Entender este mundo requiere de mirada crítica, lecturas diversas y espacios de encuentro para reflexionar en común. Y el espacio donde ocurre todo esto es La Vorágine, la librería y centro de cultura crítica, que desde 2013 ha agitado Santander y Cantabria con centenares de propuestas culturales y políticas.

Por eso, y por el hecho de estar vivas y con propuestas, este sábado 25 de abril, a las 19:30h, La Vorágine invita a la comunidad a celebrar sus 13 años de vida con un concierto 'bailable' con el grupo Los Castos y a un homenaje a la Revolución de los Claveles en su 52 aniversario. Un día antes, el viernes 24, la asociación santanderina invita a sus más de 119 aliados y aliadas y a la ciudadanía en general a su asamblea abierta anual en la que hace un ejercicio de transparencia cultural, política y económica.

“En un tiempo de turbulencias geopolíticas y de precarización de la vida creemos que debemos celebrar la vida, bailar, compartir, reírnos por un buen rato y apostarle a esa alegría comunitaria que nos permite resistir”, explica Carmen Alquegui Lanas, del colectivo La Vorágine. “Y celebramos la salud de un proyecto sin ánimo de lucro nacido para agitar desde el arraigo, para que no asistamos perplejas a un mundo en el que todo parece reducirse al consumo”, completa Lucía Llano, una de las personas que se ha incorporado a la asamblea del colectivo en el último año después de pasar por el voluntariado de La Vorágine, en el que en este momento participan nueve personas de muy diferentes perfiles.

Desde que abriera sus puertas, el 24 de abril de 2013, la asociación cultural La Vorágine Crítica ha organizado un total de 1.761 eventos de diferente carácter en los que han participado un total de 51.890 personas (una media de 29 personas por actividad). De ellos, se han realizado 483 presentaciones de libros, 185 encuentros con pensadores/as sobre temáticas diversas, 146 eventos poéticos, 62 proyecciones y hasta 80 talleres, entre otros. La mayoría de estos actos se realizan entre los anaqueles de la librería de la Calles Cisneros, 69, donde las lectoras y lectores pueden encontrar un fondo editorial estable que ronda los 11.000 títulos en una propuesta que, aunque es generalista, hace especial énfasis en materias como el feminismo, la historia, el pensamiento político o la poesía contemporánea. También hay un importante espacio para niños y niñas con una cuidada selección de títulos que huyen de los estereotipos habituales en el discurso dominante.

La Vorágine, además, se ha caracterizado en estos años por impulsar diferentes procesos culturales y sociales que han logrado impactar en la comunidad. Desde el ciclo de documental de memoria 'Cine sin Niebla' al certamen de poesía crítica 'La Surada Poética', desde el Instituto Crítico de Desaprendizaje a los ciclos sobre capacitismo o colapsismo, desde el impulso al Barrio del Buen Leer a la acogida a diferentes movimientos sociales… La Vorágine completa su labor con una pequeña editorial independiente que ya ha puesto en circulación unos 85 títulos en seis colecciones donde el ensayo tiene especial relevancia, así como la memoria, el pensamiento del Sur Global y los feminismos.

Además, el colectivo coordina pro bono la Feria del Libro de Santander y Cantabria (Felisa) desde la edición de 2022 logrando un alto impacto en la promoción de la lectura y la creación escrita en Cantabria.

“Ha sido la comunidad la que ha logrado sostener este proyecto. El trabajo del colectivo es fundamental, pero sin la respuesta y el alimento de la comunidad que lo atraviesa, hubiera sido imposible estar aquí, tan vivas, 13 años después”, destaca Emmanuel Gimeno, uno de los miembros veteranos de La Vorágine.

La Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), ha puesto en marcha la campaña ‘Es tu derecho vivir libre de violencias’, una iniciativa dirigida a jóvenes y adolescentes de centros educativos de secundaria de la región, que busca sensibilizar, generar reflexión y promover una cultura de rechazo frente a las violencias machistas, tanto en el ámbito cotidiano como en el entorno digital.

El proyecto, desarrollado con el apoyo de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, parte de una premisa clara: “Vivir sin miedo no es un privilegio, es un derecho fundamental”. En este sentido, la campaña se enmarca en el derecho a vivir libre de violencias, reconocido por numerosas leyes y acuerdos internacionales, y un principio esencial para garantizar la igualdad, la dignidad y la libertad de todas las mujeres y niñas. 

La asociación destaca que las violencias machistas continúan siendo una realidad global que afecta a millones de personas, especialmente a mujeres y niñas, “limitando sus oportunidades y condicionando su desarrollo personal y social”. En este contexto, apuesta por acercar esta problemática a la juventud, facilitando herramientas para identificar, cuestionar y prevenir estas situaciones, así como fomentar actitudes activas para su erradicación.

La ‘Mochila Pedagógica’, una herramienta para aprender y actuar

Como eje central de la campaña, AIETI ha desarrollado la ‘Mochila Pedagógica’, un conjunto de materiales didácticos diseñados específicamente para jóvenes y adolescentes. A través de guías, fichas y recursos gráficos, esta herramienta propone un recorrido práctico y participativo para abordar las violencias desde una perspectiva cercana y comprensible.

Estos materiales invitan a cuestionar estereotipos, analizar comportamientos normalizados y explorar nuevas formas de relación basadas en el respeto, la igualdad y la diversidad. Además, permiten comprender la importancia de ejercer el derecho a una vida libre de violencias y conectar esta realidad global con el contexto local, favoreciendo la empatía y la implicación de la juventud para frenar esta lacra social.

Gincana educativa

La campaña se completa con una gincana educativa, una propuesta dinámica que convierte el aprendizaje en una experiencia participativa. A través de diferentes actividades, las personas participantes pueden identificar situaciones de riesgo, compartir reflexiones y construir soluciones colectivas frente a las violencias.

Los materiales de la campaña están ya disponibles hasta el mes de septiembre, para su consulta y descarga en: https://aieti.es/mochila-pedagogica-de-aieti-herramientas-para-una-juventud-libre-de-violencias/

 Más allá de la información, esta iniciativa busca generar un proceso de sensibilización que impulse el cambio social promoviendo una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias, donde vivir sin miedo sea una realidad y no una excepción. “En un contexto en el que las relaciones digitales forman parte de la vida diaria de la juventud, la campaña pone especial atención en las violencias que se producen en redes sociales, recordando que la violencia online no es virtual, es real”, concluye.

El Ayuntamiento de Santander ha convocado las ayudas de 2026 para asociaciones y colectivos de jóvenes con sede o actividad en el municipio, que ascienden en total a 25.000 euros y se podrán solicitar hasta el 6 de mayo.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán financiar hasta el 100% del presupuesto del proyecto, en función de la valoración obtenida, con un límite máximo de 3.000 euros por solicitud. Además, una parte del crédito se destinará a reforzar proyectos considerados de mayor interés por su calidad e impacto, señala el Ayuntamiento en una nota de prensa

La concejalía de Cultura y Juventud priorizará las iniciativas que promuevan la participación, la creatividad, el ocio alternativo y el desarrollo personal de los jóvenes, según un comunicado.

Según el comunicado, el objetivo de estas ayudas es fortalecer el tejido asociativo juvenil, fomentar la colaboración entre entidades e impulsar propuestas que aporten valor a la juventud santanderina.

Cada entidad podrá presentar una única solicitud y las iniciativas deberán ejecutarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga hasta abril de 2027 en casos justificados.

La Asociación de Vecinos A.V. Peramán de Garrapinillos (barrio rural de Zaragoza) alerta de una grave deficiencia de seguridad vial detectada en las obras de acondicionamiento recientemente ejecutadas en la carretera que conecta los núcleos de Garrapinillos y la localidad de Utebo: varios postes de suministros —de luz y telefonía— han quedado en el interior del trazado del nuevo carril bici o invadiendo el margen de seguridad obligatorio respecto a la calzada.

La situación supone un riesgo directo para la integridad física de los ciclistas y conductores que utilizan esta vía. Los postes preexistentes no fueron retirados ni retranqueados durante la ejecución de la obra, sino simplemente rodeados por el nuevo trazado, lo que genera obstáculos físicos incompatibles con un uso seguro del carril bici y del entorno viario.

Cabe destacar que se trata de una vía altamente transitada. Este corredor conecta Utebo y los municipios cercanos con el polígono logístico de Plaza, uno de los principales focos de actividad económica y laboral de la zona, lo que genera un elevado volumen de desplazamientos diarios tanto en bicicleta como en vehículo. La presencia de obstáculos en estas condiciones multiplica exponencialmente el riesgo de accidente.

Una obra que incumple la normativa técnica vigente

Según la normativa técnica de aplicación, esta situación contraviene la Instrucción de Carreteras (Norma 3.1-IC), relativa a la seguridad en los márgenes de la vía y al análisis de obstáculos, así como la Guía de Recomendaciones del Ministerio de Transportes, que establece resguardos mínimos frente a elementos fijos de más de 15 centímetros de altura para evitar colisiones.

Al haber ejecutado una obra nueva rodeando obstáculos preexistentes en lugar de eliminarlos o protegerlos correctamente, la Administración titular de la vía asume una responsabilidad patrimonial directa ante cualquier accidente que pudiera producirse.

Varios vecinos de Garrapinillos han presentado ya reclamaciones ante el Ayuntamiento de Utebo solicitando que se actúe sobre esta situación. Sin embargo, hasta la fecha no han obtenido respuesta por parte de las autoridades municipales.

Medidas inmediatas

Ante este silencio administrativo, la Asociación de Vecinos A.V. Peramán ha decidido hacer pública la situación para exigir “una actuación urgente”. Así, la entidad solicita formalmente a la Administración responsable la “señalización inmediata de los obstáculos” para advertir del peligro a ciclistas y conductores mientras no se resuelva el problema y, en paralelo, la eliminación o retranqueo definitivo de los postes afectados para dar cumplimiento a la normativa de seguridad vial vigente, dado que “la señalización únicamente puede considerarse una medida provisional de emergencia”.

La asociación recuerda que la seguridad de los usuarios de la vía pública “debe ser una prioridad irrenunciable”, especialmente cuando se trata de infraestructuras de nueva creación financiadas con fondos públicos. La ejecución de una obra que genera nuevos riesgos en lugar de eliminarlos es, a juicio de la A.V. Peramán, “inaceptable”.

El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, declarado como tal en 1979 y con casi 4.000 hectáreas, está constituido por un sistema lagunar creado a lo largo de miles de años. Se trata de un complejo único en Europa por una de sus características principales: está formado por represas naturales llamadas 'barreras tobáceas' debido a la precipitación de carbonatos. Abarca los términos municipales de Ruidera, en Ciudad Real, y de Ossa de Montiel, en Albacete.

Su peculiar composición hace que estas lagunas casi nunca se sequen. Se nutren de un sistema natural de alimentación continua desde el Acuífero del Campo de Montiel, que abastece a la zona mediante manantiales y filtraciones subterráneas. Además, las barreras de piedra caliza actúan como presas naturales que embalsan el agua de manera continua. Arroyos como el de las Hazadillas o el Alarconcillo también contribuyen a mantener el nivel del agua.

Este parque natural es una joya hidrográfica en pleno corazón de la Mancha, pero su actual Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) data de 1995. Es decir, lleva más de 30 años sin renovarse. Aunque se han ido aprobando medidas concretas para su protección, principalmente en limitaciones de aforo y circulación de vehículos en verano, conservación de la biodiversidad, baño y actividades recreativas, ahora la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Castilla-La Mancha ya tiene listo un nuevo borrador del nuevo plan de dirección de este Parque Natural. El último intento fue en 2021, pero nunca llegó a aprobarse. 

