El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Koen Lenaerts (Mortsel, Bélgica, 70 años), ha visitado Barcelona a pocos días de que los magistrados de Luxemburgo estudien los recursos de los tribunales españoles contra la ley de amnistía. Por este motivo, elude pronunciarse sobre la norma estrella de la legislatura, aunque, más allá de casos concretos, sí descarta un riesgo sistémico para el Estado de Derecho o la independencia judicial en España.

La entrevista se realiza en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), donde este viernes Lenaerts ha sido investido doctor honoris causa en un reconocimiento público a su compromiso con los valores fundacionales de la UE. El magistrado repasa las diferencias clave entre los sistemas estadounidense y europeo de Justicia y defiende el blindaje del TJUE ante presiones políticas o económicas.

En sus más de 20 años en el TJUE, los diez últimos como presidente, el TJUE ha asumido cada vez más asuntos bajo su jurisdicción. ¿Cuál cree que ha sido el cambio más relevante?

El cambio más relevante es que la Unión opera ahora como un enorme espacio sin control de fronteras interno entre los estados miembros. Eso implica que la migración, el asilo o la cooperación policial y judicial son asuntos legales centrales porque los estados han transferido a la UE competencias en legislación sobre ellos, además de en otros temas como la no discriminación y la protección de minorías étnicas, religiosas o por su orientación sexual.

En un gran espacio abierto como la UE, los derechos fundamentales deben protegerse. Los asuntos económicos, que fueron los protagonistas del inicio de la UE, ya comparten protagonismo con los derechos fundamentales. Por supuesto que seguimos ocupándonos de cuestiones derivadas del mercado único, pero también de la protección de consumidores, trabajadores y el medio ambiente o la privacidad en Internet.

¿Los valores fundacionales de paz y solidaridad de la UE están en riesgo por el contexto belicista mundial, que también afecta al continente con la invasión de Ucrania?

A nivel mundial diría que sí, pero dentro de la Unión Europea, aunque pueda parecer extraño, la conciencia sobre estos valores se ha incrementado. La gente es más consciente de la importancia de la UE, como estructura de cogobierno de 27 estados miembros, para salvaguardar y consolidar la paz y la solidaridad entre ellos. O nadamos o nos hundimos, pero juntos. En el contexto geopolítico actual, el sentimiento del valor añadido de la Unión para la paz y la solidaridad se ha visto reforzado.

¿Cómo funciona la cooperación con los tribunales nacionales en cuestiones donde interactúan el derecho nacional y el europeo?

Funciona extremadamente bien porque es la llave maestra del sistema judicial europeo. Cualquier juzgado, ya sea un ordinario o el Tribunal Supremo, de cualquier país de la UE puede elevar al TJUE sus dudas o preguntas sobre la aplicación o la interpretación de la ley europea, tal y como ocurre en países como España o Italia con las preguntas que sus juzgados ordinarios pueden dirigir a su Tribunal Constitucional nacional.

El TJUE tiene la última palabra a la hora de establecer los criterios interpretativos de la norma sobre la que se pregunta con el objetivo de garantizar que las disposiciones del derecho de la Unión Europea sean comunes no solo en los libros o los boletines oficiales, sino también en la práctica cuando se interpretan, se aplican y se hacen cumplir por parte de los jueces nacionales.

Ningún otro poder o tribunal puede limitar el derecho de los jueces a acudir al TJUE

Más en concreto, ¿cómo es la cooperación y relación del TJUE con el Tribunal Supremo y el Constitucional español?

El Tribunal Constitucional solo ha planteado una cuestión prejudicial, lo que es normal por el tipo de cuestiones que dirime. Los tribunales constitucionales se ocupan principalmente de su constitución nacional y las interacciones con el Derecho de la Unión son menos frecuentes. Los principales socios del TJUE en cuestiones prejudiciales han sido los tribunales ordinarios, y en Barcelona tienen ejemplos recientes de juzgados mercantiles y contenciosos en casos de ciudadanía o hipotecas, aunque últimamente el Tribunal Supremo plantea muchas más cuestiones prejudiciales, algo que es positivo, y lo digo abiertamente. Todos los tribunales de cualquier instancia tienen pleno derecho de plantear cuestiones prejudiciales sobre ley europea al TJUE, y ningún otro poder o un tribunal superior puede limitarlo, porque es totalmente contrario al sistema legal de la UE.

Sin embargo, en el caso de los interinos del sector público español, parece que la interpretación del Supremo sobre si tienen que ser fijos no es exactamente la misma que la del TJUE. Es un caso abierto desde hace años. ¿Cómo afrontan estas divergencias?

No puedo comentar nada de este asunto porque el caso de los interinos está pendiente de una sentencia de la Gran Sala del TJUE que presido, cuya vista se celebró hace unos días y cuya sentencia creo que podremos emitir este otoño. Pero la iniciativa de la cuestión prejudicial que vamos a responder corrió a cargo del Tribunal Supremo, al que honora tener la iniciativa de plantearla. El diálogo entre tribunales siempre es provechoso.

En el pasado con el Brexit, pero a día de hoy con dirigentes como Víktor Orbán, desde la política se pone en cuestión la primacía del Derecho de la Unión. ¿Le preocupan este tipo de declaraciones?

La respuesta es que no porque entre los profesionales de la ley el sistema funciona muy bien. No comento declaraciones de políticos de ninguno de los 27 estados miembros, pero los jueces de primera instancia y de tribunales de apelación de Hungría siguen manteniendo su pleno derecho de acudir al TJUE. Y nadie se lo puede impedir. Esto es lo importante y lo que no cambia.

Los jueces de base húngaros aplican fielmente las sentencias del TJUE ante una posible legislación nacional contradictoria, aunque desde el Supremo de su país o instancias políticas se les intente presionar. Mantienen su independencia y esto se refleja en las estadísticas del TJUE, donde se constata que Hungría es uno de los países que más cuestiones prejudiciales envía. Esto es una señal de que el sistema judicial funciona [alive and kicking, en expresión original de Lenaerts en inglés] pese a pronunciamientos políticos que, en algunas ocasiones, se hacen de cara a la galería.

