El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha contratado “trabajos de simulación de tráfico” en la confluencia de las carreteras N-I y A-15, a la altura de Andoain, “sentido Irún”. El estudio técnico pretende analizar los flujos circulatorios en un nudo que soporta una carga de tráfico significativa. Se da la circunstancia de que esto llega en un contexto de tensión elevada a nivel social y político del municipio guipuzcoano debido a los desacuerdos que existen con respecto al denominado 'lazo' de Bazkardo, una nueva infraestructura viaria proyectada por la Diputación.

La adjudicación —sin concurso por su cantidad— se ha formalizado el pasado 30 de julio de 2026 bajo la forma del contrato menor. El Ejecutivo autonómico abonará un importe total de 11.819,28 euros a la empresa Ingartek Consulting, cuya labor pretende ser finalizada antes 31 de diciembre de 2026. Este tipo de análisis técnicos coinciden con lo estipulado en la nueva de Movilidad Sostenible de 2025, la cual promueve el uso de evidencias y datos para la planificación de infraestructuras.

Una representante de la plataforma Errespetatu Andoain le ha señalado a este medio que la información proporcionada por las instituciones “no especifica” con claridad si el ámbito de estudio se limita a la conexión de la autovía de Navarra, la A-15, con la N-I en dirección Irún o si afectará al proyecto del ‘lazo’ en el otro extremo del pueblo. A su vez, ha comentado que están a la espera de una respuesta por parte de la Diputación de Gipuzkoa sobre la cantidad total de las alegaciones presentadas. Hace más de 10 días la plataforma solicitó a la entidad foral la información. Actualmente, solo son conocedores de 2.828 alegaciones que se tramitaron a través del registro municipal de Andoain.

El conflicto de fondo se basa en el rechazo de una parte de la ciudadanía al proyecto del 'lazo' de Bazkardo, una obra presupuestada en 57 millones de euros que busca eliminar las retenciones diarias. Errespetatu Andoain considera que este plan es un “parche” y que las instituciones están “vendiendo humo” con imágenes generadas por inteligencia artificial que carecen de rigor técnico. Como alternativa, los vecinos defienden una variante exterior, basada en un diseño de 2011, actualizado en 2024, que alejaría el tráfico de alta capacidad del casco urbano para mitigar la contaminación acústica en la zona residencial.

La segunda noche sin cenas solidarias en Donostia tras la prohibición del alcalde del PNV, Jon Insausti, ha sido sustituida por una cacerolada de protesta y por gente cenando en medio de la plaza de la Constitución. KAS (Kaleko Afari Solidarioak, la promotora de la iniciativa) ha rellenado con centenares de personas la plaza del antiguo ayuntamiento este miércoles por la tarde-noche. Este jueves seguirán en la pelea y “finalmente” tendrán una reunión con Insausti. Los portavoces de la iniciativa han exigido “retirar la prohibición” de su actividad solidaria, de la que eran beneficiarias unas 300 personas, y han recordado las propuestas que han puesto sobre la mesa para alcanzar “una alternativa conjunta”.

Lo que se avisó como una concentración ruidosa, con cacerolas, se ha transformado en una manifestación y en una cena. La iniciativa ha partido desde la Constitución hasta la Diputación de Gipuzkoa y ha vuelto a su punto de partida, donde se ha celebrado una cena conjunta. Entre cacerolazos y tambores, los manifestantes andaban cogidos de las manos por las calles mientras gritaban a una voz “cenar no es un delito” o “nadie es ilegal”. Se encontraban presentes desde voluntarios hasta personas que apoyan la iniciativa, incluyendo algunas que disfrutaban de las cenas cada noche.

Al volver a la plaza de la Constitución, los portavoces de KAS han compartido su molestia ante la falta de respeto hacia su labor. Partiendo de la frase que dijo Insausti durante su rueda de prensa de este martes –“humanismo sí, exigencia también”–, KAS ha declarado que humanismo es lo realizado en “seis años” y exigencia “es lo que se puede pedir al alcalde”. La iniciativa ha criticado a Insausti, a su partido el PNV, a sus socios del PSE-EE y al PP, que siempre se ha opuesto, por “fomentar miedo, el odio” y la criminalización de la pobreza. El regidor ha llegado a decir que hay datos que muestran que crece la delincuencia donde se producen los repartos y la oposición de izquierdas le ha acusado de comprar el marco de la ultraderecha.

Voluntarios de KAS le han comentado a este periódico su decepción ante la decisión del Ayuntamiento. Uno de ellos ha confesado no tener “esperanza de que se llegue a un acuerdo con el alcalde”, sobre todo al ver que “ha priorizado prohibir” antes que nada. Con cierto nivel de indignación, una trabajadora social le explica a elDiario.es/Euskadi que “cuando hay hambre” aumenta la tensión, insistiendo en la “falta de empatía” por parte de las autoridades. Adicionalmente, cree que el trabajo municipal puede “ser complementado” por iniciativas como ésta: “Una cosa no tiene que quitar la otra”.

Tras seis años de movilización social para paliar el hambre de más de 300 personas sin hogar, el Ayuntamiento de Donostia ha prohibido el reparto de cenas en la vía pública por parte de la iniciativa ciudadana voluntaria Kaleko Afari Solidarioak (KAS). La resolución municipal, firmada este lunes, fue comunicada esa misma noche por agentes de la Guardia Municipal en los puntos de reparto de la plaza de la Constitución, la plaza de Gipuzkoa y el entorno de Anoeta. El documento oficial fundamenta la decisión en informes técnicos de los departamentos de Salud Pública, Seguridad Ciudadana y Espacio Público, estableciendo el cese de la actividad a partir de este martes.

El alcalde, Jon Insausti, del PNV, ha justificado la medida señalando que la decisión nace de una “reflexión rigurosa, sosegada y serena”. El primer edil ha explicado que, aunque no cuestiona el origen solidario de la iniciativa, considera que “una comida al día no es suficiente para garantizar una inclusión social” y que es necesario transitar hacia pasos estructurados desde la vía administrativa. Insausti ha calificado este replanteamiento como un “ejercicio sano y necesario” para adaptar las políticas públicas a las necesidades actuales de acompañamiento.

Pero la prohibición se ha sustentado también en datos sobre “convivencia y seguridad”. Según ha detallado el alcalde, tras el cese de los repartos en el barrio de Egia en octubre de 2024 la delincuencia en la zona descendió un 20%, mientras que en los actuales puntos de reparto las intervenciones policiales se han duplicado. Diferentes voces, incluida EH Bildu, principal fuerza de la oposición, o IU, han acusado al regidor del PNV de comprar los argumentos de la derecha y de la extrema derecha. El PSE-EE, socio de coalición del PNV, sí apoya estas medidas del alcalde.

Como alternativa, Insausti ha anunciado un refuerzo de 500.000 euros adicionales para los servicios sociales, elevando la inversión total a dos millones de euros anuales con el apoyo del Gobierno vasco. Este presupuesto potenciará el programa Otorduak, que permite canjear tickets por platos en establecimientos colaboradores. Se anuncia un incremento de la capacidad de 316 a 416 comidas diarias. El alcalde ha admitido que esta opción “no es suficiente”, mas la ha defendido como un “punto de partida”.

Otro detalle que ha introducido Insausti es que las cenas, supuestamente, no son únicamente repartidas a personas arraigadas en la ciudad, sino provenientes de otros municipios. “Donostia no puede sola”, ha asegurado. El programa Otorduak requerirá un mínimo de empadronamiento para poder acceder a él.

Preguntado por los periodistas sobre cómo se buscará esa colaboración con otros muncipios, el alcalde ha anunciado que la Diputación de Gipuzkoa convocará a los concejales de servicios sociales de los ayuntamientos para coordinar una estrategia conjunta. Ha confirmado la asistencia de María Jesús Idoeta, la concejala de servicios sociales y acción comunitaria de Donostia.

KAS denuncia “falta de respeto” y exige un plan integral

La respuesta de la iniciativa social no se ha hecho esperar. Tras la comparecencia del alcalde, una multitud se ha concentrado frente al Ayuntamiento para denunciar lo que consideran una actuación marcada por la “falta de respeto y responsabilidad”. Portavoces del grupo KAS han criticado que la administración no haya buscado una interlocución directa con el colectivo antes de emitir una orden que deja sin alimento a centenares de personas “de un día para otro”.

Desde la iniciativa han asegurado que ni bajo el mandato de Eneko Goia, también del PNV, ni ahora con Insausti el Gobierno municipal ha mostrado “disposición a colaborar” para mejorar esta red voluntaria. Asimismo, han acusado al consistorio de carecer de un “plan integral” real, afirmando que la comida ofrecida en recursos municipales sigue siendo insuficiente para atender la demanda.

Entre los asistentes, un usuario habitual de las cenas ha querido expresar su angustia ante los medios: “¿Adónde vamos a ir ahora? ¿A quién le ha hecho daño un plato de comida?”, ha lamentado. Ha descrito a los voluntarios como su única “familia” en la ciudad. Ante la gravedad de la situación, el colectivo ha solicitado una reunión urgente con el alcalde y ha asegurado que seguirá luchando por el derecho a la alimentación, convocando una nueva movilización, una cacerolada, para este miércoles a las 20.00 horas en la plaza de la Constitución.

Se escucha un grito de alegría cuando el cartel con la cara de Narendra Modi es arrojado al suelo en el centro de Nueva Deli. Luego, llegan los pisotones. “Ladrón, ladrón”, corea una multitud entregada mientras aplasta contra el suelo embarrado la imagen del primer ministro de India.

Solo una semana antes, una escena así habría sido prácticamente inimaginable en la capital india. En los 12 años que llevan en el poder Modi y su formación, el Partido Popular de la India (BJP, por sus siglas en inglés), criticar al gobierno ha sido considerado como un acto peligroso. Las voces disidentes han sido aplastadas de manera rutinaria, rápida y eficaz.

Hasta que llegaron las 'cucarachas’. El movimiento que comenzó como un meme de Internet se convirtió rápidamente en uno de los desafíos más inesperados y relevantes contra el poder de Modi, instigado por una generación de jóvenes hartos que, sorprendentemente, no temen al Gobierno. Con el humor como el arma más poderosa, los insultos a Modi han proliferado por Internet en forma de memes y reels de Instagram donde la generación Z de la India vilipendia al gobierno.

“Daré la vida por esta causa si es necesario”

El eje central de la protesta comenzó siendo la educación y el escándalo por la filtración de un examen para entrar en la carrera de Medicina, con la renuncia de Dharmendra Pradhan, ministro de Educación, como su demanda principal –renunció el sábado, en una victoria para el movimiento–. Pero se ha convertido en una lucha mayor por recuperar la tambaleante democracia del país después de la represión que sufrieron los que acudieron a la protesta pacífica de la semana pasada en Nueva Deli: los recibieron con porras, gases lacrimógenos y perdigones, además de supuestos maltratos a las mujeres.

Aniruddh Gautam, de 21 años y estudiante de Derecho en la capital, fue uno de los que se atrevieron a participar en las protestas. “Me habían dado plaza para estudiar en una universidad británica pero elegí quedarme en la India porque creo en mi país”, dice. “Este Gobierno le ha arrebatado a los jóvenes sus sueños y esperanzas; hay jóvenes que han muerto por culpa de sus errores, daré la vida por esta causa si es necesario”.

No es la primera vez que Modi se enfrenta a protestas. En 2019 estalló una contra una divisiva ley de ciudadanía, y en 2020 hubo una huelga generalizada de agricultores. Pero los analistas creen que el movimiento de ‘las cucarachas’ ha planteado un desafío más complejo para el gobierno.

Son hábiles porque han hecho que las protestas sean profundamente patrióticas y han arrebatado al BJP la carta del nacionalismo

Tavleen Singh — Analista política

Los fracasos del Ministerio de Educación, y la filtración de los exámenes de acceso son temas que unen a los votantes de los dos partidos y preocupan al caladero de votos más importante e Modi: las familias hindúes de clase alta.

Las imágenes de niños y estudiantes golpeados por la policía generaron malestar incluso entre las filas del BJP. “Modi siempre ha sido muy bueno para superar las crisis”, dice la analista política Tavleen Singh. “Pero hablo con personas bastante cercanas a él y todo el mundo está verdaderamente confuso, sin saber qué va a pasar a continuación; dicen que Modi ha estado escuchando a la gente equivocada y que ha malinterpretado por completo el sentir popular”.

El Gobierno ha desacreditado otras protestas acusándolas de vínculos con terroristas musulmanes o paquistaníes, o con fuerzas oscuras en el extranjero. Pero la naturaleza profundamente secular de las últimas manifestaciones hace imposible repetir la estrategia. En las manifestaciones de las 'cucarachas' han participado personas de todas las religiones y clases sociales, entre ellos muchos hijos de simpatizantes del BJP.

Los límites de la maquinaria del BJP

Hindúes y musulmanes comieron y rezaron juntos en los lugares de protesta de la capital. Un cocinero musulmán se ha convertido en una celebridad por dar de comer a los manifestantes; y se han organizado comedores comunitarios dentro de los gurdwaras [lugares de culto de los sijs]. “Son hábiles porque han hecho que las protestas sean profundamente patrióticas y han arrebatado al BJP la carta del nacionalismo”, dice Singh. “También han recuperado el secularismo de manos del BJP, la religión la están usando para unir”.

Lo más relevante es que el BJP se ha topado con los límites de su propia maquinaria de propaganda. Tras una década en la que han prevalecido los medios cooptados que siguen la línea del Gobierno, los manifestantes de la Generación Z han creado su propio ecosistema informativo en las redes, dejando de manifiesto la marcada disonancia entre lo que ellos viven sobre el terreno y lo que emiten los canales convencionales de noticias, conocidos como los medios godi (perritos falderos).

“Nuestros medios son repugnantes, han divulgado mentiras una noche tras otra para tratar de acabar con nuestro movimiento llamándonos terroristas, pakistaníes, y antinacionales”, dice Sanna, de 26 años. “Por desgracia para ellos, aquí estamos difundiendo el mensaje”.

El joven político Anish Gawande es uno de los impulsores del ‘movimiento de las cucarachas’. En su opinión, las protestas multitudinarias han estallado porque “cada vez más, los jóvenes no ven un futuro prometedor para sí mismos en este país”. “Toda una generación de jóvenes indios con aspiraciones, entre los que me incluyo, creció con la idea de que el país avanzaba hacia el progreso, por más que tuviera defectos y necesitara mejorar”, dice.

“[Ahora] nos enfrentamos a la amarga realidad de que todo lo que el BJP nos vendió en 2014 nunca se materializó; las promesas hechas en los últimos 12 años se han incumplido una y otra vez, y el derrumbe de esa ilusión está desatando una rabia reprimida sin igual”, añade. En su opinión, el movimiento representa un desafío innegable para el poder del BJP. “Implica un duro despertar para el gobierno, comprender que no puede silenciar para siempre al pueblo de la India”, opina.

De parodia a movimiento

Ccuando surgió a principios de mayo, a la Administración Modi le resultó fácil quitarle importancia al Partido Popular de las Cucarachas [CJP, por sus siglas en inglés], cuyo nombre era una burla deliberada al gobernante Partido Popular de la India.

Abhijit Dipke, de 30 años, acababa de terminar un máster en la Universidad de Boston cuando lo creó. Su intención original era publicar una página web de parodia en respuesta al presidente del Tribunal Supremo de la India, Surya Kant, que durante una vista se había referido a las multitudes de jóvenes desempleados y activistas como “parásitos” y “cucarachas” (Kant negó posteriormente haber hecho esa comparación). El eslogan original del CJP era: “Una voz para los vagos, los desempleados y los adictos a Internet”.

Pero los jóvenes indios lo hicieron suyo, con decenas de millones de seguidores por Internet, y Dipke comprendió que la sátira era mejor mecanismo que la política convencional para representar sus frustraciones.

Dos días antes del supuesto comentario de Kant sobre las ‘cucarachas’, la vida de más de dos millones de estudiantes se vio trastocada cuando se supo que un examen de admisión a la facultad de medicina, muy competitivo, había sido filtrado y vendido por millones de rupias. Alrededor de 2,2 millones de estudiantes tendrían que presentarse otra vez a la agotadora prueba, compitiendo por solo 130.000 plazas. Para algunos, aquello fue demasiado. Más de una docena se quitaron la vida.

No era la primera vez que ocurría algo así. En los últimos años, decenas de filtraciones han empañado la reputación de esos exámenes y otros similares. El Gobierno creó la agencia encargada de los exámenes, pero nadie había rendido cuentas por ninguno de los casos.

Crecimiento y represión

A principios de junio, Dipke regresó a Delhi y formalizó los objetivos fundamentales del CJP: que alguien se hiciera responsable por la filtración de los exámenes, que el ministro Pradhan dimitiera, y que se acometiera la reforma de un sistema de educación superior corrupto, crónicamente infrafinanciado, y que sistemáticamente deja de lado millones de jóvenes indios.

A la primera manifestación del CJP en Nueva Deli acudieron apenas varios cientos de personas. Pero cuando regresaron a finales de junio, los manifestantes juraron que no se moverían del lugar de la protesta hasta que Modi destituyera al ministro de Educación. Esta vez, el CJP contaba con un personaje nuevo y emblemático: el reconocido ingeniero y activista indio Sonam Wangchuk.

Wangchuk ya se había manifestado contra la represión del Gobierno de Modi contra los disidentes: fue encarcelado en 2025 por una protesta, en virtud de las leyes antiterroristas. Evocando las huelgas de hambre protagonizadas por Mahatma Gandhi durante la lucha por la independencia, Wangchuk anunció su propia huelga de hambre en solidaridad con las ‘cucarachas’.