La adaptación al cambio climático, la accesibilidad, la eliminación de ruinas y la autorización de instalaciones de energía de autoconsumo son algunas de las principales novedades que recoge este documento. Pero hay otras muchas que resultan significativas porque vienen a dar cuerpo normativo a medidas que se han aprobado de manera puntual y estacional.

De la reducción del impacto visual a la conservación de hábitats

En el nuevo borrador, actualmente en exposición pública, se establece, por ejemplo, la promoción de obras para reducir el impacto visual e integración paisajística de las infraestructuras y edificaciones existentes. Y va más allá: incorpora pedir a las administraciones competentes el derribo y la eliminación de aquellas edificaciones en estado de ruina “que provoquen un impacto ambiental, paisajístico o puedan amenazar la seguridad de las personas y no tengan un valor histórico reconocido”.

Entre los objetivos del plan se encuentra “recuperar el funcionamiento natural” de ríos, arroyos, lagunas y acuíferos; establecer los requerimientos hídricos necesarios para la conservación de los hábitats y especies; corregir cualquier causa que pueda originar la “degradación de la calidad del agua”; así como realizar las actuaciones de restauración en áreas sometidas a procesos de “degradación de origen antrópico”.

Otros principios rectores se centran en conservar la calidad del aire, preservar los sonidos naturales y “minimizar la contaminación lumínica”. A todo ello se añaden los objetivos de promover un turismo sostenible en el parque natural y su entorno, atendiendo a su “viabilidad ambiental, social y económica”.

Una de las indicaciones más relevantes que se recogen en el borrador es la restauración en áreas donde las condiciones naturales hayan sido alteradas, y también la reducción de las fuentes de sonido artificiales en el medio natural. Con ello, se busca minimizar su efecto, de modo que “se preserven la quietud y los sonidos naturales del medio”.

En cuanto al agua, el nuevo Plan Rector incorpora que en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y los ayuntamientos, se realizará un inventario de los “posibles focos de contaminación” de los recursos hídricos (como puntos de vertido de aguas residuales o antiguos basureros sellados), con las correspondientes medidas correctoras.

En este sentido, también se prevén actuaciones para prevenir y reducir la contaminación por nitratos de origen agrario en los acuíferos y aguas superficiales. Asimismo, el plan incorpora la conexión a la red de saneamiento y la eliminación de fosas sépticas, así como el vaciado y clausura de todos los pozos ciegos de aguas residuales existentes.

Además, establece que cumplido el periodo de concesión de cualquier aprovechamiento de aguas existente en el Parque Natural, no destinado al consumo o abastecimiento, se solicitará a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, “la caducidad de la concesión y el desmantelamiento de las infraestructuras e instalaciones asociadas”.

En el nuevo borrador se apuesta claramente por facilitar la peatonalización, el uso de la bicicleta y el transporte público en el Parque Natural. De hecho, con el fin de preservar tanto la seguridad de las personas visitantes como la conservación de los valores naturales se podrán establecer las “limitaciones necesarias” al acceso de vehículos cuando se prevea una afluencia superior a la capacidad de acogida, que podrá suponer el establecimiento de “un control de acceso y aparcamiento”.

El baño se mantiene en los sitios “tradicionales”

Asimismo, el órgano gestor del parque natural podrá “limitar o prohibir el baño en alguna zona por motivos de conservación de los valores naturales”. Con carácter general, el baño únicamente podrá ser autorizado en lagunas en donde se ha venido practicando tradicionalmente: las playas de Cueva Morenilla, Del Rey, Colgada, Salvadora, Santos Morcillo, Redondilla, San Pedro, Tomilla (Baño de las Mulas) y Blanca.

Según el borrador, el baño no está permitido en ninguno de los cauces o cascadas que unen las lagunas y también está prohibido utilizar las barreras tobáceas o replanos para “lanzarse o acceder a las zonas de baño”. “Antes de realizar cualquier inmersión los o las bañistas minimizarán la presencia de cremas o aceites bronceadores sobre el cuerpo”, añade.

Destacan igualmente las normas generales de comportamiento incluidas en el borrador. Se refieren principalmente a la correcta gestión de la basura, la restricción en la utilización en el medio natural de equipos y elementos de música, radios y el empleo de megáfonos; así como las emisiones de luces o destellos deslumbrantes por la noche, entre otras cuestiones.

Los usuarios y propietarios alzan la voz

El nuevo PRUG de las Lagunas de Ruidera incluye otras muchas prohibiciones. Y algunas son “excesivas” para la Asociación Aromas de Ruidera, un colectivo activo desde 2013, e integrado por casi 80 miembros que representan a una gran mayoría de usuarios y propietarios de zonas del parque natural.

Su presidente, Miguel García-Noblejas, adelanta a este medio las alegaciones que la asociación va a presentar al nuevo borrador. Afirma que el texto es igual de “decepcionante” que los anteriores y que no ha sido consensuado, “como se prometió”, sobre todo para un complejo lagunar que el año pasado recibió alrededor de 600.000 visitas. “Es igual de restrictivo en derechos que el redactado hace cinco años. Es que tiene hasta 217 prohibiciones”, precisa.

Para esta asociación, la nueva redacción debería “congeniar lo social, lo medioambiental y lo económico”, y “no lo hace”. Pero un asunto que consideran de extrema gravedad es que “se soslaya, a conciencia”, la aprobación previa de dos planes: el de Emergencias e Incendios y el de Urbanismo. Estos fueron los motivos, apunta, por los que no se llegó a aprobar el borrador de 2021.

¿No hubiera sido mucho mejor emplear recursos públicos en crear riqueza, en lugar de destruirla?

Miguel García-Noblejas — Presidente de la Asociación Aromas de Ruidera

“Se mantienen muchísimas prohibiciones que no tienen ningún sentido, pues solo impiden el uso debido del parque y la economía sostenible”, añade García-Noblejas. Por ejemplo, cita la prohibición de producción de madera (cuando las choperas son “economía tradicional del lugar”); la de las embarcaciones en las lagunas los fines de semana del verano o la a de no poder cruzar a nado la laguna.

La asociación tampoco está de acuerdo con el derribo del Gran Hotel Prior, o lo que queda de él, en una actuación que se ha encomendado a la empresa pública Tragsa y su filial Tragsatec. “¿No hubiera sido mucho mejor emplear esos recursos públicos en crear riqueza, en lugar de destruirla?”. Es una de las muchas razones que esgrime para afirmar que el nuevo plan rector “no se compadece en absoluto con la igualdad de trato a usuarios y propietarios” ni con el “uso racional” del Parque Natural.

Pero, ¿qué propone el colectivo como alternativa? Primero, quiere que se modifique “sustancialmente” la filosofía y redacción del borrador para impulsar una economía y turismo sostenible, pero que también permita el “disfrute de la naturaleza”.

En sus alegaciones proponen el apoyo a la hostelería, al pequeño comercio y construcciones compatibles con el autoconsumo energético. Piden igualmente cinco nuevas zonas de baño “habilitadas y perimetradas”, el impulso a deportes náuticos, la natación, el buceo, el piragüismo y embarcaciones ligeras; así como más aparcamientos y socorristas. No entienden que, por el contrario, el borrador suponga la “destrucción de la riqueza local”, la diferenciación entre “lugareños y visitantes” y “limite el disfrute de las lagunas”.

Quieren también impulsar la gestión sostenible de los montes de encina para la producción de ‘pellets’ procedentes de biomasa y fomentar la limpieza anual del carrizo, “como se estuvo haciendo durante dos décadas para evitar incendios forestales”.

A todo ello unen impulsar la reconstrucción y conservación de algunas centrales hidroeléctricas, como la de San Alberto -dentro del casco urbano de Ruidera- como “arqueología industrial y aula cultural y museística”.

Somos los primeros interesados en la conservación de la naturaleza, pero este borrador supone un exceso de celo administrativo

Finalmente, entre un centenar de alegaciones, consideran que la memoria económica requiere “una seria revisión”. No entienden que la partida para investigación suba desde 200.000 euros a casi el doble (415.000 euros), “en detrimento de graves carencias que mantenimiento y limpieza”.

Pese a todo ello, la Asociación Aromas de Ruidera se muestra dispuesta al diálogo con el Gobierno regional, pero partiendo de una premisa esencial: “No necesitamos tantas prohibiciones sino soluciones”. “Somos los primeros interesados en la conservación de la naturaleza, pero este borrador supone un exceso de celo administrativo”.

Fuentes municipales consultadas por este medio han confirmado que los ayuntamientos de Ruidera y Ossa de Montiel también están preparando “numerosas” alegaciones al proyecto, por lo que la polémica está de nuevo servida para un Plan Rector de las Lagunas de Ruidera que, de momento, no parece contar con el respaldo del área local y de influencia de este espacio único.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid han detenido a dos mujeres y un hombre acusados de delitos contra la salud pública por almacenar y distribuir ilegalmente marihuana y hachís desde una asociación cannábica que se escondía tras un establecimiento de “experiencias inmersivas”. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, cuando un equipo de policías del Grupo de Atención al Ciudadano patrullaban por la zona.

Los agentes se percataron de un fuerte olor a marihuana que provenía de un establecimiento de ocio donde presuntamente se ofrecían “experiencias inmersivas”, según un comunicado conjunto de ambos Cuerpos. Tras acceder al local y entrevistarse con los empleados, los agentes descubrieron que realmente se trataba de una asociación cannábica, a pesar de que no estaban publicitados como tal.

En el interior se incautaron cuatro kilos de marihuana, casi 1.500 gramos de hachís, 30 kilos de resina de hachís, 80 pastillas y útiles para la distribución de sustancias. Tras unas rápidas pesquisas, la Policía comprobó que esta empresa estaba dada de alta como asociación cannábica y usaba su apariencia legal para almacenar y distribuir sustancias estupefacientes, ya que carecía de licencia para la distribución lícita de estas sustancias.

A los detenidos se les acusa de un posible delito contra la salud pública, y a uno de ellos además se le imputa también asociación ilícita. Los tres fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

Las manifestaciones suelen ser ruidosas, espoleadas por las voces que desde el megáfono invitan a corear consignas. La que ha recorrido Santander un soleado domingo azul ha sido un impresionante duelo de silencio y tristeza. Nadie ha dicho ni una palabra. A las doce y diez de la mañana empezaba a caminar la pancarta 'Por la verdad y la dignidad de las víctimas de El Bocal' sostenida por las manos de representantes de asociaciones vecinales, sociales y ecologistas. Detrás, les seguían cerca de un millar de rostros sin alegría y algunas lágrimas en una sobrecogedora marcha de dolor y respeto.

El recorrido silencioso estaba convocado en recuerdo de las víctimas del desplome de la pasarela de El Bocal donde el pasado 3 de marzo murieron seis jóvenes entre 19 y 22 años al romperse esa estructura, mientras que otra chica, de 19 años, resultó herida y fue ingresada en el hospital. “Una herida penetrante que ha atravesado la ciudad y que quedará para siempre en la memoria de todos los cántabros”, pronunció Carmen Martín, encargada de leer el manifesto.

“A esto se lo va llevar el aire todo”, lamentaba José María Fernández, de la asociación ecologista ARCA, antes de comenzar la marcha. Cree que se están echando “balones fuera” y teme que nadie asuma responsabilidades por lo sucedido. Un pesimismo compartido por otros asistentes como Mari y Manu: “Por desgracia, esto se olvida en dos días”, dice ella. “Lo tapan todo”, añade él. En otros hay indignación, adjetivos gruesos y desesperanza. “Tenía que estar aquí toda la ciudad”, dice un hombre en voz alta al final de la marcha.

