La intromisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente al pedir en su auto sobre José Luis Ábalos una “reflexión” acerca de la pertinencia de una reforma del Congreso para evitar que pueda seguir siendo diputado ha suscitado el rechazo de la mayoría de los grupos parlamentarios. La jueza y exdiputada Victoria Rosell, quien sufrió una conspiración para tumbarla por medio de una causa judicial manipulada, se suma a las voces críticas y afirma en declaraciones a elDiario.es que los magistrados no pueden tener “el poder de alterar la composición del Poder Legislativo”.

Victoria Rosell era en 2016 uno de los principales activos de Podemos. Jueza de carrera, formaba parte de la nutrida lista de miembros de la sociedad civil que abrazaron el proyecto que lideraba Pablo Iglesias. Cabeza de cartel por Las Palmas en las elecciones de diciembre de 2015, dimitió unos meses después cuando el Tribunal Supremo admitió una querella del por entonces ministro José Manuel Soria contra ella. El código ético de su partido le impidió además volver a presentarse en la repetición electoral de junio de 2016.

El caso fue archivado, pero fue utilizado mediáticamente contra Podemos. Pero no solo eso: el juez Salvador Alba fue condenado por conspirar precisamente contra Victoria Rosell. La justicia ha acreditado que inventó pruebas contra ella, y que estas fueron utilizadas por el exministro del PP para intentar acabar con su carrera.

Rosell era inocente. Ella lo sabía, y desde el principio defendió que el suyo era un caso de persecución política con uso de los tribunales y de los medios de comunicación. ‘Lawfare’. Aun así, dimitió en cuanto la querella fue admitida a trámite, y solo pudo volver a la política en 2019. 

Hoy justifica su decisión. “Al día siguiente de que el Supremo admitiera la querella falsa y tramposa del PP, yo dimití”, rememora en conversación con elDiario.es. “Fue una opción personal, éticamente era la decisión más correcta para salvaguardar las instituciones”, afirma. Rosell asume que un diputado por sí mismo “no tiene mucho poder”, pero cree que “no se debe manchar el trabajo parlamentario con la defensa personal”. “Tenemos ejemplos actuales, como el presidente de la Comunidad Valenciana [Carlos Mazón], y otros anteriores, cuyas actuaciones se leen mejor en clave de defensa penal que en clave de gestión política”, afirma.

Rosell vivió un calvario personal y político hasta que el Supremo tuvo que archivar la querella planteada por Soria contra ella. En 2019 pudo volver a presentarse a las elecciones, y en 2020 fue designada delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. 

Pero Rosell rechaza el planteamiento del juez que instruye el ‘caso Koldo’ sobre la necesidad de quitar el escaño a los diputados investigados. “Como ciudadana y como magistrada”, asegura, “creo que los jueces no podemos tener el poder de alterar la composición del Poder Legislativo imputando a un miembro del Congreso o del Senado”. La magistrada recuerda que, de hecho, “en casos graves” como el terrorismo, “el artículo 384bis de la LeCrim lo permite desde hace años”.

Rosell explica que es “esencial en un sistema democrático que los jueces, que son el menos democrático de los poderes, no afecte al poder que representa la soberanía popular”, es decir, al Legislativo. Y recuerda que existe la figura del suplicatorio, el mecanismo que los jueces activan para pedir permiso a las Cortes Generales para investigar a sus miembros. “El suplicatorio y la inmunidad parlamentaria obedecen a garantías frente al poder absoluto del rey y del Poder Judicial”, sostiene.

La exdiputada recuerda el caso del que fuera compañero de bancada, Alberto Rodríguez, a quien el Supremo desposeyó de su escaño con la ayuda de la entonces presidenta del Congreso, Meritxel Batet, aunque su causa fue luego anulada en parte. 

“En la práctica, se alteró la soberanía popular”, acusa Rosell, quien traza un paralelismo con su propio caso. También asume que un movimiento como el planteado por Puente no solo afecta a los derechos fundamentales de los diputados, “también al de participación política de quienes hayan votado”. 

Rosell concluye que la defensa de la independencia de los poderes públicos y el respeto a la labor de los parlamentarios “no se pueden usar solo como coletillas o prefacios para añadir luego un ‘pero”. 

El exdirigente del Partido Popular (PP) que fichó para su despacho de abogados a Salvador Alba también se siente dañado por los comentarios vertidos en redes sociales por la magistrada Victoria Rosell, víctima de los delitos del exjuez corrupto, contra su alta en el colegio profesional.

Jorge Rodríguez, administrador único de Consortium Abogadis, el despacho donde se publicita desde el pasado mes de marzo Alba como “abogado, asesor legal y exmagistrado”, ha elevado una queja-denuncia al promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que en la actualidad ejerce en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Esa queja ya se ha acumulado a la que presentó Alba en mayo y que dio lugar a la apertura de unas diligencias informativas en el órgano de gobierno de los jueces.

En esta denuncia, Rodríguez considera que Rosell “ha venido desarrollando una activa promoción de acoso y derribo” contra Alba a través de los mensajes que ha ido publicando en su perfil en la red social X (antes Twitter) desde que se publicaron las primeras informaciones sobre su alta en el Colegio de Abogados de Las Palmas.

El exdirigente popular considera que esas publicaciones “dañan indirectamente la reputación del resto de abogados miembros del bufete y de la propia marca”. La queja de Rodríguez incorpora los mismos pantallazos que la de Alba. En concreto, cuatro capturas de otros tantos mensajes publicados por Rosell en X con enlace a informaciones publicadas tanto en Canarias Ahora como en Infolibre.

En esos mensajes, la magistrada califica de “increíble” que el Colegio de Abogados de Las Palmas permitiera el alta de Alba, explica “los motivos legales” por los que considera que esa autorización nunca debió darse y llama a los abogados y abogados a “defender la ley y la dignidad de su función”. “Por ahora sólo yo he presentado reclamación contra la colegiación como abogado del delincuente”, escribe en una de esas publicaciones.

En su queja, Rodríguez, al igual que Alba, sostiene que ese “acoso y derribo” se realiza “mediante la difusión activa en sus cuentas en redes sociales de la información que publica Carlos Sosa, su pareja y propietario y editor de la publicación digital Canarias Ahora”. Omite que algunos de esos mensajes enlazan a informaciones publicadas en otro medio, Infolibre.

A juicio del administrador de Consortium Abogadis, la denuncia no se basa en “un acto aislado”, sino que “es un comportamiento habitual y continuo de faltas de consideración a profesionales y ciudadanos en el desempeño de sus funciones”, un hecho que califica de “especialmente grave” puesto que Rosell es magistrada en la Audiencia Provincial de Las Palmas, en el mismo partido judicial en que ejercen tanto Rodríguez como Alba.

El escrito presentado ante el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ pide que se aparta o se suspenda a Rosell como jueza.

Una polémica colegiación

El Colegio de Abogados de Las Palmas dio de alta a Alba el pasado 18 de marzo, pese a que el exjuez aún cumple una pena de seis años y medio de cárcel (ahora en régimen de tercer grado -semilibertad-) y de 18 de inhabilitación por prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial, delitos que cometió en su afán por acabar con la carrera política y profesional de Rosell cuando la sustituyó al frente de un juzgado de instrucción.

Rosell, al igual que una treintena de juristas que han firmado un informe jurídico al respecto, sostiene que el Colegio de Abogados de Las Palmas no debió dar de alta a Alba porque incumplía uno de los requisitos que el estatuto que regula la profesión establece para permitir la colegiación: “Carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la Abogacía”.

El Código Penal califica como graves las penas de prisión e inhabilitación superiores a los cinco años. Y sólo por el delito de prevaricación judicial en concurso medial con el de cohecho Alba fue condenado a quince de inhabilitación especial como juez. Por lo tanto, con el actual Estatuto de la Abogacía en la mano, el exmagistrado no cumple ese requisito.

Sin embargo, a Alba no se le ha aplicado el actual estatuto, vigente desde julio de 2021, sino el anterior, que data de 2001 y que tenía requisitos de colegiación menos exigentes, ya que sólo impedía ejercer a quienes estuvieran inhabilitados para el ejercicio de la abogacía.

A la hora de autorizar la colegiación de Alba, el Consejo de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Las Palmas se basaron en una disposición transitoria del actual estatuto, que estipula que “los aspectos más estrictos” de la nueva regulación no se podían aplicar a los hechos que fueran anteriores a su entrada en vigor. Y, como Alba cometió sus delitos entre 2015 y 2016, entendían que no era de aplicación el estatuto de 2021, que entró en vigor cuatro meses antes de que la sentencia que condenó al juez adquiriera firmeza.

Frente a esta interpretación se han posicionado una treintena de juristas de Las Palmas que han presentado un informe al Colegio de Abogados de Las Palmas pidiendo la revocación del alta de Salvador Alba. O, lo que es lo mismo, su inhabilitación para ejercer como letrado.

Este colectivo de abogados recuerda en ese informe que la colegiación es un acto administrativo que habilita para el ejercicio de la profesión y que no se trata ni de una sanción ni de una medida de carácter penal. Es decir, que el principio de irretroactividad de las sanciones “no es aplicable” en este caso, puesto que lo que se dirime es si cumple o no los requisitos para ejercer la abogacía, no la imposición de una pena.

Los firmantes entienden que el Colegio de Abogados de Las Palmas debió valorar los requisitos de acceso previstos en la normativa vigente en el momento en que Alba solicitó su colegiación (marzo de 2025) y no cuando cometió los hechos delictivos.

Entre lo público y lo privado

El abogado que ha acogido a Alba en su despacho mientras el exjuez cumple condena por tratar de acabar con la carrera de Rosell, Jorge Rodríguez, es un histórico dirigente del PP. Durante la primera Alcaldía de José Manuel Soria en Las Palmas de Gran Canaria (1995-1999), fue concejal de Urbanismo. No acabó el mandato. Dimitió después de que se descubriera un trato de favor a la empresa de una persona de su entorno cercano.

Tras un tiempo apartado de responsabilidades institucionales, que no orgánicas (siguió como secretario de Estudios y Programas del PP en Canarias), en 2003 regresó como diputado y portavoz económico de los conservadores en el Parlamento regional. Y volvió a dimitir en 2007 después de que Canarias Ahora publicara que había ejercido como intermediario entre una empresa, Grupo Europa, y varios ayuntamientos canarios para facilitar la adjudicación de contratos en concursos públicos de viviendas sociales.

Rodríguez fue investigado, procesado y acusado por esos hechos. La Fiscalía Anticorrupción le imputaba dos delitos de tráfico de influencias y pedía para él una pena de un año y ocho meses de cárcel y cinco de inhabilitación. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condenó al resto de acusados, pero absolvió al dirigente popular por el principio ‘in dubio pro reo’ (en caso de duda, a favor del reo). El tribunal consideró probado que había intercedido a favor de esa empresa en ayuntamientos gobernados por el PP, pero entendió que esa presión no había sido determinante para que el Grupo Europa ganara un concurso para la construcción de viviendas de protección oficial en Telde.

Jorge Rodríguez también fue senador entre 2016 y 2019. Y en 2021 estuvo a punto de ser magistrado suplente en la Sala de lo Social del TSJC. Acabó renunciando por incurrir en incompatibilidad, puesto que no había dimitido de sus cargos orgánicos en el PP.

Rodríguez es también el abogado del Alba en la causa en que pide 23 años de cárcel y 422.500 de indemnización para Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, por publicar las maniobras delictivas del exjuez para intentar acabar con la carrera de Victoria Rosell.

El exjuez Salvador Alba puede ejercer como abogado desde el pasado 18 de marzo pese a que aún cumple una pena de seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación por maniobrar con la toga puesta con el objetivo de acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell, ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y a que el Estatuto General de la Abogacía Española en vigor prohíbe dar de alta a los letrados que tengan antecedentes penales por delitos graves como los que él cometió. 

La razón es que a Alba, que se encuentra en el régimen penitenciario de tercer grado o semilibertad (va a la cárcel a dormir), no se le ha aplicado el actual estatuto, aprobado a principios de 2021, sino el anterior, fechado en 2001, que sólo impedía colegiarse a quien cumpliera pena de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía y que estaba en vigor en las fechas en que el exmagistrado cometió sus delitos (entre 2015 y 2016). 

Así lo ha explicado el Consejo General de la Abogacía, órgano representativo de los 83 colegios de abogados de España, ante las preguntas formuladas por este periódico sobre los motivos que llevaron a aceptar la solicitud de alta formulada en Las Palmas por Alba, que ya se publicita en el despacho del exdiputado y senador del Partido Popular (PP) Jorge Rodríguez. 

Fuentes oficiales de esta institución sostienen que ya en 2009 se había detectado la necesidad de “modificar ciertos aspectos” del estatuto de 2001 para “garantizar el máximo respeto deontológico de todos los colegiados”. Cuatro años después, en 2013, el pleno del Consejo General de la Abogacía aprobó un texto que endurecía los requisitos para la colegiación. Ya no se impedía el alta sólo a las personas inhabilitadas para el ejercicio de la abogacía, sino también a quienes tuvieran antecedentes penales por delitos graves. 

Según el código penal, los delitos graves son aquellos que acarrean penas de cárcel o inhabilitación especial superiores a los cinco años. Sólo por el delito de prevaricación en concurso con cohecho Alba fue condenado a quince años de inhabilitación especial.

Es decir, desde 2013 estaba prevista esa prohibición “en el espíritu de la corporación”. Sin embargo, el texto tenía que ser aprobado de forma definitiva por el Gobierno. Y ese trámite se demoró ocho años. El nuevo estatuto fue aprobado a principios de 2021 y no se pudo aplicar hasta mediados de ese año. Ese retraso es el que, a la postre, ha permitido a Alba agarrarse al clavo que le ha permitido colegiarse como letrado en Las Palmas. 

Según explica el Consejo de la Abogacía, el propio estatuto de 2021 ya contemplaba “un periodo transitorio” durante el que “los aspectos más estrictos de la nueva regulación no se podrían aplicar a los hechos que fueran anteriores a su entrada en vigor”. Todo ello, continúa la entidad, “bajo el principio elemental de la irretroactividad de las normas que endurecen la legislación”. 

La disposición transitoria primera de ese estatuto estipula que las infracciones cometidas hasta el día de su entrada en vigor “se sancionarán conforme a las normas del anterior”, el de 2001, salvo que las disposiciones sean “más favorables para el infractor”. 

Alba cometió los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial entre octubre de 2015 y mayo de 2016 y fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en septiembre de 2019, en una sentencia que fue confirmada por el Supremo y que, por tanto, adquirió firmeza en noviembre de 2021, meses después de que comenzara a aplicarse el actual Estatuto General de la Abogacía. 

“Es una obligación del Consejo aplicar su propia normativa ajustándose a lo establecido en cada momento según las normas de derecho transitorio, respetando los derechos de todas las personas”, remarca. Para la entidad, en el caso de Alba “lo correcto es la aplicación del estatuto de 2001, vigente cuando se cometieron los hechos”, y que “no impide su colegiación por la existencia de antecedentes penales por delito grave”. 

El Consejo de la Abogacía incide en su respuesta que desde 2013 tenía tomada la decisión de que los profesionales condenados por delitos graves no pudieran colegiarse (requisito imprescindible para poder ejercer), “pero la demora en la aprobación del Estatuto General de la Abogacía por parte de los sucesivos gobiernos han impedido su aplicación hasta mediados de 2021”. 

“El Consejo General de la Abogacía y los diferentes colegios velan por que los aspirantes a ejercer y los profesionales respeten escrupulosamente todos y cada uno de los principios de su código deontológico, aprobado en el año 2019, y de su estatuto general”, concluye. 

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha reiterado su respaldo a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, y “al periodismo libre” tras conocerse que el periodista deberá sentarse finalmente en el banquillo para responder a los delitos que le atribuye desde la cárcel el exjuez corrupto, condenado y encarcelado Salvador Alba Mesa.

Así lo ha decidido la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid que, en un auto notificado el pasado 24 de julio, da por buenos los argumentos de la jueza de Instrucción 27, de esa misma ciudad, que tramitó una querella de Alba y de su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, por algunas informaciones publicadas por Sosa en Canarias Ahora, cabecera asociada a elDiario.es que él dirige. El Ministerio Fiscal, por su parte, que desde el inicio del procedimiento ha pedido su sobreseimiento, ha pedido la absolución del acusado.

