas a partir de redes sociales. En el escenario ha señalado que “no sirve de nada tener un archivo enorme si luego no sabemos lo que hay”. Díaz del Campo ha reconocido que en redes evita hablar de grandes hechos, porque lo que verdaderamente le interesa es la microhistoria: “Lo que sufre la gente del día a día”, matizó.

Reconocimientos honoríficos

Por otra parte, también se ha entregado un reconocimiento honorífico a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que acaba de celebrar su 40 aniversario, contribuyendo a la formación de miles de jóvenes y por su papel en el desarrollo social, científico, económico y cultural de la región a través de la investigación y la transferencia de conocimiento.

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha señalado al recibir el reconocimiento que están trabajando de cara a los próximos diez años para “actualizarse con los nuevos tiempos que ya han llegado”. En referencia a la Inteligencia Artificial, ha apuntado que desde la UCLM están intentando “aprovecharla como oportunidad, no como un riesgo”.

Durante el acto también se rindió homenaje a Jesús Fuentes Lázaro, el primer presidente de Castilla-La Mancha, recientemente fallecido. Maestro, historiador, con una dilatada trayectoria política hasta su jubilación fue articulista de elDiario.es Castilla-La Mancha. Su directora, Carmen Bachiller, recordó la trayectoria de un hombre comprometido con la democracia, las libertades y los derechos de las personas. Impulsor de la autonomía de Castilla-La Mancha, destacó también por su labor política, periodística y su defensa de una información rigurosa y plural. Apasionado de la cultura, defendió el patrimonio artístico de Toledo. El acto sirvió para recordar su legado público y cultural, así como su calidad humana, su cercanía y su compromiso con la sociedad. Bachiller junto a Inma Sánchez Morate se han mostrado muy emocionadas al recordar “las interesantes conversaciones” que mantuvieron con él.

Tras el emotivo homenaje, el director de elDiario.es Ignacio Escolar se refirió desde el escenario al vertiginoso año 2026, en lo informativo, aludiendo a grandes exclusivas protagonizadas por el medio como el caso Julio Iglesias, después de que ayer se conociese que la Fiscalía es partidaria de investigar al cantante. “Cada vez es más difícil informar por el tema judicial”, ha destacado.

Habló de la necesidad de un periodismo veraz y contrastado, a las puertas de unas elecciones generales en mitad de un ambiente muy crispado y polarizado y también avanzó algunos de los retos futuros para el periódico: “Queremos contar el proceso electoral muy bien y estamos comprometidos a contarlo desde todas las autonomías”, ha expresado, aunque también ha perfilado que un compromiso de este medio es contar la información desde la cercanía: “Hemos defendido siempre que las historias están en los barrios, no en los parlamentos”.

Igualmente, agradeció a los 124.000 socios y socias que siguen apoyando el periodismo a pesar de todo en elDiario.es y en las diferentes ediciones locales.

Una historia... de Pablo Albo

El broche de oro lo puso el cuentista y narrador Pablo Albo (Alicante, 1971) que narró una historia de recuerdos de su infancia, muy humorística y con multitud de elementos participativos con el público congregado en el Círculo de Arte de Toledo.

El artista y escritor, ahora afincado en una pedanía de Chinchilla de Montearagón (Albacete), lleva más de tres décadas dedicado al mundo de las letras y de la narración, habiendo publicado más de 50 títulos, y siendo distinguido en dos ocasiones con el Premio Lazarillo de literatura infantil y juvenil.

En este caso, hizo una radiografía de los niños y niñas que vivieron las décadas de los ochenta y noventa en el colegio, con bocadillos de chorizo o de morcilla: “Íbamos al colegio a crecer, yo iba porque era lo único que había abierto en mi pueblo a esa hora”, ha señalado, aunque reivindicando la escuela pública.

Una sucesión de anécdotas que provocaron las carcajadas de los asistentes y algún que otro susto, para finalmente finalizar con un emotivo aplauso.

La gala de reconocimientos también fue amenizada por el músico y artista afincado en Toledo, Sergi Fecé.

Nos han apoyado en esta gala de reconocimientos la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Guadalajara, la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha y BBVA. Además, han colaborado la DO La Mancha, Cervezas Arriaca y San Telesforo.

¡Gracias a todos, todas y todes por acompañarnos un año más!

El municipio de Alcaraz (Albacete) volverá al siglo XVI a través de sus terceras jornadas renacentistas los días 17 y 18 de octubre. Un evento cultural que apuesta por la conservación y difusión el patrimonio histórico de la provincia.

Este año, bajo el lema ‘Isabel de Portugal, V Centenario Señora de Alcaraz’, las jornadas girarán en torno a la toma de posesión del Señorío de Alcaraz por parte de la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, cuando se conmemora el 500 aniversario de este relevante episodio de la historia local, acercando a la población el contexto político y social de la época a través de las diferentes actividades programadas. Se espera que participen hasta 160 recreadores y recreadoras de la Asociación Alcaraz Renacentista, así como de otros pueblos de la provincia y de la geografía española como Valencia, Murcia o País Vasco, e incluso desde Portugal.

Programación de Alcaraz Renacentista

La jornada comenzará el viernes 16 de octubre con la recepción de los recreadores y recreadoras en la Plaza Mayor, donde ocurrirán la mayoría de las actividades.

El sábado 17 de octubre a las 11:00 horas tendrá lugar el desfile de apertura, y media hora después la ofrenda de claveles con la toma de posesión del señorío de Alcaraz de la Emperatriz Isabel de Portugal.

A las 12:30 horas se podrá disfrutar de una obra de teatro, 'Coplas de ciego', en la Puerta de la Iglesia de la Trinidad, basadas en un texto histórico conservado en la Biblioteca Nacional sobre un suceso ocurrido en Alcaraz, al igual que de una cata de vino.

Posteriormente a las 14:00 habrá una pausa para la comida de los recreadores.

La historia renacentista regresará a las 16:30 horas con los Alardes, que consiste en una ceremonia militar. A las 18:30 horas está programado el teatro 'Milagro de cortes' en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Posteriormente, el encendido de luminaria, así como bailes y juegos populares.

A las 20:00 horas un concierto en la Iglesia de la Trinidad, para después dar paso a la cena de los recreadores y recreadoras.

El domingo 18 de octubre el día comenzará con juegos populares a las 11:30 horas, seguidos de una cata de aceite. A las 12:30 se representará una obra de teatro en el Patio de la Vicaria y el evento se clausurará una hora después.

Alcaraz presume de su patrimonio: “No necesitamos escenario, tenemos el mismo que hace 500 años”

Por su parte, el alcalde de Alcaraz, Pedro Jesús Valero, ha señalado en declaraciones a los medios la importancia de un evento como este para su localidad, apuntando que es un proyecto que permite “volver a esa maravillosa época, que fue el Renacimiento para Alcaraz” y poner en valor su patrimonio, presumiendo de esa riqueza patrimonial al afirmar que el escenario y el decorado “no será necesario ponerlos, porque están aquí y son los mismos que teníamos hace 500 años”.

La secretaria de la Asociación Alcaraz Renacentista, María Luisa García, ha sido la encargada de explicar los detalles de las jornadas, apuntando que “es una oportunidad única” para acercarse a la toma de posesión de la localidad por parte de Isabel de Portugal, de la mano del trabajo de la asociación y de la implicación de los recreadores y recreadoras, y conocer “cómo se realizó el traspaso de poder entre el antiguo señor y la nueva señora”.

“Todo esto sumado al escenario renacentista de nuestra preciosa Plaza Mayor, al vestuario de los recreadores y recreadoras y a la decoración, se convierte en un espectáculo inmersivo, que parece que te has colado en el Renacimiento”, ha afirmado María Luisa García, asegurando que el objetivo que persiguen desde la asociación es que “las historias que contamos queden como memoria colectiva, para que se cuiden y no se olviden, porque sólo lo que se conoce, se cuida y se valora como se merece”.

Un año después, la versión oficial la Junta de Andalucía sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama es que hubo un error en el protocolo que afectó a 2.317 mujeres, incidiendo en que no se contemplaba la obligatoriedad de informar a las mujeres con resultados no concluyentes. Una respuesta a la que se unió la puesta en marcha de un plan de choque, cambios en ese protocolo y el cese de varios cargos. Entre ellos, el del exjefe de Radiodiagnóstico que avisó en 2023 de la sobresaturación que había en la unidad de mama del Hospital Virgen del Rocío. Las explicaciones son insuficientes para la oposición para el Parlamento andaluz, el Defensor del Pueblo Andaluz, Amama y la Asociación Española Contra el Cáncer: piden saber qué recursos había disponibles, cuál era la carga asistencial y dónde están las listas de espera para analizar el error estructural.

En un segundo intento, el PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía se unieron el pasado día 23 y presentaron una solicitud para la creación de una comisión de investigación sobre los fallos en el cribado de cáncer de mama. A esta propuesta, Vox manifestó su rechazo aunque antes de las elecciones y de formar parte del Gobierno andaluz había mostrado su apoyo y, por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, tachó de “ridículo” el comportamiento de las izquierdas, refiriéndose en comisión parlamentaria al “fracaso que han tenido en los tribunales con las denuncias”. Sin embargo, el responsable del PP obviaba dos cuestiones: la vía penal interpuesta por los partidos ha sido archivada mientras más de 200 reclamaciones patrimoniales de las pacientes afectadas proseguirán su camino hacia lo contencioso-administrativo ante el silencio del Servicio Andaluz de Salud (SAS), mientras quedan dudas sin resolver.

“Hemos pedido que se amplíe la información: número de mujeres por provincias, cómo están funcionando las unidades de mamografía, cuáles son los tiempos de espera”, exige Magdalena Cantero, representante autonómica de la Asociación Española Contra el Cáncer en Andalucía, en declaraciones a este medio. También, añade, han pedido saber “si se ha detectado cáncer de mama en algunas de las mujeres, qué protocolos de urgencia aplicarían en ese caso para atender con la máxima celeridad a esas mujeres, y qué profesionales van a contratar en cada una de las 32 unidades de mama andaluzas”. Lo que más preocupa, resalta, es “solucionar rápidamente el problema y dar certidumbre a las personas afectadas”.