Amigos y familiares de algunas de las víctimas junto a ciudadanos anónimos. Uno de ellos portaba una pancarta de cartón 'Nos da igual Ayuntamiento-Costas: 6 muertos, dimisiones ya'.

De manera simbólica, la manifestación ha empezado en la Delegación del Gobierno y ha acabado en el Ayuntamiento de Santander. Las dos administraciones que rivalizan por sacudirse las responsabilidades de la tragedia. Ni el delegado ni la alcaldesa han acudido a la misma. Tampoco lo ha hecho nadie del Partido Popular de Cantabria ni de Vox. Por parte del PSOE solo han acudido el portavoz municipal, Daniel Fernández, y algunos concejales de su grupo. Felipe Piña y Vicente Nieto, del PRC. Keruin Martinez e Israel Ruiz Salmón de Izquierda Unida y varios representantes de Cantabristas.

“Nos reunimos todavía sobrecogidos entre la conmoción y la incredulidad para acompañar a las familias en su duelo”, decía al micrófono Carmen Martinez Valls al llegar al Ayuntamiento. También, para afirmar “con serenidad y firmeza que una tragedia así, una tragedia evitable, nunca debió haber ocurrido”.

A continuación pronunció los nombres de las víctimas: Lucía San Martín, de Camargo, 22 años. Xabi Bayón, de Balmaseda, 21 años. Celia Lage, de Barakaldo, 19 años. Eunate Hervás, de Barakaldo, 19 años. Lluna Vallejo, de Almería, 20 años. Y Elena Sirbu, de Guadalajara, 20 años. “Sin olvidarnos de Ainara, a la que deseamos una pronta recuperación”. La plaza estalló en aplausos. “Pronunciar sus nombres es visibilizar los sueños y los futuros que han sido truncados”, decía la voz quebrada de emoción de la encargada de leer el manifiesto que cerró la marcha.

“No estáis solos, nuestra solidaridad busca expresarse en esta concentración ciudadana”, continuaba al micrófono. Ante cientos de ciudadanos que seguían en silencio, Carmen dijo que no es momento para el ruido ni la confrontación, sino de recogimiento, de memoria y de respeto.

Pero desde esa misma serenidad, los convocantes de la marcha consideran que lo sucedido no puede aceptarse “como una simple fatalidad, no ha sido un accidente”. Pasear por la ciudad y por sus espacios naturales no puede convertirse en un riesgo para la vida y por ello exigen “conocer por qué y en qué circunstancias, responsabilidad institucional y, que nada ni nadie obstaculice las investigaciones ni intente frenar las diligencias necesarias”.

En este sentido han pedido a las administraciones públicas “gobierne quien gobierne y sea cual sea la institución competente” que actúen “con rapidez, rigor y sentido de la responsabilidad”. Las asociaciones y entidades que han impulsado la marcha se han puesto a disposición de las familias.

El texto de los convocantes considera necesario cambiar la forma de cuidar y mantener los espacios naturales y las infraestructuras públicas cuando de ello depende la seguridad de la ciudadanía, pero también debe cambiar la manera en que las instituciones se relacionan con los vecinos “escuchando sus reivindicaciones y advertencias”.

“Nunca un espacio público puede quedar desatendido ni en tierra de nadie”, proclamaron. Es una senda muy utilizada y “todas las administraciones sabían que estaba en uso”. Los organizadores consideran que es el momento de reconocer los errores y asumir responsabilidades: “Es el momento de dar ejemplo para que una tragegia como esta no vuelva a repetirse por desidia o negligencia”.

“Ojalá que estas palabras no fueran necesarias, ojalá sus nombres siguieran pronunciándose en la alegría cotidiana de la vida, concluyó el manifiesto. ”Llámala sinvergüenza“, clamó una voz rota en alusión a la alcaldesa de Santander. Gema Igual (PP). ”Nunca más“, corearon todos los asistente al término de la lectura. Después volvió el silencio. Un minuto de reflexión y respeto que se rompió con fuertes aplausos.

Miguel tenía apenas 18 años cuando entró en la asociación de su barrio, La Unidad de Villaverde, que lucha por mejoras en un distrito popular del sur de Madrid. “Estaba muy metido en la Marea Verde de mi instituto y la defensa de la educación pública. Cuando acabé seguí en el movimiento estudiantil de la universidad, pero sobre todo me dediqué a la lucha vecinal”, cuenta. Se lo debe a un proyecto de cultura urbana, gracias al cual una sección juvenil de 15 personas se incorporó a La Unidad. Cuatro años después, recién graduado y con apenas 22, se convirtió en su presidente. Un cargo que ha ocupado hasta los 30 y que dejó en 2024, pese a que siga implicándose. Circunstancias todas ellas “excepcionales” para el movimiento vecinal de la capital, que el propio Miguel reconoce “envejecido”. No en vano, después del acceso de ese importante grupo, si han llegado más jóvenes a La Unidad ha sido “por goteo”.

Las causas son variadas: ajenas y propias; por acción u omisión; achacables a los propios jóvenes, a quienes protagonizan el asociacionismo actual, a las redes y a la coyuntura general. Al menos es lo que se desprende de una conversación transversal, en edades y en implantación territorial, con varias de estas entidades en Madrid. Miguel ofrece una de las explicaciones más completas: “Pérdida de redes comunitarias en el barrio, mayor atomización e individualización, nuevas formas de producción que impiden la implicación con horarios complicados... no hay un factor único. Cuando nuestra asociación abre el local, mucha gente sigue volviendo del trabajo. Las formas de participación se han quedado un poco obsoletas. Fue curioso lo que pasó en pandemia, cuando se vio una red de cuidados inaudita en la que sí hubo gran participación, en parte porque muchas personas tuvieron más tiempo. Luego volvimos a lo mismo”.

Para Miguel, en conversación con Somos Madrid, el efecto de la situación de la vivienda es igualmente “evidente”, ya que “muchas personas se han visto obligadas a dejar de participar”. Desde su punto de vista, juegan a la contra “la inestabilidad e incapacidad de construir un modelo estable”.

Pero no reduce todo a cuestiones externas y cree que “bastantes asos [asociaciones] no han sabido adaptarse a nuevas demandas en los barrios”. Así, achaca el gran impacto de estos movimientos en los años setenta u ochenta al surgimiento de nuevos barrios, donde “los objetivos originales eran garantizar bienes o servicios básicos”. Considera que “la lucha por un centro de salud no es tan atractiva ahora para un joven, ni tan intergeneracional, por importante que sea”. “Muchas veces las movilizaciones parecen cerradas e inamovibles. Hay que buscar nuevos espacios y luchas para que la gente vea sentido en su implicación diaria. Falta conocer hacia dónde mirar. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el Sindicato de Inquilinas sí han sabido”. Su conclusión es que “la gente joven no sabe para qué sirve una asociación”.

Las sociedades liberales tienden al aislamiento social y por supuesto en Madrid las administraciones fomentan aún menos la cultura de la participación. Hay un paso atrás en el que también tiene que ver un modelo de ciudad individualista

Jorge Nacarino — Presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid

Algunos argumentos de Miguel coinciden con los de Jorge Nacarino, recién reelegido presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm). Expone que desde su llegada al puesto, en 2024, incorporar los jóvenes ha sido una de sus principales líneas de trabajo, como también a personas migrantes: “En nuestra reciente renovación de cargos hemos fomentado esa participación y queremos empezar a trabajar con datos sobre los aspectos en los que tenemos más cuentas pendientes”. Lo “evidente”, dice, es que “hay un retroceso de la cultura de la participación”.

“Las sociedades liberales tienden al aislamiento social y por supuesto en Madrid las administraciones fomentan aún menos la cultura de la participación. Hay un paso atrás en el que también tiene que ver el desarrollo de un modelo de ciudad individualista, frente a uno comunitario”. Según Nacarino, la problemática es un reflejo de una cuestión más genérica, un contexto en el que “la gente no está tan movilizada al no estar tan apegada al territorio”: “El cambio respecto a la estructura de la propiedad transforma la realidad de los barrios y la precariedad lo dificulta todo. Muchos vecinos no saben si en unos meses seguirán en sus casas”. De hecho, el presidente de la Fravm recalca que “la fuerza del movimiento vecinal en España no existe en otros países de Europa, en parte porque aquí la movilidad residencial tradicionalmente era menor”.

Pero no todo se debe a lo macro, de hecho Nacarino (de 42 años) ve diferencias dentro de reclamaciones concretas: “En la movilización por los servicios públicos, vemos que el perfil de población es más mayor. En las viviendas llegamos a gente más joven, como el simbólico Entierro de los Barrios que organizamos coincidiendo con el de la Sardina. Hay un componente de vida de barrio, pero yo opino que el sentimiento de pertenencia también puede movilizar a los jóvenes. A través de diversas convivencias y de actividades deportivas estamos consiguiendo incorporar gente de en torno a 20 años”.

En la charla con Nacarino surge también el Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones con mayor poder de movilización juvenil en la capital. “Sus planteamientos parten más de una lucha de poder, no es tanto un movimiento territorial, aunque tenga ese componente a través de los nodos y, de hecho, colaboremos. No es un movimiento que se mete en la gestión del día a día del barrio, como pueden ser los centros de salud, las zonas verdes o determinadas condiciones de habitabilidad. Lo que es indudable es que ha conseguido enganchar a esa población joven, interpelada por una precariedad que sufre de manera directa. Eso te vincula”.

De hecho, el dirigente de la Fravm lanza un aviso: “No queremos que el movimiento vecinal se convierta en un movimiento de propietarios. Tenemos que trabajar porque las asociaciones se parezcan a los barrios que defienden, que la reclamación vecinal esté vinculada a la realidad del territorio. Es un movimiento reivindicativo, pero también de trabajo comunitario. Sin ese tejido o esa heterogeneidad hay algo que nos estamos dejando”.

¿Se manifiestan los jóvenes solo por cosas que están “de moda”?

Susana de la Higuera cuenta que la Asociación Pasillo Verde Imperial de Arganzuela, la cual preside, ha emprendido numerosas iniciativas en este sentido: “Nos hemos acercado mucho a los coles, a la universidad o a la Formación Profesional, con actividades en el Colegio de los Salesianos de Atocha. Hemos organizado paseos estudiantiles por el distrito, junto a la Framv y otras asociaciones. Hemos colaborado con jóvenes que estudian Antropología para documentarse sobre el movimiento No a la Tala y otro chaval ha hecho un documental sobre nuestros huertos urbanos. Y, sin embargo, en muchas de esas acciones nos damos cuenta de que para muchos jóvenes no hay nada que hacer”.

De la Higuera, nacida en 1966, da uno de los testimonios menos halagüeños sobre el futuro del asociacionismo vecinal. Eso sí, responsabiliza no tanto a los jóvenes de hoy como a sus progenitores: “Nos cuesta muchísimo llegar a gente menor de 30. En un paseo reciente una chica, con la que hablaba sobre fondos buitre, derecho a la ciudad, gentrificación y turistificación, me dijo que según su padre tenía que aceptar no vivir en Madrid. Que se lo quitara de la cabeza. Yo le respondí que por qué ella no tiene derecho y un multimillonario sí”.

“No entiendo que no se movilicen por la vivienda”, lamenta, algo encendida. “O puede que sí lo hagan, pero en una agenda como más antisistema, como pasa con el Centro Social Okupado La Rosa. Nos ven como algo muy de sus padres”, resume la activista vecinal antes de ir un paso más allá: “Hay una cosa un poco deprimente, la sensación de manifestarse solo por cosas como que están de moda. No quiero apuntar a ninguna causa porque todas son importantes, nosotras apoyamos a quienes acampaban en la Universidad Complutense por Gaza, pero es algo que percibo. Al final son muchos años de individualismo y hacen mella”.