“Como ya manifestara la FAPE el pasado 12 de febrero en un comunicado conjunto con la Asociación de Periodistas de Investigación (API), esta decisión judicial genera una profunda preocupación en la Federación por el riesgo que supone para la libertad de información la falta de ponderación entre el derecho a informar libremente y el amparo a una acusación por delitos de revelación de secretos, odio y acoso”, explica la organización en un comunicado difundido este lunes.

Además considera el hecho de que la jueza impusiera una fianza tan elevada a Carlos Sosa (422.500 euros), en contra del criterio de la Fiscalía, “una manera de asfixiar económicamente a un medio y a un periodista que han desarrollado de forma legítima y veraz su labor periodística, tal y como marca la Constitución Española”.

La FAPE recuerda que Salvador Alba fue encarcelado y expulsado de la carrera judicial después de ser condenado en firme a seis años y medio de prisión. La Justicia condenó al exmagistrado por utilizar su posición en la judicatura para conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell y acabar con su entonces incipiente carrera política en Podemos. Además, según el propio Tribunal Supremo, Alba intentó inculpar en una causa judicial a Rosell y a Sosa, su pareja, a través de la manipulación de la declaración de un empresario, Miguel Ángel Ramírez. El objetivo era que alguna acción judicial contra la magistrada, ya fuera una querella del ministro José Manuel Soria o una investigación de la Fiscalía, saliera adelante y cortara su trayectoria pública, explica la FAPE.

La Federación de Periodistas recuerda que, en su momento logró que la Ley de Enjuiciamiento Civil contemplara la no ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Ello, para evitar que una sentencia no firme pudiera impedir el libre ejercicio de la libertad de información.

“Desde la FAPE exigimos que se respete el derecho a la libertad de información y rechazamos que se intente asfixiar el periodismo libre”, concluye la organización.

El periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, se sentará próximamente en el banquillo para responder a los delitos que le atribuye desde la cárcel el exjuez corrupto Salvador Alba Mesa. Así lo ha decidido la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid que, en un auto notificado este miércoles, da por buenos los argumentos de la jueza de Instrucción 27, de esa misma ciudad, que tramitó una querella de Alba y de su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, por algunas de las informaciones publicadas sobre las andanzas del querellante cuando maquinó contra la magistrada Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

En concreto, Alba y Lorenzo atribuyen a Carlos Sosa la comisión de tres delitos: revelación de secretos, acoso y odio, por los que interesan una condena de 23 años de prisión, así como 422.500 euros de indemnización. 

El Ministerio Fiscal, por su parte, que desde el inicio del procedimiento ha pedido su sobreseimiento, pide la absolución del acusado por considerar que ninguno de los artículos incurrieron en esos delitos y que, además de ser veraces, todos ellos cumplían con el requisito de interés público.

La querella fue interpuesta por Salvador Alba y Teresa Lorenzo justo en el momento en el que el exjuez corrupto ingresaba en la prisión de Estremera, en Madrid, para cumplir una condena de seis años y medio por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental. 

La jueza de Madrid que admitió la querella, María Ángeles Velázquez, dictó en febrero pasado auto de apertura de juicio oral, una decisión que no es recurrible. Y lo hizo sin que la Audiencia Provincial hubiera resuelto aún un recurso de apelación previo del periodista Carlos Sosa contra el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado. Y esa resolución es la que se conoció este miércoles.

En el auto de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, firmado por los magistrados José Luis Sánchez Trujillano, María del Carmen Martínez Sánchez y Teresa de la Concepción Costa Vayá, que actuó como ponente, no se entra a analizar el fondo de la cuestión ni los alegatos por vulneración de derechos fundamentales planteados por el periodista por considerar los magistrados que, “con carácter general, el Auto del Juzgado Instructor, acordando la acomodación de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado, y que ahora se recurre, no supone la determinación de ninguna culpabilidad subjetiva, sino la conclusión del Instructor de que se ponga fin a la fase investigadora, tras practicarse todas aquellas diligencias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hubieran participado y el órgano competente para el enjuiciamiento, considerando además, que en las diligencias ya existe el material suficiente para que el Ministerio Fiscal y, en su caso, la Acusación Particular, puedan formular sus respectivas acusaciones (con carácter provisional), al existir indicios racionales, objetivos y fundados de infracción criminal”.

Amparados en esos tecnicismos, los magistrados rechazan también las demás pretensiones del recurso, como la vulneración del principio de presunción de inocencia, la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, la inexistencia de informaciones publicadas obtenidas ilícitamente, la inexistencia de acoso a los querellantes ni de hechos que puedan considerarse delito de odio, entre otras consideraciones, por las que se pedía el sobreseimiento de las actuaciones.

Más adelante, sin embargo, los magistrados sostienen que “en el momento actual, como describe el auto recurrido, concurren suficientes indicios racionales de criminalidad en contra del investigado, por lo que debe proseguirse con la tramitación de la causa, sin perjuicio de que el recurrente pueda alegar y proponer todo lo que estime conveniente, en su escrito de defensa o en el acto de juicio oral”. 

El auto, que no admite recurso, da vía libre definitivamente a la celebración en un juzgado de lo Penal de Madrid de un juicio contra el periodista Carlos Sosa en fecha aún por determinar. A la espera del escrito de defensa, ya es conocido el de la acusación, que pide 23 años de prisión para el periodista, y el de la Fiscalía, que reclama su absolución. Será un juicio largo a la vista de los testigos solicitados por la parte querellante. La Fiscalía ha pedido solamente el testimonio de Salvador Alba y de Carlos Sosa. Está pendiente de conocerse el escrito de defensa.

“Las publicaciones exponían hechos noticiables y de interés público sin publicar datos de carácter privado o íntimo del querellante, y revestían un reconocido interés público toda vez que el señor Alba, en su condición de magistrado, estaba sujeto a un procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias”. De este modo se ha manifestado la Fiscalía de Madrid para pedir la absolución del periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, en el inminente juicio por los delitos de revelación de secretos, acoso y odio que le ha atribuido una jueza de instrucción de la capital de España tras una querella del exjuez corrupto, actualmente en prisión cumpliendo una condena de seis años y medio, y de su esposa, la letrada de la Administración de Justicia (antes secretaria judicial) Teresa Lorenzo Establier.

No es la primera vez que el Ministerio Público se manifiesta en parecidos términos en esta causa, abierta en 2022 en el Juzgado de Instrucción 27 de Madrid. Ya en enero pasado interesó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones después de que la jueza, María Ángeles Velázquez, decretara la transformación de las diligencias  en procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral, cuya fecha no está fijada aún.

Los dos querellantes solicitan para el periodista una condena de 23 años de prisión, más 422.500 euros de indemnización por daños morales.

La tercera fiscal que ha participado en el procedimiento ha coincidido con sus dos colegas anteriores en la ausencia de delito por las informaciones relativas a los hechos que acabaron con Salvador Alba en la prisión de Estremera, así como las enfermedades que alegó a lo largo de los últimos años en los que ejerció como magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, bien para pedir bajas en medio de sus imputaciones o bien para intentar esquivar el ingreso en prisión una vez su condena se tornó firme. En total, sus escaramuzas le permitieron sortear su destino de presidiario durante once meses.

La fiscal analiza en su informe para pedir la absolución las seis informaciones periodísticas aportadas por los querellantes, publicadas en Canarias Ahora entre febrero y octubre de 2018. En ninguna de ellas aprecia la existencia de delito alguno por considerar que, además de ser informaciones veraces y de interés público, no revelan ningún dato de carácter privado ni del exjuez en prisión, ni de su esposa, ni de la hija de ambos.

Los artículos, dice la fiscal, se publicaron en el ejercicio de  la actividad profesional del periodista acusado, “con fotografías de la persona del querellante, Salvador Alba Mesa, siempre en espacios públicos, bien en compañía de su mujer e hija menor con el rostro pixelado”.

No solo se preservó la identidad y la imagen de la hija de los dos demandantes, dice el escrito del Ministerio Público, sino que también se ocultó el nombre del colegio en el que estudia y donde se produjo un incidente con otra alumna que fue objeto de una noticia objeto de la querella.

Alba y su esposa, Teresa Lorenzo Establier, interpusieron en los juzgados de Madrid una querella contra Carlos Sosa, Ignacio Escolar, director de elDiario.es, otros periodistas de Canarias Ahora y la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en abril de 2022. A todos ellos les atribuyó los delitos de odio, acoso, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. 

La jueza en la que recayó la querella, la titular de Instrucción 27 de Madrid, María Ángeles Velázquez, consideró pertinente investigar exclusivamente al director de Canarias Ahora, Carlos Sosa, al que citó a declarar en dos ocasiones por videoconferencia ya que el periódico y el periodista tienen su domicilio en Las Palmas de Gran Canaria.

Tras la instrucción, la jueza consideró conveniente enviar a Sosa a juicio por considerar que algunos de los artículos publicados estos últimos años podrían ser delictivos. Pero la fiscal Beatríz Martínez Sánchez, que se ocupa ahora de la causa, ha analizado en su informe uno a uno esos artículos y ha concluido que ninguno de ellos es delictivo.

Por ello pide la absolución del periodista, cuyo testimonio interesa para el juicio oral, al igual que el del querellado Salvador Alba Mesa.

Salvador Alba se encuentra en la prisión madrileña de Estremera cumpliendo una condena de seis años y medio por los delitos de falsedad documental, cohecho y prevaricación judicial cometidos durante el tiempo en el que conspiró contra la magistrada Victoria Rosell cuando abandonó su juzgado para presentarse a las elecciones generales en las listas de Podemos. Se trata de uno de los más sonados casos de lawfare confirmados y el único en el que el juez participante ha sido condenado. De momento.

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Unas diligencias previas abiertas en un juzgado de Violencia contra la Mujer han sido aportadas por la esposa del exjuez corrupto Salvador Alba a la querella que ambos interpusieron contra el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. En esa querella, que ha dado lugar ya a la apertura de juicio oral entre otros por un delito de revelación de secretos, Teresa Lorenzo Establier, esposa de Alba, aportó un expediente judicial reservado sin anonimizar sacado del juzgado del que hasta hace unos meses ejercía como letrada de la Administración de Justicia, secretaria judicial, en la antigua denominación. Por lo tanto, ella era la responsable de la custodia de todas las causas abiertas en ese juzgado.

Con la aportación de esa causa, el matrimonio atribuía al periodista Carlos Sosa la comisión de un delito de odio por el que, de acuerdo con el decreto de apertura de juicio oral dictado por la jueza de Instrucción 27 de Madrid, se sentará en el banquillo en fecha aún por determinar. Curiosamente, el matrimonio también atribuye a Sosa un delito de revelación de secretos.

En un escrito complementario fechado el 1 de julio 2022, Teresa Lorenzo presenta como prueba esas diligencias reservadas para tratar de demostrar que supuestamente se vio obligada a cambiar de destino profesional por las publicaciones de este periódico respecto a su militancia y asunción de cargos directivos en el partido político Vox.

En la causa aportada por Lorenzo y Alba se pueden leer no solo la identidad y los detalles de los episodios de violencia sexual, física, psicológica y económica, así como amenazas de muerte sufridos por la denunciante, sino sus escritos de queja contra el juzgado por “indefensión”. La mujer solicitaba que se tomasen medidas por la “situación de vulnerabilidad” que estaba sufriendo en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria “por acción y omisión” de Teresa Lorenzo, que trabajaba en dicho juzgado especializado. Pedía que se investigara su actuación y se tomaran medidas disciplinarias. También extendía su queja a la actuación del juez del caso, titular de ese juzgado, Luis Ocaña, al que recusó. 

La mujer había denunciado en 2018 al que era su marido por violencia física, psicológica, sexual y económica. En su queja al Tribunal Superior de Justicia de Canarias destacaba que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria (donde trabajaba la esposa de Alba) no había practicado ninguna diligencia en dos años desde que puso la denuncia, tan solo dictó una orden de alejamiento. Además, hacía mención a que el abogado del demandado, Eduardo López Mendoza, parecía ser el único que “tenía la palabra en la causa” y mencionaba una relación de amistad entre este y el magistrado al frente del caso, Luis Ocaña, así como con la letrada Teresa Lorenzo, a la que acusaba de “actuación arbitraria e injusta”. 

Para probar la relación entre el abogado de su marido y la letrada de la Administración de Justicia, la denunciante del caso de violencia de género presentó como prueba una publicación de Canarias Ahora en la que se mostraba una fotografía publicada previamente por el periódico Canarias7 donde se podía ver a Teresa Lorenzo sentada junto a López Mendoza en la Ejecutiva de Vox de la provincia de Las Palmas. En dicha información además se recordó que Salvador Alba es amigo de este abogado. De hecho, en julio de 2019, durante el juicio por la conspiración contra Victoria Rosell, el exjuez corrupto y López Mendoza se fundieron en un sonoro abrazo a la vista de todos los presentes en la sala durante un receso. 

Es precisamente por la aportación de esa noticia con esa fotografía a esa queja oficial en lo que se basan Alba y Lorenzo para atribuir a Sosa un delito de odio.

La denunciante del caso de violencia de género, del que se constatan los pormenores porque es Teresa Lorenzo la que incorpora todos los documentos en la querella contra Carlos Sosa, incide en su queja en la relación de amistad entre el juez Ocaña y el abogado Mendoza. De hecho, llega a recusarlo y el propio magistrado contesta por escrito que “nada tiene que oponer a la recusación planteada”(...) “por entender que mi relación de amistad con el letrado del investigado no es compatible con la imparcialidad necesaria para la tramitación del presente proceso”. La Audiencia Provincial, sin embargo, alegó para denegar la recusación que la relación de amistad entre el juez y el letrado no es una de las causas previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que el abogado López Mendoza había negado la existencia de dicha amistad en su escrito de oposición a la recusación. “¿Quién miente de los dos?” se pregunta la denunciante. 

Sobre este caso, debido a su incorporación en la querella presentada por el juez que cumple prisión y su mujer, se pueden conocer detalles como los nombres completos de la denunciante y del denunciado, cuestiones médicas de los hijos del matrimonio, la dirección, el DNI o el número de pasaporte del denunciado, el correo electrónico de la denunciante, su teléfono, su dirección, detalles de las familias, cuestiones económicas, empresas vinculadas o datos delicados de la denuncia como información sobre los informes médicos que presentó la denunciante para alegar que había sufrido violencia sexual… 

Sobre estos hechos este periódico ha preguntado al abogado de Teresa Lorenzo y Salvador Alba, Jorge Rodríguez, que ha respondido: “No sé de qué me habla señorita, no sé de qué me habla”. Y ha añadido: “No lo recuerdo, además me coge usted en el juzgado y estoy a punto de entrar en un juicio y no puedo hablarle de memoria ni tengo el expediente delante”. 

Rodríguez es un histórico del Partido Popular en Canarias. Entre 1995 y 2003 fue concejal de Urbanismo en Las Palmas de Gran Canaria, cuando José Manuel Soria era alcalde de la ciudad. Dimitió de su cargo  al descubrirse que desde su concejalía benefició a una empresa cuya titular era una mujer de su círculo más íntimo. Más tarde, fue diputado en el Parlamento de Canarias y nombrado portavoz económico del PP. También de ese cargo se vio obligado a dimitir cuando Canarias Ahora publicó que había actuado como intermediario de una empresa madrileña ante varios ayuntamientos canarios para facilitar concursos públicos a partir de los cuales construir y gestionar viviendas de protección oficial mediante supuestas cooperativas. El abogado fue procesado pero resultó absuelto al entender el tribunal que el tráfico de influencias del que estaba acusado no había quedado suficientemente probado.

En los hechos probados de esa sentencia se podía leer que Rodríguez violentó en 2006 la dedicación exclusiva que tenía declarada en el Parlamento regional para defender los intereses del empresario Antón Marín, dueño de Grupo Europa, introducirlo en ayuntamientos gobernados por el PP y cobrar por hacerlo al menos 64.000 euros. Cuando se descubrió su participación en los hechos, en 2007, Rodríguez Pérez dimitió e interpuso una querella contra Canarias Ahora y dos de sus periodistas, que fue finalmente sobreseída y el abogado regresó a la política activa después de conseguir su sentencia absolutoria.

