Sergio, María y Fátima tienen, como mínimo, dos cosas en común: son policías nacionales y han estado infiltrados en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR Madrid). Este colectivo, creado hace ocho años para aunar las luchas y defender lo que entienden como “presos políticos”, se ha visto en la picota del Estado durante gran parte de su existencia. elDiario.es pasó una tarde con tres de sus integrantes rodeados de carteles políticos y mientras varias personas acuden a su clase de guitarra e intercambio de idiomas en el centro social okupado La Rosa. Hablaron de su historia, las manifestaciones que terminaron en cargas y la solidaridad entre colectivos. También de la escucha necesaria para afrontar con cuidados las infiltraciones y cómo estas acciones policiales golpean al colectivo.

Las movilizaciones a favor de la libertad de Valtonyc, rapero que en 2018 se exilió en Bélgica tras ser condenado por enaltecimiento del terrorismo y sus autores y humillación a sus víctimas y calumnias e injurias graves al rey, fueron el germen de la creación del MAR Madrid en 2018. “Vimos que no era operante el crear una asamblea por cada caso represivo que iba saliendo. Queríamos algo perenne donde poder estar organizados, donde no hacer un trabajo solo reactivo, sino también lanzar nuestras propias campañas”, completa Unai, activista que integra el colectivo desde el principio.

El primer gran hito que recuerdan los activistas del MAR Madrid fue la manifestación en octubre de aquel año por la amnistía total de los “presos políticos”. “Hacía décadas que Madrid no salía a la calle por una demanda así”, recalca Marco Fernández, otro de sus integrantes. Según definen, un preso político es “cualquier persona antifascista, que al final engloba todo activista de izquierdas, encarcelada por llevar a cabo una lucha política colectiva y organizada”.

El procés, Hasel y el apoyo a otros colectivos

Un año después, su habitual manifestación de octubre coincidió con la sentencia a los presos del procés catalán, lo que conllevó una asistencia inusitada a la protesta. “El Mundo, que no es muy afín a nosotros, dijo que éramos 7.000 personas, así que yo calculo que podríamos ser el doble”, comenta Fernández. Aquella movilización de 2019 terminó con un intento de corte de la Gran Vía de la capital y duras cargas policiales en Callao, donde los agentes gasearon a manifestantes y periodistas. Más de una decena de personas terminaron detenidas. Antes, el mismo día en que se hizo pública la sentencia, Dani Gallardo había caído detenido en una protesta similar, convocada también por el MAR Madrid, en la Puerta del Sol.

La persecución judicial al rapero Pablo Hasel hizo que el MAR Madrid volviera a salir a las calles en 2021. “Convocamos una gran movilización en Sol y, el sábado siguiente, en Callao. Para entonces, ya habíamos sufrido una campaña mediática tremenda y una guerra psicológica brutal”, recuerda el mismo Fernández. Uri, una de sus compañeras, añade que un mes después intentaron responder con una manifestación organizada con más colectivos. En aquella ocasión, se vieron rodeados de agentes y de unidades de intervención policial llegadas a la capital incluso de otras provincias.

Mientras hacen el turno que una vez al mes les toca en La Rosa, ubicada en la calle de Toledo de la capital, los tres activistas relatan que sus acciones suelen estar basadas en la agitación y propaganda a base del reparto de panfletos, pintadas en las paredes, charlas de formación, jornadas antirrepresivas y convocatoria de manifestaciones. Por otro lado, a lo largo de su existencia han prestado apoyo a colectivos como Extinction Rebellion, Futuro Vegetal, 8M Tetuán, el colectivo de presos políticos antifascistas y sindicatos. También impulsaron el grupo de apoyo madrileño a Las 6 de la Suiza y fundaron el podcast La Mecha, donde entrevistan a activistas, abogados y periodistas.

Ocho puntos a reivindicar

La principal exigencia del MAR Madrid es la “liberación de todos los presos políticos sin distinción, sin importar sus métodos de lucha y sin tener que pedir perdón ni estar arrepentidos”. En su programa aparecen otras demandas como un “amplio indulto para los presos sociales o comunes”, el retorno de los exiliados y la derogación de todas las leyes represivas, “y no solo la ley mordaza, sino también la ley de Extranjería, de Huelga, de Partidos y pactos antiterroristas”, matiza Fernández.

Asimismo, exigen la disolución de la Audiencia Nacional y el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, el derecho de autodeterminación de las naciones, la erradicación de la tortura y los malos tratos, además de un “castigo ejemplar para los torturadores”, una “verdadera” memoria histórica y el sobreseimiento y anulación de todos los procesos judiciales abiertos por causas políticas y sociales, así como la devolución de todas las sanciones.

Enfrentar las infiltraciones desde lo colectivo

En los últimos años, el MAR Madrid ha sufrido varias infiltraciones policiales. La primera la destapó El Salto. Sergio había estado espiando al MAR Madrid y Distrito 14 desde 2015 hasta 2021. La segunda, publicada por elDiario.es en 2024, llegó entre 2020 y 2023, cuando María se introdujo en el MAR Madrid y Distrito 104. Este mismo mayo, El Salto ha desenmascarado a Fátima, que se integró en el MAR Madrid, Anticapitalistas y BDS a Israel desde 2023 a 2025.

Uri asegura que el colectivo lo ha llevado “con bastante calma, aunque suene sorprendente”, y recalca que “todas las personas infiltradas procedían de otros colectivos”. Así se explica la activista: “No quiero decir que en otros sitios se haga peor la gestión de detectar infiltrados ni que nosotros seamos más listos. Simplemente, es para dejar ver que es una cosa que pasa, que ha pasado y que pasará siempre, por desgracia, porque es otra forma de represión”. Esta dinámica de infiltraciones lleva a pensar al MAR Madrid que “algo bueno debe significar si para el Estado somos tan relevantes”.

Sobreponerse a este tipo de impactos es algo que el colectivo ha aprendido a hacer a través de la escucha, los cuidados y el apoyo mutuo, así como en la confianza y camaradería entre compañeros. “Hay que hablarlo con tranquilidad, tratar los miedos que cada persona puede tener y saber que esto no pasa porque sí, que no nos pasa solo a nosotros, y que es muy importante estar preparados para la represión”, confirma Fernández.

Luchar contra la desconfianza

Tratar la infiltración desde la colectividad también lleva a no caer en la paranoia. “El Estado ya tiene mucha información de ti. Lo que no podemos hacer es caer en el miedo”, agrega Unai. Se refiere a un colectivo que en su presentación pública advirtió que no aceptarían ningún integrante que no viniera de otra organización. “Hace mucho más daño tener tanto miedo como para tomar esa decisión que la información que pueda sacar la Policía de una infiltración. Ahí sí que ya ha ganado la Policía”, opina.

Asimismo, Uri subraya que “todo” lo que hacen y cuentan “ya lo sabe todo el mundo” y que siempre firman sus acciones. “A nosotros no nos da vergüenza decir que defendemos a los presos políticos, que nos vas a ver parando desahucios o que vamos a ir a manifestaciones antifascistas”, ilustra la integrante del colectivo. Fernández, por su parte, apunta que las infiltraciones son ejemplo de la falta del derecho a la libre organización: “No caemos en la paranoia, pero esto lo seguimos denunciando. Nosotros siempre hablamos de la falta de derechos y libertades en España, y aquí hay una falta del derecho a la organización política independiente”.

Ninguno de los integrantes del MAR Madrid tiene causas pendientes con la justicia. Siempre que se ha intentado recabar la perspectiva de la Policía Nacional sobre estas infiltraciones, no han respondido. El Ministerio del Interior siempre ha contestado lo mismo: “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizan la seguridad y el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en el marco del artículo 104 de la Constitución Española, como corresponde a su función en el Estado de Derecho. Actúan siempre en esos términos, con estricto sometimiento al ordenamiento jurídico”.

Un Estado que siempre los mira

El estreno de la película La infiltrada en 2024 suscitó grandes críticas en colectivos como el MAR Madrid. Cuando dicen que son artefactos culturales para “blanquear” estas prácticas, agregan que saben que Silvia, la última agente que formó parte del colectivo, se identificaba con la película y enviaba el tráiler a su círculo más cercano para explicar cuál era su cometido real.

“Nosotros utilizamos cauces pacíficos, pero es que vemos mal cualquier infiltración policial en cualquier movimiento, al igual que nos oponemos a cualquier tortura o condena judicial”, reconoce Uri. El último espionaje realizado ha tenido lugar en Catalunya, donde dos agentes de los Mossos espiaron una asamblea de profesores en Barcelona.

Desde el punto de vista de Fernández, el haber sufrido tres infiltraciones en el último tiempo connota que el MAR Madrid siempre ha estado en el punto de mira del Estado, según sus propios términos. “Esto prueba que estamos en lo cierto en lo que denunciamos, que no hay democracia, que no hay libertad, que hay represión… Y eso le hace daño al Estado”, concluye.

Después de tres años intentando participar como una más de Bilboko Konpartsak en Aste Nagusia, Luberri, colectivo relacionado con el Movimiento Socialista o Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), ha iniciado una recogida de firmas para acabar con lo que denominan un “veto político”. “Pese a haber trasladado durante meses propuestas concretas para encauzar la situación y fomentar el diálogo, este año Luberri se vuelve a quedar fuera de Bilboko Konpartsak. El principal motivo de este bloqueo es la actitud de la izquierda abertzale, a la que acusamos de priorizar intereses políticos ajenos a las fiestas y de haber alimentado desde el inicio el veto hacia Luberri debido a su relación con el Movimiento Socialista”, advierten desde la comparsa, que este martes han protagonizado una concentración de protesta en el Arenal de Bilbao.

Desde Luberri sostienen que desde la primera negativa a participar en fiestas como el resto de comparsas, “se ha mostrado públicamente su desacuerdo con la decisión, al considerar imposible permanecer en silencio ante una situación injusta”. “Aun así, nunca hemos dejado de aportar a las fiestas populares de Bilbao. Durante estos años hemos mantenido su actividad cotidiana y hemos seguido organizando iniciativas festivas, como programaciones de Aste Nagusia, actividades junto a otras comparsas o carnavales. Todo ello ha servido para demostrar que nuestra participación enriquece las fiestas y que mantenemos una relación de colaboración con numerosas comparsas”, admiten desde el colectivo.

Bilbao no es el único lugar en el que los colectivos relacionados con GKS no pueden participar de forma igualitaria en fiestas, según denuncian. En Vitoria, explican, el “veto” para participar en las fiestas de la Virgen Blanca existe desde hace seis años. Karla Pisano, miembro del Movimiento Socialista y del Sindicato de Vivienda Socialista explica a este periódico que eso ocurre por la “correlación de fuerzas en cuanto a votos” dentro de las comisiones de txosnas. En el caso de Vitoria, la izquierda abertzale cuenta una mayor presencia en los colectivos que componen Gazteizko Txosnak que votan por no incluir a GKS aplicando esa mayoría.

En Bilbao, las 28 comparsas “votaron que sí” el primer año. “En Bilbao hay muchas comparsas con distintos colectivos y las txosnas cercanas a la izquierda abertzale no son la mayoría. Entonces, el primer año hubo una actitud favorable a que participáramos, pero colectivos cercanos a la izquierda abertzale pidieron que no se votara en ese momento y que se nos pusiera un periodo de prueba de un año. Aprovecharon ese tiempo para hacer dos cosas: por un lado, difamar al movimiento socialista en las diferentes txosnas y, por otro lado, para cambiar la fórmula misma de la votación. En estos momentos, más o menos hay mitad de apoyos y mitad de detractores entre las comparsas, pero el año pasado cambiaron los mecanismos de votación y ahora es necesario 75% de votos afirmativos para que entremos. En Vitoria efectivamente aplican esa mayoría y en Bilbao, donde la situación es diferente y hay más comparsas que participan en la comisión de fiestas de Bilboko Konpartsak cambiaron los propios estatutos para poder evitar que accediéramos a las txosnas. Ahora, de 28 comparsas, unas seis o siete comparsas ejercen prácticamente un veto, porque se necesita ese 75% para entrar”, detalla Pisano.

Preguntada por las razones que ofrecen para justificar la negativa a que puedan participar, Pisano reconoce que “el argumentario no está claro”. “No ha habido declaraciones por parte de las comisiones festivas públicamente, solo en el caso de Vitoria hubo una lectura. Con el tiempo han ido cambiando de argumentario. Cuando desde el Sindicato de Vivienda Socialista solicitamos la entrada en la comisión de fiestas de Vitoria, lo primero que se nos dijo fue que no había espacio. Este era un argumento técnico que enseguida se demostró falaz, porque después de que nosotros hiciéramos la solicitud han entrado más colectivos, por lo tanto, no hay ningún problema de espacio y, de hecho, en estos seis años ha habido colectivos que han dejado de poner txosna”, asegura.

Otra de las razones que alegan para no dejarles entrar son los “problemas de convivencia”. “Luego alegaron problemas de trabajo en común, cooperación y de convivencia en general con el movimiento socialista. Hay que tener en cuenta que hace seis años nosotros como movimiento o el sindicato, por ejemplo, se acaba de crear. Entonces, no tanta gente nos conocía y no hacíamos tanto trabajo. Pero en estos seis años el argumento de la falta de colaboración con nosotros o la dificultad de trabajar con nosotros es algo que no se puede justificar porque colaboramos activamente con muchas de las organizaciones que están dentro de esa comisión festiva o fuera, incluso de forma permanente en plataformas, como puede ser en el apoyo a Palestina o en la cuestión de la vivienda. Entonces, esa especie de acusación de que con nosotros no se puede trabajar también se viene abajo”, señala.

Por último, el tercer argumento que defienden para que no entren en Bilboko Konpartsak o Gasteizko txosnak es que “son conflictivos”. “Dicen que somos conflictivos. En Bilbao, por ejemplo, ahora aluden a que el hecho mismo de haber denunciado que existe un veto político genera desconfianza hacia nosotros. Es una especie de argumentación creada a posteriori, que dice que como hemos hecho una campaña denunciando esta situación, somos conflictivos. Y eso que la denuncia no ha sido a la primera de cambio, que hemos estado año y medio intentando solucionarlo por todas las vías internas habidas y por haber y no hay manera”, lamenta Pisano, que defiende que en otros lugares como pueblos como Hernani, Azpeitia e incluso barrios de Vitoria como Arana o Zabalgana, participan sin ningún problema en las comisiones de fiestas.

Pisano también lamenta que los ataques contra su colectivo, además de en las txosnas, también llega hasta las redes sociales. “Muchas veces por parte de cuentas relacionadas con la izquierda abertzale se han utilizado las redes sociales para verter toda una serie de difamaciones, incluso personales, contra portavoces de algunas organizaciones, como yo misma. Simplemente, nos desmarcamos de ese tipo de formas de hacer política y que hay que entender que la crítica política nunca puede ser tomada como un insulto. El movimiento socialista, desde su nacimiento, evidentemente que es crítico con la hoja de ruta estratégica de la izquierda abertzale. Pero esto no puede ser óbice para que haya barra libre para cualquier tipo de método que rompe con unos mínimos, en nuestra opinión, de lo que debería ser la política en las organizaciones de izquierdas, que es básicamente la libre participación en los espacios comunes. Ni tampoco debería ser una crítica basada en difamaciones o en acosos a través de redes sociales”, denuncia.

Desde Luberri defienden que la mayoría de personas que conocen la situación están a favor de una solución, algo que, según afirman, se ha reflejado en el apoyo mostrado por numerosas comparsas, agentes del movimiento popular y personas del ámbito cultural. Asimismo, consideran que para gran parte de la ciudadanía bilbaína resulta “incomprensible dejar fuera de las fiestas a cientos de jóvenes organizados”. Por ello, han puesto en marcha una recogida de firmas con una petición concreta: que se reconozca el derecho de Luberri a participar con normalidad en Bilboko Konpartsak, en coherencia con el carácter popular, plural y participativo de Aste Nagusia y para ello han creado la página web Luberrikeskubideadu.com para recoger firmas.