¿En un mundo donde los tribunales asumen cada vez más protagonismo en cuestiones que dividen a las sociedades, teme que el TJUE pueda terminar como el Supremo de EE.UU., donde se acaba trasladando esa polarización y se puede intuir qué decidirá cada juez en función de su nominación?

Uno de mis campos académicos de investigación es la comparación entre los tribunales estadounidenses y europeos, incluidos el Supremo y el TJUE. En Europa estamos protegidos gracias a la genialidad que adoptaron los Estados miembros, los guardianes de los tratados, hace 70 años: a diferencia del Supremo de EEUU, en el TJUE no se permiten votos particulares discrepantes, las decisiones se adoptan de forma colegiada y en secreto de deliberaciones. Tenemos que pronunciar una única sentencia válida en todos los estados miembros, lo que comporta que, como jueces, deliberemos de forma distinta.

En el Supremo de EEUU, al final, la deliberación se trata de una cuestión de recuento (a favor o en contra del asunto que se trate), lo que, como usted decía en su pregunta, permite bastante anticipar quién votará qué. Este riesgo no existe en el TJUE porque nuestro funcionamiento es totalmente distinto: debatimos el caso muy a fondo entre nosotros, intercambiamos argumentos y nos escuchamos mutuamente. Intentamos hacer una síntesis del debate y rara vez votamos. El único sistema similar es el que opera en el Tribunal Constitucional belga, que debe integrarse de forma paritaria entre magistrados valones y flamencos, tomar decisiones por consenso y tampoco permite votos particulares discrepantes.

No basta solo con saberse la ley al margen de la realidad, esto es un peligro

¿Este sistema de funcionamiento les hace estar más a salvo de las presiones políticas o empresariales?

¡Exactamente! Estamos plenamente blindados de presiones empresariales, de gobiernos o de cualquier otro tipo. No es que vivamos aislados del mundo. Sabemos lo que ocurre en la sociedad, que es algo totalmente necesario para poder tomar decisiones legales. No basta solo con saberse la ley al margen de la realidad, esto es un peligro. Pero no tenemos presiones porque los Estados miembros no tienen su propio juez y no existe un requisito de nacionalidad para formar parte de una sala del TJUE. La única razón por la que hay un juez de cada Estado miembro en el TJUE es para lograr una integración y una interpretación común en los sistemas jurídicos nacionales, pero no para actuar conforme quiera su país.

Es importante enfatizarlo: el TJUE no es un tribunal internacional ni supranacional, es un tribunal común de los 27 Estados miembros. El TJUE es parte del sistema judicial español, del sistema judicial belga, del sistema judicial danés…. y así podría seguir con los otros 24 Estados miembros.

¿Esto implica que la independencia judicial no está en riesgo en Europa pese al contexto internacional?

¡Absolutamente! No solo no están en riesgo, sino que el sistema nos permitiría protegerlos si alguno de los estados miembros lo necesitara. Aquí el TJUE solo intervendría a requerimiento de la Comisión Europea o de un tribunal nacional en caso de que se cruzaran determinadas líneas rojas y hubiera una deficiencia sistémica de la independencia de un tribunal en un estado miembro que supusiera un desafío para el TJUE y el resto de tribunales de los Estados miembros. Pero esto sería un caso excepcional y extremo. El objetivo del TJUE no es suplantar a los Tribunales Supremos o Constitucionales nacionales, cuyo primer objetivo es proteger el Estado de Derecho en sus respectivos países, cosa que normalmente hacen muy bien.

Específicamente en España, ¿el Estado de Derecho y la independencia judicial están en peligro?

A nivel general, no tengo indicios de ello. Ya sabe que no me puedo pronunciar sobre casos concretos que estén en el TJUE, pero no hay ninguno que cuestione, de forma general, el cumplimiento del Estado de Derecho en el sistema judicial español.

Supongo que, al igual que con el asunto de los interinos, no podrá contestar, pero tengo que preguntarle sobre la ley de amnistía al proceso independentista de Catalunya, que también ha llegado al TJUE. ¿Le sorprende que el TJUE sea objeto de debate político nacional en España por este asunto?

Como usted dice, sobre este caso específico no puedo decir nada porque está pendiente. Lo que sí puedo decir es que el caso ha sido llevado al TJUE por los tribunales españoles. Quiero enfatizar este aspecto, aunque sea de dominio público. Sea cual sea la decisión, el hecho de que un caso sea llevado ante el TJUE por parte de los tribunales nacionales ilustra lo que he estado diciendo sobre el funcionamiento del sistema: cuando la Comisión Europea o un tribunal nacional creen que podría haber, no diría un riesgo, pero sí un problema legal concreto en un Estado miembro, lo llevan ante el TJUE. Y este es nuestro trabajo en los próximos meses.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), Pilar de la Oliva, cargó en su discurso de despedida contra las “injerencias externas” y los “intereses ajenos” en la judicatura valenciana. La salida de Pilar de la Oliva y sus duras declaraciones revelan importantes presiones en los últimos años sobre la judicatura valenciana. La presidenta, que suele siempre tener una actitud discreta y ponderada, habría trasladado en privado a distintas instituciones su malestar por la actividad en los juzgados de representantes políticos que antes fueron jueces, según ha podido saber este periódico. Personajes que siguen mandando —y mucho— en la judicatura valenciana y que son filtros para importantes puestos elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. En ese sentido, se habría mostrado harta e indignada con esta situación.

