Como cada miércoles de este verano, hoy te traemos el quinto y último episodio de la serie sobre los entresijos de la investigación periodística del falso máster de Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

En este capítulo, los periodistas cuentan qué pasó con los protagonistas de la historia un año después de la dimisión de Cifuentes.

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Como cada miércoles de este verano, hoy te traemos un episodio del podcast sobre los entresijos de la investigación periodística del falso máster de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Este cuarto episodio cuenta la carrera contrarreloj una madrugada para verificar las firmas en el acta clave. La perito pasó toda la noche para un resultado sorprendente.

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En este tercer episodio, la periodista Raquel Ejerique cuenta sus dudas ante la presión creciente por parte del equipo de Cifuentes y la reacción de la Universidad Rey Juan Carlos para encubrir la falsificación del expediente académico.

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En este segundo episodio, los periodistas que investigaron el caso luchan por afirmar su credibilidad frente a los desmentidos de Cifuentes y la Universidad Rey Juan Carlos. El pago de una tasa de 6,11 euros demuestra que Cifuentes no dice la verdad.

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Hoy te traemos el primer episodio de ‘Máster’, el podcast que te cuenta por dentro cómo fue la investigación de elDiario.es sobre el falso máster de Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid. 

En este episodio, Raquel Ejerique e Ignacio Escolar cuentan cómo empezó la investigación sobre el máster de Cifuentes. Un trabajo periodístico de elDiario.es que cambió el rumbo de la política española. 

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El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la condena de dos años de cárcel de Teresa Feito, exasesora de la Comunidad de Madrid, por promover la falsificación de las actas del máster de Cristina Cifuentes. Los jueces han rechazado su recurso contra su condena por falsedad documental. Nadie recurrió la absolución de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y la otra condenada, la profesora Cecilia Rosado que falisficó las actas a petición de Feito, tampoco recurrió su condena de un año de prisión.

La falsificación de estas actas, que la propia Cifuentes esgrimió ante la Asamblea de Madrid para defender su inocencia, llegó después de que elDiario.es revelase en exclusiva diversas irregularidades en la obtención de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Sus notas habían sido modificadas para aprobar con notable asignaturas en las que previamente figuraba como no presentada, y su nota del Trabajo Fin de Máster también fue modificada de manera irregular por una funcionaria.

En plena tormenta política por la exclusiva de este periódico, la asesora de la Consejería de Educación, Maite Feito, obligó a la profesora Cecilia Rosado a elaborar unas actas falsas que demostraran que Cifuentes había acudido al máster y que todas sus notas estaban en regla.

La profesora, la asesora y Cifuentes fueron llevadas al banquillo pero tanto la Audiencia de Madrid como el Tribunal Superior de Justicia de la capital entendieron que la expresidenta no podía ser condenada: los jueces determinaron que tenía interés en obtener esos papeles falsificados pero no hay pruebas de que efectivamente instara su falsificación, como sí hizo Feito. La Fiscalía no recurrió la absolución de Cifuentes ante el Tribunal Supremo.

La sala de lo penal no tiene dudas el papel que jugó Feito a la hora de instar la falsificación para que la presidenta regional tuviese herramientas para defenderse. “La fuerte presión ejercida por la señora Feito durante todo el día sobre la señora Rosado constituye un comportamiento suficiente para contribuir decisivamente a su voluntad de cometer la falsedad”, dicen los jueces.

Esta sentencia implica que Feito no tiene que entrar obligatoriamente en prisión al ser su condena de dos años de cárcel y carecer de antecedentes penales, aunque ahora el caso entrará en fase de ejecución. En un primer momento sí había sido condenada a tres años de prisión pero el Tribunal Superior de Justicia rebajó su condena al entender que era profesora en excedencia y no en ejercicio cuando instó la falsificación del máster y sus actas.

Sentencia firme del caso

La resolución del Tribunal Supremo ponte punto y final judicial al caso máster poco más de cuatro años después de que elDiario.es revelase las irregularidades con las que Cristina Cifuentes obtuvo su máster en Derecho Autonómico y Local en la URJC. Los jueces declaran probado en firme que Cifuentes recibió el título en 2017 - cuando ya era presidenta de la Comunidad de Madrid - pero que tres años antes sus notas de una asignatura y del Trabajo Fin de Máster habían sido modificados de forma irregular.

La presidenta regional negó los hechos e, incluso, compareció en público y esgrimió unas actas que, según su versión, demostraban que todo era correcto. La realidad es que unas horas antes una reunión de emergencia en la Universidad para hacer frente a las informaciones de este periódico había desembocado en la única opción para negar la exclusiva: falsificar las actas. Según la Justicia, la iniciativa no partió de Cifuentes sino de Maite Feito, asesora de su ejecutivo, y quien ejecutó la falsificación fue la profesora Cecilia Rosado.

La maniobra de Feito ha quedado también documentada en firme para los jueces. “De forma insistente y agobiante la acusada, mediante llamadas y mensajes SMS al teléfono personal de la acusada Cecilia Rosado, hasta en 15 ocasiones, indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere”, dicen los jueces. Unas pocas horas después de esa reunión y de esa presión, Cifuentes grababa un vídeo desde su despacho en Sol: “A quienes queréis que me vaya: no me voy, me quedo, voy a seguir siendo vuestra presidenta”, decía mientras calificaba de “falsedades, mentiras o medias verdades” las informaciones que ahora avala el propio Tribunal Supremo.

Cifuentes dejó finalmente el Gobierno regional madrileño después de la publicación de un vídeo en el que se podía ver cómo la entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid sustraía unas cremas en un supermercado. Se sentó en el banquillo por las irregularidades del máster, finalmente, en el año 2020 y la Audiencia Provincial estableció su absolución: “Sin obviar el interés de este en tener toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster, nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión”, dijo la Audiencia de Madrid.

El caso del máster de Cristina Cifuentes ha llegado al Tribunal Supremo. Este martes la sala de lo penal estudiará la sentencia de los tribunales madrileños que absolvió a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y condenó a la profesora y la asesora implicadas en la falsificación de las actas de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero el caso llega al alto tribunal sin Cifuentes: solo María Teresa Feito ha recurrido su condena de falsedad documental y ni la Fiscalía ni la Universidad han cuestionado la absolución de la expresidenta madrileña. El Ministerio Público sí ha pedido que la condena de dos años de cárcel de Feito, entonces asesora en la Consejería de Educación, sea confirmada, según explican fuentes del caso.

El caso del máster de Cristina Cifuentes fue destapado por elDiario.es en marzo de 2018. Una sucesión de informaciones sobre cómo Cristina Cifuentes había obtenido un máster en Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos con unas notas que habían sido falsificadas: una funcionaria había conseguido que, años después de matricularse, varias asignaturas en la que figuraba como “no presentada” pasaran a estar aprobadas con un notable. La documentación también cuestionaba cómo y ante quién había presentado su Trabajo Fin de Máster: sólo pasó un minuto entre la calificación de una asignatura que le quedaba pendiente y la del Trabajo Fin de Máster.

La exclusiva de este periódico obligó a Cifuentes y a la URJC a dar explicaciones, y fue entonces cuando la presidenta regional compareció en la Asamblea de Madrid y exhibió unas actas firmadas que, según ella, demostraban que todo su máster había sido cursado correctamente. La investigación judicial dejó negro sobre blanco que esas actas falsas habían sido confeccionadas por la profesora Cecilia Rosado después de recibir 15 llamadas y mensajes de María Teresa Feito, entonces asesora de la Consejería de Educación del ejecutivo madrileño. Lo que los jueces definieron posteriormente como una actuación “insistente y agobiante” para que las actas fueran falsificadas.

El caso pasó del juzgado 51 de Madrid a la Audiencia Provincial, donde Cristina Cifuentes fue absuelta, Feito condenada a tres años de cárcel por falsedad documental, mientras que Rosado fue condenada a un año y medio por el mismo delito pero con la atenuante de colaboración con la Justicia. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia confirmó la absolución de la expresidenta madrileña y rebajó las condenas de las dos encausadas: la pena de Feito quedó en dos años de prisión y la de Rosado en un año. En la práctica, y salvo que los jueces digan lo contrario, no tienen que cumplir condena obligatoriamente en prisión.

Sólo una parte del caso será estudiada este martes por la sala de lo penal del Tribunal Supremo. La magistrada Carmen Lamela, que será la ponente, tiene encima de la mesa el recurso de Feito contra su condena de dos años de cárcel y la petición de la Fiscalía de que el recurso sea desestimado y su condena confirmada. Cecilia Rosado no ha recurrido, según explican a elDiario.es fuentes del caso, y las acusaciones tampoco han cuestionado la absolución de Cristina Cifuentes. El debate será, por tanto, si la condena de Feito es confirmada o rebajada.

María Teresa Feito era asesora de la Consejería de Educación que dirigía entonces Rafael van Grieken, pero sus vínculos con la URJC iban más allá: era amiga de la propia Cifuentes, profesora en excedencia de Filología Inglesa en la Universidad donde su jefe, el Consejero, era catedrático de Química. También formó parte del Consejo del Instituto de Derecho Público donde se impartió el máster. Fue ella quien, según ha declarado probado la Justicia hasta ahora, acudió a una reunión de emergencia el 21 de marzo de 2018 para exigir a la profesora Rosado que elaborase unas actas falsas en las que figurase que Cifuentes defendió su Trabajo Fin de Máster el 2 de julio de 2012, dos años antes de que sus notas cambiaran. La docente aceptó, según los jueces, “ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo”.

Su primera condena, los tres años impuestos por la Audiencia de Madrid, implicaban su entrada obligatoria en prisión. El Tribunal Superior de Justicia de la capital, sin embargo, optó por rebajar la pena a dos años: los jueces mantuvieron que había cometido un delito de falsedad en documento oficial pero redujeron la condena al entender que estaba en excedencia en su puesto como profesora de la URJC y, por tanto, “ninguna responsabilidad tenía en la Universidad, ni en la gestión académica del Máster de Derecho Público del Estado Autonómico en cuya documentación se hizo la irregularidad, ni actuó en el ejercicio de funciones públicas”.

La absolución de Cifuentes

Cristina Cifuentes dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid un mes después de que elDiario.es revelase las irregularidades de su máster, y horas después de la difusión de un vídeo de 2011 de una cámara de seguridad de un supermercado que registraba cómo la entonces vicepresidenta de la Asamblea había sido retenida tras robar unas cremas. El caso llegó a juicio en enero de 2021, casi tres años después de la primera información de este periódico, y su absolución fue firmada en febrero de ese año: los jueces declararon probadas toda clase de irregularidades en la gestión de sus notas pero no que ella interviniera en la falsificación de las actas que ella misma exhibió en la Asamblea de Madrid para defender su inocencia.

Su actividad académica en el máster, según la Audiencia de Madrid, “ha revelado un conjunto de incongruencias relevantes e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de postgrado”. Desde no ir nunca a clase hasta no contactar con ningún profesor pasando por esa “modificación fraudulenta” de sus notas. Pero concluyeron los jueces que no hay pruebas suficientes que demuestren que ella estaba al final de la cadena de presiones a la profesora Rosado para que sus actas fueran falsificadas. “Sin obviar el interés de este en tener toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster, nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión”, dijo la Audiencia de Madrid.