“No han respondido a todas” las demandas

Sin embargo, “no han respondido a todas” estas demandas. La asociación forma parte del Plan Asistencial del Cribado de Cáncer de Mama y estuvo presente en las tres reuniones que se han celebrado hasta la fecha de la comisión de seguimiento de la crisis que activó la Consejería de Sanidad, con quien califican el diálogo como “fluido”. Aun así, Cantero subraya: “Siempre hemos pedido transparencia, responsabilidad y generar confianza en las mujeres andaluzas sobre los cribados y la importancia de la detección precoz del cáncer”. En esta línea, demandan que Andalucía se integre en los programas internacionales de evaluación de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer en su totalidad, como ya ha empezado a hacer con el cáncer colorrectal.

Por ello, las reclamaciones las concentra Cantero en que la Asociación participe como agente externo en la Ponencia de Cribados de la Comisión interterritorial, así como poner a disposición de las autoridades administrativas la herramienta Más datos Cáncer “para volcar los datos de los programas de cribado”, ya que, frente a las negligencias del sistema, han detectado desconfianza en muchas mujeres a la hora de participar en los cribados considerando que “podría ser ineficaz”, aunque trabajan mano a mano con las pacientes, las familias y la sociedad civil para “ofrecer una atención más humana e integral que cubra sus necesidades”.

En la cara opuesta, Amama resolvió levantarse de la segunda reunión organizada en el comité de seguimiento después de que se les pidiera firmar una orden de confidencialidad. En un continuo tira y afloja, las relaciones con la Junta se han terminado por empantanar, ya que observan que hay un rechazo continuo a sus peticiones para aclarar qué sucedió para que 2.317 mujeres fueran afectadas y se produjera, según han constatado, la muerte de siete mujeres a causa del desarrollo del tumor por el fallo sanitario.

La resolución del Defensor ante la “parquedad de información”

Quien también reclamaba más explicaciones ha sido el Defensor del Pueblo Andaluz. Jesús Maeztu abrió una investigación de oficio tras el estallido social, haciendo un primer requerimiento al Ejecutivo autonómico en octubre. No obstante, el informe remitido por la Viceconsejería de Salud y Consumo y por la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) fue tachado como “claramente insuficiente”, motivo por el que el Defensor salió ante los medios de comunicación para criticar el silencio del Gobierno de Juanma Moreno. En marzo de este año declaraba que “no se podía responder objetivamente a la ciudadanía con los datos que la Junta de Andalucía nos dio”.

Siete meses después, el equipo de Maeztu publicó una resolución que pasó de puntillas en mitad de las elecciones autonómicas. Este documento refleja que las actualizaciones pedidas nunca llegaron y se insiste en que la respuesta no satisface los requerimientos solicitados para analizar el alcance y las consecuencias de la crisis del cribado.

¿Qué evitó responder la Junta? La resolución señala que la Consejería de Sanidad y el SAS no informaron sobre cómo funcionaba el protocolo que estaba vigente. Tampoco en lo relativo a si el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama se ajustaba a este protocolo o no y qué razones llevaban a aplicar una resolución u otra. Además, se rechaza dar los datos sobre la carga asistencial de los Servicios de Radiodiagnóstico, su dotación de personal y el volumen de mujeres en lista de espera y no aclaraba el funcionamiento de los mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados del programa de cribado antes de que en octubre se pusiera en marcha la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Actividades Preventivas de Detección Precoz a raíz de la alerta sanitaria.

“La parquedad de la información recibida no impide a esta institución formar un recto juicio, ni renunciar a la salvaguarda del derecho a la protección de la salud de las mujeres, que hacemos valer tanto reflejando las deficiencias constatadas como el mismo hecho de no haber llegado a poder desvelar su causa”, asesta la resolución de mayo.

La Unidad de Radiología trabajó al 170% de su capacidad

Entre las conclusiones, se da cuenta de la plantilla que había en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, única entidad que remitió información en abril de 2026. “En octubre de 2025, se disponía de 6,3 facultativos en la Unidad de Radiología de Mama y la plantilla ha pasado de 5,3 puestos efectivos a 8,3 puestos efectivos en la actualidad, además de haber sido contratado personal técnico en número de 4 y 1 administrativo de apoyo a la Unidad”.

A renglón seguido, el Defensor subraya que “la suficiencia o insuficiencia de estos recursos de personal solo puede ser evaluada en función de la demanda, obviamente”. Ahora bien, a la luz de los datos facilitados, da la siguiente relación.

“Los facultativos disponibles en octubre de 2025 trabajaron durante dos meses al 170% de la actividad normal para resolver todos los retrasos; en diciembre de 2025 un total de 700 mamografías de pacientes no pertenecientes al programa de cribado tuvieron que ser derivadas al concierto externo; incluso tras el actual refuerzo de personal, la Unidad ha tenido que ser dotada de más continuidades asistenciales por semana para el equipo que la integra”. Pese a que hay quejas registradas a causa de la crisis del cribado desde las provincias de Huelva, Cádiz, Granada y Málaga, solo este centro hospitalario contestó al requerimiento del Defensor.

“Un fracaso”

“Lo acaecido ha supuesto un cuestionamiento del funcionamiento del Programa de Detección Precoz y la desconfianza en su eficacia”, señala, “un fracaso en una importante línea de trabajo dentro de las estrategias de salud pública, que puede llegar a producir efectos colaterales o secundarios si desincentiva la participación, con nefastas consecuencias personales, sanitarias y sociales”. A ello, se apunta que “con estos signos de advertencia” resulta “difícil comprender la tendencia a ampliar cada vez más el arco etario [el aumento de la franja de edad] del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama sin contar con la garantía de su correcto cumplimiento”.

Asimismo, la resolución ahonda en que lo que se cuestiona en la crisis de cribado no es la pericia o negligencia de los profesionales encargados del estudio, sino “la suficiencia de los medios dedicados a posibilitar el correcto funcionamiento del Programa, y si el infradiagnóstico vinculado a la insuficiencia de recursos sanitarios ha supuesto una pérdida de oportunidad en la protección del derecho a la salud”. Es decir, ante el plan millonario que anunció la Junta, ¿qué garantías hay de que se reviertan los errores ocurridos si no se dan cuenta de ellos?

Lo deseable: “Afrontar una crisis con decisiones humanas”

Por último, el Defensor del Pueblo Andaluz pone el foco en el tratamiento humano hacia las pacientes y la vía judicial en la que ahora están embarcadas a causa de la estrategia que ha emprendido la Junta: “En el escenario más doloroso de las mujeres que han determinado depurar responsabilidades, hubiera sido deseable una Administración sanitaria cuyos responsables hubieran sido capaces de afrontar una crisis como la acaecida con decisiones compasivas y humanas, acordando de oficio la iniciación de los correspondientes procedimientos de responsabilidad patrimonial”.

Así, el Defensor concluye con cuatro recomendaciones, entre las que destaca la implantación de un programa con “un sistema uniforme de comunicación de todos los resultados del cribado, que opere de forma autónoma y automática”. Asimismo, pide dotar dotar “de medidas de refuerzo” para atender adecuadamente a las pacientes y cumplir con los plazos. Una resolución, en todo caso, parcial ante respuestas incompletas.

El incendio activo en La Mierla durante 50 días entre los meses de julio y septiembre de este en el entorno del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara calcinó más de 32.000 hectáreas, obligó a evacuar 34 municipios y a miles de personas de sus casas -en los primeros días-. En este incendio forestal, considerado el más virulento de la historia de Castilla-La Mancha, las viviendas no sufrieron daños, pero este entorno natural, uno de los grandes pulmones de la provincia de Guadalajara, vive ahora recomponiédose poco a poco.

En el municipio de Muriel “sus gentes han sentido dolor y la pérdida de su entorno”, transmiten desde la Asociación Cultural de Muriel.

Aseguran que “las lágrimas que genera verlo, por sentir la tierra quemada y recordar lo que fue en un pasado muy cercano; aun caen, como caerá la lluvia este otoño sin gama cromática”.

Tras el duelo, tienen la “necesidad de hacer algo” por las personas de la zona y también por el entorno, “luchar por él con la responsabilidad de cuidar lo que ha quedado y protegerlo”. Por ello han decidido llevar a cabo una iniciativa solidaria para recaudar fondos para dedicarlos a la adquisición de material para la lucha contra incendios, formación y acciones de recuperación, sensibilización y cuidado de Muriel.

Han diseñado camisetas con un diseño original “con identidad propia” que ya han adquirido, según la asociación, 200 personas. Por otro lado, también han fabricado pulseras con el lema 'Somos Muriel'.

El diseño de la camiseta ha sido elaborado por la artista local Luz. El precio de la camiseta es de 15 euros y las pulseras están disponibles por un euro. Pueden adquirirse contactando con la asociación a través de su perfil de Instagram.

Ahora “toca luchar y esperar a las acciones de las distintas instituciones. Hacerles ver y sentir que Muriel es también suyo, por la responsabilidad que tienen, que tenemos todos”, señalan desde la asociación.

Cuando el pasado 27 de agosto los camiones encargados del movimiento de tierras entraron en la parcela 89.37 de Rosales del Canal, muchos vecinos estaban todavía de vacaciones y otros no esperaban que las obras comenzaran de forma inmediata. Los trabajos levantan grandes cantidades de polvo que, según denuncian los residentes, cubren los vehículos estacionados en las proximidades, mientras unas torres móviles de videovigilancia controlan ahora el perímetro de la actuación.

Precisamente, la instalación de estas cámaras ya ha sido puesta en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno en Aragón y se ha realizado una consulta ante la Agencia Española de Protección de Datos para conocer si cumplen los requisitos establecidos para la captación de imágenes en un espacio próximo a viviendas y vías públicas.