En un principio, el Gobierno de Modi optó por no reaccionar. Hasta que en el vigésimo día de la huelga de hambre de Wangchuk, la Policía de Nueva Deli lo desalojó violentamente, arrastrándolo en contra de su voluntad hasta el hospital. Un clamor popular de indignación impulsó entonces al movimiento y, en vez de las 10.000 personas que había calculado la policía de la capital, se estima que aparecieron unas 100.000, muchas de ellas coreando el nombre de Wangchuk.

La manifestación fue un punto de inflexión crucial en Nueva Deli, una expresión de disconformidad que no ocurría desde hacía muchos años. Para muchos de los jóvenes, fue su primera protesta y una especie de despertar político. Lloraban de emoción abrumados por la solidaridad y se abanicaban unos a otros para refrescarse del calor.

Con el aumento del número de manifestantes, la policía se vio superada en número y comenzó a recurrir a tácticas brutales para impedir una marcha hacia el Parlamento. Reprimieron a los jóvenes con gases lacrimógenos, porras y, al parecer, escopetas de perdigones, dando lugar a imágenes espeluznantes y endureciendo aún más la postura de muchos manifestantes.

Deeksha Mishra, de 17 años, fue una de las manifestantes. Había acudido por su hermana, que soñaba con ser médica y había caído en depresión tras la filtración de los exámenes. “La vi perder su sueño y su pasión, y supe que tenía que venir”, dice Mishra. “Vinimos pacíficamente, pero nos trataron como a terroristas; la policía nos golpeó con mucha dureza; había gente con la sangre corriéndole por la cabeza, con la nariz rota...”. Cientos de personas terminaron en el hospital ese día. Algunas, en la unidad de cuidados intensivos.

Días después, Mishra aseguró que ahora luchaba por algo más que las filtraciones. “Es por la corrupción, por nuestra democracia moribunda”, dijo. “El Gobierno quiere seguir ignorándonos hasta que la protesta se apague, pero eso no va a suceder; ya no tenemos miedo”.

“Acostumbrado a gobernar con impunidad”

Modi prometió medidas rápidas contra los responsables de las filtraciones y el sábado aceptó la renuncia del ministro. Según los analistas, la situación no era sencilla. Pradhan era uno de los ministros más leales y políticamente importantes. Para este líder autoritario, destituirlo podía ser percibido como un signo de debilidad y afectar a la lealtad de su gabinete.

Queda por ver hasta qué punto el movimiento de las ‘cucarachas’ afecta a la capacidad de Modi para atraer votos. Aún le quedan tres años de mandato y hace poco ganó una serie de elecciones estatales cruciales. Pero como afirma el analista político y columnista Pratap Bhanu Mehta, “lo más importante de este movimiento es que ha levantado el muro del miedo”.

“Este Gobierno está acostumbrado a gobernar con impunidad”, dice. “Les va a resultar difícil recuperar una autoridad que nadie discuta”.

Traducción de Francisco de Zárate.

Este artículo ha sido actualizado por la redacción de elDiario.es.

És mig matí i el sol cau a plom sobre el barri palmesà de Son Cladera. Amb prou feines hi ha moviment als carrers, només el murmuri que arriba des d'una petita plaça on, assegudes a la terrassa d'un bar de tota la vida, conversen diverses dones. Des de fa dues setmanes, aquest és el seu punt de trobada habitual. L'anterior el van perdre el passat 2 de juliol, quan una comissió judicial, acompanyada per agents de la Policia Nacional, va executar el desallotjament de La Cala, el local on, durant més de tres dècades, van ballar, jugar al bingo, celebrar dinars populars i, sobretot, van trobar companyia. Allà on, fins fa dues setmanes, els veïns entraven i sortien constantment, avui només hi queda una persiana abaixada. “Han llevat la diversió a molta gent”, lamenta Fidela, una de les antigues usuàries.

A Son Cladera, un barri de 7.500 habitants sorgit a mitjan anys seixanta arran de l'expansió urbana de Palma, la ferida del desallotjament continua ben oberta. El que va començar com un litigi entre l'associació de gent gran i la propietat de l'immoble ha acabat convertint-se en el reflex d'un malestar més profund: el d'un veïnat que veu desaparèixer progressivament els espais que articulaven la vida comunitària i altres serveis bàsics, com les sucursals bancàries. “A més del casal, ens han llevat els dos bancs que teníem. Ara depenem dels nostres familiars per poder anar a treure doblers”, explica Fidela.

Fidela Pedregal feia dècades que estava vinculada al casal, que comptava amb més de 300 usuaris. Hi anava dues vegades per setmana “per això del cap” -en referència als tallers de memòria- i compartia les tardes amb altres veïns entre activitats, festes i partides de bingo. Asseguda a la terrassa del bar Màlaga, on cada matí es reuneix amb Josefa, Leonor i altres veïnes que també freqüentaven La Cala, lamenta que el tancament ha deixat moltes persones grans del barri “sense cap lloc on anar-hi”. Considera que, d'un dia per l'altre, ha desaparegut un espai que durant anys havia servit per combatre la soledat i mantenir activa la gent gran. “Ens han abandonat”, conclou.

A més del casal, ens han pres els dos bancs que teníem. Ara depenem dels nostres familiars per poder anar a treure diners

Fidela — Usuària de La Cala i veïna de Son Cladera

El passat 2 de juliol, mentre desenes d'usuaris participaven en un taller de memòria, la comitiva judicial i els efectius policials van irrompre a l'edifici per executar el llançament. En qüestió de minuts, les activitats van quedar interrompudes i els assistents van haver d'abandonar el local entre el desconcert i la incertesa. Els cartells de balls, excursions i tallers que encara pengen a les finestres són l'únic vestigi de la intensa activitat que durant dècades va acollir el casal, avui convertit en el símbol d'una realitat que va més enllà d'aquest cas i que planteja interrogants sobre el futur dels espais comunitaris per a la gent gran i la vulnerabilitat de nombroses associacions que desenvolupen la seva tasca social en immobles de titularitat privada.

L'origen del conflicte es remunta al deute acumulat per l'anterior junta directiva amb la Fundació Sa Nostra, propietària de l'immoble des del 2020. Després de diversos impagaments del lloguer, la Fundació va iniciar un procediment judicial per recuperar la possessió del local. El 2024, ambdues parts van assolir un acord que va permetre suspendre un primer llançament i va donar marge a la nova junta gestora per intentar regularitzar la situació econòmica. A canvi, l'associació assumia una sèrie d'obligacions, entre les quals el pagament d'un lloguer de 2.200 euros mensuals, una quantitat destinada a cobrir tant la renda ordinària com l'amortització progressiva del deute acumulat, que rondava els 30.000 euros. El pacte va ser avalat per l'assemblea de socis, tot i que una part dels associats s'hi va oposar en considerar que deixava l'entitat en una situació de vulnerabilitat davant la propietat. Finalment, però, el desnonament es va acabar executant.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb la Fundació Sa Nostra per conèixer, entre altres qüestions, quines comunicacions va mantenir amb l'associació gestora en relació amb la data del desallotjament, quins incompliments concrets van motivar finalment l'execució del llançament, si es van plantejar alternatives per evitar-lo un cop iniciat el procediment judicial i quin ús preveu donar a l'immoble a partir d'ara. Tanmateix, no ha obtingut resposta fins al moment de la publicació d'aquest reportatge.

“Només queden els metges i tres farmàcies”

Al costat de Fidela seu Josefa, que confessa que troba a faltar la rutina que durant anys va marcar les seves tardes. Anava al casal per jugar al bingo, comprar loteria i compartir unes hores amb els seus veïns, tot i que reconeix que evitava tornar sola a casa quan es feia fosc perquè el trajecte li feia por. No va presenciar el desallotjament, ja que es va produir al matí, però ha reconstruït el que va passar a partir dels relats dels seus antics companys i dels vídeos que van circular ràpidament pel barri.

“Hi havia persones que van haver de sortir de pressa amb el tacataca i els cotxets. Va ser una falta de respecte. Diuen que arreglaran la situació, però no ho sé. M'han dit que ja han comprat el local per fer-hi pisos”, afirma. Per a ella, el tancament del casal és un episodi més del progressiu abandonament que, al seu parer, pateix Son Cladera. “L'únic que ens queda són els metges i tres farmàcies”, lamenta, convençuda que les persones grans són les principals perjudicades.

“M'han mort”, afirma en la mateixa línia Isabel, a punt de fer 90 anys. Al portal de casa seva, a pocs metres del casal, descriu el tancament com un dur cop a la seva rutina. Recorda les tardes de bingo, els tallers de memòria i les converses que, fins fa tot just unes setmanes, omplien el local. Hi participava en les activitats de memòria i hi passava les tardes jugant al bingo abans de tornar a casa.

Asseguda al costat de Fidela i Josefa, Leonor explica que estava vinculada al casal des de pràcticament els seus inicis. Recorda que l'associació va començar en un local més petit abans de traslladar-se a l'edifici del qual ara ha estat desallotjada. “Era molt gran: tenia un menjador enorme, una cuina enorme i un pati molt gran”, rememora. Cada diumenge s'hi organitzaven dinars, s'hi celebraven festes i actes com la darrera missa rociera. “Els dissabtes feien pa i bunyols. Ens donava la vida”, recorda amb nostàlgia, resumint en una sola frase la intensa activitat social que durant dècades va acollir el casal.

Els dissabtes feien pa i bunyols. Ens donava la vida

Leonor — Usuària de La Cala i veïna de Son Cladera

L'Ana també troba a faltar la rutina que havia construït al voltant de La Cala. Hi jugava al bingo, llegia la premsa i, sobretot, hi trobava un espai on conversar amb les seves amigues. Ara confia que l'associació aconsegueixi un nou local on reprendre les activitats. “Tant de bo en trobin un altre. És una pena el que ha passat”, lamenta. Al seu parer, el tancament del casal se suma a la desaparició d'altres serveis essencials a Son Cladera, com les oficines bancàries, una circumstància que, assegura, ha incrementat la dependència de moltes persones grans. “Ara depenen d'algú que els dugui a algun lloc o que els faci les gestions”, resumeix.

Tant de bo trobin un altre local. És una pena el que ha passat

Ana — Usuària de La Cala i veïna de Son Cladera

“Els barris no interessen”

En un banc de la mateixa plaça, en José i en Salvador xerren amb altres veïns. En José lamenta que el tancament ha perjudicat persones grans com un dels seus familiars, que assistia amb freqüència als tallers de memòria i que, després del desnonament, ara depèn que les seves filles l'acompanyin a un altre centre. “Tot sol no hi pot anar”, explica, convençut que el desnonament ha complicat la vida quotidiana de molts usuaris que trobaven a La Cala un espai proper i accessible.

En Salvador, per la seva banda, sosté que el problema reflecteix l'abandonament que, al seu parer, pateix Son Cladera. Lamenta la desaparició de serveis al barri, critica la manca de presència policial i retreu a les administracions que no hagin trobat una solució abans del desnonament. “Els barris no interessen”, afirma. També defensa que l'associació havia aconseguit sanejar la seva situació econòmica i considera que les persones grans han acabat pagant les conseqüències d'un conflicte que, segons ell, s'hauria pogut resoldre d'una altra manera.

La junta gestora: “Seguirem lluitant”

La presidenta de la junta gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, assegura que l'associació no dona la batalla per perduda. “Continuarem lluitant”, afirma en declaracions a elDiario.es, convençuda que encara hi ha opcions per recuperar el casal. Sosté, fins i tot, que el cas podria establir un precedent per a altres entitats. Coronado confia que el tancament no sigui definitiu, ja que, després del llançament, van rebre una comunicació del jutjat en què se'ls informava que revisaria la documentació del procediment i que els havia concedit un termini d'entre quatre i deu dies hàbils per fer-ho.

Tot i això, lamenta que la resolució s'estigui endarrerint a causa del període de vacances. “Ens ho prendrem com unes vacances i esperarem, perquè continuarem lluitant”, assenyala, tot i que reconeix que l'espera “es fa eterna” per a uns usuaris que fa setmanes que no poden accedir al local.

En aquest sentit, lamenta que qui més està patint les conseqüències del tancament són les persones grans. “Ara no saben on anar”, afirma. Explica que moltes hi acudien cada tarda per refugiar-se de la calor, compartir unes hores de companyia i participar en tallers o activitats lúdiques. “Els han pres això”, lamenta. Al seu parer, el tancament del local s'afegeix a la desaparició d'altres serveis bàsics del barri, com les sucursals bancàries, una situació que, assegura, deixa molts veïns d'edat avançada en una posició de més dependència. “Els han deixat abandonats”, conclou.

En els darrers anys s'han succeït les protestes, les concentracions i les crides per evitar el desnonament de La Cala. Després de conèixer la demanda de desnonament, l'Associació de Veïns de Son Cladera es va bolcar en la defensa del casal i va començar a organitzar mobilitzacions i campanyes de suport per intentar aturar-ne el tancament. “Avui són ells els qui fan fora; però demà tots serem grans i ens agradaria mantenir els nostres espais de convivència amb seguretat jurídica i una política social humanitària, sabent que es respecten els drets i les obligacions de tothom”, expressava l'entitat en un missatge difós a Facebook l'abril de 2024.

La presidenta de la gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, lamenta que els qui més estan patint les conseqüències del tancament són els més grans: "Ara no saben on anar". Explica que molts acudien cada tarda al casal per escapar de la calor, compartir unes hores de companyia i participar en tallers o activitats lúdiques

Després del desallotjament del casal, diversos socis i veïns de Son Cladera han fet públiques cartes obertes en què qüestionen tant l'actuació de la Fundació Sa Nostra com la gestió de l'advocat de l'associació. Un dels socis, Juan Sánchez, retreu a la Fundació que trenqués amb el model de cessió gratuïta del local, vigent durant tres dècades, després d'assumir-ne la gestió el 2020 i d'imposar un contracte de lloguer a l'associació. Segons explica, el deute es va generar durant el mandat de l'anterior junta directiva, que va deixar de pagar les rendes, i va ser la posterior junta gestora la que va assumir el compromís de sanejar la situació econòmica i garantir la continuïtat de l'activitat del casal.

Sánchez defensa que, durant els dos últims anys, l'associació ha abonat pràcticament tot el deute acumulat després de duplicar la quota mensual que pagava a la Fundació. Per això, considera que el desallotjament no respon a un impagament, sinó a la voluntat de recuperar l'immoble. A la carta també acusa la Fundació Sa Nostra d'haver aprofitat el contracte signat amb la junta gestora per recuperar el local i deixar “al carrer” més de 250 persones grans, una actuació que considera incompatible amb els fins socials que proclama l'entitat i que, al seu parer, contradiu l'esperit dels seus propis estatuts.

D'altra banda, assegura que la voluntat majoritària de l'assemblea era esgotar totes les vies per continuar al local, inclosa la possibilitat de resistir-se al llançament si calia. En referència a l'advocat de la junta gestora, li retreu no haver informat els socis de la data prevista per a l'execució del desnonament. “Si hagués avisat del que faria el jutge, quan el jutge es va presentar al local l'hauria trobat ple de gent negant-se a sortir”, escriu.

Coronado, tanmateix, rebutja aquestes crítiques i assegura que el desallotjament va agafar per sorpresa fins i tot la mateixa entitat, ja que la comunicació judicial va arribar amb molt poc marge. Segons explica, el lletrat va rebre la notificació la tarda anterior i, quan van voler reaccionar, la comissió judicial ja s'havia presentat al casal a primera hora del matí. “No va donar temps a res. No entenem que actuïn d'aquesta manera”, lamenta. La presidenta de la junta gestora insisteix que la prioritat de l'entitat sempre ha estat defensar els interessos dels usuaris i assegura que continuaran lluitant per recuperar el local.

Possible cessió municipal

Per la seva banda, consultades per aquest diari, fonts de l'Ajuntament de Palma expliquen que el Consistori va posar, en el seu moment, el Casal de Barri de Son Cladera a disposició dels responsables de La Cala, però que l'entitat va rebutjar la proposta. L'Ajuntament recorda que el seu paper consisteix a cedir espais municipals perquè s'hi puguin desenvolupar activitats.

Coronado, tanmateix, retreu que el que es va posar sobre la taula va ser únicament una sala insuficient per desenvolupar l'activitat habitual de La Cala. “No era adequada per al que nosaltres fem”, sosté. Assegura que tècnics municipals van arribar a estudiar la possibilitat d'ampliar aquest espai, però van concloure que no era viable. La presidenta de la junta gestora recorda que el casal acollia activitats diàries i reunia un nombre d'usuaris molt superior al que podia assumir aquell equipament.

Desallotjament “inhumà” i “antidemocràtic”

La Unió d'Associacions de Mallorca (UAM) també s'ha sumat a les crítiques pel desallotjament del casal de La Cala. En un comunicat públic signat pel seu president, Pere Felip Buades, l'entitat assegura que no pot quedar-se “amb els braços plegats” davant el “tancament inadequat i infame” del local, “màxim tenint en compte que La Cala és l'associació de persones grans que més activitats duu a terme” i que aplega el nombre més gran de socis i sòcies de les Illes Balears. Tot i assegurar que respecta la resolució judicial que ha permès executar el llançament, afirma que no la comparteix i la qualifica d'“inhumana”, “anticristiana”, “antidemocràtica”, “immoral”, “caciquil” i “il·legal”.

Així mateix, l'organització ha reptat públicament la Fundació Sa Nostra a mantenir un debat públic “quan vulgui i on vulgui, amb la finalitat d'exposar lliurement i democràticament els respectius punts de vista”. En la mateixa nota, adverteix que, si l'entitat declina participar-hi, interpretarà aquesta decisió com una manca de voluntat d'oferir explicacions públiques sobre el cas.