Las sospechas, según los jueces, podían ser “legítimas” pero no había más pruebas. Algo que ratificó el Tribunal Superior de Madrid cuatro meses después: “El tribunal de instancia basó su fallo absolutorio no sólo en prueba documental, sino también en medios que incluyen la declaración de las acusadas, y el testimonio de numerosas personas”, destacaron los magistrados. La Fiscalía recurrió la primera absolución pero la tramitación posterior de la causa revela que decidió no llevar el caso ante el Tribunal Supremo. El último capítulo del caso del máster de Cifuentes se resolverá cuatro años después de la primera información de elDiario.es y sin que los magistrados de la sala de lo penal tengan que examinar el papel que jugó la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Amalia Calonge, la funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que modificó en 2014 las notas de dos asignaturas en el expediente académico de la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha conseguido que la Justicia le revoque la sanción impuesta por el rector del centro al considerar que estos hechos estaban prescritos cuando se inició el expediente, aunque sí mantiene el castigo impuesto por un cambio de calificaciones realizado en 2016 a otro alumno.

Al considerar prescrita la infracción relacionada con el expediente de la ex política del PP, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reducido en ocho meses –pasando de un año a cuatro meses– la suspensión de funciones impuesta por la Universidad a Calonge.

Hace cuatro años, elDiario.es desveló que Cristina Cifuentes, por aquel entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, obtuvo un máster en la URJC con notas falsas. Ya en esa primera noticia que destapó el Caso Máster, y que terminó salpicando también al popular Pablo Casado y a la socialista Carmen Montón, se mencionaba a Calonge.

La exlideresa madrileña se matriculó en un posgrado de Derecho Autonómico en el curso 2011/2012. En su expediente figuraba que en ese mismo año académico había aprobado todos los créditos. Sin embargo, tal y como informó elDiario.es, en 2014, dos años después de haberse titulado, el usuario de la intranet universitaria asociado a Calonge entró en el sistema informático y cambió la nota de dos asignaturas, entre ellas el Trabajo Final de Máster (TFM), modificando un 'no presentado' por un notable, dejando rastro en el sistema. 

Calonge cambió la nota de dos asignaturas de Cifuentes

A pesar de que la inspección de la URC llegó a proponer una suspensión de empleo y sueldo de seis años a la funcionaria, el rector, Javier Ramos, optó por enmarcar estos hechos en una falta muy grave y reducir a un año la sanción por haber cambiado “de forma irregular las calificaciones” de dos alumnos, “sin autorización ni comunicación al jefe de Servicio correspondiente”, según recoge la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado cinco de julio. 

Los hechos investigados por la Justicia se enmarcan en la entrada “de forma continua y reiterada en la aplicación para la modificación de actas, modificando actas de al menos” tres asignaturas. “Son, por tanto, dos hechos cometidos en octubre de 2014 en relación a una determinada alumna [Cristina Cifuentes], y otro hecho cometido un año y medio después, en abril de 2016, respecto de un alumno diferente”, exponen los magistrados.

La defensa de Calonge recurrió la sanción impuesta por el rector y los tribunales han estimado en parte su demanda, reduciendo a un tercio el periodo impuesto de suspensión de funciones al entender que la única infracción que no está prescrita es la que tiene relación con el cambio de notas en 2016. Por lo tanto, los magistrados han reducido de doce a cuatro meses la suspensión de funciones impuesta a Calonge.

Desde la URJC aseguran que este segundo estudiante también fue alumno del Instituto de Derecho Público, epicentro del Caso Máster. Asimismo, confirman que la sentencia ya es firme y aseguran que en este fallo “se confirman los elementos esenciales del expediente sancionador”. Por su parte, ni la funcionaria ni su letrado han atendido la petición de información realizada por esta redacción. “No tengo nada que decir”, se ha limitado a responder Calonge. 

En enero de 2021 el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid admitió el recurso de la funcionaria y anuló la sanción impuesta por el Rectorado “al apreciar la caducidad del expediente”. La URJC pleiteó esta decisión. El asunto llegó al Tribunal Superior de Justicia, que revocó la sentencia inicial y estimó en parte las argumentaciones de los abogados de la funcionaria. 

En la última sentencia, dictada en julio, los magistrados defienden que “los hechos sancionados no cumplen los presupuestos exigidos para calificar la infracción como continuada”. La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM sostiene que “no existe proximidad en el tiempo” entre las modificaciones del expediente académico de Cifuentes en 2014 y el realizado en 2016 en las calificaciones de otro alumno. “Transcurre un año y medio” entre estas dos actuaciones, insisten los jueces, que también defienden que no “se aprecia un dolo continuado, dada la falta de relación entre los hechos de 2014 y el posterior de 2016, siendo hechos aislados, aunque el modus operandi sea el mismo y la conducta infractora coincidan y procediera calificar los hechos conforme al mismo tipo infractor”. 

La defensa de la funcionaria recurrió la sanción

Ante esta argumentación, desde el tribunal apuestan por anular las infracciones relacionadas con el expediente de Cifuentes al considerar que “habrían prescrito”. Los hechos se produjeron el 23 de octubre de 2014 y el expediente sancionador se incoó el 13 de abril de 2018, después de que elDiario.es desvelase esta actuación. El Estatuto Básico del Empleado Público determina que el plazo de prescripción para las infracciones muy graves es de tres años y se comienza a tener en cuenta desde la fecha en la que se ha cometido. Basándose en esta normativa, el TSJM estima en parte el recurso presentado por la defensa de Calonge al entender que en este caso “el plazo de tres años había transcurrido en exceso”.

No sucede lo mismo con “la modificación del acta del expediente” realizada “en abril de 2016”. En este caso, los magistrados defienden que esta actuación “no habría prescrito” y sostienen que “los hechos tienen perfecto acomodo en la infracción señalada” por la URJC. Ante el recurso presentado por la defensa de la funcionaria, los magistrados aseguran que “la alegación de que alguien suplantó su identidad no ha sido acreditada y es contradicha por los informes y testificales obrantes en el expediente”. Por lo tanto, defienden que “la recurrente fue la autora material” del cambio de notas en 2016 a un alumno. 

“La conducta no puede calificarse más que como dolosa, en el sentido de voluntariamente querida por el sujeto que la comete, consciente de su proceder antijurídico”, añaden los magistrados, sobre la actuación de Calonge. Para concluir: “No queda acreditado que la funcionaria –en cuanto a los hechos cometidos en abril de 2016, que son lo que estamos analizando– actuara en cumplimiento de órdenes del catedrático correspondiente, con su consentimiento o conocimiento expreso o tácito –y sin que lo dicho suponga que, de haber actuado obedeciendo órdenes expresas, quedara exonerada de responsabilidad–”. 

La Justicia confirmó la absolución de Cifuentes

En relación al Caso Máster, a nivel judicial el TSJM confirmó la condena de la profesora Cecilia Rosado y la asesora del Gobierno regional, que presionó para conseguir una coartada para Cifuentes, María Teresa Feito. A la primera de ellas, la docente de la URJC que falsificó las firmas del acta de defensa del TFM de la expresidenta, el tribunal le rebajó la condena como autora de un delito de falsedad en documento oficial, a la pena de un año de prisión, frente al año y seis meses de cárcel al que le impuso la Audiencia Provincial de Madrid. Por su parte, Feito vio reducida su condena de los tres años de prisión iniciales a los dos años de prisión como inductora de un delito de falsedad documental. 

Los magistrados también confirmaron la absolución de Cifuentes, al considerar que la expresidenta madrileña no tuvo ningún protagonismo en la elaboración del acta de TFM. “Nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento”, decía la sentencia de la Audiencia Provincial, ratificada posteriormente por el TSJM, que añadía que las “sospechas legítimas” que pudieran existir sobre la actuación de la expresidenta no se habían convertido en “prueba suficiente” para justificar su responsabilidad. El Caso Máster puso fin a la carrera política de la entonces presidenta regional, que se vio forzada a dimitir.

El catedrático Javier Ramos ha revalidado su mandato al frente de la Universidad Rey Juan Carlos y se ha impuesto de forma muy ajustada a Rafael Van Grieken, también catedrático de la URJC, y consejero de Educación del Gobierno de Cristina Cifuentes cuando estalló el Caso Máster. El vencedor de estas elecciones también tuvo protagonismo en este escándalo, ya que él estaba al frente de la Universidad cuando elDiario.es desveló que la expresidenta de la Comunidad de Madrid había obtenido un máster con notas falsificadas.

La comunidad universitaria ha respaldado al rector actual y asumirá un segundo mandato al frente de la universidad pública madrileña. Ramos ha obtenido el 51,12% del voto ponderado, frente al 48,88% de apoyos cosechados por Van Grieken. Como ya sucedió en la primera vuelta, la participación ha variado dependiendo del colectivo universitario. Este jueves solo el 5,29% de los alumnos han acudido a las urnas. Entre los docentes los porcentajes son superiores. El 88,67% de los miembros del denominado 'sector a' — profesores doctores funcionarios o contratados con vinculación permanente — ha participado en estos comicios. Por su parte, 58,20% de los profesionales del 'sector b', personal docente e investigador, también han votado. La tendencia ha sido mayor (84,86%) entre los profesionales de administración y servicios. No vale lo mismo el voto de estos colectivos, el de los profesionales del sector a y los alumnos tienen una mayor ponderación que el resto. Desde la URJC no han facilitado todavía el número de votos recibido por cada uno de los candidatos.

En una entrevista publicada hace un par de meses por elDiario.es, Ramos exponía algunas de las claves de su mandato, más allá de su gestión del Caso Máster. “Creo que he demostrado que el equipo que tenemos es capaz de transformar una organización tan compleja como es la Universidad. Hemos pasado de no aparecer a estar en el ránking de Shanghái, de no tener transparencia a ser número uno en transparencia, en empleabilidad y en investigación”, indicó el rector de la URJC. El catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones, que ha renovado su mandato, pretende consolidar en este segundo periodo al frente de la Universidad el programa implementado durante sus cuatro años al frente del rectorado.

A Ramos el Caso Máster le estalló cuando llevaba poco más de un año en el cargo. En un primer momento avaló a Cifuentes y a Enrique Álvarez Conde, director del posgrado de la expresidenta, aunque finalmente terminó llevando la investigación interna promovida por la Universidad a la Fiscalía. La confesión de la profesora Alicia López de los Mozos fue el punto de inflexión del cambio de actitud del máximo responsable del campus. “Lo que pasó con Cifuentes tuvo un coste altísimo para nuestros estudiantes”, reconoció en la entrevista concedida a elDiario.es.  

Van Grieken no descarta “ejercer” su “derecho a reclamaciones”

Ramos ha asegurado, tras conocer los resultados, que a su candidatura le “ha perjudicado” la baja participación entre los alumnos y achaca a esta situación la escasa diferencia de votos que se ha producido entre los dos candidatos. “Ha habido una respuesta contundente de la universidad en positivo por el trabajo realizado en los últimos cuatro años”, ha destacado.

Por su parte, desde la candidatura de Van Grieken aseguran que todavía no pueden “tomar una postura definitiva” porque el exconsejero de Cifuentes tiene “más de 500 votos a su favor” y ha ganado en tres de los cuatro sectores que fueron llamados a las urnas. “Está esperando que la Junta Electoral Central publique los resultados, y que a la vista de esos resultados y las irregularidades que se hayan podido producir consideraremos la posibilidad de ejercer nuestro derecho a reclamaciones”, apuntan desde el equipo del candidato a rector.

El caso Máster revive en las elecciones al rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). El rector que gestionó aquella crisis y el responsable de Educación del Gobierno de Cifuentes cuando estalló el escándalo se verán las caras en los comicios que se celebrarán el 3 de marzo. Rafael Van Grieken, exconsejero autonómico de Educación y catedrático de la URJC, anunció su candidatura en redes sociales un día después de que se conociese la sentencia del tribunal que ha absuelto a Cifuentes, la que fue su jefa durante más de dos años. 