No es la primera iniciativa que llevan a cabo para acabar con el “veto político en fiestas”. En verano de 2024, alrededor de 150 agentes del mundo de la cultura vasca encabezados por la actriz Itziar ituño y por el escritor Bernardo Atxaga suscribieron un manifiesto de apoyo al denominado movimiento socialista, cuya marca más reconocida es GKS, y en contra de los “vetos” en las fiestas de verano, particularmente en Bilbao y Vitoria. 

El manifiesto, cuyo título en castellano era 'Porque amamos las fiestas populares, los y las artistas estamos en contra de los vetos y queremos una solución, tanto en Bilbao como en Gasteiz', señalaba que es preciso un “respeto a la diversidad” en las celebraciones “por encima de las diferencias ideológicas”. “Nos preocupa la prohibición impuesta a algunos colectivos en las Konpartsak de Bilbao y en la comisión de txosnas de Gasteiz. También somos y queremos ser parte de las fiestas populares, por lo que queremos trasladar públicamente esta preocupación y abrir vías para solucionar la situación. La participación en las fiestas populares debe ser un derecho universal, por lo que nos resultan incomprensibles los vetos impuestos a la Konpartsa Luberri en Bilbao y a GKS y al Sindicato de Vivienda en Gasteiz. Las fiestas populares deberían ser un espacio para que cada uno, con su carácter y sus reivindicaciones, pueda disfrutar y celebrar, con tolerancia mutua”, recogía el manifiesto en el que además de Ituño e Atxaga, en la lista aparecían otros nombres reconocibles como Fermin Muguruza, Natxo de Felipe, Joseba Sarrionandia, Leire Bilbao, Amets Arzallus, Mireia Gabilondo, Jone Laspiur, Karra Elejalde, Ainhoa Larrañaga, Merina Gris, Hofe, Olaia Inziarte o Antton Telleria.

Desde Bilboko Konpartsak indican a este periódico que “por el momento” no van a realizar declaraciones sobre este tema, y en caso de hacerlo, enviarán una nota de prensa a todos los medios de comunicación.

En la primavera de 2018, hace ya ocho años, un grupo de ciudadanos conquenses preocupados por la situación económica, social y medioambiental de nuestra provincia y sus graves problemas estructurales, decidimos, a semejanza de Teruel Existe y ¡Soria Ya!, poner en marcha una asociación de carácter transversal e inclusiva, abierta a todas las ideologías políticas, para combatir el grave desequilibrio territorial y demográfico existente en España, cuyos efectos son fundamentalmente la despoblación y la discriminación de las políticas públicas de unos territorios con respecto a otros.

Creamos una asociación que convinimos en llamar Cuenca Ahora con la que se pretendía potenciar y aglutinar a toda la sociedad civil conquense en la lucha contra los graves problemas estructurales de la provincia. En definitiva, unir a la sociedad civil conquense en torno a una serie de objetivos, entre los que destacaba la aprobación en el Congreso de los Diputados de un Pacto de Estado contra la Despoblación y el reequilibrio territorial y demográfico de España, buscando la cohesión territorial de nuestro país, reformulando las políticas públicas, que han discriminado a nuestra provincia y han provocado el éxodo poblacional a otros territorios.

Cuenca en el año 1935 tenía 315.000 habitantes, hoy está en torno a los 198.000, tenía más habitantes que Álava o Castellón, por poner un ejemplo de evolución social y de riqueza.

Proponíamos para la ciudadanía conquense un contrato social que afrontara los graves problemas estructurales que padecía y padece Cuenca. Pretendíamos que los conquenses tomaran conciencia de su situación y se comprometieran en cambiarla o, más pronto que tarde, seríamos borrados de 'mapa', conformando un agujero negro entre Madrid y Valencia.

La asociación estaba abierta y está a todas las personas que quieran comprometerse con estos objetivos. Queríamos demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que los conquenses estamos vivos, que Cuenca está viva. Ser proactivos, no solo reactivos, siendo nuestra voluntad proponer proyectos de desarrollo para nuestra provincia que devuelvan la ilusión y la confianza a esta tierra.

Pretendíamos que los conquenses tomaran conciencia de su situación y se comprometieran en cambiarla o, más pronto que tarde, seríamos borrados de 'mapa', conformando un agujero negro entre Madrid y Valencia

Empezamos nuestra andadura organizando, el 23 de mayo de 2018, una jornada de debate sobre tres problemas principales: la despoblación, el trasvase Tajo-Segura y el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

Rápidamente, nos incorporamos al movimiento ciudadano de la España Vaciada, junto con Teruel Existe y ¡Soria Ya!, y participamos en la gran manifestación del 31 de mayo de 2019 contra la despoblación de nuestros territorios que aglutinó en Madrid a más de cien mil personas. Esa gran manifestación quedó en nuestros corazones como un hito histórico y un rayo de luz para el futuro de nuestras tierras y nuestras gentes, para nuestros pueblos y ciudades pequeñas y medianas, todas ellas pertenecientes a la España del interior, que otrora fueron villas y pueblos habitados, ricos en historia, patrimonio y cultura.

Entendimos que, si queríamos cambiar las políticas públicas, debíamos estar junto con las demás provincias y comarcas escasamente pobladas que tenían los mismos o parecidos problemas de pérdida sistémica poblacional. Participamos de forma activa, tanto cuantitativa como cualitativamente, en las mesas de trabajo de la España vaciada para elaborar las 101 medidas de desarrollo de nuestros territorios. Nuestra labor siempre ha sido propositiva, intentando sumar y siendo respetuosos con todos los actores y agentes políticos y sociales.

Nos hemos opuesto al cierre y desmantelamiento del tren convencional Madrid-Valencia, a la proliferación masiva de macro granjas en la provincia, al peligroso almacén de residuos industriales, a la instalación indiscriminada de placas solares y molinos de viento generadores de electricidad, al continuo expolio del agua y a los trasvases del Tajo al Segura y al del pantano de Alarcón a Valencia (somos una provincia rica en agricultura y gran potencial de la industria agroalimentaria, pero nos falta el agua que enriquece a otros territorios), en suma, nos oponemos a ser territorio de sacrificio para el desarrollo de otros.

Hemos propuesto la reformulación del mapa sanitario y hospitalario y la comarcalización administrativa de la provincia. Hemos sido dinamizadores de la acción política y propuesto todos los años partidas financieras específicas en los Presupuestos Generales del Estado para atender nuestras necesidades de inversión e infraestructuras y la discriminación fiscal positiva para los nuestros habitantes.

Consideramos que los problemas estructurales de nuestra provincia no son de derechas ni de izquierdas, en ese mundo tan reduccionista en el que nos han metido los aparatos de los partidos tradicionales, que es una forma de combustible para su propia existencia y engaño masivo de los ciudadanos, lo cual sacrifica la idea de comunidad y bien común de todos ellos en beneficio de los políticos profesionales y de la partitocracia, que solo buscan obtener y mantener un sueldo, en la inmensa mayoría de los casos sin experiencia profesional o académica anterior, o insuficiente para desarrollar las funciones públicas que desempeñan.

Entendimos que, si queríamos cambiar las políticas públicas, debíamos estar junto con las demás provincias y comarcas escasamente pobladas que tenían los mismos o parecidos problemas de pérdida sistémica poblacional

Por ello, reafirmamos nuestro carácter esencial de movimiento ciudadano transversal e inclusivo de todos los conquenses que quieran luchar por su tierra para que puedan tener un proyecto de vida en ella con sus familias y no se vean obligados a emigrar, al mismo tiempo que pueda resultar atractivo el retorno de los que se fueron y la llegada de nuevos pobladores. Somos absolutamente necesarios para nuestra provincia.

La evolución de nuestro movimiento ciudadano y del conjunto de movimientos de la denominada España vaciada, en particular de Teruel Existe y ¡Soria Ya! nos ha llevado a intentar tener representación en las instituciones, a través de la participación electoral. De esta manera, presentamos listas electorales a las elecciones autonómicas y municipales de 2023 en la provincia de Cuenca, consiguiendo nueve concejales y tres alcaldías.

Para Cuenca Ahora la presentación a las elecciones es un hecho absolutamente coyuntural y ocasional, que de ninguna manera forma parte de nuestros objetivos fundacionales, limitado solo en el tiempo y por necesidades imperiosas de que la voz de la España vaciada y olvidada se escuche en los distintos foros con competencias legislativas para cambiar la dinámica del desequilibrio demográfico y territorial actual.

Por ello, muy probablemente nos presentaremos de nuevo a las elecciones municipales y autonómicas del próximo año con el ánimo de incrementar ostensiblemente nuestra representación electoral en los pueblos de la provincia, poder incidir en la composición de la Diputación Provincial y tener representación en las Cortes regionales, única manera de cambiar la dinámica actual del bipartidismo rampante e imperante.

El movimiento feminista se manifestará este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Pamplona. Por primera vez lo hará dividido y en dos convocatorias diferenciadas.

Por un lado, está la convocatoria del Movimiento Feminista de Euskal Herria, que partirá desde las 12:00 desde el Parque de Antoniutti para construir una “Euskal Herria feminista, anticapitalista y antiracista”. “Juntas y juntes combatimos el sistema capitalista cisheteropatriarcal colonialista y racista”, expresaban en un comunicado.

“Contra el imperialismo, la extrema derecha y el fascismo que destruyen derechos, precarizan vidas, generan más desigualdad y señalan a mujeres, disidencias, personas migradas y racializadas como enemigas. Frente a su lógica de la guerra y su miseria, respondemos con organización y feminismo antifascista, internacionalista, antirracista. Juntas somos más fuertes”, concluyen.

En paralelo, la Coordinadora 8M–Euskal Herriko Mugimendu Feminista, ha convocado la manifestación a las 12:30 en la Plaza San Francisco. Organización creada a partir de la escisión del Movimiento Feminista de Euskal Herria y, según describen ellas mismas, compuesta por mujeres “comprometidas en la defensa y protección de derechos basados en el sexo” y además defienden la abolición de la prostitución y la pornografía.

Esta nueva red compuesta por varias asociaciones tiene como uno de sus objetivos “recuperar la agenda feminista y situar a las mujeres como sujeto histórico del feminismo”, frente a lo que consideran una “suplantación en determinadas organizaciones que se autodenominan feministas”. 

Convocatoria de Tudela

En Tudela, la concentración ciudadana tendrá lugar el 8 de marzo a las 12:45 en la Plaza de los Fueros.

El casal popular La Metxa, que agrupa a colectivos libertarios y de la izquierda independentista catalana, ha denunciado que el Ayuntamiento de Ripoll, encabezado por la ultraderechista Sílvia Orriols, les pone “limitaciones constantes” y “tasas abusivas” para desarrollar su actividad política en el municipio, y lo ha vinculado a su ideología.

“Somos su oposición en la calle. No les interesa que organicemos actos”, ha asegurado Eduard, miembro del casal, en un acto público celebrado este sábado en Ripoll y que ha seguido de cerca la alcaldesa y diputada en el Parlament, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Según la entidad, desde que Aliança Catalana está en el gobierno tienen problemas burocráticos que antes no tenían. También han alertado de que esta discriminación podría afectar a otras entidades y lo han asociado al “modus operandi de la extrema derecha”.

Estas trabas se han traducido, ha expuesto el casal, en dificultades para poder usar el espacio público y en retrasos administrativos que acaban condicionando la organización de sus actividades. “Como no somos favorables a su sintonía ideológica, las trabas son frecuentes”, ha afirmado Eduard.

Los miembros del casal han puesto como ejemplo el torneo deportivo antirracista que organizan desde hace años. Para la edición de 2025, solicitaron el permiso municipal con meses de antelación, pero no recibieron la autorización favorable hasta dos días antes de la fecha prevista. “Logísticamente era inviable seguir adelante”, han lamentado. Finalmente, optaron por buscar una alternativa fuera de Ripoll.

El casal también denuncia la aplicación de tasas que califican de “abusivas”, como las exigidas recientemente para un almuerzo popular con recital de poesía, con un coste superior a los 1.100 euros entre el uso del espacio público y el material municipal, pese a haber presentado toda la documentación requerida.

El casal ha iniciado la campaña 'Ripoll, zona represiva', en cuyo marco se organizarán actividades de sensibilización en los próximos meses. “Estamos aquí para denunciarlo, para advertir de lo que puede llegar a venir, pero también para empezar a construir un discurso alternativo y de una forma de hacer que se aleje de las imposiciones”, han indicado.

Desde La Metxa también recuerdan que en 2024 tuvieron que cerrar durante unos meses después de los requisitos del Ayuntamiento de Ripoll, que ordenó su clausura.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ripoll niega cualquier acoso. La alcaldesa, Silvia Orriols, asegura que el gobierno municipal “no persigue ni reprime la disidencia” y que su actuación se limita a hacer cumplir las ordenanzas municipales.

Según el consistorio, los integrantes del casal “llevan años pintando las paredes con tachaduras y encartelando fachadas y vidrieras de comercios”, lo que, según afirma, contribuye a dar una mala imagen del municipio. Bajo su mandato, estas prácticas ya no gozan de la “impunidad” que, mantiene el Ayuntamiento, tenían en etapas anteriores.

En cuanto al uso de material municipal, el Ayuntamiento ha afirmado que el casal lo ha solicitado “continuamente”, que “son cuatro gatos” y que la cesión y transporte de este material supone un coste “que corre a cargo de los contribuyentes”. La cesión gratuita de material, ha alegado, solo se da en aquellas actividades en las que el consistorio colabora directamente.

Con el título 'Entierro digno', la asociación ciudadana del mismo nombre presenta este lunes un microdocumental que busca poner de manifiesto una realidad que se desconoce o se ignora en España: la falta de cementerios adaptados a los enterramientos según el rito islámico para más de dos millones de personas musulmanas.

Según la asociación Entierro Digno, en España hay 17.850 cementerios, pero solo dos de cada 1.000 están habilitados para enterrar a los musulmanes de acuerdo con sus rituales. El microdocumental contextualiza este problema estructural en nuestro país y, además, pone el foco en el impacto humano de esta situación que vulnera el derecho a la libertad religiosa, tal y como denuncia ese colectivo ciudadano.

El documental ha sido realizado con la colaboración de MOVEMENTS e Iberian Media y se estrena en el marco de la presentación oficial de MOVEMENTS, una nueva plataforma tecnológica que busca apoyar causas sociales y ayudar a que se sostengan en el tiempo.

Según el equipo fundador de MOVEMENTS, la herramienta es “un sistema operativo para agentes de cambio, que permite transformar una causa puntual en un movimiento autosostenible, integrando en un único entorno de activación ciudadana, comunidad, contenidos, eventos y financiación recurrente”. “El gran cuello de botella del cambio social ya no es la movilización inicial, sino la capacidad de sostener el impacto en el tiempo. MOVEMENTS nace para resolver ese problema desde la tecnología”, explica en un comunicado Francisco Polo, uno de los dos cofundadores.

Miguel Bolaños y José Luis Muruzábal, Muru, no dudaron. El partido lo había acordado y ellos acataban la disciplina colectiva: escalarían hasta lo alto de la chimenea en construcción de la central térmica de As Pontes (A Coruña, Galicia). La dictadura agonizaba, era agosto de 1975, y la resistencia antifranquista debía salir de las sombras. La propaganda por el hecho. Esa era la consigna del Partido del Trabajo (PT), organización de orientación maoísta con importante predicamento en la Transición y uno de los motores, junto a una incipiente izquierda nacionalista gallega, de la histórica huelga de As Pontes. La que vio como Bolaños y Muru se encaramaban a una chimenea que alcanzó los 356 metros de altura -la más alta de Europa- y culminaban así más de 20 días de paro obrero. El objetivo eran mejoras laborales pero la acción simbólica, y lo que supuso para la rearticulación del sindicalismo gallego, lo tatuó en la historia.

La localidad, en el interior de la provincia de A Coruña, no llegaba entonces a los 10.000 habitantes. Seis mil trabajadores secundaron la protesta. “Miles de personas se concentraban en un pueblo pequeño, llegados de muchos lugares para construir la central. No era fácil ni siquiera encontrar donde dormir, todo barracones y barrizales”, relata a elDiario.es Luis Burgos, abogado jubilado y en 1975 secretario de organización del PT en Galicia. Clandestino, claro. “Ese ambiente era propicio para que prosperase el tema sindical”, añade. A inicios de aquel año, el último de la vida de Franco, su partido había aprobado una nueva estrategia. El régimen se caía a pedazos, en parte empujado por la conflictividad político laboral, y la extrema izquierda buscaba salir a la luz.