La UAM assenyala, a més, que aquest assumpte serà abordat en el ple municipal d'aquest mes de juliol i sosté que tots els grups polítics tenen el deure de posicionar-se en defensa de l'associació. “Aquí no valdran les abstencions”, afirma en un altre comunicat, en què considera que no donar suport a La Cala equivaldria a girar l'esquena a una entitat que defineix com a “modèlica” i un “referent” del moviment associatiu de les Illes Balears.

Manca de mobilització social

Mentrestant, Stop Desnonaments Mallorca ha carregat durament contra el desallotjament del casal de persones grans de Son Cladera, que qualifica de “brutal”, i responsabilitza la propietària de l'immoble del que ha passat. La plataforma recorda que durant els darrers anys ha donat suport a les reivindicacions de l'associació per conservar el local, difonent les convocatòries i participant, en la mesura de les seves possibilitats, en les mobilitzacions organitzades en defensa del casal. Tot i això, el col·lectiu també marca distàncies amb la gestió de l'actual direcció de l'associació. Al seu parer, tant la majoria de la junta directiva com l'assemblea de socis que va donar suport a l'acord subscrit el 2024 amb la Fundació Sa Nostra “es van equivocar”.

L'organització lamenta que, en la reunió en què es va aprovar aquell acord, prevalgués el criteri de l'advocat per damunt del d'altres socis que, tot i no ser juristes, comptaven, segons sosté el col·lectiu, amb assessorament jurídic i amb l'experiència acumulada després d'anys de lluita veïnal. Al seu entendre, la direcció també es va equivocar en no tornar a convocar els socis per valorar l'evolució del conflicte i en optar per transmetre un missatge de tranquil·litat mentre el procediment judicial continuava avançant. Així mateix, sosté que la manca d'informació prèvia sobre la data del llançament va impedir organitzar una mobilització veïnal que, segons defensa, hauria pogut intentar evitar el desallotjament.

En aquest context, el col·lectiu defensa que l'estratègia per recuperar el casal s'ha de basar en la mobilització social i en la col·laboració entre entitats, i aposta per obrir una nova etapa sustentada en la unitat del barri. Amb aquest objectiu, ha demanat la convocatòria d'una reunió pública entre la junta de l'associació de persones grans, Stop Desnonaments SONKLA, l'Associació de Veïns de Son Cladera i qualsevol altre col·lectiu o veí que vulgui sumar-se a la defensa del casal.

“Esperem que, pel bé de l'associació, del casal i de les persones grans, la junta rectifiqui i passi a confiar en la mobilització del barri i en les aliances amb altres col·lectius que volem donar suport a la recuperació del local i a la defensa d'un barri digne”, subratlla. La plataforma reivindica la necessitat que les decisions puguin ser debatudes i qüestionades dins els moviments veïnals i socials i reitera la seva disposició a continuar donant suport a la recuperació d'un espai que considera fonamental per a la vida comunitària de Son Cladera.

Més enllà de la batalla judicial, Josefa, Ana, Isabel, Leonor i la resta d'usuaris del casal comparteixen una mateixa reivindicació: recuperar un espai que consideren imprescindible per mantenir viva la convivència a Son Cladera. Per a ells, La Cala no era només un casal de persones grans; era el lloc on omplien les tardes, feien amistats i continuaven sentint-se part d'un barri que avui, diuen, és una mica més pobre que fa dues setmanes. “Jo ja vaig cap als noranta anys i això era l'únic que tenia per sortir de casa”, conclou Isabel.

Es media mañana y el sol cae a plomo sobre la barriada palmesana de Son Cladera. Apenas hay movimiento en las calles, solo el murmullo que llega desde una pequeña plaza donde, sentadas en la terraza de un bar de toda la vida, conversan varias mujeres. Desde hace dos semanas es su punto de encuentro habitual. El anterior lo perdieron el pasado 2 de julio, cuando una comisión judicial y varios agentes de la Policía Nacional ejecutaron el desalojo de La Cala, el local en el que, durante más de tres décadas, bailaron, jugaron al bingo, celebraron comidas populares y, sobre todo, encontraron compañía. Allí donde, hasta hace dos semanas, los vecinos entraban y salían, hoy solo queda una persiana bajada. “Han quitado la diversión de mucha gente”, lamenta Fidela, una de las antiguas usuarias.

En Son Cladera, un barrio de 7.500 habitantes surgido a mediados de los sesenta al calor de la expansión urbana de Palma, la herida del desalojo aún continúa abierta. Y es que lo que comenzó como un litigio entre la asociación de mayores y la propiedad del inmueble ha acabado convirtiéndose en la máxima expresión de un malestar más profundo: el de un vecindario que llora la desaparición progresiva de los espacios que articulaban su vida comunitaria y la pérdida de otros servicios básicos como las sucursales bancarias. “Además del casal, nos han quitado los dos bancos que teníamos. Ahora dependemos de nuestros familiares para poder ir a sacar dinero”, prosigue Fidela.

Fidela Pedregal llevaba décadas vinculada al casal, que contaba con más de 300 usuarios. Allí acudía dos veces por semana “para lo de la cabeza” -en alusión a los talleres de memoria- y compartía las tardes con otros vecinos entre actividades, fiestas y partidas de bingo. Sentada en la terraza del bar Málaga, donde cada mañana se reúne con Josefa, Leonor y otras vecinas que también frecuentaban La Cala, lamenta que el cierre ha dejado a muchas personas mayores del barrio “sin sitio a donde ir”, recriminando que un espacio que durante años sirvió para combatir la soledad y mantener activa a la gente mayor haya desaparecido de un día para otro. “Nos han abandonado”, abunda.

Además del casal, nos han quitado los dos bancos que teníamos. Ahora dependemos de nuestros familiares para poder ir a sacar dinero

Fidela — Usuaria de La Cala y vecina de Son Cladera

El pasado 2 de julio, mientras decenas de usuarios participaban en un taller de memoria, la comitiva judicial y los efectivos policiales irrumpieron en el edificio para ejecutar el lanzamiento. En cuestión de minutos, las actividades quedaron interrumpidas y los asistentes tuvieron que abandonar el local entre el desconcierto y la incertidumbre. Los carteles de bailes, excursiones y talleres que aún cuelgan de las ventanas son el único vestigio de la intensa actividad que durante décadas acogió el casal, reconvertido en el símbolo de una realidad que va más allá del caso y que plantea interrogantes en torno al futuro de los espacios comunitarios para las personas mayores y sobre la vulnerabilidad de numerosas asociaciones que desarrollan su labor social en inmuebles de titularidad privada.

En cuestión de minutos, las actividades quedaron interrumpidas y los asistentes tuvieron que abandonar el local entre el desconcierto y la incertidumbre

El origen del conflicto se remonta a la deuda acumulada por la anterior junta directiva con la Fundació Sa Nostra, propietaria del inmueble desde 2020. Tras varios impagos del alquiler, la Fundació inició un procedimiento judicial para recuperar el local. En 2024, ambas partes alcanzaron un acuerdo que permitió suspender un primer intento de desalojo y dio margen a la nueva junta gestora para intentar regularizar la situación económica. A cambio, la asociación asumía una serie de obligaciones, entre ellas el pago de un arrendamiento de 2.200 euros al mes, una cantidad destinada a cubrir tanto la renta corriente como la amortización progresiva de la deuda acumulada, que rondaba los 30.000. El pacto fue respaldado por la asamblea de socios, pero una parte de los asociados se opuso al considerar que dejaba a la entidad en una posición de vulnerabilidad frente a la propiedad. El desahucio, finalmente, acabó por llegar.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la Fundació Sa Nostra para conocer, entre otras cuestiones, qué comunicaciones mantuvo con la asociación gestora respecto a la fecha del desalojo, qué incumplimientos concretos motivaron finalmente la ejecución del mismo, si existieron propuestas o alternativas para evitarlo una vez iniciado el procedimiento judicial y qué uso tiene previsto dar al inmueble a partir de ahora, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento de la publicación de este reportaje.

“Solo quedan los médicos y tres farmacias”

Al lado de Fidela está sentada Josefa, quien confiesa que echa de menos la rutina que durante años marcó sus tardes. Acudía al casal para jugar al bingo, comprar la lotería y compartir unas horas con sus vecinos, aunque reconoce que evitaba volver sola de noche porque el camino hasta su casa le daba miedo. No presenció el desalojo, ya que se produjo por la mañana, pero ha escuchado a sus antiguos compañeros narrar lo sucedido, plasmado además en varios vídeos que corrieron como la pólvora.

“Había personas que tuvieron que salir deprisa con el tacataca y los carritos. Fue una falta de respeto. Dicen que recompondrán la situación, pero no lo sé. Me han dicho que ya han comprado el local para hacer pisos”, prosigue. Para ella, el cierre del casal es un capítulo más del progresivo abandono que, a su juicio, sufre Son Cladera. “Lo único que nos queda son los médicos y tres farmacias”, denuncia, convencida de que las personas mayores son las principales perjudicadas.

“A mí me han matado”, afirma en la misma línea Isabel, a punto de cumplir 90 años. En el portal de su casa, próximo al casal, describe el cierre como un duro golpe a su día a día mientras recuerda las tardes de bingo, los talleres de memoria y las conversaciones que hasta hace apenas unas semanas llenaban el local. Allí participaba en las actividades de memoria y pasaba ratos jugando al bingo antes de regresar a casa.

Sentada junto a Fidela y Josefa, Leonor explica que llevaba vinculada al casal desde prácticamente sus orígenes. Recuerda que el club comenzó en un local más pequeño hasta trasladarse al edificio del que ahora ha sido desalojado. “Era muy grande: tenía un comedor muy grande, una cocina muy grande, un patio grande”, rememora. Allí se celebraban comidas dominicales, fiestas y actos como la última misa rociera. “Los sábados hacían pan y bollitos. Nos daba la vida”, recuerda, resumiendo con nostalgia la intensa actividad social que albergabael edificio.

Los sábados hacían pan y bollitos. Nos daba la vida

Leonor — Usuaria de La Cala y vecina de Son Cladera

Ana también echa de menos la rutina que había construido alrededor de La Cala. Allí jugaba al bingo, leía la prensa y, sobre todo, encontraba un lugar donde conversar con sus amigas. Ahora confía en que la asociación consiga un nuevo espacio para retomar las actividades. “Ojalá encuentren otro local. Es una pena lo que ha pasado”, lamenta. A su juicio, el cierre del casal se suma a la desaparición de otros servicios esenciales en Son Cladera, como las oficinas bancarias, una circunstancia que, advierte, ha aumentado la dependencia de muchas personas mayores. “Ahora dependen ya de alguien que les lleve a algún sitio o que les haga las gestiones”, resume.

Ojalá encuentren otro local. Es una pena lo que ha pasado

Ana — Usuaria de La Cala y vecina de Son Cladera

“Los barrios no interesan”

En un banco de la misma plaza, José y Domingo charlan con otros vecinos. José lamenta que el cierre ha perjudicado a personas mayores como uno de sus familiares, que asistía con frecuencia a los talleres de memoria y que, tras el desalojo, depende ahora de que sus hijas lo lleven a otro centro. “Solo no puede ir”, explica, convencido de que el desalojo ha complicado la vida cotidiana de muchos usuarios que encontraban en La Cala un espacio cercano y accesible.

Salvador, por su parte, sostiene que el problema refleja el abandono que, a su juicio, sufre Son Cladera. Lamenta la desaparición de servicios en el barrio, critica la falta de presencia policial y reprocha a las administraciones no haber encontrado una solución antes del desalojo. “Los barrios no interesan”, afirma Salvador, quien también defiende que la asociación había conseguido sanear su situación económica y considera que las personas mayores han terminado pagando las consecuencias de un conflicto que, entiende, podría haberse resuelto de otra manera.

La junta gestora: “Seguiremos luchando”

La presidenta de la junta gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, asegura que la asociación no da la batalla por perdida. “Seguiremos luchando”, afirma en declaraciones a elDiario.es, convencida de que todavía existen opciones para recuperar el casal. Sostiene, incluso, que el caso puede sentar un precedente para otras entidades. Coronado confía en que el cierre no sea definitivo dado que, tras el lanzamiento, recibieron la comunicación de que el Juzgado revisaría la documentación del procedimiento y que éste les ha otorgado un plazo de entre cuatro y diez días hábiles para hacerlo.

Sin embargo, lamenta que la resolución se esté demorando por el periodo vacacional. “Lo tomaremos como unas vacaciones y a esperar, porque seguiremos luchando”, señala, aunque reconoce que la espera “se hace una eternidad” para unos usuarios que llevan semanas sin poder acceder al local.

En este sentido, lamenta que quienes más están sufriendo las consecuencias del cierre son las personas mayores. “Ahora no saben dónde ir”, afirma. Explica que muchas acudían cada tarde al casal para escapar del calor, compartir unas horas de compañía y participar en talleres o actividades lúdicas. “Les han cortado esto”, lamenta. A su juicio, el cierre del local se suma a la desaparición de otros servicios básicos del barrio, como las comentadas sucursales bancarias, una situación que, asegura, deja a muchos vecinos de edad avanzada en una posición de mayor dependencia. “Los han dejado abandonados”, concluye.

En los últimos años se han sucedido las protestas, las concentraciones y los llamamientos contra el desalojo de La Cala. Tras conocer la demanda de desahucio, la Asciación de Vecinos de Son Cladera se volcó en la defensa del casal y comenzó a organizar movilizaciones y campañas de apoyo para tratar de frenar el cierre. “Hoy son ellos a quienes echan a la calle; pero mañana todos seremos mayores y nos gustaría mantener nuestros espacios de convivencia con seguridad jurídica y política social humanitaria, sabiendo que se respetan los derechos y obligaciones de todos”, expresaba en un mensaje difundido en Facebook en abril de 2024.

La presidenta de la gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, lamenta que quienes más están sufriendo las consecuencias del cierre son los mayores: "Ahora no saben dónde ir". Explica que muchos acudían cada tarde al casal para escapar del calor, compartir unas horas de compañía y participar en talleres o actividades lúdicas

Tras el desalojo del casal, varios socios y vecinos de Son Cladera han hecho públicas cartas abiertas en las que cuestionan tanto la actuación de la Fundació Sa Nostra como la gestión del abogado de la asociación. Uno de los socios, Juan Sánchez, critica que la Fundació rompiese con el modelo de cesión gratuita del local que había estado vigente durante tres décadas tras asumir la gestión del inmueble en 2020 e imponer un alquiler a la asociación. Como relata, la deuda se originó durante la etapa de la anterior junta directiva, que dejó de abonar las rentas, y fue la posterior junta gestora la que asumió el compromiso de sanear la situación económica y mantener la actividad del casal.

Sánchez defiende que, durante los dos últimos años, la asociación ha abonado prácticamente toda la deuda acumulada al duplicar la cuota mensual que pagaba a la Fundación, por lo que considera que el desalojo no responde a un impago, sino al interés de recuperar el inmueble. En la carta acusa además a la Fundació Sa Nostra de haber aprovechado el contrato firmado con la junta gestora para hacerse con el local y dejar “en la calle” a más de 250 personas mayores, una actuación que considera incompatible con los fines sociales que proclama la entidad y que, a su juicio, contradice el espíritu de sus propios estatutos.

Por otro lado, asegura que la voluntad mayoritaria de la asamblea era agotar todas las vías para permanecer en el local, incluida la posibilidad de resistir al lanzamiento si fuera necesario. Dirigiéndose al abogado de la gestora, le reprocha no haber informado a los socios de la fecha prevista para la ejecución del desahucio. “Si hubiera avisado de lo que haría el juez, cuando el juez se presentó en el local se lo habría encontrado lleno de gente negándose a salir”, escribe.

Coronado, sin embargo, rechaza las críticas y asegura que el desalojo cogió por sorpresa incluso a la propia entidad, alegando que la comunicación judicial llegó con muy escaso margen. Según afirma, el letrado recibió la notificación la tarde anterior y, para cuando quisieron reaccionar, la comisión judicial ya se había presentado en el casal a primera hora de la mañana. “No dio tiempo a nada. No entendemos que actúen de esa manera”, lamenta. La máxima responsable de la gestora incide en que la prioridad de ésta siempre ha sido defender los intereses de los usuarios, por lo que, asevera, continuarán luchando para recuperar el local.

Posible cesión municipal

Por su parte, consultadas por este diario, fuentes del Ayuntamiento de Palma explican que el Consistorio, en su momento, puso a disposición de los responsables de La Cala el Casal de Barri de Son Cladera, pero que la propuesta fue rechazada por la entidad. El Ayuntamiento recuerda que su papel consiste en ceder espacios municipales para el desarrollo de actividades.

Coronado recrimina, sin embargo, que lo que se puso sobre la mesa fue únicamente una sala insuficiente para desarrollar la actividad habitual de La Cala. “No era adecuada para lo que nosotros hacemos”, sostiene. Asegura que técnicos municipales llegaron a estudiar la posibilidad de ampliar ese espacio, pero concluyeron que no era viable. La presidenta de la gestora recuerda que el casal acogía actividades diarias y reunía a un número de usuarios muy superior al que permitiría ese emplazamiento.

Desalojo “inhumano” y “antidemocrático”

La Unión de Asociaciones de Mallorca (UAM) también se ha sumado a las críticas por el desalojo del casal de La Cala. En un comunicado público firmado por su presidente, Pere Felip Buades, la entidad asegura que no puede quedarse “con los brazos cruzados” ante el “inadecuado e infame” cierre del local, “máxime teniendo en cuenta que La Cala es la asociación de gent gran [personas mayores en catalán] que más actividades viene realizando” y que aglutina al mayor número de socios y socias de Balears. Aunque asegura respetar la resolución judicial que ha permitido ejecutar el lanzamiento, señala que no la comparte y la califica de “inhumana”, “anticristiana”, “antidemocrática”, “inmoral”, “caciquil” e “ilegal”.