Hay que compaginar la lucha con actividades lúdicas que hacen comunidad. En el No a la Tala una de las claves fue que nos lo pasamos bien, porque tampoco somos masoquistas. Aprendimos mucho y conocimos gente muy maja

Susana de la Higuera — Presidenta de la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial

Ante ello, anima a “compaginar la lucha con actividades lúdicas que hacen comunidad”, de manera que “el asociacionismo no se perciba solo como una responsabilidad”: “En el No a la Tala una de las claves fue que nos lo pasamos bien, porque tampoco somos masoquistas. Aprendimos mucho y conocimos gente muy maja”. Miguel también remarca esta cuestión y destaca todo lo que le ha aportado pertenecer a La Unidad de Villaverde: “Me otorgó herramientas de organización y relación con personas de distintas edades o con la administración, que me han servido a nivel incluso laboral. Es una experiencia bastante enriquecedora”.

Nuevos barrios, mismo problema

Arganzuela es un distrito en el que se alternan zonas castizas y nuevos desarrollos. Por ello, Susana de la Higuera ha percibido de primera mano el contraste entre los barrios tradicionales y “un urbanismo de vida para dentro y del coche para todo”. Habla incluso de “polideportivos municipales que no fomentan el deporte colectivo, sino el individual”. Concluye que “te vas olvidando de que somos seres sociales”. No ayudan las “actividades cada vez más dirigidas, con poco tiempo en la calle”, a las que se han acostumbrado las nuevas generaciones de niños y adolescentes. Su solución ante ello es tajante: “Hay que pelear y no asumir las cosas”.

Este contexto se presenta en una dimensión amplificada en nuevos desarrollos urbanos, como El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro. En él confluyen algunas de las reclamaciones originales del asociacionismo vecinal que Miguel destacaba: un transporte de calidad, centros de salud, escuelas infantiles, colegios públicos y dotaciones culturales o deportivas básicas. Todas ellas cuentas pendientes de una zona en la que ya viven más de 30.000 personas y apenas una veintena de ancianos.

Marga, de 51 años, es la presidenta de la Asociación Vecinal El Cañaveral. Una organización que “se creó antes del barrio” y en la que conviven dos tipos de miembros. Por un lado, quienes depositaron miles de euros ya a finales del siglo pasado en unas viviendas que no empezaron a recibir hasta la década pasada. Cooperativistas que batallaron en los juzgados para conseguir sus casas. Por otro, vecinos que se han mudado más reciente y armoniosamente, la mayoría de ellos más jóvenes que esos primeros compradores.

Reconoce Marga que la mayoría de miembros de la asociación, en torno al centenar (han empezado a cobrar cuota y eso ha mermado sus cuadros), pertenecen al primero de esos dos grupos. De hecho, no es demasiado optimista sobre el porvenir: “No veo relevo. Me he pasado años luchando mientras criaba tres hijos, con la teta p'acá y p'allá. Peleando desde que en el 2000 descubrimos que se habían quedado con dinero que pusimos para unas casas que en principio nos iban a entregar en 2003. Le pusimos pancartas a Alberto Ruiz-Gallardón y organizamos una 'mani' en el centro de Madrid. Ahora todo se mueve menos. La gente lo quiere todo dado”. Sobre el futuro ante este panorama, afrontará el problema cuando llegue: “Si veo que no aguanto, ya buscaré a alguien”.

Marga, una pragmática redomada que prioriza el poder de las reuniones en los despachos sobre el de las pancartas en la calle (aunque como bien cuenta le ha tocado ponerse en los dos lugares), tira para adelante pese a esa sensación de que unos pocos sacan todo el trabajo: “Al Ayuntamiento le pedimos la carta de los Reyes Magos porque lo necesitamos, no tenemos casi de nada”. Una insistencia inquebrantable que, dice, se topa a veces con el cinismo y la sospecha: “Lo que más desanima son los vecinos que creen que tenemos un beneficio por implicarnos, protestar o reunirnos con la administración, cuando solo pierdes tiempo y dinero”. También, con la pasividad y la vida a las espaldas de lo colectivo: “Organizamos un mercadillo vecinal el segundo domingo de cada mes. Bueno, pues el otro día pasó por allí una chica que llevaba 10 años en El Cañaveral y no nos conocía. ¡Yo flipaba, con la matraca que damos!”.

Encender la chispa

En este contexto a priori adverso, una nueva asociación vecinal echó andar en 2025 en La Latina, barrio oficioso en el centro de Madrid. La Chispera incluye a residentes que quedaban fuera del ámbito de acción de Pasillo Verde Imperial, de la Asociación Vecinal Las Cavas Latina y La Corrala de Lavapiés. Un grupo de unas 75 personas unidas ante la amenaza de que “la turistificación, la gentrificación y la parque-tematización se lleven el barrio”, como alerta Marianne.

De 40 años y origen brasileño, lleva cinco años en La Latina y ha sido una de las ocho fundadoras de La Chispera. Cree que “la desaparición del comercio de proximidad, el aumento de los precios de alquiler y la pérdida de identidad” son los grandes desafíos que se les presentan. Para combatirlos, han conseguido incorporar “tanto a los vecinos del barrio de toda la vida como a muchos perfiles jóvenes”. Una combinación que les gusta: “Distintas generaciones pueden tener problemáticas iguales, aunque luego haya particularidades”.

Le acompañan en una distendida charla con este medio Celia y Felipe, de 29 y 30 años. Esta pareja, mudada a la zona en 2024, se ha incorporado a la entidad hace solo un mes. Aunque desde La Chispera han acometido un proceso de escucha ciudadana con encuentros y aperitivos en diferentes lugares del barrio, Celia les descubrió por Instagram y acudió a una asamblea con Felipe (que no utiliza las redes sociales).

Desde entonces, se han puesto manos a la obra dentro de sus posibilidades. Celia, periodista de formación, ha colaborado en la comunicación sobre el caso de los cuatro mayores que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida quiere desalojar de pisos municipales para ejecutar unas obras. Felipe, investigador, echa una mano en tareas vinculadas con encuestas que sirven para conocer mejor las transformaciones que experimenta La Latina y cómo actuar ante ellas o para recopilar las principales preocupaciones vecinales. “Somos gente con habilidades muy diversas y complementarias que las ponemos a disposición de la comunidad donde vivimos. Eso es muy práctico”, indica Felipe.

La asociación trabaja divida en comisiones y, en el contexto de crisis de vivienda, la dedicada a esta cuestión es una de las más activas. Marianne lo considera un problema “transversal”: “Está claro que afecta más a quien ve cómo le pueden subir las mensualidades 600 euros de un momento a otro. Pero también a un propietario que va perdiendo vecinos o negocios locales que han estado ahí toda la vida, sustituidos por nómadas digitales o pisos turísticos”. Percibe una “sensibilización general de los miembros de La Chispera que tienen una vivienda hacia quienes pagan alquiler”.

Celia conoce el tema de primera mano, ya que se independizó hace cuatro años y se encontró con “una situación bastante terrible”. Cree que, debido a la amenaza de que “en cualquier momento subirán el alquiler y tendrás que irte”, siempre “tienes la sensación de estar de paso”: “Eso, unido a la precariedad laboral, te hace preguntarte para qué te vas a implicar dónde estás viviendo si igual mañana no sigues ahí”.

Nota un creciente “desencanto” en las amistades de su edad: “Cuando acabas la carrera, o no tienes ganas o el tiempo no te da para más”. Habla también, en consonancia con lo que apuntaba Susana de la Higuera, de “cierto pesimismo” frente a “cambios en los barrios de Madrid que damos por hecho y ante los que pensamos que ya no se puede hacer nada al respecto”. Celia opina que “no hace falta pensar que te vas a quedar a largo plazo en un sitio para implicarte”, aunque “algo de estabilidad mental debes de tener”.

Felipe, por su parte, compara sus diferentes experiencias colectivas en función del entorno y el territorio. Nacido en Torre de Miguel Sesmero, municipio pacense con algo más de 1.000 habitantes, lo describe como “una pequeña comunidad muy en contacto”. Una localidad en la que “sales a hablar con tu vecino y te enteras de lo que pasa en la vida de las personas que te rodean”. Siente que, cuando se mudó a Getafe para estudiar en la Universidad Carlos III, “eso se perdió por mucho que desarrollara lazos sociales, quizá en parte también por el momento vital como estudiante”. Pero también le ocurrió cuando posteriormente se mudó al distrito de Usera, ya con Celia: “No sentía que estuviera inserto en una comunidad. Toda la gente era muy independiente”.

Lo curioso es lo que se encontró al llegar a La Latina: “Pensaba que, al estar en el centro más centro y en pleno barrio de Palacio, lo de Usera se iba a incrementar muchísimo. Que todo lo que ya hemos comentado, la vivienda turística y el desplazamiento de las personas, lo potenciaría. Sin embargo, lo que he encontrado en la calle de Jerte es un entorno muy parecido al del lugar donde nací. La gente se para por la calle, se pregunta, el peluquero le deja la moto al frutero... y bajo esas circunstancias, me es muy fácil involucrarme en la asociación y en los problemas que trabajan”.

Las redes sociales: ¿enemigo o aliado?

En todas las conversaciones surge el tema de las redes sociales y su uso para alcanzar nuevos públicos. Para el presidente de la Fravm, “hay que saber utilizarlas”, ya que “es una herramienta que puede servir para acercarse a los jóvenes”. Ahora bien, es consciente de su empleo como “medio de difusión de mensajes de odio”. Aboga por “no denostarlas y potenciar su papel como redes colaborativas”. En La Unidad de Villaverde, dice Miguel, han conseguido “campañas con cierto alcance” gracias a reels de Instagram que abordan algunas de sus principales reclamaciones o conflictos vecinales.

Susana, en cambio, no las tiene todas consigo: “Hace poco un profesor nos decía que los jóvenes se están radicalizados hacia un lado en TikTok, que les vendría muy bien pisar el terreno”. Además, las fuerzas y las manos llegan hasta donde llegan: “Nosotras no tenemos 10 o 15 años. La persona más joven de Pasillo Verde Imperial tiene 30 y pico y es la que nos hace vídeos. Pero no somos capaces, ni tenemos tiempo, de por ejemplo crear un canal de TikTok, aunque lo hemos planteado. Encima lo haríamos mal y si no consigues enganchar no merece la pena. A veces llegamos al público de Instagram, pero ya no es tan jovencito”.

Jorge Nacarino decanta la balanza hacia el lado positivo y apostilla que estas tecnologías pueden ser un medio para combatir el retroceso de la participación vecinal: “El aislamiento social puede revertirse y las redes contribuyen a ello”. Quizá apagan muchas luces y encierran millones de personas en sí mismas, pero también fueron la chispa que animó a jóvenes como Celia y Felipe.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la aprobación del gasto por importe de 2.620.000 euros para las convocatorias de tres órdenes por las que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de diferentes líneas de subvenciones en materia turística: 1.245.000 euros en ayudas dirigidas a entidades locales; 1.000.000 euros para empresas turísticas riojanas y 375.000 euros destinados a asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro. En los tres casos, las subvenciones se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva y el plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación de las convocatorias en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

El sector turístico riojano mantiene una evolución positiva en los últimos años. En 2025, La Rioja superó por primera vez los 900.000 turistas, lo que supone un récord histórico para la comunidad y consolida la tendencia de crecimiento del sector. 