“Con nocturnidad y alevosía”, resumen los vecinos el inicio de unas obras a las que se oponen desde hace casi dos años. En los cerca de 6.000 metros cuadrados de la parcela 89.37, originalmente calificada para equipamiento público docente, el Gobierno de Aragón prevé levantar 192 viviendas públicas de alquiler asequible dentro del programa de Vivienda Dotacional Pública desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza.

La promoción forma parte de un paquete de 640 viviendas repartidas entre Rosales del Canal y Miralbueno. En este caso, el Gobierno de Aragón asumió la competencia para tramitar la licencia urbanística de las obras, lo que le permite agilizar los trámites al concentrar el procedimiento administrativo evitando los periodos de alegaciones en vía administrativa que luego también pueden acabar en vía judicial.

A la controversia urbanística se ha sumado ahora otra de carácter ambiental. El portavoz de la Asociación Vecinal Entrelagos, Nacho Jordán, ha anunciado que pondrán los hechos en conocimiento del departamento competente en Medio Ambiente para que compruebe si los trabajos de extracción de tierras se ajustan a la normativa y a las autorizaciones correspondientes.

La asociación sostiene que los materiales están siendo trasladados a una gravera de Áridos Blesa situada al norte del polígono de Malpica y reclama que se acredite su correcta gestión. En concreto, Entrelagos exige que se compruebe la procedencia y naturaleza de los materiales, su trazabilidad, la documentación que ampara su transporte y destino y el cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos de la obra.

El próximo 27 de septiembre está prevista una nueva manifestación y un recorrido en bici con familias y niños hasta la actual ubicación del centro de salud en Arcosur “para evidenciar las distancias (a más de 2,5 kilómetros) y reivindicar que se haga donde ya hay población consolidada y en crecimiento permanente en Arcosur Norte.

Sin respuesta de los tribunales

La oposición vecinal al proyecto comenzó hace dos años, cuando Entrelagos reclamó preservar la parcela 89.37 para cubrir las necesidades de equipamientos de Rosales del Canal y Arcosur Norte. La asociación recuerda que el solar estaba destinado originalmente a uso educativo y que el propio Departamento de Sanidad llegó a solicitarlo para construir un centro de salud. Entre sus reivindicaciones figuran también un instituto con Bachillerato y Formación Profesional, completar las instalaciones educativas existentes y disponer de nuevos equipamientos deportivos.

La reclamación vecinal ha obtenido también respaldo político. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó el 23 de diciembre de 2025, con los 16 votos de PSOE, Vox y Zaragoza en Común frente a los 15 del PP, una moción para revertir la cesión y el cambio de uso de la 89.37, restituir su destino dotacional educativo y elaborar una planificación integral de los equipamientos educativos y servicios públicos necesarios en el Distrito Sur. El acuerdo político, sin embargo, no ha impedido que la promoción siga adelante.

El conflicto terminó trasladándose a los tribunales. Entrelagos mantiene recursos contencioso-administrativos contra las decisiones que han permitido desarrollar las viviendas en estos suelos y cuestiona el acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón en septiembre de 2024 para declarar compatible la vivienda dotacional pública con los usos de equipamiento previstos en parcelas de Rosales del Canal y Miralbueno.

La asociación sostiene en su demanda que esos terrenos estaban protegidos por el planeamiento como equipamientos públicos y que la construcción de viviendas exigía modificar previamente el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. También argumenta que la cesión de los solares municipales a la Comunidad Autónoma estaba condicionada al cumplimiento del planeamiento vigente y cuestiona distintos aspectos de la tramitación seguida posteriormente.

Entre ellos, Entrelagos destaca que durante el procedimiento se emitieron informes que plantearon reparos al modelo elegido y pone el foco en la cronología de la licitación: según recoge su demanda, el plazo para presentar ofertas comenzó el 20 de noviembre de 2024 y el acuerdo que había declarado la compatibilidad de usos no se publicó oficialmente hasta el día 28.

La asociación pidió al Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declarase nulo o anulable el acuerdo que permitió compatibilizar la vivienda dotacional con los usos anteriores de las parcelas. Los recursos continúan pendientes de resolución y, al no haberse acordado medidas cautelares que paralizaran el proyecto, Entrelagos teme que la sentencia llegue cuando las 192 viviendas de Rosales estén ya muy avanzadas o incluso construidas.

Equipamientos pendientes

Para Entrelagos, el comienzo de las obras en la 89.37 agrava un problema que va mucho más allá de las 192 viviendas (número por encima de las 160 previstas). La asociación recuerda que Sanidad llegó a solicitar esta misma parcela para construir un centro de salud pero Rosales del Canal continúa necesitando equipamientos educativos y sanitarios para atender a una población ya consolidada y al futuro crecimiento de Arcosur Norte.

Aunque se ha trasladado que el Gobierno de Aragón planea construir dos nuevos colegios y un instituto en Arcosur tampoco resuelve, a juicio de la asociación, esas carencias porque no dan respuesta a las necesidades de Rosales y Arcosur Norte. El portavoz de la asociación, Nacho Jordán, cree que “se utiliza el anuncio de equipamientos públicos como reclamo para la promoción inmobiliaria encareciendo el precio de la vivienda allí donde todavía no vive nadie en vez de donde ya hay población consolidada con carencias que no se verán cubiertas con esos anuncios aunque se materialicen”.

La búsqueda de emplazamientos tampoco resulta sencilla. El corredor aéreo del aeropuerto de Zaragoza condiciona parte del suelo de Arcosur y limita determinados usos educativos y sanitarios por la afección del ruido, como reconoce la propia documentación municipal. A ello se añaden las dudas sobre la presencia de dolinas y las condiciones geológicas de algunos terrenos, que han obligado a realizar estudios antes de decidir dónde ubicar determinados equipamientos.

En Rosales, además, las principales parcelas dotacionales tienen ya un destino concreto o están comprometidas. La 89.38 alberga el CPI Rosales del Canal y reserva espacio para completar sus instalaciones; la 89.35 mantiene su uso deportivo y la 89.37, inicialmente destinada a equipamiento educativo, ha pasado a albergar las viviendas públicas que ahora comienzan a construirse.

Por eso, la asociación Entrelagos reclama que Ayuntamiento y Gobierno de Aragón planifiquen conjuntamente los equipamientos de Rosales del Canal y Arcosur Norte, teniendo en cuenta tanto la población existente como el crecimiento previsto y las limitaciones reales de los terrenos disponibles. Su temor es que la pérdida progresiva de parcelas aptas termine haciendo más difícil encontrar suelo para los servicios públicos que consideran todavía pendientes.

La Asociación de Parkinson de Villarrobledo ha celebrado esta martes en el stand de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dentro de la Feria de Albacete, un acto de carácter social e institucional donde ha reconocido públicamente el apoyo continuado de distintas entidades e instituciones que colaboran con sus proyectos sociosanitarios.

Entre ellas, ha sido distinguida la Fundación Eurocaja Rural, por su “sensibilidad, cercanía y compromiso con iniciativas que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas, así como de sus familias”, según destaca la entidad en un comunicado. Además, ha destacado el compromiso que mantiene con la inclusión y el empleo de las personas con enfermedades neurológicas y neurodegenerativas.

El presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, recogió este reconocimiento de manos de la presidenta de la Asociación de Parkinson de Hellín, Toñi Collados, en un acto donde participó la presidenta de la Asociación de Parkinson de Villarrobledo, Catalina Haro Martínez, el delegado de la JCCM en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, la directora general de Mayores de la JCCM, Alba Rodríguez Cabañero, o el diputado provincial del Área Social - Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Albacete, José González Martínez, y al que asistieron igualmente la gerente de la Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés Martínez, el director del Área de Relaciones Institucionales, Miguel Ángel Escalante Pinel, y el director territorial de Eurocaja Rural en Albacete, Carlos Prior García.

Tras recibir esta distinción, López Martín felicitó a la Asociación de Parkinson de Villarrobledo por el trabajo que realiza desde su constitución en 1999, destacando la implicación de su equipo humano y la vocación de servicio con la que desarrollan su actividad, generando apoyo y acompañamiento para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con la enfermedad.

“La Asociación de Parkinson de Villarrobledo es un referente por la calidad de los servicios cualificados y profesionales de rehabilitación y apoyo que proporciona a personas afectadas por enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurológicas y/o neurodegenerativas, a sus familias y entorno”, afirma Eurocaja Rural en un comunicado.

“La asociación fomenta la autonomía e independencia del colectivo, concienciando a la sociedad sobre la enfermedad y trabajando para mejorar su calidad de vida física, psicológica, emocional, funcional y socialmente. Todo ello a través de la formación continuada del equipo de profesionales que realiza la atención del colectivo”.

Antonio Vilela vivía en Santurce cuando en 1997 tomó una decisión que cambió por completo su vida: comprarse una casa en el municipio cántabro de Argoños. Tres años después, un amigo le llamó por teléfono: “Oye, que en la prensa pone que tu urbanización tiene una sentencia de derribo”. Fue el comienzo de una incertidumbre que arrastra tres décadas.

Cantabria atesora un récord difícil de emular para su tamaño. Más de quinientas viviendas con sentencia de demolición. Todo empezó en la playa de la Arena, en Arnuero, donde se arrasó un encinar para construir una urbanización de 144 apartamentos junto a la ría de Ajo. “Fruto de la naturaleza”, presumían los anuncios. Las casas las edificó Cenavi, una constructora que ya no existe. Paradójicamente, también recibió el encargo de demolerlas.

La mayoría de las sentencias dictadas por los tribunales -llegaron a ser 835 en total según la documentación consultada por elDiario.es- son herencia de la corrupción urbanística de los años noventa, pero todavía colean las consecuencias del terremoto judicial que ha hecho tambalearse la vida de cientos de familias. Todavía quedan 527 viviendas con sentencia de derribo en la comunidad. 314 propietarios han muerto sin ver resuelto el conflicto y otros aún viven en precario, en una casa que tarde o temprano tendrán que abandonar.