Asimismo, la organización ha retado públicamente a la Fundació Sa Nostra a mantener un debate público “cuando quiera y donde quiera, con el fin de exponer libre y democráticamente los consiguientes puntos de vista por ambas partes”. En la misma nota, advierte de que, si la entidad declina participar en ese debate, interpretará esa decisión como una falta de voluntad para dar explicaciones públicas sobre el caso.

La UAM señala además que este asunto será abordado en el pleno municipal de este mes de julio y sostiene que todos los grupos políticos tienen la obligación de posicionarse en defensa de la asociación. “Aquí no valdrán las abstenciones”, afirma en otro comunicado, en el que considera que no apoyar a La Cala equivaldría a dar la espalda a una entidad que define como “modélica” y un “referente” para el movimiento asociativo de Balears.

Falta de movilización social

Mientras tanto, Stop Desahucios ha cargado duramente contra el desalojo del casal de personas mayores de Son Cladera, que califica de “brutal”, y responsabiliza a la entidad propietaria del inmueble. La plataforma recuerda que durante los últimos años ha respaldado las reivindicaciones de la asociación para conservar el local, difundiendo convocatorias y participando, en la medida de sus posibilidades, en las movilizaciones convocadas en defensa del casal. No obstante, el colectivo también marca distancias con la gestión de la actual dirección de la asociación. En su opinión, tanto la mayoría de la junta directiva como la asamblea de socios que respaldó el acuerdo suscrito en 2024 con la Fundació Sa Nostra “se equivocaron”.

La organización lamenta que, en la reunión en la que se aprobó aquel el acuerdo, prevaleciera el criterio del abogado frente al de otros socios que, pese a no ser juristas, contaban -asevera- con asesoramiento legal y con la experiencia acumulada de años de lucha vecinal. A su juicio, la dirección también erró al no volver a convocar a los socios para valorar la evolución del conflicto y al optar por transmitir un mensaje de tranquilidad mientras avanzaba el procedimiento judicial. Asimismo, sostiene que la falta de información previa sobre la fecha del lanzamiento impidió organizar una movilización vecinal que, en su opinión, podría haber tratado de evitar el desalojo.

En este contexto, el colectivo defiende que la estrategia para recuperar el casal debe basarse en la movilización social y en la colaboración entre entidades, por lo que propone abrir una nueva etapa basada en la unidad del barrio. Para ello, ha solicitado la celebración de una reunión pública entre la junta de la asociación de personas mayores, Stop Desahucios SONKLA (su rama en Son Cladera), la asociación de vecinos y cualquier otro colectivo o vecino que quiera sumarse a la defensa del casal.

“Esperemos que por el bien de la asociación, del casal, de los mayores, la junta rectifique y pase a confiar en la movilización del barrio y alianzas con otros colectivos que queremos apoyar la recuperación del local y la defensa de un barrio digno”, subraya. La plataforma reivindica la necesidad de que las decisiones puedan ser debatidas y cuestionadas dentro de los movimientos vecinales y sociales y reitera su disposición a seguir apoyando la preservación un espacio que considera fundamental para la vida comunitaria de Son Cladera.

Más allá de la batalla judicial, Josefa, Ana, Isabel, Leonor y el resto de usuarios del casal comparten una misma reivindicación: recuperar un lugar que consideran imprescindible para mantener viva la convivencia en Son Cladera. Para ellos, La Cala no era solo un casal de personas mayores: era el espacio donde llenaban las tardes, hacían amistades y seguían sintiéndose parte de un barrio que hoy, dicen, es un poco más pobre que hace dos semanas. “Yo ya voy para noventa años y esto era lo único que tenía para salir de casa”, concluye Isabel.

Sergio, María y Fátima tienen, como mínimo, dos cosas en común: son policías nacionales y han estado infiltrados en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR Madrid). Este colectivo, creado hace ocho años para aunar las luchas y defender lo que entienden como “presos políticos”, se ha visto en la picota del Estado durante gran parte de su existencia. elDiario.es pasó una tarde con tres de sus integrantes rodeados de carteles políticos y mientras varias personas acuden a su clase de guitarra e intercambio de idiomas en el centro social okupado La Rosa. Hablaron de su historia, las manifestaciones que terminaron en cargas y la solidaridad entre colectivos. También de la escucha necesaria para afrontar con cuidados las infiltraciones y cómo estas acciones policiales golpean al colectivo.

Las movilizaciones a favor de la libertad de Valtonyc, rapero que en 2018 se exilió en Bélgica tras ser condenado por enaltecimiento del terrorismo y sus autores y humillación a sus víctimas y calumnias e injurias graves al rey, fueron el germen de la creación del MAR Madrid en 2018. “Vimos que no era operante el crear una asamblea por cada caso represivo que iba saliendo. Queríamos algo perenne donde poder estar organizados, donde no hacer un trabajo solo reactivo, sino también lanzar nuestras propias campañas”, completa Unai, activista que integra el colectivo desde el principio.

El primer gran hito que recuerdan los activistas del MAR Madrid fue la manifestación en octubre de aquel año por la amnistía total de los “presos políticos”. “Hacía décadas que Madrid no salía a la calle por una demanda así”, recalca Marco Fernández, otro de sus integrantes. Según definen, un preso político es “cualquier persona antifascista, que al final engloba todo activista de izquierdas, encarcelada por llevar a cabo una lucha política colectiva y organizada”.

El procés, Hasel y el apoyo a otros colectivos

Un año después, su habitual manifestación de octubre coincidió con la sentencia a los presos del procés catalán, lo que conllevó una asistencia inusitada a la protesta. “El Mundo, que no es muy afín a nosotros, dijo que éramos 7.000 personas, así que yo calculo que podríamos ser el doble”, comenta Fernández. Aquella movilización de 2019 terminó con un intento de corte de la Gran Vía de la capital y duras cargas policiales en Callao, donde los agentes gasearon a manifestantes y periodistas. Más de una decena de personas terminaron detenidas. Antes, el mismo día en que se hizo pública la sentencia, Dani Gallardo había caído detenido en una protesta similar, convocada también por el MAR Madrid, en la Puerta del Sol.

La persecución judicial al rapero Pablo Hasel hizo que el MAR Madrid volviera a salir a las calles en 2021. “Convocamos una gran movilización en Sol y, el sábado siguiente, en Callao. Para entonces, ya habíamos sufrido una campaña mediática tremenda y una guerra psicológica brutal”, recuerda el mismo Fernández. Uri, una de sus compañeras, añade que un mes después intentaron responder con una manifestación organizada con más colectivos. En aquella ocasión, se vieron rodeados de agentes y de unidades de intervención policial llegadas a la capital incluso de otras provincias.

Mientras hacen el turno que una vez al mes les toca en La Rosa, ubicada en la calle de Toledo de la capital, los tres activistas relatan que sus acciones suelen estar basadas en la agitación y propaganda a base del reparto de panfletos, pintadas en las paredes, charlas de formación, jornadas antirrepresivas y convocatoria de manifestaciones. Por otro lado, a lo largo de su existencia han prestado apoyo a colectivos como Extinction Rebellion, Futuro Vegetal, 8M Tetuán, el colectivo de presos políticos antifascistas y sindicatos. También impulsaron el grupo de apoyo madrileño a Las 6 de la Suiza y fundaron el podcast La Mecha, donde entrevistan a activistas, abogados y periodistas.

Ocho puntos a reivindicar

La principal exigencia del MAR Madrid es la “liberación de todos los presos políticos sin distinción, sin importar sus métodos de lucha y sin tener que pedir perdón ni estar arrepentidos”. En su programa aparecen otras demandas como un “amplio indulto para los presos sociales o comunes”, el retorno de los exiliados y la derogación de todas las leyes represivas, “y no solo la ley mordaza, sino también la ley de Extranjería, de Huelga, de Partidos y pactos antiterroristas”, matiza Fernández.

Asimismo, exigen la disolución de la Audiencia Nacional y el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, el derecho de autodeterminación de las naciones, la erradicación de la tortura y los malos tratos, además de un “castigo ejemplar para los torturadores”, una “verdadera” memoria histórica y el sobreseimiento y anulación de todos los procesos judiciales abiertos por causas políticas y sociales, así como la devolución de todas las sanciones.

Enfrentar las infiltraciones desde lo colectivo

En los últimos años, el MAR Madrid ha sufrido varias infiltraciones policiales. La primera la destapó El Salto. Sergio había estado espiando al MAR Madrid y Distrito 14 desde 2015 hasta 2021. La segunda, publicada por elDiario.es en 2024, llegó entre 2020 y 2023, cuando María se introdujo en el MAR Madrid y Distrito 104. Este mismo mayo, El Salto ha desenmascarado a Fátima, que se integró en el MAR Madrid, Anticapitalistas y BDS a Israel desde 2023 a 2025.

Uri asegura que el colectivo lo ha llevado “con bastante calma, aunque suene sorprendente”, y recalca que “todas las personas infiltradas procedían de otros colectivos”. Así se explica la activista: “No quiero decir que en otros sitios se haga peor la gestión de detectar infiltrados ni que nosotros seamos más listos. Simplemente, es para dejar ver que es una cosa que pasa, que ha pasado y que pasará siempre, por desgracia, porque es otra forma de represión”. Esta dinámica de infiltraciones lleva a pensar al MAR Madrid que “algo bueno debe significar si para el Estado somos tan relevantes”.

Sobreponerse a este tipo de impactos es algo que el colectivo ha aprendido a hacer a través de la escucha, los cuidados y el apoyo mutuo, así como en la confianza y camaradería entre compañeros. “Hay que hablarlo con tranquilidad, tratar los miedos que cada persona puede tener y saber que esto no pasa porque sí, que no nos pasa solo a nosotros, y que es muy importante estar preparados para la represión”, confirma Fernández.

Luchar contra la desconfianza

Tratar la infiltración desde la colectividad también lleva a no caer en la paranoia. “El Estado ya tiene mucha información de ti. Lo que no podemos hacer es caer en el miedo”, agrega Unai. Se refiere a un colectivo que en su presentación pública advirtió que no aceptarían ningún integrante que no viniera de otra organización. “Hace mucho más daño tener tanto miedo como para tomar esa decisión que la información que pueda sacar la Policía de una infiltración. Ahí sí que ya ha ganado la Policía”, opina.

Asimismo, Uri subraya que “todo” lo que hacen y cuentan “ya lo sabe todo el mundo” y que siempre firman sus acciones. “A nosotros no nos da vergüenza decir que defendemos a los presos políticos, que nos vas a ver parando desahucios o que vamos a ir a manifestaciones antifascistas”, ilustra la integrante del colectivo. Fernández, por su parte, apunta que las infiltraciones son ejemplo de la falta del derecho a la libre organización: “No caemos en la paranoia, pero esto lo seguimos denunciando. Nosotros siempre hablamos de la falta de derechos y libertades en España, y aquí hay una falta del derecho a la organización política independiente”.

Ninguno de los integrantes del MAR Madrid tiene causas pendientes con la justicia. Siempre que se ha intentado recabar la perspectiva de la Policía Nacional sobre estas infiltraciones, no han respondido. El Ministerio del Interior siempre ha contestado lo mismo: “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizan la seguridad y el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en el marco del artículo 104 de la Constitución Española, como corresponde a su función en el Estado de Derecho. Actúan siempre en esos términos, con estricto sometimiento al ordenamiento jurídico”.

Un Estado que siempre los mira

El estreno de la película La infiltrada en 2024 suscitó grandes críticas en colectivos como el MAR Madrid. Cuando dicen que son artefactos culturales para “blanquear” estas prácticas, agregan que saben que Silvia, la última agente que formó parte del colectivo, se identificaba con la película y enviaba el tráiler a su círculo más cercano para explicar cuál era su cometido real.

“Nosotros utilizamos cauces pacíficos, pero es que vemos mal cualquier infiltración policial en cualquier movimiento, al igual que nos oponemos a cualquier tortura o condena judicial”, reconoce Uri. El último espionaje realizado ha tenido lugar en Catalunya, donde dos agentes de los Mossos espiaron una asamblea de profesores en Barcelona.

Desde el punto de vista de Fernández, el haber sufrido tres infiltraciones en el último tiempo connota que el MAR Madrid siempre ha estado en el punto de mira del Estado, según sus propios términos. “Esto prueba que estamos en lo cierto en lo que denunciamos, que no hay democracia, que no hay libertad, que hay represión… Y eso le hace daño al Estado”, concluye.

Después de tres años intentando participar como una más de Bilboko Konpartsak en Aste Nagusia, Luberri, colectivo relacionado con el Movimiento Socialista o Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), ha iniciado una recogida de firmas para acabar con lo que denominan un “veto político”. “Pese a haber trasladado durante meses propuestas concretas para encauzar la situación y fomentar el diálogo, este año Luberri se vuelve a quedar fuera de Bilboko Konpartsak. El principal motivo de este bloqueo es la actitud de la izquierda abertzale, a la que acusamos de priorizar intereses políticos ajenos a las fiestas y de haber alimentado desde el inicio el veto hacia Luberri debido a su relación con el Movimiento Socialista”, advierten desde la comparsa, que este martes han protagonizado una concentración de protesta en el Arenal de Bilbao.

Desde Luberri sostienen que desde la primera negativa a participar en fiestas como el resto de comparsas, “se ha mostrado públicamente su desacuerdo con la decisión, al considerar imposible permanecer en silencio ante una situación injusta”. “Aun así, nunca hemos dejado de aportar a las fiestas populares de Bilbao. Durante estos años hemos mantenido su actividad cotidiana y hemos seguido organizando iniciativas festivas, como programaciones de Aste Nagusia, actividades junto a otras comparsas o carnavales. Todo ello ha servido para demostrar que nuestra participación enriquece las fiestas y que mantenemos una relación de colaboración con numerosas comparsas”, admiten desde el colectivo.

Bilbao no es el único lugar en el que los colectivos relacionados con GKS no pueden participar de forma igualitaria en fiestas, según denuncian. En Vitoria, explican, el “veto” para participar en las fiestas de la Virgen Blanca existe desde hace seis años. Karla Pisano, miembro del Movimiento Socialista y del Sindicato de Vivienda Socialista explica a este periódico que eso ocurre por la “correlación de fuerzas en cuanto a votos” dentro de las comisiones de txosnas. En el caso de Vitoria, la izquierda abertzale cuenta una mayor presencia en los colectivos que componen Gazteizko Txosnak que votan por no incluir a GKS aplicando esa mayoría.

En Bilbao, las 28 comparsas “votaron que sí” el primer año. “En Bilbao hay muchas comparsas con distintos colectivos y las txosnas cercanas a la izquierda abertzale no son la mayoría. Entonces, el primer año hubo una actitud favorable a que participáramos, pero colectivos cercanos a la izquierda abertzale pidieron que no se votara en ese momento y que se nos pusiera un periodo de prueba de un año. Aprovecharon ese tiempo para hacer dos cosas: por un lado, difamar al movimiento socialista en las diferentes txosnas y, por otro lado, para cambiar la fórmula misma de la votación. En estos momentos, más o menos hay mitad de apoyos y mitad de detractores entre las comparsas, pero el año pasado cambiaron los mecanismos de votación y ahora es necesario 75% de votos afirmativos para que entremos. En Vitoria efectivamente aplican esa mayoría y en Bilbao, donde la situación es diferente y hay más comparsas que participan en la comisión de fiestas de Bilboko Konpartsak cambiaron los propios estatutos para poder evitar que accediéramos a las txosnas. Ahora, de 28 comparsas, unas seis o siete comparsas ejercen prácticamente un veto, porque se necesita ese 75% para entrar”, detalla Pisano.

Preguntada por las razones que ofrecen para justificar la negativa a que puedan participar, Pisano reconoce que “el argumentario no está claro”. “No ha habido declaraciones por parte de las comisiones festivas públicamente, solo en el caso de Vitoria hubo una lectura. Con el tiempo han ido cambiando de argumentario. Cuando desde el Sindicato de Vivienda Socialista solicitamos la entrada en la comisión de fiestas de Vitoria, lo primero que se nos dijo fue que no había espacio. Este era un argumento técnico que enseguida se demostró falaz, porque después de que nosotros hiciéramos la solicitud han entrado más colectivos, por lo tanto, no hay ningún problema de espacio y, de hecho, en estos seis años ha habido colectivos que han dejado de poner txosna”, asegura.

Otra de las razones que alegan para no dejarles entrar son los “problemas de convivencia”. “Luego alegaron problemas de trabajo en común, cooperación y de convivencia en general con el movimiento socialista. Hay que tener en cuenta que hace seis años nosotros como movimiento o el sindicato, por ejemplo, se acaba de crear. Entonces, no tanta gente nos conocía y no hacíamos tanto trabajo. Pero en estos seis años el argumento de la falta de colaboración con nosotros o la dificultad de trabajar con nosotros es algo que no se puede justificar porque colaboramos activamente con muchas de las organizaciones que están dentro de esa comisión festiva o fuera, incluso de forma permanente en plataformas, como puede ser en el apoyo a Palestina o en la cuestión de la vivienda. Entonces, esa especie de acusación de que con nosotros no se puede trabajar también se viene abajo”, señala.

Por último, el tercer argumento que defienden para que no entren en Bilboko Konpartsak o Gasteizko txosnak es que “son conflictivos”. “Dicen que somos conflictivos. En Bilbao, por ejemplo, ahora aluden a que el hecho mismo de haber denunciado que existe un veto político genera desconfianza hacia nosotros. Es una especie de argumentación creada a posteriori, que dice que como hemos hecho una campaña denunciando esta situación, somos conflictivos. Y eso que la denuncia no ha sido a la primera de cambio, que hemos estado año y medio intentando solucionarlo por todas las vías internas habidas y por haber y no hay manera”, lamenta Pisano, que defiende que en otros lugares como pueblos como Hernani, Azpeitia e incluso barrios de Vitoria como Arana o Zabalgana, participan sin ningún problema en las comisiones de fiestas.