Ese mismo fallo —conocido este lunes— ha condenado a tres años de cárcel por un delito de falsificación de documento público a María Teresa Feito, una de sus asesoras en la Consejería de Educación, situada en la calle Alcalá, a escasos metros de la Puerta del Sol. La sentencia reconoce la “participación activa” de esta docente de la URJC en la elaboración de una coartada para Cifuentes —que terminó siendo un acta falsa que acreditase que había presentado su Trabajo Final de Máster— pocas horas después de que elDiario.es publicase el 21 de marzo de 2018 que la expresidenta había obtenido un posgrado de forma irregular. 

“Si no me la envías [el acta] Cifuentes os va a matar. A vosotros y al rector”, fueron las palabras que Feito trasladó esa mañana a la profesora Cecilia Rosado, según declaró esta última ante el tribunal el pasado 18 de enero. En sede judicial, Feito reconoció que conoce al que fue su jefe desde hace más de 20 años, cuando los dos eran profesores de la recién estrenada Universidad Rey Juan Carlos. Fue Van Grieken quien le propuso incorporarse a su equipo como especialista en asuntos de bilingüismo, ya que ella está formada en Filología Inglesa y también tiene plaza en la Universidad. 

Exasesora condenada a tres años de cárcel

“Esa mujer estaba presente en nuestras reuniones del acuerdo educativo. Era una de sus asesoras más directas”, apuntan fuentes sindicales consultadas por esta redacción sobre la relevancia de Feito en la Consejería de Educación de Van Grieken. El candidato, por su parte, evita pronunciarse sobre la condena a su exasesora. “Mi opinión no es relevante”, indica a elDiario.es, para destacar posteriormente que su antigua subordinada “va a recurrir” la sentencia. 

A pesar de que hace dos semanas que acabó el juicio, que la sentencia se conoció este lunes y que en ella se condena a tres años de cárcel a una de sus asesoras, Van Grieken trata de que la URJC y la sociedad pase página del caso Cifuentes. “Hay que pasar ya capítulo a la gestión de aquellos momentos”, destaca. “Esos meses no fueron fáciles para nadie. Una situación de incredulidad manifiesta. Para mi es impensable muchas de las cosas que sucedían. Creo que la Universidad ha puesto todo lo necesario para que ese tipo de comportamientos no se vuelvan a producir”, recuerda el exconsejero sobre los meses en los que se prolongó el caso Máster, que trata de limitar a un suceso “puntual”.

Van Grieken asegura que es capaz de llevar a cabo un “proyecto ilusionante”, a pesar del papel que tuvo en el Gobierno de Cifuentes cuando estalló el caso. “Llevo en la URJC desde 1998. La gente sabe de mi trabajo, de mi esfuerzo y de mi prestigio. Son capaces de aislar ese asunto con respecto a mi candidatura. Tenemos que hablar de futuro, de proyecto. Sé cómo hacerlo. Tengo una experiencia dilatada en el tablero universitario”, alega.

Este docente universitario llegó a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la mano de Cristina Cifuentes en junio de 2015. Catedrático de Ingeniería Química de la Universidad Rey Juan Carlos, tenía experiencia en la gestión académica ya que había estado al frente de la Aneca (el organismo dependiente del Ministerio de Educación que evalúa al profesorado universitario). Llegó a una Consejería que durante los gobiernos previos, especialmente durante el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, se había situado en el centro de la polémica. 

Su antecesora en el cargo, Lucía Figar, había optado por una abrir una guerra contra los colectivos que defendían la educación pública. Posteriormente se conoció que en 2011 este departamento autonómico llegó a pagar con dinero público una campaña en Internet contra la denominada Marea Verde, un colectivo de profesores y trabajadores de la educación pública que entonces protestaba contra los recortes de la Comunidad de Madrid. Este encargo fue encomendado a uno de los principales imputados en la Operación Púnica, Alejandro de Pedro. En junio de 2015 Figar dimitió por su imputación en esta investigación judicial. 

Las organizaciones educativas destacan su carácter dialogante

La entrada de Van Grieken en la Consejería rebajó las tensiones con los colectivos educativos. Tanto organizaciones que defienden la educación pública como aquellas que abogan por la enseñanza concertada coinciden en señalar el carácter “dialogante” del candidato a rector de la URJC. “De todos los años en los que yo he coincidido con el Gobierno del PP, la época de Van Grieken fue en la que hubo mayor posibilidad de hablar y de interactuar con la Consejería”, recuerda José Luis Pazos, que estuvo durante diez años al frente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos.

Fuentes sindicales añaden que la llegada del catedrático de la URJC a la Consejería no marcó “una diferencia en los elementos esenciales” de la agenda del PP en lo relativo a las políticas educativas, pero destacan que en ese “periodo se firmó el acuerdo sectorial, aunque fue incapaz de generar un consenso en materia de acuerdo educativo”. Por su parte, Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de padres de alumnos (Cofapa), destaca que el exconsejero mantuvo una “colaboración muy estrecha” con ellos “para la implantación de las distintas leyes”. Desde Escuelas Católicas (el brazo educativo de la Iglesia) recalcan “el perfil técnico” y su “carácter sencillo, amable y dialogante”.

A pesar de la interlocución que abrió con las organizaciones educativas, los colectivos más progresistas inciden en que “priorizó la agenda del PP”. “Se ahondó en el trato desigual a la enseñanza pública en comparación con la concertada”, lamentan fuentes sindicales. Durante su mandato se aprobó la creación de tres nuevas universidades privadas: Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef), la Universidad Internacional Villanueva y la Escuela de Negocios y Centro Universitario (Esic). Ante las críticas de los rectores de universidades públicas, Van Grieken defendió que las “solicitudes” realizadas por los campus que querían impartir educación privada “cumplían los requisitos”. “Por lo tanto teníamos que darles salida”, destacó en febrero de 2019. 

Ahora que pretende dar el salto al equipo de gestión de una universidad pública, Van Grieken confiesa que “a las universidades públicas les hace falta más financiación para realizar más proyectos y que puedan hacer el papel que tienen en la sociedad”. Y asegura que en el caso particular de la URJC el primer paso para mejorar la inversión pasa por ejecutar entre el 98% y el 99% del presupuesto. “No tiene ningún sentido que 2019 se cerrase con superávit de 25 millones de euros”, apunta. Y destaca que esta es una actuación generalizada ya que en años anteriores se dejaron sin gastar 18 millones por ejercicio. 

Preguntado sobre las motivaciones que le han animado a presentar su candidatura, Van Grieken incide en ese carácter abierto a la conversación destacado por las organizaciones educativas. “A la Universidad le hace falta un nuevo rumbo, otra manera de gobernar, escuchar más a los profesores, a los estudiantes y al personal de administración y servicios. Tener un diálogo que no existe. Una discusión de distintas ideas y de las diferencias que existen en la Universidad”, responde el candidato sobre su proyecto de gestión para la URJC. Hasta que no llegue el 24 de febrero, fecha en la que se inicia la campaña, el exconsejero no puede concretar las medidas de su programa. “Ahora solo puedo dar directrices”, indica.  

Reprobado por la Asamblea de Madrid por el caso Máster

Al catedrático de Ingeniería Química y expresidente de la Aneca el mayor caso de corrupción universitaria conocido en nuestro país le pilló al frente de la Consejería de Educación de la comunidad autónoma que que se convirtió en epicentro del caso, siendo subordinado de una de las alumnas afectadas y con plaza fija en la universidad en la que se produjeron las irregularidades. 

Por la gestión de este caso, el exconsejero fue reprobado por la Asamblea de Madrid con los votos de Podemos, PSOE y Ciudadanos. “Se dedicó a hacer de abogado defensor de Cristina Cifuentes en lugar de actuar como consejero de Educación, en un momento en el que los medios de comunicación pedían explicaciones por los medios y también lo hacían los estudiantes de la URJC”, recuerda Eduardo Fernández Rubiño, el diputado autonómico que promovió esa moción y que ahora forma parte de Más Madrid. 

Al desvelarse las irregularidades detectadas en el título de Cifuentes, el ahora candidato a rector de la URJC se mostró “absolutamente convencido” de que la expresidenta “asistiría a clase” del máster como cualquier alumna, de que “cumplió con todo”, informó a sus profesores de su “situación especial” como cargo público y no recibió “trato de favor”. Con el paso de los años, el avance de la investigación periodística y la judicialización del asunto, la expresidenta ha tenido que reconocer que no fue a clase, que sólo tenía interlocución con el director del Instituto de Derecho Público y que al resto de sus profesores no les conocía. La sentencia del tribunal del caso Máster constata que “el desarrollo” de la actividad académica de la expresidenta “ha revelado un conjunto de incongruencias, relevantes, e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de postgrado”.

El nombre del consejero de Educación durante el Gobierno de Cifuentes fue pronunciado por varios de los comparecientes que declararon en el juicio. El propio Van Grieken tuvo que declarar como testigo. En su intervención ante el tribunal aseguró que el día que estalló el caso no habló por teléfono ni con la que era su asesora en ese momento ni con la que era su jefa. Sí que estuvo en contacto con “Marisa González”, la que era directora de gabinete de la presidenta en aquel momento, porque “querían asesoramiento de la situación”: “Decían que teníamos que conseguir la documentación en que se habían basado en la URJC para hacer las declaraciones que se hicieron”.

El candidato a la dirección de la URJC expuso ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que el 21 de marzo de 2018 también estuvo en contacto directo con el que ahora es uno de sus rivales en las elecciones del 3 de marzo, con el rector Javier Ramos. “Le llamé en reiteradas ocasiones pidiéndole la documentación a la que había hecho alusión en esa rueda de prensa”, alegó en el juicio, en alusión a la comparecencia que realizó Ramos junto a dos de los profesores de Cifuentes ese 21 de marzo para asegurar que no existían irregularidades en la obtención del máster de Cifuentes. 

Ramos y Van Grieken, viejos conocidos

“La documentación que estaba digitalizada la remitimos a la Secretaria del consejero de Educación según la vamos teniendo”, replicó ante el juez el rector actual, que se presenta a la reelección. Van Grieken justificó su insistencia en localizar los documentos que justificaban el buen hacer académico de Cifuentes porque el asunto “afectaba al Gobierno regional”, la alumna cuestionada “era la presidenta de la Comunidad de Madrid”, “y por supuesto, se ponía en entredicho el comportamiento de las universidades públicas”, apuntó. Reviviendo la actuación de aquellos días, Van Grieken asegura que “nunca” puso en duda que lo que les estaban enviado no tuviese el aval de la Universidad. “Creo que muchas veces estas cosas se analizan con el paso del tiempo sin realmente ponerse en la situación”, destaca. 

Van Grieken y Ramos se vuelven a ver las caras en las elecciones al rectorado de la URJC. Son viejos conocidos. A pesar de que pertenecen a especialidades distintas —Van Grieken es químico y Ramos es Ingeniero de Telecomunicaciones— el primero fue miembro del tribunal que le otorgó la cátedra al segundo. Los dos fueron también compañeros en el equipo Pedro González Trevijano, cuando el actual magistrado del Tribunal Constitucional estuvo al frente de la Universidad pública madrileña. En ese momento, cada uno asumió un vicerrectorado. De hecho, el último año en el que el exconsejero de Educación de Cifuentes estuvo al frente de ese departamento coincidió con el curso en el que la expresidenta obtuvo el título sobre derecho autonómico. Junto al rector y al exconsejero de Educación tres candidatos más concurren en estos comicios: los catedráticos Marta Losa, Enrique Cabello y Joaquín Rams.