Ninguno de ellos ha digerido la respuesta a la primera pregunta que se hizo Antonio tras aquella conversación telefónica: “¿Cómo voy a tener una sentencia de derribo, si nunca me ha denunciado nadie y he comprado una vivienda con todos los permisos pertinentes?”. Él no se conformó con aquel veredicto judicial y movilizó a los afectados para ejercer una defensa conjunta. AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración, se ha convertido en una caravana de desesperanza que todo el mundo conoce en Cantabria y que se gestó en un encierro en el Ayuntamiento de Argoños en diciembre de 2004, una de las primeras movilizaciones de los afectados.

En la siguiente primavera se fundó la organización que ha llegado a reunir 4.600 socios. Su epicentro siempre ha sido el incansable espíritu reivindicador de Antonio Vilela y su contagiosa constancia para organizar movilizaciones. Llegó a llenar un autobús con ochenta personas para viajar a Bruselas y exponer sus reivindicaciones en el Parlamento europeo.

Cuando empezó tenía 39 años. Hoy tiene 67 y sigue al frente de AMA. Estudió tanto para poder defender a los afectados que acabó por sacarse la carrera de Derecho.

“En 25 años he conocido a nueve consejeros de Obras Públicas, ninguno ha repetido”, apostilla. Es decir, que cada legislatura empiezan de cero poniendo al día al político de turno sobre una situación que todavía no se ha resuelto.

Las denuncias de una asociación ecologista

En el triángulo hay un tercer vértice: la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria. ARCA, otras siglas de extraordinaria trascendencia en la comunidad, que ha sido la principal impulsora en los tribunales de los procesos contra el urbanismo ilegal. Ellos lograron que los jueces dictasen las polémicas sentencias de derribo y anulasen planes municipales de urbanismo.

La mayoría de las viviendas con sentencia de ilegalidad se construyeron en dos ayuntamientos costeros, Piélagos y Argoños, y en menor medida en Arnuero y Escalante.

En el municipio de Piélagos —con doce playas en el geoparque Costa Quebrada— gobernó durante 22 años seguidos José Ángel Pacheco, del Partido Popular, que llegó a ser condenado por un juzgado de lo penal de Santander a año y medio de cárcel y nueve años de inhabilitación por un delito continuado contra la ordenación del territorio. Corrupción urbanística. Concedió licencias de construcción a casi 400 viviendas que acabaron con sentencia de demolición. Cuando falleció, sus antiguos compañeros del PP propusieron poner su nombre a un colegio.

La corrupción urbanística ha salido muy cara a los cántabros porque los platos rotos -las indemnizaciones y las viviendas de sustitución que se están ofreciendo como alternativa a los afectados por los derribos- se pagan con dinero público. De hecho, el Gobierno de Cantabria ha tenido que ayudar a los ayuntamientos que eran incapaces, por la desproporción en relación a su presupuesto, a hacer frente a estas cantidades desde que optó por la solución de impulsar procedimientos de responsabilidad patrimonial en 2015. A través de la empresa pública Gesvican se habilitó un fondo de derribos para gestionar el asunto.

En Piélagos (26.901 habitantes) aún quedan en pie 88 viviendas con sentencia de derribo de tres urbanizaciones que se construyeron sobre los acantilados de la playa de Cerrias. Se han tirado tres casas. El Ayuntamiento ha intentado legalizar las viviendas con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana —como un indulto a posteriori— pero todavía está pendiente de aprobación.

En este municipio se llegó a urbanizar la ladera del monte La Picota, una zona de alto valor ecológico, pomposamente bautizado como el Alto del Cuco. La constructora Fadesa edificó 241 de las 400 viviendas proyectadas sin permiso de la Comisión Regional de urbanismo (CROTU) antes de que lo frenara un recurso de la asociación ecologista ARCA en los tribunales porque era un espacio protegido. Fue uno de los ejemplos más simbólicos de la corrupción urbanística en Cantabria, con el mismo alcalde: Pacheco. Después de una sentencia del Supremo, 'el Algarrobico de Cantabria' se derribó. Las casas nunca se llegaron a habitar. La demolición le costó 3,7 millones de euros al Gobierno de Cantabria.

Argoños, el segundo municipio más pequeño de Cantabria que alcanza ni los dos mil habitantes, llegó a tener 255 viviendas condenadas a la piqueta. En más de dos décadas solo se han tirado 12. Tres familias ya tienen otra vivienda de sustitución y ocho han preferido cobrar una indemnización económica, en compensación por el valor de los inmuebles y los daños morales padecidos después de tantos años de incertidumbre. Las cuantías las fijaron los tribunales, entre 58.000 y 65.000 euros frente a los 280.000 que reclamaron algunos propietarios.

La última cifra que dio hace unos meses el Gobierno de Cantabria confirma que solo en indemnizar a los propietarios de Piélagos ya han gastado más de 7,5 millones de euros de dinero público.

En Escalante hay 32 viviendas ilegales. Un edificio, al lado de la sede del Ayuntamiento, que hay que derribar. Catorce de las personas que compraron en él un piso ya tienen otra vivienda de sustitución. En el cercano municipio de Arnuero suman 142 las casas condenadas a la piqueta.

“Seguimos habitando en la incertidumbre y la gente que compró con 40 o 50 años se ha hecho muy mayor; si tardan mucho no vamos a quedar ninguno”, lamenta Antonio Vilela. A lo largo del tiempo se han intentado buscar atajos “que lo único que han hecho ha sido retrasarlo todo”, valora.

Además, los propietarios no entienden que ellos hayan tenido que salir de sus casas y que, mientras las derribas, otras personas se hayan metido a vivir en ellas. De hecho, esta semana el consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, se presentó con una pala excavadora en una urbanización y se encontró con que solo pudieron derribar dos viviendas porque las otras estaban ocupadas.

Los afectados también señalan otra paradoja en este amargo proceso para ellos, desde el punto de vista personal. Algunas urbanizaciones como Pueblo de Mar o El Camino del portillo en Argoños se edificaron sobre suelo urbano. Es decir, que cuando tiren las casas se podrán hacer otras perfectamente legales. “Es una tortura institucional”, concluye Antonio Vilela.

Catorce mujeres, con un abanico de edad que se mueve en las décadas de los años 30 a 50 del siglo pasado, y una trayectoria vital y artística diferente pero a las que el arte ha unido, se han sumado a un proyecto único y original. Bajo el título genérico 'En femenino y en plural' han dado el paso para mostrar sus obras en una muestra, inaugurada ayer en la capital asturiana, bajo el amparo de la Universidad de Oviedo y la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA).

La muestra podrá contemplarse en la Sala de Exposiciones del Edificio Histórico de la institución académica hasta el próximo 12 de octubre y en ella se exhiben las obras de Ángeles Palomeque, Ascensión Fuentes, Beatriz Gutiérrez, Charo Garpe, Cristina Ortiz, Daniela Zanzoni, Dolores Trabanco, Encarnación Domingo, Lidia Rodríguez, Marina Ladero, Pilar del Val, Purificación Trabanco, Raquel Miranda y Trinidad Formoso.

Recuperación y difusión

'En femenino y en plural' forma parte del proyecto 'Contra el canon', una iniciativa que nació en 2015 con el objetivo de contribuir a la recuperación, documentación y difusión de la obra de creadoras vinculadas a Asturias.

La Universidad de Oviedo y AFA mantienen desde sus inicios una colaboración que ha permitido dar continuidad a un proyecto que busca ampliar y hacer más completo el relato de la creación artística en Asturias.

Conocer mejor el arte contemporáneo

Las 14 artistas pudieron comprobar ayer en persona el gran interés que ha despertado una exposición que permitirá, a través del recorrido por sus creaciones artísticas, conocer mejor el arte contemporáneo en Asturias.

En el acto inaugural estuvieron acompañadas por el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde; la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, Marta Mateo; la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Oviedo, Paz Menéndez Sebastián; la presidenta de AFA, Gloria García Nieto, y el comisario de la muestra, Santiago Martínez.

Construir una sociedad “más igualitaria”

Marta Mateo resaltó la convicción compartida entre la institución académica y AFA de que “la cultura también es un espacio desde el que podemos contribuir a construir una sociedad más igualitaria”.

La vicerrectora destacó cómo la muestra va a permitir acercar al público a 14 artistas “con trayectorias y lenguajes muy diferentes para, al mismo tiempo, revisar el relato de nuestra historia artística para hacerlo más completo”.

Un relato cultural común

Por su parte, la directora de la Unidad de Igualdad, Paz Menéndez Sebastián, expresa en el catálogo que la Universidad de Oviedo acoge esta exposición desde “la convicción que debe orientar la acción universitaria: no hay igualdad real sin memoria, sin reconocimiento y sin presencia pública de quienes fueron injustamente invisibilizadas”.

Esta muestra es, a su juicio, “una invitación a disfrutar del arte, pero también a repensar el modo en que construimos el relato cultural común”.

Nuevas miradas

Esta sexta edición del proyecto 'Contra el canon' supone un cambio respecto a las anteriores, que estuvieron dedicadas monográficamente a Chelo Sanjurjo, Mabel Lavandera, María Álvarez, Jezabel Rodríguez y Elena Rato.

Otro de los aspectos que se quiere resaltar es la visibilización de las obras de creadoras que “por unas causas u otras, han quedado silenciadas a pesar del incuestionable valor de sus propuestas, la reivindicación del valor de sus aportaciones plásticas y la potenciación de artistas que, habiendo conseguido un relativo reconocimiento, requieren nuestro respaldo, una documentación y un catálogo que atestigüen su labor y su valía”, recalca Santiago Martínez, comisario de la muestra.

La voz de las artistas

El comisario de la muestra destaca la presencia de propuestas vinculadas a la abstracción matérica, la abstracción geométrica y una abstracción “más libre, poética y cromática”, junto a obras que mantienen elementos figurativos e incluso propuestas instalativas. También conviven técnicas tradicionales como el óleo y el acrílico con pintura industrial, impresión digital y trabajos sobre barro, madera, papel, cartulina o aluminio.