La estrategia turística regional pivota en torno a la autenticidad del destino y busca seguir fortaleciendo una oferta innovadora, sostenible y ligada al territorio, apoyada en activos diferenciales como la enogastronomía, el patrimonio cultural, el paisaje y la forma de vida riojana, con el objetivo de atraer a un visitante que valore estos recursos y contribuya al desarrollo equilibrado del territorio.

1,2 millones de euros para entidades locales

El objetivo de las subvenciones destinadas a los ayuntamientos es apoyarles para impulsar programas de desarrollo turístico en todo el territorio mediante la realización de actividades e inversiones que contribuyan a mejorar las infraestructuras turísticas y el atractivo de los destinos locales.

En concreto, el Ejecutivo pondrá a disposición de las entidades locales 1.100.000 euros destinados a subvencionar inversiones en infraestructuras y equipamientos turísticos que mejoren la competitividad del destino, además de 75.000 euros para actividades de creación, gestión de producto, promoción y apoyo a la comercialización turística y 70.000 euros para la organización de eventos singulares con proyección turística que movilicen flujos hacia los destinos locales.

Según lo establecido en esta convocatoria, el importe máximo que podrá recibir cada beneficiario por el conjunto de acciones solicitadas en inversiones será de 40.000 euros, mientras que en el caso de las actividades la cuantía no podrá exceder de 9.000 euros.

Ayudas para el sector privado y asociaciones

Por otra parte, la convocatoria destinada a empresas turísticas contará con una dotación de 1.000.000 de euros, de los que 600.000 euros se destinarán a inversiones y 400.000 euros a actividades.

En el ámbito de las inversiones, se financiarán proyectos de emprendimiento turístico, actuaciones en materia de accesibilidad y turismo inclusivo y proyectos de ampliación, modernización y mejora de establecimientos turísticos existentes, con una dotación de 200.000 euros para cada una de estas líneas.

Por su parte, las actividades subvencionables se distribuirán entre acciones de promoción y comercialización (200.000 euros), iniciativas formativas y de profesionalización (125.000 euros) y actuaciones dirigidas a la implantación de sistemas de gestión de calidad turística, seguridad y sostenibilidad (75.000 euros).

El importe máximo de subvención que podrá percibir cada empresa beneficiaria por el conjunto de acciones solicitadas no podrá exceder de 12.000 euros en actividades ni de 40.000 euros en el caso de las inversiones.

En lo que respecta a las subvenciones a las que pueden optar asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, el importe total que movilizará el Gobierno regional asciende a 375.000 euros.

Estas ayudas se distribuirán entre acciones de promoción y apoyo a la comercialización turística (250.000 euros), organización de eventos con proyección turística (100.000 euros) y actividades formativas y de profesionalización (25.000 euros).

El importe máximo de subvención que podrá obtener cada beneficiario por el conjunto de las ayudas solicitadas será de 25.000 euros.

Las tres convocatorias establecen que la distribución de los fondos entre las distintas líneas tiene carácter orientativo y podrá ajustarse en función de las solicitudes presentadas.

El cuerpo humano posee una intuición silenciosa que a menudo se adelanta a la medicina. Para María Amparo Vargas, todo comenzó un 7 de marzo con un bulto en el cuello. A pesar de que en su entorno intentaron calmarla atribuyéndolo a un simple resfriado, su conocimiento de sí misma la llevó a insistir durante dos meses de esperas y ecografías en el hospital de la comarca de Tierra de Barros. Lo que empezó como una sospecha desembocó en una encrucijada vital a principios de junio de 2023: las pruebas confirmaban que María Amparo estaba embarazada, pero que también padecía un linfoma. La alegría de la gestación se detuvo el 19 de julio, cuando tuvo que enfrentarse a la interrupción del embarazo para salvar su propia vida mediante una quimioterapia agresiva que la mantenía en un estado de sedación y vómitos constantes para poder soportar el tratamiento.

El refugio en la logística y el afecto

En este escenario de duelos solapados y desplazamientos fuera de Extremadura, la estructura logística se convirtió en un desafío tan grande como la propia enfermedad. Es aquí donde la labor de la asociación Afal (Asociación de Ayuda a Familias Afectadas de Leucemias, Linfomas, Mielomas y Aplasias) resultó determinante para su supervivencia emocional y vital a través del Programa Compañía que puso en marcha hace 30 años gracias al Servicio Extremeño de Salud. También ADMO, la Asociación para la Donación de Médula Ósea que se ha convertido en la guardiana de su salud mental ante tanto reto vital.

El soporte de Afal fue fundamental al proporcionarle un hogar y una base psicológica estable en Salamanca, ofreciendo ese respiro necesario cuando el hospital se vuelve un entorno asfixiante de veinticuatro horas.

Sin embargo, Afal y ADMO no fueron su único refugio. Su fortaleza se ha nutrido de un círculo íntimo inquebrantable. Su pareja, Pedro, a quien define como su “superhéroe”, se encargó de blindar su mundo para que ella no tuviera que gestionar ninguna preocupación externa, solo centrarse en ella. Sus padres y suegros completaron este escudo, viajando cada semana desde Extremadura para verla apenas cinco minutos a través de un cristal, manteniendo vivo el vínculo familiar en los momentos de mayor aislamiento.

Un calvario de recaídas y ciencia

La trayectoria de María Amparo ha sido una sucesión de baches superados. Tras un primer trasplante de médula de su hermano que no logró la remisión total —la enfermedad se volvió resistente como en un 10 % de los casos—, los especialistas de Salamanca coordinaron un segundo trasplante de un donante que vive en un pequeño pueblo en Polonia. Fue un proceso extremo que incluyó inmunoterapia, radioterapia en todo el cuerpo y un tratamiento experimental que ella describe con dureza: “Es como si te quemaras por dentro”. Durante este tiempo, su cuerpo llegó a depender totalmente de transfusiones diarias de sangre y plaquetas, enfrentándose a complicaciones graves como hemorragias de doce horas y la aparición de virus oportunistas que atacaron sus linfocitos debido a la bajada de defensas.

La joven es hoy plenamente consciente del valor de lo público y del esfuerzo social que supone su recuperación. “Una bolsa de sangre cuesta muchos euros y un tratamiento completo puede alcanzar los 4.000 euros diarios”, reflexiona, consciente de que sin el sistema de salud público y el apoyo de las asociaciones, muchas situaciones serían inasumible. A pesar de las secuelas actuales, como los problemas de tiroides, el fallo ovárico y las crisis de ansiedad que afloran al recordar lo vivido, María Amparo no se rinde al pesimismo.

La luz al final del bache

A sus 29 años, María Amparo mira hacia atrás pero también hacia delante con la madurez de quien ha habita en la cuerda floja. Aunque siente que se le han ido años de juventud entre paredes de hospital, está convencida de que su experiencia servirá para ayudar a otras personas. Al final de este relato de resistencia, emerge una serenidad profunda que ella vincula directamente con sus convicciones más íntimas.

En la etapa final de su proceso, María Amparo se aferra a una esperanza luminosa y a su fe personal: “Soy creyente, creo que hay un Dios que está ahí para nosotros siempre que lo necesitamos y me gustaría reflejar el esfuerzo desplegado tanto de mi familia como de las iglesias evangélicas que han estado ahí siempre tanto emocional, presencial, como económicamente”.

Es esta convicción, unida al amor incondicional de su familia, al sacrificio de los donantes y al soporte vital de entidades como Afal, lo que le permite mirar al futuro no con miedo, sino con la certeza de que, tras haber superado lo indecible, los mejores años están por llegar.

Que hay una actitud proactiva en el actual escenario ideológico, cultural y político por hacer hegemónicos contravalores como el individualismo, la insolidaridad, la vacuidad política, la xenofobia, el racismo, la aporofobia, el machismo, la misoginia, el belicismo…., en el seno de un relato impulsado por el pensamiento único dominante, es indudable.

Como indudable es que para construir/recuperar una sociedad donde el ser humano, sus anhelos y necesidades sean el centro de la preocupación y ocupación colectivas, se hace imprescindible poner en carga (en el marco de la lucha cultural) los valores republicanos, “res pública”, de libertad, igualdad, solidaridad, fraternidad y justicia social.

Es este el ambicioso objetivo que, modestamente, pero con firmeza, persigue la Red de Activistas de Sevilla, reconocer a colectivos, entidades y personas que, demasiadas veces invisibilizadas, cuando no combatidas, aquilatan una trayectoria fresca, alegre, perseverante y generosa al servicio de lo común, el interés general, los que no tienen voz, los derechos humanos, la solidaridad internacional, la memoria democrática, la defensa de los servicios públicos, la información veraz, los desiguales…., objetivo que se simplifica en un titular: “Reconocer a quiénes nunca, o en escasas ocasiones, lo son”.

Es por ello y por ser de justicia, que esta iniciativa de un espacio amable, diverso, plural, que sabe de luchas, comprometido y transformador como es la Red de Activistas de Sevilla

Gente que dedican su tiempo, conocimientos y esfuerzo a defender y promover derechos, libertades y conquistas sociales, hoy claramente amenazadas, gente aunque aparezcan residualmente en “las noticias”, o no sean destacadas por instituciones y/o administraciones, ni siquiera conocidas por quiénes se benefician de su activismo por causas justas, están o han estado detrás de cada avance social que todas y todos disfrutamos o tras cada retroceso que se ha impedido… Gente imprescindible, como dijo Bertolt Brecht, que se enfrenta, incansable, a aquella sentencia inmarcesible de Shakespeare en Rey Lear: “Es calamidad de los tiempos cuando los locos guían a los ciegos”. Gente, en definitiva, sin la cual nuestro mundo sería peor.

Es por ello y por ser de justicia, que esta iniciativa de un espacio amable, diverso, plural, que sabe de luchas, comprometido y transformador como es la Red de Activistas de Sevilla, cuyos objetivos son la formación, la socialización de la información entre sus miembros y más allá, la participación en el conflicto social desde el respeto al protagonismo de quienes, en cada caso, convocan las movilizaciones, el fomento del debate desde la asunción del pluralismo y la diversidad de la sociedad en la que interviene (son ya un clásico los debates que organiza su foro Lo vemos el miércoles, que ocupa ya un espacio alternativo de discusión sobre asuntos de interés general que nadie, o casi, aborda) debiera concitar el aplauso y apoyo de la mayoría social y de quiénes dicen representarla.

En esta segunda edición, que se celebrará el próximo 18 de marzo, en la Casa de la Provincia serán reconocidos en los diferentes apartados recogidos en las Bases de los Premios: AMAMA, APDH (Asociación Provincial de DD. HH.), Mesa Social del Agua, Archivo Histórico de CC. OO-A, FACUA (con especial nominación a su portavoz, Rubén Sánchez), el periodista Juan Tortosa, el actor Antonio Dechent y el catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo. Entidades, colectivos y personas cuya aportación, biografías y esfuerzos en la construcción de una sociedad más libre, sostenible, justa e igualitaria, es innegable.

La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, ha dado un rayo de esperanza a las familias de menores y adolescentes con una evolución desfavorable en un diagnóstico de cáncer o una enfermedad rara ante el anuncio que llevaban muchos años esperando: Asturias, por fin, dispondrá de un servicio pionero, operativo durante las 24 horas, para pacientes atendidos por la Unidad de Crónicos Complejos y Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

No era una simple reivindicación. Era una petición a gritos de los familiares que se pusiera en marcha este servicio, porque resultaba muy frustrante ver cómo las vidas de jóvenes que, sin haber cumplido aún la mayoría de edad, se iban apagando y no tener siquiera un teléfono al que recurrir o un profesional para que les reconfortara en los momentos más complicados de la enfermedad si se necesitaban fuera del estricto horario de atención que hasta ahora solo era por las mañanas.