Ante una amplia delegación de representantes institucionales, la presidenta del TSJ-CV reivindicó el pasado miércoles la “senda” de la independencia a pesar del “coste personal importante” que supone. “A veces incluso resulta incomprendida por algunos que precisamente deberían tener esa premisa en su más alta consideración por su pertenencia a la carrera judicial”, dijo. “Pero asumo, he asumido y asumiré siempre ese coste porque no existe otro camino posible”, apostilló.

Pilar de la Oliva expresó su deseo de que los proyectos de construcción o reforma de los edificios judiciales, especialmente el Palacio de Justicia, sede histórica del TSJ-CV actualmente en proceso de rehabilitación, acaben en breve.

“Uno de los símbolos de esa independencia”, sostuvo De la Oliva, “son nuestras sedes judiciales, espacios públicos que deben caracterizarse por su neutralidad, pues en ellos ejerce un Poder del Estado y por esa misma razón han de ser destinados exclusivamente a la más alta responsabilidad de impartir Justicia, siempre al servicio del ciudadano, sin injerencias externas ni intereses ajenos a ese cometido último”.

La presidenta del TSJ-CV, en su último acto de apertura del año judicial, radiografió el estado de los juzgados valencianos, que registraron en el primer trimestre de 2024 un aumento del 20% de los asuntos ingresados en los órganos judiciales en el primer trimestre de 2024. De la Oliva, al frente del alto tribunal autonómico desde 2010, advirtió de la crisis de confianza que sufre la justicia en España. “Cada vez existe más desconexión entre los ciudadanos y los tribunales y es un reto enorme recuperar esa confianza”, afirmó.

También reclamó “evaluaciones continuas de calidad” que midan la capacidad de dar respuesta a las nuevas modalidades delictivas, en materia de crimen organizado o delitos informáticos. 

Por otro lado, Pilar de la Oliva destacó la necesidad de que los juzgados de familia y los de violencia de género compartan información para detectar situaciones de riesgo. “Creo en una Administración transversal en lugar de un sistema compuesto de parcelas aisladas y sin comunicación entre ellas”, afirmó.

Carlos Hugo Preciado (Tarragona, 1969) es uno de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Juez desde hace 17 años, tiene su plaza en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, aunque en la última etapa ha ejercido como letrado coordinador en el Tribunal Supremo, especializado en la jurisdicción social. Es miembro del bloque progresista del órgano, donde recaló a iniciativa de Sumar tras recibir el aval de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia. 

Preciado recibe a elDiario.es horas después del acto solemne de Apertura Judicial, una ceremonia marcada por la renovación del CGPJ y la elección como presidenta de Isabel Perelló, de la que dice sentirse “muy satisfecho”. Afima que la igualdad de género y “recobrar el prestigio” frente a la ciudadanía y a la carrera judicial serán unos de los retos de la institución después del bloqueo y la polarización política del último mandato. Y defiende que “en la función de defender la independencia judicial no entran muchas iniciativas o comunicados que se han hecho con un tinte claramente partidista desde el Consejo”. 

¿Está satisfecho con el acuerdo logrado para la presidencia del CGPJ? 

Estoy muy satisfecho y lo valoro como un hecho triplemente histórico. Primero, porque en toda la historia de más de 200 años del Tribunal Supremo hay una mujer que lo preside y se rompe un importante techo de cristal en una carrera que está feminizada en su composición, pero que tiene en su cúpula una sobrerrepresentatividad masculina que no tiene ningún género de explicación.

Segundo, porque es una persona con un compromiso incuestionable e intachable con el espacio ideológico progresista, lo cual representa una sana alternancia tras diez años en los que el Poder Judicial ha estado en manos de una sensibilidad más conservadora. Y tercero, porque esta vez sí la presidenta del Tribunal Supremo la ha elegido el Consejo General del Poder Judicial sin ningún tipo de imposición política. Ha habido una negociación real, que no ha sido nada fácil, pero que ha sido una evidencia de que no ha sido una candidata de ningún poder ajeno al Poder Judicial. Eso es un síntoma democrático enormemente esperanzador.

Ha dicho que no ha recibido ninguna instrucción. ¿Tampoco ninguna sugerencia sobre a quién debían elegir? 

Ha salido publicado en prensa que a mí me propuso Sumar. Y, probablemente, en las negociaciones políticas eso fuera así. Pero yo no he recibido ningún tipo de instrucción sobre quién debía ser la presidenta. Respecto a mis compañeros, cada uno tendrá que decirlo. Pero a mí la impresión que me ha dado la negociación y su dificultad es que no había una imposición política directa.

Si hubiera sido así no hubiéramos estado un mes negociando, no hubiéramos barajado siete candidaturas y no se hubiera tenido que aportar otra candidatura nueva para intentar desbloquear. La evidencia habla por sí sola. No ha habido una imposición del poder político, sino todo lo contrario: una negociación entre los vocales, como democráticamente debe producirse de forma natural y acorde con la Constitución.

Aunque se barajó, Perelló no estaba en la primera terna de candidatas propuestas. ¿Por qué eligieron otros perfiles?

Hubo una negociación entre los integrantes de las distintas sensibilidades y los de sensibilidad conservadora optaron por presentar cuatro candidatos y los de sensibilidad progresista por presentar tres. Es innegable que había más perfiles —entre ellos, el de Isabel Perelló que yo desde de un primer momento había propuesto—, pero por razones de consenso y de estrategia negociadora se optó por no presentar esa candidatura. 

Cuando parecía que todo estaba encallado apareció el nombre de Perelló. ¿Quién lo propuso?

Creo que no es ningún secreto porque ha aparecido en prensa. El vocal José Antonio Montero, del bloque conservador, se puso en contacto conmigo para ver cómo se podía desencallar la situación. Mantuvimos una conversación larga y aparecieron algunos nombres, entre los cuales estaba el de Perelló. Yo trasladé ese posible punto de consenso a los compañeros de la sensibilidad progresista. Y finalmente eso ha desembocado felizmente en un acuerdo de consenso que hoy en día nadie cuestiona. 