Rodríguez Optó como candidato del PP a la junta de control de RTVC. También fue senador y vicesecretario de Estudios y Programas de ese partido en Canarias. Además, consiguió una plaza como magistrado suplente vulnerando la norma que impide optar a dicha plaza en un tribunal ante el que el candidato haya actuado como abogado los dos últimos años. El exsenador representó al PP y al Grupo Popular en una demanda laboral de un trabajador despedido mientras se tramitaba su petición. Después de haber publicado su designación, Rodríguez renunció a su elección.

“Soy víctima ante un juzgado ”manejado“ por personas que niegan esta violencia” 

El caso fue inicialmente sobreseído por el juez Luis Ocaña pese a que la denunciante alertó de numerosas irregularidades como dilaciones en el proceso, que el abogado López Mendoza solicitara constantemente la suspensión del procedimiento, que no se proveyeran los escritos presentados por su abogado, que la declaración del investigado “no fue grabada”... Entre esas irregularidades, denunció que el abogado de su marido indicó al juzgado los días que le venían bien para practicar las declaraciones e “inmediatamente” la letrada Teresa Lorenzo “sin dar traslado o consultar a mi abogado y sabiendo que el mismo se tiene que trasladar desde Madrid a Las Palmas de Gran Canaria para acudir a las declaraciones, dicta una diligencia por la que se fijó directamente… uno de los días que el letrado del investigado indicó que le venía bien, sin ninguna oportunidad de igualdad de partes para mi abogado”. 

La denunciante además alertó de que no se valoraron las grabaciones que presentó con el objetivo de probar que su marido le decía “que si no firmas, vas a estar muerta”. En el auto de sobreseimiento provisional de la causa, el juez Ocaña subraya que “cierto es que existe en la causa una grabación de audio en la cual parece ser que se escucha al investigado decir a su pareja y denunciante: ”si no firmas vas a estar muerta“; como tiene bien declarado la jurisprudencia el delito de amenazas es un delito circunstancial en el que resulta determinante el contexto; en el presente caso, según consta en autos, la conversación de la que dimanan las palabras reseñadas trata sobre una hipoteca, por tanto resulta cuanto menos temerario afirmar que la intención de quien pronunció tales palabras era inequívocamente amedrentar en este caso a la denunciante con quitarle la vida pues cabe perfectamente que la intención fuera otra, por ejemplo indicarle que ella pasaría dificultades económicas de no firmar ese documento pero en ningún caso matarla”. 

Frente a ese auto se interpuso recurso. La denunciante además alegó sentirse “desamparada” dentro de un tribunal especializado en violencia sobre la mujer, puesto que “el procedimiento lleva abierto dos años sin que haya avanzado lo más mínimo”. Según denunció, “el juez no provee de los escritos de mi abogado y dicta un sobreseimiento provisional sin practicar diligencias. La letrada de la Administración de Justicia, Teresa Lorenzo, también amiga del letrado del investigado, Eduardo López Mendoza, que a su vez es amigo íntimo del marido de ésta, Salvador Alba… formó junto a dicho letrado parte de la Ejecutiva de Vox en Las Palmas y, además, el referido letrado hace todo lo posible para entorpecer y retrasar por todos los medios el procedimiento. Es decir, soy la víctima dentro de un procedimiento seguido ante un juzgado de Violencia sobre la Mujer ”manejado“ por personas que niegan la existencia de dicha violencia”. 

El abogado del hombre investigado por violencia de género se permitió incluso hacer constar en un escrito dirigido al juzgado, en respuesta a otro de la víctima, consideraciones como la siguiente: la denunciante “percibe (por su mera condición de ex esposa) según la reseñada escritura la suma de cuatro mil euros (sí, 4.000.00 €) mensuales [...] por poco más de ocho años de matrimonio, Santana, apellido ficticio, (que de contrario se pretende una paria de la tierra, miembro -o miembra, a su decir- de una famélica legión, próxima a la indigencia en suma) [...] Este humilde Letrado desearía ser asfixiado económicamente de forma análoga a la. Sra Santana o incluso, con mayor  intensidad, crueldad y saña suficiente”. Así consta en la denuncia de 18 folios presentada por la víctima ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para quejarse de la indefensión que durante varios años sufrió en el Juzgado.

Salvador Alba, esposo de la letrada de la Administración de Justicia que entonces ejercía en ese órgano, calificó de “tribunal de excepción” a los juzgado de Violencia sobre la Mujer. En una entrevista en El País en el año 2005 llegó a explicar los motivos que le condujeron a interponer cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley Integral contra la Violencia de Género. Según dijo, esa ley del Gobierno de Zapatero discrimina a los hombres, y ha sido ese precisamente uno de los argumentos más utilizados por Vox para atacar a los movimientos feministas y a las leyes de igualdad.

Teresa Lorenzo se siente perseguida por su ideología 

Tras recibir en 2020 la queja de la denunciante de este caso contra su actuación, Teresa Lorenzo elabora un informe en el que arremete contra las afirmaciones recogidas en la queja porque “es una absoluta falta de respeto a las instituciones, a la Justicia y a mi persona” y las tacha de “temeridad”. La letrada recoge que en la denuncia se afirma que “hasta el momento solo se han favorecido los intereses del maltratador” y considera que decir esto es “extraordinariamente grave” pues “acusa por escrito y ante mi superior jerárquico que tanto el magistrado como esta letrada han dictado resoluciones injustas y arbitrarias para favorecer a una de las partes, lo que implicaría acusar a esta letrada de un delito de prevaricación y debería dar lugar a deducir testimonio con inmediata remisión a la Fiscalía Provincial de Las Palmas por si estos hechos fueran constitutivos de delito contra la Administración de Justicia …” 

Teresa Lorenzo agregaba que “si bien es legítimo formular quejas por retrasos o inactividad en un procedimiento, no lo es tratar de modificar la actuación de los operadores jurídicos con falsas implicaciones y gravísimas acusaciones”. Así mismo, añadió que quería dejar claro que “ningún vínculo de amistad” la une con “ninguno de los dos letrados personados en este procedimiento, por mucho que insista la denunciante en esta cuestión” que “de ser cierta, no constituirá causa de abstención de clase alguna a tenor de lo dispuesto en el artículo 219 de la LOPJ”. También agrega que “todas las diligencias practicadas están debidamente documentadas”. 

La esposa de Alba además arremete contra Canarias Ahora asegurando que aportar una noticia de este periódico es “poco aval para tan gravísima aseveración”. Además, defiende que “jamás” ha formado parte de “ningún acto de fundación de ningún partido político” y que tampoco ha formado parte “de la directiva de ningún partido político”. “Si mi marido es o no amigo de un letrado o si esta letrada tiene o no una determinada ideología, en modo alguno puede constituir infracción de ninguna clase, a salvo, claro está, el derecho constitucional de esta letrada a perseguir judicialmente y ejercitar cuantas acciones me asisten por las falaces afirmaciones realizadas por la denunciante que más parecen una persecución por una determinada ideología que una denuncia por irregularidades en el proceso”. 

Lorenzo ve “delirante” sugerir una determinada inclinación política suya y recuerda que goza de “libertad ideológica”. “Como si una determinada orientación ideológica determinara mi intervención en este procedimiento”, afea. La letrada defiende que su intervención se “ajusta a la legalidad” y que no es “de recibo” sugerir amistades “no ya con las partes sino con un letrado de una de las partes, lo que es ridículo y falso” a la vez que insiste en que no se ha producido trato de favor. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias concluyó en agosto de 2020 el archivo de la queja contra Teresa Lorenzo al no apreciar “materia disciplinaria susceptible de incoación”. 

Teresa Lorenzo acabó abandonando voluntariamente su puesto en el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 concursando a otro destino dentro de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

La causa contra el hombre al que defiende el abogado Eduardo López Mendoza continúa tramitándose en el mismo órgano judicial pero con el juez titular, Luis Ocaña, apartado de la misma tras haberse aceptado finalmente su abstención.

Una jueza asume los postulados de Alba y su mujer

A pesar del criterio contrario de la Fiscalía, una jueza de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra el periodista Carlos Sosa por las informaciones publicadas en su periódico, Canarias Ahora, sobre el exjuez corrupto, que fue condenado a seis años y medio de cárcel. Según declaró probado el Supremo, Alba intentó inculpar en una causa judicial a Rosell y Sosa, su pareja, a través de la manipulación de la declaración de un empresario, Miguel Ángel Ramírez. El objetivo era que alguna acción judicial contra la magistrada, ya fuera una querella del ministro José Manuel Soria o una investigación de la Fiscalía, saliera adelante y cortara su trayectoria pública.

La jueza de Instrucción 27 de Madrid, María Ángeles Velázquez, asume buena parte de los postulados de la querella del exmagistrado encarcelado y de su esposa, Teresa Lorenzo, y exige al periodista una fianza de 422.500 euros. En su escrito de acusación, además de casi medio millón de euros, el exjuez Alba pide 23 años de prisión para Carlos Sosa por delitos de odio, acoso y revelación de secretos. Por su parte, la Fiscalía avala que todas las informaciones de Canarias Ahora sobre Alba y su conspiración fueron veraces, relativas a un asunto de máxima relevancia pública y no revelaron ningún tipo de información confidencial del exmagistrado y su familia: “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información”, señala el Ministerio Público. 

Asamblea por La Orotava, un “movimiento sociopolítico municipalista y vecinal; autónomo y abierto; plural, horizontal y genuinamente democrático”, como se autodenomina en su página web, ha publicado una carta abierta este martes dirigida al periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, y a toda la comunidad periodística de las Islas. El motivo es denunciar el caso de lawfare al que se enfrenta este profesional y defender una prensa libre y comprometida en el archipiélago, “capaz de fiscalizar el poder y de dar voz a las personas más vulnerables en nuestra sociedad”, después de que una jueza de Madrid haya abierto juicio oral contra Sosa por sus informaciones sobre el exjuez corrupto Salvador Alba, en prisión por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell.

“Nos dirigimos a ti, Carlos, y a todas y todos los periodistas que día a día luchan por la verdad y la justicia en nuestras islas, en un momento crucial donde la defensa de la libertad de prensa y la lucha contra el lawfare se vuelven fundamentales”, comienza el escrito.

“Valoramos enormemente el periodismo hecho en Canarias y creemos que, con su mirada crítica y su compromiso con la verdad, debe ser un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa y transparente”, añade. La labor de esos periodistas, “incansable”, no solo es la de informar, sino que también la de “educar, sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en la búsqueda de un mundo y una Canarias más justa y equitativa”.

“En estos tiempos de desafíos y transformaciones, donde las amenazas contra la libertad de prensa son cada vez más evidentes, es esencial que nos unamos en defensa de nuestros principios y valores fundamentales y hagamos una defensa acérrima de la libertad de prensa y y ejerzamos un firme repudio ante el abuso del poder judicial con fines políticos. El lawfare, esa práctica desleal que busca utilizar el sistema judicial como un instrumento de persecución política, representa un peligro latente para nuestras libertades individuales y colectivas”, prosigue el escrito publicado por Asamblea por La Orotava.

“Carlos, tu caso es un ejemplo claro de cómo el abuso del sistema judicial se utiliza para amordazar a quienes se atreven a levantar la voz contra la injusticia y la corrupción. La querella presentada en tu contra es un intento desesperado por silenciar una voz incómoda, una voz que se niega a ser acallada por los intereses de unos pocos”, afirma Asamblea.

Por ello, a través de la carta abierta, reafirman su compromiso con la libertad de expresión y con el periodismo independiente. “No podemos permitir que la sombra del miedo y la represión nos roben nuestros arrestos. La voz de un periodismo independiente, libre, crítico y con acento canario es indispensable, y debemos protegerlo de aquellos que buscan socavarlo. La libertad de expresión es un derecho inalienable de toda sociedad democrática”, concluye.

Avalancha de apoyos a Sosa y a la libertad de prensa

Además del apoyo expresado este martes por Asamblea por La Orotava, también se han posicionado en favor de la libertad de prensa y contra el lawfare contra Sosa la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), la Asociación de Periodistas de Investigación (API), las dos asociaciones de la Prensa de Canarias, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, quien claman contra esta resolución judicial y reivindican un periodismo libre.

En un comunicado conjunto, FAPE y API sostuvieron que la resolución judicial contra Sosa, tomada en contra del criterio del Ministerio Fiscal, “genera una profunda preocupación por el riesgo que supone para la libertad de información la falta de ponderación entre el derecho a informar libremente y el amparo a una acusación por delitos de revelación de secretos, odio y acoso, así como que una jueza pueda imponer una fianza tan elevada, en contra del criterio de la Fiscalía” y, de esta manera, “asfixiar económicamente a un medio y a un periodista que han desarrollado de forma legítima y veraz su labor periodística, tal y como marca la Constitución Española”.

Salvador Alba fue encarcelado y expulsado de la carrera judicial después de ser condenado en firme a seis años y medio de prisión por utilizar su puesto como magistrado en Canarias para conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell y acabar con su entonces incipiente carrera política con Podemos. Alba, según declaró probado el Supremo, intentó inculpar en una causa judicial a Rosell y Sosa, su pareja, a través de la manipulación de la declaración de un empresario, Miguel Ángel Ramírez. El objetivo era que alguna acción judicial contra la magistrada, ya fuera una querella del ministro José Manuel Soria o una investigación de la Fiscalía, saliera adelante y cortara su trayectoria pública. Antes de entrar en prisión arremetió judicialmente contra sus víctimas, presentando una querella criminal por, según su acusación, revelación de secretos, delito de odio, acoso y organización criminal. Por todo ello, el exjuez corrupto pide, además de casi medio millón de euros de indemnización, 23 años de prisión para Carlos Sosa.

Sin embargo, la Fiscalía se opone incluso a la apertura del juicio oral, al considerar que todas las informaciones publicadas sobre Alba era veraces y contrastadas, además de ser de interés público. Se publicaron noticias “de relevancia pública”, con datos que “atañen exclusivamente a los hechos noticiables” y que constituyeron “el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información, no lesionando en ningún caso el derecho a la intimidad del querellante y de su familia”.

Una jueza ha mandado al banquillo de los acusados al periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, un medio asociado a elDiario.es. Le piden 23 años de cárcel. La acusación la ejerce Salvador Alba, el juez corrupto en prisión por fabricar pruebas falsas para destruir la carrera política de otra jueza, Victoria Rosell, pareja de Carlos Sosa.

Alba se venga del periodista desde la cárcel y le acusa de acoso, delitos de odio y revelación de secretos por publicar las artimañas que usó para intentar eludir su ingreso en prisión. De momento, la jueza ha impuesto a Carlos Sosa una fianza de más de 400.000 euros.

Hablamos con Carlos Sosa para conocer los detalles de este nuevo caso y con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, analizamos cómo afectan este tipo de ataques a la libertad de información, a los periodistas y a los medios.

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A lawsuit brought by the corrupt ex judge Salvador Alba will take Carlos Sosa, editor-in-chief of Canarias Ahora, to the dock. A Madrid court has decided to open an oral hearing against the journalist for information published by Canarias Ahora –a news outlet linked to elDiario.es– about Salvador Alba and his conspiracy against Victoria Rosell and Sosa himself that ultimately led Alba to prison.

Taking over most of the premises in the complaint brought by the imprisoned ex-magistrate, judge María Ángeles Velázquez is demanding Sosa a bail of 422,500 euros. She's ruling against the Prosecutor's Office opinion, that considered the news published about Alba and his conspiracy by Canarias Ahora to be truthful, concerning a public matter of the highest importance, and not revealing any confidential information of the ex-magistrate nor his family: “It was the legitimate exercise of his fundamental right to freedom of information”. It's up to the Provincial Court of Madrid to decide now whether or not the case will go to trial.

Salvador Alba was expelled from the judicial career after being sentenced to six and a half years in prison. Alba was convicted of using his position as a magistrate in the Canary Islands to conspire against another magistrate, Victoria Rosell, putting an end to her then emerging career with the political party Podemos. The Supreme Court deemed proven that Alba had tried to incriminate Rosell and Sosa, her partner, in a court case using a doctored statement of the businessman Miguel Ángel Ramírez. The goal was to induce a judicial action against the magistrate, a complaint by the Minister of Industry José Manuel Soria or an investigation by the Prosecutor's Office, that would cut off her political career. Although Rosell was never charged, she did quit politics.