“Evitar que mueran con dolor”

El presidente de la Asociación Galbán, Lennart Koch, lo resumía así en unas declaraciones realizadas a elDiario.es Asturias: “Para nosotros, como familias, cuando vemos que nuestros hijos e hijas están en el final de vida, lo único que queremos es que no mueran con dolor, eso es lo más importante”.

La consejera de Salud ha sido muy receptiva a estos mensajes. Ella misma participó en la octava edición de la Marcha Solidaria “Corre con Galbán” que se celebró, de forma simultánea, el pasado mes de febrero en los 78 concejos asturianos.

Empatía y receptividad

Su participación en la carrera solidaria para lograr recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil fue algo más que un gesto. Fue su forma de mostrar su empatía y receptividad a una reclamación que, menos de un mes después, se ha visto reflejada en el anuncio de la entrada en funcionamiento del servicio de cuidados paliativos con horario ininterrumpido.

Su objetivo es garantizar una asistencia integral, humana y permanente a menores con enfermedades de alta complejidad y a sus familias, que necesitan acompañamiento clínico y emocional continuo.

Acompañamiento clínico y emocional

Esta unidad del HUCA es el dispositivo de referencia en este campo para toda Asturias y actualmente asiste a cerca de 60 menores con enfermedades crónicas complejas o necesidades paliativas.

Hasta ahora, la atención se prestaba en horario de mañana. El paso a un servicio disponible las 24 horas para ofrecer acompañamiento clínico y emocional supone un avance clave para las familias.

Esta unidad del HUCA es el dispositivo de referencia en este campo para toda Asturias y asiste a cerca de 60 menores con enfermedades crónicas complejas o necesidades paliativas. Actualmente solo estaba abierto por las mañanas

“Esta medida se alinea con los objetivos recogidos en la Estrategia de Cuidados Paliativos del Principado de Asturias 2023–2030 y contribuye a mejorar la continuidad de los cuidados, evitar ingresos y favorecer la asistencia en el domicilio”, aseguran desde el Gobierno asturiano.

Guardias telefónicas y presenciales

Este nuevo recurso tan demandado por las familias se organizará mediante guardias localizadas de pediatras con formación específica en cuidados paliativos. La atención será preferentemente telefónica o por videollamada, lo que permitirá resolver dudas, ajustar tratamientos y coordinar recursos asistenciales.

“En situaciones de especial complejidad clínica o emocional, como los procesos de final de la vida, se podrá activar una guardia presencial, con pediatra y personal de enfermería especializada, que se desplazarán al domicilio correspondiente y puedan acompañar a las familias”, garantizan desde Salud.

Resolver dudas

El servicio está disponible tanto para las familias de menores incluidos en la unidad como para profesionales que atienden a estos pacientes en diferentes recursos, como el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), las urgencias hospitalarias y otros equipos que precisen apoyo o coordinación asistencial. De este modo, se refuerza la colaboración entre diferentes estructuras y se robustece la respuesta en situaciones críticas.

Las funciones del nuevo dispositivo incluyen la resolución de dudas clínicas, el control sintomático, la valoración telemática de urgencias, la coordinación con emergencias y el acompañamiento emocional a las familias. También permitirá certificar fallecimientos o coordinar, si procede, procesos de donación.

Con motivo del 8 de marzo 2026, y tras un lustro trabajando juntas en las campañas conmemorativas de los Días Internacionales de las Mujeres y de la Erradicación de las Violencias Machistas, varios colectivos feministas de Castilla-La Mancha se han agrupado bajo la denominación y el logo de Red Feminista de Castilla-La Mancha.

Se trata de una red de ámbito regional y los colectivos y asociaciones que la integran son Almansa Feminista (Albacete), Feministas de Pueblo (regional), Hartikas de Puertollano (Ciudad Real), Las Milenrama de Socuéllamos (Ciudad Real), Las Palmiras de Pedroñeras (Cuenca), Mujeres Feministas de Ciudad Real, así como Mujeres de la Plaza del Pilar (Ciudad Real) y la Plataforma 8M de Toledo.

El objetivo principal “es sumar fuerzas y demostrar unidad frente a la reacción machista y neoliberal que permea la clase dirigente, haciendo retroceder los derechos conseguidos a lo largo de cientos de años, y frente a la negación de la violencia machista tan perjudicial para las víctimas directas (mujeres y menores) e indirectas”.

Defender la igualdad entre hombres y mujeres

Todas las asociaciones adscritas comparten el movimiento de otras redes regionales con más trayectoria y experiencias, apelando a todas las castellanomanchegas a “defender la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres”.

Además, desde la red rechazan la violencia machista en todas sus formas e invitan a todas las asociaciones y colectivos feministas de Castilla-La Mancha a unirse en este “camino unitario a la vez que diverso”, han concluido.

José Ignacio Macías es el nuevo director de Proyecto Hombre La Rioja. Releva a David García que hace unos días fue nombrado director de Cáritas La Rioja y que continúa vinculado ala organización. De hecho, ha sido García quien ha presentado al nuevo director de Proyecto Hombre de quien ha destacado su perfil profesional y humano, su experiencia en el ámbito social y su “capacidad de escuchar” y de “ponerse al lado de otras personas con profesionalidad y con amor. Creo que su formación, experiencia y cualidades humanas hacen que Nacho sea esa persona que le conviene y le va a venir bien a Proyecto Hombre”, ha asegurado.

Por su parte, José Ignacio Macías –que hasta su nombramiento formaba parte del equipo de Proyecto Hombre La Rioja como terapeuta, realizando intervenciones individuales y grupales–, ha agradecido la confianza recibida y ha definido el nuevo cargo como un paso especialmente significativo en su trayectoria: “Para mí es un gran orgullo. Es un regalo a nivel personal y profesional”. En la presentación ha subrayado el “componente transformador de la entidad y lo que supone trabajar con personas que buscan un cambio: Creo que lo que va a definir lo que yo sea de aquí a 15 o 20 años va a ser el tiempo que pase aquí en Proyecto Hombre”, ha afirmado, destacando el aprendizaje que nace del contacto diario con quienes “vienen a nuestra casa con ganas de cambiar su vida”.

Entre sus prioridades, el nuevo director ha situado el cuidado del equipo como una condición imprescindible para acompañar bien a los demás: “Son tan profesionales y generosos que muchas veces se dejan jirones de piel… y sabemos que para trabajar bien con las personas primero tienes que estar tú bien”. José Ignacio Macías también ha apuntado como eje de esta nueva etapa reforzar la accesibilidad y el contacto temprano con la entidad, evitando que nadie retrase la petición de ayuda: “Quiero que una persona no piense: ‘yo no voy a Proyecto Hombre porque no estoy tan mal como para ir ahí’. Al contrario, cuanto antes vengas, antes vas a estar mejor”.

Perfil del nuevo director

José Ignacio Macías es un profesional con una sólida trayectoria en el ámbito social y educativo, con experiencia en intervención con menores y en el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. Es licenciado en Psicología y cuenta con formación especializada, entre la que destacan un Máster en Dirección de Centros Sociosanitarios, un postgrado en gestión de centros de servicios sociales y de la tercera edad y la acreditación profesional de Psicólogo Experto en Intervención Social.

A lo largo de su carrera, ha asumido responsabilidades de dirección y coordinación en recursos sociales, ha desarrollado labores de docencia y ha participado en programas vinculados a justicia restaurativa y justicia juvenil, incluyendo intervención en el entorno penitenciario.

El caso de los migrantes acogidos por el Principado en el Centro de Menores de Loriana, en San Claudio (Oviedo), ha acabado en los tribunales. Sus representantes legales han interpuesto sendas demandas judiciales contra la actuación del Servicio de Infancia y Familia de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado.

Las demandas se formalizaron ayer. En una de ellas se denunciaba el cese de protección del senegalés Mame B.T., tras haber tenido que abandonar el centro, el pasado 3 de febrero, a instancias de la administración regional que sostiene que es mayor de edad. Su abogado mantiene que el joven fue “expulsado” y, desde entonces, se encuentra “en situación de calle”.

La segunda va dirigida a la necesidad de adoptar una medida cautelar urgente para frenar “la expulsión inmediata” del sistema de protección de otro menor de edad que, según su letrado, está debidamente documentado por su pasaporte. Con esta demanda se intenta evitar que el menor acabe como su compañero de centro.

Las pruebas médicas

Ambos jóvenes cuentan con un pasaporte oficial que acredita su minoría de edad, y a ambos por parte de la Fiscalía Provincial de Asturias se les atribuye una mayoría de edad que, según la representación legal de los jóvenes, está basada “únicamente en pruebas médicas de escasa fiabilidad”.

En estos dos casos se denuncia una “vulneración sistemática” del marco jurídico existente. Los letrados que les representan mantienen que la Fiscalía realiza pruebas de determinación de la edad decretando su mayoría de edad basándose en radiografías, a pesar de que su pasaporte es oficial y auténtico, no ha sido impugnado por tribunal alguno, y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de la que es titular Marta del Arco, acata “sin velar por el interés superior del menor, todo ello infringiendo el marco normativa nacional, europeo e internacional”, exponen.

El pasaporte

Las demandas subrayan que el Estado español, como “Estado social y democrático de derecho”, debe respetar la presunción de veracidad de los documentos públicos extranjeros e incide en que el Tribunal Supremo (TS) ha avalado, en una sentencia dictada en 2021, que “la mera duda administrativa no es suficiente para invalidar un documento oficial”.

Asimismo, se invoca la doctrina consolidada por el alto tribunal que establece que un menor con pasaporte legalmente expedido no puede ser sometido a pruebas médicas “si su documento no ha sido impugnado judicialmente”.

Una doctrina que, según exponen las defensas, invalidaría el decreto de la Fiscalía: “Por tanto, el decreto carece de base legal -ratifican- al intentar desplazar una prueba documental plena por una estimación médica orientativa”.

Los márgenes de error

Las defensas denuncian que España sigue ignorando la Resolución del Parlamento Europeo de 2013 y la Observación General número 4 del Comité de los Derechos del Niño, que exigen “una evaluación multidisciplinar (psicológica y social) y no meramente radiológica”.

“Las pruebas de carpo y dentales realizadas tienen márgenes de error de hasta seis años”, añaden los representantes legales.

Asimismo, se remiten a la resolución dictada por el Defensor del Pueblo, en 2024, donde advirtió a la Fiscalía que no se pueden realizar estos procedimientos a menores documentados a menos que exista una impugnación judicial previa del pasaporte.

El interés del menor

Las defensas subrayan, además, que estos casos que se denuncian no son aislados. Entre otras actuaciones resaltan que, en febrero de 2024, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ya exigió a España medidas provisionales para proteger a menores en situaciones idénticas.

“El Comité ha dictaminado en reiteradas ocasiones que el procedimiento español vulnera los derechos de la infancia al negar la presunción de minoría de edad y realizar pruebas intrusivas (incluyendo desnudos integrales para estudio de caracteres sexuales), así como dictar decretos de determinación de edad sin asistencia de abogado independiente”, aseguran.

El limbo legal

Los dos jóvenes, que disponen del servicio de justicia gratuita, cuentan con el apoyo de asociaciones y oenegés de defensa de los derechos humanos. Una de las más activas es Asturias Acoge que ha ofrecido acompañamiento, asesoramiento en temas administrativos y les ayuda a dar visibilidad a su situación.