Otra novedad de esta edición es la incorporación de la voz de las propias artistas al catálogo. Las 14 creadoras responden a cuestiones sobre su manera de entender el arte, aquello que quieren proyectar en sus obras y las personas que han influido en sus trayectorias. El resultado es un conjunto de reflexiones que complementa el recorrido expositivo y permite aproximarse a las obras desde la perspectiva de sus propias autoras.

El homenaje

La presidenta de la Asociación Feminista de Asturias es Gloria García Nieto, quien asegura que la exposición sirve como homenaje a estas 14 mujeres artistas y reivindica una obra que, según expone, “sin duda, merece ser reconocida y documentada”.

Por su parte, Carmen Suárez Suárez, de AFA, destaca que, para la asociación, “estas mujeres ya están incorporadas en nuestro canon, aquel que rompe los esquemas tradicionales y nos da oportunidad de conocer a creadoras como vosotras”.

Las mujeres y la música

La exposición forma parte de una edición especial con motivo del 50 aniversario de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor, que amplía por primera vez el proyecto a otro ámbito artístico: la música.

Bajo el título 'Las mujeres y la música, donde clama el silencio', el programa aborda la presencia de las mujeres en la creación y la interpretación musical y su exclusión histórica, con conferencias de María Sanhuesa, Marta G. Teijido y Sakira Ventura. Una programación que se completa con cinco microconciertos.

Hay batallas que comienzan por reivindicar cosas muy pequeñas, pero que son importantes para los jóvenes, y que pueden cambiar el modo de vida en un emplazamiento concreto. Tener acceso a unos estudios, a un trabajo, a una vivienda. Derechos que parecen básicos, pero que cuesta conseguir.

Sin embargo, a veces para llegar a lograr metas más ambiciosas hay que dar un paso adelante, y mientras que llegan esas oportunidades, luchar por objetivos a corto plazo como, por ejemplo, contar con “un DJ digno” para las fiestas de un pueblo. Así es como Irene Ferrer, de 27 años, llegó a presidir la Asociación El Castillejo de Alcantud en municipio de Cuenca.

Estudia el tercer año del Grado en Educación Social y esa vocación es la que implementa en su pueblo. Aunque por sus estudios vive en Alcalá de Henares, regresa a Alcantud siempre que puede. “Me enfoco en que todo el mundo tenga oportunidades, sobre todo de ocio en este pueblo que es tan pequeño. Se trata de darlo a conocer y que se mantenga vivo”, explica.

Alcantud, ubicado en la provincia de Cuenca, pero justo en la frontera con la de Guadalajara, suele tener en torno a unos 50 o 60 habitantes, “aunque en invierno la población baja muchísimo más”, recalca Irene. No obstante, han llegado hasta los 300 en verano.

La asociación cultural que ella preside tiene más de veinte años de vida y en el pasado estaba gestionada por personas de la edad de sus padres. Hace cinco años se renovó la Junta Directiva y “nadie quería coger el relevo”. Irene señala que ella veía cómo se programaban muchas actividades para gente mayor y para niños, pero los jóvenes “estaban un poco olvidados” y decidió dar un paso adelante.

“Yo entré principalmente por la lucha de tener un DJ digno para una fiesta. Dije: 'me meto en la asociación y así hago un poco de presión para conseguirlo'. Al cabo del tiempo vi que quienes estaban en la Junta Directiva son gente con familia, trabajo y otras preocupaciones y me quedaba un poco sola. Así que arrastré a mis amigos, a mi hermana y a mis primos”, relata.

Y así, la Asociación El Castillejo de Alcantud tiene en la actualidad seis miembros, con edades comprendidas entre los 23 y los 38 años. Asegura que la ventaja de que todo quede en familia es que “no hay discusiones, siempre estamos de acuerdo”.

Irene está en búsqueda de empleo, ya que el trabajo en la asociación no es remunerado, con el objetivo de “volver a vivir en Alcantud”.

Diseñar actividades para revivir el pueblo

Ferrer destaca que muchas veces la gente con raíces en Alcantud “se queja mucho” de la falta de recursos, ya que la mayoría se encuentran en Priego —localidad cercana de casi mil habitantes—donde está el centro médico, la farmacia, los bancos o el supermercado.

“Aquí a las 10.00 horas suena el pito de que llega el pan, los martes la fruta, el miércoles el médico y el bar que tenemos abre de vez en cuando. La gente se queja mucho de que si hubiese más servicios vendrían al pueblo. ¿Pero qué más necesitas si a diez minutos tienes todo en el pueblo de al lado? La gente busca una pulsera de Marina D'Or, ciudad de vacaciones con todo accesible. Yo en Alcalá si quiero ir al hospital también tardo 10 minutos”, matiza.

Irene nos cuenta que, al igual que en muchos pueblos pequeños, todos hacen “piña y a nadie le falta nunca de nada” y que incluso ahora les han instalado la fibra óptica: “La gente decía mucho: es que yo me vendría aquí a teletrabajar, pero no llegaba bien el internet tal, y ahora ya lo tenemos, así que a ver si así se van animando más personas”.

Desde El Castillejo de Alcantud ha diseñado un proyecto cultural que abarca todo el año. “Antes se enfocaba más en la semana cultural de agosto y alguna actividad suelta en Semana Santa o Halloween”, dice Irene, mientras que ahora todos los meses hacen unas jornadas gastronómicas.

“Es el padre de un amigo nuestro el que cocina comidas típicas de la zona y lo usamos como reclamo para la gente que quiere venir al pueblo y dice que no hay nada en el fin de semana. También organizamos excursiones... Bueno y en Navidad organizamos una cena. Acudimos unas 70 personas y porque no pudo venir más gente. No se cabía en las antiguas escuelas del pueblo, que es donde lo celebramos”, relata.

Varias personas del pueblo viven en Barcelona o en Andalucía, y tal como explica Irene, “se quejan de que hagamos las jornadas los fines de semana que no hay puente o cuando ellos no están de vacaciones. Y es que el enfoque de la actividad es precisamente ese, venir al pueblo el resto del año, no cuando se espera”.

Además, cree que las actividades no tienen por qué ser especiales o de gran dimensión. Basta con que puedan ser participativas, para todos los públicos. “Las personas mayores también necesitan ese ocio, bien porque antes no han podido salir o porque no lo han tenido. Hacemos básicas desde echar unas cartas, un taller de tecnología o traerles música de su edad. Están muy agradecidos de que trabajemos tanto por el pueblo, y es que nuestros abuelos nos dejaron el mejor legado, que es cuidar Alcantud”.

Recuperar tradiciones y seguir luchando por el ocio

Otro de los objetivos de la asociación es recuperar tradiciones perdidas. “Nos contaba la gente mayor que antiguamente se celebraba San Antonio: entonces las calles se llenaban de hogueras, o también un evento llamado La Moneda, que es como una especie de subasta y que eso se había pedido. Pues hace ya tres años que lo hemos recuperado”.

Asegura también que en las actividades “participan más la gente que viene los fines de semana que los que viven en el pueblo, y la verdad que nos choca mucho, pero a ver si conseguimos romper un poco esas barreras”.

La asociación sobrevive y trabaja con pequeñas subvenciones de la Diputación de Cuenca “que siempre podría ser un poco más, pero lo que tenemos nos vale”, pero también echan mano de la cercanía con los recursos. “Un amigo de un amigo ha conseguido que venga un concierto de guitarras a la iglesia, también para las excursiones un chico joven del pueblo de al lado tiene una empresa que hace excursiones. Nos ponemos en contacto con pequeñas empresas de la zona para hacer las actividades. Yo por ejemplo los fines de semana me encargo haciendo la ludoteca para cuatro niños en Alcantud, pero ellos también tienen derecho a tener ese ocio en finde”, apunta.

Irene comenta entre risas que el próximo objetivo es ver si pueden contratar una carpa para la segunda edición de la cena de Navidad “para que nadie se nos quede fuera, porque fue una locura. Nosotros éramos los camareros, nuestros padres los cocineros, nos lo pasamos muy bien”.

Regresar a Alcantud sin excusas y fomentar la participación

Esta localidad conquense posee una población mayormente envejecida. Irene nos cuenta apenada que a comienzos del 2026 tuvieron un mes muy malo donde “empezó a fallecer gente muy mayor, que empezamos a decir, madre mía, ¿qué está pasando? Pero es una realidad y es ley de vida. Si el pueblo termina muriendo vamos a acabar siendo una pedanía o un pueblo abandonado”.

Por ello, otro objetivo es traer a gente joven a vivir allí. Ferrer señala que hay personas jóvenes que quieren irse a vivir a Alcantud, pero “lo que echa mucho para atrás son los servicios, aunque yo siempre les digo que tenemos todo al lado. También es cierto que yo soy una persona que le gusta mucho el silencio, salir a la calle a dar de comer a los gatos de la calle, pero hay gente que necesita el ocio en la puerta de casa”.

El problema de la vivienda, que nos afecta a muchos jóvenes, allí lo tendríamos resuelto, porque tenemos la casa de nuestros padres o de nuestros abuelos, y el gasto es mínimo

“El problema de la vivienda, que nos afecta a muchos jóvenes, allí lo tendríamos resuelto, porque tenemos la casa de nuestros padres o de nuestros abuelos, y el gasto es mínimo. Siempre se lo digo, que aquí viviríamos genial, y el ocio lo tendríamos entre nosotros. Desde mi perspectiva lo veo muy fácil, aunque en mi caso mi perfil de trabajo por la zona no lo encuentro, pero bueno en algún momento aparecerá”, explica Irene esperanzada.

Las redes sociales son un gran altavoz para contar lo que hacen. Además de sus perfiles en Instagram y Facebook, cuentan con 'El Pregón de Alcantud', un grupo de WhatsApp con actualmente 254 miembros que no solo sirve para anunciar las actividades, sino que también es “como el pregonero del pueblo. Si alguien pierde una camiseta, si nos encontramos un accidente en la carretera, o por ejemplo el otro día que hubo un incendio forestal en El Recuenco que está al lado, pues íbamos informando de lo que pasaba. Cada vez se une más gente”.