Tal y como está el escenario político de España los acuerdos están incluso un poco mal vistos. Pero desde el punto de vista de la política y de la política judicial, creo que tendríamos que volver a la cultura del acuerdo, de saber limar las diferencias y llegar a puntos comunes, siempre encaminados al servicio público de la ciudadanía.

Seis vocales del bloque progresista votaron a Perelló y cuatro a Ana Ferrer, una de las candidatas propuestas desde el inicio. ¿Hay división en el grupo? 

He visto en prensa un relato de división en el bloque progresista que desmiento rotundamente. No estamos en una cultura de bloques, estamos en una cultura de sensibilidades diversas. Es decir, dentro de la gente que tiene una orientación conservadora, hay diversos perfiles. Y dentro de la de la gente que tiene una orientación progresista, otros diversos perfiles. Pero no existe una división tal y como se ha querido narrar. Es sano que haya habido esta votación por distintas candidatas y es sano que se haya llegado a un acuerdo. 

Uno de los grandes retos del mandato es renovar casi un centenar de plazas en los principales tribunales. Acaba de reconocer la existencia de esos diferentes perfiles. ¿Teme que cada nombramiento se convierta en un viacrucis? 

Creo que sabremos encontrar entre todas y todos las vías de acuerdo suficientes como para que cada nombramiento o propuesta no sea un viacrucis. Somos conscientes de la enorme responsabilidad institucional que nos concierne y de la necesidad de que lleguemos a acuerdos. El Consejo ha estado paralizado durante cinco años y ahora hay un cúmulo de nombramientos que constituyen un reto para seguir en esta cultura del acuerdo con la que se ha iniciado este octavo mandato. 

Perelló dijo que su nombramiento es un reconocimiento a la lucha de las mujeres, pero que “queda mucho camino por recorrer”. ¿Buscar un equilibrio de género será clave en estos nombramientos?

Una de las claves de este octavo mandato va a ser la igualdad de género. En la carrera judicial hay un techo de cristal que hemos empezado a romper, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Por ejemplo, sólo hay un 17% de magistradas en el Tribunal Supremo cuando el 65% de la carrera son mujeres. Hay un evidente desequilibrio que también está presente en las presidencias de los tribunales superiores de Justicia o de las audiencias provinciales. Ha sido un buen principio, pero falta un camino largo que tendrá que terminar con un mandato donde esta diferencia termine en una situación de paridad o muy aproximada a la paridad.

Durante el último mandato, el sector conservador utilizó el CGPJ como ariete contra el Gobierno. Por ejemplo, publicó un texto contra la amnistía cuando la ley ni siquiera se había presentado. ¿Cómo valora ese tipo de iniciativas? 

Cada institución tiene que servir a unas funciones. Defender la independencia judicial —como dijo la presidenta en su discurso— quiere decir defender a los jueces y magistrados que estén realizando sus funciones frente a ataques de otros poderes, frente a descalificaciones que comporten un descrédito de lo que es la confianza de la ciudadanía en la independencia judicial. Pero no creo que dentro de la función de defender la independencia judicial entren muchas iniciativas o comunicados que se han hecho con un tinte claramente partidista desde el Consejo, desacreditando así la función que le corresponde de defensa de la independencia judicial.

¿Cree que otro de los desafíos del mandato es recuperar el prestigio de la institución?

Los desafíos de este mandato son muchísimos. Uno de ellos es recobrar el prestigio de la institución en dos ámbitos distintos: frente a la ciudadanía y respecto de los integrantes de la carrera judicial. Frente a la ciudadanía, en los últimos cinco años, el Consejo ha sido una fuente incesante de noticias que le convertían en el problema por su no renovación. Ha habido una crisis constitucional e institucional sin precedentes.

Eso ha sido profundamente injusto para todos los profesionales y plantea el segundo reto, hacia adentro de la carrera judicial, que empezó el mandato del anterior presidente [Carlos Lesmes] en 2013 con unas declaraciones en las que decía que a los jueces y las juezas había que tratarles con el palo y con la zanahoria. Esta concepción cosificadora de los jueces y las juezas, que es profundamente burocrática y alejada de lo que es la dignidad en el ejercicio de la función judicial, va a terminar con este Consejo. 

Evidentemente, para garantizar esa independencia tendremos que buscar los medios materiales y personales que garanticen la agilidad de la Justicia. No es asumible que un juzgado de familia tarde meses en dar respuesta a una situación de crisis conyugal, como tampoco es asumible que un despido se esté señalando a juicio desde que se interpone la demanda pasados dos años de ese despido. Estas son las cuestiones que nos deben preocupar hacia afuera y, por tanto, hacia adentro del Poder Judicial. Se tiene que luchar por garantizar los medios materiales y personales por parte de todas las administraciones implicadas para que la Justicia sea la tributaria del derecho efectivo a la tutela judicial. La Justicia que llega tarde nunca es justicia.

Otra de las grandes tareas de este mandato es la propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales. ¿Usted es partidario de hacer cambios? 

Es una cuestión que se tiene que someter a un informe que tenemos que rendir en el plazo de seis meses y que tiene que estar avalado por la mayoría de tres quintos de los vocales, lo cual nos obligará a integrar las distintas sensibilidades. La función de proponer leyes no corresponde al Poder Judicial. Nosotros lo que haremos será rendir un informe que exponga cuáles son los sistemas de elección que sean más acordes con el ordenamiento de la Unión Europea.

En el modelo que tenemos ahora —que es el modelo heredado y diseñado por el Partido Popular, pues quiero recordar que esta ley se produce en 2013 bajo el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón— hay una participación de la judicatura. Yo me sometí a unas elecciones dentro de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia de las que salí con la primera posición y después el Senado acordó por tres quintos que yo fuera uno de los miembros del Consejo. 

