El Gobierno de Asturias lanza un ultimátum a los jesuitas para retirar el monumento a los 'Héroes del Simancas'
El Gobierno de Asturias ha empezado a dar los primeros pasos para hacer efectivo el cumplimiento de la recuperación de la memoria democrática en el expediente para la retirada de la fachada del antiguo Cuartel de Simancas donde actualmente se ubica el colegio de La Inmaculada en Gijón/Xixón del monumento franquista a los 'Héroes del Simancas'.
Este monumento, dedicado “a los fallecidos en el asedio al cuartel de Simancas”, está ubicado en la fachada del centro educativo orientada a la calle Cabrales e incluye el grupo escultórico y la inscripción con el texto de exaltación de la sublevación militar donde se puede leer la frase: “Caídos por Dios y por la Patria”.
Las denuncias
Las asociaciones memorialistas llevan años denunciando la necesidad de proceder a su retirada como gesto de “respeto a las víctimas del franquismo”.
El presidente de la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR), Rafael Velasco, registró un escrito destinado a la Dirección General de Memoria Democrática, el 16 de julio de 2024, donde solicitaba que se acordaran las medidas necesarias para su retirada. La competencia sobre las actuaciones en materia de memoria democrática en Asturias recae sobre la consejería que es responsabilidad de Ovidio Zapico.
El inicio y la caducidad
Dos meses después de esta solicitud oficial, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida (IU), dictó una resolución con la que se iniciaba el procedimiento para su retirada o eliminación y concedía un plazo de 15 días hábiles al propietario del inmueble -la 'Compañía de Jesús Provincia de España'- para que pudiera formular las alegaciones que considerara pertinentes; un trámite que se realizó el 18 de octubre de 2024.
Transcurrido un año, sin que se hiciera nada en este sentido, el titular de la Dirección General de Memoria Democrática resolvió la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones.
La titularidad
El motivo argumentado fue que se había superado el plazo máximo de resolución del procedimiento que se contempla en la Ley 1/2019 de 1 de marzo para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias, que se fijaba en tres meses.
El artículo 48.4 de esta ley hace referencia expresa a aquellos “elementos contrarios a la Memoria Democrática que estén colocados en edificios de carácter privado que tengan proyección a un espacio o uso público”, como ocurre en este caso, y establece concretamente que serán “las personas o comunidades propietarias de las mismas” quienes deberán “retirarlos o eliminarlos”.
Contrario a la memoria democrática
En similares términos se pronuncia el artículo 35.1 de la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática al definir “los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática”.
En su apartado 5, establece la responsabilidad de las personas o instituciones titulares o propietarias de “los elementos contrarios a la memoria democrática cuando estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público”.
La reactivación
Famyr denunciaba a principios de este mes que el expediente había caducado sin que desde el Principado se hubiera hecho nada para lograr la retirada del monumento.
El pasado 9 de febrero, el consejero emitía una nueva resolución que era notificada, ayer martes, a Rafael Velasco donde se anunciaba por segunda vez el inicio del procedimiento administrativo para la retirada del monumento franquista del antiguo cuartel de Simancas, actualmente visible en la fachada del Colegio de la Inmaculada de Gijón.
Actuación subsidiaria
En esta nueva resolución, el Principado da un plazo de 15 días hábiles a la 'Compañía de Jesús Provincia de España' para que formule las alegaciones y presente los documentos y justificaciones que considere pertinentes.
Al mismo tiempo, informa a la institución que la resolución motivada que finalice el procedimiento deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses y, una vez transcurrido el mismo, se producirá la caducidad.
“La resolución por la que se acuerde la retirada de elementos contrarios a la Memoria Democrática recogerá el plazo para efectuarla y será ejecutiva -expone- sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse. Transcurrido el plazo dado sin que se haya procedido a la retirada de dichos elementos, la Administración del Principado de Asturias podrá realizar la retirada subsidiariamente”.
La valoración de Famyr
La reacción de Famyr ha sido inmediata. Asegura que este inicio de procedimiento se produce tras años de denuncias, escritos y reclamaciones por parte del movimiento memorialista y después de que la propia Administración dejara caducar en noviembre de 2025 un procedimiento idéntico, iniciado en septiembre de 2024, por no haberse resuelto dentro de los plazos legalmente establecidos.
“No se han explicitado ni razonado los motivos por los cuales dicho expediente fue dejado caducar, pese a tratarse de un procedimiento con plena cobertura legal y con todos los elementos necesarios para su resolución”, censura su presidente.
La presión social
Rafael Velasco considera que la presión sostenida de las asociaciones memorialistas ha sido clave para reactivar el expediente y forzar a la Administración asturiana a retomar sus obligaciones legales.
“El inicio de un procedimiento no equivale a la retirada efectiva del monumento. La Administración dispone ahora de plazos concretos para resolver y ejecutar dicha retirada, y debe hacerlo garantizando el cumplimiento estricto de la normativa vigente”, advierte.
Vigilancia activa
La Federación mantendrá una vigilancia activa del desarrollo del procedimiento actualmente iniciado y confía en que concluya, dentro de los plazos previstos, con la retirada efectiva del monumento franquista del Simancas, “sin nuevas dilaciones ni soluciones que contradigan el espíritu y la letra de la ley”.
Asimismo, resalta el apoyo constante de las asociaciones memorialistas, colectivos sociales y personas a título individual que, según explica, han acompañado su reivindicación “durante años. Su compromiso -afirma- ha sido determinante para que este proceso siga adelante”.
Rafael Velasco incide en un aspecto que considera imprescindible: “la memoria democrática no puede depender de expedientes que caducan sin explicación, sino del cumplimiento efectivo de la ley y del respeto a las víctimas del franquismo”, asevera.
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