Alba's conspiracy was discovered and the former magistrate ended up entering prison in October 2022, convicted of perversion of justice, bribery and falsified document. But a few months before entering the prison of El Salto Negro, the corrupt ex-judge went on the attack against his victims filing a criminal complaint for disclosure of secrets, hate crime, harassment and criminal organization. The complaint was against elDiario.es, its delegation Canarias Ahora, Carlos Sosa, Victoria Rosell, two journalists, and even Ignacio Escolar, editor-in-chief of elDiario.es.

According to Alba and his wife, Teresa Lorenzo, the news about the conspiracy that has cost him jail time was not intended to inform but to destroy his reputation. In his lawsuit he claimed that the data had come out of a secret court case, that there was personal and medical information included in the news, that he and his partner suffered hateful insults on the Internet after the publication, and that all of this affected even their daughter, still underage.

Although the secret of summary proceedings has not been decreed, judge Velázquez has been warning throughout the process about the consequences that disclosing the contents of the case would have. In her order of abbreviated procedure (ratified in a later opening of oral hearing) she assumes a significant share of Alba's premises and leaves the case to a criminal court that should hold a trial for the crimes of disclosure of secrets, hate and harassment (but not for criminal organization). She also imposes the bail of 422,500 euros requested by Alba, seven times the compensation imposed on Alba for conspiring against Rosell at his court.

The Public Prosecutor's Office asks for the case to be dismissed

In addition to almost half a million euros, former judge Alba asks in his indictment for a 23 years imprisonment for Carlos Sosa for six different crimes. The criminal theory he exposes about the origin of the information and data published has been rejected by the Madrid Prosecutor's Office in a document submitted in mid-January asking for the case to be dismissed and for the journalist of Canarias Ahora not to be tried. The document said that the news published were “of public relevance” with data “exclusively concernig newsworthy facts” and not constituting a string of crimes punishable by imprisonment: “It was the legitimate exercise of his fundamental right to freedom of information, not harming in any case the right to privacy of the plaintiff and his family”.

Among other details, many of the information that Alba pointed to in his complaint referred to the time that it took for the General Council of the Judiciary to locate and inform him about his suspension as a magistrate. It also referred to the vacation he took without ruling on the Faycán corruption case, or to the contacts that he and his wife maintained with members of [the extreme right political party] Vox. According to the Prosecutor's Office, the information about the allegations made by Alba himself about his state of health, or the suppositions about his travels at the moment, were truthful and did not impact on his privacy in an illegal way.

According to the Public Prosecutor's Office, Sosa “is a journalist covering a piece of information of public interest and clear significance, obtained in a lawful manner and published omitting data that could affect the privacy of the victim and his family”. Quite the opposite of what Alba's lawsuit states in no uncertain terms.

Based on the same foundations, Sosa has presented an appeal before the Provincial Court of Madrid requesting the annulment of his indictment. He charges Alba of “grossly misrepresenting the truth”, tampering with the dates of the process to make the judge believe that the information came not from the journalistic work of Canarias Ahora's staff but from a secret judicial investigation in which Sosa and Rosell were personally involved. The conversation between Judge Alba and businessman Miguel Ángel Ramírez is an example of this: it was published on May 12, 2016, two weeks before the opening of the case in the High Court of the Canary Islands and almost one year before the admission of Sosa as a defendant in the process.

In conclusion, the appeal states, “it cannot be implied that the defendant has published a single piece of information unlawfully obtained”, regardless of the fact that the criminal organization charges brought by Alba have been valid to attribute to Sosa all the information published in the newspaper, even if it was not signed by him, even if it was not published by Canarias Ahora.

In the appeal, Sosa also criticized Alba for trying to attribute to him the discomfort suffered by his young daughter after conflicts at school related to the legal proceedings against her father: “Evidently the child did not suffer as a consequence of the news about the incident, which we presume she did not read, but because of the incident itself”.

The journalist goes one by one through the opinions and news signed by him to sustain, as the Public Prosecutor's Office has also done, that none of them published Alba's medical data that were not relevant for the judicial process and his imprisonment, or when the General Council of the Judiciary previously tried to locate Alba and inform him of his suspension as a judge.

The journalist also denies having photographed the Alba-Lorenzo couple: “Mr. Sosa has never been in the vicinity of the home of the plaintiffs, nor has he ever ordered any photographer or journalist to go to that home, or to a beach, or to a restaurant, to immortalise the lives of these people”.

Alba's hunt against Rosell

Alba and Rosell were magistrates in the Canary Islands when their paths crossed. Rosell entered politics at the hand of Podemos and Alba took charge of her court. With the aim of cutting Rosell's political career short, it was then when Alba decided to alter a court case he was dealing with in order to implicate both Rosell and journalist Carlos Sosa (Rosell's husband) in a case of business corruption.

According to the courts, to implicate Carlos Sosa in the investigation that was still open Alba tried to get the businesman Miguel Ángel Ramírez to change his statement (Ramírez is the president of Unión Deportiva Las Palmas, a soccer team). Alba also tried to involve Rosell so that she could be accused of having tried to cover up the case to protect her husband.

As a result of that, right at the beginning of her political career with Podemos, Rosell was singled out with an investigation by the Public Prosecutor's Office and a complaint by former Minister José Manuel Soria. None of the investigations ever prospered, and Rosell was never charged, but at the time it was enough for her to quit politics.

Eventually, the investigators discovered that it was all a ploy by Salvador Alba and that he was the one who had committed a crime. He was charged, investigated and finally convicted for hatching the whole plot to end Rosell's political career, who over the years returned to public life and became Secretary of State against gender violence. The Supreme Court sentenced Alba to six and a half years in jail for this conspiracy, a sentence he is currently serving in prison.

¿Qué tal tu semana? La nuestra no ha ido demasiado bien.

Una jueza de Madrid ha decidido mandar al banquillo a uno de nuestros compañeros: al periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, un medio asociado a elDiario.es. Será juzgado por varios delitos de odio, de acoso y de revelación de secretos. La acusación pide para él 23 años de prisión. Repito: 23 años de prisión. La jueza considera que hay pruebas suficientes como para mandarle a juicio y ha fijado una fianza civil de 422.500 euros, que tiene que pagar ya. 

¿Quién le acusa? No te lo vas a creer. Todo esto nace de una querella del juez corrupto Salvador Alba. El mismo que está en prisión por fabricar pruebas contra la exdiputada de Podemos Victoria Rosell –que es también pareja de Sosa–. ¿Por qué le acusa? Sus supuestos “delitos de odio” y “acoso” son las noticias que ha publicado Sosa sobre este delincuente, que sigue encerrado en prisión.

Supongo que recordarás el origen de esta historia. Es, sin lugar a dudas, el ejemplo superlativo de ‘lawfare’ en España. Uno del que no dudan ni siquiera los que dicen que tal cosa no existe en nuestros tribunales. 

En 2015, la jueza Victoria Rosell decidió presentarse al Congreso de los Diputados en las listas de Podemos. Ese fue su gran pecado. Al poco de salir de su juzgado, el juez Salvador Alba pidió su plaza. Y desde el primer día en que llegó al antiguo despacho de Rosell –así lo acredita la sentencia del Supremo– Alba empezó a trabajar para intentar destruir la carrera política de “la jueza de Podemos”: su reputación y su libertad. 

En secreto, sin presencia de su abogado, Alba se reunió con un empresario canario que estaba imputado en ese juzgado: Miguel Ángel Ramirez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Y le ofreció un trato: su exculpación, por medio de una nulidad de la causa, a cambio de que acusara a Victoria Rosell y a su pareja, nuestro compañero, el periodista Carlos Sosa. El plan era culpar a Sosa y a su periódico de haber cobrado de este empresario a cambio de que Victoria Rosell le librara de sus problemas judiciales. Una estrategia muy afilada, que habría destruido la reputación de Rosell, la de Sosa, la de Canarias Ahora y, por extensión, la de elDiario.es. Y que incluso podría haber acabado con Sosa y Rosell en prisión.

Salvador Alba no actuaba solo, aunque solo él fue condenado. Al mismo tiempo que este juez corrupto daba estos pasos para fabricar pruebas falsas, el exministro del PP y rival electoral de Rosell en Las Palmas, José Manuel Soria, había presentado una querella contra la jueza de Podemos por una acusación donde ya aparecían algunos de los ingredientes que el juez Alba cocinaba. Como las acusaciones contra Carlos Sosa.

Dato importante. Poco antes de esa querella, Carlos Sosa había destapado muchos de los escándalos de José Manuel Soria. Entre otras andanzas, sus noches a precio regalado en una suite de lujo en Punta Cana. 

Durante los primeros meses, el plan para destruir a Victoria Rosell avanzó según lo planeado, paso a paso, de forma metódica, como un grupo de natación sincronizada que se movía al mismo compás en los juzgados, en la política y en los medios. 

Tras aquella reunión secreta, en marzo de 2016, el empresario Ramírez fue citado a declarar. Dijo en el interrogatorio lo que el juez Alba quería, y aportó los contratos publicitarios que sus empresas tenían con Canarias Ahora. Días después, esos datos judiciales –y en teoría reservados– llegaron a las páginas de El Mundo. El titular: “El presidente de Las Palmas confirma sus negocios con la pareja de Rosell”. Más tarde José Manuel Soria amplió su querella contra la diputada de Podemos, basándose en “la información publicada”. Y así, por tierra, mar y aire, fue creciendo la presión contra la jueza que se había pasado de valiente por entrar en política por la puerta equivocada.

Después llegó el Supremo. Que en abril de 2016 admitió a trámite la querella de José Manuel Soria. Victoria Rosell tuvo que dimitir, abandonar la Diputación Permanente del Congreso –había nuevas elecciones convocadas– y dejar el escaño. Como estaba imputada, tampoco pudo repetir en las siguientes elecciones. 

El juez Salvador Alba triunfó, pero por poco tiempo. Un imprevisto frustró la impunidad de sus delitos. El empresario Miguel Ángel Ramírez había grabado la reunión secreta entre ambos. En mayo de 2016, elDiario.es publicó los audios. Toda la conspiración salió a la luz, y el caso Rosell se convirtió en el caso Alba.

¿La primera reacción de algunos jueces ante esta prevaricación de manual? No fue ejemplar. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –una asociación conservadora, la más numerosa, a la que pertenecen casi una cuarta parte de todos los jueces españoles– salió a defenderlo. “No hay ningún problema en recibir, como acto de transparencia, a quien se lo solicita. Lo hacen todos los jueces”, dijo en su defensa Manuel Almenar, entonces presidente de la APM y antes vocal del CGPJ a propuesta del PP –Almenar es hoy juez del Tribunal Supremo; fue nombrado en 2021 por el actual CGPJ, cuando ya estaba con el mandato caducado–.

Alba había sido el presidente de la APM en Canarias. Era uno de los suyos. Y no uno cualquiera.

Pero las pruebas eran contundentes. Y no admitían mucha interpretación. A pesar de estos primeros apoyos, la investigación contra Victoria Rosell fue archivada. Y se abrió una nueva causa judicial contra el juez Alba, que poco a poco empezó a avanzar.

Y así llegamos a las nuevas informaciones de Canarias Ahora y Carlos Sosa. Las que ahora llevarán a nuestro compañero al banquillo, acusado por los delitos de “odio”, “acoso” y “revelación de secretos”, con una posible pena de 23 años de cárcel.

Cuando empezó el juicio, obviamente, Salvador Alba fue suspendido. Tenía que dejar su juzgado ya que iba a sentarse en el banquillo como acusado. Y para evitarlo, pidió una baja médica un tanto peculiar. 

La baja médica de Alba la firmó primero un médico que no trabaja siquiera en su ciudad y que estaba acusado de falsificar el historial clínico de su mujer. Y después la prolongó un pediatra –Alba nació en 1970, así que no parecía su paciente ideal–. Carlos Sosa publicó ambas noticias.

Mientras estaba de baja médica, firmada por su pediatra, Salvador Alba también se fue de viaje a las Maldivas. Otra noticia que Carlos Sosa también destapó. 

Finalmente llegó el juicio y más tarde las condenas, impepinables ante la evidencia de las pruebas. La Justicia le sentenció a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documento público, una condena que el Tribunal Supremo confirmó en noviembre de 2021. Alba también tuvo que pagar 60.000 euros a Rosell como indemnización, además de las costas judiciales, y otros 12.150 euros más de multa, que cobra el Estado. Pero el juez empezó entonces una estrategia dilatoria para no ir a prisión. Confiado –así lo esperaba– en que el PP y Vox pudieran llegar al Gobierno y conceder un indulto que evitase que fuera a la cárcel.

Primero Alba argumentó que padecía una enfermedad que le impedía volar. ¿La trampa? Que todas las cárceles españolas donde un juez puede cumplir condena están en la península. Sin avión, tampoco había prisión. 

Luego recurrió a nuevos informes médicos para argumentar que una enfermedad le impedía no ya volar, sino siquiera entrar en la cárcel. 

Además de intentar evitar la condena, Alba también trató de no pagar la multa a la que fue sentenciado: 12.150 euros. Argumentaba que no tenía capacidad económica para ello, a pesar de que siguió cobrando como juez incluso mientras estaba suspendido. En total, unos 70.000 euros. Aún no se sabe si el Estado le ha reclamado ese sueldo, por un trabajo que nunca realizó. 

En octubre de 2022, once meses después de la sentencia en firme del Tribunal Supremo, Alba finalmente entró en prisión. Poco antes, en junio, había presentado la querella de la que hablo hoy. No solo contra Carlos Sosa. En su primer escrito, también denunciaba a otros dos periodistas de Canarias Ahora y a Victoria Rosell. También a elDiario.es. Y también a mí, como director de elDiario.es.

Además de ser los supuestos responsables de varios delitos de acoso, odio y revelación de secretos, Salvador Alba y su mujer nos acusaban de formar parte de un “grupo u organización criminal”. 

En mi caso, la querella no prosperó. Ni siquiera se me comunicó formalmente por parte del juzgado que se había presentado. Tampoco se me llamó a declarar. Contra Carlos Sosa, la jueza sí continuó.

Hace más de un año que Carlos Sosa sabe de esta querella. Hace varios meses fue citado a declarar. No hemos podido informar sobre ella hasta ayer. Cuando por fin conocimos que la jueza María Ángeles Velázquez le mandaba a juicio. Durante toda la instrucción –más de un año– esta jueza advertía en cada auto de las consecuencias de divulgar el contenido de esta causa, a pesar de que nunca fue declarada como secreta.

Nadie duda, tampoco la jueza, de la veracidad de las informaciones de Carlos Sosa. La querella no va por ahí. Lo que denuncia Salvador Alba es que elDiario.es y Canarias Ahora le acosaron, provocaron odio contra él y revelaron datos secretos, que no se podían conocer.

En la querella, por ejemplo, Alba asegura que Sosa desveló el nombre del colegio de su hija. Algo que es falso: en ninguna noticia aparece un dato así. Un colegio cuyo nombre, por otra parte, sí ha difundido el propio juez en un libro exculpatorio que ha publicado desde prisión.

Alba también acusa a Sosa de revelar datos secretos sobre su enfermedad. Algo que es falso también: solo informó de sus idas y venidas con las bajas médicas que utilizó para evitar su suspensión como juez y, más tarde, su entrada en prisión. Unas noticias contrastadas, veraces y de interés público.

La jueza manda al banquillo a Carlos Sosa, en contra del criterio del fiscal. Que no ve delito alguno en estas informaciones y es contundente en la defensa del trabajo periodístico de nuestro compañero. 

“Es un periodista que cubre una noticia de clara relevancia e interés público, que ha obtenido de forma lícita y las ha publicado, omitiendo datos que puedan afectar a la intimidad de la víctima y de su familia”, dice el fiscal en un escrito donde pide el archivo de la querella. Y tiene toda la razón.

La jueza ha fijado una fianza civil de 422.500 euros –siete veces más que la indemnización que pagó Alba a Rosell por su condena por prevaricación–. Carlos Sosa podrá presentar un aval tan enorme porque cuenta con un seguro para estos casos. En elDiario.es también tenemos otro similar. Es casi obligatorio en nuestro trabajo. 