Pisano también lamenta que los ataques contra su colectivo, además de en las txosnas, también llega hasta las redes sociales. “Muchas veces por parte de cuentas relacionadas con la izquierda abertzale se han utilizado las redes sociales para verter toda una serie de difamaciones, incluso personales, contra portavoces de algunas organizaciones, como yo misma. Simplemente, nos desmarcamos de ese tipo de formas de hacer política y que hay que entender que la crítica política nunca puede ser tomada como un insulto. El movimiento socialista, desde su nacimiento, evidentemente que es crítico con la hoja de ruta estratégica de la izquierda abertzale. Pero esto no puede ser óbice para que haya barra libre para cualquier tipo de método que rompe con unos mínimos, en nuestra opinión, de lo que debería ser la política en las organizaciones de izquierdas, que es básicamente la libre participación en los espacios comunes. Ni tampoco debería ser una crítica basada en difamaciones o en acosos a través de redes sociales”, denuncia.

Desde Luberri defienden que la mayoría de personas que conocen la situación están a favor de una solución, algo que, según afirman, se ha reflejado en el apoyo mostrado por numerosas comparsas, agentes del movimiento popular y personas del ámbito cultural. Asimismo, consideran que para gran parte de la ciudadanía bilbaína resulta “incomprensible dejar fuera de las fiestas a cientos de jóvenes organizados”. Por ello, han puesto en marcha una recogida de firmas con una petición concreta: que se reconozca el derecho de Luberri a participar con normalidad en Bilboko Konpartsak, en coherencia con el carácter popular, plural y participativo de Aste Nagusia y para ello han creado la página web Luberrikeskubideadu.com para recoger firmas.

No es la primera iniciativa que llevan a cabo para acabar con el “veto político en fiestas”. En verano de 2024, alrededor de 150 agentes del mundo de la cultura vasca encabezados por la actriz Itziar ituño y por el escritor Bernardo Atxaga suscribieron un manifiesto de apoyo al denominado movimiento socialista, cuya marca más reconocida es GKS, y en contra de los “vetos” en las fiestas de verano, particularmente en Bilbao y Vitoria. 

El manifiesto, cuyo título en castellano era 'Porque amamos las fiestas populares, los y las artistas estamos en contra de los vetos y queremos una solución, tanto en Bilbao como en Gasteiz', señalaba que es preciso un “respeto a la diversidad” en las celebraciones “por encima de las diferencias ideológicas”. “Nos preocupa la prohibición impuesta a algunos colectivos en las Konpartsak de Bilbao y en la comisión de txosnas de Gasteiz. También somos y queremos ser parte de las fiestas populares, por lo que queremos trasladar públicamente esta preocupación y abrir vías para solucionar la situación. La participación en las fiestas populares debe ser un derecho universal, por lo que nos resultan incomprensibles los vetos impuestos a la Konpartsa Luberri en Bilbao y a GKS y al Sindicato de Vivienda en Gasteiz. Las fiestas populares deberían ser un espacio para que cada uno, con su carácter y sus reivindicaciones, pueda disfrutar y celebrar, con tolerancia mutua”, recogía el manifiesto en el que además de Ituño e Atxaga, en la lista aparecían otros nombres reconocibles como Fermin Muguruza, Natxo de Felipe, Joseba Sarrionandia, Leire Bilbao, Amets Arzallus, Mireia Gabilondo, Jone Laspiur, Karra Elejalde, Ainhoa Larrañaga, Merina Gris, Hofe, Olaia Inziarte o Antton Telleria.

Desde Bilboko Konpartsak indican a este periódico que “por el momento” no van a realizar declaraciones sobre este tema, y en caso de hacerlo, enviarán una nota de prensa a todos los medios de comunicación.

En la primavera de 2018, hace ya ocho años, un grupo de ciudadanos conquenses preocupados por la situación económica, social y medioambiental de nuestra provincia y sus graves problemas estructurales, decidimos, a semejanza de Teruel Existe y ¡Soria Ya!, poner en marcha una asociación de carácter transversal e inclusiva, abierta a todas las ideologías políticas, para combatir el grave desequilibrio territorial y demográfico existente en España, cuyos efectos son fundamentalmente la despoblación y la discriminación de las políticas públicas de unos territorios con respecto a otros.

Creamos una asociación que convinimos en llamar Cuenca Ahora con la que se pretendía potenciar y aglutinar a toda la sociedad civil conquense en la lucha contra los graves problemas estructurales de la provincia. En definitiva, unir a la sociedad civil conquense en torno a una serie de objetivos, entre los que destacaba la aprobación en el Congreso de los Diputados de un Pacto de Estado contra la Despoblación y el reequilibrio territorial y demográfico de España, buscando la cohesión territorial de nuestro país, reformulando las políticas públicas, que han discriminado a nuestra provincia y han provocado el éxodo poblacional a otros territorios.

Cuenca en el año 1935 tenía 315.000 habitantes, hoy está en torno a los 198.000, tenía más habitantes que Álava o Castellón, por poner un ejemplo de evolución social y de riqueza.

Proponíamos para la ciudadanía conquense un contrato social que afrontara los graves problemas estructurales que padecía y padece Cuenca. Pretendíamos que los conquenses tomaran conciencia de su situación y se comprometieran en cambiarla o, más pronto que tarde, seríamos borrados de 'mapa', conformando un agujero negro entre Madrid y Valencia.

La asociación estaba abierta y está a todas las personas que quieran comprometerse con estos objetivos. Queríamos demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que los conquenses estamos vivos, que Cuenca está viva. Ser proactivos, no solo reactivos, siendo nuestra voluntad proponer proyectos de desarrollo para nuestra provincia que devuelvan la ilusión y la confianza a esta tierra.

Pretendíamos que los conquenses tomaran conciencia de su situación y se comprometieran en cambiarla o, más pronto que tarde, seríamos borrados de 'mapa', conformando un agujero negro entre Madrid y Valencia

Empezamos nuestra andadura organizando, el 23 de mayo de 2018, una jornada de debate sobre tres problemas principales: la despoblación, el trasvase Tajo-Segura y el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

Rápidamente, nos incorporamos al movimiento ciudadano de la España Vaciada, junto con Teruel Existe y ¡Soria Ya!, y participamos en la gran manifestación del 31 de mayo de 2019 contra la despoblación de nuestros territorios que aglutinó en Madrid a más de cien mil personas. Esa gran manifestación quedó en nuestros corazones como un hito histórico y un rayo de luz para el futuro de nuestras tierras y nuestras gentes, para nuestros pueblos y ciudades pequeñas y medianas, todas ellas pertenecientes a la España del interior, que otrora fueron villas y pueblos habitados, ricos en historia, patrimonio y cultura.

Entendimos que, si queríamos cambiar las políticas públicas, debíamos estar junto con las demás provincias y comarcas escasamente pobladas que tenían los mismos o parecidos problemas de pérdida sistémica poblacional. Participamos de forma activa, tanto cuantitativa como cualitativamente, en las mesas de trabajo de la España vaciada para elaborar las 101 medidas de desarrollo de nuestros territorios. Nuestra labor siempre ha sido propositiva, intentando sumar y siendo respetuosos con todos los actores y agentes políticos y sociales.

Nos hemos opuesto al cierre y desmantelamiento del tren convencional Madrid-Valencia, a la proliferación masiva de macro granjas en la provincia, al peligroso almacén de residuos industriales, a la instalación indiscriminada de placas solares y molinos de viento generadores de electricidad, al continuo expolio del agua y a los trasvases del Tajo al Segura y al del pantano de Alarcón a Valencia (somos una provincia rica en agricultura y gran potencial de la industria agroalimentaria, pero nos falta el agua que enriquece a otros territorios), en suma, nos oponemos a ser territorio de sacrificio para el desarrollo de otros.

Hemos propuesto la reformulación del mapa sanitario y hospitalario y la comarcalización administrativa de la provincia. Hemos sido dinamizadores de la acción política y propuesto todos los años partidas financieras específicas en los Presupuestos Generales del Estado para atender nuestras necesidades de inversión e infraestructuras y la discriminación fiscal positiva para los nuestros habitantes.

Consideramos que los problemas estructurales de nuestra provincia no son de derechas ni de izquierdas, en ese mundo tan reduccionista en el que nos han metido los aparatos de los partidos tradicionales, que es una forma de combustible para su propia existencia y engaño masivo de los ciudadanos, lo cual sacrifica la idea de comunidad y bien común de todos ellos en beneficio de los políticos profesionales y de la partitocracia, que solo buscan obtener y mantener un sueldo, en la inmensa mayoría de los casos sin experiencia profesional o académica anterior, o insuficiente para desarrollar las funciones públicas que desempeñan.

Entendimos que, si queríamos cambiar las políticas públicas, debíamos estar junto con las demás provincias y comarcas escasamente pobladas que tenían los mismos o parecidos problemas de pérdida sistémica poblacional

Por ello, reafirmamos nuestro carácter esencial de movimiento ciudadano transversal e inclusivo de todos los conquenses que quieran luchar por su tierra para que puedan tener un proyecto de vida en ella con sus familias y no se vean obligados a emigrar, al mismo tiempo que pueda resultar atractivo el retorno de los que se fueron y la llegada de nuevos pobladores. Somos absolutamente necesarios para nuestra provincia.

La evolución de nuestro movimiento ciudadano y del conjunto de movimientos de la denominada España vaciada, en particular de Teruel Existe y ¡Soria Ya! nos ha llevado a intentar tener representación en las instituciones, a través de la participación electoral. De esta manera, presentamos listas electorales a las elecciones autonómicas y municipales de 2023 en la provincia de Cuenca, consiguiendo nueve concejales y tres alcaldías.

Para Cuenca Ahora la presentación a las elecciones es un hecho absolutamente coyuntural y ocasional, que de ninguna manera forma parte de nuestros objetivos fundacionales, limitado solo en el tiempo y por necesidades imperiosas de que la voz de la España vaciada y olvidada se escuche en los distintos foros con competencias legislativas para cambiar la dinámica del desequilibrio demográfico y territorial actual.

Por ello, muy probablemente nos presentaremos de nuevo a las elecciones municipales y autonómicas del próximo año con el ánimo de incrementar ostensiblemente nuestra representación electoral en los pueblos de la provincia, poder incidir en la composición de la Diputación Provincial y tener representación en las Cortes regionales, única manera de cambiar la dinámica actual del bipartidismo rampante e imperante.

El movimiento feminista se manifestará este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Pamplona. Por primera vez lo hará dividido y en dos convocatorias diferenciadas.

Por un lado, está la convocatoria del Movimiento Feminista de Euskal Herria, que partirá desde las 12:00 desde el Parque de Antoniutti para construir una “Euskal Herria feminista, anticapitalista y antiracista”. “Juntas y juntes combatimos el sistema capitalista cisheteropatriarcal colonialista y racista”, expresaban en un comunicado.

“Contra el imperialismo, la extrema derecha y el fascismo que destruyen derechos, precarizan vidas, generan más desigualdad y señalan a mujeres, disidencias, personas migradas y racializadas como enemigas. Frente a su lógica de la guerra y su miseria, respondemos con organización y feminismo antifascista, internacionalista, antirracista. Juntas somos más fuertes”, concluyen.

En paralelo, la Coordinadora 8M–Euskal Herriko Mugimendu Feminista, ha convocado la manifestación a las 12:30 en la Plaza San Francisco. Organización creada a partir de la escisión del Movimiento Feminista de Euskal Herria y, según describen ellas mismas, compuesta por mujeres “comprometidas en la defensa y protección de derechos basados en el sexo” y además defienden la abolición de la prostitución y la pornografía.

Esta nueva red compuesta por varias asociaciones tiene como uno de sus objetivos “recuperar la agenda feminista y situar a las mujeres como sujeto histórico del feminismo”, frente a lo que consideran una “suplantación en determinadas organizaciones que se autodenominan feministas”. 

Convocatoria de Tudela

En Tudela, la concentración ciudadana tendrá lugar el 8 de marzo a las 12:45 en la Plaza de los Fueros.

El casal popular La Metxa, que agrupa a colectivos libertarios y de la izquierda independentista catalana, ha denunciado que el Ayuntamiento de Ripoll, encabezado por la ultraderechista Sílvia Orriols, les pone “limitaciones constantes” y “tasas abusivas” para desarrollar su actividad política en el municipio, y lo ha vinculado a su ideología.

“Somos su oposición en la calle. No les interesa que organicemos actos”, ha asegurado Eduard, miembro del casal, en un acto público celebrado este sábado en Ripoll y que ha seguido de cerca la alcaldesa y diputada en el Parlament, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Según la entidad, desde que Aliança Catalana está en el gobierno tienen problemas burocráticos que antes no tenían. También han alertado de que esta discriminación podría afectar a otras entidades y lo han asociado al “modus operandi de la extrema derecha”.

Estas trabas se han traducido, ha expuesto el casal, en dificultades para poder usar el espacio público y en retrasos administrativos que acaban condicionando la organización de sus actividades. “Como no somos favorables a su sintonía ideológica, las trabas son frecuentes”, ha afirmado Eduard.

Los miembros del casal han puesto como ejemplo el torneo deportivo antirracista que organizan desde hace años. Para la edición de 2025, solicitaron el permiso municipal con meses de antelación, pero no recibieron la autorización favorable hasta dos días antes de la fecha prevista. “Logísticamente era inviable seguir adelante”, han lamentado. Finalmente, optaron por buscar una alternativa fuera de Ripoll.

El casal también denuncia la aplicación de tasas que califican de “abusivas”, como las exigidas recientemente para un almuerzo popular con recital de poesía, con un coste superior a los 1.100 euros entre el uso del espacio público y el material municipal, pese a haber presentado toda la documentación requerida.

El casal ha iniciado la campaña 'Ripoll, zona represiva', en cuyo marco se organizarán actividades de sensibilización en los próximos meses. “Estamos aquí para denunciarlo, para advertir de lo que puede llegar a venir, pero también para empezar a construir un discurso alternativo y de una forma de hacer que se aleje de las imposiciones”, han indicado.

Desde La Metxa también recuerdan que en 2024 tuvieron que cerrar durante unos meses después de los requisitos del Ayuntamiento de Ripoll, que ordenó su clausura.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ripoll niega cualquier acoso. La alcaldesa, Silvia Orriols, asegura que el gobierno municipal “no persigue ni reprime la disidencia” y que su actuación se limita a hacer cumplir las ordenanzas municipales.

Según el consistorio, los integrantes del casal “llevan años pintando las paredes con tachaduras y encartelando fachadas y vidrieras de comercios”, lo que, según afirma, contribuye a dar una mala imagen del municipio. Bajo su mandato, estas prácticas ya no gozan de la “impunidad” que, mantiene el Ayuntamiento, tenían en etapas anteriores.

En cuanto al uso de material municipal, el Ayuntamiento ha afirmado que el casal lo ha solicitado “continuamente”, que “son cuatro gatos” y que la cesión y transporte de este material supone un coste “que corre a cargo de los contribuyentes”. La cesión gratuita de material, ha alegado, solo se da en aquellas actividades en las que el consistorio colabora directamente.

Con el título 'Entierro digno', la asociación ciudadana del mismo nombre presenta este lunes un microdocumental que busca poner de manifiesto una realidad que se desconoce o se ignora en España: la falta de cementerios adaptados a los enterramientos según el rito islámico para más de dos millones de personas musulmanas.

Según la asociación Entierro Digno, en España hay 17.850 cementerios, pero solo dos de cada 1.000 están habilitados para enterrar a los musulmanes de acuerdo con sus rituales. El microdocumental contextualiza este problema estructural en nuestro país y, además, pone el foco en el impacto humano de esta situación que vulnera el derecho a la libertad religiosa, tal y como denuncia ese colectivo ciudadano.

El documental ha sido realizado con la colaboración de MOVEMENTS e Iberian Media y se estrena en el marco de la presentación oficial de MOVEMENTS, una nueva plataforma tecnológica que busca apoyar causas sociales y ayudar a que se sostengan en el tiempo.

Según el equipo fundador de MOVEMENTS, la herramienta es “un sistema operativo para agentes de cambio, que permite transformar una causa puntual en un movimiento autosostenible, integrando en un único entorno de activación ciudadana, comunidad, contenidos, eventos y financiación recurrente”. “El gran cuello de botella del cambio social ya no es la movilización inicial, sino la capacidad de sostener el impacto en el tiempo. MOVEMENTS nace para resolver ese problema desde la tecnología”, explica en un comunicado Francisco Polo, uno de los dos cofundadores.

Miguel Bolaños y José Luis Muruzábal, Muru, no dudaron. El partido lo había acordado y ellos acataban la disciplina colectiva: escalarían hasta lo alto de la chimenea en construcción de la central térmica de As Pontes (A Coruña, Galicia). La dictadura agonizaba, era agosto de 1975, y la resistencia antifranquista debía salir de las sombras. La propaganda por el hecho. Esa era la consigna del Partido del Trabajo (PT), organización de orientación maoísta con importante predicamento en la Transición y uno de los motores, junto a una incipiente izquierda nacionalista gallega, de la histórica huelga de As Pontes. La que vio como Bolaños y Muru se encaramaban a una chimenea que alcanzó los 356 metros de altura -la más alta de Europa- y culminaban así más de 20 días de paro obrero. El objetivo eran mejoras laborales pero la acción simbólica, y lo que supuso para la rearticulación del sindicalismo gallego, lo tatuó en la historia.