En ambos casos, se da la paradoja de que, mientras Fiscalía de Menores y la Consejería de Derechos Sociales les considera mayores para expulsarlos del centro, su pasaporte oficial les impedirá acceder al proceso de regularización que el Gobierno central está a apunto de aprobar, justamente por ser menores de edad, una circunstancia que, según sus representantes legales, “les deja en un limbo legal y de absoluta desprotección”.

Mame B.T. llegó desde su país en Senegal a España con un pasaporte que acreditaba su minoría de edad en busca de un futuro mejor. A costa de arriesgar su vida, se embarcó en un cayuco y tras su paso por Canarias, Mérida y Catalunya se acabó asentando en Asturias. El Centro de Menores Extranjeros No Acompañados de Loriana, en San Claudio (Oviedo), ha sido hasta ahora su último lugar de residencia hasta que, a principios de este mes, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado confirmó que debía abandonarlo.

El Principado no daba credibilidad al pasaporte que portaba y que acreditaba que era menor. Se le sometió a pruebas de edad que determinaron que era adulto y se le comunicó que esta circunstancia impedía su continuidad en el centro. Él siguió insistiendo en que no había cumplido aún los 18 años. Unas explicaciones que no convencieron a la administración.

Apoyo desde Extremadura y Canarias

El pasado mes de diciembre, entidades sociales y plataformas de defensa de los derechos humanos, entre ellas la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas de Extremadura y Canarias, denunciaron su situación de “extrema vulnerabilidad” y la de otros dos menores tutelados en el centro de menores de Loriana, gestionado por la Asociación Centro Trama.

Pese a que incidieron en que su expulsión implicaría que se vieran abocados a ir a la calle, las expectativas de evitar su salida del centro no se cumplieron y Mame B.T. emprendía una marcha sin retorno de las dependencias de Loriana.

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar se basaba en los informes y las pruebas a las que se había sometido a Mame para constatar que era mayor de edad y así lo corroboró la Fiscalía.

Un portavoz de la consejería, de la que es titular Marta del Arco, ha confirmado a elDiario.es Asturias que a raíz de comprobar su mayoría de edad se le buscó a Mame varias alternativas de convivencia para mayores de edad con otras entidades, pero todas las sugerencias fueron rechazadas por el joven.

“Ha sido él quien ha decidido descartar las propuestas que se le han hecho y ha decidido irse por su cuenta con un amigo a vivir a Luarca”, asegura el portavoz.

La propuesta

Los otros dos jóvenes que están en una situación similar todavía permanecen en el Centro de Menores Extranjeros No Acompañados de Loriana pero han aceptado la propuesta de la administración y en los próximos días se trasladarán a recursos de Transición a la Vida Adulta del Principado.

“La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano no expulsa ni expulsará a menores de edad de sus centros. Quien determina la mayoría o minoría de edad es la Fiscalia de Menores y en el caso de ese joven que ya no está en Loriana rechazó la propuesta de ir a uno de esos centros de adultos, fue una decisión propia”, señala.

El recurso

Una argumentación que no convence a los representantes de Asturias Acoge que sostienen que “a estos chicos se les cierra la puerta a regularizar su situación por la paradoja de que, al constar en el pasaporte que son menores de 18 años, tienen que acudir a la administración acompañados de un adulto responsable”.

Además, reiteran que se está cometiendo con ellos muchas irregularidades. Entre otras, inciden en que son sometidos a pruebas para determinar su edad que están prohibidas a las personas portadoras de documentos que certifiquen esa información, como es el caso de Mame.

Las irregularidades

“La actuación del centro de menores y de la entidad pública contraviene el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y el artículo 190 del Reglamento de Extranjería”, exponen.

Asturias Acoge denuncia que “es una forma de actuar, la de presuponer que los documentos de personas migrantes son falsos y las pruebas físicas que se realizan tienen unos estándares europeos que no son comparables a la anatomía de personas de otros países, como en este caso Senegal”.

Denuncia de vulneraciones

Las plataformas sociales que le han mostrado su apoyo afirman que esta actuación contraviene también el Reglamento de Extranjería y diversos dictámenes del Defensor del Pueblo, así como directrices de la Unión Europea (UE) y resoluciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Reiteran la importancia de que las autoridades competentes en Asturias procedan a la paralización inmediata de cualquier orden de salida del centro, el reconocimiento efectivo de la minoría de edad conforme a la documentación oficial, la tramitación urgente de las autorizaciones de residencia y trabajo y el cese de las pruebas de edad que consideran invasivas e imprecisas.

La integridad del menor

Asimismo, advierten de que dejar a estos adolescentes sin protección institucional no solo supone, a su juicio, un grave incumplimiento legal, sino que pone en riesgo “la integridad física y jurídica de niños que las administraciones están obligadas a proteger”.

“Dado que estos jóvenes cuentan con pasaportes legales y no impugnados, la realización de dichas pruebas constituye una injerencia ilegal en la integridad del menor”, señalan esta organizaciones, que aseveran que la edad que se muestra en esa documentación debe respetarse si no ha sido invalidada judicialmente.

La jurisprudencia

La doctrina del Tribunal Supremo, añaden, señala que debe prevalecer siempre el beneficio de la duda en favor del menor para evitar su desamparo y que no pueden realizarse pruebas médicas de forma indiscriminada basándose en la apariencia física de los jóvenes.

Asturias Acoge hace hincapié en la paradoja que supone que estos chicos estén en un limbo y queden en tierra de nadie porque desde la administración no se le da validez a los pasaportes que acreditan su minoría de edad.

“No son mayores de edad para nadie nada más que para el fiscal y los organismos autonómicos a los que les interesa acogerse a esa opción para librarse de estos chicos”, ratifican.

Presunción de legalidad

No obstante, anuncian su disposición a interponer un recurso para la impugnación del decreto de la Fiscalía donde solicitarán la adopción de medidas cautelares.

En la oenegé no se explican las razones que llevan a dudar de la validez de la documentación que presentan estos jóvenes: “nadie ha demostrado que sus pasaportes sean falsos, ni tienen por qué serlo y hay múltiple jurisprudencia que respalda que los documentos de un país tienen presunción de legalidad”.

“Corre con Galbán” es mucho más que un eslogan deportivo o un lema publicitario. Simboliza la unión de los 78 concejos asturianos cuyas calles se teñirán de naranja el domingo 22 de febrero cuando se sumen simultáneamente a la octava edición de la Marcha Solidaria convocada por la asociación coincidiendo con el 25 aniversario de su creación.

El año pasado 46.476 personas participaron en esta carrera donde se promueve el deporte y la solidaridad y con la que se quiere visualizar la necesidad de realizar más inversiones en proyectos de investigación sobre el cáncer infantil. Este año se espera superar la barrera de los 50.000 participantes.

La implicación del voluntariado

El diario.es Asturias ha hablado con el presidente de la asociación Galbán, Lennart Koch, sobre esta carrera solidaria y la importancia de que se invierta mucho más presupuesto para proyectos de investigación; dos iniciativas que son factibles gracias a la gran solidaridad de la sociedad asturiana y la implicación de cientos de voluntarios y voluntarias dispuestos siempre a echar una mano a esta entidad sin ánimo de lucro.

Unas 500 personas participan en estas carreras como voluntarios, dando apoyo en toda la logística que mueve esta iniciativa solidaria.

En la pasada edición se recaudaron 200.000 euros con las marchas “Corre con Galbán” y la asociación entregó el dinero en el contexto del Día Nacional del Cáncer Infantil, que se celebra en el mes de diciembre, para dos proyectos de investigación.

La investigación del glioma

El mayor grueso de esta cantidad -170.000 euros- fueron destinados a un proyecto sobre el glioma difuso intrínseco de tronco encefálico, liderado por los investigadores Mario Fernández Fraga y Agustín Fernández Fernández.

“Hay diferentes tipos de glioma -comenta el presidente- y la mayoría de ellos no tienen tratamiento en general. Creo que la mayoría de la gente que sabe algo del cáncer infantil es consciente de que los cánceres hematológicos -las leucemias- son bastante frecuentes pero, poco a poco, los cánceres de cerebro están superando a las leucemias por lo menos a nivel internacional. En este caso, el proyecto investiga el glioma difuso del tronco encefálico y difuso del tronco intrínseco. Con él se busca encontrar una diana terapeútica para un cáncer que, de momento no tiene una perspectiva de curación”.

El proyecto “Supervive”

La otra partida de 30.000 euros fue destinada el proyecto “Supervive-Estrategias de seguimiento y valoración para supervivientes de cáncer infantil en el contexto asturiano”, liderado por Soledad González y Rubén Menéndez y su objetivo es la mejora del bienestar de los largos supervivientes.

Soledad González presentó, junto con los dos responsables de la Fundación Botón, el proyecto “Supervive”, donde se quiere hacer un diagnóstico de los adolescentes y de los supervivientes que hay en Asturias. Este proyecto tiene una gran relevancia porque además sería un acicate de cara a la solicitud que desde Galbán se realiza al Principado para que ponga en marcha un programa de largos supervivientes.

Las inscripciones y el dorsal 0

“Merece la pena invertir en estos dos proyectos que son posibles porque hemos cambiado la gestión de la carrera”, resalta el presidente.

Las inscripciones para la carrera, de carácter lúdico y no competitivo, están ya abiertas y cuestan seis euros, con las que además de participar se entrega una camiseta y se habilita un dorsal 0, para aquellos que quieran colaborar con un donativo pero no puedan participar.

Formación en el HUCA

“Nosotros entendemos la investigación en sentido amplio, de modo que el dinero recaudado normalmente va en gran parte a investigaciones, pero también a la formación en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para que esta investigación llegue a los menores”, señala Lennart Koch.

Un hecho que destaca es la presentación de proyectos de personal clínico adscrito al Huca que es fundamental para combinar los conocimientos científicos con el continuo reciclaje de los profesionales y ver la posibilidad de que sus investigaciones puedan tener una aplicación práctica.

Cuidado y apoyo a la familia

La prioridad de Galbán es siempre el cuidado y apoyo a las familias de menores con cáncer, pero la investigación es clave para llegar a lograr avances en esta materia porque además es una de las enfermedades más duras.

La sensibilidad de las personas que forman parte de la directiva de Galbán se constata por un detalle muy empático. En las memorias que realizan sobre las actividades, siempre evitan que haya fotografías de niños y niñas que están siendo sometidos a tratamiento con imágenes de ellos sin pelo.

Juegos y diversión

El aspecto lúdico es también importante para que los menores no sientan el estigma de la hospitalización. Para lograr que se sientan también como lo que son, niños y niñas, Galbán organiza fiestas de fin de curso, de carnaval, de navidad o de las flores porque necesitan también distraerse.

“Corre por Galbán”, una carrera solidaria que une a la sociedad asturiana, ayuda a la investigación, a los menores con cáncer infantil y a sus familias y cuyo objetivo siempre merece la pena.

El conflicto se recrudece en el bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El último pleno del órgano, celebrado este miércoles, ha mostrado de nuevo la imagen de la presidenta Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada; y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, votando junto a los diez vocales del grupo conservador. 

En esta ocasión, el órgano decidía qué dos vocales iban a asumir a partir de ahora las relaciones con las asociaciones judiciales. Por doce votos, el pleno ha decidido que esos interlocutores sean dos hombres: el propio Preciado y el vocal elegido a iniciativa del PP José Antonio Montero, considerado muy cercano a Perelló. Ambos eran compañeros en el Tribunal Supremo.

Los otros nueve vocales progresistas habían propuesto a la vocal Inés Herreros, también elegida a iniciativa de Sumar, y que ya resultó excluida por Preciado de su propuesta de reparto de comisiones pactada con los vocales de la derecha el pasado octubre. Tras ese reparto, ocho de las once tienen mayoría conservadora. Además, Preciado mantuvo su puesto en la Permanente, el núcleo duro donde se toman muchas decisiones de calado. 