Cristina Cifuentes asegura que se encuentra “liberada” y “aliviada” tras conocer el fallo del Caso Máster, que le absuelve del delito de falsedad documental. El tribunal ha determinado que la expresidenta madrileña no participó en la elaboración del acta falsa sobre su trabajo de fin de posgrado, aunque sí ha condenado a Cecilia Rosado, la profesora que falsificó las firmas, y a María Teresa Feito, la asesora del Gobierno regional que presionó para conseguir una coartada para Cifuentes

La expresidenta autonómica ha roto su silencio en el programa de Telecinco Ya Es Mediodía, en el que ha celebrado que la sentencia, emitida este lunes, contemple “una absolución con todos los pronunciamientos a favor”. “Significa solo una cosa: inocencia. Algo que yo dije desde el primer momento y que, sin embargo, me ha supuesto vivir durante tres años un calvario con un linchamiento, también mediático, continuado”, ha destacado. “Estoy contenta por mi familia, porque para ellos termina un calvario de mucho sufrimiento”, ha añadido. 

A pesar de que la expresidenta madrileña, asegura que “desde el primer momento” ella defendió su inocencia, las argumentaciones realizadas desde que elDiario.es reveló que había cursado un máster con notas falsificadas han ido variando en los casi tres años que han transcurrido. Por ejemplo, días después de que esta redacción destapase el Caso Máster, Cifuentes aseguró en su primera rueda de prensa — celebrada el 5 de abril de 2018 — que defendió su trabajo fin de máster “de forma presencial en el campus de la Universidad de Vicálvaro”. Sin embargo, es la declaración judicial realizada el pasado 22 de enero la política retirada aseguró que esa defensa no se realizó.  “Expliqué las líneas generales”, aseguró.

No se pronuncia sobre las dos condenadas

La sentencia condena a un año y seis meses de cárcel a la profesora Cecilia Rosado, que ha obtenido una pena reducida por confesar los hechos y colaborar con la justicia. La docente de la Universidad Rey Juan Carlos admitió haber elaborado el acta del TFM de Cifuentes horas después de que elDiario.es revelase las irregularidades del posgrado cursado por la expresidenta de la Comunidad, falsificando para ello la firma de otras dos profesoras. A María Teresa Feito también le han condenado, en este caso a tres años de cárcel, por requerir de forma “insistente y agobiante” a la profesora Rosado que solucionara aquella situación “como fuere”, tras la información publicada por esta redacción. 

Preguntada sobre las penas impuestas a Feito y Rosado por el delito de falsificación documental vinculado a la elaboración del acta de TFM que la propia Cifuentes exhibió en sus redes sociales para desmentir la exclusiva de elDiario.es, la expresidenta ha evitado pronunciarse. “No voy a ser yo quien entre a valorar lo que es una sentencia judicial”, se ha limitado a responder. 

En su primera declaración pública, Cifuentes ha recordado que el tribunal le “absuelve del único delito” por el que se le “estaba juzgando”. “No se estaba cuestionado si yo había hecho el máster o no lo había hecho, a mí no se me estaba juzgado por eso”, ha apuntado sin ahondar más en la cuestión y sin aclarar si lo había cursado o no, después de que la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Madrid reconozca “graves irregularidades” en el posgrado cursado por la expresidenta madrileña. 

Según el tribunal, las “incongruencias” en torno a ese título son “relevantes” e “incompatibles” con la actuación regular de un estudiante de máster. Sin embargo, este martes Cifuentes ha optado por cargar contra la cobertura mediática recibida desde que estalló el Caso Máster, a pesar de que no ha reconocido en ningún momento que existiesen irregularidades en la obtención de ese título. “Yo ya he cumplido una condena de tres años, una condena en la que no se me ha aplicado en ningún momento la presunción de inocencia, si no la de culpabilidad”, ha destacado. Y ha añadido: “Unos tres años, en los cuales no solo he perdido mi vida, que la he perdido, sino que he sufrido la llamada condena del telediario, de manera reiterada y de una forma feroz”.

Dos títulos universitarios sin esfuerzo académico alguno. Sin ir a clase, sin presentarse a los exámenes, sin que haya rastro de ningún trabajo. Cristina Cifuentes y Pablo Casado se vieron envueltos en el mismo escándalo en el año 2018, cuando se reveló que ambos habían obtenido el título de posgrado sin pruebas de que hubiesen hecho nada por merecerlo. Atravesaron sendos procesos judiciales que con tiempos diferentes han acabado con los dos libres de castigo judicial. Eso sí, dos tribunales distintos han echado por tierra su coartada política.

En años distintos, Casado y Cifuentes obtuvieron el mismo máster impartido por el Instituto de Derecho Público, dependiente de la Universidad Rey Juan Carlos y dirigido por el fallecido Enrique Álvarez Conde. Ambos defendieron haberlo cursado. “El máster es perfectamente legal y real. Ni mi currículo ni mis calificaciones han sido falsificadas ni falseadas”, argumentó Cifuentes. “Tengo toda la documentación que avala mi máster”, aseguró Casado.

Dos resoluciones judiciales separadas por algo más de dos años les han desmentido a ambos. Primero fue el Tribunal Supremo, que en septiembre de 2018 eximió a Casado de cualquier responsabilidad penal, pero concluyó que no había ninguna prueba de que hubiese cursado el posgrado. El caso había llegado al alto tribunal después de que la jueza Carmen Rodríguez-Medel lo enviase al considerar que al ahora líder del PP le habían regalado el título “a modo de prebenda”.

La sala de lo Penal del Supremo rechazó imputar a Casado por cohecho, pero elaboró un relato sobre cómo había obtenido el máster que mostraba que Casado consiguió aprobar sin hacer nada. Buena parte de los créditos le fueron convalidados de manera “excepcional”, sin que él lo solicitase, algo que los jueces achacaron al “irregular comportamiento de los responsables del máster”. El alto tribunal también dejó claro que Casado no había ido a clase y que “no consta que se cumpliera” con el resto de requisitos académicos. A pesar de ello, había obtenido varios sobresalientes.

Cifuentes aprobó con notas falsificadas

El tribunal vio indicios de que se había dispensado “un trato de favor al aforado”, pero rechazaron que él tuviera responsabilidad: “Al igual que ocurre con la inexistencia de datos que avalen la presentación de trabajos que sustituyeran otros méritos inexistentes, son actuaciones imputables al responsable de su valoración, sin que el hecho de que el alumno se beneficie indique de forma suficientemente consistente que ha existido un previo acuerdo ilegítimo con el profesor”.

Aquella decisión judicial provocó que la jueza que investigaba el máster de Cifuentes redujese el caso a la falsificación del acta, excluyendo a todos los responsables de la Universidad a excepción de la profesora Cecilia Rosado, que ha acabado condenada a un año y seis meses de cárcel. Eso no ha impedido que los jueces que este lunes han absuelto a la expresidenta madrileña hayan dejado constancia de las numerosas irregularidades que han detectado.

La propia Cifuentes ya se vio obligada a rebajar la defensa pública que había hecho sobre su máster, al que acabó renunciando en un último intento de huir del escándalo. Tuvo que reducir lo que en un principio había sido una defensa pública de su TFM frente a un tribunal a un acto informal, sin precisar delante de quien. Los testimonios de responsables de la URCJ fueron poniendo en tela de juicio la versión de la expresidenta, que ha quedado finalmente desmontada por la sentencia.

La Audiencia Provincial de Madrid no ha encontrado pruebas de que indujese la falsificación del acta sobre su TFM, pero ha llenado su resolución con las numerosas irregularidades del posgrado. Así, el tribunal confirma en su sentencia la información que elDiario.es publicó el 21 de marzo de 2018 y que dio origen al escándalo: Cifuentes había aprobado con notas falsificadas porque alguien había cambiado dos “no presentado” a “notable” en la Intranet de la URJC.

El tribunal lo define como una modificación “irregular”, instigada por el profesor Pablo Chico de la Cámara y que llevó a cabo la funcionaria Amalia Calonge, que “accedió al sistema informático, y a pesar de que no tenía competencias para hacerlo”, cambió las notas de Cifuentes. Las dos que le faltaban para obtener el máster.

Un castigo político diferenciado

Los jueces hacen hincapié en que “no consta” que Cifuentes realizase “examen, ni trabajo, ni ninguna otra actuación merecedora de calificación”. Es decir, que obtuvo dos notables sin hacer nada. O como resume en la sentencia: “El desarrollo de su actividad como alumna ha revelado un conjunto de incongruencias, relevantes, e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de postgrado”.

Porque a los aprobados sin mérito académico que los justifique los jueces añaden que “nunca fue a clase ni mantuvo contacto con ningún profesor”. Califican de “inexplicable” que sostenga que presentó un TFM cuando consta como “no presentado” y concluyen que “el desarrollo de este curso estuvo plagado de irregularidades, lo cual está acreditado documentalmente”.

Esa trama de títulos universitarios que se otorgaban a alumnos VIP que no había realizado ningún esfuerzo ha quedado ya patente en dos resoluciones de dos tribunales, pero no habrá consecuencias penales. Ni para quienes se beneficiaron de ese sistema ni para quien lo urdió. El catedrático de la URJC Enrique Álvarez Conde, al que todos durante el juicio han puesto en el centro de la diana, falleció en abril de 2019.

Las consecuencias judiciales han sido las mismas, pero el castigo político ha distado mucho en ambos casos. Cifuentes tuvo que dimitir ante la posibilidad de que Ciudadanos, que le había dado sus votos en la investidura, forzase una moción de censura que diese el Gobierno de la Comunidad de Madrid al PSOE. La presión interna del PP y la filtración de un vídeo en el que aparecía robando unas cremas forzaron su retirada de la política.

La filtración se produjo después de que Cifuentes hubiera perdido el apoyo de Ciudadanos y que fuera inevitable que perdiera el gobierno de Madrid si no dimitía. El vídeo abortó el plan previsto por Cifuentes y que muchos el PP no compartían: pasar a la oposición e intentar recuperar el poder desde allí.

Casado, por su parte, afrontó ese escándalo en plena batalla contra María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría por liderar el PP. Aguantó sin asumir responsabilidades que el caso pasara de un juzgado ordinario al Tribunal Supremo. Cuando este lo archivó, Casado ya había alcanzado la presidencia del partido tras aliarse con Cospedal.

Con un documento falsificado en la mano apareció Cristina Cifuentes en un vídeo la noche del 21 de marzo de 2018 desafiando a quienes consideraban que la presidenta de la Comunidad de Madrid no podía seguir en el cargo con un título académico regalado. Aquella fue la primera imagen de una desconcertante estrategia que este viernes vivió un nuevo capítulo: su defensa retiró en la penúltima sesión del juicio la agenda electrónica que presentó sorpresivamente en la primera y que, según defendía, mostraba una cita de Cifuentes para acudir a defender el Trabajo de Fin de Máster (TFM) el 2 de julio de 2012.

A todas las suspicacias que provocó que Cifuentes presentara una supuesta prueba de descargo casi tres años después de que arrancara el caso se une ahora que la retire alegando razones de privacidad y confidencialidad. La expresidenta madrileña se juega hasta cuatro años de cárcel y esa agenda era el único indicio –el tribunal debería valorar de qué peso– que Cifuentes tenía para intentar convencer de que acudió el citado 2 de julio de 2012, aún siendo delegada del Gobierno, a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en una visita que nadie presenció, a defender un trabajo que no aparece y ante unos profesores sin identificar.