De igual manera, Irene también invita a visitar Alcantud y su entorno. Mientras, ellos seguirán luchando “muchísimo” para que cualquier persona les visite y se interese por la zona.

El Edificio Emigración de Irún ya está preparado para acoger algunos servicios comunitarios. Las nuevas instalaciones albergarán un espacio para Personas Mayores, un haurtxoko y el local de la Asociación de Vecinos de San Miguel. Tanto la asociación como el espacio de mayores comenzaron ya su actividad este pasado martes, 1 de septiembre, mientras que el haurtxoko iniciará su funcionamiento en octubre.

El inmueble fue proyectado entre 1963 y 1964 por el arquitecto Alejandro de la Sota junto a José María Iturriaga y constituye “una pieza destacada del patrimonio urbano de Irún”. La rehabilitación y conservación del interior del complejo, de 2.268 metros cuadrados, ha corrido a cargo de Irúnvi, la Sociedad Pública de Vivienda de Irún. El proyecto ha mantenido el respeto al legado del arquitecto original mediante la colaboración con su fundación. El proyecto definitivo contempla diferentes estancias destinadas a usos sociales, además de la ejecución de un patio exterior abierto.

Tras completar durante el mes de agosto el traslado de todas sus pertenencias, la Asociación de Vecinos de San Miguel comenzará su actividad con la apertura de su biblioteca este martes, 1 de septiembre. Además, la agrupación vecinal llevará a cabo una jornada de puertas abiertas durante toda la semana, de 17:00 a 19:30 horas, para dar a conocer el nuevo espacio entre la ciudadanía.

Por su parte, el espacio de Personas Mayores también comenzará su actividad este martes. El servicio traslada su sede, después de más de doce años en la calle Javier Esteban Indart. De cara a la programación tras el verano, el centro prevé celebrar una jornada especial el viernes 11 de septiembre para presentar oficialmente 'Udazkenean Gogoz', el programa de talleres que se desarrolla en los espacios de Personas Mayores después del periodo estival.

Por último, el haurtxoko se trasladará desde la ubicación provisional que ocupaba en El Rancho hasta su nuevo emplazamiento en el Edificio Emigración. Aunque el traslado ya se ha completado, la actividad del servicio no comenzará hasta octubre, coincidiendo con el calendario de funcionamiento del resto de haurtxokos de la ciudad.

El monumento a los 'Héroes del Simancas' que se encuentra adosado en la fachada del colegio de La Inmaculada Concepción en Gijón/Xixón ha sido incluido en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y tendrá que ser retirado en el plazo de seis meses, según ha acordado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La resolución ministerial ha sido acogida con gran satisfacción por Rafael Velasco, presidente de la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR), que lleva años intentando que desde el Ayuntamiento de Gijón/Xixón y el Principado de Asturias se realice una política activa para suprimirla de su emplazamiento como símbolo de exaltación franquista y ha denunciado reiteradamente la inacción de la administración en el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

La conservación

La resolución consta de 21 páginas, a las que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, donde va detallando las características del monumento y la valoración de la Comisión Técnica que, en un informe definitivo y vinculante, destaca que “no existen razones artísticas o arquitectónicas” suficientes que justifiquen su conservación y concede a la Compañía de Jesús, propietaria del inmueble, un plazo máximo de seis meses para proceder voluntariamente a su retirada.

“No se considera conveniente la conservación del elemento, una vez efectuada su retirada. No obstante, en caso de que el titular decida conservar total o parcialmente los elementos retirados, su depósito y custodia se realizarán en una dependencia determinada por el titular del elemento, sin que ello implique en ningún caso su exposición pública”, explica.

El plazo se considera “adecuado”

Este plazo se considera “adecuado, suficiente y plenamente respetuoso con el principio de proporcionalidad”, atendiendo a la naturaleza de las actuaciones materiales que pudieran resultar necesarias, así como a la eventual complejidad “técnica, administrativa o patrimonial inherente a la ejecución de la retirada, garantizando de este modo una oportunidad razonable para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución”.

La resolución incide en que en el caso de que se incumpla esta obligación en el plazo de seis meses dará lugar a la incoación de un procedimiento previsto en el artículo 37 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

La paralización judicial

La resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que contra la misma cabe recurrir en alzada ante el Secretario de Estado de Memoria Democrática en el plazo de un mes.

Esta decisión abre un nuevo capítulo en este polémico caso, ya que el pasado mes de julio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acordó estimar la petición de la Compañía de Jesús Provincia Canónica de España, propietaria del edificio, para que se suspendiera una resolución dictada por el Gobierno asturiano, el pasado 5 de mayo, para que se ordenara su retirada.

A continuación reproducimos íntegra la resolución dictada por la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del pasado mes de mayo.

La memoria del franquismo

La resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática supone, a juicio de Famyr, un importante avance para quienes durante años han reclamado la eliminación de este vestigio de la dictadura franquista.

“Es importante -señala Rafael Velasco- que la propia resolución reconoce que el significado del monumento no puede separarse del contexto en el que fue promovido e inaugurado, de su finalidad conmemorativa, su iconografía y sus inscripciones, todos ellos vinculados a la política de memoria del franquismo”.

Evitar “nuevas maniobras”

Famyr considera que ha llegado el momento de dejar atrás las excusas y las propuestas de resignificación: “El monumento fue construido para glorificar un episodio de la sublevación franquista y debe ser retirado del espacio público, tal y como establece la legislación de memoria democrática”, asevera.

La Federación reclama ahora a la Compañía de Jesús, al Principado de Asturias y al Ayuntamiento de Gijón/Xixón que faciliten el cumplimiento de la resolución y no se produzcan “nuevas maniobras destinadas a retrasar o impedir su ejecución”, señala.

La exaltación del fascismo

El presidente de la federación opina que la impunidad del franquismo, la permanencia durante décadas de sus símbolos y la ausencia de una verdadera política de memoria democrática han contribuido a que hoy siga vigente la exaltación del fascismo en las calles.

“Retirar el monumento de Simancas no es solamente reparar una injusticia del pasado; es también combatir la normalización del fascismo en el presente porque donde se conserva la simbología de una dictadura, se alimenta su legitimación. Y donde se permite su impunidad, el fascismo vuelve a sentirse impune”, subraya.

La Asociación de Padres de Niños con Autismo de Extremadura (Apnasurex) ha denunciado la sanción de 9.000 euros, que es “la máxima prevista en el orden social”, impuesta por la Inspección de Trabajo a raíz de la caseta solidaria que la entidad instaló en la Feria Ibérica de la Alfarería y el Barro de Salvatierra de los Barros. Pese a no reconocer infracción alguna, la entidad pagará finalmente 5.400 euros al acogerse a la reducción del 40% por pronto pago para evitar derivar fondos a procesos judiciales.

Los hechos se remontan al pasado 30 de mayo, cuando la Inspección de Trabajo, acompañada por la Guardia Civil, se personó en la caseta e identificó a varios de los 14 voluntarios presentes. A partir de las declaraciones de dos de ellos, la autoridad laboral concluyó la existencia de una relación laboral encubierta.

Apnasurex considera esta interpretación “radicalmente errónea” y recalca que aportó documentación probatoria: los 15.010 euros recaudados se ingresaron íntegramente en la cuenta bancaria de la entidad, los pagos realizados correspondían de forma exclusiva a proveedores y se presentaron tanto los estatutos como cartas de apoyo del Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros y de la Federación Autismo Extremadura.

La organización ha explicado que la decisión de asumir el pago responde únicamente a la responsabilidad con los 30 niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA) a los que presta servicio. Según destacan, “cada euro destinado a un procedimiento administrativo o judicial es un euro que se le resta a ellos”. La iniciativa de la Caseta Solidaria echó a andar en 2008 con el objetivo de recaudar fondos para su Escuela de Verano, una actividad que permite a los menores mantener sus rutinas durante el periodo estival y ayuda a las familias en la conciliación laboral y personal.

Desde la entidad lamentan que una asociación que lleva 18 años “supliendo con voluntariado y solidaridad lo que la Administración no hace, termine siendo sancionada precisamente por ejercer ese voluntariado”.

Por su parte, la Federación de Autismo de Extremadura ha mostrado su respaldo explícito a Apnasurex y ha exigido el archivo del expediente. Su presidente, Rafael Hernández Fernández, ha insistido en que las personas identificadas “eran voluntarios, no trabajadores”, remarcando que la caseta es una iniciativa benéfica y no un negocio. A pesar del varapalo económico, Apnasurex ha confirmado que mantendrá la iniciativa en marcha: “La injusticia puede doler, pero no puede detenernos”.

El Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) ha denunciado “la obsesión” del Gobierno de Asturias por controlar las cámaras de fototrampeo.

La organización ecologista asegura que el Principado se pone al mismo nivel que países como China, Irán, Rusia o Birmania en el control científico de su fauna con cámaras: “Corea del Norte donde una persona que ponga cámaras de foto trampeo podría ser fusilada, superaría el control del Gobierno de Asturias”, asegura.

El control

En la actualidad para desarrollar trabajos científicos dentro de un espacio natural protegido en Asturias, el investigador científico debe de ir acompañado de un agente ambiental que testimonia la colocación de la cámara, la recogida de la tarjeta y se hace cargo de su custodia, trasladándola a su centro de trabajo donde la descarga y posteriormente se visiona, siendo el responsable del espacio natural quien autoriza o no al uso de las imágenes por parte de la entidad autorizada.

“El control absoluto de los datos de presencia y especialmente poblacional de determinadas especies como el lobo, se ha convertido en una actividad obsesiva del Gobierno de Barbón que trata de impedir que sus trabajos de censos de población puedan ser contrastados mediante otros trabajos científicos independientes”, sostiene la organización ecologista.