La decisión ha generado malestar en el resto de progresistas, que consideran que se ha fraguado un bloque “absolutamente corporativista” que va incluso más allá del eje ideológico. Este último movimiento supone, además, una afrenta a la paridad que el Consejo está obligado a aplicar en las designaciones que realiza en la cúpula judicial.

Los dos vocales elegidos son magistrados y pertenecen a las asociaciones más identificadas con la derecha y la izquierda judicial. Montero está vinculado a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Preciado es afiliado desde hace 21 años a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), de tendencia progresista y tercera en representación en la carrera. Ha sido miembro de su secretariado en dos ocasiones. Herreros también tiene una larga trayectoria asociativa: dos décadas de afiliación a la Unión Progresista de Fiscales, de la que fue presidenta y representante en el Consejo Fiscal. 

En declaraciones a elDiario.es, la vocal Herreros cuestiona que se haya designado a dos personas “estrechamente vinculadas a dos asociaciones judiciales concretas”, lo que “empaña la debida apariencia de neutralidad”. Y afirma que este hecho “rompe con las formas inicialmente pactadas de ejercicio neutral de la presidenta y el acuerdo inicial de equilibrio, así como también rompe con el respeto a la igualdad de género y constituye una nueva muestra de acumulación de poder en estos dos vocales que refuerzan las formas presidencialistas e incide, de nuevo, en dinámicas patriarcales”. 

En una nota de prensa difundida a los medios, Preciado afirma que ambos han resultado elegidos “por su experiencia en las relaciones con asociaciones” y afirma que Herreros, que es fiscal de carrera, “no tiene experiencia previa en asociacionismo judicial”. 

Fuentes próximas a este vocal subrayan que el “relato” de que él se ha pasado a la derecha es “bastante equivocado”. Y sacan a colación una votación en la Comisión Permanente de este martes en la que Preciado se quedó solo defendiendo el derecho de las juezas sustitutas —un colectivo feminizado y precarizado— a que el cómputo de su antigüedad se realizara “teniendo en cuenta el tiempo total de vinculación y no sólo el tiempo de prestación efectiva de servicios”.  

En el pleno de este miércoles la presidenta y Preciado también han votado junto al bloque conservador en contra de la propuesta realizada por el gabinete técnico sobre la interpretación del alcance de las reglas de provisión de plazas en las secciones de Familia, Infancia y Capacidad y de Violencia contra la infancia y la adolescencia. 

La vocal Herreros afirma que el acuerdo finalmente alcanzado “flexibiliza el nivel de especialización exigido por la nueva legislación en materia de infancia y rebaja los estándares inicialmente contemplados en el informe técnico”. Por contra, en el entorno de Preciado subrayan que la propuesta defendida por el resto de progresistas era un “sin sentido”, ya que penalizaba a jueces con mucha experiencia en juzgados mixtos frente a aquellos con menos tiempo en juzgados especializados. 

La historia se repite. El centro de Educación Permanente (CEPER) José Sánchez Rosa –lo que antiguamente se conocía como escuela de adultos– comenzó el curso en 2024 sin conserje. Y este año ha vuelto a sufrir la misma ausencia, que provoca “falta de seguridad y atención” a los usuarios que acuden a diario a este centro ubicado en el barrio sevillano de Pino Montano.

“No estamos pidiendo ningún lujo: lo único que queremos es seguridad y atención para las personas que asisten a las actividades del centro, que haya alguien que les atienda, que abra la puerta, que vigile la entrada. Es simplemente eso, es una cuestión de seguridad”, ha reivindicado el representante-delegado en el consejo escolar del citado centro, Antonio Castellano, en declaraciones a Europa Press.

Además de perjudicar al alumnado y profesorado del centro, la falta de portero también afecta a las entidades sociales que solían desarrollar su actividad en este espacio, propiedad de la Junta de Andalucía. Por eso, la comunidad estudiantil ha logrado reunir un total de 2.858 firmas que han entregado este martes ante la sede de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y de la Delegación Territorial en Sevilla.

Un “riesgo” para los alumnos

Según ha informado Castellano, el centro cuenta actualmente con 758 alumnos procedentes principalmente de las barriadas de Pino Montano, San Jerónimo y Valdezorras, entre otras zonas del Distrito Norte de la ciudad hispalense, que ven “interrumpidas” las clases y actividades que en el mismo se imparten debido a esta “falta” de personal.

“Muchas veces, son los profesores e incluso los propios alumnos los que tienen que estar atentos a la llegada de personas al centro, para abrir la puerta”, lamenta el representante del CEPER José Sánchez Rosa. Además, “hay actividades que no pueden ser realizadas de forma continua porque los profesores están constantemente realizando labores de porteros”, ha añadido Castellano, incidiendo en que se trata de “un problema que tiene una solución muy sencilla”.

Tal y como ha recordado Castellano, desde hace aproximadamente dos años el centro sufre una “falta de servicio de portería” que deriva, además, en un “riesgo” para los alumnos. “Durante la mañana, hay varios momentos en los que no hay nadie que atienda la entrada”, cuenta el delegado. “A veces nos quedamos sin poder acceder, además, la puerta se queda entreabierta en ocasiones sin que haya nadie vigilando la seguridad”, explica.

La Junta asegura que se incorporará “en breve”

“Es el personal de limpieza el que, voluntariamente, atiende en momentos puntuales a las personas que entran y salen, pero el movimiento de alumnos es continuo, claro, es muy difícil”, aclara el portavoz.

Por su parte, fuentes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla han expresado a esta agencia que en el centro “existe actualmente una situación provisional en relación con el personal de conserjería”. Asimismo, ha asegurado que, hasta fechas recientes, dicho personal dependía del Ayuntamiento de Sevilla. Según inciden, posteriormente, el servicio pasó a depender administrativa y laboralmente de la Junta de Andalucía.

En estos momentos, según la Delegación, la tramitación para la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se encuentra finalizada y se está ultimando la dotación económica correspondiente a dicho puesto. Por ello, asegura, “en breve esta plaza quedará cubierta de forma definitiva por personal estable”.

El Gobierno de Asturias ha empezado a dar los primeros pasos para hacer efectivo el cumplimiento de la recuperación de la memoria democrática en el expediente para la retirada de la fachada del antiguo Cuartel de Simancas donde actualmente se ubica el colegio de La Inmaculada en Gijón/Xixón del monumento franquista a los 'Héroes del Simancas'.

Este monumento, dedicado “a los fallecidos en el asedio al cuartel de Simancas”, está ubicado en la fachada del centro educativo orientada a la calle Cabrales e incluye el grupo escultórico y la inscripción con el texto de exaltación de la sublevación militar donde se puede leer la frase: “Caídos por Dios y por la Patria”.

Las denuncias

Las asociaciones memorialistas llevan años denunciando la necesidad de proceder a su retirada como gesto de “respeto a las víctimas del franquismo”.

El presidente de la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR), Rafael Velasco, registró un escrito destinado a la Dirección General de Memoria Democrática, el 16 de julio de 2024, donde solicitaba que se acordaran las medidas necesarias para su retirada. La competencia sobre las actuaciones en materia de memoria democrática en Asturias recae sobre la consejería que es responsabilidad de Ovidio Zapico.

El inicio y la caducidad

Dos meses después de esta solicitud oficial, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida (IU), dictó una resolución con la que se iniciaba el procedimiento para su retirada o eliminación y concedía un plazo de 15 días hábiles al propietario del inmueble -la 'Compañía de Jesús Provincia de España'- para que pudiera formular las alegaciones que considerara pertinentes; un trámite que se realizó el 18 de octubre de 2024.

Transcurrido un año, sin que se hiciera nada en este sentido, el titular de la Dirección General de Memoria Democrática resolvió la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones.

La titularidad

El motivo argumentado fue que se había superado el plazo máximo de resolución del procedimiento que se contempla en la Ley 1/2019 de 1 de marzo para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias, que se fijaba en tres meses.

El artículo 48.4 de esta ley hace referencia expresa a aquellos “elementos contrarios a la Memoria Democrática que estén colocados en edificios de carácter privado que tengan proyección a un espacio o uso público”, como ocurre en este caso, y establece concretamente que serán “las personas o comunidades propietarias de las mismas” quienes deberán “retirarlos o eliminarlos”.

Contrario a la memoria democrática

En similares términos se pronuncia el artículo 35.1 de la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática al definir “los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática”.

En su apartado 5, establece la responsabilidad de las personas o instituciones titulares o propietarias de “los elementos contrarios a la memoria democrática cuando estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público”.

La reactivación

Famyr denunciaba a principios de este mes que el expediente había caducado sin que desde el Principado se hubiera hecho nada para lograr la retirada del monumento.

El pasado 9 de febrero, el consejero emitía una nueva resolución que era notificada, ayer martes, a Rafael Velasco donde se anunciaba por segunda vez el inicio del procedimiento administrativo para la retirada del monumento franquista del antiguo cuartel de Simancas, actualmente visible en la fachada del Colegio de la Inmaculada de Gijón.

Actuación subsidiaria

En esta nueva resolución, el Principado da un plazo de 15 días hábiles a la 'Compañía de Jesús Provincia de España' para que formule las alegaciones y presente los documentos y justificaciones que considere pertinentes.

Al mismo tiempo, informa a la institución que la resolución motivada que finalice el procedimiento deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses y, una vez transcurrido el mismo, se producirá la caducidad.

“La resolución por la que se acuerde la retirada de elementos contrarios a la Memoria Democrática recogerá el plazo para efectuarla y será ejecutiva -expone- sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse. Transcurrido el plazo dado sin que se haya procedido a la retirada de dichos elementos, la Administración del Principado de Asturias podrá realizar la retirada subsidiariamente”.

La valoración de Famyr

La reacción de Famyr ha sido inmediata. Asegura que este inicio de procedimiento se produce tras años de denuncias, escritos y reclamaciones por parte del movimiento memorialista y después de que la propia Administración dejara caducar en noviembre de 2025 un procedimiento idéntico, iniciado en septiembre de 2024, por no haberse resuelto dentro de los plazos legalmente establecidos.

“No se han explicitado ni razonado los motivos por los cuales dicho expediente fue dejado caducar, pese a tratarse de un procedimiento con plena cobertura legal y con todos los elementos necesarios para su resolución”, censura su presidente.

La presión social

Rafael Velasco considera que la presión sostenida de las asociaciones memorialistas ha sido clave para reactivar el expediente y forzar a la Administración asturiana a retomar sus obligaciones legales.

“El inicio de un procedimiento no equivale a la retirada efectiva del monumento. La Administración dispone ahora de plazos concretos para resolver y ejecutar dicha retirada, y debe hacerlo garantizando el cumplimiento estricto de la normativa vigente”, advierte.

Vigilancia activa

La Federación mantendrá una vigilancia activa del desarrollo del procedimiento actualmente iniciado y confía en que concluya, dentro de los plazos previstos, con la retirada efectiva del monumento franquista del Simancas, “sin nuevas dilaciones ni soluciones que contradigan el espíritu y la letra de la ley”.

Asimismo, resalta el apoyo constante de las asociaciones memorialistas, colectivos sociales y personas a título individual que, según explica, han acompañado su reivindicación “durante años. Su compromiso -afirma- ha sido determinante para que este proceso siga adelante”.

Rafael Velasco incide en un aspecto que considera imprescindible: “la memoria democrática no puede depender de expedientes que caducan sin explicación, sino del cumplimiento efectivo de la ley y del respeto a las víctimas del franquismo”, asevera.