La localidad, en el interior de la provincia de A Coruña, no llegaba entonces a los 10.000 habitantes. Seis mil trabajadores secundaron la protesta. “Miles de personas se concentraban en un pueblo pequeño, llegados de muchos lugares para construir la central. No era fácil ni siquiera encontrar donde dormir, todo barracones y barrizales”, relata a elDiario.es Luis Burgos, abogado jubilado y en 1975 secretario de organización del PT en Galicia. Clandestino, claro. “Ese ambiente era propicio para que prosperase el tema sindical”, añade. A inicios de aquel año, el último de la vida de Franco, su partido había aprobado una nueva estrategia. El régimen se caía a pedazos, en parte empujado por la conflictividad político laboral, y la extrema izquierda buscaba salir a la luz.

“Decidimos hacer cosas espectaculares para llamar la atención, asumiendo riesgos. A Muru siempre se le ocurría algo. Acordamos lo de la chimenea”, recuerda. Ni Muruzábal ni Burgos eran exactamente militante de base. Ambos formaban parte del Comité Central del PT -una de las formaciones más activas a la izquierda del Partido Comunista- a nivel estatal. También estaban en el tajo: Muru como calderero en una auxiliar de Astano, en Ferrol, desplazado a As Pontes, y Burgos en las obras de otra central térmica, la de Sabón, en Arteixo (A Coruña).

Los riesgos asumidos, más allá de la hazaña física de subir a lo alto de la central en construcción, se materializaron cuando la Guardia Civil desplegó incluso un helicóptero para detener a Muru y a Bolaños, los dos escaladores. Aquel acto, de enorme repercusión en su día, fue, en todo caso, el estertor de una huelga de 21 días que había sacudido al régimen y ocupado planas en una prensa que, aún sometida a censura, ya no era capaz de esconder la intensísima agitación obrera.

Paco Vázquez 'largocaballerista'

“La huelga fue un fracaso desde el punto de vista de las reivindicaciones concretas. Pero sí tuvo un efecto político y sindical”. Habla con este periódico Miguel Campuzano, que en 1975 tenía 19 años y militaba en la Unión do Povo Galego (UPG) -un partido nacionalista y marxista origen del actual BNG- y en su rama estudiantil, Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA). Campuzano estaba en segundo de Filosofía y Ciencias de la Educación, y en el verano trabajaba en las obras de As Pontes junto a su camarada Xosé Manuel Díaz, de 17 años y todavía en el instituto. “El PT había ideado un método de agitación obrera bastante mecánico pero eficaz”, explica, “elaboraba en asamblea una tabla de reivindicaciones, se la presentaba a la patronal y si esta no respondía, huelga”. Los dos nacionalistas asistían a las asambleas, observaban e intentaban difundir su causa.

En el agosto caliente de hace 50 años, los trabajadores de la obra de As Pontes, asalariados de decenas de auxiliares, decidieron presionar directamente a la asociación de empresas. Reclamaban las 40 horas semanales, un aumento salarial lineal o que las compañías se hiciesen cargo del IRPF y las cotizaciones. La patronal se negó. Que cada empresa negocie por separado, alegó. La gente del PT, integrada en Comisiones Obreras, seguía su manual y propuso la huelga, relata Campuzano, que ha reconstruido la historia del paro en varios artículos. La dirección del sindicato, controlada por el Partido Comunista, no la quería. “Y nosotros, por consejo de nuestros enlaces en Ferrol (Lois Ríos y Elvira Souto), donde una táctica similar fracasara, no empujábamos”, afirma. Las habilidades dialécticas de Muruzábal y Bolaños se impusieron. El 6 de agosto de 1975 comenzó el paro. La represión no se hizo esperar: a los dos días ya había cientos de despedidos.

Las asambleas obreras se sucedían. La patronal no cedía, los operarios tampoco. En el conflicto mediaba Inspección de Trabajo que, contra todo pronóstico, no fue neutral. Dos jóvenes inspectores, recién aprobadas sus oposiciones, se inclinaban del lado de los huelguistas: Carlos Doménech y un Francisco Vázquez que entonces se autodefinía como largocaballerista y ya en democracia fue alcalde de A Coruña por el PSOE. En la actualidad sus posiciones convergen a menudo con las de Vox.

Campuzano recuerda como en el fragor de las batallas se enteraron de otro acontecimiento decisivo de aquellos meses frenéticos: la policía franquista había asesinado en Ferrol a su compañero de filas Moncho Reboiras. “Uno de los hermanos Aneiros [significados miembros del Partido Comunista en el área de Ferrolterra] llegó de Ferrol y nos dijo 'cuidado, esta noche mataron un tío a tiros', como diciendo 'es uno de los vuestros”, hace memoria. Era el 12 de agosto. Lois Ríos nunca acudió a la cita que, en As Pontes, había acordado con Campuzano y Díaz para entregarles propaganda. Formaba parte, junto a Souto, del comando de Reboiras. Consiguió escapar del cerco policial.

Los días pasaron y la huelga entró en un callejón sin salida. A finales de ese mes, y sin haber conseguido la readmisión de los despedidos, una asamblea dominada por los comunistas decidió finalizar la huelga. “Durante los últimos días es cuando Muru y Bolaños se suben a la chimenea para intentar dar la vuelta a la situación. Fue un gesto simbólico y quedó para la historia”, asegura Campuzano.

Raíces del sindicalismo nacionalista

El viejo sindicalista insiste en el valor cualitativo de la protesta de As Pontes. Él y Díaz también impulsaban entonces el Sindicato Obreiro Galego (SOG), una de las primeras experiencias sindicales ligadas a la izquierda nacionalista gallega. El ensayista y profesor Antón Baamonde, articulista de elDiario.es, comparte su impresión. Baamonde era un estudiante del instituto de Vilalba (Terra Cha, Lugo), su localidad natal, y militante de ERGA. “Vilalba y As Pontes [a 24 kilómetros de distancia] tenían mucha relación entonces. Y muchos amigos iban a As Pontes a trabajar unos meses. La construcción de la central térmica y todas las auxiliares ofrecían muchas oportunidades laborales”, señala.

Su labor, recuerda, consistía en hacer pintadas de apoyo a los huelguistas o repartir propaganda a la entrada de las factorías. “Era un tiempo de efervescencia política. Todo el mundo estaba metido en algo. Había relación con los curas de los Comités de Axuda á Loita Labrega y con la gente de Cristiáns polo Socialismo. Si tú conocías a alguien que trabajaba en un taller de As Pontes, intentabas meterlo en el asunto”, dice. As Pontes vivía un ciclo de proletarización: gente que llegaba del mundo agrario para trabajar en la fábricas. Y en ese ambiente, Baamonde también menciona las primeras pintadas del Sindicato Obreiro Galego, por ejemplo. No existen fotografías del conflicto, solo memorias individuales. O, por lo menos, nadie ha localizado imágenes. “No se sacaban fotos. Como mucho, las sacaría la Guardia Civil”, ironiza Luis Burgos, “infiltraban agentes en las asambleas, pero a menudo los identificábamos y los echábamos”.

Al repasar lo sucedido aquel agosto, Campuzano insiste en su importancia cualitativa y para el desarrollo del sindicalismo gallego, en concreto de su rama nacionalista. “Personas que nos conocimos en aquel momento y en aquel lugar después tuvimos un papel importante en la conformación de la CIG”, asegura. La Confederación Intersindical Galega es, en la actualidad, la primera central de la comunidad por número de delegados y de afiliados. Se fundó en 1993, pero las dos corrientes que nutrieron su principal antecesora, la Intersindical Nacional de Traballadores de Galicia (INTG), habían confluido en As Pontes: los militantes del PT integrados en Comisiones Obreras y que al poco tiempo se escindieron como CSUT y después se transformaron en la Central de Traballadores de Galicia; y el SOG, impulsado por la UPG, y más tarde Intersindical Nacional Galega.

“Compartiamos una forma de ser y de vivir. Eramos rupturistas de verdad, no estábamos por la ruptura pactada del Partido Comunista”, considera Campuzano, “nosotros, los nacionalistas, aprendimos mucho de las tácticas de Muruzábal y Bolaños, gente vital y combativa, que se acercaron a nosotros no por la cuestión nacional, sino por la de clase”. “El Sindicato Obreiro era entonces pequeño, muy clandestino”, argumenta Burgos, “pero coincidíamos en el objetivo de acelerar la ruptura democrática. Al final no pudo ser”. Las raíces de un importante sindicato y la memoria de un agudo episodio de lucha obrera en el tránsito de la dictadura a la democracia, eso sí pudo ser en agosto de 1975.

La central térmica de As Pontes comenzó a funcionar en 1976 y dejó de hacerlo en octubre de 2023. La chimenea a la que escalaron Muruzábal y Bolaños todavía domina la silueta de la localidad.

“Este movimiento se está convirtiendo en un movimiento político; los estudiantes tenemos nuestra lista [de candidatos] y esperamos que todo termine con las elecciones”, decía Vladímir en las marchas de Novi Sad justo un año después del incidente en la estación de tren de esta ciudad al norte de Serbia que acabó con la muerte de 16 personas.

Aquel accidente detonó unas protestas estudiantiles que exigían, en primer lugar, la rendición de cuentas, la publicación de todos los documentos relacionados con la reconstrucción de la estación de tren de Novi Sad y la investigación y la exigencia de responsabilidades penales para los responsables del derrumbe. Conforme se fue consolidando el movimiento, las exigencias fueron creciendo, desde el procesamiento de quienes atacaron a estudiantes en manifestaciones posteriores, hasta la convocatoria de unas elecciones que, esperan, hagan caer al Partido Progresista Serbio (SNS) de Vučić, en el poder desde 2012.

Los estudiantes consiguieron tumbar al ministro de Infraestructuras, Goran Vesić, y posteriormente al primer ministro, Miloš Vučević, pero no fue suficiente. Quieren tumbar el régimen y han elaborado una lista de candidatos seleccionada por cada facultad para acabar con el Gobierno en las próximas elecciones.

“Hubo varios momentos en los que pensé que el movimiento se desvanecería. Por ejemplo, después del pasado Año Nuevo, pero no fue así. También pensé que después del 15 de marzo, cuando tuvimos la protesta más grande, el movimiento empezaría a apagarse lentamente. Y tampoco ocurrió. Pensé que durante el verano pasaría, porque es cuando la gente se va de vacaciones, no fue así. También lo pensé durante los exámenes. Tampoco pasó. El movimiento ha sabido ser lo suficientemente resiliente como para superar todos esos momentos, y aquí seguimos”, cuenta Luka Marković, estudiante de Derecho y parte del movimiento estudiantil.

No ha sido la primera vez, en los últimos años, que la población se ha levantado contra el gobierno de Vučić en Serbia. En 2023, tras los tiroteos en colegios y masacres en Mladenovac y otras localidades —que dejaron decenas de muertos— se creó el movimiento ‘Serbia contra la violencia’, que pedía el fin de la cultura de la violencia en el país, pero que acabó controlado por los partidos opositores al Partido Progresista Serbio (SNS). No consiguió nada. Tampoco consiguieron nada las protestas surgidas del fraude electoral de las locales de diciembre de 2023 en Belgrado, a pesar de la certificación de irregularidades por observadores internacionales.

La fórmula de los estudiantes

Con este panorama, los estudiantes demandan la repetición electoral con un solo objetivo: tumbar el sistema. “Nuestro deseo no es formar un partido político, estar en el poder o convertirnos en una nueva parte del sistema. El objetivo del movimiento es traer un cambio permanente. No vamos a seguir los pasos de los partidos políticos tradicionales que han decepcionado a la gente una y otra vez”, admite Marković, quien clarifica que no quiere solo dar ideas abstractas.

No convocan elecciones anticipadas porque saben que, cuando finalmente lleguen, perderán. El régimen ha llegado a su fin. Vamos a hacer caer el régimen, solo necesitamos confirmarlo en las elecciones

Luka Markovic — estudiante de Derecho y manifestante

Y es que los estudiantes tienen diseñados los siguientes pasos: ya han creado su lista de candidatos para las próximas elecciones, sean anticipadas o no. Sin embargo, no se presentan como un partido político, sino como un “grupo de ciudadanos” (en serbio, grupa građana). La ley electoral serbia permite que las listas electorales sean presentadas por un partido político, una coalición o, como en este caso, un grupo de ciudadanos —deben reunir un umbral mínimo de firmas de ciudadanos para apoyar la lista—.

La fórmula que han usado los estudiantes ha sido sencilla: cada facultad ha elegido sus candidatos —quienes no son estudiantes— y se ha conformado la lista que formará este grupo ciudadano, la cual no anunciarán hasta que se sepa la fecha de las próximas elecciones.

Una vez presentada, “tendrán la responsabilidad de crear una plataforma anticorrupción para limpiar el desastre y, finalmente, hacer justicia a las víctimas de la caída de la marquesina. Será [un grupo] puntual, con el objetivo de recuperar la democracia parlamentaria y las elecciones periódicas. Esto es importante porque no somos un movimiento ideológico; nuestro objetivo es la lucha contra la corrupción y una reforma judicial”, explica el representante del movimiento.

El éxito del movimento estudiantil

Es en esta apoliticidad donde reside el éxito de las protestas —desde finales de 2024 hasta 2025 se han registrado más de 10.000 manifestaciones en más de 630 localidades del país—. El movimiento surgió desde las trincheras, en este caso las facultades; fue siempre horizontal y, de igual manera, impersonal —nunca hubo una cara o figura protagonista—. Además, no permitieron a ningún frente político adueñarse de este —a diferencia de movilizaciones anteriores— y sus peticiones, como dicen, no son ideológicas, solo piden el respeto a la Constitución. “Esa es nuestra gran diferencia: valor y creencia en la democracia”.

En este año de protestas se han extrapolado muchas lecciones del movimiento estudiantil en Serbia, así como del Gobierno de Aleksandar Vučić. Los estudiantes han sabido organizarse; han creado plataformas donde poder seguir las movilizaciones, sus reclamos siempre han sido claros y democráticos. Además, sus acciones se han mantenido pacíficas y han buscado el respeto de la ley y la Constitución serbia.

Por el contrario, la represión estatal contra ellos ha sido dramática desde sus inicios. Primero, y en palabras del presidente serbio, estas protestas están orquestadas desde Occidente —paradójico cuando hasta hace escasamente tres meses la UE no solo no se había pronunciado sobre las mismas, si no que en más de una ocasión había mostrado su apoyo a Vučić—. Pero, una vez se vio que el movimiento no se desvanecía, empezaría una continua represión violenta contra los estudiantes: Amnistía Internacional ha denunciado el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y hospitalización de jóvenes que protestaban pacíficamente. “Todos conocíamos los riesgos cuando nos metimos en esto. Por desgracia ya sabemos que los regímenes autoritarios no van a jugar limpio”, lamenta Luka.

“Vamos a hacer caer el régimen”

Ha pasado un año, dos meses y dos semanas desde el inicio de las movilizaciones de los estudiantes en Serbia, que ya suponen la mayor movilización civil desde la era de Slobodan Milosević. No ha habido un solo día en el que los estudiantes no hayan salido a la calle, las plataformas siguen convocando concentraciones, las facultades siguen organizándose, el apoyo sigue llegando desde todas partes, no solo de Serbia, sino de todos los Balcanes, pero Vučić se niega a convocar elecciones anticipadas.

Las calles ya no exigen simplemente la caída de un hombre, sino que expresan una exasperación más amplia: contra la corrupción, contra la represión, contra un sistema que ha estado aplastando y empobreciendo durante décadas. Están surgiendo nuevas formas de organización: desde estudiantes hasta trabajadores del sector público, desde maestros hasta obreros de fábricas. Un movimiento está tomando forma. Aún no está estructurado, aún está encontrando su camino, pero existe

Ivica Mladenović — politólogo

Un hecho importante cuando convocar elecciones ha sido uno de los mecanismos favoritos del presidente serbio para mantenerse en el poder. Desde que llegó al poder en 2012 ha llamado a las urnas cinco veces (a nivel nacional), de las cuales cuatro han sido anticipadas. “No convocan elecciones anticipadas porque saben que, cuando finalmente lleguen, perderán. El régimen ha llegado a su fin” tiene claro Luka, “Vamos a hacer caer el régimen, solo necesitamos confirmarlo en las elecciones”

El pasado 9 de diciembre hubo otra concentración a las puertas de la Facultad de Agricultura, el mismo día que se cumplía un año de su bloqueo por las movilizaciones. “Se cumple un año del bloqueo de la Facultad de Agricultura. Queremos pasar por las calles y el camino en el que aprendimos lo que significan la unión y la verdadera solidaridad”, se leía en la convocatoria a la protesta.

El calendario de movilizaciones estudiantiles en Serbia sigue actualizándose diariamente.

El sistema serbio: clientelismo y abuso de poder

En febrero de este año, el doctor en Ciencias Políticas e investigador del Laboratorio de Teorías Políticas (LabToP) y del Instituto de Filosofía y Teoría Social de Belgrado, Ivica Mladenović, escribía: “Las calles ya no exigen simplemente la caída de un hombre, sino que expresan una exasperación más amplia: contra la corrupción, contra la represión, contra un sistema que ha estado aplastando y empobreciendo durante décadas. Están surgiendo nuevas formas de organización: desde estudiantes hasta trabajadores del sector público, desde maestros hasta obreros de fábricas. Un movimiento está tomando forma. Aún no está estructurado, aún está encontrando su camino, pero existe”.

“La gente estaba, en muchos sentidos, decepcionada con los partidos políticos tradicionales; sabían que nunca serían capaces de ser el motor del cambio. Y hay un deseo genuino de cambio y de compromiso. Se ve el movimiento estudiantil como una especie de esperanza”, explica Luka.

El espectro político de Serbia se encuentra manchado por la corrupción y el clientelismo, donde la lealtad al partido gobernante se convierte en la moneda más valiosa; y los recursos públicos, en herramienta de poder. Las redes clientelares manejan prácticamente todas las esferas del Estado: administración pública, empresas estatales, organismos reguladores, instituciones sociales y servicios públicos. En este sentido, a cambio de su apoyo [al partido], quienes forman parte de esas redes reciben favores: contratos públicos, empleos dentro del aparato estatal, licencias, trato preferencial, acceso privilegiado a servicios y —con frecuencia— impunidad frente a la ley.