“Decidimos hacer cosas espectaculares para llamar la atención, asumiendo riesgos. A Muru siempre se le ocurría algo. Acordamos lo de la chimenea”, recuerda. Ni Muruzábal ni Burgos eran exactamente militante de base. Ambos formaban parte del Comité Central del PT -una de las formaciones más activas a la izquierda del Partido Comunista- a nivel estatal. También estaban en el tajo: Muru como calderero en una auxiliar de Astano, en Ferrol, desplazado a As Pontes, y Burgos en las obras de otra central térmica, la de Sabón, en Arteixo (A Coruña).

Los riesgos asumidos, más allá de la hazaña física de subir a lo alto de la central en construcción, se materializaron cuando la Guardia Civil desplegó incluso un helicóptero para detener a Muru y a Bolaños, los dos escaladores. Aquel acto, de enorme repercusión en su día, fue, en todo caso, el estertor de una huelga de 21 días que había sacudido al régimen y ocupado planas en una prensa que, aún sometida a censura, ya no era capaz de esconder la intensísima agitación obrera.

Paco Vázquez 'largocaballerista'

“La huelga fue un fracaso desde el punto de vista de las reivindicaciones concretas. Pero sí tuvo un efecto político y sindical”. Habla con este periódico Miguel Campuzano, que en 1975 tenía 19 años y militaba en la Unión do Povo Galego (UPG) -un partido nacionalista y marxista origen del actual BNG- y en su rama estudiantil, Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA). Campuzano estaba en segundo de Filosofía y Ciencias de la Educación, y en el verano trabajaba en las obras de As Pontes junto a su camarada Xosé Manuel Díaz, de 17 años y todavía en el instituto. “El PT había ideado un método de agitación obrera bastante mecánico pero eficaz”, explica, “elaboraba en asamblea una tabla de reivindicaciones, se la presentaba a la patronal y si esta no respondía, huelga”. Los dos nacionalistas asistían a las asambleas, observaban e intentaban difundir su causa.

En el agosto caliente de hace 50 años, los trabajadores de la obra de As Pontes, asalariados de decenas de auxiliares, decidieron presionar directamente a la asociación de empresas. Reclamaban las 40 horas semanales, un aumento salarial lineal o que las compañías se hiciesen cargo del IRPF y las cotizaciones. La patronal se negó. Que cada empresa negocie por separado, alegó. La gente del PT, integrada en Comisiones Obreras, seguía su manual y propuso la huelga, relata Campuzano, que ha reconstruido la historia del paro en varios artículos. La dirección del sindicato, controlada por el Partido Comunista, no la quería. “Y nosotros, por consejo de nuestros enlaces en Ferrol (Lois Ríos y Elvira Souto), donde una táctica similar fracasara, no empujábamos”, afirma. Las habilidades dialécticas de Muruzábal y Bolaños se impusieron. El 6 de agosto de 1975 comenzó el paro. La represión no se hizo esperar: a los dos días ya había cientos de despedidos.

Las asambleas obreras se sucedían. La patronal no cedía, los operarios tampoco. En el conflicto mediaba Inspección de Trabajo que, contra todo pronóstico, no fue neutral. Dos jóvenes inspectores, recién aprobadas sus oposiciones, se inclinaban del lado de los huelguistas: Carlos Doménech y un Francisco Vázquez que entonces se autodefinía como largocaballerista y ya en democracia fue alcalde de A Coruña por el PSOE. En la actualidad sus posiciones convergen a menudo con las de Vox.

Campuzano recuerda como en el fragor de las batallas se enteraron de otro acontecimiento decisivo de aquellos meses frenéticos: la policía franquista había asesinado en Ferrol a su compañero de filas Moncho Reboiras. “Uno de los hermanos Aneiros [significados miembros del Partido Comunista en el área de Ferrolterra] llegó de Ferrol y nos dijo 'cuidado, esta noche mataron un tío a tiros', como diciendo 'es uno de los vuestros”, hace memoria. Era el 12 de agosto. Lois Ríos nunca acudió a la cita que, en As Pontes, había acordado con Campuzano y Díaz para entregarles propaganda. Formaba parte, junto a Souto, del comando de Reboiras. Consiguió escapar del cerco policial.

Los días pasaron y la huelga entró en un callejón sin salida. A finales de ese mes, y sin haber conseguido la readmisión de los despedidos, una asamblea dominada por los comunistas decidió finalizar la huelga. “Durante los últimos días es cuando Muru y Bolaños se suben a la chimenea para intentar dar la vuelta a la situación. Fue un gesto simbólico y quedó para la historia”, asegura Campuzano.

Raíces del sindicalismo nacionalista

El viejo sindicalista insiste en el valor cualitativo de la protesta de As Pontes. Él y Díaz también impulsaban entonces el Sindicato Obreiro Galego (SOG), una de las primeras experiencias sindicales ligadas a la izquierda nacionalista gallega. El ensayista y profesor Antón Baamonde, articulista de elDiario.es, comparte su impresión. Baamonde era un estudiante del instituto de Vilalba (Terra Cha, Lugo), su localidad natal, y militante de ERGA. “Vilalba y As Pontes [a 24 kilómetros de distancia] tenían mucha relación entonces. Y muchos amigos iban a As Pontes a trabajar unos meses. La construcción de la central térmica y todas las auxiliares ofrecían muchas oportunidades laborales”, señala.

Su labor, recuerda, consistía en hacer pintadas de apoyo a los huelguistas o repartir propaganda a la entrada de las factorías. “Era un tiempo de efervescencia política. Todo el mundo estaba metido en algo. Había relación con los curas de los Comités de Axuda á Loita Labrega y con la gente de Cristiáns polo Socialismo. Si tú conocías a alguien que trabajaba en un taller de As Pontes, intentabas meterlo en el asunto”, dice. As Pontes vivía un ciclo de proletarización: gente que llegaba del mundo agrario para trabajar en la fábricas. Y en ese ambiente, Baamonde también menciona las primeras pintadas del Sindicato Obreiro Galego, por ejemplo. No existen fotografías del conflicto, solo memorias individuales. O, por lo menos, nadie ha localizado imágenes. “No se sacaban fotos. Como mucho, las sacaría la Guardia Civil”, ironiza Luis Burgos, “infiltraban agentes en las asambleas, pero a menudo los identificábamos y los echábamos”.

Al repasar lo sucedido aquel agosto, Campuzano insiste en su importancia cualitativa y para el desarrollo del sindicalismo gallego, en concreto de su rama nacionalista. “Personas que nos conocimos en aquel momento y en aquel lugar después tuvimos un papel importante en la conformación de la CIG”, asegura. La Confederación Intersindical Galega es, en la actualidad, la primera central de la comunidad por número de delegados y de afiliados. Se fundó en 1993, pero las dos corrientes que nutrieron su principal antecesora, la Intersindical Nacional de Traballadores de Galicia (INTG), habían confluido en As Pontes: los militantes del PT integrados en Comisiones Obreras y que al poco tiempo se escindieron como CSUT y después se transformaron en la Central de Traballadores de Galicia; y el SOG, impulsado por la UPG, y más tarde Intersindical Nacional Galega.

“Compartiamos una forma de ser y de vivir. Eramos rupturistas de verdad, no estábamos por la ruptura pactada del Partido Comunista”, considera Campuzano, “nosotros, los nacionalistas, aprendimos mucho de las tácticas de Muruzábal y Bolaños, gente vital y combativa, que se acercaron a nosotros no por la cuestión nacional, sino por la de clase”. “El Sindicato Obreiro era entonces pequeño, muy clandestino”, argumenta Burgos, “pero coincidíamos en el objetivo de acelerar la ruptura democrática. Al final no pudo ser”. Las raíces de un importante sindicato y la memoria de un agudo episodio de lucha obrera en el tránsito de la dictadura a la democracia, eso sí pudo ser en agosto de 1975.

La central térmica de As Pontes comenzó a funcionar en 1976 y dejó de hacerlo en octubre de 2023. La chimenea a la que escalaron Muruzábal y Bolaños todavía domina la silueta de la localidad.

“Este movimiento se está convirtiendo en un movimiento político; los estudiantes tenemos nuestra lista [de candidatos] y esperamos que todo termine con las elecciones”, decía Vladímir en las marchas de Novi Sad justo un año después del incidente en la estación de tren de esta ciudad al norte de Serbia que acabó con la muerte de 16 personas.

Aquel accidente detonó unas protestas estudiantiles que exigían, en primer lugar, la rendición de cuentas, la publicación de todos los documentos relacionados con la reconstrucción de la estación de tren de Novi Sad y la investigación y la exigencia de responsabilidades penales para los responsables del derrumbe. Conforme se fue consolidando el movimiento, las exigencias fueron creciendo, desde el procesamiento de quienes atacaron a estudiantes en manifestaciones posteriores, hasta la convocatoria de unas elecciones que, esperan, hagan caer al Partido Progresista Serbio (SNS) de Vučić, en el poder desde 2012.

Los estudiantes consiguieron tumbar al ministro de Infraestructuras, Goran Vesić, y posteriormente al primer ministro, Miloš Vučević, pero no fue suficiente. Quieren tumbar el régimen y han elaborado una lista de candidatos seleccionada por cada facultad para acabar con el Gobierno en las próximas elecciones.

“Hubo varios momentos en los que pensé que el movimiento se desvanecería. Por ejemplo, después del pasado Año Nuevo, pero no fue así. También pensé que después del 15 de marzo, cuando tuvimos la protesta más grande, el movimiento empezaría a apagarse lentamente. Y tampoco ocurrió. Pensé que durante el verano pasaría, porque es cuando la gente se va de vacaciones, no fue así. También lo pensé durante los exámenes. Tampoco pasó. El movimiento ha sabido ser lo suficientemente resiliente como para superar todos esos momentos, y aquí seguimos”, cuenta Luka Marković, estudiante de Derecho y parte del movimiento estudiantil.

No ha sido la primera vez, en los últimos años, que la población se ha levantado contra el gobierno de Vučić en Serbia. En 2023, tras los tiroteos en colegios y masacres en Mladenovac y otras localidades —que dejaron decenas de muertos— se creó el movimiento ‘Serbia contra la violencia’, que pedía el fin de la cultura de la violencia en el país, pero que acabó controlado por los partidos opositores al Partido Progresista Serbio (SNS). No consiguió nada. Tampoco consiguieron nada las protestas surgidas del fraude electoral de las locales de diciembre de 2023 en Belgrado, a pesar de la certificación de irregularidades por observadores internacionales.

La fórmula de los estudiantes

Con este panorama, los estudiantes demandan la repetición electoral con un solo objetivo: tumbar el sistema. “Nuestro deseo no es formar un partido político, estar en el poder o convertirnos en una nueva parte del sistema. El objetivo del movimiento es traer un cambio permanente. No vamos a seguir los pasos de los partidos políticos tradicionales que han decepcionado a la gente una y otra vez”, admite Marković, quien clarifica que no quiere solo dar ideas abstractas.

No convocan elecciones anticipadas porque saben que, cuando finalmente lleguen, perderán. El régimen ha llegado a su fin. Vamos a hacer caer el régimen, solo necesitamos confirmarlo en las elecciones

Luka Markovic — estudiante de Derecho y manifestante

Y es que los estudiantes tienen diseñados los siguientes pasos: ya han creado su lista de candidatos para las próximas elecciones, sean anticipadas o no. Sin embargo, no se presentan como un partido político, sino como un “grupo de ciudadanos” (en serbio, grupa građana). La ley electoral serbia permite que las listas electorales sean presentadas por un partido político, una coalición o, como en este caso, un grupo de ciudadanos —deben reunir un umbral mínimo de firmas de ciudadanos para apoyar la lista—.

La fórmula que han usado los estudiantes ha sido sencilla: cada facultad ha elegido sus candidatos —quienes no son estudiantes— y se ha conformado la lista que formará este grupo ciudadano, la cual no anunciarán hasta que se sepa la fecha de las próximas elecciones.

Una vez presentada, “tendrán la responsabilidad de crear una plataforma anticorrupción para limpiar el desastre y, finalmente, hacer justicia a las víctimas de la caída de la marquesina. Será [un grupo] puntual, con el objetivo de recuperar la democracia parlamentaria y las elecciones periódicas. Esto es importante porque no somos un movimiento ideológico; nuestro objetivo es la lucha contra la corrupción y una reforma judicial”, explica el representante del movimiento.

El éxito del movimento estudiantil

Es en esta apoliticidad donde reside el éxito de las protestas —desde finales de 2024 hasta 2025 se han registrado más de 10.000 manifestaciones en más de 630 localidades del país—. El movimiento surgió desde las trincheras, en este caso las facultades; fue siempre horizontal y, de igual manera, impersonal —nunca hubo una cara o figura protagonista—. Además, no permitieron a ningún frente político adueñarse de este —a diferencia de movilizaciones anteriores— y sus peticiones, como dicen, no son ideológicas, solo piden el respeto a la Constitución. “Esa es nuestra gran diferencia: valor y creencia en la democracia”.

En este año de protestas se han extrapolado muchas lecciones del movimiento estudiantil en Serbia, así como del Gobierno de Aleksandar Vučić. Los estudiantes han sabido organizarse; han creado plataformas donde poder seguir las movilizaciones, sus reclamos siempre han sido claros y democráticos. Además, sus acciones se han mantenido pacíficas y han buscado el respeto de la ley y la Constitución serbia.

Por el contrario, la represión estatal contra ellos ha sido dramática desde sus inicios. Primero, y en palabras del presidente serbio, estas protestas están orquestadas desde Occidente —paradójico cuando hasta hace escasamente tres meses la UE no solo no se había pronunciado sobre las mismas, si no que en más de una ocasión había mostrado su apoyo a Vučić—. Pero, una vez se vio que el movimiento no se desvanecía, empezaría una continua represión violenta contra los estudiantes: Amnistía Internacional ha denunciado el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y hospitalización de jóvenes que protestaban pacíficamente. “Todos conocíamos los riesgos cuando nos metimos en esto. Por desgracia ya sabemos que los regímenes autoritarios no van a jugar limpio”, lamenta Luka.

“Vamos a hacer caer el régimen”

Ha pasado un año, dos meses y dos semanas desde el inicio de las movilizaciones de los estudiantes en Serbia, que ya suponen la mayor movilización civil desde la era de Slobodan Milosević. No ha habido un solo día en el que los estudiantes no hayan salido a la calle, las plataformas siguen convocando concentraciones, las facultades siguen organizándose, el apoyo sigue llegando desde todas partes, no solo de Serbia, sino de todos los Balcanes, pero Vučić se niega a convocar elecciones anticipadas.

Las calles ya no exigen simplemente la caída de un hombre, sino que expresan una exasperación más amplia: contra la corrupción, contra la represión, contra un sistema que ha estado aplastando y empobreciendo durante décadas. Están surgiendo nuevas formas de organización: desde estudiantes hasta trabajadores del sector público, desde maestros hasta obreros de fábricas. Un movimiento está tomando forma. Aún no está estructurado, aún está encontrando su camino, pero existe

Ivica Mladenović — politólogo

Un hecho importante cuando convocar elecciones ha sido uno de los mecanismos favoritos del presidente serbio para mantenerse en el poder. Desde que llegó al poder en 2012 ha llamado a las urnas cinco veces (a nivel nacional), de las cuales cuatro han sido anticipadas. “No convocan elecciones anticipadas porque saben que, cuando finalmente lleguen, perderán. El régimen ha llegado a su fin” tiene claro Luka, “Vamos a hacer caer el régimen, solo necesitamos confirmarlo en las elecciones”

El pasado 9 de diciembre hubo otra concentración a las puertas de la Facultad de Agricultura, el mismo día que se cumplía un año de su bloqueo por las movilizaciones. “Se cumple un año del bloqueo de la Facultad de Agricultura. Queremos pasar por las calles y el camino en el que aprendimos lo que significan la unión y la verdadera solidaridad”, se leía en la convocatoria a la protesta.