Lamentablemente, esta no es la primera ocasión en la que nuestros periodistas se enfrentan con una situación así.

Tampoco será la última.

Esta semana no ha sido la mejor. Pero te prometo que en elDiario.es nunca nos vamos a rendir. Resistiremos, como siempre hemos hecho, mientras contemos con el apoyo de miles de socios y socias como tú.

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Una querella del exjuez corrupto Salvador Alba llevará hasta el banquillo de los acusados a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, cabecera asociada a elDiario.es. Un juzgado de Madrid ha decidido abrir juicio oral contra el periodista por las informaciones que el medio de comunicación publicó sobre el caso de Salvador Alba y la conspiración contra Victoria Rosell y el propio Sosa que le llevó a prisión. La jueza asume buena parte de los postulados de la querella del exmagistrado encarcelado y exige al periodista una fianza de 422.500 euros mientras la Fiscalía avala que todas las informaciones de Canarias Ahora sobre Alba y su conspiración fueron veraces, relativas a un asunto de máxima relevancia pública y no revelaron ningún tipo de información confidencial del exmagistrado y su familia: “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información”. La decisión de que el caso llegue o no a juicio está en manos ahora de la Audiencia Provincial de Madrid.

Salvador Alba fue encarcelado y expulsado de la carrera judicial después de ser condenado en firme a seis años y medio de prisión. Condenado por utilizar su puesto como magistrado en Canarias para conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell y acabar con su entonces incipiente carrera política con Podemos. Alba, según declaró probado el Supremo, intentó inculpar en una causa judicial a Rosell y Sosa, su pareja, a través de la manipulación de la declaración de un empresario, Miguel Ángel Ramírez. El objetivo era que alguna acción judicial contra la magistrada, ya fuera una querella del ministro José Manuel Soria o una investigación de la Fiscalía, saliera adelante y cortara su trayectoria pública.

Rosell dejó la política aunque nunca fue imputada, la conspiración de Alba fue descubierta y el exmagistrado terminó entrando en la cárcel en octubre de 2022 tras ser condenado por prevaricación, cohecho y falsedad documental. Pero unos meses antes de ingresar en la prisión de El Salto Negro, el exjuez corrupto pasó al ataque contra sus víctimas y presentó una querella (criminal, especifica) por revelación de secretos, delito de odio, acoso y organización criminal. Una querella contra elDiario.es, su delegación Canarias Ahora, dos redactores, Carlos Sosa, Victoria Rosell y hasta el director del periódico, Ignacio Escolar.

Según Alba y su esposa Teresa Lorenzo, las informaciones que publicó Canarias Ahora sobre la conspiración que él dirigió y que le ha costado la cárcel no tenían por objetivo informar a la opinión pública, sino hundir su reputación. Los datos, afirmaba en su querella, habían salido de una causa judicial secreta y el resultado es que tanto él como su pareja sufrieron insultos de odio en internet, vieron publicados datos personales y médicos en esas noticias y eso ha afectado, incluso, a su hija pequeña menor de edad.

La jueza María Ángeles Velázquez, que lleva todo el proceso advirtiendo sobre las consecuencias de divulgar el contenido de la causa aunque no estaba decretado el secreto de sumario, en su auto de procedimiento abreviado ratificado en otro posterior de apertura de juicio oral asume una parte importante de estas tesis y deja el caso en manos de un juzgado de lo penal para que celebre un juicio por varios delitos de revelación de secretos, odio y acoso, sin organización criminal. E impone la fianza que solicita Alba, de más de 422.000 euros: siete veces más que la indemnización que se le impuso por conspirar contra Rosell desde su juzgado.

La Fiscalía pide archivar el caso

En su escrito de acusación, además de casi medio millón de euros, el exjuez Alba pide 23 años de prisión para Carlos Sosa por seis delitos distintos. Expone una teoría delictiva sobre la procedencia de la información y los datos publicados que desmiente la Fiscalía de Madrid en un escrito, presentado a mediados de enero, en el que pide el archivo de la causa y que el periodista de Canarias Ahora no sea juzgado. Se publicaron noticias “de relevancia pública”, con datos que “atañen exclusivamente a los hechos noticiables” y que no constituyó un rosario de delitos penados con la cárcel: “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información, no lesionando en ningún caso el derecho a la intimidad del querellante y de su familia”.

Muchas de las informaciones a las que Alba apuntaba en su querella se referían, entre otros hitos, al tiempo en que el Consejo del Poder Judicial tardó en localizarle para comunicarle su suspensión como magistrado. También a cuando se fue de vacaciones sin dictar sentencia por el caso Faycán de corrupción o sobre los contactos que él y su esposa mantenían con miembros de Vox. Informaciones sobre las alegaciones que el propio condenado hacía sobre su estado de salud o hipótesis sobre sus viajes en ese momento que, según la Fiscalía, eran informaciones veraces que no incidían en su intimidad de forma ilegal.

“Es un periodista que cubre una noticia de clara relevancia e interés público, que ha obtenido de forma lícita y las ha publicado, omitiendo datos que puedan afectar a la intimidad de la víctima y de su familia”, afirma el Ministerio Público. Todo lo contrario a lo que afirma de forma tajante la querella de Alba.

El recurso que el propio Sosa ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid, solicitando la anulación de su procesamiento, incide en esos mismos argumentos. Acusa a Alba de “faltar a la verdad burdamente”, manipulando fechas del proceso, para hacer creer a la magistrada que las informaciones procedían de un sumario judicial secreto en el que Sosa y Rosell estaban personados, y no del trabajo periodístico del equipo de Canarias Ahora. Por ejemplo, la conversación entre el juez Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez se publicó el 12 de mayo de 2016, dos semanas antes de la apertura de la causa en el Tribunal Superior de Canarias. Sosa no fue admitido como acusación en el proceso hasta casi un año después.

En conclusión, afirma el escrito, “no puede deducirse que el querellado haya publicado ni una sola información obtenida ilícitamente”, al margen de que la acusación de organización criminal de Alba haya valido para atribuirle todas las informaciones publicadas en el periódico, aunque no fueran firmadas por él, incluso si no fueron publicadas en Canarias Ahora. Afea a Alba que, además, intente imputarle el malestar que sufrió su hija pequeña cuando tuvo incidentes en el colegio relacionados con el proceso judicial a su padre: “Evidentemente la menor no sufrió a causa de la noticia sobre el incidente, que presumimos que no leyó, sino por el incidente mismo”.  

El periodista desgrana uno por uno los análisis, noticias e informaciones firmadas por él y defiende, coincidiendo con el Ministerio Público, que ninguna descubrió datos médicos de Alba que no fueran de relevancia para el proceso judicial y su entrada en prisión, o cuando previamente el Consejo del Poder Judicial trató de localizarle para comunicarle su suspensión como juez. También niega haber fotografiado al matrimonio Alba-Lorenzo: “El señor Sosa jamás ha estado en las inmediaciones de la vivienda de los querellantes, ni jamás ha ordenado a algún fotógrafo ni periodista apostarse en ese domicilio ni en una playa ni en algún restaurante para inmortalizar la vida de esas personas”.

Una cacería de Alba contra Rosell

Salvador Alba y Victoria Rosell eran magistrados en Canarias cuando sus caminos se cruzaron. La jueza entró en política de la mano del partido político Podemos y el juez se hizo cargo de su juzgado. Fue en ese momento cuando, con el objetivo de cortar en seco la carrera política de Rosell, Alba decidió adulterar una causa judicial que manejaba para intentar implicar tanto a ella como a su marido, el periodista Carlos Sosa, en un caso de corrupción empresarial. 

Según los tribunales, Alba intentó que un empresario canario (Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, equipo de fútbol) cambiara su declaración para implicar a Carlos Sosa en la investigación que mantenía abierta. También intentó involucrar a la propia Rosell para que pudiera ser acusada de haber intentado tapar el caso para beneficiar a su marido. 

El resultado es que, cuando Rosell empezaba su carrera política con Podemos, fue señalada tanto por una investigación de la Fiscalía como por una querella del exministro José Manuel Soria. Esas investigaciones nunca prosperaron y ella nunca fue acusada de nada, pero fue suficiente para que dejara la política en ese momento. Con el tiempo, los investigadores descubrieron que todo era una maniobra de Salvador Alba y que el que había delinquido era él. 

Fue imputado, investigado y finalmente condenado por urdir todo el complot para acabar con la carrera política de Victoria Rosell, que con los años volvió a la vida pública y fue secretaria de estado contra la violencia de género. El Tribunal Supremo condenó a Alba a seis años y medio de cárcel, condena que en la actualidad cumple en prisión por esa conspiración. 

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Más de un año después de que el exjuez corrupto Salvador Alba Mesa ingresara en prisión para cumplir su condena de seis años y medio de cárcel por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, todavía delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, el caso regresa a la actualidad. Y lo hace porque la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, ha utilizado elementos probatorios de aquella condena para recusar nada menos que al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, y a su compañero Carlos Vielba, ambos de la Sección VI, la que compartieron durante años con Salvador Alba.

El Ministerio Público ha utilizado para esta recusación al presidente de la Audiencia de Las Palmas la grabación que en 2016 sirvió para incriminar a Salvador Alba Mesa, aquella que realizó el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, en el despacho del entonces juez cuando sustituía a la magistrada Victoria Rosell, en servicios especiales para presentarse a las elecciones generales de diciembre de 2015. En aquella conversación no solo se escucha claramente a Alba pedir a Ramírez declaraciones testificales que comprometieran a la jueza, que investigó hasta ese momento al empresario por delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública, sino que en un momento de la grabación se escucha al presidente de la Audiencia Provincial irrumpiendo en el despacho y dirigiéndose a los presentes con cierta familiaridad.

Así lo hace constar en su escrito de recusación la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, profunda conocedora de lo que en aquella operación de lawfare se coció por ser precisamente la representante del Ministerio Público encargada de la investigación contra Ramírez y la que participó en la operación contra Rosell, al menos en la fase preliminar participando activamente en el interrogatorio al empresario que fue en la línea de lo pactado entre este y Alba en aquella inmortalizada reunión.

Pero ahora Evangelina Ríos enfoca el asunto desde otra óptica. Sigue teniendo en su objetivo a Miguel Ángel Ramírez, pieza a la que no quiere soltar por nada del mundo a pesar de los contratiempos. Lo tiene encausado en varios juzgados de Las Palmas de Gran Canaria por diversas diligencias relacionadas con su desaparecida empresa Seguridad Integral Canaria. En el caso que provoca esta recusación, proveniente de Instrucción 3 de la capital grancanaria, Ríos recusa a los magistrados después de que estos, junto a su compañera Inocencia Eugenia Cabello, resolviesen que los delitos que se atribuyen a Ramírez no son de su responsabilidad por no haber sido ni administrador de derecho ni administrador de hecho de la sociedad investigada en el momento en el que se produjeron los hechos investigados. 

Es decir, la fiscal sólo recurre a la institución de la recusación y rememora la posible relación de estos dos magistrados con Miguel Ángel Ramírez cuando sus resoluciones le son desfavorables. Hasta la fecha, Evangelina Ríos no consideró pertinente poner en entredicho la imparcialidad de Moya y Vielba a pesar de que ambos han resuelto en media docena de ocasiones recursos referidos al mismo justiciable en causas en las que esa representante del Ministerio Público estaba personada.

Pero lo que cuenta es lo que ha puesto por escrito: la fiscal cree ahora que entre este empresario y los magistrados Emilio Moya y Carlos Vielba existe el suficiente grado de amistad como para que estos últimos vean comprometida su imparcialidad, lo que les obligaría a apartarse voluntariamente (abstención) o a la fuerza (recusación), que es la vía elegida tras no haberse producido la primera. 

De hecho, en su escrito de recusación recalca que entre los dos magistrados y el empresario existe “amistad íntima”, exigencia legal para que sean apartados de la causa.

En el caso de Ramírez, la fiscal Ríos toma como referencia la conversación grabada por él en el despacho de Alba y el momento en el que entra en la estancia el presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya. En unos instantes es informado por los presentes de qué es lo que allí se está cociendo, a lo que el magistrado no formula ninguna objeción. Al contrario, cuando concluye aquella reunión en el despacho de Alba, el empresario se traslada hasta el de Emilio Moya y allí –recuerda la fiscal- es objeto de un recibimiento muy caluroso, lo que a juicio de Ríos evidencia el grado de amistad y camaradería entre ambos.

Ríos relata así ambos pasajes: “La grabación evidencia la cordialidad con que los Sres. Moya y Ramírez se saludan, a continuación este le dice al Ilmo. Sr. don Emilio Moya que estaba confesándose y buscando soluciones, interviene entonces el Sr. Alba para afirmar que soluciones hay, a lo que respondió el Sr. Moya que si hay soluciones, que sigan debatiendo”.

A continuación incluye la representante del Ministerio Público el relato de lo ocurrido en el despacho de Moya una vez Ramírez se traslada a él tras su reunión con Alba: “Cuando el Sr. Ramírez sale del despacho del Sr. Alba entra en el despacho del Ilmo. Sr. don Emilio Moya, quien lo recibe con una expresión coloquial propia de relaciones distendidas: ”el cloquío...el cloquío“. A continuación el Sr. Ramírez resume al Sr. Moya la conversación que ha tenido con don Salvador, el propósito que persiguen y la forma de hacerlo”. 

Sin embargo, la fiscal se salta el resto de la conversación, incorporada íntegramente a la causa en la que resultó condenado Salvador Alba. En ella, el empresario le resume a Moya cuáles son las intenciones del magistrado corrupto para con Victoria Rosell: “Él quiere levantar por el aire a esta tía”, y los pasos que Alba le pidió dar. El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas se muestra conforme con todo y concluye la conversación con un elocuente “Bueno, pues nada, para adelante”.

Este es un fragmento de una de las conversaciones que el empresario grabó al entonces juez:

Una reunión en una piscina

En el caso de Carlos Vielba, la grabación que le comprometería, según la Fiscalía, fue la que mucho después realizó el mismísimo Salvador Alba cuando el proceso contra él ya había cogido cuerpo y la opinión pública conocía sus andanzas. Vielba, padrino de la hija de Alba aunque con las relaciones tensas entre ambos, se prestó a ejercer de mediador con Miguel Ángel Ramírez para que este tratara de retirar las acusaciones más comprometedoras hacia el juez corrupto. Vielva llegó incluso a plantear la celebración de una reunión segura, es decir, en la que los participantes no corrieran el riesgo de que alguno de los presentes la grabara. “La hacemos en una piscina”, sugirió Carlos Vielba.

A juicio de la Fiscalía, esta gestión de intermediación entre Ramírez y Alba comprometería la imparcialidad de Vielba para entender de recursos del empresario ante su sección.

Pero también encuentra motivos de recusación la fiscal Ríos en la conversación entre Alba y Ramírez. Particularmente porque, a su entender, el empresario da muestras de conocer la relación entre los dos jueces, que atravesaría un enfriamiento en ese momento, para tratar de recomponerla.

El incidente de recusación contra Moya y Vielba promovido por la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas se produce días después de que la Sección VI emitiera un auto en el que resolvió el archivo de una causa penal contra Miguel Ángel Ramírez por presunto fraude fiscal en Seguridad Integral Canaria entre los años 2014 y 2016. El auto, del que fue ponente Carlos Vielba, estimaba el recurso del empresario contra el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado (la antesala del juicio oral), en una causa que provenía del Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria. Sostiene la fiscal que hasta la emisión de ese auto no tuvo conocimiento ni de la composición de la sala ni de la identidad del ponente.

El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, ha convocado para este viernes una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria “en defensa del Estado de Derecho”, es decir, contra la ley de amnistía y los acuerdos de legislatura firmados por el candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, del PSOE.

Emilio Moya Valdés fue viceconsejero de Justicia y Seguridad durante los años 2003 a 2005, a las órdenes de Australia Navarro, del Partido Popular, en los tiempos en los que ese partido estuvo presidido por José Manuel Soria.

Antes de convocar el acto del viernes, Emilio Moya tanteó este martes a los operadores jurídicos, a los que inicialmente informó de su deseo de convocar un minuto de silencio “contra la intromisión política en el poder judicial”, a pesar de que la ley de amnistía presentada por el PSOE para su tramitación en el Congreso de los Diputados no incluye ninguna referencia al conocido como lawfare ni a la revisión de resoluciones judiciales mediante comisiones de investigación, como se divulgó previamente.

La Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los jueces y magistrados en su artículo 395 “dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicos que no tengan carácter judicial, excepto aquéllas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial”.

Emilio Moya preside, además de la Audiencia Provincial de Las Palmas su Sección Sexta, de la que formó parte durante años Salvador Alba Mesa, expulsado de la carrera judicial y condenado a seis años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad documental mientras conspiró contra la también magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, llevaba cerca de una década esperando el momento que se produjo la mañana del pasado miércoles en la sala 16 de la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria. Eso dijo para disculparse por su vehemencia a la hora de responder las preguntas formuladas por la fiscal de Delitos Económicos, que pide para él 21 años de cárcel. Nueve años y medio después de que comenzara la instrucción, el empresario declaraba ante al tribunal que debe dilucidar si cometió un fraude de 36 millones de euros contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social por las prácticas laborales ejecutadas en una de sus empresas, Seguridad Integral Canaria (SIC), adjudicataria durante la pasada década de cuantiosos contratos con administraciones públicas de todo el país por sus reducidas tarifas.

Durante su comparecencia, Ramírez desplegó carpetas con abundante documentación a la que acudía de forma recurrente para completar sus también extensas explicaciones sobre las inspecciones a las que fue objeto. “Pude cometer algún error, pero no tenía ánimo de defraudar”, aseveró. Esta causa, y en particular el testimonio del empresario, había generado una gran expectación. Incluso se había habilitado una sala anexa, la reservada a juicios con jurado, para ampliar el número de asientos para el público.

A lo largo de nueve sesiones repartidas en tres semanas han desfilado ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas más de 50 testigos, en su mayoría exvigilantes de seguridad de la empresa, así como ocho peritos. Estas son las claves:

El origen de la causa

Fue la jueza Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, quien abrió la causa contra Ramírez en enero de 2014. La denuncia inicial del sindicato USO fue derivada de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la Provincial de Las Palmas, que acabaría formulando la querella. En el auto de incoación de las diligencias, la instructora limitaba el objeto de la investigación a los años 2008 y 2009, ejercicios sobre los que la Agencia Tributaria ya había realizado una inspección, e instaba a las administraciones (Hacienda y la Seguridad Social) a efectuar “actividades de comprobación” en relación con los ejercicios sucesivos.

En esa querella se expone que hay indicios de que Seguridad Integral Canaria disfraza las horas extra de sus vigilantes como dietas para así ahorrarse tanto las cotizaciones a la Seguridad Social como las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Tras una instrucción que se prolongó seis años, la Fiscalía acabó acusando a Ramírez y a su sucesor en la administración de la empresa, Héctor de Armas, de defraudar 30,06 millones a la Seguridad Social entre 2009 y 2017 y de eludir el pago de 6,6 millones de Hacienda entre 2009 y 2013. El presunto delito de 2008 había prescrito.

La “contaminación” del exjuez Alba

Entre la querella y el escrito de acusación se produjo, sin embargo, un hito que puede devenir clave en la resolución de la causa. El 3 de noviembre de 2015 asume la instrucción el juez Salvador Alba. Lo hace en sustitución de Victoria Rosell, que había solicitado la excedencia para concurrir a las elecciones generales con Podemos. Nada más llegar, Alba impuso una fianza de 35 millones de euros a Ramírez y citó a declarar a los investigados para que presentaran documentación contable de la empresa.

Las defensas han pedido la nulidad de todas las actuaciones practicadas desde ese momento. Sostienen que Alba contaminó la causa al utilizarla para fines ajenos al objeto de la investigación. Tal y como recoge la sentencia que lo condenó a seis años de cárcel por prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial, el ya exjuez manipuló el procedimiento con un interés “espurio”, el de perjudicar a su antecesora en el cargo, Rosell, y alimentar la querella que contra ella había presentado José Manuel Soria, entonces ministro de Industria, Energía y Turismo y presidente del PP en Canarias.

La conspiración contra Rosell se destapó a través de una conversación que Ramírez mantuvo -y grabó- con Alba en su despacho de la Audiencia Provincial de Las Palmas. El juez pretendía que incorporara a la causa documentación que comprometiera a la jueza por las supuestas relaciones comerciales entre el empresario y las sociedades periodísticas de Carlos Sosa, pareja de Rosell. Para consumar este plan, Alba maquinó la declaración que el entonces investigado debía prestar en sede judicial una semana después. Ramírez se dirigió este miércoles a la fiscal Evangelina Ríos para recordarle que en esa comparecencia hizo 60 preguntas, de las cuales 52 “nada tenían que ver” con el objeto de la investigación, con el presunto fraude de Seguridad Integral Canaria.

Además, el abogado de Ramírez, el afamado penalista José Antonio Choclán, sostiene que a lo largo del procedimiento no se ha producido una imputación formal por los delitos presuntamente cometidos de 2010 en adelante. En el plano formal, las defensas mantienen también que la investigación fue prorrogada en 2018 fuera de plazo.

Horas extra como dietas

Las acusaciones mantienen que SIC recurrió a “ficciones” para defraudar a Hacienda y la Seguridad Social, reducir gastos, ser más competitivos en los concursos públicos a los que concurrían y maximizar los beneficios de la empresa y, por ende, de su socio mayoritario, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. La tesis de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado (en representación de la Agencia Tributaria), de la Seguridad Social y del sindicato USO es que, para ello, los vigilantes trabajaban una ingente cantidad de horas extra que cobraban a través de una transferencia independiente y como dietas, un concepto extrasalarial que está exento de tributación y cotización. Lo hacían, además, a un precio inferior al fijado en el convenio nacional del sector de la seguridad privada, entre 5,4 y 5,7 euros la hora frente a los 7,4 que estaban estipulados.

Para refrendarlo, las acusaciones (principalmente la Fiscalía y la Seguridad Social) han llamado a testificar a cerca de 50 vigilantes. La mayoría corroboró que era práctica habitual el camuflaje de horas extra como dietas. Algunos dijeron que llegaron a hacer más de 100 horas extra al mes (el máximo por ley es de 80 al año). Pero también hubo testimonios que lo contradecían, afirmando haber cobrado dietas por desplazamiento y manutención o haber compensado las horas extra con días libres.

La defensa, en cambio, sostiene que de las declaraciones de los trabajadores se pueden extraer dos conclusiones. Por un lado, que muchos se desplazaban desde su vivienda a otros municipios en vehículo propio y, por tanto, “devengaban dietas”. Por otro, que también presentaron reclamaciones judiciales por horas extra. Las que se reconocieron como tal, bien a través de un acuerdo de conciliación o bien a través de una sentencia en el orden social, se cotizaron y tributaron y, en consecuencia, no podían corresponder con lo declarado por la empresa como dietas, según la tesis de la defensa.

El descuelgue y el convenio

Aunque no ha ocupado tanto espacio como las horas extra y las dietas, otro de los asuntos que se dirimían en este juicio tiene que ver con el descuelgue de Seguridad Integral Canaria del convenio nacional de seguridad privada en el año 2012 y la firma de un convenio de empresa un año después. Ninguno de los coacusados ha asumido esas medidas. Ramírez ha dicho que fue una “idea brillante” de Héctor de Armas, la persona que lo sucedió en el cargo de administrador único a mediados de 2011, porque se aprovechaba de la reforma laboral aprobada por el PP para hacer más competitiva a la empresa en un momento de crisis. Sin embargo, su sucesor le ha atribuido la responsabilidad, insistiendo en que todas las decisiones de relevancia en la empresa las siguió adoptando Ramírez, que continuaba siendo socio mayoritario.

Para las acusaciones, esos acuerdos perpetuaron “la situación de precariedad de la mayor parte de sus trabajadores”, reduciendo el salario base y condicionando el cobro del denominado plus de productividad a la realización de 184 horas al mes, 22 más de las fijadas por el convenio nacional. La Seguridad Social levantó hasta cuatro actas de liquidación que concluían que la empresa dejó de cotizar cerca de 17 millones entre 2013 y 2017, años en los que aplicó el descuelgue y el convenio. Ambos acuerdos fueron anulados por los tribunales por la falta de legitimación de los representantes de los trabajadores que lo firmaron. El acusado De Armas manifestó que el comité actuaba como “un sindicato amarillo” que respondía a los intereses de Ramírez.

Choque entre inspectores

El fraude a Hacienda del que se acusa a Ramírez y su sucesor está cuantificado en seis millones de euros. De ellos, poco más de un millón corresponde al ejercicio 2009, el único sobre el que hubo inspección en la vía administrativa. El resto, por los ejercicios de 2010 a 2013, se basa en los informes que hizo el mismo inspector de la Agencia Tributaria, Alejandro Miño, actuando ya como auxilio judicial en el marco de la causa penal. Su labor ha sido puesta en entredicho por la defensa, que le ha acusado no solo de realizar unas liquidaciones “arbitrarias e irracionales”, sino también de inducir a su homólogo de la Seguridad Social a cambiar de criterio sobre los hechos.

El inspector de Hacienda en excedencia Juan Luis Sendín, que declaró como perito propuesto por la defensa, sostuvo que las liquidaciones de la Agencia Tributaria eran “imposibles”. El ahora asesor fiscal puso de manifiesto que Hacienda había puesto de manifiesto en sus propios informes que, “por necesidad”, los vigilantes de Seguridad Integral Canaria tenían que desplazarse hacia otros municipios para prestar sus servicios y que, por tanto, devengaban dietas, pero que, sin embargo, en esas liquidaciones no se reconocía ni un solo euro por este concepto. Tampoco por el de indemnizaciones por despido, también exento de tributación, pese a admitir que los hubo.

Miño defendió que había aplicado la “norma general” tributaria, según la cual corresponde al obligado (en este caso la empresa) a justificar los gastos exentos de tributación, como las dietas y las indemnizaciones. Es por ello por lo que, según este inspector, no se reconoce ninguna cantidad por estos conceptos, porque no disponía de la documentación que acreditara que los desplazamientos o los despidos se produjeran.

Tanto Sendín como el abogado de Ramírez precisaron que ese argumento “puede valer para un procedimiento administrativo, pero no en la vía penal”. Explicaron que esas acusaciones no pueden responder a “estimaciones de trazo grueso” y tienen que perfilarse “con criterios de certeza”. Además, defendieron que las dietas por desplazamiento con vehículo propio a otros municipios y las de manutención no requieren de documentación acreditativa, sino de la confirmación de que el hecho se produjo, lo que, a su juicio, era posible con los contratos y los cuadrantes.

Los datos de Freematica

El inspector de Hacienda explicó que el primer informe relativo a los años de 2010 a 2013 (sobre 2009 ya había inspección en vía administrativa) lo realizó con las liquidaciones que la propia empresa había presentado. Con ello pudo constatar, según afirmó, que se repetían las prácticas que había advertido en su inspección, la utilización de las dietas para camuflar las horas extra. Entre otras cuestiones, llamaba la atención sobre el hecho de que un tercio de los gastos de personal de la empresa de seguridad estaba destinado al pago de dietas que, además, resultaban “inverosímiles” tanto por su elevada cuantía (más que el sueldo en algún caso) como porque algunas, las cobradas por personal de dirección, eran cantidades fijas.

Las defensas le han reprochado que en ningún momento realizara las “actividades de comprobación” que le pidió la jueza instructora en el auto de incoación de la causa sobre esos ejercicios ni pidiera más documentación para comprobar si lo declarado por la empresa como dietas eran tales o no lo eran. En cambio, la fiscal ha defendido que ese primer informe de Miño quedó corroborado con los datos extraídos en 2017 de la aplicación informática que tenía contratada Seguridad Integral Canaria para la gestión de personal, Freematica, que desde 2012 en adelante contenía los datos sobre las horas realizadas por cada uno de los vigilantes, el lugar del servicio y las nóminas.

La obligación de retener

En el juicio se ha suscitado también un debate técnico sobre las regularizaciones de la Agencia Tributaria. El perito de la defensa sostiene que en caso de que se produzcan dos incumplimientos, el de la empresa de retener el IRPF del personal y el de los propios trabajadores por tributar esas cantidades, Hacienda debió dirigirse hacia los empleados y no hacia Seguridad Integral Canaria para comprobar si se devengaron o no dietas.

El inspector en excedencia Sendín remarcó que la obligación principal es la tributación del IRPF, que corresponde a los trabajadores a través de su declaración anual, y la accesoria es la retención que tiene que ejecutar la empresa. El perito ha aludido a dos sentencias del Supremo (de 2007 y de 2008) y a una nota de la Agencia Tributaria para sostener esta tesis que haría decaer las actuaciones de comprobación sobre SIC. Ello, afirmó, sin perjuicio de que a la empresa se le puedan atribuir los intereses de demora o una eventual sanción por no cumplir con esa obligación.

Las acusaciones rechazan esa interpretación. Tanto la Fiscalía como el abogado del Estado han incidido en que la Ley Tributaria establece que la retención por parte de la empresa es una obligación “autónoma” y que los supuestos aludidos por el perito de la defensa se parecen “como un huevo a una castaña”, en palabras de la representante del Ministerio Público, al caso enjuiciado en esta vista. Los peritos de Hacienda sostienen, además, que rige el principio de eficacia. “En este caso, había unos 2.000 trabajadores (en SIC). Si fuera El Corte Inglés, ¿habría que ir contra los 40.000?”, se preguntó el abogado que ha representado a la Agencia Tributaria en este procedimiento.

El reconocimiento de deuda

Con respecto a los presuntos delitos contra la Seguridad Social, la discusión se ha centrado en un reconocimiento de deuda firmado por el inspector Plácido de Blas y el administrador de SIC, Héctor de Armas, el 31 de marzo de 2014. Es decir, apenas dos meses después de que la jueza Rosell abriera las diligencias previas.

Se ha debatido la eficacia de ese documento por el que la empresa se comprometía a pagar una cantidad de dinero para resolver las discrepancias de cotización en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2009. La Seguridad Social sostiene que ese escrito por sí solo no sirve sin el acta de liquidación posterior, donde se concreta la cantidad y los plazos de pago, para dar por finalizada la actuación inspectora. Según el inspector Plácido de Blas, ese acuerdo no se ejecutó porque desconfiaba de la empresa y porque recibió una llamada de su homólogo en Hacienda Alejandro Miño en la que este le avisaba de que disponía de otros datos que no coincidían.

Lo cierto es que el reconocimiento de deuda firmado entre el inspector de la Seguridad Social y el administrador de Seguridad Integral Canaria quedó sin efecto, pese a que se dejó constancia de él en el libro de visitas de la administración, y que posteriormente se ampliaron las actuaciones que concluyeron en actas de liquidación que ascendieron (con sus correspondientes recargos) a 13 millones de euros y una sanción de 6.000 euros.

La defensa se ha mostrado muy crítica con esa actuación de la Seguridad Social, a la que acusa de ir en contra de sus propios actos, no solo por dejar sin efecto ese acuerdo, sino también porque en años precedentes las discrepancias en relación con las cotizaciones (incluidas las dietas) se habían resuelto por la misma vía del reconocimiento de deuda.

Sobre el escrito del 31 de marzo de 2015, tanto Ramírez como su abogado han insistido en que “no es una servilleta, sino un acto administrativo” que comprometía a la Seguridad Social a cumplirlo, mediante la tramitación de la correspondiente acta de liquidación, para poner fin a la inspección. Además, han aludido a un correo electrónico en el que aparece fijada la cantidad que reconocía la empresa como deuda en concepto de cotizaciones, que ascendía a tres millones de euros, diez menos.

En relación con la llamada del inspector de Hacienda al de la Seguridad Social, el abogado de esta segunda administración ha negado que se tratara de una “conspiración” para perjudicar a Ramírez, como sugirió uno de los testigos, y aseguró que se trata de una práctica “habitual” de colaboración entre estos organismos.