Todos los métodos son mejorables. A mí me hubiera gustado exponer y someterme al escrutinio de la soberanía popular representada en las Cortes Generales respecto de un programa de política judicial, cosa que en la actual legislación no se puede hacer. Por ejemplo, el sistema americano aunque a los jueces del Tribunal Supremo los propone el presidente del Gobierno, se someten a un estricto y exigente escrutinio en el Senado. Se tiene que mejorar el sistema y propiciar que la participación ciudadana sea efectiva. 

Sin embargo, lo que se pretende desde la derecha política y judicial es otra cosa: “que los jueces elijan a los jueces”. 

Eso en parte está ocurriendo ya con la actual ley, que seguramente es mejorable. La frase de que “que los jueces elijan a los jueces”, sin otro matiz, puede provocar determinadas derivas corporativistas. Creo que sería poco justificable que los militares eligieran al ministro o ministra de Defensa, los médicos al ministro de Sanidad o los funcionarios al ministro de Administración Pública. Conforme a la Constitución, la justicia emana del pueblo y la máxima representación del pueblo son las Cortes Generales. 

Dentro de eso, evidentemente, hay que garantizar la función de la independencia judicial en el marco de la separación de poderes y tiene que haber alguna participación de la carrera. Ahí está el tema de en qué grado, en qué momento, en qué modo, con qué amplitud de los integrantes de la de la carrera judicial… Pero la Justicia emana del pueblo, es del pueblo y no de los jueces. Los jueces sirven a la Justicia y sirven al pueblo.

Entiendo, de su reflexión, que no es partidario de que se amplíe la participación de la carrera judicial. 

El debate se ha querido sintetizar en “que los jueces elijan a los jueces”. Toda simplificación siempre tiene cierto grado de perversión. De alguna manera, lo que se está pidiendo es otra cosa distinta a que los jueces elijan a los jueces. 

¿Qué se está pidiendo?

Si lo que se pide es que el Poder Judicial, en lugar de emanar del pueblo, emane de 5.000 personas que integran la carrera judicial, yo no estaría de acuerdo. No considero que sea constitucionalmente admisible. A veces, la simplicidad del debate político y de las consignas oscurece la complejidad de las cuestiones. Y si se dice “que los jueces elijan a los jueces”, yo podría decir que los jueces ya elegimos a los jueces. A mí y al resto de representantes judiciales del Consejo nos han votado nuestros compañeros a través del aval asociativo o incluso del aval de los no asociados. 

Después de eso, las Cortes Generales tienen que tener algún tipo de participación para contrastar el perfil, el programa político… ¿Si no, de qué manera estamos garantizando que la Justicia emana del pueblo? Es una cuestión mucho más compleja de lo que se ha querido trasladar en el debate político.

Dos partidos acordaron hace unos meses incluir el término ‘lawfare’ en el texto de un acuerdo. La reacción de todas las asociaciones de jueces fue contundente y unánime. Al tiempo, es difícil creer que en España no se hayan adoptado en los últimos años decisiones judiciales demasiado teñidas de ideología, siempre en la misma dirección. ¿Tienen la piel demasiado fina los jueces? 

Nuestra resoluciones tienen que estar sometidas a la crítica pública, incluso a la crítica desabrida o poco agradable. En eso radica la esencia de la libertad de expresión. Somos servidores públicos y tenemos que estar sometidos y acostumbrados a esa crítica pública. La libertad de expresión de la ciudadanía va incorporada a la toga. Nada que reprochar a toda crítica o queja sobre la Administración de Justicia que los ciudadanos perciban. 

Ahora, de eso a utilizar o manipular los procesos judiciales para propósitos que no son nada coincidentes con la Administración de Justicia y con el servicio público hay un largo trecho. En este sentido, la acusación popular tiene un amplio recorrido para ser mejorada y para garantizar que su único interés sea que se haga Justicia y no otros intereses políticos, sindicales o mediáticos. La utilización de las causas para realizar juicios paralelos y menoscabar el honor y la reputación de las personas sometidas a esas causas se tiene que solventar.

Creo que ahí radica buena parte del origen de esa queja por el ‘lawfare’. Hay mucho que mejorar y no hay que caer en el simplismo de decir sí existe o no existe ‘lawfare’. Hay jueces condenados por prevaricación. Me refiero, por ejemplo, al caso de la magistrada Vicky Rosell [en el que resultó condenado el juez Salvador Alba]. Eso ha sido un escándalo, entre otros muchos, de una magnitud considerable. Todas y todos tenemos la obligación de cambiar este tipo de actuaciones de utilización perversa de la Justicia.

En 2014, al poco de la fundación de Podemos como partido político heredero del movimiento ciudadano 15M, el Movimiento de los Indignados, una fuente de total credibilidad (por la veracidad de informaciones proporcionadas con anterioridad) me contó off the record que el CNI, Centro Nacional de Inteligencia, entonces dirigido por el general Félix Sanz Roldán, no era ajeno a la constitución de ese partido a la izquierda del PSOE. Tenía sentido: a la mesa de la derecha del PP se habían sentado dos nuevos comensales, Ciudadanos (40 diputados en 2015) y Vox (fundado en 2013), cuando la Unión, Progreso y Democracia de Rosa Díez ya estaba en los postres, a punto de levantarse. Mientras, en la mesa de la izquierda, el PSOE se atiborraba a sus anchas (Izquierda Unida, como antes el PCE, comía en la mesita de los niños).

No pude confirmar la confidencia con una fuente on the record ni obtener prueba alguna de su veracidad, de manera que la archivé. Porque, además, si tenía ese sentido del que he hablado, no tenía sentido que, a los cinco meses de su fundación, cuando Podemos obtuvo el inesperado éxito de cinco escaños en su primera liza electoral, en las elecciones al Europarlamento de mayo de 2014, comenzara una persecución sistemática del corrupto Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy dirigido por Fernández Díaz, judicializada por determinados jueces y publicitada por soi-disants periodistas y medios de comunicación especialistas en fake news, las mentiras de toda la vida disfrazadas de posverdades.