El tribunal había aceptado en el arranque del juicio el 'pendrive' que contiene la agenda y la pericial de parte que adjuntaba, pero rechazó la pretensión de Cifuentes de no dar traslado a las partes personadas. Ella quería que acusaciones y defensas solo vieran lo que su secretaria en la Delegación del Gobierno, Cristina Abad, habría anotado supuestamente el 1 de julio de 2012: que al día siguiente tenía que acudir a la universidad a defender el TFM. El tribunal se negó y Cifuentes renunció a la prueba. Según se desprende la explicación de su abogado, José Antonio Choclán, ha pesado más que las anotaciones de la secretaria sobre la actividad de la entonces presidenta no tengan publicidad que la supuesta prueba de descargo que representa esa anotación.

El letrado, antiguo magistrado de la Audiencia Nacional, daba la sorpresa este viernes al exponer en su inicio que retiraba la prueba al considerar “desproporcionada” la decisión del tribunal, lo que deja abierta la posibilidad de una petición de nulidad por parte de la defensa. Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es concluyen que de apreciarse una vulneración de derechos cabría la posibilidad de la repetición del juicio.

El abogado Choclán alegó “la intención no ocultada de dos partes para acceder indiscriminadamente al contenido personal del pendrive”. La agenda, según aseguró Cifuentes precisamente a preguntas de su defensa, estaba alojada en un pendrive que había sido “aportado” hacía “apenas unos días” por quien fue secretaria durante más de una década, incluida la etapa en la que fue delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Abad. La defensa de la expresidenta proponía que, de aceptarse la prueba en los términos que solicitaba, fuera a declarar la secretaria. En el informe pericial, sin embargo, consta que Abad, que también fue secretaria de Cifuentes en la Comunidad de Madrid, le entregó una copia en abril o mayo de 2018, la época de su dimisión. El informe pericial está elaborado el último día laborable antes de que arrancara la vista, el 15 de enero.

Durante la instrucción, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel había requerido a la Delegación del Gobierno que entregara la agenda oficial de Cifuentes, pero el organismo público informó de que ese material se destruía cada dos meses. ¿Quiere eso decir que Cifuentes tenía una copia de la supuesta prueba a su favor y no la aportó a la magistrada? Tampoco eso quedó claro en su declaración.

El abogado de la Universidad Rey Juan Carlos, que ejerce la acusación particular, fue directo. “¿Desde qué fecha tiene a su disposición la copia de seguridad de esa agenda? Pero el juez le interrumpió alegando que el acusado puede presentar la prueba en cualquier momento del proceso, según la ley.

Abogado de la URJC: El informe pericial dice que Cristina Abad le entregó a usted toda la documentación que custodiaba de su trabajo como secretaria en abril o mayo de 2018. ¿Es cierto?

Cristina Cifuentes: Documentación me entregó muchas cosas. Pero el pendrive que se ha aportado en esta Sala es un pendrive que aporta la que era mi secretaria de manera directa.

Abogado de la URJC: ¿Pero en abril o mayo de 2018 como dice el informe pericial o cuándo?

Cristina Cifuentes: Mire, no sé. ¿Qué me está preguntando exactamente? No entiendo bien la pregunta.

Abogado de la URJC: ¿Desde cuándo dispone de esa documentación que le dio Cristina Abad?

Cristina Cifuentes: Le acaba de decir…

Presidente del tribunal: Lo de la fecha es irrelevante. Lo que no puedo hacer es estar dirigiendo el juicio de esta forma. Para no seguir declarando la impertinencia. ¿Le parece muy relevante la fecha de posesión de ese documento por parte de la declarante?

Abogado de la URJC: Absolutamente.

Presidente del tribunal: ¿En qué considera que es relevante la fecha de tenencia de ese pendrive?

Abogado de la URJC: En primer lugar, se ha aportado un informe en el que dice lo que he manifestado. Hay que contrastarlo.

Presidente del tribunal: Para zanjar el tema. ¿Conoce usted la fecha o el origen desde la cual tiene el pendrive?

Cristina Cifuentes: No lo sé.

Presidente del tribunal: No lo sé es elemento suficiente.

Tras un receso llegó el turno de su abogado, que volvió a preguntar por el asunto obteniendo de Cifuentes una versión más clara. “¿El pendrive que se ha aportado se lo facilitó Cristina Abad? Es decir, no es su copia sino la copia de seguridad que guardaba Cristina Abad”, expuso el letrado. “Efectivamente. Cuando yo me voy de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, unos días más tarde Cristina Abad me da una serie de pendrives, varios, y de documentación que yo tengo... Están en casa pero no sé dónde están y no los he utilizado jamás. Y el pendrive que se ha aportado en esta causa es un pendrive aportado hace apenas unos días por la propia Cristina Abad.

La decisión de no aportar la prueba significa no utilizar la pericial elaborada por Enrique Hellín, un perito al que recurrían con frecuencia la Policía y la Guardia Civil para la realización de periciales, según publicó El País en 2013 cuando desveló su anterior identidad, Emilio Hellín Moro, asesino de la estudiante Yolanda González en una de los atentados más brutales de la extrema derecha durante la transición. Fue condenado a 43 años de cárcel de los que cumplió 14.

En el informe pericial consta que la secretaria de Cifuentes apuntó la cita en la Universidad con tan solo 24 horas de antelación. La fiscal, Pilar Santos Echevarría, preguntó por ello a Cifuentes, quien consideró normal reservar la cita para defender su TFM el día antes.

A pesar de los datos que figuran en el pantallazo incorporado al peritaje, la conclusión a la que llega Hellín es que en la agenda de Cristina Cifuentes se reservó un hueco, entre las “13:45:00 hasta las 16:45:00 h” del 2 de julio, con la anotación “Master URJC”. La coherencia sobre la hora y duración concreta de este registro no se alcanza en la redacción del informe, en el que se plantea en un párrafo diferente que este señalamiento supuso una “reserva de 3 horas”, “desde las 15:45 h hasta las 16:45 h”, a pesar de que ese periodo temporal sólo supone una hora.

La expresidenta regional Cristina Cifuentes ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el archivo de la querella que interpuso contra los periodistas de elDiario.es que destaparon el 'caso Máster' por el que se sienta en un banquillo acusada de un delito de falsedad documental en relación al acta de su Trabajo de Fin de Máster (TFM).

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, se impugna el sobreseimiento decretado por el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid al considerar que de la simple lectura de la querella se desprenden “abundantes indicios” que apuntan a los investigados.

La defensa reprocha a la juez instructora que haya “marginado todas las evidencias” aportadas en la ampliación de la querella respecto a la “autoría e ilicitud de origen de los datos cedidos y divulgados en un régimen infractor”.

La querella se dirigía contra los periodistas Ignacio Escolar y Raquel Ejerique por la publicación de la noticia que destapó el pasado 21 de marzo el caso sobre las presuntas irregularidades en el máster que cursó la exlíder madrileña en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

La querella se interpuso también contra el profesor de la URJC Salvador Perelló, a quien se apuntaba como filtrador de los datos, en relación a la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

En su declaración ante el juez, Escolar y Ejerique se negaron a revelar el origen de la exclusiva que destapó las irregularidades en el máster de la expresidenta madrileña.

En el auto de archivo, la jueza esgrimió que de las diligencias de investigación practicadas a lo largo de la instrucción “no se han revelado indicios suficientes frente a persona alguna de la comisión de los actos delictivos imputados” como era el acceso no autorizado a bases de datos de la URJC.

Respecto a Perelló, la instructora indicó que “no hay indicios suficientes que le señalen como el autor de los hechos imputados”. Así, destacó que en ámbito del proceso “no es posible determinar si fue él quién accedió a la base de datos y se apropió de los datos protegidos”.

“Tampoco cabe concluir indiciariamente que proporcionara a los periodistas los documentos que finalmente fueron publicados”, añadía la resolución. De igual modo, no apreció relevancia penal a la publicación de los datos por parte de los periodistas de elDiario.es, quienes “en el ejercicio de su derecho al secreto profesional se negaron a revelar sus fuentes”, apelando a jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este sentido.

Rafael Van Grieken, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid cuando estalló el caso Máster, ha defendido este lunes en su declaración como testigo ante el tribunal que juzga a Cristina Cifuentes que era su “competencia” recabar la documentación sobre el posgrado de la entonces presidenta regional. “Era un tema que afectaba al Gobierno regional y ponía en entredicho a las universidades públicas. Era mi competencia indagar”, ha intentado justificar ante las preguntas de la fiscal Pilar Santos. No obstante, Van Grieken se ha desvinculado de su asesora Maite Feito, a quien señala la Fiscalía como quien presionó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para elaborar la coartada con la que tapar el escándalo.

El exconsejero, que volvió a su plaza de catedrático en la URJC, ha admitido que habló en varias ocasiones con el rector, Javier Ramos, el 21 de marzo de 2018, el día que elDiario.es publicó que Cifuentes había obtenido un máster con notas falsificadas. En concreto, dos veces por la mañana, cuando Ramos le trasladó un mensaje de “tranquilidad” y le dijo que todo estaba “normal” en relación al máster de la expresidenta; y varias por la tarde, después de la rueda de prensa en la que el propio rector habló de la existencia del acta del TFM. Ese documento, que fue falsificado, sustenta la acusación por un delito de falsedad documental por el que Cifuentes se enfrenta a una petición de hasta cuatro años de cárcel. 

Según el relato de Van Grieken, fue a partir de entonces que solicitó “reiteradamente” al rector la “documentación en general” a la que se había hecho alusión en esa comparecencia. “Era tema importante como Gobierno hacer acopio de documentación que avalara una postura. Tras esa rueda de prensa yo no tenía dudas de que tenían esa documentación. Pero pasaron tres horas. Las llamadas fueron proporcionales a tardanza en enviar documentación que daba por hecho”, ha afirmado ante el tribunal, ante el que ha negado que esa comparecencia fuera instada por el Ejecutivo regional. Sí ha admitido que después de la rueda de prensa habló con Marisa González, jefa de gabinete de Cifuentes, que le pidió “asesoramiento acerca de la situación” y le dijo que había que conseguir la documentación a la que había hecho alusión el rector para utilizarla en sus declaraciones públicas. 

En un comunicado, Van Grieken afirma que en su momento se sintió “engañado” por el rector porque no trasladó a la Consejería de Educación que había abierto una información reservada de forma paralela. El exconsejero también considera que fue una irresponsabilidad “con la carencia de información contrastada de la que en ese momento disponía” y resalta que nunca dudó de “la veracidad de las afirmaciones que en primera persona aseguró el rector”. De ahí, su insistencia en solicitar la citada documentación. 

Van Grieken sí se ha desvinculado de las gestiones que Maite Feito hizo supuestamente en la URJC en relación al falso posgrado de Cifuentes. El propio rector explicó el pasado viernes que la asesora se presentó sorpresivamente en su despacho a primera hora de la mañana del citado 21 de marzo de 2018. Feito también estuvo en la reunión en la que la plana mayor de la URJC veía cómo hacer frente a la tormenta. Van Grieken, sin embargo, ha negado haber hablado con ella ni ese día ni el anterior, cuando supuestamente la asesora ya estaba haciendo gestiones al respecto. Ella también defiende que actuó por “interés personal” y que no recibió órdenes de sus superiores al respecto. Según Van Grieken, no hablaron hasta el día 22, cuando ella le dijo que había ido a la URJC a un asunto relativo a un congreso que se iba a celebrar en unos meses.