El calendario de movilizaciones estudiantiles en Serbia sigue actualizándose diariamente.

El sistema serbio: clientelismo y abuso de poder

En febrero de este año, el doctor en Ciencias Políticas e investigador del Laboratorio de Teorías Políticas (LabToP) y del Instituto de Filosofía y Teoría Social de Belgrado, Ivica Mladenović, escribía: “Las calles ya no exigen simplemente la caída de un hombre, sino que expresan una exasperación más amplia: contra la corrupción, contra la represión, contra un sistema que ha estado aplastando y empobreciendo durante décadas. Están surgiendo nuevas formas de organización: desde estudiantes hasta trabajadores del sector público, desde maestros hasta obreros de fábricas. Un movimiento está tomando forma. Aún no está estructurado, aún está encontrando su camino, pero existe”.

“La gente estaba, en muchos sentidos, decepcionada con los partidos políticos tradicionales; sabían que nunca serían capaces de ser el motor del cambio. Y hay un deseo genuino de cambio y de compromiso. Se ve el movimiento estudiantil como una especie de esperanza”, explica Luka.

El espectro político de Serbia se encuentra manchado por la corrupción y el clientelismo, donde la lealtad al partido gobernante se convierte en la moneda más valiosa; y los recursos públicos, en herramienta de poder. Las redes clientelares manejan prácticamente todas las esferas del Estado: administración pública, empresas estatales, organismos reguladores, instituciones sociales y servicios públicos. En este sentido, a cambio de su apoyo [al partido], quienes forman parte de esas redes reciben favores: contratos públicos, empleos dentro del aparato estatal, licencias, trato preferencial, acceso privilegiado a servicios y —con frecuencia— impunidad frente a la ley.

En este contexto, la distinción entre lo público y lo privado se diluye: decisiones sobre infraestructuras, licitaciones, ayudas sociales o subvenciones quedan sujetas no al interés general, sino a la lógica del poder. Y es aquí donde los estudiantes encuentran la explicación a lo que ocurrió aquel 1 de noviembre de 2024 en Novi Sad.

“Creo que lo que hacemos es enviar un mensaje de que no toleramos —y que la gente no debería tolerar— la corrupción y el abuso de poder. Y que tú, como individuo, eres importante y deberías involucrarte en cómo se gestionan las cosas”, analiza el estudiante de Derecho.

En su informe más reciente, Freedom House cataloga a Serbia como “parcialmente libre”, es decir, aunque formalmente existen elecciones multipartidistas, en la práctica los derechos políticos y las libertades civiles han sido erosionados. Desde hace años, la separación de poderes sufre un retroceso evidente: el poder judicial ha perdido la independencia; Aleksandar Vučić y su partido ejercen un control casi total sobre los medios de comunicación; y el ejecutivo — también bajo Vučić — ha concentrado amplios poderes, debilitando los mecanismos institucionales de control.

El historiador y periodista Rutger Bregman (Westerschouwen, Países Bajos, 1988) se ha convertido en los últimos años en un incordio para las élites. En 2019, su intervención en el Foro de Davos se volvió viral, al defender ante las élites más poderosas del mundo que los ricos “no pagan su parte” y defender la justicia fiscal. Hace una semana, una intervención crítica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le tiene en el punto de mira, fue censurada. En el eje de sus discursos están los impuestos y una renta básica universal, pero con su último libro, 'Ambición moral' (Editorial Península), este intelectual holandés pone el foco en lo que los individuos pueden hacer en su día a día.

Bregman ha creado una Escuela de Ambición Moral, donde ha invertido la mitad de sus ahorros y con la que pretende atraer el talento para ponerlo al servicio del bien común y atajar el “desperdicio de talento” que se produce en algunas de las industrias más poderosas del planeta, “que no convierten el mundo en un lugar mejor”.

¿A qué llama 'ambición moral'?

Como especie, nos enfrentamos a problemas enormes, como la amenaza gigantesca del clima; la próxima pandemia, que puede estar a la vuelta de la esquina; la pobreza global, que probablemente vaya a peor; o los miles de millones de animales que sufren en macrogranjas, una de las mayores atrocidades morales de nuestro tiempo. La lista es enorme, pero hay muy pocas personas trabajando para solucionar estos problemas. Es un gran desperdicio de talento, con millones de personas atascadas en trabajos que no convierten el mundo en un lugar mejor. El antídoto es la ambición moral, el deseo de utilizar tu tiempo y tu talento, pero también tu acceso a ciertas redes, tu capital cultural y financiero y todos tus privilegios, para marcar la diferencia.

El 17% de la población cree que su trabajo no contribuye en nada a la sociedad. ¿En qué trabajan estas personas y qué dice esto del sistema económico actual?

En realidad, es peor. El 8% está seguro de que su trabajo no tiene ningún tipo de impacto social. Si están en huelga, a nadie le importaría. Un 17% tiene dudas de que su trabajo aporte valor al mundo. Si lo sumas, un cuarto de la fuerza laboral cree que está malgastando su tiempo. Un amigo, que estudia en la Universidad de Oxford, habla del Triángulo de las Bermudas: lo que ve en Harvard, Princeton y Yale, las universidades más prestigiosas del mundo, es que la mayoría de los chavales terminan en consultoría, finanzas o derecho societario. Ganan mucho dinero, pero son carreras aburridas que no marcan la diferencia en la lucha contra los problemas reales.

¿Existe una relación entre salario e inmoralidad del trabajo?

Tengo un estudio que cruza los sueldos de ciertos profesionales con lo morales o inmorales que son esos sectores, según la población general. Cuanto más dinero ganas, más probable es que tu trabajo se considere inmoral. Un ejemplo fácil es el tabaco. Probablemente sea la industria más cruel que existe, responsable de millones de muertes al año, pero con salarios muy por encima de la media. Si lo piensas, es comprensible, porque trabajar en Philip Morris puede ser una de las cosas más patéticas que hacer con tu vida: te están pagando, básicamente, para que los jóvenes se enganchen. Para superar esa vergüenza, necesitas una compensación.

Teniendo en cuenta que la población necesita tener unas necesidades básicas resueltas, ¿hasta qué punto un individuo puede generar un cambio real en contra de un sistema económico y unas estructuras de poder muy potentes?

La primera observación es que hay muchos libros sobre mindfulness, que te enseñarán a ser más feliz, estar más relajado, productivo, etc., pero este no es necesariamente uno de ellos. Es un libro duro, que escribí inicialmente para mí mismo, cuando sentía que necesitaba una patada en el culo. La segunda es que hay mucha gente de izquierdas muy buena a la hora de señalar los problemas del sistema y las injusticias estructurales del capitalismo, del patriarcado, etc., pero existe el riesgo de que eso se convierta en una excusa para no hacer nada. A lo largo de mi carrera me han fascinado estos pequeños grupos de ciudadanos comprometidos, que han logrado algunos de los mayores cambios de la historia, desde los abolicionistas a las sufragistas. Todos empezaron con un grupo reducido de personas, así que siempre me ha parecido muy superficial y falto de esperanza creer que la gente no puede generar cambios o que es neoliberal pensar que los individuos no pueden marchar la diferencia. El comportamiento es contagioso, podemos inspirarnos los unos a los otros.

Estamos viendo el colapso total de las organizaciones progresistas, totalmente ineficaces a la hora de obtener resultados

¿La pureza ideológica de una parte de la izquierda ayuda a conseguir cambios reales o frena avances más factibles pero no tan estructurales?

Los últimos 10 años han sido catastróficos. Hemos visto el auge de movimientos muy importantes, como el Black Lives Matters, el MeToo, Fridays for Future o Occupy Wall Street, que han generado resultados… variados, siendo amable, porque alguno no ha supuesto ningún cambio legal. Eso contrasta con los movimientos por los derechos civiles de los años 60, liderados por gente como Rosa Parks o Martin Luther King, que cambiaron la vida de los americanos negros con grandes reformas legislativas. Hace unos años el mundo se volvió woke, pero lo que estamos viendo hoy, especialmente en Estados Unidos, es el colapso total de las organizaciones progresistas, totalmente ineficaces a la hora de obtener resultados.

Por ejemplo, la derecha ha sido muy estratégica en la lucha contra el aborto. Empezaron hace 30 años y han construido todo un ecosistema de oposición, impulsando miles de juicios que han creado la vía para acabar con la ley en todo el país. Mientras tanto, ¿qué está haciendo la izquierda? En lugar de estar en las barricadas, están luchando unos contra otros. A la gente que sufre opresión, desigualdad o pobreza le da igual que tengas razón o pureza moral, lo que quieren es que ganes, aunque esos signifique hacer cosas contraintuitivas o generar coaliciones con gente que no te cae bien.

En el libro dice que la protesta moderna consiste en “clics y likes esperando que otros hagan algo”. ¿Qué papel juegan las redes, donde vemos campañas muy bien estructuradas, generalmente de extrema derecha?

En el libro pongo el ejemplo de la marcha de Washington en los años 60. Fue muy difícil de organizar, porque la gente no tenía Twitter, Facebook ni Instagram. Había todo un aparato trabajando con listas, direcciones, número de teléfono y tratando de distribuir toda esa información. Eso garantizaba que lo que sucedía era más duradero y sostenible y esas redes no desaparecieron tras la protesta. La ironía de Twitter es que, cuando se lanzó, todo el mundo pensó que sería la edad dorada de los movimientos sociales y que la gente con poder temblaría ante las masas. Hemos visto que ha sido, más o menos, lo contrario. Ha habido un aumento de las protestas, pero cada vez más ineficaces.

"Un ecosistema dentro de la derecha cree que la democracia tiene que ser destruida"

Dice que el progreso moral no es lineal, ¿qué lectura hace del auge de gobiernos reaccionarios, de Trump y Milei o del auge de la extrema derecha en Europa?

Es mucho más preocupante de lo que la gente parece entender. Si cogiéramos un libro sobre una explosión autoritaria y la caída de la democracia, en los primeros capítulos leeríamos lo que está pasando en el mundo ahora mismo. He estado un año viviendo en Nueva York y uno de los motivos por los que he regresado a Holanda es que, como inmigrante, estaba preocupado por mi familia y por poder expresar mis opiniones con franqueza. Cuando aterricé en Ámsterdam, mi cara apareció en la portada del Daily Mail con un titular de que la Casa Blanca no estaba contenta conmigo porque había dicho que Trump era el presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos.

La frase fue censurada una semana después por la BBC, para que te hagas una idea de la cobardía de estas instituciones. Las cosas que dábamos por hecho hace un tiempo, como la libertad de organizarte o de expresión, está claramente amenazada porque hay un ecosistema dentro de la derecha que cree que la democracia tiene que ser destruida. En el libro hablo de Peter Thiel, al frente de la construcción de esa alianza y que financió directamente las políticas de Bush. Han sido muy claros y están mucho mejor organizados, financiados e ideológicamente preparados.

La BBC reconoció esa autocensura. ¿Se ha vuelto a poner en contacto con usted?

Es tremendamente irónico, porque la propia BBC me pidió dar cuatro conferencias sobre los desafíos a los que nos enfrentamos como humanidad. La primera iba sobre la cobardía de las instituciones que se ponen de rodillas ante el autoritarismo... censuraron la clase de la censura, después de haber pasado un proceso editorial de meses. Claramente, se veían amenazados por la administración Trump y el Consejo Legal de Estados Unidos. Es un principio de la dictadura, nunca había vivido algo así. En la grabación de audio mi voz desaparece, escuchas el momento del corte y, dos o tres minutos después, se me escucha hablar sobre la cobardía de las élites occidentales. Me pareció una experiencia tremenda, pero van a emitir las otras tres conferencias. No culpo a los periodistas de la cadena, que han hecho un trabajo increíble. Es una decisión que, evidentemente, viene de arriba.

Algunos avances tecnológicos surgen de esa ambición moral. En un contexto de grandes revoluciones en torno a temas como la inteligencia artificial y la automatización, ¿qué políticas garantizan que esos avances no concentren aún más la riqueza?

Soy un socialdemócrata europeo chapado a la antigua, que cree en una economía mixta. Esto significa que hay que dar espacio a los emprendedores para innovar. A la vez, necesitas un sector público sólido y potente, porque las mayores innovaciones y el bienestar de la población se ve garantizado por la sanidad, la lucha contra la pobreza, etc. Lo que vemos hoy es que el equilibrio ha desaparecido por completo y la desigualdad se ha salido de control. Hay especulación por todas partes y los mercados están descontrolados, pero tenemos una cura. Lo dije hace seis años en Davos: impuestos, impuestos, impuestos. Es todo lo que necesitamos, muchos más impuestos para los ricos. Lo puedo repetir hasta que me muera y la mayoría de la gente está de acuerdo. El 80% de la población piensa que los ricos deberían pagar más. Para pasar de A a B hace falta talento, por eso estamos intentando reclutar a gente inteligente que trabaja para las grandes firmas. Somos los Robin Hood del talento. Estamos haciendo lobby y trabajamos, por ejemplo, con Gabriel Zucman, un economista francés que está liderando este encargo. Es ciencia para hacer cohetes, pero la solución es que los ricos paguen más impuestos.

Cuando se habla de justicia fiscal, muchas veces el argumento predominante es otro: que los impuestos no se gestionan bien o, en el caso de España, que es un infierno fiscal —algo que contradicen los datos—. ¿Cómo se combate ese discurso?

Empezamos la entrevista hablando sobre trabajos de mierda. Si escarbas en los datos, los empleados en el sector privado tienen tres veces más posibilidades de considerar que su trabajo es una mierda que en el público. Tenemos que trasladar el mensaje de que el sector público genera mucha más riqueza que el privado, según la gente que trabaja en él. Es lógico, porque el Gobierno financia buena parte de la sanidad y la educación, servicios increíblemente esenciales. A la vez, tenemos que exigir excelencia a nuestros gestores, para que la gente no quiera trabajar en McKinsey, sino en el Gobierno, la empresa más prestigiosa de todas. Para eso puedes hacer fellowships, para atraer a los jóvenes, y pagar más. Esto es más polémico entre la izquierda, pero si trabajas para una administración en un tema social súper importante, no entiendo por qué deberías ganar menos que alguien que vende Coca-Cola. Si pagas en cacahuetes, atraes a monos. Hay que generar una cultura de excelencia dentro del gobierno, para que a la gente más lista y talentosa le parezca atractivo.

Las asociaciones vecinales de Huesca habían preparado para el pasado sábado una movilización inédita en la ciudad, concebida como la primera acción conjunta de los barrios desde hace años para denunciar el estado general de la ciudad y la falta de respuesta del Ayuntamiento ante problemas cotidianos que, según afirman, se agravan con el paso del tiempo. Aunque la concentración quedó suspendida por el desalojo urgente de 200 vecinos en la plaza Santa Clara tras detectarse el riesgo de derrumbe de cuatro de sus edificios, una emergencia prioritaria, las razones que habían impulsado la protesta continúan plenamente vigentes y han cristalizado en un manifiesto que las asociaciones consideran un punto de partida para un ciclo largo de reivindicaciones.

La iniciativa agrupaba a las ocho asociaciones vecinales de Huesca -Perpetuo Socorro, Casco Antiguo, Santo Domingo y San Martín, San José, María Auxiliadora, Santiago, San Lorenzo y La Encarnación- y a varias plataformas ciudadanas: la Plataforma para la Defensa del Patrimonio, Árboles Vivos y Ecologistas en Acción. El frente era amplio y transversal, y pretendía poner sobre la mesa un diagnóstico común: la sensación de que la ciudad se ha ido deteriorando en ámbitos urbanos, patrimoniales, ambientales y de servicios, mientras los mecanismos de participación permanecen estancados.

La convocatoria insistía en la necesidad de “un Ayuntamiento mediador, negociador y que sepa atender las necesidades de la sociedad”, una frase que resume, según los colectivos, el espíritu de la movilización. Los propios convocantes subrayaban que “la participación ciudadana se ha quedado en una mera intención; la administración local está muy lejos de la ciudadanía y la calidad de vida se deteriora ante la falta de atención de los servicios públicos”.