Las cámaras de fototrampeo

FAPAS explica, a través de un comunicado, que las cámaras de fototrampeo se han consolidado como una de las mejores herramientas de trabajo a largo plazo en el estudio de fauna silvestre, ya que su constancia en el tiempo al poder estar años en un mismo punto de trabajo, capturando de manera permanente imágenes de fauna que permiten obtener información científica de excepcional valor para conocer las fluctuaciones de densidades de población en un mismo territorio, y en el caso del lobo, controlar de manera fidedigna la composición histórica del número de ejemplares de lobo que dan origen a un grupo familiar.

“La obtención de estos datos determina posteriormente una información científica que permite evaluar cómo y cuándo se producen las fluctuaciones de diferentes densidades de presencia de lobo en un territorio y el incremento o disminución de ejemplares en los grupos familiares, permitiendo obtener información técnica de cómo se correlacionan esos datos con el incremento o disminución de daños a la ganadería a lo largo de los años que duran estos estudios”.

Los criterios científicos

Las cámaras de fototrampeo utilizadas bajo criterios científicos son una de las mejores herramientas que pueden poner al descubierto estrategias políticas donde se utiliza al lobo como un elemento de discordia social, y la administración asturiana “lo sabe”, según Fapas, que considera que por ello el Principado ha llegado al límite de una exigencia administrativa “propia de un régimen autoritario, tratando de evitar que nadie pueda contradecir censos que como el del lobo en Asturias, tiene un sesgo totalmente político”.

Dentro de esta actitud “monopolizadora del Gobierno de Asturias sobre los datos de población de lobo, destaca la ausencia una vez más de información sobre el trabajo desarrollado por la administración regional en colaboración con la Universidad de Oviedo/Uviéu sobre la captura de lobos y su seguimiento científico con radio collares vía satélite.

La dinámica de la población de lobos

Esta técnica superaría en eficacia para conocer aspectos científicos de dinámica de la población de lobos a las propias cámaras de fototrampeo, ya que permite además una información total a tiempo real sobre comportamiento, actitudes de caza como ataques al ganado y movimientos de uso del territorio por parte de los grupos familiares de los lobos controlados.

Sin embargo no existe ninguna información que haya trascendido sobre este trabajo iniciado en el año 2017, ni tan siquiera ha sido utilizado en los trabajos de censos anuales de la población de lobos en Asturias, “marcando una estrategia política de hermetismo y un oscurantismo científico sin precedentes en el estudio de la fauna salvaje española desde que hay democracia”, señala.

El censo

Entre los años 2021 y 2025, las cabezas de ganado afectadas por ataques de lobos en Asturias han pasado de 3.000 a 3.893, y el número de grupos familiares a 50 estimando una población de lobos de entre 412 a 460 ejemplares y resultando una media de 8,24 y 9,2 lobos por manada, según los datos que maneja Fapas.

Las cámaras de fototrampeo de la organización ecologista cuestionan los datos del gobierno asturiano. Durante los dos últimos años, el número de lobos que forman parte de un grupo familiar o manada ha bajado exponencialmente, siendo excepcionales las capturas gráficas de grupos familiares de más de cinco ejemplares, siendo ya una norma generalizada la composición de cuatro a tres ejemplares por grupo y una presencia muy acusada de ejemplares solitarios.

La normativa regional

Esta baja poblacional pese a la aplicación de normativas de protección del MITECO, se identifica con la nueva normativa regional que regula la vigilancia de las cacerías en los espacios protegidos, donde se ha anulado la presencia de guardería en el desarrollo de las miles de batidas de jabalí que se llevan a cabo cada año.

“El incremento de daños de la población de lobos en Asturias confirman la teoría científica de que a menor población de lobos con grupos familiares desestructurados y ejemplares solitarios, se incrementan los ataques al ganado”, subraya la organización.

El Grupo Municipal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño llevará al próximo pleno ordinario que se celebra el próximo jueves, 3 de septiembre, una propuesta para recuperar para el tejido asociativo de Madre de Dios la comisaría de Villegas y ofrecer una alternativa temporal a la asociación de vecinos del barrio tras el cierre provisional del Centro Cívico.

El portavoz del PR+Riojan@s de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha explicado este jueves que la comisaría reabrió en enero de 2024, pero que, actualmente, lleva meses cerrada y sin prestar servicio al barrio. Ha puntualizado que “el Gobierno de Conrado Escobar ha fracasado en su intento de implantar un modelo de policía de barrio”, ya que la comisaría “apenas se ha mantenido abierta dos años y, cuando ha estado operativa, no ha contado con los recursos humanos y técnicos necesarios, llegando estar atendida por un único agente”.

Ante esta situación, el edil riojanista ha apostado por poner estas instalaciones al servicio del barrio, especialmente del movimiento vecinal y del tejido asociativo de la zona este de la ciudad, que demandan locales para desarrollar sus actividades. “Tenemos un espacio público cerrado y un barrio que ha perdido temporalmente el centro en el que desarrollaban sus actividades por el derribo del antiguo convento. Lo razonable es buscar una solución y ofrecer una alternativa al vecindario”, ha recordado Antoñanzas.

En este contexto, el concejal regionalista ha planteado ofrecer temporalmente estas instalaciones a la Asociación de Vecinos de Madre de Dios con el fin de que pueda desarrollar su programación en el barrio mientras permanezca cerrado el Centro Cívico.

Antoñanzas también propondrá en el pleno liberar las plazas de aparcamiento que permanecen reservadas para vehículos policiales frente a la comisaría para uso de los vecinos y comerciantes de la zona. “Desde el Partido Riojano apostamos por dotar de uso a un espacio que está cerrado e infrautilizado para ofrecer una solución temporal a los vecinos de Madre de Dios y generar un nuevo recurso para las asociaciones y colectivos que necesiten un lugar en el que reunirse o desarrollar sus actividades”, ha asegurado.

En su opinión, “el asociacionismo vecinal es fundamental para construir ciudad desde la base. Las asociaciones de vecinos son las que mejor conocen las necesidades de sus barrios, las que organizan actividades y crean espacios de encuentro entre sus vecinos”.

La moratoria que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere establecer ante la proliferación de plantas de biometano en la comunidad autónoma, mediante un decreto que restringe su instalación y paraliza los expedientes en curso, no ha servido para calmar los ánimos de las decenas de colectivos sociales y vecinales de toda la región que rechazan de lleno esta polémica renovable. Unidos bajo el paraguas de la Plataforma regional Stop Biometano, han comparecido en Toledo y han alertado de que están dispuestos a acudir a los tribunales si el Ejecutivo de Emiliano García-Page no da marcha atrás y apuesta por otras alternativas.

Considera la asociación autonómica que el mencionado decreto no soluciona el problema de fondo. “Es un grave problema ambiental, social, sanitario, y ahora también político. En nuestros pueblos limpios, sanos y verdes, no nos merecemos que nos impongan estas instalaciones”, afirma en representación de este colectivo Rafael Ruiz, portavoz de Stop Biometano en Torralba de Calatrava (Ciudad Real), donde se proyecta una de estas instalaciones.

Recuerda en este sentido que el nuevo decreto supone la “prescripción” del anterior Plan de Biometano que promovió el Gobierno regional, sin que la Administración haya dejado claro sin las más de 15.000 alegaciones que se presentaron a ese proyecto también decaen.

De cualquier forma, ahora son más de 20.000 las alegaciones que estos colectivos y miles de particulares han presentado al nuevo decreto, todavía pendiente de aprobación, lo que demuestra que la oposición social al biometano es “creciente”.

Estas instalaciones suponen un desafío gravísimo para nuestra tierra, no las queremos. Ni siquiera queremos el decreto, porque genera inseguridad jurídica

“Estas instalaciones suponen un desafío gravísimo para nuestra tierra, no las queremos. Ni siquiera queremos el decreto, porque contiene muchísimos elementos que generan inseguridad jurídica. Debe ser revisado o directamente anulado, porque solo contempla algunas concesiones para ver si los ayuntamientos y los alcaldes se contentan”, argumenta Rafael Ruiz.

Se refiere al hecho de que esta nueva normativa, junto con la reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, permita a los plenos municipales poder “vetar” la instalación de plantas de biometano en sus términos municipales. Para las plataformas, esto es una “trampa”, porque muchos pueblos no disponen de recursos técnicos para emitir informes argumentados de rechazo, como requiere la ley.

A esta cuestión hace mención también Elisa Díaz, coportavoz de Verdes-Equo en Castilla-La Mancha, quien habla de “maniobra” del Gobierno de Castilla-La Mancha para intentar desactivar la contestación ciudadana. “Pero los vecinos y vecinas no se van a quedar de brazos cruzados, van a seguir muy vigilantes con su patrimonio”, ha dicho.

En su opinión, hay “imprecisiones” en el decreto que deben pulirse o incluso anularse. “No estamos en desacuerdo con que se gestionen los residuos producidos por las industrias cárnicas, pero tampoco entendemos por qué Castilla-La Mancha tiene que ser la que limpie la basura de toda España, por qué se quiere hacer aquí una megaindustria de reciclaje”, afirma en referencia a los residuos agroganaderos que tratan las plantas de biometano.

También incide la falta de recursos de muchos ayuntamientos para emitir informes como los que se solicitan en la nueva normativa para poder tumbar estos proyectos. El caso más paradigmático es el de Campos del Paraíso, en Cuenca, de apenas 700 habitantes. En su término municipal hay dos plantas de biogás proyectadas, y hasta seis en la zona colindante o de influencia. De hecho, este municipio acogió el pasado mes de marzo una de las manifestaciones más numerosas contra esta polémica renovable.

Desde Equo alertan también de que estas plantas tienen eventualmente fugas procedentes de sus antorchas de gas, que son, según estiman, un 80% más contaminantes que el CO2, así como posibles accidentes, explosiones e incendios. “Nada de esto está previsto en el decreto, ni siquiera la incidencia del cambio climático”.