Un profesor señala a la asesora

Sí ha apuntado a la asesora el profesor Pablo Chico de la Cámara, que impartió una de las asignaturas supuestamente cursadas por Cristina Cifuentes. El catedrático la ha situado al frente de la gestión de la crisis del máster falso desde la noche anterior a que elDiario.es revelara el caso. Según Chico de la Cámara, el rector le facilitó el teléfono de Feito la noche anterior a la noticia y, al igual que hizo la profesora Cecilia Rosado, ha dado cuenta de llamadas de Feito exigiendo documentación y evitándole cuando él le trasladó presuntas falsedades en lo que se estaba trasladando a los medios.

Chico de la Cámara estuvo imputado por el falso máster de Cifuentes, pero la causa contra él se archivó cuando la instructora redujo el caso a la falsificación del acta del TFM. Su declaración de este lunes ha confirmado que hay cuestiones que quedaron sin aclarar judicialmente con ese archivo. Antes que él había declarado la funcionaria que cambió las notas, Amalia Calonge, quien ha declarado que fue el profesor quien la llamó para ordenarle modificar la nota de Cifuentes en su asignatura y también la del TFM. Chico de la Cámara le ha acusado de mentir al asegurar que fue ella quien contactó con él y que solo supo que había una nota para la defensa del TFM cuando se desveló el escándalo.

Según el relato del profesor, Calonge le advirtió de que Cifuentes aparecía como no presentada y que él revisó su documentación y que, efectivamente, constaba un notable en sus archivos. Chico de la Cámara, que se ha mostrado nervioso en varios pasajes de su declaración, ha comparecido irreconocible respecto a la rueda de prensa del 21 de marzo de 2018, con el pelo largo y teñido.

Cristina Cifuentes ha expuesto este viernes ante el juez su peculiar experiencia universitaria en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). No iba a clase, no conocía ni a sus profesores ni a sus compañeros, no intercambiaba correos electrónicos con el director de su Trabajo de Fin de Máster (TFM), no ha hecho referencia a apuntes, su secretaria era la encargada de intermediar con la URJC para fijar la fecha de entrega del TFM y los trabajos llegaban a la Universidad a través de un familiar, personas de su equipo o empresas de mensajería. 

“Me ha parecido un despropósito. Básicamente echa por tierra las pautas de esfuerzo y estudio que todos tenemos que seguir”. Así ha resumido Natalia Gómez, graduada en Historia y Periodismo por la URJC, la declaración judicial de la expresidenta de la Comunidad de Madrid como imputada por un delito de falsedad en documento oficial por instigar la elaboración del acta de su TFM, después de que elDiario.es desvelase que obtuvo un posgrado con notas falsificadas.

La experiencia de Leda D. por los pasillos de la URJC no tiene nada que ver con lo que ha expuesto Cifuentes este viernes en sede judicial. “Mi máster fue duro. Me acuerdo de todos los trabajos que realicé. Obviamente, no coincide la forma de entrega de esos documentos. Nosotros los subíamos a una plataforma”, reseña esta economista que terminó en 2019 un posgrado sobre Big Data en el campus de Quintana de la Rey Juan Carlos. No es el único título que acompaña a la licenciatura de esta antigua alumna de la URJC. En su currículum hay varios. En 2005 comenzó a cursar másteres y de todos ellos conserva los trabajos y los apuntes. Un relato diferente al de Cifuentes, que ha asegurado que no guarda esos ejemplares. “No he encontrado ni mi primer borrador de tesis doctoral”, ha destacado la expresidenta autonómica.

“Parece que ella ha hecho un máster en una academia y yo lo he hecho en Harvard. Todos los trámites que yo he seguido han sido mucho más serios. Sinceramente, no parece que hayamos estudiado en la misma Universidad”, sentencia Leda D., que no comprende el desconocimiento de los procedimientos académicos expuesto este viernes en el juicio ya que la política retirada es funcionaria de una universidad pública. 

Cifuentes tiene una plaza en una universidad pública

Más allá de su carrera política, la única experiencia laboral que figuraba en el currículum que la exlideresa del PP tenía publicado cuando estaba al frente de la Comunidad se limitaba al mundo educativo. Esa pequeña biografía recogía que Cifuentes “pertenece al Cuerpo de Técnicos Superiores” de la Universidad Complutense. Además, destacaba que la expresidenta regional estaba “vinculada al mundo universitario” y había “desempeñado distintas responsabilidades institucionales en las universidades Complutense, Carlos III y Rey Juan Carlos”. 

Su hermana también es funcionaria en la URJC, como la propia imputada ha expuesto este viernes ante preguntas de la fiscal. Aún así, a pesar de ese contacto directo con la burocracia universitaria, Cifuentes ha defendido a lo largo de dos horas de declaración que le permitieron matricularse fuera de plazo, que no presentó dispensa académica para no acudir a clase y no ha sabido explicar por qué pagó las tasas para defender el TFM en noviembre de 2012 cuando, siempre según su versión, lo había superado en julio de ese año.

La coartada escogida por Cifuentes no ha sido bien acogida por la comunidad universitaria. El catedrático de Ecología Adrián Escudero es contundente. Asegura que la declaración de la política retirada “no merece ninguna discusión”. “Una persona que se matricula en un máster oficial sabe el esfuerzo tanto económico como de trabajo que implica. Hay una guía de evaluación en la que se exponen cuáles son los pasos. Todo el mundo sabe en qué consiste la defensa de un TFM. Todo es mentira”, sentencia. Y recalca: “Es un insulto a los profesores, al personal de administración y servicios y, sobre todo, a los estudiantes a los que les cuesta mucho esfuerzo y mucho dinero. 

“El procedimiento soy yo”

Los privilegios académicos descritos y reconocidos por la expresidenta son criticados por Concha Mateos, profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la URJC. Define como “el procedimiento soy yo” a la conducta expuesta por Cifuentes y totalmente dispar a los trámites exigidos a los alumnos anónimos. “No existe el procedimiento. Nadie conoce el procedimiento. Nadie puede dar información. Esto es altamente preocupante para la universidad y para la sociedad”, destaca. 

Se trata de un comportamiento que “está sirviendo para escudarse” a las “personas que han estado esta mañana [por este viernes] en el juicio”, alega Mateos. Ante esta situación, defiende la obligación de la administración por velar para que “todas las personas de la institución conozcan, apliquen y sigan de la manera más estricta y transparente el procedimiento”. “Es fácil querer matar al muerto”, remarca en alusión al señalamiento que se está realizando de la actuación del fallecido Enrique Álvarez Conde, responsable del instituto que impartió el máster investigado.

El juicio gira en torno a la reconstrucción del acta con el que Cifuentes trató de justificar que había defendido su TFM. El rector, Javier Ramos, que ha declarado como testigo, ha reconocido que Rafael Van Grieken, consejero de Educación del Gobierno madrileño cuando estalló el caso, le pidió “reiteradamente” el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de su jefa el día que elDiario.es desveló que la expresidenta de la Comunidad de Madrid había obtenido un posgrado de forma irregular. Desde la Universidad accedieron y le facilitaron al Ejecutivo autonómico esa documentación, que le sirvió a la expresidenta como coartada a la que se aferró para tratar de desmentir la información publicada por esa redacción. 

“Es una anomalía que un alumno tenga un acta de una defensa de TFM. Los estudiantes no tienen acceso a esos documentos”, insiste Mateos. Con esta afirmación, expone que el trato de favor existió desde el primer momento en el que estalló el escándalo: “Las declaraciones en el juicio por una vía y por otra ponen de manifiesto que ha habido un proceder administrativo anómalo y favorecedor para Cifuentes. La universidad no ha gestionado de manera eficaz la aclaración de esta anomalía”. 

Reivindican que es un caso excepcional

Desde los despachos de la URJC tratan de limpiar el nombre de la Universidad e insisten en remarcar que lo sucedido en el Instituto de Derecho Público es una excepción. “El funcionamiento de la mayor parte de los estudios era correcto antes de que saliera este escándalo y después lo sigue siendo. Ahora es cierto que hay más regulación para que no se puedan cometer estas irregularidades, aunque antes también había supervisión”, apunta Rosa Viejo, directora del departamento de Biología y Geología, Física y Química Inorgánica. Esta docente asegura que en los másteres en los que ella da clase los TFM “se defienden ante un tribunal y luego hay un acta”. Este viernes Cifuentes ha reconocido que ella no realizó ese trámite. “Yo no defiendo ni leo. Entrego un trabajo y expongo las líneas generales”, ha destacado la imputada.

Por su parte, los alumnos y antiguos estudiantes continúan asistiendo a la estigmatización de sus titulaciones. “A Cifuentes no le ha importado el prestigio de la universidad para mantener su defensa. Ella se ha aprovechado de unos privilegios que le han dado desde la universidad”, reivindica Sara López, graduada en Relaciones Internacionales. Actualmente está opositando y se gana la vida trabajando como camarera. A Alba Agraz le ha sacado de “sus casillas” el relato de la expresidenta autonómica. Esta joven que a falta del TFG ha terminado la doble titulación de Ciencia Política y Economía reconoce que “las redes clientelares [de la URJC] tienen parte de culpa”, pero también apunta a Cifuentes: “Está menospreciando a una institución pública, que funciona gracias a los impuestos de los españoles”.

El juicio a Cristina Cifuentes sigue sin arrojar una sola prueba consistente de que realizara el máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Llegados al ecuador de la vista no hay constancia de que realizara un solo trabajo, no aflora una explicación de por qué pagó la tasa final cuatro meses después de concluir el máster, ni hay rastro de su presencia en la universidad el 2 de julio de 2012 para defender el trabajo final. La falsificación del documento acreditando esa supuesta defensa presencial es la que tiene sentada en el banquillo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que se arriesga a cuatro años de cárcel por esa maniobra para intentar salvar su carrera política.

Además de apuntar a la URJC como responsable de la falsificación, la expresidenta cambió durante la declaración en el juicio su versión sobre la defensa del máster, que pasó a ser una breve exposición de las “líneas generales” de ese trabajo; y confirmó que aprobó el posgrado sin ir a clase, sin hacer exámenes y sin conocer a sus profesores, únicamente entregando unos trabajos que no ha podido localizar como consecuencia de la vida “complicada” que ha tenido en los últimos años, con cinco cambios de despacho y dos de domicilio.

Estas condiciones tan ventajosas las pactó con el fallecido Enrique Álvarez Conde, el catedrático que dirigía el Instituto de Derecho Público que ofertaba su posgrado, y al que todos los miembros de la Universidad, testigos y acusados, han ubicado en el epicentro de la trama. Entre ellas, las tres profesoras que constan en el acta falsificada, que relataron ante el tribunal la relación de “jerarquía muy marcada” que tenían con él, una persona de carácter “difícil” y al que era muy complicado decirle que no. También el rector apuntó al catedrático, que en un primer momento le dijo que Cifuentes había hecho su máster “con normalidad” a pesar de las “inconsistencias” y “errores administrativos graves” que la URJC encontró después.

Álvarez Conde era también el único interlocutor de Cifuentes en el máster, según afirmó la expresidenta. A él le enviaba físicamente los trabajos a través de personas de su gabinete o mensajeros porque no le gustaba comunicarse por email. La profesora Clara Souto, que intervino después de la expresidenta, negó sin embargo que Álvarez Conde tuviera problemas con que los trabajos le fueran enviados a través de correo electrónico.

La manera en que Cifuentes obtuvo el título no era habitual en la URJC, según declararon varias docentes que comparecieron como testigos. Souto también desmintió que la defensa del TFM fuese un acto breve. Según declaró, se reservaba un aula, se conformaba un tribunal y se avisaba con “cierto tiempo” a los alumnos, que tenían unos diez o quince minutos para su exposición inicial y luego se sometían a las preguntas de los profesores. Lo normal es que el trámite se alargase hasta una hora. Nada que ver, por tanto, con la breve exposición de la que habló Cifuentes. 