Dos administradores

Miguel Ángel Ramírez fue administrador único de Seguridad Integral Canaria hasta agosto de 2011. En esa fecha cedió el testigo a su entonces mano derecha, Héctor de Armas, y se mantuvo como socio mayoritario. Las versiones sobre los motivos de este cambio difieren. El presidente de la UD Las Palmas dijo que lo hizo porque quería “profesionalizar” la gestión en un momento en que la empresa estaba creciendo. De Armas sostuvo que se debió a que Ramírez había sido inhabilitado por un delito medioambiental y que ello suponía un obstáculo para concurrir a concursos públicos, extremo que su antecesor negó afirmando que la inhabilitación era tan solo para empresas del sector de la construcción, no de la seguridad privada.

Según las acusaciones, Ramírez siguió manejando la empresa a pesar de dejar formalmente la administración. También De Armas sostuvo esta tesis. Dijo que acudía a todas las reuniones de dirección, que “despachaba” con los altos cargos de la empresa y que las decisiones que han conducido a esta causa penal fueron adoptadas por él.

En cambio, Ramírez manifestó que se desvinculó de las tareas propias de administración a mediados de 2011 y desmintió las aseveraciones de su antigua mano derecha, a quien además atribuyó “brillantes ideas” y de quien elogió su gestión porque, según dijo, permitió a la empresa incrementar su facturación en un breve periodo de tiempo..

En 2018, De Armas acabó comprando a Ramírez las acciones de la empresa. Y lo hizo con un contrato que, en sus cláusulas, afirmaba que en los años precedentes había ejercido como administrador y que, como tal, había adoptado todas las decisiones de gestión “en exclusiva” y sin injerencias, unas afirmaciones que contradicen su relato ante el tribunal. De Armas admitió que firmó ese contrato de manera “libre y espontánea”, pero “traicionado” por un abogado que después se fue con Ramírez.

La disputa sobre la administración de la empresa (de derecho o de hecho) es relevante para determinar el alcance de la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.

Rebaja de pena

Durante su declaración, además de descargar la responsabilidad de las decisiones en Ramírez, De Armas admitió que la práctica de pagar las horas extra como dietas “formaba parte del ADN” de la empresa. Esa confesión le ha servido para lograr una rebaja en la petición de penas de la Fiscalía. De los catorce años y 80 millones de multa que solicitaba en un principio por tres delitos contra Hacienda y dos contra la Seguridad Social a los cinco años y 27 millones de multa, el “tanto” de la deuda que se le atribuye.

Para Ramírez ha mantenido su petición de condena. Reclama, en total, 21 años y medio de cárcel y 105 millones de multa (10 años y 15 millones por cinco delitos contra Hacienda y 11 años y medio y 90 millones por tres delitos contra la Seguridad Social).

La defensa de Miguel Ángel Ramírez ha pedido la nulidad de la mayor parte de la causa que sienta desde este martes en el banquillo de los acusados al empresario por un presunto fraude fiscal de 36 millones de euros. Sostiene que el ya exjuez Salvador Alba, que cumple desde el pasado mes de octubre una condena de seis años y medio de cárcel, contaminó el procedimiento judicial durante los meses en que asumió la instrucción y que ello invalida todas las actuaciones posteriores. Alba fue condenado por utilizar esas diligencias para fines ajenos al objeto de la investigación y con el objetivo de perjudicar a la magistrada a la que sustituyó, Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

El abogado de Ramírez, el afamado penalista y magistrado en excedencia José Antonio Choclán, ha esgrimido lo que en el argot judicial se denomina doctrina del fruto del árbol envenenado, una teoría asentada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que sostiene que cuando la fuente de prueba se corrompe (el árbol), lo que se gana de ella (el fruto) también. Su tesis, por tanto, es que el magistrado corrupto vició la causa con su ilegal proceder.

Alba tomó posesión en el juzgado en el que se sustanciaba la causa contra Ramírez, el de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, el 3 de noviembre de 2015. La jueza que abrió esas diligencias, Victoria Rosell, había solicitado la excedencia para concurrir a las elecciones generales como independiente en las listas de Podemos. Alba accedió a ese destino pese a que ya había rebasado el cupo legal de sustituciones al que tienen derecho los magistrados cada año. Según recoge la sentencia que lo condenó por prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial, en esos meses manipuló el procedimiento contra el empresario con el propósito de acabar con la carrera política y profesional de su antecesora en el juzgado. Fue una grabación aportada por Ramírez la que permitió descubrir la conspiración orquestada por el exmagistrado.

El letrado de Ramirez sostiene que no hay ninguna resolución judicial en la causa que motivara la ampliación de la querella inicial por el presunto fraude fiscal (limitada a los ejercicios 2008 y 2009) al periodo comprendido entre 2010 y 2013, por lo que, a su juicio, la causa debe quedar circunscrita a lo sucedido en 2009 (los hechos de 2008 prescribieron).

La petición de nulidad ha sido solicitada por el abogado del empresario en el trámite de cuestiones previas al inicio de un juicio que ha comenzado este martes, nueve años después de la apertura de la causa, y que se prolongará durante tres semanas.   

La Fiscalía pide 21 años y medio de cárcel y multas que ascienden a 105 millones de euros para Ramírez por cinco delitos contra Hacienda y tres contra la Seguridad Social. También está procesado Héctor de Armas, que sustituyó al empresario como administrador de Seguridad Integral Canaria (SIC) en 2011. Para él, el Ministerio Público solicita catorce años de prisión y cerca de 80 millones en multas. También figuran como acusación Hacienda, la Seguridad Social y el sindicato USO.

La fiscal Evangelina Ríos acusa a ambos de recurrir a una serie de “ficciones” para eludir pagos a Hacienda y a la Seguridad Social y multiplicar los beneficios de Seguridad Integral Canaria, de la que Ramírez era socio mayoritario (un 91%), además de administrador hasta agosto de 2011, fecha en la que fue sustituido por Héctor de Armas. La representante del Ministerio Público sostiene, no obstante, que el también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas siguió al frente de la sociedad y que ese movimiento se debió a que Ramírez había sido inhabilitado en otro proceso judicial y ello podía perjudicar a SIC a la hora de concurrir a concursos públicos.

 El escrito de acusación alude a varias maniobras mediante las cuales los acusados habrían eludido el pago de determinadas cantidades a Hacienda y a la Seguridad Social y habrían aumentado así los beneficios de la empresa a costa del erario público y de sus propios trabajadores. Una de ellas era disfrazar como dietas las horas extra que hacían sus vigilantes. La razón, precisa la Fiscalía, es que las dietas son conceptos extrasalariales y, por tanto, están exentas de cotización (a la Seguridad Social) y de tributación (en el IRPF).

Por esta vía se habría ahorrado entre los ejercicios 2009 y 2013 un total de 18 millones de euros (6,6 de las retenciones de Hacienda y 11,45 de la Seguridad Social).

 Los otros 18 millones de euros presuntamente defraudados tienen su origen en los convenios colectivos firmados entre la empresa y los representantes de los trabajadores en 2012 y 2013, ambos anulados por la justicia. Según la Fiscalía, en esos acuerdos se reducía el salario base de los empleados y se sustituía por un complemento de productividad que solo cobraban si hacían 22 horas más de las fijadas en el convenio estatal. También se suprimían pluses por trabajar de noche o en festivos, aunque los vigilantes seguían ejerciendo en esos horarios que cobraban también como dietas.  

 El Ministerio Público precisa que, al no aplicar el convenio del sector, la empresa mantuvo en una “situación de precariedad a sus trabajadores” que le permitió no pagar determinados conceptos que en realidad les correspondían y por los que no tributó.

El Gobierno de España no considera que, en base a la ley de Memoria Democrática, deba revisar de oficio y revocar la Cruz de la Orden de la Guardia Civil que recibió en 2014 el exjuez Salvador Alba, condenado a seis años y medio de cárcel por cohecho, prevaricación y falsedad, ya que no se concedió en periodo predemocrático.

Es la respuesta del Ejecutivo central a una pregunta al senador de Compromís Carles Mulet, que había alegado que la condena del exjuez “de extrema derecha” incluye la pérdida “de todos los honores anejos a su condición de juez”.

“El juez corrupto Salvador Alba irá a la cárcel luciendo la Cruz de la Orden de la Guardia Civil que el Gobierno de Rajoy le concedió en 2014 con distintivo blanco, de la que se hacen acreedoras personas que destaquen por su conducta ejemplar o sus relevantes cualidades profesionales”, apuntaba Compromís.

Mulet preguntaba así por las medidas que iba a adoptar el Gobierno, “bien a iniciativa propia, bien en coordinación con la Guardia Civil, para retirar la Cruz del Orden a todas aquellas personas a las que se les haya concedido y se haya constatado con posterioridad no cumplían los requisitos de conducta ejemplar”.

Sin embargo, en su respuesta el Gobierno ha señalado que “cada una de las propuestas y concesiones de recompensas de la Orden al Mérito de la Guardia Civil se corresponden con actos administrativos individuales e independientes, cuya motivación de propuesta atiende a unos méritos y circunstancias únicas, concurrentes en un momento temporal específico, cuya veracidad ha sido atestiguada en el curso del correspondiente expediente administrativo”.

Por otro lado, el Gobierno señala que la ley de Memoria Democrática establece la revisión de oficio y la revocación de este tipo de honores son aplicables a las resoluciones de concesión de recompensas “anteriores a la entrada en vigor de esta Ley”.

La primera vez que sentí vergüenza de toga fue como observadora independiente en los juicios contra activistas saharauis, acreditada por el Consejo General de la Abogacía Española. En una apelación colectiva, todas las pruebas apuntaban a una previsible anulación o al menos reducción de las condenas. A la vista de todas las personas presentes, el magistrado recibió un fax y leyó una sentencia que no encajaba con lo que allí se había visto y oído. Después, la protesta y una violenta represión policial. El causante de esa violencia, en su despacho, ya sin toga, invitaba a jueces y fiscales españoles a pasar días de verano en la costa marroquí, subrayando la importancia de mantener esos intercambios que apuntalaban los lazos de amistad entre ambos países. Las influencias se alimentan de canapés, y subir es no mirar hacia abajo.

Nunca pensé que iba a sentir mucha mayor vergüenza de toga en mi propio país. Y ha sido la peor experiencia de mi vida.

Mucho antes de la persecución legal a Podemos y de la demostración de la utilización de la guerra jurídica –el denominado “lawfare”– en el caso del exjuez Salvador Alba Mesa, sus protagonistas ya se encontraban en casos de corrupción. En 2005, el presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Canarias –predecesor de Salvador Alba en el cargo– y de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín Martín, fue grabado en unas intervenciones telefónicas aceptando favorecer a un gran narcotraficante, Rafael Bornia Bordón. Sugirió su libertad al fiscal antidroga, tras su busca y captura internacional. Parte de la carrera desaconsejó al instructor remitir pieza separada para su debida investigación al Tribunal Superior de Justicia: perro no come perro (odio esa expresión).

Aquello surgió de un hallazgo de esos derivados de los círculos secantes telefónicos –político-empresario-tribunal– en una investigación por corrupción en un lucrativo concurso de energía eólica, en la Consejería de Industria de Luis Soria López, colocado allí por su hermano, el presidente del PP canario, José Manuel Soria López. El magistrado fue juzgado y condenado por sus compañeros del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y expulsado de la carrera judicial, pero en el Tribunal Supremo (TS) fue absuelto en 2010. La sala presidida por Manuel Marchena confirmó los hechos probados, pero eran constitutivos de otro delito distinto al único por el cual el fiscal jefe del TSJC había formulado acusación. Era tráfico de influencias y no negociaciones prohibidas. El magistrado fue repuesto en la carrera judicial con todos los honores, y cobró todos los salarios dejados de percibir desde su suspensión. Tuvo incluso un acto público de desagravio –pese a los hechos probados– organizado por el abogado canario Eligio Hernández, exmagistrado y ex fiscal general del Estado, que había sido su máximo defensor público, junto con el juez Salvador Alba Mesa, entonces solo conocido por defender públicamente la inconstitucionalidad de la Ley de Violencia de Género de 2004 y por pedir dinero a empresarios para los congresos judiciales. Quédense con los personajes.

Hemos tenido muchas ocasiones de comprobar lo que se premia y se castiga en el quehacer judicial: el palo y la zanahoria, en desafortunada pero veraz expresión de Carlos Lesmes (que en nueve años ha cometido dos sincericidios: ese y el de la justicia eficaz para robagallinas). Cumplir tu deber con independencia de cargos y apellidos genera represalias. La independencia se demuestra cuando tus resoluciones contrarían al poder: si no lo haces, el sistema te premiará y la ciudadanía no lo sabrá. Tu familia seguirá orgullosa y no sufrirá. Tu carrera y tu vida mejorarán. Muy sólidos tienen que ser tus principios para contrapesar eso en la balanza. La lealtad que se premia no es a la Constitución y la ley, que es la única que legitima el ejercicio del inmenso poder que puede tener un juez o magistrado de instrucción en nuestro país.

Todos estos personajes, y alguno más dispuesto a prestar una ayuda valiosa a un ministro del PP, confluyeron en el caso Alba, cuando todavía era el caso Rosell. Los hechos se han publicado sobradamente en este y otros medios de información. Yo me marcho del Juzgado con una excedencia sin sueldo –dos meses sin sueldo con dos hijas adolescentes– para presentarme a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 como independiente en las listas de Podemos. El presidente del TSJC, Antonio Doreste –cuyo nombramiento judicial procedente de la élite política de Coalición Canaria fue denunciado por Jueces para la Democracia–, nombra para sustituirme a Salvador Alba Mesa. Ambos se saltan las normas: Alba ya ha cumplido los 180 días máximos anuales de doblete judicial –y de sueldo–, pero ya se sabe, las leyes son para robagallinas. Inmediatamente empieza a buscar algo que dar a su admirado Soria, directamente o a través de sus periodistas de cabecera. Es un viejo recurso que les sigue funcionando: cuando un político accede ilícitamente a información reservada o secreta necesita que se publique para que prosperen sus montajes judiciales. No lo encuentra, y se lo inventa. (Aún conservo el recuerdo de un chat que abrí ese día llamado “Amenaza al alba”. No sé si algún día se sabrá el destrozo que hizo ese individuo en un juzgado de instrucción y de control del CIE).

Como declara probado la sentencia del TSJC confirmada por el Tribunal Supremo, el mismo día en que Alba toma posesión, el 3 de noviembre de 2015, en una causa con miles de folios que no ha leído, cita a prestar nueva declaración a Miguel Ángel Ramírez, empresario investigado por delito fiscal, tras la cual le impone una fianza de 35 millones de euros, que después la Audiencia Provincial reduciría a una décima parte, 3,5 millones. El mensaje ya está lanzado por Alba: tiene el poder de excederse en 30 millones de euros calculando la cuota a Hacienda sin que la fiscal Evangelina Ríos Dorados rechiste, y hundir a la empresa. En ese escenario empieza a pedir a los imputados –e introducir en esa investigación– informaciones sobre mi pareja ajenas a los delitos investigados, en concreto un borrador de contrato de alquiler con opción de compra que acaba en manos de José Manuel Soria, cabeza de lista electoral por el PP, y del periódico El Mundo, que me dedicó cinco portadas con información falsa en 15 días de campaña. El fiscal jefe provincial, Guillermo García-Panasco, decide la víspera del inicio de la campaña electoral, el 3 de diciembre, faltar a la neutralidad política y confirmar públicamente que ha abierto una “investigación pre procesal” sobre posibles relaciones comerciales entre mi pareja y el investigado. No pestañea al anunciar que ha llegado “un sobre anónimo” a la fiscal Evangelina Ríos Dorados, hecho que Alba desmiente después afirmando que lo llevó él mismo. Luego se supo que a él ese documento se lo dio José Manuel Soria.

Así, el 4 de diciembre empieza una campaña sucia con Soria anunciando una querella contra mí, firmada por Nicolás González-Cuéllar, editor de Manuel Marchena y abogado personal de Soria, después sustituido por Eligio Hernández. La querella contiene información que la propia Fiscalía del Supremo calificó de “ignota procedencia” por corresponder a un proceso penal en el que Soria no era parte y, por tanto, reservado para él. La procedencia es un “corta y pega”, con cambio de letra y espaciado incluido, del informe reservado que Alba remitió a García Panasco.