La autodenominada de manera altisonante y con visos de dignidad Brigada Patriótica, entre ellos, y Policía Política o las cloacas de Interior para el común, utilizó fondos públicos para una dilatada guerra sucia extrajudicial contra los enemigos del Partido Popular: contra el clan Pujol, el independentismo catalán, el robo y destrucción de las pruebas incriminatorias en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas y, que sepamos a día de hoy –no hay que perder la esperanza de que perpetraran otras trapacerías–, la incansable fabricación de pruebas falsas contra Podemos que sirvieran a cuadrillas o sujetos instrumentales para la presentación de denuncias en juzgados que las recibían como adendas reveladas de las Tablas de la Ley en el Monte Sinaí, y a colegas (suyos) situados en los medios, que no es que no las confirmaran –abecé, que no ABC, del periodismo– sino que las publicaban a sabiendas de que eran falsedades, con desprecio profesional y a sus lectores.

Si ese mejunje de tejemanejes no tenía más recorrido judicial que la infame pena de paseíllo y banquillo –sistemáticamente desestimados por los tribunales encargados de juzgar y sentenciar–, se aseguraba la destrucción reputacional que se perseguía.

PISA, CEPS, Granadinas y otras patrañas

El modus operandi seguía un mismo esquema: fabricación de documentos falsos, publicación en medios afines a la trama y denuncia en los tribunales en base a lo publicado. A fecha de 24 de febrero de 2023, más de una veintena de querellas o denuncias contra Podemos habían sido desestimadas, archivadas o sentenciadas a favor y otras siguen dando tumbos en los juzgados a la espera de similar suerte.

Así se hizo, entre otros, en el llamado caso Granadinas, objeto de dos querellas en mayo de 2016, una de Vox ante el juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid y otra de “un particular” ante el Tribunal Supremo (TS). El alto tribunal la despachó rápida y eficientemente en sentencia del 8 de julio de 2016, en la que el ponente, magistrado José Ramón Soriano Soriano, del tribunal de la Sala Segunda de lo Penal del TS no admite a trámite la denuncia y decreta su archivo. Y nos da una pista acerca del porqué del modus operandi, al citar como antecedente la “decisión también adoptada en el auto de 31 de mayo de 2011 (Causa Especial núm. 20080/2011, presentada contra un expresidente del Congreso). Ello porque la mera remisión al contenido de las informaciones supone que quien interpone la denuncia no asume como propia la imputación de tales hechos ni, por ello, las responsabilidades que podrían derivarse de una eventual falsedad”.

Por entonces estaba alejado de los medios, dedicado a terminar para dar a la imprenta algunos de mis libros, pero siempre conectado, como es natural, me parece, a la información de actualidad, informando y comentando en mis redes sociales. Me llamó la atención un titular de El Español: “Malestar entre los comisarios implicados por la filtración de documentos procedentes de una investigación en curso” (5 de abril de 2016). Ya conocíamos el informe PISA, acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima, fabricado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, con destino, supuestamente, al Tribunal de Cuentas y, sin duda, a publicarlo en medios de comunicación para dar lugar a denuncias –de hecho, se presentaron dos en la Audiencia Nacional y una tercera en el TS– de financiación ilegal de Podemos por Rusia –siempre, el añorado “oro de Moscú”–, Irán y Venezuela. Un Partido Socialista de la Justicia, del multicondenado abogado Emilio Rodríguez Menéndez, lo denunció al TS, que, en enero de 2015, desestimó la querella porque “no hay ni un solo indicio de los hechos denunciados”.

Aún sabíamos poco de las cloacas policiales de Interior –de éstas; de otras pasadas, ya las conocíamos–, pero algún medio ya había descubierto su existencia y su actuación desde 2009 con la Operación Cataluña contra el gobierno de la Generalitat y los líderes independentistas. De modo que parecía raro, raro, que los cargos de Interior autores de los informes falsos y las actividades extrajudiciales se sintieran molestos por las filtraciones que eran, precisamente, el objetivo de sus maquinaciones.

Sin otras armas que mi sillón, mi mesa y mi ordenador –y, modestamente mi experiencia periodística– indagué sobre el infundio pergeñado en los turbios y oscuros del Ministerio del Interior de M. Rajoy y publicado por el periódico digital Okdiario, de Eduardo Inda (“Chávez firmó la concesión de 6.700.000 dólares a Iglesias, Monedero y Verstrynge”, Alberto D. Prieto, 5 de abril de 2016); ya digo, como si fuera una adenda a la palabra de Dios en el Sinaí.

Según los tramadores, los papeles remitidos a la Policía española por “la administración de Washington” revelaban “la concesión de 6,7 millones de dólares a Juan Carlos Monedero, Jorge Verstrynge y Pablo Iglesias para 'llevar la Revolución a España y luchar contra el capitalismo', a través de su Fundación CEPS [Centro de Estudios Políticos y Sociales]”. España y el capitalismo global podían dormir tranquilos con tan escasos fondos y una fundación minúscula para revolucionarlos.

Los papeles procedían del “funcionario tramitador (...) Rafael Isea, quien [sic] era un militar chavista, ministro de Finanzas y Planificación, y que es hoy un ‘arrepentido’ que vive protegido por las autoridades federales de Estados Unidos, donde está refugiado” y “Hugo Chávez personalmente firmó la concesión”. Okdiario subrayaba que “peritos calígrafos han autentificado la firma de Chávez ‘más allá de toda duda razonable’, según indican las fuentes” [¿La Cibeles, las del Nilo?]. Tanto el mensaje como el mensajero olían a prueba prefabricada. ¿Esos peritos habían podido comparar las firmas originales, la dubitable y la indubitada, como exige la ley? Yo lo dudaba, sin ser perito más que en lógica y sentido común, acaso en lunas...