El malestar había crecido de forma sostenida durante los últimos meses, con episodios que han ido sumándose hasta generar un clima de desgaste evidente. El cierre prolongado de la biblioteca Ramón J. Sender en el Perpetuo Socorro, clausurada desde hace dos años por el mal estado de la cubierta y con una licitación que volvió a quedar desierta hace apenas unos días, se ha convertido en el símbolo más visible de esa inacción. Los vecinos lo expresaron con contundencia: “este es un espacio que es público, que es responsabilidad del Ayuntamiento de Huesca de tenerlo activo. Que quede desierto… es ya ‘la razón de la sin razón’”.

A ello se suman controversias recientes asociadas a las actuaciones sobre el arbolado urbano, especialmente en la zona de Martínez de Velasco, donde la tala y la poda intensiva provocaron protestas vecinales. Árboles Vivos Huesca denunció que “el Ayuntamiento ha rebajado en un 87% la propuesta inicial de protección de ejemplares singulares en tan solo 12 años”. El descontento se extiende a la gestión de equipamientos y espacios públicos. En el barrio del Casco Antiguo, por ejemplo, las obras del Círculo Católico permanecen paralizadas, mientras el estado de calles como Lanuza o Sebastián Martín-Retortillo acumula quejas desde hace años.

En La Encarnación, la falta de mantenimiento y la ausencia de un proyecto claro para la zona han alimentado un sentimiento de abandono. Desde la Asociación de Vecinos del barrio de San José señalaron que “otra de las quejas vecinales pasa por el estado de nuestras calles y aceras, está deteriorado” y añadieron que “hay vecinos que nos piden que se mejore el parque, cuando llueve, cuando hace viento, se puede mejorar y también su iluminación porque vemos que es necesario acometer el alumbrado”. En varios barrios, las sedes vecinales reclaman reformas que llevan años pendientes. La Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago denuncia que “el local presenta diversas deficiencias, entre ellas filtraciones… se trata de un problema que se arrastra desde hace años y del que la comunidad vecinal es plenamente consciente”.

En el plano patrimonial, el antiguo Seminario y su prolongado deterioro han sido uno de los elementos más citados por las plataformas convocantes. La Plataforma para la Defensa del Patrimonio afirmó que “la inacción municipal, las trabas técnicas y la falta de voluntad política del equipo de gobierno paralizan cualquier acción conducente a la recuperación y aprovechamiento de la imponente construcción histórica”.

La decisión del Ayuntamiento de ofrecer el edificio a Paradores Nacionales como vía para desencallar la situación ha generado división: mientras algunos ven la fórmula como una oportunidad, otros la interpretan como un intento de “declinar responsabilidades” y “sacar el problema de encima”. También el proceso de venta del estadio de la SD Huesca, rebautizado ya como El Alcoraz by Amazon, ha sido incorporado a la crítica general por parte de las asociaciones, que consideran que el Ayuntamiento ha demostrado mayor capacidad negociadora en este ámbito que en los asuntos que afectan directamente a la vida diaria de los barrios.

Las tensiones se intensificaron en los días previos a la concentración, cuando el Ayuntamiento convocó a las asociaciones a una reunión previa al consejo ciudadano. Seis entidades decidieron no asistir y acusaron al gobierno municipal de improvisación y de intentar desactivar la protesta de última hora. Dos sí acudieron, aunque posteriormente varias plataformas denunciaron que ni siquiera fueron invitadas, como Árboles Vivos y Ecologistas en Acción.

En este contexto Javier Moreno, presidente de la asociación de vecinos de María Auxiliadora, afirma que “la sociedad, con estas quejas, va más por delante de la administración… hay una sociedad que, en realidad, es más comprometida, más responsable, está más sensibilizada… con temas como por ejemplo, el medio ambiente”. Otra declaración destacaba: “No se trataba solo una arbitrariedad institucional sino una verdadera falta de respeto y evidencia de anormalidad democrática, en un intento de desmovilización in extremis y de división de los colectivos ciudadanos”.

La movilización suspendida concentraba también el descontento generado por la “externalización” de la planificación municipal y el encargo de consultoras privadas para el Plan Estratégico 2026-2030 y estudios culturales, dejando de lado diagnósticos realizados por los propios colectivos. Los vecinos denunciaban que esta dinámica “amplía la distancia entre administración y ciudadanía y duplica trabajos ya realizados”.

Pero más allá de la protesta, las asociaciones han presentado una lista detallada de diecisiete actuaciones prioritarias que exigen que se incorporen al presupuesto municipal de 2026. Entre ellas destacan la reparación inmediata de la biblioteca Ramón J. Sender; el estudio y la intervención urgente en la cubierta del Seminario; la puesta en uso del edificio municipal de Vitalia en San José; la reapertura del centro de salud del Perpetuo Socorro; la reorganización de las plazas de San Félix y San Voto; la finalización del parque San Martín; la restauración ecológica del río Isuela y la Acequia Mayor; la redacción de un Plan Director del Arbolado; la recuperación del cauce natural en varios tramos verdes; la mejora de las infraestructuras básicas del parque Miguel Servet; y la reparación de sedes vecinales en barrios como Santiago o María Auxiliadora. Para los colectivos, estos puntos no son una lista de deseos, sino “mínimos imprescindibles” para que la ciudad deje atrás una etapa de parálisis.

El descontento vecinal también ha sido amplificado por la difusión de fotografías que muestran el deterioro cotidiano: bancos rotos, aceras levantadas, alumbrado dañado, jardinería descuidada, fuentes que no funcionan o carriles bici con problemas de mantenimiento. Algunas voces remarcan que “aquí no hay ningún tema político; hay mucha variedad de personas de diferentes sensibilidades y pasaría igual si estuviera el PSOE en el gobierno”.

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa Lorena Orduna ha respondido que muchos de los problemas señalados no se originan en el actual equipo de gobierno, sino que vienen de anteriores legislaturas. También ha defendido que la elaboración y ejecución de proyectos requiere plazos largos y que existen limitaciones administrativas que no pueden acortarse. Asegura que las reuniones con los representantes vecinales han sido frecuentes y que se ha respondido a todas sus preguntas, negando así la acusación de falta de diálogo. También ha reivindicado su labor al frente del plan de emergencias derivado del riesgo de derrumbe en Santa Clara: “Ser alcaldesa es estar con tus vecinos en todo momento. Sobre todo en las situaciones más graves”, escribió el domingo en sus redes sociales.

Pese a la suspensión de la concentración, las asociaciones insisten en que la movilización continúa viva y en que el trabajo de denuncia y propuesta no se detiene. Para los colectivos, “esta movilización es una suma de enfados de los barrios con el Ayuntamiento”, un reflejo de que el malestar es amplio, sostenido y transversal.

La intención ahora es mantener la presión, reclamar la incorporación de sus demandas al presupuesto municipal de 2026 y, cuando sea posible, retomar la convocatoria para visibilizar públicamente el malestar ciudadano. Las asociaciones consideran que la crisis abierta por el desalojo en Santa Clara no hace sino reforzar su diagnóstico: una ciudad con problemas acumulados que requieren planificación, inversión y atención continuada. Su hoja de ruta a medio plazo implica mantener la coordinación entre barrios, reforzar el trabajo conjunto con plataformas ciudadanas y seguir documentando y denunciando las situaciones de abandono.

En este encuentro, José María Lama analizará cómo la sustitución del Antiguo Régimen por el sistema liberal en el siglo XIX transformó las condiciones de vida de campesinos y artesanos, generando las bases del movimiento obrero también en Extremadura. La charla rastreará los primeros indicios de activismo, como la detención de un grupo de obreros en Villafranca de los Barros en 1861, y el surgimiento de las primeras sociedades obreras en las décadas de 1870 y 1880.

Entre los hitos que abordará se encuentran la fundación de la primera agrupación socialista extremeña en Cabeza del Buey (1887), el anarquismo obrero de La Germinal en Badajoz (1900), la Casa del Pueblo de Montijo (1901), los congresos campesinos de Torre de Miguel Sesmero (1902-1903) o la elección de los primeros alcaldes socialistas en Azuaga, Llerena o Valencia del Ventoso.

Durante el primer tercio del siglo XX, republicanos, socialistas y anarquistas se disputaron el liderazgo de las sociedades obreras extremeñas, que evolucionaron desde el viejo republicanismo hacia formas más organizadas de acción sindical y política. Lama también abordará cómo, con la proclamación de la Segunda República en 1931, muchos de esos líderes obreros accedieron a los ayuntamientos, siendo posteriormente represaliados tras el golpe franquista de 1936.

Con una mirada histórica y social, la conferencia reivindica la memoria de quienes protagonizaron el nacimiento del movimiento obrero en Extremadura, muchos de los cuales pagaron con su vida su compromiso con la justicia social y los derechos de la clase trabajadora.

El espionaje sin orden judicial de policías nacionales a los movimientos sociales suma una nueva causa. Pero no contra ningún uniformado, sino contra activistas que protestaron contra uno de los agentes protagonistas de la infiltración. Un juzgado de Barcelona investiga a seis militantes de la organización independentista Arran por formar un “grupo criminal” cuya principal acción fue el lanzamiento de pintura a la comisaría de la Policía Nacional de Maó (Menorca), donde estaba destinado uno de los policías infiltrados.

Así lo ha podido saber elDiario.es tras tener acceso al auto del Tribunal Supremo que ha dirimido la discrepancia entre el juzgado de Barcelona (que entendía que la causa debía investigarse en Menorca por ser el lugar donde se perpetraron las pintadas) y el de Maó (que envió la causa a la capital catalana al entender que fue desde allí donde “se organizó” la protesta). El Alto Tribunal ha decidido que el caso se instruya desde Barcelona, tal y como había pedido la Fiscalía.

La base de la causa es el informe realizado por agentes de la comisaría de la Policía Nacional de Maó, esto es, la misma sede en la que trabajaba el agente infiltrado en enero de 2025, cuando los activistas de Arran lanzaron pintura contra su edificio. El “grupo criminal” del que hablaba la Policía en su atestado se mantuvo en el auto del juzgado de Maó que, asumiendo la tesis policial, abrió una causa por este delito, además del de daños y acoso.

Según el juez de Maó, los seis activistas de Arran forman parte un “grupo criminal”, delito habitualmente empleado contra bandas de crimen organizado o narcotraficantes, con “suficiente estructura y reparto de roles” no solo para viajar desde Barcelona a la isla para realizar las pintadas, sino también para grabarlas en vídeo y difundirlas desde la cuenta de la entidad.

En Maó, los activistas de Arran realizaron dos únicas acciones: el lanzamiento de bolas de pintura contra la comisaría y una pintada en una pared de la carretera general de la isla con el mensaje “infiltración es tortura, os las devolveremos todas”, y las iniciales del policía. Las publicaciones en redes sociales sobre la protesta, agregó el juez de la isla, “contenían mensajes relativos a datos personales e identidad del agente de Policía Nacional e incitación al odio”.

La infiltración del agente en los movimientos sociales de Barcelona fue desvelada por La Directa en 2023. Activistas estudiantiles, del barrio Gòtic de Barcelona y de un casal del Eixample reconocieron al policía como uno de sus compañeros de militancia con el que compartieron asambleas y concentraciones contra los desahucios durante meses. El policía llegó a puestos de coordinación en el núcleo del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) del campus Mundet de Barcelona.

El espionaje de este agente sin control judicial en movimientos sociales transcurrió en paralelo al de otros policías infiltrados en círculos anarquistas de Barcelona, independentistas de Girona o los movimientos sociales de Madrid y València. La Justicia ha rechazado investigar las infiltraciones y ha desestimado de plano todas las querellas de los afectados sin abrir ninguna investigación.

Por el contrario, tanto la Agencia Española de Protección de Datos como un juzgado de Madrid mantienen abiertos sendos procedimientos a un activista por exponer en Twitter a policías nacionales que se infiltraron en diversos movimientos sociales en la última década.

A la causa de la capital de España se suma ahora la que el juzgado de Barcelona, por orden del Supremo, instruirá contra los seis activistas de Arran. Previsiblemente, la jueza de instrucción los citará como investigados en las próximas semanas para completar la investigación, pues en el juzgado Maó ya declaró el policía infiltrado.

En Maó, los activistas de Arran realizaron dos únicas acciones: el lanzamiento de bolas de pintura contra la comisaría y una pintada en una pared de la carretera general de la isla con el mensaje “infiltración es tortura, os las devolveremos todas”, y las iniciales del policía. Las publicaciones en redes sociales sobre la protesta, agregó el juez de la isla, “contenían mensajes relativos a datos personales e identidad del agente de Policía Nacional e incitación al odio”.

Los activistas, arguyó el juez de Maó, “organizaron los actos desde Barcelona”, ciudad desde la que también cree que se publicó el tuit que divulgó la protesta. Ese mismo criterio adujo la Fiscalía del Supremo, quien señaló que los textos de los tuits “incitan al odio”.

En uno de los vídeos de Arran, agregó el fiscal del Alto Tribunal, “se observa al agente de la Policía Nacional salir del interior de la comisaría de Mahón”. Unido al mensaje del tuit de la entidad independentista, “sugiere que quienes se desplazaron a Menorca subieron los vídeos una vez regresaron a Barcelona”, lo que según el fiscal “evidencia funciones de financiación (compra del billete), ejecución material (pintadas), cooperación en la ejecución (vigilancia en vehículo próximo a las fechadas) y emisión y difusión del mensaje de odio (post en redes sociales)”.

El Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales se ha visto este martes interrumpido y finalmente suspendido antes de concluir, tras la irrupción de una protesta de la Plataforma de Pensionistas del municipio para reclamar mejoras en el transporte público hasta los hospitales de Laredo y de Valdecilla.

La sesión se encontraba ya avanzada cuando ha comenzado a oírse el ruido procedente de una cacerolada convocada por la plataforma a las puertas del salón de plenos, que impedía continuar con las intervenciones por parte de los concejales.

En ese momento, la alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), se ha ausentado durante varios minutos del salón del plenos para hablar con los participantes en la protesta.

A su vuelta, ha explicado que les había trasladado la “total sintonía” con su petición y que ésta había sido reivindicada tanto por la actual como por las anteriores corporaciones del municipio, si bien les ha asegurado que el Ayuntamiento “no tiene competencias” en este asunto, sino que corresponden al Gobierno de Cantabria.

Tras ello, la sesión se ha retomado por unas instantes pero ha tenido que ser interrumpido enseguida por el ruido de la protesta y por la entrada de aproximadamente medio centenar de participantes e la protesta al salón de plenos.

Herrán ha aclarado que no tenía inconveniente en que lo hicieran pero si entraban a escuchar la sesión y no a interrumpirla, advirtiéndoles de que si lo hacían la tendría que suspender.

Ante nuevas interrupciones, la alcaldesa les ha vuelto a pedir silencio para poder continuar el Pleno y les ha explicado que podrían intervenir al final de la sesión, durante el apartado de ruegos y preguntas.

Sin embargo, los manifestantes han seguido gritando lemas, como 'Transporte y sanidad' o 'Es nuestro dinero' y han increpado a los concejales de la Corporación para que hicieran algo para la mejora del transporte a los hospitales.

La alcaldesa ha advertido entonces que no iba a tolerar faltas de respeto, ni insultos a ningún concejal de la Corporación.

Lo que no ha hecho es pedir la intervención de la policía ya que, según ha dicho, “todos sabemos hacer las reclamaciones que nos interesan de manera correcta, con respeto y sin insultos”.

Sin embargo, al matenerse las interrupciones de los participantes en la protesta, Herrán ha decidido suspender el Pleno, que en ese momento debatía una moción del PSOE para la modernización y adecuación del puerto de Castro a las necesidades de los usuarios.

Esta iniciativa no ha podido debatirse ni votarse, lo mismo que otra del PRC que solicitaba el reacondicionamiento del centro cívico de Islares.

Tiene razón la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), cuando dice que “no puede hacer nada” por evitar la instalación de un McDonald’s en Puertochico. No menos cierto es que, aunque pudiera, no es probable que lo hiciera.