En este contexto, la distinción entre lo público y lo privado se diluye: decisiones sobre infraestructuras, licitaciones, ayudas sociales o subvenciones quedan sujetas no al interés general, sino a la lógica del poder. Y es aquí donde los estudiantes encuentran la explicación a lo que ocurrió aquel 1 de noviembre de 2024 en Novi Sad.

“Creo que lo que hacemos es enviar un mensaje de que no toleramos —y que la gente no debería tolerar— la corrupción y el abuso de poder. Y que tú, como individuo, eres importante y deberías involucrarte en cómo se gestionan las cosas”, analiza el estudiante de Derecho.

En su informe más reciente, Freedom House cataloga a Serbia como “parcialmente libre”, es decir, aunque formalmente existen elecciones multipartidistas, en la práctica los derechos políticos y las libertades civiles han sido erosionados. Desde hace años, la separación de poderes sufre un retroceso evidente: el poder judicial ha perdido la independencia; Aleksandar Vučić y su partido ejercen un control casi total sobre los medios de comunicación; y el ejecutivo — también bajo Vučić — ha concentrado amplios poderes, debilitando los mecanismos institucionales de control.

El historiador y periodista Rutger Bregman (Westerschouwen, Países Bajos, 1988) se ha convertido en los últimos años en un incordio para las élites. En 2019, su intervención en el Foro de Davos se volvió viral, al defender ante las élites más poderosas del mundo que los ricos “no pagan su parte” y defender la justicia fiscal. Hace una semana, una intervención crítica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le tiene en el punto de mira, fue censurada. En el eje de sus discursos están los impuestos y una renta básica universal, pero con su último libro, 'Ambición moral' (Editorial Península), este intelectual holandés pone el foco en lo que los individuos pueden hacer en su día a día.

Bregman ha creado una Escuela de Ambición Moral, donde ha invertido la mitad de sus ahorros y con la que pretende atraer el talento para ponerlo al servicio del bien común y atajar el “desperdicio de talento” que se produce en algunas de las industrias más poderosas del planeta, “que no convierten el mundo en un lugar mejor”.

¿A qué llama 'ambición moral'?

Como especie, nos enfrentamos a problemas enormes, como la amenaza gigantesca del clima; la próxima pandemia, que puede estar a la vuelta de la esquina; la pobreza global, que probablemente vaya a peor; o los miles de millones de animales que sufren en macrogranjas, una de las mayores atrocidades morales de nuestro tiempo. La lista es enorme, pero hay muy pocas personas trabajando para solucionar estos problemas. Es un gran desperdicio de talento, con millones de personas atascadas en trabajos que no convierten el mundo en un lugar mejor. El antídoto es la ambición moral, el deseo de utilizar tu tiempo y tu talento, pero también tu acceso a ciertas redes, tu capital cultural y financiero y todos tus privilegios, para marcar la diferencia.

El 17% de la población cree que su trabajo no contribuye en nada a la sociedad. ¿En qué trabajan estas personas y qué dice esto del sistema económico actual?

En realidad, es peor. El 8% está seguro de que su trabajo no tiene ningún tipo de impacto social. Si están en huelga, a nadie le importaría. Un 17% tiene dudas de que su trabajo aporte valor al mundo. Si lo sumas, un cuarto de la fuerza laboral cree que está malgastando su tiempo. Un amigo, que estudia en la Universidad de Oxford, habla del Triángulo de las Bermudas: lo que ve en Harvard, Princeton y Yale, las universidades más prestigiosas del mundo, es que la mayoría de los chavales terminan en consultoría, finanzas o derecho societario. Ganan mucho dinero, pero son carreras aburridas que no marcan la diferencia en la lucha contra los problemas reales.

¿Existe una relación entre salario e inmoralidad del trabajo?

Tengo un estudio que cruza los sueldos de ciertos profesionales con lo morales o inmorales que son esos sectores, según la población general. Cuanto más dinero ganas, más probable es que tu trabajo se considere inmoral. Un ejemplo fácil es el tabaco. Probablemente sea la industria más cruel que existe, responsable de millones de muertes al año, pero con salarios muy por encima de la media. Si lo piensas, es comprensible, porque trabajar en Philip Morris puede ser una de las cosas más patéticas que hacer con tu vida: te están pagando, básicamente, para que los jóvenes se enganchen. Para superar esa vergüenza, necesitas una compensación.

Teniendo en cuenta que la población necesita tener unas necesidades básicas resueltas, ¿hasta qué punto un individuo puede generar un cambio real en contra de un sistema económico y unas estructuras de poder muy potentes?

La primera observación es que hay muchos libros sobre mindfulness, que te enseñarán a ser más feliz, estar más relajado, productivo, etc., pero este no es necesariamente uno de ellos. Es un libro duro, que escribí inicialmente para mí mismo, cuando sentía que necesitaba una patada en el culo. La segunda es que hay mucha gente de izquierdas muy buena a la hora de señalar los problemas del sistema y las injusticias estructurales del capitalismo, del patriarcado, etc., pero existe el riesgo de que eso se convierta en una excusa para no hacer nada. A lo largo de mi carrera me han fascinado estos pequeños grupos de ciudadanos comprometidos, que han logrado algunos de los mayores cambios de la historia, desde los abolicionistas a las sufragistas. Todos empezaron con un grupo reducido de personas, así que siempre me ha parecido muy superficial y falto de esperanza creer que la gente no puede generar cambios o que es neoliberal pensar que los individuos no pueden marchar la diferencia. El comportamiento es contagioso, podemos inspirarnos los unos a los otros.

Estamos viendo el colapso total de las organizaciones progresistas, totalmente ineficaces a la hora de obtener resultados

¿La pureza ideológica de una parte de la izquierda ayuda a conseguir cambios reales o frena avances más factibles pero no tan estructurales?

Los últimos 10 años han sido catastróficos. Hemos visto el auge de movimientos muy importantes, como el Black Lives Matters, el MeToo, Fridays for Future o Occupy Wall Street, que han generado resultados… variados, siendo amable, porque alguno no ha supuesto ningún cambio legal. Eso contrasta con los movimientos por los derechos civiles de los años 60, liderados por gente como Rosa Parks o Martin Luther King, que cambiaron la vida de los americanos negros con grandes reformas legislativas. Hace unos años el mundo se volvió woke, pero lo que estamos viendo hoy, especialmente en Estados Unidos, es el colapso total de las organizaciones progresistas, totalmente ineficaces a la hora de obtener resultados.

Por ejemplo, la derecha ha sido muy estratégica en la lucha contra el aborto. Empezaron hace 30 años y han construido todo un ecosistema de oposición, impulsando miles de juicios que han creado la vía para acabar con la ley en todo el país. Mientras tanto, ¿qué está haciendo la izquierda? En lugar de estar en las barricadas, están luchando unos contra otros. A la gente que sufre opresión, desigualdad o pobreza le da igual que tengas razón o pureza moral, lo que quieren es que ganes, aunque esos signifique hacer cosas contraintuitivas o generar coaliciones con gente que no te cae bien.

En el libro dice que la protesta moderna consiste en “clics y likes esperando que otros hagan algo”. ¿Qué papel juegan las redes, donde vemos campañas muy bien estructuradas, generalmente de extrema derecha?

En el libro pongo el ejemplo de la marcha de Washington en los años 60. Fue muy difícil de organizar, porque la gente no tenía Twitter, Facebook ni Instagram. Había todo un aparato trabajando con listas, direcciones, número de teléfono y tratando de distribuir toda esa información. Eso garantizaba que lo que sucedía era más duradero y sostenible y esas redes no desaparecieron tras la protesta. La ironía de Twitter es que, cuando se lanzó, todo el mundo pensó que sería la edad dorada de los movimientos sociales y que la gente con poder temblaría ante las masas. Hemos visto que ha sido, más o menos, lo contrario. Ha habido un aumento de las protestas, pero cada vez más ineficaces.

"Un ecosistema dentro de la derecha cree que la democracia tiene que ser destruida"

Dice que el progreso moral no es lineal, ¿qué lectura hace del auge de gobiernos reaccionarios, de Trump y Milei o del auge de la extrema derecha en Europa?

Es mucho más preocupante de lo que la gente parece entender. Si cogiéramos un libro sobre una explosión autoritaria y la caída de la democracia, en los primeros capítulos leeríamos lo que está pasando en el mundo ahora mismo. He estado un año viviendo en Nueva York y uno de los motivos por los que he regresado a Holanda es que, como inmigrante, estaba preocupado por mi familia y por poder expresar mis opiniones con franqueza. Cuando aterricé en Ámsterdam, mi cara apareció en la portada del Daily Mail con un titular de que la Casa Blanca no estaba contenta conmigo porque había dicho que Trump era el presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos.

La frase fue censurada una semana después por la BBC, para que te hagas una idea de la cobardía de estas instituciones. Las cosas que dábamos por hecho hace un tiempo, como la libertad de organizarte o de expresión, está claramente amenazada porque hay un ecosistema dentro de la derecha que cree que la democracia tiene que ser destruida. En el libro hablo de Peter Thiel, al frente de la construcción de esa alianza y que financió directamente las políticas de Bush. Han sido muy claros y están mucho mejor organizados, financiados e ideológicamente preparados.

La BBC reconoció esa autocensura. ¿Se ha vuelto a poner en contacto con usted?

Es tremendamente irónico, porque la propia BBC me pidió dar cuatro conferencias sobre los desafíos a los que nos enfrentamos como humanidad. La primera iba sobre la cobardía de las instituciones que se ponen de rodillas ante el autoritarismo... censuraron la clase de la censura, después de haber pasado un proceso editorial de meses. Claramente, se veían amenazados por la administración Trump y el Consejo Legal de Estados Unidos. Es un principio de la dictadura, nunca había vivido algo así. En la grabación de audio mi voz desaparece, escuchas el momento del corte y, dos o tres minutos después, se me escucha hablar sobre la cobardía de las élites occidentales. Me pareció una experiencia tremenda, pero van a emitir las otras tres conferencias. No culpo a los periodistas de la cadena, que han hecho un trabajo increíble. Es una decisión que, evidentemente, viene de arriba.

Algunos avances tecnológicos surgen de esa ambición moral. En un contexto de grandes revoluciones en torno a temas como la inteligencia artificial y la automatización, ¿qué políticas garantizan que esos avances no concentren aún más la riqueza?

Soy un socialdemócrata europeo chapado a la antigua, que cree en una economía mixta. Esto significa que hay que dar espacio a los emprendedores para innovar. A la vez, necesitas un sector público sólido y potente, porque las mayores innovaciones y el bienestar de la población se ve garantizado por la sanidad, la lucha contra la pobreza, etc. Lo que vemos hoy es que el equilibrio ha desaparecido por completo y la desigualdad se ha salido de control. Hay especulación por todas partes y los mercados están descontrolados, pero tenemos una cura. Lo dije hace seis años en Davos: impuestos, impuestos, impuestos. Es todo lo que necesitamos, muchos más impuestos para los ricos. Lo puedo repetir hasta que me muera y la mayoría de la gente está de acuerdo. El 80% de la población piensa que los ricos deberían pagar más. Para pasar de A a B hace falta talento, por eso estamos intentando reclutar a gente inteligente que trabaja para las grandes firmas. Somos los Robin Hood del talento. Estamos haciendo lobby y trabajamos, por ejemplo, con Gabriel Zucman, un economista francés que está liderando este encargo. Es ciencia para hacer cohetes, pero la solución es que los ricos paguen más impuestos.

Cuando se habla de justicia fiscal, muchas veces el argumento predominante es otro: que los impuestos no se gestionan bien o, en el caso de España, que es un infierno fiscal —algo que contradicen los datos—. ¿Cómo se combate ese discurso?

Empezamos la entrevista hablando sobre trabajos de mierda. Si escarbas en los datos, los empleados en el sector privado tienen tres veces más posibilidades de considerar que su trabajo es una mierda que en el público. Tenemos que trasladar el mensaje de que el sector público genera mucha más riqueza que el privado, según la gente que trabaja en él. Es lógico, porque el Gobierno financia buena parte de la sanidad y la educación, servicios increíblemente esenciales. A la vez, tenemos que exigir excelencia a nuestros gestores, para que la gente no quiera trabajar en McKinsey, sino en el Gobierno, la empresa más prestigiosa de todas. Para eso puedes hacer fellowships, para atraer a los jóvenes, y pagar más. Esto es más polémico entre la izquierda, pero si trabajas para una administración en un tema social súper importante, no entiendo por qué deberías ganar menos que alguien que vende Coca-Cola. Si pagas en cacahuetes, atraes a monos. Hay que generar una cultura de excelencia dentro del gobierno, para que a la gente más lista y talentosa le parezca atractivo.

Las asociaciones vecinales de Huesca habían preparado para el pasado sábado una movilización inédita en la ciudad, concebida como la primera acción conjunta de los barrios desde hace años para denunciar el estado general de la ciudad y la falta de respuesta del Ayuntamiento ante problemas cotidianos que, según afirman, se agravan con el paso del tiempo. Aunque la concentración quedó suspendida por el desalojo urgente de 200 vecinos en la plaza Santa Clara tras detectarse el riesgo de derrumbe de cuatro de sus edificios, una emergencia prioritaria, las razones que habían impulsado la protesta continúan plenamente vigentes y han cristalizado en un manifiesto que las asociaciones consideran un punto de partida para un ciclo largo de reivindicaciones.

La iniciativa agrupaba a las ocho asociaciones vecinales de Huesca -Perpetuo Socorro, Casco Antiguo, Santo Domingo y San Martín, San José, María Auxiliadora, Santiago, San Lorenzo y La Encarnación- y a varias plataformas ciudadanas: la Plataforma para la Defensa del Patrimonio, Árboles Vivos y Ecologistas en Acción. El frente era amplio y transversal, y pretendía poner sobre la mesa un diagnóstico común: la sensación de que la ciudad se ha ido deteriorando en ámbitos urbanos, patrimoniales, ambientales y de servicios, mientras los mecanismos de participación permanecen estancados.

La convocatoria insistía en la necesidad de “un Ayuntamiento mediador, negociador y que sepa atender las necesidades de la sociedad”, una frase que resume, según los colectivos, el espíritu de la movilización. Los propios convocantes subrayaban que “la participación ciudadana se ha quedado en una mera intención; la administración local está muy lejos de la ciudadanía y la calidad de vida se deteriora ante la falta de atención de los servicios públicos”.

El malestar había crecido de forma sostenida durante los últimos meses, con episodios que han ido sumándose hasta generar un clima de desgaste evidente. El cierre prolongado de la biblioteca Ramón J. Sender en el Perpetuo Socorro, clausurada desde hace dos años por el mal estado de la cubierta y con una licitación que volvió a quedar desierta hace apenas unos días, se ha convertido en el símbolo más visible de esa inacción. Los vecinos lo expresaron con contundencia: “este es un espacio que es público, que es responsabilidad del Ayuntamiento de Huesca de tenerlo activo. Que quede desierto… es ya ‘la razón de la sin razón’”.

A ello se suman controversias recientes asociadas a las actuaciones sobre el arbolado urbano, especialmente en la zona de Martínez de Velasco, donde la tala y la poda intensiva provocaron protestas vecinales. Árboles Vivos Huesca denunció que “el Ayuntamiento ha rebajado en un 87% la propuesta inicial de protección de ejemplares singulares en tan solo 12 años”. El descontento se extiende a la gestión de equipamientos y espacios públicos. En el barrio del Casco Antiguo, por ejemplo, las obras del Círculo Católico permanecen paralizadas, mientras el estado de calles como Lanuza o Sebastián Martín-Retortillo acumula quejas desde hace años.

En La Encarnación, la falta de mantenimiento y la ausencia de un proyecto claro para la zona han alimentado un sentimiento de abandono. Desde la Asociación de Vecinos del barrio de San José señalaron que “otra de las quejas vecinales pasa por el estado de nuestras calles y aceras, está deteriorado” y añadieron que “hay vecinos que nos piden que se mejore el parque, cuando llueve, cuando hace viento, se puede mejorar y también su iluminación porque vemos que es necesario acometer el alumbrado”. En varios barrios, las sedes vecinales reclaman reformas que llevan años pendientes. La Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago denuncia que “el local presenta diversas deficiencias, entre ellas filtraciones… se trata de un problema que se arrastra desde hace años y del que la comunidad vecinal es plenamente consciente”.

En el plano patrimonial, el antiguo Seminario y su prolongado deterioro han sido uno de los elementos más citados por las plataformas convocantes. La Plataforma para la Defensa del Patrimonio afirmó que “la inacción municipal, las trabas técnicas y la falta de voluntad política del equipo de gobierno paralizan cualquier acción conducente a la recuperación y aprovechamiento de la imponente construcción histórica”.

La decisión del Ayuntamiento de ofrecer el edificio a Paradores Nacionales como vía para desencallar la situación ha generado división: mientras algunos ven la fórmula como una oportunidad, otros la interpretan como un intento de “declinar responsabilidades” y “sacar el problema de encima”. También el proceso de venta del estadio de la SD Huesca, rebautizado ya como El Alcoraz by Amazon, ha sido incorporado a la crítica general por parte de las asociaciones, que consideran que el Ayuntamiento ha demostrado mayor capacidad negociadora en este ámbito que en los asuntos que afectan directamente a la vida diaria de los barrios.

Las tensiones se intensificaron en los días previos a la concentración, cuando el Ayuntamiento convocó a las asociaciones a una reunión previa al consejo ciudadano. Seis entidades decidieron no asistir y acusaron al gobierno municipal de improvisación y de intentar desactivar la protesta de última hora. Dos sí acudieron, aunque posteriormente varias plataformas denunciaron que ni siquiera fueron invitadas, como Árboles Vivos y Ecologistas en Acción.