Yo hasta entonces estaba indignada; todo era falso y no podía tener recorrido judicial, era guerra sucia política del PP y sus brazos judiciales. El día que se constituye la Comisión Constitucional del Congreso, al nombrarme secretaria de la comisión, Cospedal dice en voz alta que estoy imputada por prevaricación. Me muero de vergüenza, la mejor representante de la política sin escrúpulos y con negocios me ofende en público. Vivo con esa manipulación política y mediática. Pero empiezo a sentir mucho miedo cuando compruebo que me niegan el acceso y el derecho de defensa tanto en la investigación de la Fiscalía en Las Palmas como en el Tribunal Supremo.

Cuando la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia me da la razón y ordena al fiscal paralizar la investigación y, el mismo día, García-Panasco no la detiene, sino que la manda al CGPJ. Cuando el CGPJ me incoa expedientes disciplinarios siendo diputada. Repito: expedientes disciplinarios judiciales siendo diputada. Cuando el Tribunal Supremo desoye dos informes del fiscal de sala interesando la inadmisión de la querella de Soria, y continúa la causa permitiendo a Soria presentar escritos pese a no haberle pedido ni siquiera la obligatoria fianza, y denegándomelo a mí, “hasta que decidiera si era competente”. Y cuando ordena de oficio pedir como diligencias que Alba remita un informe –cuando ya se han recibido en el CGPJ y publicado al menos dos, que destilaban bilis y mendacidades–, y que se una al procedimiento judicial la declaración manipulada del empresario, cuyo contenido habían pactado en la reunión que el empresario había grabado.

La sentencia declara probado que estos documentos fueron esenciales para que la querella de Soria prosperara, y que se engañó al Tribunal Supremo con esos documentos falsos. Pero fue cinco años después.

Un magistrado amigo me llamó para decirme que, aunque nada fuera cierto, me iban a investigar a mí y a mi familia, a arrastrarme por el fango mediático y a condenarme. Que ya había pasado antes y lo volverían a hacer. Que lo mejor era renunciar a todo. Yo me resistía a creerlo, pero, efectivamente con esas pruebas falsas, se admitió a trámite el 26 de abril la querella falsaria de Soria y me abrieron una causa penal. Decido dimitir y perder el aforamiento el 27 de abril de 2016, y aun así recibo un oficio de la Sala Segunda del Supremo firmado por Marchena a la Junta Electoral de Las Palmas para que informe de “si me presentaré como candidata a las siguientes elecciones”, a celebrar el 26 de junio. Finalmente, cuando se publica la grabación que revela la falsedad de las pruebas, el Tribunal Supremo remite el caso al tribunal competente, el TSJC. Un testigo me cuenta que hubo carreras y gritos en el alto Tribunal.

Aún tengo que soportar meses de investigación en paralelo a la de Alba hasta que se sobresee en diciembre de 2016, y personarme como acusación particular: como el fiscal me niega inicialmente la condición de víctima, se personan dos acciones populares con la correspondiente fianza y gastos: mi pareja y el partido político Podemos.

El resto es historia. El Supremo declaró que García-Panasco violó mis derechos fundamentales en campaña electoral, y el fiscal general del Estado, nombrado por el PP, De la Maza, lo ascendió. No me digan que no es hermoso que estuviera en el lugar adecuado en el momento oportuno: en el mismo Tribunal Constitucional al que han accedido Arnaldo y Espejel por el PP para decidir sobre su actuación.

En la jurisdicción penal, solo Alba ha sido investigado y condenado por su corrupción, siendo evidente que no pudo hacer todo esto solo, y para demostrarlo grabó al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdés, exviceconsejero de Justicia nombrado por el PP; al entonces presidente del TSJC, Antonio Doreste; a la fiscal Evangelina Ríos Dorados, que declaró bajo juramento que la información sobre mi pareja no tenía justificación, pero lo permitió y formuló 82 preguntas ayudando a Alba. Otro magistrado fue grabado sugiriendo a Alba que podía desaparecer la grabación original que le incriminaba. Hemos oido a Alba pedir información sobre mí a empresarios, abogados y asesinos condenados. Y todo ello para servir a Soria, a quien la sentencia menciona en diez ocasiones. Para enfangar las elecciones generales, y para sacarme del escaño de diputada.

Mi miedo era racional: todo estaba planeado para que funcionara. Alba hoy sería vocal del CGPJ; Nicolás González-Cuéllar, magistrado del Tribunal Constitucional; Soria iba a suceder a Rajoy hasta que se demostraron sus negocios 'off shore' y sus mentiras dichas con la misma solemnidad con la que anunciaba una querella por unos delitos inexistentes. Los demás siguen en sus puestos togados, creando una desconfianza en el poder judicial que este se queja de que no se merece, pero la ciudadanía tampoco. Un poder que puede cambiar la composición de los otros poderes elegidos democráticamente. Un poder que puede dar mucho miedo. Y a veces, vergüenza.

Tras demostrar la verdad, me han reconocido su error el exdirector de El Mundo David Jiménez y el presidente de la Sala 2ª del TS, Manuel Marchena, engañados por Soria y Alba. A ambos he agradecido su gesto. La sentencia firme dice que los documentos falsos engañaron al Tribunal Supremo y me causaron graves daños y perjuicios. Aún estoy esperando la reacción del PP y de otros cómplices. Y la entrada de Alba en prisión. 

Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez

Francisco de Quevedo

¿Van a conseguir los jueces canarios meter en prisión a su excompañero Salvador Alba? Ahora que tanto gusta seguir los folletines ¿será posible que después de casi un año con sentencia firme este señor ingrese en prisión para cumplir los seis años y medio a que ha sido condenado por prevaricador y corrupto? El penúltimo episodio de esta temporada es descorazonador como los anteriores. La policía se presentó en casa del susodicho el jueves con un papelito que le daba 24 horas para ingresar voluntariamente y, por supuesto, el viernes a las 17.35, hora canaria, una hora más en la península, seguía sin presentarse en un centro penitenciario. Comentan en los periódicos que el lunes, cuando vuelvan del finde, los ejecutores pondrán una requisitoria para que las fuerzas policiales lo busquen y lo lleven a la fuerza a la cárcel. ¿Se imaginan que se largue? Lo digo porque, después de avisar y de dejar tiempo por medio, podría pasar. Ese es el motivo por el que, si usted o yo o Rita la Cantaora estuviéramos en la misma situación, habríamos dormido ya el viernes en la trena. ¡Qué digo el viernes! ¡Haría un año que estaríamos yendo a por cosas al economato del talego!

Juzgar y ejecutar lo juzgado. La primera tarea está llena de obstáculos, sobre todo tratándose de investigar los presuntos delitos cometidos por un juez. Aprovecho para decirles que seguimos sin saber nada de qué medidas se han tomado con el más que extraño sobreseimiento libre del caso de la mafia rusa por la jueza de Benidorm Elena Zabalza y, por supuesto, sin noticias de la judicialización del informe que tiene la Fiscalía Anticorrupción sobre su compañera Mariluz Jiménez Zafrilla, a la que acusan de haberles dado el soplo a los mafiosos. Lo del juez Salvador Alba no hubo más narices que llevarlo para adelante porque existía una grabación, realizada en su despacho, en la que este dejaba claro que pensaba sacar de una causa penal a un empresario canario si le buscaba papeles -verdaderos o ficticios- con los que buscarle la ruina a la jueza Rosell, a la sazón diputada. “Lo acredito, lo hacemos así, lo llevamos al procedimiento y entonces ponemos en marcha la maquinaria”, se oía decir a Alba en una conversación de “sonrojo” a la fiscal del Tribunal Supremo. ¡Sonrojo! Ni en los adjetivos cargan las tintas. Vómito es lo que provoca oír corromperse a un juez para lograr favores políticos en su carrera profesional. No es difícil asegurar que sin esa grabación realizada y aportada por el empresario, el juez Alba seguiría en su puesto o quién sabe si en uno de más porte en Madrid, como era su deseo.

Si te dan un plazo para ingresar en prisión y no lo haces, un tribunal tiene previsto inmediatamente ponerte en busca y captura. No hay juez que te avise por la prensa de que lo va a hacer a la vuelta del finde y se quede tan tranquilo. Excepto en este caso. Hay muchos “excepto” en la ejecución de la sentencia firme del Tribunal Supremo en el caso de Salvador Alba. Y también muchos récords pulverizados. Podría servir para seguir un curso de procesal retorcido en cualquier universidad. No en vano, el abogado de Alba, Nicolás González-Cuéllar, candidato del PP al Constitucional, escribió junto con Manuel Marchena un manual sobre la interpretación de la última reforma de la ley procesal española. Se la sabe al dedillo y en este caso ha usado hasta los títulos de crédito de la contraportada. Lo conté en El clan de la toga.

Algunas dilaciones son de carril de abogado desesperado: recusar hasta al gato de la Sala, recusar a los que ven la recusación, recusar al que cambia las bombonas de agua del juzgado, pedir la nulidad de actuaciones, pedir la suspensión de la pena hasta que se vea el indulto, etc. Otras, sin embargo, han sido de verdadero delirio procesal. En febrero pretendió que era imposible que Alba ingresara en prisión porque tenía problemas médicos que le impedían viajar en avión. La cosa era elaborada. Las autoridades que han perseguido delitos y deben a su vez ingresar en la cárcel lo hacen en módulos diferenciados -para evitar que sus antiguos clientes se tomen venganza- y estos se encuentran en Sevilla, Castellón, Lugo y Logroño, en la península. Así que, al no poder volar, no podía ingresar. Díganme si han oído argumento procesal más imaginativo, por no decir que se olvidó González-Cuellar de que existen los barcos. Dejo aparte el hecho de que dos médicos de una clínica privada tuvieran el cuajo de firmar esa curiosa exención de salud que fue plenamente tumbada por los médicos forenses (a los que también se recusó).

La última recusación al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias -encargado de ejecutar- tuvo lugar por el hecho de que este hubiera contestado en una comisión parlamentaria a la pregunta de un portavoz de UP sobre, precisamente, los retardos en este ingreso. En esa comisión, Lorenzo Bragado afirmó taxativamente que no se había dado “trato diferenciado ni privilegiado” al entonces todavía juez Alba, siendo que el plazo de ingreso expiró el 16 de febrero y que hasta marzo ni siquiera fue expulsado de la carrera judicial. “Estamos teniendo un escrupuloso respeto a las normas procesales”, terminó. Escrupuloso y lento. Por ponerles un ejemplo, la Sala Especial de recusaciones desestimó la efectuada por Alba al propio Lorenzo Bragado, en un auto del 28 de julio, y no ha sido hasta el 13 de octubre que el secretario de Gobierno del TSJC le ha remitido un oficio a este para comunicarle el testimonio del mismo diciendo que no se había aceptado. Vale que agosto sea inhábil, pero parece un poco de pachorra esperar 45 días para hacerlo. Al hacerlo con tanto retraso y un jueves se provocó que el plazo de 24 concluyera en viernes, con los magistrados de fin de semana. Y así todo.

Alba lleva todo este tiempo en la playita, con su esposa, que es letrada de la Administración de Justicia en ejercicio en Canarias. El mismo oficio que el secretario de Gobierno de la tardanza, que es su jefe, ya ven. Ojo con los que haciendo de cuñados vayan a decirme ahora que defendí que Zaplana lo estuviera. Lo sigo haciendo. Zaplana era preso preventivo y tiene una enfermedad bien jodida y bien real. Lo van a juzgar ahora. Cuando lo condenen hablamos. Lo de Salvador Alba es un sainete de un condenado en sentencia firme que delinquió para favorecer a determinadas fuerzas políticas y perjudicar a otras. Todas esas fuerzas siguen operando. Refrésquenlo si quieren en Salpicaduras de mierda judicial.

Escrupulosos con el Derecho, con todos. Hacernos pasar por tontos intentando que creamos que todas estas movidas y retrasos se producen con cada orden de ingreso en prisión, pues no. Escrupulosos para ejecutar lo juzgado también con el juzgador, sobre todo con él.

La temporada de esta angustiosa serie de factura puramente española debería concluir este mismo lunes. Estén atentos a sus pantallas, por si aún embrollan el desenlace. ¿Quién será el juez que enchirone al juez? Con puñetas en vez de cascabel.

No está establecido con precisión el momento en el que el exjuez corrupto Salvador Alba se instaló en una realidad paralela, en un mundo delirante sólo comprensible por él. Puede que haga mucho, seguramente cuando se creyó que con su fina trayectoria jurisdiccional podía llegar a ser magistrado de la Audiencia Nacional, vocal del Poder Judicial o presidente del TSJ de Canarias, siempre, eso sí, con la ayuda de José Manuel Soria. Quizás ahí haya estado el problema, que se emborrachó de poder antes de tenerlo.

Que Soria cocinara para él en su casa de Madrid, que lo pusiera en contacto con lo más granado del periodismo cavernícola nacional, que fuera recibido en el Tribunal Supremo como una autoridad y que el todopoderoso Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda, admitiera sus escritos plagados de falsedades orientados a encontrar la mejor y más sucia manera de acabar con la carrera política y profesional de Victoria Rosell eran, evidentemente, signos que pueden nublar la mente de cualquiera con más ambición que luces.

Que esté condenado en firme desde hace diez meses y que todos sus recursos, sus escaramuzas, sus recusaciones y sus querellas hayan fracasado, no le han persuadido en absoluto. Al contrario. Hace unos días, en la Comisaría de la Policía Nacional en la ciudad de Telde dijo al funcionario que lo atendió que este periódico le persigue porque, siendo juez, “desmanteló un supuesto caso de corrupción” de la que fue autora precisamente su víctima.

Alba ha denunciado a Canarias Ahora por publicar fotografías suyas en la playa y en un paseo marítimo en el litoral de Telde. Dice que lo acosamos, que lo perseguimos, que tenemos montado un sistema de vigilancia que lo tiene acogotado a él y a su familia hasta el punto de que apenas ninguno de sus miembros sale de casa. Ha reiterado una petición de alejamiento y prohibición de comunicación ante una jueza de Madrid, donde le han admitido a trámite una rocambolesca querella por diversos delitos, entre otros el de pertenencia a organización criminal, por las noticias referidas a sus delitos publicadas todos estos años en este periódico.

Le han irritado las fotografías que lo presentan como un ciudadano libre pendiente de cumplir seis años y medio de cárcel, que alega desde la playa que tiene unas enfermedades que le impiden ingresar en prisión y que persigue a la carrera, en chanclas y pareo, a la persona que lo fotografía precisamente para fotografiarla y grabarla en vídeo. Como grabó a sus compañeros magistrados, al presidente del TSJ y a algún abogado cuando se supo descubierto en la grabación que puso en evidencia sus tejemanejes y la falsedad de sus acusaciones contra Victoria Rosell.

El torero de Vox

Y lo hace luciendo una camiseta con el rostro del polémico torero de Vox Morante de la Puebla, con una de sus fotos más representativas, la que lo presenta fumándose un puro en un gesto desafiante que precisamente fue objeto de polémica en febrero pasado por haber sido utilizado para promocionar una feria taurina en Castellón. Las autoridades levantinas ordenaron retirar las vallas publicitarias con la imagen del diestro fumándose un puro por contravenir la ley anti tabaco, lo que indignó a los taurinos y exaltó a la ultraderecha.

Alba lleva esa camiseta a la playa en compañía de su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo, que fuera dirigente provincial de Vox en Las Palmas hasta que la dirección nacional de ese partido decidió que lo mejor es que no hubiera tanta descentralización del poder centralista que emana de Abascal y Ortega-Smith.

En Vox tiene depositadas muchas esperanzas el exjuez corrupto Salvador Alba. Su esposa ha cursado una petición de indulto que ambos esperan pueda ser aceptada por el gobierno entrante, si este finalmente está conformado por el PP y Vox. Por eso trata de dilatar al máximo su ingreso en prisión. De momento, el expediente de indulto se ha topado con el primer obstáculo: el informe negativo del tribunal sentenciador (la Sala de lo Penal del TSJ de Canarias) que no apreció el más mínimo atisbo de arrepentimiento en el penado tras la comparecencia que hizo en abril pasado ante la misma comisaría de la Policía de Telde en la que se prodiga con tantas denuncias. A la pregunta de si se arrepentía de los hechos que habían ocasionado su condena, su respuesta fue así de elocuente: “Siempre he cumplido con mis deberes judiciales y lamento cualquier daño o perjuicio que haya podido ocasionar con mis decisiones judiciales”.

Vive en otra realidad.