Tal y como fueron redactados los pliegos de concesión y la selección de una sociedad que puede destinar el espacio que gestiona a quien le salga de la caja registradora, escaso margen de maniobra le queda a la regidora y la llegada de McDonald’s está cantada, como llegó Burger King a los bajos del Casino de Santander, reformados con el dinero de todos. Algo parecido va a pasar con el Mercado de México, llamado a acoger un Mercadona, siguiendo los pasos del Mercado del Este, exterminador de comerciantes locales y museos de Prehistoria.

Los vecinos críticos con el daño a la imagen del ‘barrio’ y las molestias potenciales que puedan causar los idólatras de Ronald MacDonald llegan tarde y solo les queda pedir clemencia o un mínimo de algo, lo que no parece ser muy realista, como cuando la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pedía “comprensión” a los caseros para que los precios del alquiler no se disparasen, demanda que por cierto no ha tenido mucho eco, según van las cosas. Hay promesas de acotar el horario de apertura del futuro centro recreativo-cultural 'ronaldiano', pero no es muy creíble, es más, estará por ver que McDonald’s no acabe zampándose todo el mercado más pronto que tarde, cual hamburguesa ricamente caramelizada, y si me apuran, el centro cultural Doctor Madrazo, que no se sabrá qué pinta encima de lo que se le avecina por los bajos.

Es cierto que se han denunciado irregularidades en el desarrollo de la concesión, pero eso tradicionalmente nunca han sido obstáculos insuperables en Santander, la verdad sea dicha. La cuestión política, es decir, el modelo de ciudad hacia el que Santander se encamina y que los santanderinos votan, me parece mucho más significativo, incluso más que la supuesta conservación de la identidad de Puertochico, ya que, por esa regla de tres habría que realojar de vuelta a todos los pescadores en Castelar y Juan de la Cosa, de donde fueron expulsados tras un incendio que nunca les afectó. De esto nadie se acuerda, como tampoco parece acordarse nadie de que los descendientes de los históricos vecinos del centro de la benemérita y siempre leal capital se encuentran ahora en Canda Landáburu (Albericia), Pero Niño, Peñacastillo, Pedro Velarde, Santos Mártires y otros espacios a los que fueron expulsados.

Nada puede hacer la alcaldesa como nada puede hacer la ministra, algo palmario, como palmario es saber que el Ayuntamiento tenía en mente de forma clara y bien definida qué tipo de cliente buscaba para su mercado a la hora de pergeñar el pliego, como palmario es darse cuenta de que el PSOE no es un recién llegado a la política y que hace tiempo pudo intervenir decididamente en el mercado especulativo del ladrillo, lo que no ha ocurrido, salvo que algún socio incómodo le aguijonee.

No debe haber más problemas en la ciudad que la instalación del restaurante de comida rápida, ni mayor sorpresa que, entre todos los comerciantes de la ciudad, Cantabria y el Hemisferio Norte, tenga que ser una marca de comida rápida la que acabe por instalarse en el Foro capitolino. ¡Oh, sorpresa! Ninguna. Santander es el destino ideal para la comida rápida, la cultura rápida y el turismo exprés.

Es cierto que la alcaldesa no puede hacer nada por evitar que McDonald’s se instale, pero no menos cierto es que la elección ya fue hecha de antemano y que solo requiere del brazo ejecutor del concesionario. Blanco y en botella, McDonald’s.

Pero los vecinos se están movilizando y esto no es despreciable, tras el empecinamiento y (momentánea) victoria de los vecinos de Cazoña y Cueto. Los primeros bloquearon la extensión de la OLA a su barrio y los segundos el búnker de autocaravanas en Mataleñas. Puertochico, espacio emblemático copado por la restauración desde Tetuán a Ataúlfo Argenta, no quiere McDonald's por lo que significa y por lo que conlleva.

Otros están consiguiendo pequeñas conquistas. Los del Centro-Ensanche, opositores iniciales a la operación McDonalds’, ya tienen un compromiso para el cierre de terrazas por la noche, y en el Pesquero se pusieron farrucos en la defensa de sus fiestas frente a la contraprogramación del propio Consistorio en verano; o en apoyo a sus pescadores, hartos de un puente portuario sempiternamente cerrado, en este caso, averiado.

Por lo demás, en San Román se movilizan un día sí y otro también, ya sea por las marquesinas y aceras del pueblo, ya por rescatar su biblioteca, por ahora cerrada.

Son pequeños acontecimientos en el resurgir del movimiento vecinal y ciudadano, inasequible al parecer al riego de entradas taurinas, aunque lejos todavía de la fortaleza que alcanzó el movimiento con la Transición.

Esconderse detrás de un concesionario no es una estrategia muy galante. Sería mejor decir claramente que en Santander, McDonald’s siempre será bienvenido, en Puertochico o en la Plaza del Ayuntamiento, que, aunque no se haya visto cosa así en programa electoral ninguno, el votante del PP nunca se ha caracterizado por poner morro al emprendimiento sin filtro de las multinacionales y grandes superficies.

Y sobre todo porque los socialcomunistas bolivarianos también comen hamburguesas.

“Cuanto más tengo / más valgo / porque no todo el mundo / tiene derecho a un cuarto / aunque lo diga un libro / en el artículo / cuarenta y tanto”, reza uno de los poemas de Goyo Silvestre.

Detrás de este nombre se esconde Gregorio García Peña (Real de San Vicente, Toledo, 1993), ambientólogo, apicultor, actor y también poeta. 'Goyo' recuerda que su pasión por la poesía viene desde la infancia: “De pequeño, con 9 años o así, iba mucho con las ovejas, ya que mi padrastro tiene ganado. Estar en contacto con la naturaleza y con el campo te da mucho tiempo para reflexionar. Recuerdo que en el colegio un profesor tenía un amor muy especial por la poesía, y nos lo transmitía, al recitar por ejemplo a Espronceda. Además, nos hacía leer a nosotros también y se me fue pegando esa manera de expresarme conmigo mismo”, relata en una entrevista.

Para él, este arte es “es una herramienta de locos para expresarte, para tener ese diálogo interno”. Asegura que durante su adolescencia se fue desarrollando más ese germen poético, mezclándose con el rap y aunque dice que a él le falta “esa chulería de los raperos, porque hablo más del mundo que de mí”, encontró su voz poética que denuncia injusticias y que pretende hacer ver a los demás realidades que nos afectan a todos.

“La poesía siempre ha estado ligada a la política”

Goyo Silvestre ha sido siempre “más de recitar que de escribir como tal”, debido a su inquietud por el activismo social. Recuerda que cuando era más joven, “en la zona en la que yo vivo en Talavera nos tocó muy de cerca el tema de la sanidad pública y la educación, así que me vi recitando en manifestaciones y luego pasé a ir a micros abiertos”.

Para Silvestre, la poesía es “prácticamente política, ya sea desde el amor cuando reclama el amor romántico, pero también para reivindicar los derechos humanos, alzar la voz por los genocidios, la hambruna, ejerce de herramienta de denuncia social”. Para él la poesía siempre ha estado ligada a la política y viceversa, “desde los propios juglares que no solo entretenían a las personas, sino que también contaban realidades”.

En Toledo a nivel institucional no hay ningún tipo de ayuda para este tipo de eventos. Se ha dejado morir el 'Voix Vives', que era uno de los festivales mediterráneos de referencia en cuanto a la poesía

Silvestre está muy ligado a Cuba por su madre y ejemplifica que en el siglo XIX, “en la Cuba popular hay ejemplos como José Martí, que hacía mucha poesía hablando de la necesidad con respecto a la independencia de España”.

Utilizar la poesía como una herramienta para luchar contra las clases sociales, en “elementos como la décima cubana, en las que los campesinos que muchas veces eran analfabetos y, sin embargo, tenían la agudeza o el ingenio de hacer versos con una métrica concreta, desde el entretenimiento, pero que reflejaban problemas del día a día, también es una forma de hacer política, ¿no?, disfrutar, reivindicar y crear un arte que estaba dirigido a personas más cultas”.

Goyo recalca que con el paso del tiempo, quizá a medida que se ha alcanzado un estado del bienestar, al menos aparente, la poesía ha sufrido cambios. “En los últimos años, se ha acomodado en un estilo, en una métrica concreta o en la moda, por así decirlo. Es solo cuando aparece algo disruptivo cuando la poesía se vuelve a usar como un arma de denuncia social, cuando vuelve a las calles. Lo hemos visto con Alberti o Lorca, que consiguieron poner otra vez de moda la poesía, hicieron traerla de nuevo a las calles, a la gente de a pie, alejarla de lo culto”.

Silvestre señala que “en la actualidad, para que la poesía vuelva de nuevo a la calle tiene que ser un instrumento de visibilidad y crítica social. Desde temas como el genocidio de Gaza y muchos otros, hasta los derechos LGTBI, por ejemplo”.

Que la poesía sea un altavoz de temas sociales es también competencia en cierto modo de las editoriales. “Últimamente, está habiendo mucho escritor que está encontrando apoyo, no solo en editoriales, que muchas veces dan pocas facilidades para echarse en sus brazos, sino también en los propios lectores o las personas que les escuchan en recitales, y de esa manera la poesía está encontrando su altavoz”, explica Goyo, que él empezó en este arte alentado por aquellos que le escucharon durante una declamación.

Un 'cachorrito' en el mundo poético

Goyo Silvestre ha publicado dos poemarios con el nombre de Cachorrito, titulados 'Cachorro humano' y 'Cachorro y fuego'. Nos explica que escogió este seudónimo por varias razones: “Primero porque yo no me imaginaba escribiendo nada, pero en un recital unas señoras me dijeron que les había encantado y me animaron a escribir. Junté todos los poemas que tenía y me puse a ordenarlos. En ese momento pensé que yo era un cachorro en cuanto a la poesía, así que Cachorrito. También es un juego de palabras. 'Cacho' y 'rito', por la hipérbole de pedazo de rito que es escribir”, comenta entre risas.

De igual forma, asegura que a esos dos libros muy pronto les seguirá un tercero que cerrará el ciclo de “inmadurez poética”, ya que algunos de los textos y versos que se pueden encontrar en esos manuscritos “los escribí cuando tenía trece o catorce años, pero también son mucho más actuales, de justo antes de sacar a la luz los libros”.

Es para mí un putísimo orgullo representar a una ciudad donde hay tantísimos buenos y buenas poetas

Publicar estos dos títulos para Goyo ha sido como un ejercicio de evolución. “Pensé que era interesante, sobre todo por no perder todo el material que tenía escrito en las notas del móvil”. Cachorro humano, sería su carta de presentación como poeta. “En él puedes encontrar un poco de todo, medioambiente, que es una de las cosas que más escribo, también política bruta, en el sentido de que hablo de movimientos sociales, es un poemario muy personal en el que hay mucho de mí, donde confluyen el síndrome del impostor, pero también el amor”.

Con su segundo libro, Cachorro y fuego, se centra más en lo político: “Expreso mi visión del panorama actual en torno a muchas cosas, también del propio tiempo, que es lo más valioso que tenemos”. En la portada podemos ver dos figuras, una madre leona y un cachorro de león, que según detalla Silvestre hace referencia a su madre. “Mi madre siempre ha sido una leona que nos ha sacado adelante”, señala orgulloso.

Sobre el siguiente que cerrará la trilogía, nos avanza que “será una reconciliación con todo, una especie de canto a la esperanza” y que contará con la colaboración de otros poetas desconocidos.

A pesar de considerarse a sí mismo un cachorrito en el mundo poético, Goyo Silvestre representó a Toledo en la 14ª edición del 'Campeonato Estatal Poetry Slam' que se celebró en Lleida entre el pasado 18 y 20 de septiembre. Silvestre quedó como semifinalista entre los 12 primeros poetas de los 37 participantes que recitaron.

“Fue una experiencia brutal, que no me creí hasta que me vi en el escenario. Es para mí un putísimo orgullo representar a una ciudad donde hay tantísimos buenos y buenas poetas”. Para Goyo estar entre los 12 mejores slamers a nivel nacional también es un orgullo “a nivel de mi pueblo, sobre todo porque recuerdo a ese profesor que nos hacía recitar poesías y que te comentaba al principio. Pero lo más importante es no solo el reconocimiento, sino volver a poner la poesía en el mapa”. Entre risas, explica que todavía sigue sin creérselo: “Llegué a Lleida después de todo el día currando y al día siguiente, cuando volví, me tocó currar otra vez, entonces no estoy siendo muy consciente”

Toledo, ciudad en la que sus instituciones “dejaron morir” la poesía

La ciudad de Toledo ha destacado a lo largo de la historia por albergar auténticos genios del arte y la literatura, desde El Greco, hasta Lope de Vega o Garcilaso de la Vega, este último si nos centramos en la poesía. En la actualidad, Goyo Silvestre señala que en la capital toledana “hay muy buena recepción, tanto por la gente que le gusta la poesía, como aquella que no le gustaba, pero que al haber venido a algún recital, pues se llevan una sorpresa”. Explica que la clave es que “el poeta escribe desde las entrañas y eso siempre hace que conecte con alguien, es en verdad la magia”.

Considera que en esta ciudad “falta oferta cultural”, pero que por el momento no han encontrado “muchos obstáculos para construirla”. “La gente es muy participativa, desde Acoyani y Eddie que son los que organizan aquí el Poetry Slam de Toledo, hasta lugares como el Círculo del Arte, o eventos con asociaciones como Libros Viven que están haciendo mercadillos literarios el último domingo de mes, pero igualmente los bares y cafeterías que están abiertos a acoger recitales, como el Tasty”.

Sin embargo, critica que se hayan eliminado “grandes festivales de poesía” como el Voix Vives. “A nivel institucional no hay ningún tipo de ayuda para este tipo de eventos. Se ha dejado morir el Voix Vives, que era uno de los festivales mediterráneos de referencia en cuanto a la poesía”. Asegura que son iniciativas que han creado los “actores y actrices de la esfera cultural toledana”, pero que desde las instituciones no aportan facilidades para que se lleven a cabo. “La cultura en Toledo cada vez está más floreciente y es interesantísima, pero es una pena que no haya ningún tipo de ayuda por parte de las instituciones públicas”.

En los años 80 un convento en Lizaso (Navarra) albergó una comunidad llamada Arco Iris, un grupo de personas que a través del tantra, el yoga y la meditación buscaban lograr una libertad utópica lejos de la sociedad que hasta aquel momento conocían, el posfranquismo y la Transición. Desencantados y decepcionados por el movimiento obrero de Gipuzkoa, los padres de la cineasta Irati Gorostidi (Eguesibar, 1988) deciden integrarse en la comunidad Arco Iris. Décadas después y tras años de investigaciones, Gorostidi ha llevado su historia y la del resto de los integrantes de la comunidad a la gran pantalla con 'Aro berria', película estrenada en la 73.ª edición del Festival de San Sebastián.

“En un primer momento, la película muestra el movimiento obrero de Gipuzkoa, un momento en el que todo está cambiando, cambian las formas de organización de la lucha y se consigue la firma del Convenio del Metal del año 78, el primer convenio después del fin de la dictadura, con las primeras elecciones sindicales. La película refleja toda esa reforma económica y laboral que recoge los Pactos de la Moncloa y cómo lo vive un grupo de jóvenes que participan en asambleas y se autoorganizan”, explica a este periódico la cineasta.

Sin embargo, la decepción por la desmovilización de los años 80 en comparación con la lucha industrial masiva de los 70 empuja a esos jóvenes a buscar otras alternativas de vida relacionadas con el 'New age', un movimiento espiritual y cultural que surgió en Occidente en la década de 1970, caracterizado por una mezcla de diversas creencias y prácticas espirituales, como el paganismo, budismo, hinduismo y ocultismo. “Pasan de una época que es un hito en la historia del movimiento obrero vasco a acercarse poco a poco a una comunidad en las montañas, un proyecto de vida comunitaria en el que a través de cursos las personas entran en estados de catarsis y de trance a través de diferentes técnicas que tienen que ver con otras comunidades que ya existían en Estados Unidos y otros lugares de Europa y que tenían influencias sobre todo orientales”, detalla Gorostidi, que confiesa que los personajes de su película son inventados, aunque sus historias están inspiradas en la de sus padres y el resto de compañeros de la comunidad.