Prueba que, en todo caso, no probaba nada. Pues si esos documentos fueran verdaderos, según el Ministerio del Interior por boca digital de Inda, los pagos que hizo el gobierno venezolano, “los documentos que obran en poder de la Policía española explican que los pagos aquí firmados se realizaron en los años 2008 (1,9 millones de dólares), 2009, 2010 y 2011 (3,1 millones de dólares) y 2012, 2013, 2014 y 2015 (1,7 millones de dólares), por el propio Isea antes de escapar en 2013 a Estados Unidos [acusado de corrupción en Venezuela] como testigo protegido de la DEA, la Agencia de EEUU contra las drogas”, no sólo no fueron hechos a Podemos sino a la Fundación CEPS, a la que se califica acertadamente de ‘germen de Podemos’ (sus dirigentes, Iglesias, Errejón, Alegre... lo serían del partido) pero no es Podemos, pues éste no fue fundado hasta el 17 de enero de 2014.

Hay más. Uno se queda estupefacto, a pesar de estar acostumbrado a que algún periodismo actual sea de calidad muy inferior a los Diálogos para besugos que escribía el gran Armando Matías Guiu en el DDT de los primeros 60 del siglo pasado. No debería asombrarme pero me asombraba que Okdiario sostuviera que Chávez, que murió el 5 de marzo de 2013 y había delegado las tareas burocráticas desde el comienzo de su enfermedad, dos años antes, siguiera firmando en “2013, 2014 y 2015”. Claro, que no debería extrañarme, pues el propio Isea, “el funcionario tramitador”, ¿no se “escapó en 2013 a Estados Unidos”? Pues, por lo visto, siguió “tramitando” los dos años siguientes. El que no crea en los milagros es un descreído, diabólico chavista.

Pero había algo más que no podían cambiar los maquinadores, los firmantes, las fuentes, los escapados, los recipiendarios y el sursuncorda: la realidad. Y la realidad es que hasta que se promulgó la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos, de 30 de marzo de 2015, era legal lo que desde entonces prohibió el artículo 7.2: “Los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos”.

Y, en fin, cuando comenzaron las acusaciones contra Podemos de estar financiado por el chavismo, ya sabíamos que los demonios bolivarianos no eran sus únicos clientes: “La fundación relacionada con Podemos cobró 3,7 millones de Chávez en 10 años. El Gobierno español y la Generalitat valenciana son también clientes de esta fundación”, titulaba El País en junio de 2014. En 2007, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores financió el programa de CEPS de formación en el ámbito jurídico público en Cuba. Y en el curso 2008-2009, la Generalitat Valenciana, sede de la Fundación CEPS, un proyecto para la Consolidación del Instituto de Formación y Estudios Políticos para el Desarrollo Local en Ecuador.

O sea, no es que hicieran trabajo sucio sino que, además, lo hacían rematadamente mal. El mío lo publiqué el 6 de abril de 2016. El 7 de mayo de 2016, el banco donde Iglesias supuestamente había cobrado de Venezuela, el Euro Pacific Bank, desmentía el embuste.

Ni la rápida respuesta del TS del 8 de julio de 2016 ni la reposada del juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid –que en auto del 7 de febrero de 2017, desestimó inhibirse en favor del Supremo por el aforamiento de Iglesias y también archivó la denuncia– entraban a analizar la veracidad de la denuncia; la desestimaban sin más, porque el TS recordaba que “la doctrina de la Sala es que para admitir una querella no basta la mera aportación de recortes de prensa o similares sin más constatación o acreditación”.

Jueces por oposición

El juez Juan José Escalonilla, titular del juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, mantuvo abierta una macrocausa contra Podemos, en nueve piezas separadas, desde 2020 a 2023, por financiación irregular, blanqueo, malversación, falsedad documental, administración desleal, delito electoral y apropiación indebida –incluso la caricaturesca pieza de las supuestas niñeras de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias–, a raíz de la denuncia del abogado José Manuel Calvente, despedido de Podemos, a pesar de que éste le reconoció al juez que los hechos que denunciaba los conocía por “rumores a nivel de militancia”.

No importa, todo valía para la causa. Olvidado y cubierto de polvo, como el arpa de Bécquer, desestimado, archivado, ridiculizado, el Informe PISA yacía en un cajón del juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. El titular de la plaza, Manuel García Castellón, regresó inopinadamente a su juzgado desde su destino dorado en Roma como juez de enlace, en plena eclosión judicial del Caso Gürtel, Púnica, Kitchen, Lezo... La interminable lista de casos de corrupción que caracterizó a los gobiernos de M. Rajoy. El director de elDiario.es, Ignacio Escolar titulaba en su blog: “El extraño caso del juez que quería cobrar menos y trabajar más” (1 de junio de 2017).

Pues, en efecto, tras 17 años de dolce far niente, primero en París y luego en Italia como juez de enlace, su actividad ha sido incesante. De ella se han beneficiado los tres expresidentes del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González, exonerados de la financiación ilegal del partido; las decenas de cargos populares implicados en la contratación masiva de operaciones de abrillantamiento reputacional; la negativa a considerar al PP partícipe a título lucrativo en el caso Kitchen, del robo de documentación comprometedora al exgerente del PP, Luis SéFuerte Bárcenas; la negativa a imputar a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en el mismo caso...

Por el contrario, fue némesis para los dirigentes independentistas catalanes y Pablo Manuel Iglesias y Podemos. Reactivó el Informe PISA gracias a la 'milagrosa' intervención de un exjefe de la Inteligencia venezolana, el general Hugo Carvajal, residente en España y que trataba de paralizar la extradición a los Estados Unidos –acusado por narcoterrorismo: tráfico de 5,6 toneladas de cocaína y de armas–. Carvajal y otros dos sicarios, testigos protegidos, aportaron testimonios sin pruebas sobre la financiación de Podemos por el régimen chavista. Esa maniobra, con todos los visos de haber sido tramada por la Brigada Patriótica, permitió a García Castellón reactivar el Informe PISA y proceder a investigaciones secretas “claramente prospectivas”, según las calificó la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ordenó al juez abandonarlas y volver a archivar la causa. En todo caso, le indicaba el tribunal, si tenía indicios de delitos económicos o falsedades debía deducir testimonio y abrir otra causa; Castellón no procedió contra Carvajal ni sus testigos protegidos.