Souto es una de las profesoras del máster que aparece como componente del supuesto tribunal que estuvo en su defensa de TFM junto a Alicia López de los Mozos y Cecilia Rosado. Esta última, también acusada, afirmó haber falsificado el acta que acreditaría esa defensa por presiones de Álvarez Conde y de Maite Feito, que entonces era asesora en su Gobierno. En su interrogatorio declaró que había fijado el 2 de julio como fecha en la que habría tenido lugar esa lectura por orden del catedrático. Ante el tribunal, las tres profesoras han negado que estuvieran presentes el día que la expresidenta afirma que entregó y defendió brevemente ese trabajo. De hecho, no hay hasta el momento ninguna evidencia de que Cifuentes acudiera con ese propósito a la Universidad el 2 de julio de 2012.

Hasta ahora solo la copia de la agenda electrónica que Cifuentes incorporó en la primera jornada de la vista habla de su presencia ese día allí. La fiscal, Pilar Santos, quiso preguntar a la expresidenta cómo es posible que no incorporara esa prueba antes y lo haga tres años después de que salte el escándalo, pero el presidente del tribunal, Luis Carlos Pelluz, no lo permitió alegando que la ley permite al acusado incorporar elementos en su descargo en cualquier momento del proceso y que ya valorará el tribunal su relevancia. La pericial de parte señala además que la cita se introdujo con tan solo 24 horas de antelación, el 1 de julio.

En estos tres años tampoco ha aparecido ninguna de las personas ante las que Cifuentes dice que expuso las “líneas generales” de su trabajo y entre las que se encontraba un hombre, según declaró en fase de instrucción. Cuando se le ha preguntado a la acusada si no le extrañó que ningún hombre firmara el acta de defensa de TFM que esgrimió, Cifuentes ha respondido que pensaba que unas personas la escucharon y que el tribunal que evaluaba era otro.

La expresidenta tampoco supo explicar otras irregularidades, como el pago de las tasas del TFM cuatro meses después de, supuestamente, haberlo entregado y defendido. Arrojó luz sobre esta cuestión la profesora Pilar Trinidad, jefa de Inspección de Servicios de la URJC y responsable de la investigación interna sobre el caso. En su declaración como testigo afirmó que no se exigen tasas universitarias a quien ya ha presentado su TFM. “Para qué se va a demandar el pago de un trabajo que ya está entregado y calificado”, aseveró. 

Previamente, durante su interrogatorio, Cifuentes no había sabido explicar por qué pagó las tasas para defender el TFM en noviembre de 2012 cuando supuestamente ya lo había defendido meses antes, en julio. La expresidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que le llegó el requerimiento para que pagase y así lo hizo, sin preguntarse a qué se debía. Como era una cantidad tan pequeña, afirmó, no le dio más importancia. La profesora Souto también afirmó después que las tasas se pagan siempre antes de presentar el TFM.

El beneficio de la falsificación

La inducción a la falsificación de la que acusa la Fiscalía se ha topado con la declaración de la asesora de la Consejería de Educación en aquel momento, María Teresa Feito, que se defiende asegurando que su interés en los hechos el 21 de marzo en la Universidad era únicamente “personal” y no instruida ni aleccionada por el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, ni por la propia Cifuentes.

El testimonio del rector, Javier Ramos, ha abierto otro agujero en la declaración de Feito al explicar que la tesis que defendió el mismo día 21 en rueda de prensa de que no había irregularidades fue inducida por Enrique Álvarez Conde y por la propia Feito, que se presentó sorpresivamente en su despacho a primera hora de la mañana, según ha contado.

Los indicios de que las presiones con el acta procedían de la Comunidad de Madrid han crecido cuando Ramos dijo que el propio consejero Van Grieken le había pedido “reiteradamente” el acta el día 21 por la tarde, si bien lo hizo después de que él y Álvarez Conde anunciaran en rueda de prensa que tal documento existía.

Cifuentes, sin embargo, había afirmado por la mañana que no había dado instrucciones a ninguno de sus colaboradores de que solicitaran el acta porque ni siquiera sabía que había un documento específico que recogiera la defensa del Trabajo de Fin de Máster y que fueron otros los que solicitaron a sus colaboradores que “recabaran”.

La falta por ahora de pruebas acerca de que Cifuentes diera instrucciones para la falsificación del acta no afecta a que pueda ser condenada por inducción o falsificación de documento. Como recogía la instructora del caso, Carmen Rodríguez-Medel, en su auto de pase a procedimiento abreviado, basta con que se beneficiara de esa falsificación para que pueda ser condenada por ella. “Desde el punto de vista de la prueba de acción se ha sostenido que la tenencia de un documento falsificado por quien lo utiliza en su propio plan delictivo justifica la inferencia de, al menos la autoría o la inducción para la ejecución de la falsedad”, escribió Rodríguez-Medel de acuerdo a una sentencia de 2008 del Tribunal Supremo.

Como esta pieza va de la limpieza de títulos oficiales universitarios, he de confesar que el título de la misma es una pura copia. Me lo he apropiado del auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) de 28-9-2018, dictado con ocasión del archivo de las acciones penales contra Pablo Casado por gozar el Presidente del Partido del partido Popular de un Máster oficial de la Universidad Rey Juan Carlos que, vino a reconocer –ante las evidencias–, que no había cursado.

El TS, tan puntilloso con gentes más díscolas, considera que tener un título oficial, repito oficial, si es de favor, repito, de favor, es penalmente irrelevante. No es de extrañar que la señora Cifuentes, a quien se juzga estos días por algo parecido, es decir, por disfrutar de una titulación que no se ha ganado en las aulas, esté contrariada. Yo, en su caso, y en el de los estudiantes españoles que sudan la gota gorda con sus estudios, también lo estaría.

Vayamos por partes. Los másteres oficiales (no los títulos propios que ofrecen las universidades, públicas y privadas y otros centros) habilitan a los graduados –los licenciados no lo requieren– para realizar el doctorado, que, a su vez, se compone de dos partes: la de los cursillos y, la más importante, la confección de una tesis doctoral que ha de ser un estudio personal, original, inédito y que ha de ser de acceso público; no valen las tesis secretas.

El acceso a matricularse en el doctorado –no a hacerse pasar por doctor como algún que otro vip– es importante, pero supone la prosecución de un 'cursus honorum' que los que nos dedicamos, creemos que con seriedad, a la investigación y a la docencia universitaria sabemos que no es camino de rosas y que prácticamente requiere dedicación exclusiva. Excepciones 'haylas', pero no suelen figurar por su calidad en los anales de la Ciencia.

Para obtener el máster –entre 60 y 120 créditos ECTS, en denominación de Bolonia–, lo que supone un mínimo de 25/30 horas lectivas –presenciales (antes de la pandemia) por crédito, hay que abonar entre 50 y 100 euros por crédito, según los precios públicos fijados por cada comunidad autónoma, el tipo y duración de máster. Haga cálculos el lector, que seguramente ya los habrá hecho, y verá que sale por un ojo de la cara.

Este obstáculo económico los vips no lo suelen padecer. No porque sean ricos de familia –alguno habrá–, sino porque, al ser vips, es decir, políticos de cierta relevancia, pudiera ser muy fácil que alguna institución vinculada el estudioso vip haya sufragado generosamente el máster en cuestión, ya sea con transferencias efectivas o facilitando la matriculación de llamemos 'becarios', que el ente público financia, financiación a la que, hay que reconocer, la universidad puede ser ajena.

O sea que el primer obstáculo a la hora de cursar un máster es fácilmente superable, en muchos casos, para los vips institucionales. El segundo obstáculo es el académico.

El estudio es como el deporte, aunque sea el practicado amateurmente, exige entrenamiento, mucho. Estudiar requiere estudiar, aunque parezca mentira. No son pocos los estudiantes, la mayoría para qué engañarnos, que cuando acaban la carrera, si el máster no es obligatorio (como el de la abogacía), quieren desentenderse de los libros de texto, las aulas y los profesores.

Consecuencia: el músculo del estudio se atrofia. Ello no quiere decir que no se lleven a cabo por los profesionales actualizaciones puntuales. Pero desengañémonos: no es lo mismo un seminario intensivo de fin de semana, de los de verdad, no de los de Aravaca, de 30 horas –son muchas– que dedicar al año, para un máster de 60 créditos unas 1.500 horas. Aunque solo un tercio de ellas sean presenciales, en clase, el resto, son de estudio y biblioteca. Hay que tener mucho tiempo y mucho tesón, para, estando dedicado a tiempo completo a ser políticamente vip, salgan esas 450 horas anuales, unas 10 semanales, descontando las vacaciones.

Si es complicado para los estudiantes de mediana edad, que vuelven a la facultad y que compatibilizan su nuevo estudio con su trabajo ordinario, calculen hacer un máster entre discurso y discurso, entre pleno y pleno, entre inauguración e inauguración, entre conspiración para quitar la silla a otros y conspiración para que no te la quiten a ti.

Hace falta dopaje. El dopaje en el estudio es que te aprueben por la cara y/o que unos –perdón– negros, te hagan los trabajos de clase, los de fin de máster incluidos. Oferta pública y sin tapujos hay. O sea que con un poco de cara, tirando de influencias y plata, un máster está, dicho en jerga estudiantil, chupado.

Pero topamos con un inconveniente. La asistencia a clase, con la consiguiente confección de trabajos, ponencias e intervenciones. Si el alumno o alumna no ha ido a clase –no se suele pasar lista–, los compañeros, que sí van a clase, recuerdan quién ha asistido y quién no. Es más, recuerdan a quien solo han visto en los medios, pero nunca en el aula. Entonces explicar las calificaciones de aprobado o más –hay quienes un aprobado lo consideran indigno de su 'vipez'– resulta embarazoso. Difícil, no; solo embarazoso. Porque explicarlo es muy fácil: las actas y el titulo final son falsas y falso, respectivamente. Eso es lo que es embarazoso.

Por qué regla de tres, además de haber pagado religiosamente los créditos, haberse dejado las pestañas y haber tenido que repetir más de un trabajo o una asignatura, resulta que unos vips a los que solo se ve en el plasma o en papel tintado, acaban, además con nota, sin despeinarse. Desde luego, por ser más listos que los que se sacan a pulmón el máster no. O sí, son listos.

¿Por qué? Porque su máster es de favor. Lo es porque están en condiciones de exigir o, incluso, de que les sea ofrecido graciosamente, el diploma oficial correspondiente, por el mero, pero esencial, hecho de ser ellos y ellas quienes son. 'Vipez' a tope.

Por eso, tiene mucho de burla que el Tribunal Supremo declare la irrelevancia penal de los títulos de favor. Porque el Tribunal Supremo sabe –y alguna jurisprudencia tiene– que falsear notas, actas y diplomas oficiales, es un delito. Una cosa es decir que se poseer un título –una mentira más para algún político es como una raya más para un tigre– es jurídico-penalmente, irrelevante. Pero lo que es criminalmente relevante es exhibir un diploma oficial, y más si habilita para el ejercicio de una profesión o proseguir la carrera académica, sin haber dado un palo al agua. Y lo grave es que algunos compañeros se presten a tales enjuagues.

Porque, y esto es muy grave, ese título de favor, esa falsedad monumental, es a cambio de algo, con lo que además de la falsedad, entra en juego el soborno, es decir, la quintaesencia de la corrupción pública. Y los delitos son los de falsificar, inducir a la falsificación, utilizar el documento falso sin haber participado en la falsificación, sobornar y ser sobornado. Unas joyas, vaya.