En su obra se pregunta qué les lleva a estas personas a cambiar radicalmente de vida hasta decidir dejarlo todo atrás y vivir en comunidad. “Para mí, lo más importante de la película o el hilo conductor ha sido tratar de acercarme y entender qué fue lo que atrajo a miles de personas en los años 80 en Euskal Herria a participar en la comunidad, porque parece muy rupturista con todo lo que habían aprendido a nivel social e interno. ¿Hasta qué punto 40 años de dictadura dejan huellas en el cuerpo y el inconsciente? Me llamó la atención cómo después de ese proceso de militancia, de trabajo muy teórico, en la fábrica, de una vida centrada en lo laboral, empiezan a plantearse qué pasa con las estructuras tradicionales de la familia y se replantean las relaciones sexo afectivas”, reconoce.

La cineasta reflexiona acerca de los prejuicios que rodean la comunidad Arco iris y el hecho de que en muchas ocasiones se relacione este tipo de comunidades con sectas. “Hay mucha prensa que habla de la comunidad Arco iris, pero no ha habido ninguna investigación posterior. Los medios de aquella época se referían a la comunidad como secta. Me parece importante que la película no tenga una mirada que juzgue ni las motivaciones para participar en los cursos o vivir en la comunidad, ni las prácticas que se llevaron a cabo. En ese sentido la película es abierta, aunque también contiene una visión crítica”, sostiene Gorostidi.

Esa visión crítica se basa en las tensiones y contradicciones que existieron dentro de la comunidad entre los propios miembros. “El tema de la liberación sexual, por ejemplo, es uno de los puntos centrales porque después de haber sido socializados en un sistema hiperrepresivo y católico la idea de la libertad sexual es difícil. La película también critica que a la comunidad le falta una perspectiva de género y que no se puede forzar a realizar determinadas prácticas, en ese sentido se hicieron mucho daño a nivel personal, porque la comunidad tenía una lógica absolutamente hetero normativa y la liberación sexual para una persona que ha sido socializada como mujer o como un hombre es algo radicalmente distinto”, lamenta.

Gorostidi busca que, al igual que ella cuando conoció la historia de sus padres, el público que vea su película reflexione sobre la comunidad y debata sin prejuicios sobre la posibilidad de pensar en otras formas de vida en común. “Me encantaría que la película generase conversaciones y reflexiones, que la gente que la vea no conecte con el prejuicio. Creo que lo que se replantearon esos jóvenes en relación con la vida, el trabajo o la forma de relacionarnos tiene mucho que ver con lo que nos planteamos los jóvenes hoy en día y reflexionar sobre ello creo que es un ejercicio interesante”, concluye.

Ha fallecido Pablo Osés Azcona (1932-2025) tras 93 años de una vida plena que, en cierto modo, representa la memoria de nuestro tiempo. Tal vez los mayores de 40 años le recuerden como uno de los líderes del movimiento por el 0,7%, que en 1993 y 1994 llenaron portadas de medios de comunicación con sus huelgas de hambre y de miles de tiendas de campaña las plazas y avenidas de decenas de ciudades en toda España, reclamando que se cumpliera con el acuerdo internacional de dedicar esa cantidad de la riqueza de los países del Norte para el desarrollo de los países empobrecidos.

En estos días se cumplen 31 años del inicio de aquellas acampadas que aún hoy, son recordadas por toda una generación que, de una manera u otra, reconoce en ellas el despertar de sus conciencias a la solidaridad internacional y a la justicia global. Hasta hace pocas semanas, aún me solía preguntar si España había llegado a esa cifra y se lamentaba de la ceguera y la irresponsabilidad de los sucesivos gobiernos. Tras el lamento, invariablemente se preguntaba: “¿cómo podemos hacer para que lo entiendan?”.

El movimiento por el 0,7% para los países empobrecidos fue con seguridad su momento de mayor proyección pública, que contribuyó a la expansión y la consolidación de una política pública de cooperación que se extendió por multitud de municipios en todas las regiones como respuesta a una movilización social sin precedentes en la materia. En 1994, su huelga de hambre junto a otros compañeros, así como una acampada en el Paseo de la Castellana, encendieron la chispa para la expansión de las movilizaciones que exigían a las autoridades el compromiso de destinar el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) a Ayuda Oficial al Desarrollo. Dos décadas después, la cifra invertida no alcanza el 0,3%.

Para él, que nunca le interesó su proyección pública, aquello fue otro episodio de una vida jalonada por el compromiso con quienes menos tenían. En una ocasión, hace algo más de un decenio, me habló de una frase que a menudo rumiaba como proyecto vital: “Mon plus beau grain de blè j'ai semé dans le sable” (“Mi grano de trigo más hermoso lo sembré en la arena”).

Hasta hace pocas semanas, aún me solía preguntar si España había llegado a esa cifra y se lamentaba de la ceguera y la irresponsabilidad de los sucesivos gobiernos. Tras el lamento, invariablemente se preguntaba: "¿cómo podemos hacer para que lo entiendan?".

Él supo como nadie arriesgar lo mejor de sí mismo en lugar de procurar conservarlo, sabía que la siembra era un requisito y una obligación moral, aún y cuando la cosecha estuviera llena de incertidumbres y riesgos. Pasó la vida sembrando sin cálculo, con la esperanza de que llegara el fruto y la floración. Muchos de los frutos pueden encontrarse hoy en puestos de alta responsabilidad política, empresarial y académica.

De los primeros sembrados, durante los 23 años que vivió como estudiante y sacerdote jesuita, los últimos como profesor y director de la escuela de ingenieros del ICAI, deja gran cantidad de amigos que le apreciaban y reconocían. Con muchos compartió luego el asociacionismo vecinal en Vallecas cuando en 1974 decidió, como tantos, colgar los hábitos y abandonar algunos privilegios, pasando a trabajar como electricista en los túneles para la ampliación de la línea 1 del metro de Madrid y a residir en las infraviviendas de aquellas Palomeras contra el Plan General.

Era el final de la dictadura que agonizaba ante la emergencia de movimientos populares y vecinales demandando derechos. En aquella comuna vallecana conoció a Luisa, el amor de su vida, y tuvieron a Gonzalo. Hace unos meses celebraron sus 50 años de convivencia, de amor y de complicidad comprometida.

Fue líder vecinal y cabeza de cartel por Madrid en las primeras elecciones democráticas de 1977 por la candidatura de unidad popular (CUP) y poco después gerente de OREVASA, la empresa mixta conformada por las 11 asociaciones de vecinos de Vallecas y organismos públicos con competencias en urbanismo y vivienda para realizar una de las mayores transformaciones urbanas realizadas en la época, que logró proporcionar vivienda digna a las 12.000 familias que habitaban un barrio en condiciones de inhumanas de abandono. Esta remodelación fue premio internacional de Naciones Unidas.

Para él, también fue un paso natural caminar desde las problemáticas locales de Vallecas hasta los desafíos globales como el cambio climático, la sostenibilidad y la solidaridad internacional.

Mientras se remodelaba aquel barrio por completo, cayó en sus manos el Informe Bruntland, que establecía la concepción del desarrollo sostenible y en el que parecían poder convivir dos de sus obsesiones fundamentales: la conservación de los ecosistemas y la justicia social planetaria. Él sabía que, en el fondo, eran una y la misma cosa. Por eso, pocos años después, el lema del movimiento 0,7% sería: “Por solidaridad, por justicia y por supervivencia”. “Supervivencia de todo el planeta, no sólo de los pobres”, solía aclarar él inmediatamente.

Para él, también fue un paso natural caminar desde las problemáticas locales de Vallecas hasta los desafíos globales como el cambio climático, la sostenibilidad y la solidaridad internacional. Tenía de manera natural esa comprensión del mundo que ahora llamamos con algo de pompa la mirada local-global.

Tal vez lo comprendió desde muy pronto, cuando un golpe de estado militar le sacó de su infancia y le convirtió en un niño exiliado en Francia cuando en septiembre de 1936 las tropas nacionales tomaran su Donosti natal. Allí creció bilingüe y comenzó a destacar por su facilidad para los estudios, hasta que su familia regresó a España teniendo él 12 años, de nuevo huyendo de una guerra que ahora era mundial.

Tras su vida sacerdotal, la remodelación de Vallecas y la movilización por la solidaridad internacional llegó su jubilación y la de Luisa, con quien pasó los últimos 24 años de su vida en Fuengirola, desde donde escribió y vio publicadas más de 400 cartas al director de diversos periódicos. Fue su manera de continuar luchando por un mundo más justo. La mayoría de ellas demandaban valentía a la clase política para enfrentar la crisis ambiental y social que aún hoy nos asola. Otras buscaban palabras para reconciliarse con Dios y algunas otras dialogaban con su propia muerte en voz alta. En ellas reconocía haber tenido “una vida buena y bella”. Aunque su permanente búsqueda para comprender y cambiar las cosas no se detenía.

Encuentro entre nuestra irregular, pero vasta correspondencia un texto que le identifica bien:

Está claro que la humanidad va como pollo sin cabeza. Toda la vida buscando dinero para acabar con el hambre y ahora aun buscando más dinero para parar el cambio climático y este dinero imprescindible lo están desperdiciando unos cuantos locos borrachos de petróleo en un Dubai imposible.

Esta descerebrada humanidad está enterrando, no sembrando, en la arena el dinero que estamos robando a los pobres.

¿Quién ha planificado este disparate? Es para creer en Satán.

Pablo Osés Azcona era el mellizo de mi madre, mi tío. Además, fue el sacerdote que me bautizó. También quien me prestó su Vespa querida a cambio de nada. Quien me regalaba libros sobre crisis, hambrunas, clima y desigualdades antes de que se hablara de ello. Él fue quien me llamó en 1997 y me explicó qué era un correo electrónico y cómo conseguir uno. De él aprendí algunas cosas sencillas, como que la inteligencia, sin generosidad y tolerancia, es un arma de destrucción masiva.

Él era juguetón y provocador, aunque a menudo no se le entendiera así. Sabía que sólo desafiando al poder se le podía distraer lo suficiente para lograr cambios imposibles. Le gustaba provocar el pensamiento de la gente y lo hacía realizando afirmaciones que querían sonar escandalosas. Él sabía que la mayoría se indignaba quedándose con el escándalo y no comprendían la provocación, así evitaban pensarse mejor las cosas. Entonces él se encogía de hombros y quedaba pensando la próxima provocación esperando a que alguien jugara con él a pensar lo imposible.

Él combinaba como nadie la cabeza de ingeniero con la voluntad de un poeta. Nunca tuvo el don de la palabra ni fue el mejor orador. En cambio, su cabeza perseguía sin descanso la fórmula para que todo el mundo pudiera ver lo que él veía: que en cualquier persona reside un enorme corazón lleno de bondad que tan sólo necesita sentirse reconocido y querido para dar sus frutos y florecer.

*El autor, Pablo Martínez Osés, es responsable de cooperación internacional de Oxfam Intermón y sobrino de Pablo Osés Azcona.

Decenas de docentes pertencientes a la Marea Palestina de Madrid desarrollan una acción simbólica de protesta contra el genocidio de Israel en Gaza. Los convocados en la plaza de Callao están leyendo desde las 10.00 de la mañana y hasta las 22.00 horas los nombres de todos estos alumnos “masacrados”, como si pasaran lista de forma virtual.

El volumen es tan grande que hace unos días dudaban de si serán capaces de poder citar a todos durante las 12 horas que durará el acto. Por el momento, decenas de docentes se han presentado voluntarios para pasar lista

“No podemos guardar silencio ante lo que está sucediendo en Gaza. Ante los crímenes que Israel está cometiendo en Gaza, la educación emerge como herramienta indispensable para combatir la deshumanización y defender la dignidad humana”, señalan en redes sociales miembros del sindicato CCOO que también pertenecen a Marea Palestina.

Por su parte, secretario general del PCE, Enrique Santiago, que ha visitado a los convocados, ha señalado: “No podemos esperar a la tramitación parlamentaria de la Ley de prohibición de compra y venta de armas mientras continua el brutal genocidio en Gaza y la anexión de Cisjordania”.

Esta se la segunda acción que este colectivo emprende en la capital en los últimos días, después de que un grupo de docentes se encerrara desde el martes pasado en la sede del Círculo de Bellas de Artes en lo que califican de “asamblea permanente”. “El encierro es ya indefinido, ya se lo hemos dicho al Gobierno, ahora estamos hablando de lo que vamos a hacer durante él”, dijeron entonces.

Durante ese encierro han recibido ya la vista de los ministros Sira Rego y Ernest Urtasun, de Sumar. Los profesores movilizados han alzado la voz porque creen que “la educación tiene que ser siempre la vanguardia y la conciencia ética de la sociedad”

Este sábado 23 de agosto, la XV Ruta Cicloturística (y a pie) organizada por la Coordinadora 'Queremos Futuro', que agrupa a representantes de ayuntamientos, pedanías, asociaciones de vecinos y otras fuerzas vivas de los pueblos afectos por el incendio de La Riba de Saelices en 2005, recorrió parte del área quemada en aquellos días de miedo y horror, durante los que las y los hijos y nietos de los pueblos de esta zona al este de Guadalajara, creyeron que esta parte de su mundo y su vida desaparecería para siempre, engullida por un torbellino incontrolable de llamas.

(Susana recordará más tarde, una vez acabada la marcha, cómo, en la tarde-noche del segundo día del incendio – el domingo 17 de julio – los vecinos de Villarejo de Medina se sentaron en las piedras areniscas del farallón de Peñalta a contemplar cómo el pinar ardía para despedirse de él, desolados y convencidos de que lo que estaban viendo era el final de un territorio que aman profundamente y al que identifican con las raíces que guardan su más íntima e intensa conexión con este planeta llamado tierra. Entonces no sabían todavía que, en las lomas justo enfrente de ellos, once personas habían perdido su vida tratando de extinguir el incendio que creían que estaba acabando definitivamente con una parte tan importante de su vida).

Más de centenar y medio de personas, muchas de ellas vestidas con prendas de color amarillo, en recuerdo del color del uniforme de los retenes forestales que trabajaron durante los cuatro días de sangre, sudor y lágrimas de 20 años atrás en la extinción del incendio, pedalearon – y caminaron – recordando a las personas muertas y reivindicando y afirmado la vida que sigue presente, aunque sea de manera fragmentaria y estacional, en estos pueblos que en invierno cuentan sus habitantes por decenas y en verano por centenares.

Este año, la marcha tenía más carga emocional que otros. No era solo por lo redondo de la cifra del aniversario – veinte años del horror –, sino porque tenía lugar en un momento en el que las pantallas de televisión, los debates radiofónicos y los editoriales de los periódicos están tomados por las imágenes de los pavorosos incendios en el noroeste de este país llamado España y las discusiones sobre sus causas y consecuencias. Imágenes, noticias y argumentos que reabren en las entrañas de los y las hijas y nietas de estos pueblos una herida que nunca se ha terminado de cerrar.

El miedo que veo en las caras de esa gente (en Galicia, Castilla y León o Extremadura) me recuerda el miedo que sentíamos nosotros Es muy triste verles tan desolados, porque les comprendemos perfectamente

(“El miedo que veo en las caras de esa gente me recuerda el miedo que sentíamos nosotros”. “Es muy triste verles tan desolados, porque les comprendemos perfectamente: Nosotros también estábamos arrasados por dentro”. “Cuando oigo que se han quemado 20.000, 30.000 hectáreas en Ourense o en León y pienso en el horror que para nosotros fue ver quemarse 13.000 hectáreas aquí… ¡¡¡Ufff!!!”. Estas y otras frases similares acompañan el pedalear, el caminar y las pausas del camino durante toda la ruta, y la emoción y conmoción que transmiten los tonos de voces y los gestos de quienes las pronuncian no dejan lugar a duda de que son profundamente sentidas).

En el Alto de la Sierra, Pedro Martínez, uno de los más activos miembros de la Coordinadora Queremos Futuro, recordaba como sucedió todo. No es que las y los hijos y nietos de estos pueblos lo hayan olvidado – en absoluto –, pero todas las comunidades necesitan sacerdotes o chamanes que transformen en palabras y relato sus recuerdos colectivos más dolorosos, para poder exorcizarlos o, al menos, asomarse juntos al abismo de su herida sin volverse locos de miedo o dolor. Él asume esa penosa tarea con una asombrosa naturalidad y una solemnidad sencilla, casi callejera, pero tremendamente efectiva.