En este contexto Javier Moreno, presidente de la asociación de vecinos de María Auxiliadora, afirma que “la sociedad, con estas quejas, va más por delante de la administración… hay una sociedad que, en realidad, es más comprometida, más responsable, está más sensibilizada… con temas como por ejemplo, el medio ambiente”. Otra declaración destacaba: “No se trataba solo una arbitrariedad institucional sino una verdadera falta de respeto y evidencia de anormalidad democrática, en un intento de desmovilización in extremis y de división de los colectivos ciudadanos”.

La movilización suspendida concentraba también el descontento generado por la “externalización” de la planificación municipal y el encargo de consultoras privadas para el Plan Estratégico 2026-2030 y estudios culturales, dejando de lado diagnósticos realizados por los propios colectivos. Los vecinos denunciaban que esta dinámica “amplía la distancia entre administración y ciudadanía y duplica trabajos ya realizados”.

Pero más allá de la protesta, las asociaciones han presentado una lista detallada de diecisiete actuaciones prioritarias que exigen que se incorporen al presupuesto municipal de 2026. Entre ellas destacan la reparación inmediata de la biblioteca Ramón J. Sender; el estudio y la intervención urgente en la cubierta del Seminario; la puesta en uso del edificio municipal de Vitalia en San José; la reapertura del centro de salud del Perpetuo Socorro; la reorganización de las plazas de San Félix y San Voto; la finalización del parque San Martín; la restauración ecológica del río Isuela y la Acequia Mayor; la redacción de un Plan Director del Arbolado; la recuperación del cauce natural en varios tramos verdes; la mejora de las infraestructuras básicas del parque Miguel Servet; y la reparación de sedes vecinales en barrios como Santiago o María Auxiliadora. Para los colectivos, estos puntos no son una lista de deseos, sino “mínimos imprescindibles” para que la ciudad deje atrás una etapa de parálisis.

El descontento vecinal también ha sido amplificado por la difusión de fotografías que muestran el deterioro cotidiano: bancos rotos, aceras levantadas, alumbrado dañado, jardinería descuidada, fuentes que no funcionan o carriles bici con problemas de mantenimiento. Algunas voces remarcan que “aquí no hay ningún tema político; hay mucha variedad de personas de diferentes sensibilidades y pasaría igual si estuviera el PSOE en el gobierno”.

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa Lorena Orduna ha respondido que muchos de los problemas señalados no se originan en el actual equipo de gobierno, sino que vienen de anteriores legislaturas. También ha defendido que la elaboración y ejecución de proyectos requiere plazos largos y que existen limitaciones administrativas que no pueden acortarse. Asegura que las reuniones con los representantes vecinales han sido frecuentes y que se ha respondido a todas sus preguntas, negando así la acusación de falta de diálogo. También ha reivindicado su labor al frente del plan de emergencias derivado del riesgo de derrumbe en Santa Clara: “Ser alcaldesa es estar con tus vecinos en todo momento. Sobre todo en las situaciones más graves”, escribió el domingo en sus redes sociales.

Pese a la suspensión de la concentración, las asociaciones insisten en que la movilización continúa viva y en que el trabajo de denuncia y propuesta no se detiene. Para los colectivos, “esta movilización es una suma de enfados de los barrios con el Ayuntamiento”, un reflejo de que el malestar es amplio, sostenido y transversal.

La intención ahora es mantener la presión, reclamar la incorporación de sus demandas al presupuesto municipal de 2026 y, cuando sea posible, retomar la convocatoria para visibilizar públicamente el malestar ciudadano. Las asociaciones consideran que la crisis abierta por el desalojo en Santa Clara no hace sino reforzar su diagnóstico: una ciudad con problemas acumulados que requieren planificación, inversión y atención continuada. Su hoja de ruta a medio plazo implica mantener la coordinación entre barrios, reforzar el trabajo conjunto con plataformas ciudadanas y seguir documentando y denunciando las situaciones de abandono.

En este encuentro, José María Lama analizará cómo la sustitución del Antiguo Régimen por el sistema liberal en el siglo XIX transformó las condiciones de vida de campesinos y artesanos, generando las bases del movimiento obrero también en Extremadura. La charla rastreará los primeros indicios de activismo, como la detención de un grupo de obreros en Villafranca de los Barros en 1861, y el surgimiento de las primeras sociedades obreras en las décadas de 1870 y 1880.

Entre los hitos que abordará se encuentran la fundación de la primera agrupación socialista extremeña en Cabeza del Buey (1887), el anarquismo obrero de La Germinal en Badajoz (1900), la Casa del Pueblo de Montijo (1901), los congresos campesinos de Torre de Miguel Sesmero (1902-1903) o la elección de los primeros alcaldes socialistas en Azuaga, Llerena o Valencia del Ventoso.

Durante el primer tercio del siglo XX, republicanos, socialistas y anarquistas se disputaron el liderazgo de las sociedades obreras extremeñas, que evolucionaron desde el viejo republicanismo hacia formas más organizadas de acción sindical y política. Lama también abordará cómo, con la proclamación de la Segunda República en 1931, muchos de esos líderes obreros accedieron a los ayuntamientos, siendo posteriormente represaliados tras el golpe franquista de 1936.

Con una mirada histórica y social, la conferencia reivindica la memoria de quienes protagonizaron el nacimiento del movimiento obrero en Extremadura, muchos de los cuales pagaron con su vida su compromiso con la justicia social y los derechos de la clase trabajadora.

El espionaje sin orden judicial de policías nacionales a los movimientos sociales suma una nueva causa. Pero no contra ningún uniformado, sino contra activistas que protestaron contra uno de los agentes protagonistas de la infiltración. Un juzgado de Barcelona investiga a seis militantes de la organización independentista Arran por formar un “grupo criminal” cuya principal acción fue el lanzamiento de pintura a la comisaría de la Policía Nacional de Maó (Menorca), donde estaba destinado uno de los policías infiltrados.

Así lo ha podido saber elDiario.es tras tener acceso al auto del Tribunal Supremo que ha dirimido la discrepancia entre el juzgado de Barcelona (que entendía que la causa debía investigarse en Menorca por ser el lugar donde se perpetraron las pintadas) y el de Maó (que envió la causa a la capital catalana al entender que fue desde allí donde “se organizó” la protesta). El Alto Tribunal ha decidido que el caso se instruya desde Barcelona, tal y como había pedido la Fiscalía.

La base de la causa es el informe realizado por agentes de la comisaría de la Policía Nacional de Maó, esto es, la misma sede en la que trabajaba el agente infiltrado en enero de 2025, cuando los activistas de Arran lanzaron pintura contra su edificio. El “grupo criminal” del que hablaba la Policía en su atestado se mantuvo en el auto del juzgado de Maó que, asumiendo la tesis policial, abrió una causa por este delito, además del de daños y acoso.

Según el juez de Maó, los seis activistas de Arran forman parte un “grupo criminal”, delito habitualmente empleado contra bandas de crimen organizado o narcotraficantes, con “suficiente estructura y reparto de roles” no solo para viajar desde Barcelona a la isla para realizar las pintadas, sino también para grabarlas en vídeo y difundirlas desde la cuenta de la entidad.

En Maó, los activistas de Arran realizaron dos únicas acciones: el lanzamiento de bolas de pintura contra la comisaría y una pintada en una pared de la carretera general de la isla con el mensaje “infiltración es tortura, os las devolveremos todas”, y las iniciales del policía. Las publicaciones en redes sociales sobre la protesta, agregó el juez de la isla, “contenían mensajes relativos a datos personales e identidad del agente de Policía Nacional e incitación al odio”.

La infiltración del agente en los movimientos sociales de Barcelona fue desvelada por La Directa en 2023. Activistas estudiantiles, del barrio Gòtic de Barcelona y de un casal del Eixample reconocieron al policía como uno de sus compañeros de militancia con el que compartieron asambleas y concentraciones contra los desahucios durante meses. El policía llegó a puestos de coordinación en el núcleo del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) del campus Mundet de Barcelona.

El espionaje de este agente sin control judicial en movimientos sociales transcurrió en paralelo al de otros policías infiltrados en círculos anarquistas de Barcelona, independentistas de Girona o los movimientos sociales de Madrid y València. La Justicia ha rechazado investigar las infiltraciones y ha desestimado de plano todas las querellas de los afectados sin abrir ninguna investigación.

Por el contrario, tanto la Agencia Española de Protección de Datos como un juzgado de Madrid mantienen abiertos sendos procedimientos a un activista por exponer en Twitter a policías nacionales que se infiltraron en diversos movimientos sociales en la última década.

A la causa de la capital de España se suma ahora la que el juzgado de Barcelona, por orden del Supremo, instruirá contra los seis activistas de Arran. Previsiblemente, la jueza de instrucción los citará como investigados en las próximas semanas para completar la investigación, pues en el juzgado Maó ya declaró el policía infiltrado.

En Maó, los activistas de Arran realizaron dos únicas acciones: el lanzamiento de bolas de pintura contra la comisaría y una pintada en una pared de la carretera general de la isla con el mensaje “infiltración es tortura, os las devolveremos todas”, y las iniciales del policía. Las publicaciones en redes sociales sobre la protesta, agregó el juez de la isla, “contenían mensajes relativos a datos personales e identidad del agente de Policía Nacional e incitación al odio”.

Los activistas, arguyó el juez de Maó, “organizaron los actos desde Barcelona”, ciudad desde la que también cree que se publicó el tuit que divulgó la protesta. Ese mismo criterio adujo la Fiscalía del Supremo, quien señaló que los textos de los tuits “incitan al odio”.

En uno de los vídeos de Arran, agregó el fiscal del Alto Tribunal, “se observa al agente de la Policía Nacional salir del interior de la comisaría de Mahón”. Unido al mensaje del tuit de la entidad independentista, “sugiere que quienes se desplazaron a Menorca subieron los vídeos una vez regresaron a Barcelona”, lo que según el fiscal “evidencia funciones de financiación (compra del billete), ejecución material (pintadas), cooperación en la ejecución (vigilancia en vehículo próximo a las fechadas) y emisión y difusión del mensaje de odio (post en redes sociales)”.

El Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales se ha visto este martes interrumpido y finalmente suspendido antes de concluir, tras la irrupción de una protesta de la Plataforma de Pensionistas del municipio para reclamar mejoras en el transporte público hasta los hospitales de Laredo y de Valdecilla.

La sesión se encontraba ya avanzada cuando ha comenzado a oírse el ruido procedente de una cacerolada convocada por la plataforma a las puertas del salón de plenos, que impedía continuar con las intervenciones por parte de los concejales.

En ese momento, la alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), se ha ausentado durante varios minutos del salón del plenos para hablar con los participantes en la protesta.

A su vuelta, ha explicado que les había trasladado la “total sintonía” con su petición y que ésta había sido reivindicada tanto por la actual como por las anteriores corporaciones del municipio, si bien les ha asegurado que el Ayuntamiento “no tiene competencias” en este asunto, sino que corresponden al Gobierno de Cantabria.

Tras ello, la sesión se ha retomado por unas instantes pero ha tenido que ser interrumpido enseguida por el ruido de la protesta y por la entrada de aproximadamente medio centenar de participantes e la protesta al salón de plenos.

Herrán ha aclarado que no tenía inconveniente en que lo hicieran pero si entraban a escuchar la sesión y no a interrumpirla, advirtiéndoles de que si lo hacían la tendría que suspender.

Ante nuevas interrupciones, la alcaldesa les ha vuelto a pedir silencio para poder continuar el Pleno y les ha explicado que podrían intervenir al final de la sesión, durante el apartado de ruegos y preguntas.

Sin embargo, los manifestantes han seguido gritando lemas, como 'Transporte y sanidad' o 'Es nuestro dinero' y han increpado a los concejales de la Corporación para que hicieran algo para la mejora del transporte a los hospitales.

La alcaldesa ha advertido entonces que no iba a tolerar faltas de respeto, ni insultos a ningún concejal de la Corporación.

Lo que no ha hecho es pedir la intervención de la policía ya que, según ha dicho, “todos sabemos hacer las reclamaciones que nos interesan de manera correcta, con respeto y sin insultos”.

Sin embargo, al matenerse las interrupciones de los participantes en la protesta, Herrán ha decidido suspender el Pleno, que en ese momento debatía una moción del PSOE para la modernización y adecuación del puerto de Castro a las necesidades de los usuarios.

Esta iniciativa no ha podido debatirse ni votarse, lo mismo que otra del PRC que solicitaba el reacondicionamiento del centro cívico de Islares.

Tiene razón la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), cuando dice que “no puede hacer nada” por evitar la instalación de un McDonald’s en Puertochico. No menos cierto es que, aunque pudiera, no es probable que lo hiciera.

Tal y como fueron redactados los pliegos de concesión y la selección de una sociedad que puede destinar el espacio que gestiona a quien le salga de la caja registradora, escaso margen de maniobra le queda a la regidora y la llegada de McDonald’s está cantada, como llegó Burger King a los bajos del Casino de Santander, reformados con el dinero de todos. Algo parecido va a pasar con el Mercado de México, llamado a acoger un Mercadona, siguiendo los pasos del Mercado del Este, exterminador de comerciantes locales y museos de Prehistoria.

Los vecinos críticos con el daño a la imagen del ‘barrio’ y las molestias potenciales que puedan causar los idólatras de Ronald MacDonald llegan tarde y solo les queda pedir clemencia o un mínimo de algo, lo que no parece ser muy realista, como cuando la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pedía “comprensión” a los caseros para que los precios del alquiler no se disparasen, demanda que por cierto no ha tenido mucho eco, según van las cosas. Hay promesas de acotar el horario de apertura del futuro centro recreativo-cultural 'ronaldiano', pero no es muy creíble, es más, estará por ver que McDonald’s no acabe zampándose todo el mercado más pronto que tarde, cual hamburguesa ricamente caramelizada, y si me apuran, el centro cultural Doctor Madrazo, que no se sabrá qué pinta encima de lo que se le avecina por los bajos.

Es cierto que se han denunciado irregularidades en el desarrollo de la concesión, pero eso tradicionalmente nunca han sido obstáculos insuperables en Santander, la verdad sea dicha. La cuestión política, es decir, el modelo de ciudad hacia el que Santander se encamina y que los santanderinos votan, me parece mucho más significativo, incluso más que la supuesta conservación de la identidad de Puertochico, ya que, por esa regla de tres habría que realojar de vuelta a todos los pescadores en Castelar y Juan de la Cosa, de donde fueron expulsados tras un incendio que nunca les afectó. De esto nadie se acuerda, como tampoco parece acordarse nadie de que los descendientes de los históricos vecinos del centro de la benemérita y siempre leal capital se encuentran ahora en Canda Landáburu (Albericia), Pero Niño, Peñacastillo, Pedro Velarde, Santos Mártires y otros espacios a los que fueron expulsados.

Nada puede hacer la alcaldesa como nada puede hacer la ministra, algo palmario, como palmario es saber que el Ayuntamiento tenía en mente de forma clara y bien definida qué tipo de cliente buscaba para su mercado a la hora de pergeñar el pliego, como palmario es darse cuenta de que el PSOE no es un recién llegado a la política y que hace tiempo pudo intervenir decididamente en el mercado especulativo del ladrillo, lo que no ha ocurrido, salvo que algún socio incómodo le aguijonee.

No debe haber más problemas en la ciudad que la instalación del restaurante de comida rápida, ni mayor sorpresa que, entre todos los comerciantes de la ciudad, Cantabria y el Hemisferio Norte, tenga que ser una marca de comida rápida la que acabe por instalarse en el Foro capitolino. ¡Oh, sorpresa! Ninguna. Santander es el destino ideal para la comida rápida, la cultura rápida y el turismo exprés.

Es cierto que la alcaldesa no puede hacer nada por evitar que McDonald’s se instale, pero no menos cierto es que la elección ya fue hecha de antemano y que solo requiere del brazo ejecutor del concesionario. Blanco y en botella, McDonald’s.

Pero los vecinos se están movilizando y esto no es despreciable, tras el empecinamiento y (momentánea) victoria de los vecinos de Cazoña y Cueto. Los primeros bloquearon la extensión de la OLA a su barrio y los segundos el búnker de autocaravanas en Mataleñas. Puertochico, espacio emblemático copado por la restauración desde Tetuán a Ataúlfo Argenta, no quiere McDonald's por lo que significa y por lo que conlleva.

Otros están consiguiendo pequeñas conquistas. Los del Centro-Ensanche, opositores iniciales a la operación McDonalds’, ya tienen un compromiso para el cierre de terrazas por la noche, y en el Pesquero se pusieron farrucos en la defensa de sus fiestas frente a la contraprogramación del propio Consistorio en verano; o en apoyo a sus pescadores, hartos de un puente portuario sempiternamente cerrado, en este caso, averiado.

Por lo demás, en San Román se movilizan un día sí y otro también, ya sea por las marquesinas y aceras del pueblo, ya por rescatar su biblioteca, por ahora cerrada.

Son pequeños acontecimientos en el resurgir del movimiento vecinal y ciudadano, inasequible al parecer al riego de entradas taurinas, aunque lejos todavía de la fortaleza que alcanzó el movimiento con la Transición.

Esconderse detrás de un concesionario no es una estrategia muy galante. Sería mejor decir claramente que en Santander, McDonald’s siempre será bienvenido, en Puertochico o en la Plaza del Ayuntamiento, que, aunque no se haya visto cosa así en programa electoral ninguno, el votante del PP nunca se ha caracterizado por poner morro al emprendimiento sin filtro de las multinacionales y grandes superficies.

Y sobre todo porque los socialcomunistas bolivarianos también comen hamburguesas.