Para Elisa Díaz, estas plantas responden, por tanto, a un modelo de desarrollo agroenergético “insostenible y especulativo”. “No son de utilidad pública ni de interés social, no tienen consenso y la posición ciudadana es cada vez mayor”.

“A un alcalde le pueden proponer un proyecto atractivo, puede aceptarlo, pero no hace una evaluación correcta de los riesgos que asume al abrirle los brazos. Hay un principio de precaución, que es vigilar el territorio. Muchas de estas empresas tienen un capital detrás de 3.000 euros: con eso no se podría hacer frente a contingencias como una fuga o un incendio”, concluye.

Ningún municipio de la región tiene los recursos suficientes para los enormes volúmenes de residuos que pretenden ser tratados

Otro de los datos más relevantes lo ha aportado Carmelo Donoso, de la Plataforma Stop Biometano de Carrión de Calatrava, en Ciudad Real. Ha recordado que actualmente hay en Castilla-La Mancha más de 70 plantas en tramitación, mientras que “ningún municipio de la región tiene los recursos suficientes para los enormes volúmenes de residuos que pretenden ser tratados”, procedentes a su vez de la “gran proliferación de macrogranjas” por toda la comunidad autónoma.

Es el motivo por el que miles de alegaciones rechazan que la distancia mínima establecida en el decreto entre las plantas de biogás y los núcleos urbanos sea tan solo de dos kilómetros. Según ha apuntado, deberían estar al menos a 25 kilómetros de los pueblos y de sus aguas potables, y localizadas de forma que no afecten a poblaciones vecinas.

Precisamente, Carrión de Calatrava y Torralba de Calatrava son dos de los municipios afectados por la planificación de estas instalaciones que forman parte del área de influencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Para más inri, en este último municipio también hay otra planta proyectada.

Alberto Celis es catedrático en la Universidad de Sevilla, vecino de Daimiel y experto en temas de agua. Alerta del peligro de los tres proyectos para este espacio natural. “El decreto recoge la importancia de los espacios protegidos, pero no incluye lo fundamental que sería impedir que existan instalaciones en municipios con entornos protegidos”.

Anuncia así que las plataformas pondrán en marcha una campaña bajo el lema ‘Salvemos las Tablas de Daimiel’ para recordar que actualmente el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) está trabajando en un marco de actuaciones prioritarias para “salvar” el Parque Nacional. “No tiene sentido que mientras se prepara ese plan, Castilla-La Mancha vaya en la dirección contraria proyectando plantas en estos tres pueblos”.

Alberto Celis ha detallado además que las plataformas están trabajando con técnicos un documento de propuestas alternativas para el tratamiento de residuos sin necesidad del biometano. Se trata, explica por su parte Rafael Ruiz, de una docena de soluciones que no ha detallado, pero que quieren presentar al Gobierno de Castilla-La Mancha.

Otra cuestión para la polémica es que el Gobierno regional también prepara una Ley de Proyectos Empresariales Estratégicos donde el biometano se considera “prioritario”. “Eso implicará que, aunque los ayuntamientos rechacen un proyecto, si la Junta considera que son de utilidad pública, se impondrá por encima de los municipios. Es decir, en una ley (la mencionada de Evaluación Ambiental) se les da poder y en otra ley se les quita. Esto no puede ser y tiene que resolverse”.

Si la Junta sigue por este camino, abriremos contenciosos en los tribunales

Precisamente esta es la “inseguridad jurídica” por la que estas plataformas no descartan acudir a los tribunales. “Se están saltando leyes e incluso el Tratado fundacional de la Unión Europea. Faltan evaluaciones ambientales estratégicas en algunas plantas. Eso no puede ser. Si la Junta sigue por este camino, abriremos contenciosos en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y, si no nos dan la razón, llegaremos al Supremo, al Constitucional o a los tribunales europeos. No nos vamos a quedar callados”, amenaza Rafael Ruiz.

Actualmente, hay en Castilla-La Mancha tres plantas de biometano ya operando. La de Balsa de Ves, en Albacete, inició su actividad tratando 3.000 toneladas de residuos, y actualmente ha llegado a las 40.000 toneladas. La de Noez, en Toledo, afecta principalmente al pueblo vecino de Casasbuenas, donde ya se han presentado varias denuncias por contaminación. Y la más grande de las tres es la de Belinchón, en Cuenca, que trata hasta 400.000 toneladas de residuos.

En paralelo, ya se están construyendo otras tres: en Gálvez (Toledo), Villaluenga de la Sagra (Toledo) y Pedro Muñoz (Ciudad Real). Según el mapeo de estas plataformas y de Stop Ganadería Industrial, hay más de 70 plantas proyectadas, con expedientes en tramitación en toda Castilla-La Mancha, y el “objetivo”, afirman, es llegar a un centenar.

Estas plataformas sociales y vecinales se reunieron con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, a finales del pasado mes de junio. Según afirman, la consejera mostró interés en el mencionado estudio de alternativas pero no les consta que el Gobierno esté trabajando en ello. Ahora quieren otro encuentro, para tener “el mismo número de reuniones que la consejera ha tenido con constructoras y empresas gasísticas”.

De hecho, piden directamente hablar con Emiliano García-Page ante la dimensión de un problema que “no es solo ambiental sino también político”. “Las elecciones están cerca y esto ya es un movimiento ciudadano en toda regla. Somos 46 plataformas de 46 pueblos, y a fin de año seremos cien. Queremos decirle que seguir permitiendo estas instalaciones es antisocial y es imponer los intereses privados por encima de intereses públicos”.

“Las plantas de biometano son malsanas, contaminantes y no aportan apenas empleo. Esto no es ni economía verde, ni circular, ni descarbonificada. Esto no es transición ecológica, es transacción económica. Queremos nuestros pueblos tranquilos, limpios, verdes y sanos, y no convertidos en un vertedero o en tierras de sacrificio”, concluyen.

La cultura de Zaragoza también se desarrolla lejos de los grandes escenarios y festivales. Cada semana, en distintos barrios, tienen lugar grupos de teatro, asociaciones musicales, cineclubs, talleres y actividades organizadas por colectivos vecinales. Muchas de estas propuestas se desarrollan a través de la red de centros cívicos, que durante 2025 registró alrededor de 12.000 actividades, entre ellas casi 3.000 propuestas estables desarrolladas a lo largo del año.

En muchos casos, detrás de estas actividades están los propios vecinos. Personas que ensayan después del trabajo, organizan funciones, preparan exposiciones, buscan espacios o dedican parte de su tiempo libre a sacar adelante una actividad que, para quienes participan en ella, va mucho más allá del entretenimiento.

Los centros cívicos se han convertido en uno de los principales espacios para desarrollar estas iniciativas. A través de ellos, asociaciones y colectivos disponen de lugares donde reunirse, ensayar y organizar actividades culturales. Sin embargo, quienes están detrás de estas propuestas señalan dificultades tanto para conseguir espacios adecuados como para dar a conocer sus actividades entre el público.

En Diversas Teatro, por ejemplo, una función es el resultado de un trabajo que puede extenderse durante mucho tiempo. Su presidenta, Marina León, explica cómo se organiza el grupo: “Podemos ensayar una o dos veces a la semana, por ejemplo. Y luego, pues lo que dura prepararla, pues depende. Un año o dos”.

El funcionamiento de estos colectivos depende en buena medida de la implicación de quienes los forman. Organizar una actividad implica encontrar un espacio, cuadrar horarios y conseguir participantes.

La dificultad para llegar al público aparece también en el día a día de estas asociaciones. Entrar en la programación de los propios centros municipales no siempre resulta sencillo: “Encontramos dificultad incluso para que el propio Ayuntamiento nos programe, o sea, nos publicite en sus propios centros. Y alguna vez sí nos publicitan y lo cuelgan en su página, pero eso no tiene mucha repercusión y la gente no se entera”, explica Marina León.

Esa falta de difusión acaba condicionando el público al que llegan. “Por eso generalmente vienen a vernos los conocidos, los amigos y familias. Luego hay barrios que tienen más público propio, unos barrios tienen más que otros”, explica la presidenta. A pesar de estas dificultades, muchas de estas iniciativas sobreviven porque existe una demanda. Vecinos que buscan actividades cerca de casa o personas mayores que hallan en ellas un espacio de encuentro.

Faltan espacios para seguir creciendo

La experiencia de Zaragoza Lírica y Cultural parte de una necesidad diferente. La asociación nació después de que Eliberto Sánchez, maestro repertorista, detectara que muchos cantantes que terminaban su formación superior no encontraban en la ciudad un espacio donde continuar desarrollándose. “Mucha gente que ha estudiado alguna carrera de canto se han encontrado con que han hecho unos estudios superiores y aquí en Zaragoza, pues no hay nada”.

Desde entonces, la asociación ha tratado de cubrir ese hueco con sus propias actividades, aunque Enrique Sánchez considera que el problema va más allá de la falta de espacios para los intérpretes. “En el caso de la lírica, sí que desgraciadamente desde hace mucho, hace unas décadas, por mucho que se diga, no se está haciendo una política de difusión real. Entonces, cada vez es menos el público que se acerca a la lírica”.

La asociación intenta compensar esa falta de visibilidad con recitales y propuestas propias, pero también se encuentra con dificultades para llevarlas a cabo. Una de las principales es encontrar espacios adecuados, “encontrar salas con un mínimo de infraestructura para lo que hacemos y que tenga piano es imposible. Es un problema”.

Aun así, Enrique Sánchez defiende que este tipo de iniciativas permiten mantener una oferta cultural que de otro modo tendría menos presencia en la ciudad. “Todo lo que sea teatro, música, baile, pintura, todo repercute en que la población tenga una oferta cultural, bien sea para juntarse, bien sea para disfrutarla. Cualquier cosa puede tener cabida”.

La cultura zaragozana, por tanto, no se construye únicamente en los grandes festivales, teatros o espacios culturales del centro. También lo hace en los locales de las asociaciones, en los salones de los centros cívicos y en los espacios donde los vecinos se reúnen para preparar una función o simplemente compartir una actividad.