Mientras habla, algunos paseantes dividen su atención entre sus palabras y la contemplación de la tendida loma que asciende hasta el Alto del Otero que, con sus 1.319 metros de altitud sobre el nivel del mar, es el punto más alto de la comarca. Al menos uno de esos paseantes ve la silueta de un solitario pino que se enseñorea por encima de las jaras y estepas que cubren la colina, un símbolo de lo que se perdió aquí veinte años atrás.

(Luego le corregirán y le dirán que, en realidad, esa loma nunca fue pinar y siempre fue estepa y que, de hecho, ese solitario pino puede que haya surgido como fruto de la regeneración – lenta, muy lenta, a ritmo de naturaleza y universo y no a ritmo de impaciencia humana – que experimenta el territorio que se quemó. Sin embargo, él – yo – prefiere quedarse con el símbolo en esta jornada llena de ellos.)

Pedro Martínez cuenta cómo el incendio comenzó por una maldita imprudencia de un grupo de excursionistas a quienes se les ocurrió encender una barbacoa en un día de julio con tanto calor como viento en el merendero vecino a la Cueva de los Casares, un yacimiento de pinturas rupestres paleolíticas en el término de La Riba de Saelices. Una pavesa caída de la barbacoa prendió en la hierba agostada del merendero y, en cuestión de minutos, el fuego, aliándose con el viento y la sequedad del aire del tórrido julio castellano, se labró un meteórico camino ladera arriba sobre el que avanzaba como un monstruo feroz cuyo rugido parecía imposible de sofocar.

(Él lo recuerda bien, porque ese día patrullaba la zona como parte del dispositivo de lucha contra el fuego del Gobierno de Castilla-La Mancha y fue el primer efectivo en llegar a la zona. No había pasado ni una hora desde que la chusta saltase de la barbacoa de los imprudentes, pero ya el fuego avanzaba imparable, alimentado por un viento superior a los 40 kilómetros por hora, en dirección noreste hacia Ciruelos, Mazarete y Tobillos, que esa misma tarde serían desalojados. “Le dije al jefe del operativo que estaban ardiendo miles de hectáreas. Él me dijo que era imposible. Estaba sobrepasado. Todos lo estábamos. Tristemente, no solo era posible, sino que era verdad”).

La silueta de Pedro, vestido de reivindicativo amarillo, se recortaba nítida sobre el alto, desde que se aprecia perfectamente la cicatriz del incendio que se paró, según él – y muchos otros y otras hijas y nietas de los pueblos de la zona –, no porque los esfuerzos ingentes de los efectivos desplazados a combatirlo pudiesen domar la fuerza de las llamas, sino porque las condiciones climáticas cambiaron. Sobre todo, porque cambió la dirección del viento. Gracias a ello, los pinares no se evaporaron en la memoria. Luego, gracias a los dos benignos veranos siguientes, comenzaron a regenerarse. Como consecuencia de este incendio, se crearon incluso nuevos medios de lucha contra el fuego, como la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Sin embargo, lo que no se ha podido crear en estos veinte años son políticas de largo plazo que eviten que incendios tan pavorosos como el de 2005 se vuelvan a producir. Tampoco se ha podido imponer un claro sentido del bien común que impida que, cada vez que las llamas veraniegas devoran miles de hectáreas, los políticos de gobiernos y oposiciones se arrojen muertos y cenizas a la cabeza. Así que, desde entonces – en realidad, desde antes de entonces – cada vez que el monte se quema, las recriminaciones, reflexiones y argumentos se repiten en un círculo vicioso que lleva a pocas partes, pero que llena minutos de televisión y radio y páginas de periódicos.

Un poco más adelante, en una loma a una decena de metros sobre la pista forestal que transitan ciclistas y caminantes, Pedro volvería a oficiar de sacerdote. Sostenía a su hija haciendo un regazo de su brazo derecho mientras en su brazo izquierdo sujetaba un ramo de enormes girasoles. A su espalda, el muro de piedra de una paridera. Delante de él, once rosas de acero adornadas con cascos, gafas y otros elementos del equipo de un bombero forestal que recuerdan a las once personas fallecidas veinte años atrás.

La vida y la muerte se unen como pocas veces durante la marcha en esta escena. La vida llena de alegría y esperanza de una niña de cinco años en brazos de su padre; la vida todavía presente en los girasoles – uno de los principales cultivos y pocas fuentes de riqueza de esta zona – recién cortados; la vida que emana del nutrido grupo de personas que – andando o en bici – ha llegado hasta aquí para honrar no solo la memoria de los once fallecidos, sino para afirmar su inquebrantable voluntad de mantener vivo el sentido de comunidad en estos pueblos olvidados por los despachos de la política y la economía, pueblos cuyos nombres solo se conocen cuando algún cordón umbilical de la vida une a ellos… o cuando se queman. La muerte que recuerdan – de manera redundante, porque nadie en este territorio es capaz de olvidar – las once rosas de acero y la emoción en la voz de Pedro que se quiebra y que es incapaz de reproducir los nombres de las once personas que murieron a apenas unos metros de este lugar.

(Once personas que eran sus compañeros; once personas que arriesgaron su vida cómo él la estaba arriesgando; once personas que luchaban para salvar la riqueza de una comarca que él ama profundamente: demasiadas razones para que la emoción aflore, la voz se quiebre y los nombres no salgan por el hueco empequeñecido de la garganta de Pedro. Pero aquí están los nombres y el recuerdo de sus vidas: Pedro Almansilla, Sergio Casado, Alberto Cemillán, Jesús Ángel Juberías, Manuel Manteca, Marcos Martínez, Jorge César Martínez, José Ródenas, Julio Ramos, Luis Solano y Mercedes Vives – el incendio de Guadalajara o incendio de los Pinares del Ducado, como se le conoce, sigue siendo el más mortífero de todos los sucedidos en España en este primer cuarto del siglo XXI).

Tras las breves palabras de Pedro, el sonido del silencio, del aplauso y de la dulzaina arropan los nombres no pronunciados y las vidas sacrificadas. En un promontorio más pequeño al otro lado de la pista forestal, un segundo monumento que los paseantes y ciclistas visitan después explica – tal vez y, en todo caso, de manera tentativa – el sentido de todo lo vivido. Lo mandó fabricar y trajo hasta aquí Jesús Abad, un funcionario del Ayuntamiento de Arcos de Jalón que el día del incendio conducía un camión autobomba acompañando al retén de extinción de incendios de Cogolludo y a los forestales que perecieron y que pudo sobrevivir milagrosamente gracias a que el agua que transportaba le protegió de las llamas.

El monumento parece – a primera vista – un amasijo de hierros sin sentido pero, si se mira bien, representa once árboles; una simbólica vida nueva por cada vida que, luchando contra el incendio, encontró su fin en este paraje. En su base, se lee una frase en latín: Vita Mutatur Non Tollitur. Quiere decir: “la (nuestra) vida no termina, se transforma”.

Si después de leerla se levanta la vista, se ven pequeños pinos de acículas muy, muy verdes – un verde casi iridiscente – que brotan en el valle, incluso en zonas en las que antes del incendio no había pinos. ¿Una señal de que ningún sacrificio es en vano? Los organizadores de la XV Ruta Cicloturística 'Queremos Futuro' y los y las hijas y nietas de estos pueblos de los antiguos pinares del Ducado de Medinaceli piensan que sí. Por eso siguen honrando a quienes murieron para defender la riqueza de este territorio. Por eso siguen apostando por mantenerlo con vida.

Vecinos y vecinas de La Atalaya, en el municipio de Guía, en el norte de Gran Canaria, han conformado la plataforma Stop Planta Biogás en La Atalaya y están dispuestos a llegar hasta el final para que a tan solo 500 metros del núcleo urbano municipal no se instale una planta de biogás prevista por la empresa Grupo Félix Santiago Melián con el visto bueno del Ayuntamiento.

“Nos enteramos por la prensa, como diría Felipe González”, cuentan los vecinos a este periódico. “Vimos una noticia donde concejales del Ayuntamiento de Guía, junto con técnicos de la empresa promotora, el Grupo Félix Santiago Melián, celebraban que para el proyecto de la planta de biogás solamente necesitaban la evaluación de impacto ambiental”.

Esa fue la primera noticia para los miembros de la después constituida plataforma Stop Planta de Biogás, a través de la cual comenzaron a informarse de qué era aquello y si es o no perjudicial para los núcleos poblacionales cercanos, como sería el caso de la prevista en Guía, a tan solo unos cientos de metros de una guardería, un colegio de primaria, un centro de mayores o un campo de fútbol.

Cuando los vecinos comienzan a investigar, sucedió lo que sucede en el transcurso de muchas luchas, que encontraron a otros pueblos en España afectados por los efectos nocivos de las plantas de biogás que luchaban por lo mismo. “Gente que tiene que vivir prácticamente encerradas dentro de sus casas porque los olores y el tráfico constante de camiones no los dejan vivir”.

El proceso de funcionamiento de una planta de biogás está diseñado para transformar residuos orgánicos (restos de comida, estiércol, lodos residuales o residuos agrícolas) en energía renovable valiéndose principalmente para ello de gas metano (CH₄) por medio de una digestión de materia orgánica llamada anaerobiosis.

En la anaerobiosis los microorganismos descomponen la materia orgánica en ausencia de oxígeno, generando una mezcla de gases (biogás), compuesta principalmente por metano y dióxido de carbono (CO₂). Se trata, por tanto, de un cóctel de gases inflamable, tóxico y, sobre todo, maloliente. Este biogás puede usarse para producir electricidad, calor o, tras su purificación, convertirse en biometano apto para la red de gas o como combustible para vehículos. A priori, se muestra como una energía renovable -y lo es-, pero en una ubicación inadecuada puede mermar la calidad de vida de las poblaciones cercanas, como ya se ha visto en experiencias de pueblos de la Península.

Aunque el funcionamiento de las plantas de biogás en Canarias no es estrictamente como el de las de la Península. Estas últimas suelen instalarse cercanas a macrogranjas porcinas. El caso de la de Guía, requeriría de que todo el estiércol que vaya a ser tratado en la planta deba ser transportado desde otros lugares de la isla de Gran Canaria, lo que a criterio de los vecinos pasearía los malos olores por los enclaves más importantes del municipio y podría atraer la presencia de moscas.

“Conocemos casos de pueblos de la Península”, explica Cosme Vega, portavoz de la plataforma Stop Planta de Biogás en La Atalaya, “donde las plantas se encuentran a dos y tres kilómetros de los pueblos, y que tienen que cerrar puertas y ventanas, vivir prácticamente encerrados porque los olores y el tráfico de los camiones no les dejan vivir”.

Vega se refiere a pueblos como el de Natalia Pérez, la alcaldesa de Balsa de Ves, en Albacete, que ha explicado públicamente las consecuencias negativas de tener cerca del núcleo urbano una planta de biogás. “Nos contaron las bondades de este tipo de proyectos, diciéndonos que era bueno para el pueblo”, explica Pérez en un vídeo difundido en Youtube, mientras realiza un recorrido explicando allá donde la llaman los riesgos que pueden acarrear estas instalaciones. “Primero nos vendieron la macrogranja de cerdos y luego la necesidad de tener junto a ella una planta de biogás para gestionar los residuos”.

La alcaldesa explica que a los pocos meses de estar instalada la planta de biogás, en el Diario Oficial de Castilla La Mancha se publicó una corrección donde lo que en un principio iban a ser 3.500 toneladas de restos hortofrutícolas a gestionar, se convierten en 26.000 toneladas de cualquier residuo industrial. “En mi pueblo hay un gestor de residuos encubierto bajo una autorización para una planta de biogás”, afirma la primera edil. “Esta gente no deja nada al azar y vienen buscando pueblos pequeños”.

También Televisión Española recogió los testimonios de vecinos de Llutxent (Valencia), que no pueden abrir las ventanas porque el hedor tras la instalación de la planta “es insoportable”.

Los vecinos de Guía temen que, al no estar esta planta prevista por el grupo empresarial norteño cercana a una macrogranja de cerdos -por las características propias de la explotación porcina de la Isla- , lo que se viene para el futuro del municipio es un “desfile de camiones pasando por el pueblo desde la autovía, atravesando la calle principal, que es donde están todos los comercios, donde están la mayor parte de las empresas, pasa por la plaza del pueblo, y después de pasar por la plaza del pueblo, pasan junto al colegio. Junto al colegio”.

Cosme Vega se refiere al colegio Juan Arencibia Sosa, al que acuden niños de 3 a 12 años. Desde este periódico nos hemos puesto en contacto con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para conocer su posición al respecto e informan de que actualmente han solicitado información por parte de la Consejería de Transición Ecológica para conocer si tiene alguna afección a este CEIP.

La actividad deportiva del campo de fútbol que se encuentra a menos de 500 metros de donde está prevista la planta de biogás también se vería afectada. Allí entrenan actualmente los equipos de la Unión Deportiva Atalaya y el Club Deportivo Valkyrias Becerril.

Los vecinos de la plataforma señalan también que se verían afectados los usuarios de una residencia de ancianos del Cabildo situada en el núcleo urbano, que aún no ha sido inaugurada ni presta servicio.

Vega señala in situ a este periódico la parcela donde está prevista la instalación de la planta, que ya cuenta con un aerogenerador y que, efectivamente, se encuentra a unos 500 metros del pueblo y ubicado junto al velatorio y el cementerio.

“Pero es que detrás”, añade Vega, “detrás de ese cementerio hay un antiguo vertedero en el que en algunas ocasiones se producía fuego espontáneamente y cada vez que se prendía fuego no había quien viviera en La Atalaya, no había quien viviera en los barrios de Gáldar, porque el viento, en función de para dónde soplara, llevaba todo alrededor. Entonces nosotros ya tenemos esa experiencia”.

En la página web del grupo empresarial Félix Santiago Melián, en el apartado de preguntas frecuentes donde expone el proyecto, se asegura que la planta está diseñada para no generar malos olores. “Todo el proceso de digestión es anaerobio (en ausencia de oxígeno) y se realiza en tanques cerrados y controlados, lo que evitará la liberación de compuestos gaseosos que puedan resultar molestos. El biogás y el digestato (el residuo final) se tratarán adecuadamente, y no se producirán escapes ni filtraciones”.

Pero los vecinos tienen otra idea de las intenciones de los promotores. “Ellos van a generar gas, el biogas lo van a quemar en un motor de cogeneración para generar electricidad. ¿Por qué lo quieren montar aquí? Porque desde aquí, como tienen el aerogenerador, tienen la conexión eléctrica”.

“Ni en tu pueblo ni en el mío”

“Ni en tu pueblo ni en el mío”. Es el lema oficial de los pueblos de España afectados por las plantas de biogás. Cosme Vega solo pide, en representación de la plataforma, que las consecuencias de esta instalación no molesten ni a las gentes de Gáldar “ni a ninguna población, que se haga en otro sitio. El grupo empresarial tiene fincas por todo el norte, es su planta, ellos sabrán dónde la quieren poner”.

La Plataforma ha mantenido una reunión con el Ayuntamiento en la que el alcalde les ha manifestado ser “un árbitro” que dio su informe favorable a la Consejería requiriendo tan solo “cuatro factores correctores”. Desde este periódico nos hemos puesto en contacto con el alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira, que ha pospuesto sus declaraciones para la próxima semana.

Del mismo modo el movimiento vecinal ha presentado al Ayuntamiento un informe hecho por técnicos donde “detectamos muchas irregularidades” y han solicitado el acceso al expediente que tiene el Gobierno de Canarias. “En teoría, este sábado se acaba el plazo. Si se acaba el plazo y no nos contestan, que no nos han contestado, pues el silencio administrativo es negativo”, se lamenta Vega.

Por todo ello no van a parar la lucha. Desde la plataforma convocan al pueblo y a los habitantes de la isla a una manifestación el día 31 de julio. Su sentir es que si se coloca la primera piedra de este proyecto “poco se podrá hacer después. No queremos ser el estercolero de la Isla”.