Los imputados, desde luego, podrán, en pleno ejercicio de su derecho de defensa, decir lo que quieran; y si cuela, cuela. Pero lo que no cuela ante la opinión pública es hacer pasar como verdades sus propias mentiras. Los hechos alternativos ya no están de moda. ¿Por qué si, además de los títulos de favor, tuviéramos sentencias de favor, qué pasaría? El lector sabrá sacar sin esfuerzo sus propias conclusiones.

La ubicación de las tres acusadas en el juicio del caso Máster durante la primera sesión del juicio no se corresponde con el hilo de la falsedad documental que acredita indiciariamente la investigación. La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes se sentó en un extremo y la que fuera asesora de la Consejería de Educación Teresa Feito, en el contrario, dejando el centro del banquillo a la profesora Cecilia Rosado. Sin embargo fue Feito quien presionó presuntamente a Rosado; ella es el nexo entre la falsificadora del documento de defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM) y la beneficiada de ese delito y acusada de inducirlo, Cristina Cifuentes. Así lo corroboró la profesora Rosado mientras que Feito se encargó de negarlo, alegando que solo instó a que buscara el TFM con 15 llamadas y 5 mensajes cargados de mero “interés personal”.

Asesora del Gobierno de Cristina Cifuentes en la Consejería de Educación, profesora titular en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en excedencia y amiga personal del fallecido Enrique Álvarez Conde, el catedrático que dirigía el posgrado y epicentro de la trama. María Teresa Feito lo tenía todo para ser uno de los personajes clave del caso Máster, la trama académica desvelada por elDiario.es que en 2018 se llevó por delante la carrera política de la entonces presidenta regional y que empezó a juzgarse este lunes en la Audiencia de Madrid. Así lo cree la fiscal del caso, que la señala como quien presionó en la URJC para elaborar la coartada con la que tapar el escándalo y que pide para ella tres años y tres meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial, igual que para Cifuentes. 

Sin embargo, en su interrogatorio durante la primera sesión del juicio, Feito intentó zafarse de cualquier papel protagonista o de intermediación. Se presentó como una simple asesora —“había muchas más importantes que yo”— a la que movió su “interés personal” y negó haber dado o recibido órdenes para tapar el escándalo. Admitió haber estado en la URJC el día que elDiario.es sacó a la luz la información del máster, aunque aseguró que fue para otros asuntos y sólo entró “dos minutos” a la reunión en la que la plana mayor veía cómo hacer frente a la tormenta. “Yo es que soy muy pesada con el teléfono”, dijo para justificar las 15 llamadas y cinco SMS que envió a Cecilia Rosado, la profesora, también acusada, que admitió haber falsificado el acta del TFM de Cifuentes. 

“Había que hacer un acta de un hecho que no había existido”, afirmó ante el tribunal Rosado, que fue la primera en hablar y que con su declaración puso en serios apuros la versión de la expresidenta, que ha mantenido hasta el momento que hizo el trabajo y defendió su TFM el 2 de julio de 2012. Este lunes, casi tres años después del inicio del caso, la defensa de Cifuentes aportó una copia de su agenda que incluye la cita “Máster URJC” en la fecha en la que supuestamente defendió su trabajo, el 2 de julio de 2012. Su declaración está prevista para el próximo viernes, en la segunda sesión del juicio. Este lunes, Rosado afirmó que ese día ni siquiera estuvo en la universidad porque estaba preparando la ponencia de un curso de verano, algo que suele realizar en su casa.

Supuestas presiones

La profesora expuso sin medias tintas que hubo dos personas que, en uso del poder que tenían sobre ella, la presionaron para falsificar el acta. La principal, Enrique Álvarez Conde, quien ejercía sobre ella una “absoluta jerarquía” y de quien dependía su situación laboral. “Me limité a acatar las órdenes de Álvarez Conde para confeccionar ese acta”, aseguró sobre el catedrático, que desarrolló parte de su promoción académica al calor del poder del PP en la Comunidad de Madrid. 

La otra persona que la presionó, siempre según su relato, fue Feito, quien le exigió que creara un acta del TFM y que se la enviara. “Si no me la envías [el acta] Cifuentes os va a matar. A vosotros y al rector”, aseguró Rosado que le trasladó la entonces asesora. “Esa frase nunca la dije. Es que yo no soy de ordenar”, rebatió después Feito, que afirmó que esas llamadas fueron en tono “muy bueno” aunque sí reconoció que le pidió “por favor” que buscara el trabajo. “¿Qué interés tenía en encontrar el trabajo? Sigo sin entenderlo”, le preguntó en varias ocasiones la fiscal Pilar Santos. Feito insistió en que era “por un interés personal de saberlo” y negó tener “ninguna” relación “personal o profesional” con Cifuentes a pesar de sus gestiones para amortiguar el escándalo y de que en su día acompañó a la expresidenta a la URJC a recoger el título de su máster.

Ante el tribunal, Rosado, para quien la Fiscalía pide un año y nueve meses de prisión, explicó con todo detalle cómo había falsificado el acta. Según su relato, Álvarez Conde le indicó la fecha que debía constar como celebración del acto de defensa —el citado 2 de julio de 2012—, el “título del trabajo” y “la nota” y le trasladó que de ese tribunal ficticio formarían parte ella misma y otras dos profesoras, Clara Souto y Alicia Pérez de los Mozos, que le indicaron “por videollamada” cómo hacer sus firmas. Rosado aseguró que era “habitual” que en el Instituto de Derecho Público unos profesores firmaran por otros documentos oficiales. “Era la manera de hacer de Enrique Álvarez Conde”, afirmó. 

Lo que comenzó a juzgarse este lunes es la falsificación de esa acta y si Cifuentes y Feito fueron cómplices de ese presunto delito, ya confesado por Rosado ante el tribunal. La expresidenta se expone a una condena no por el fraude del máster en sí, que obtuvo sin haber aprobado todas las asignaturas, sin haber ido a clase y sin haber entregado el TFM; sino por las maniobras para intentar tapar el escándalo. 

Los indicios que apuntaban a que en el Instituto de Derecho Público de la URJC se regalaron títulos a dirigentes políticos y a otros alumnos “escogidos” que tenían una relación próxima con Álvarez Conde quedaron sin investigar tras la decisión de la jueza Rodríguez-Medel de dar carpetazo a gran parte de la causa en octubre de 2018. La jueza tomó esa decisión tras la negativa del Tribunal Supremo a investigar al líder del PP, Pablo Casado, que también obtuvo un título en esa Universidad sin conocer a sus profesores, sin ir a clase y sin hacer exámenes de un posgrado presencial. 

De forma paralela, en otro juzgado de Plaza de Castilla siguen imputados por un supuesto delito de revelación de secretos el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y la ex redactora jefa de Política Social, Raquel Ejerique. Ambos periodistas sacaron a la luz las irregularidades de la expresidenta regional en torno a este máster, lo que derivó en su dimisión y el final de su carrera política.

La defensa de Cristina Cifuentes ha aportado en el juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid un peritaje de los actos programados que tuvo mientras era delegada de Gobierno en 2012 y que contiene el 2 de julio del 2012 a las 15:45 una cita guardada con el nombre “Master URJC”, según el informe al que ha accedido elDiario.es. También ha presentado un certificado académico que verifica que superó las asignaturas del curso de postgrado que realizó. El 2 de julio fue la fecha en la que se basó la coartada de Cifuentes cuando estalló el caso máster: es el día que figuraba en el acta aportada en un primer momento por la URJC para asegurar que en esa fecha se había defendido el Trabajo Fin de Máster (TFM).

Es la primera vez desde que se desveló que Cifuentes consiguió un máster con notas falsificadas en el que la afectada aporta ese documento, a pesar de que tiene en su poder esa agenda desde 2018. La expresidenta madrileña ha insistido durante el proceso que defendió su TFM el 2 de julio. Las profesoras que firmaron el acta que refrendaría la versión de Cifuentes han reconocido que falsificaron ese documento y que no se produjo tal defensa.

La representante del Ministerio Fiscal ha solicitado que se dé traslado del informe del análisis del pendrive a la Policía Judicial de la Fiscalía de Madrid para que sea contrastado. El tribunal de la Sección 15 ha acordado admitir la práctica de la prueba a pesar de que el abogado de la URJC se ha opuesto a la misma al considerar que desvirtúa la versión de Cifuentes.

El informe pericial aportado por Cifuentes fue elaborado este viernes por el perito Luis E. Hellín. En él se asegura que la cita ha sido extraída de la agenda electrónica que tenía la imputada cuando era delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid y posteriormente presidenta autonómica. Esa información fue custodiada por la secretaria que tenía la política por aquel entonces y fue puesta a disposición de Cifuentes “en abril o mayo de 2018” — según el documento pericial — después de que elDiario.es revelase que había obtenido un posgrado de forma irregular. La cita estaba almacenada en el calendario de la aplicación Outlook. 

La secretaria expuso al perito que “cuando dejaron la Delegación del Gobierno, ella le pidió al informático que lo antes posible le hiciera copias de seguridad actualizadas de todo para evitar la perdida (sic) de datos y en concreto esta última copia de la agenda/calendario y correos electrónicos se la grabó en el pendrive del que a su vez ella, como siempre, hizo también una copia para su custodia por seguridad y tener ambos respaldos por duplicado”.

Discordancia en la duración de la cita

“El análisis de dicho registro permite determinar que la cita reserva una duración estimada de una hora, en concreto desde las 15:45 hasta las 16:45 h. La cita guarda perfecta relación de fecha y hora tanto con los anteriores eventos como con los posteriores”, determina el perito tras realizar un análisis de la documentación aportada por los abogados de la imputada. A pesar de este peritaje, el pantallazo que acompaña a esa valoración recoge que la cita se extendió por más tiempo. Tiene como punto de comienzo  (“start”) las 15:45 del 2 de julio y como punto final (“end”) las 18:45. 

A pesar los datos que figuran en el pantallazo incorporado al peritaje, la conclusión a la que llega este experto es que en la agenda de Cristina Cifuentes se reservó un hueco, entre las “13:45:00 hasta las 16:45:00 h” del 2 de julio, con la anotación “Master URJC”. La coherencia sobre la hora y duración concreta de este registro no se alcanza en la redacción del informe, en el que se plantea en un párrafo diferente que este señalamiento supuso una “reserva de 3 horas”, “desde las 15:45 h hasta las 16:45 h”, a pesar de que ese periodo temporal solo supone una hora.

El analista reseña que la entrada en el calendario de Outlook se realizó “con anterioridad a la fecha de la cita”, “el día 01/07/2012 a las 11:41:21 h”. En otra de sus conclusiones, determina que “el contenido del registro no ha sido modificado con posterioridad a su fecha de cumplimentación”, aunque sí “se debió efectuar alguna adaptación del contenido de la cita dos horas y dieciséis minutos antes del comienzo de la cita, en concreto el día 02/07/2012 a las 13:29:08 h”.

Cifuentes declaró ante la jueza en julio de 2018 que fue a defender el TFM el 2 de julio de 2012 porque así pudo consultarlo en su agenda electrónica su jefa de Secretaría de la Presidencia madrileña, Cristina Abad, quien ya había ostentado un cargo similar a sus órdenes en la etapa de la Delegación del Gobierno. Abad es citada en el peritaje aportado por la expresidenta madrileña como la persona que custodió toda esta información hasta 2018. A pesar de las declaraciones de Cifuentes ante la jueza, el informe pericial elaborado por la defensa de Cifuentes está fechado el 15 de enero de 2021. No ha sido hasta este viernes cuando sus letrados han contado con este documento.