Una explicación psicológica

El 30 de noviembre de 2014, elDiario.es desveló la existencia de un grupo secreto en la Policía destinado “casi en exclusiva, a rastrear información de políticos catalanes sospechosos de estar vinculados a la corrupción”. Si leen el enlace anterior, descubrirán que la brigada patriótica, policía política o cloacas de Interior, además de un remedo de la Brigada Político-Social de la dictadura franquista, nació de una concepción corrupta de la política, de la responsabilidad funcionarial y de la administración de los fondos públicos, con el objetivo de perseguir a los independentistas catalanes, fabricando dosieres, “análisis de situación” los llamaban con objeto de excitar el interés judicial y en todo caso, intoxicar la opinión pública a través de los medios de comunicación que controlaban. Sus objetivos se ampliaron conforme aparecían “enemigos” del gobierno de M. Rajoy, como se ha contado y personajes y organizaciones de la trama aparecen actualmente en las denuncias contra Begoña Gómez y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

En psicología de andar por casa, la que está “al alcance de todos los españoles”, como el No-Do, el noticiario documental de los años de la brasa, los casos relatados pertenecen a la conducta consciente de los individuos que los realizan. El consciente reflexiona, razona, analiza y sintetiza elige actitudes y actos, compara, supone y toma decisiones. Rige la capacidad moral que diferencia entre lo bueno y lo malo, pero el individuo actúa según sus intereses.

Al consciente se le opone el inconsciente, donde residen sentimientos, vivencias y deseos que suponen conflicto para el sujeto, por lo que los reprime, pero no puede evitar que afloren como síntomas físicos, en sueños o en forma de actos fallidos. Sigmund Freud llamó fehlleistung al acto fallido y lo definió científicamente (Psicopatología de la vida cotidiana, 1901) como el resultado chocante de la intención consciente del sujeto y la represión que la mantiene en el inconsciente.

Así hay que interpretar el sonoro patinazo del juez García Castellón en el caso Tsunami Democràtic, que mimaba desde hacía tres años y que consideraba munición de alto calibre contra la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya. La Sala de lo Penal del tribunal especial de la Audiencia Nacional anuló por ilegal una prórroga de la instrucción del caso en julio de 2021 y, por tanto, decaía todo lo instruido a partir de esa fecha, incluida la imputación por terrorismo del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas.

Castellón decretó la prórroga un día más tarde del plazo legal. Cometió un error, para entendernos, pero que el psicoanálisis lo entiende como la expresión de un deseo que no se había hecho consciente. No un olvido sino un acto fallido: como la mayoría de ciudadanos con la cabeza no sólo apta para calar birrete, Castellón no creía, en el fondo, en el inconsciente, que los imputados en vano fueran terroristas. A pesar de que de la entretenida pelea en entre el ello, el yo y el superyó freudianos saliera vencedor éste, beneficiados los independentistas y el juez compuesto y sin causa se emperrara en mantener que las diligencias practicadas “apuntaban de manera inequívoca a la comisión de hechos susceptibles de ser calificados como un delito de terrorismo”.

Lo mismo le ocurrió al otro, al juez Juan Carlos Peinado, que se le “olvidó” comunicar a Begoña Gómez que en la causa secreta que sigue contra ella había admitido en la ensalada de acusaciones populares de ultraderecha a la llamada HazteOir, la de los autobuses panfletarios, y su correspondiente querella. El superyó es la instancia psíquica que vela por el cumplimiento de las reglas morales y, en ocasiones, en ésta, se impone al ello, la estructura primitiva de la psique que se mueve por el placer inmediato: tuvo que retrasarlo hasta el pasado día 18...

Como le dijo Rafael Mayoral, diputado portavoz de Podemos, al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, uno de los brigadistas patriotistas implicado en el montaje de las Granadinas, en la comisión de investigación del espionaje a Luis Bárcenas del Congreso: “Fracasó Conesa, fracasó Billy el Niño y ustedes volvieron a fracasar. No se va a subvertir la democracia. Queremos reconocer el esfuerzo de todos estos elementos para intentarlo. Ustedes intentaron que no llegáramos al Gobierno y llegamos al Gobierno. Más tarde o más temprano habrá una policía democrática”.

Ya va siendo hora: va a hacer medio siglo que dobló su gran timonel.

El Gobierno ha recordado que este domingo se cumplen 2.000 días con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado y ha vuelto a avisar al PP de que si sigue “bloqueando” su renovación el Ejecutivo tomará medidas alternativas para que deje de estar paralizado.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido en que es “urgente” renovar “ya” este poder del Estado y devolverlo a la normalidad institucional y ha acusado al PP de “bloquear y secuestrar” el CGPJ “porque les conviene”.

“Es inadmisible...y si el PP insiste en bloquear y secuestrar un poder del Estado obviamente tendremos que buscar alternativas para que ese bloqueo no se prolongue”, ha recalcado en un comunicado después de publicar en la red social X que los populares están manteniendo un comportamiento “ilegal” y “contrario a la ley y a la Constitución”.

“Hoy se cumplen 2.000 días de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Este es el comportamiento mas contrario a la Ley, a la Constitución y antieuropeo del PP en toda la democracia. La Justicia no puede esperar. Queremos renovar con acuerdo. Pero si el PP sigue poniendo excusas, buscaremos alternativas”, ha puntualizado Bolaños en X.

Este domingo, el PSOE también ha publicado en la red una cronología en la que repasa los principales pasos dados por el PP desde 2018 y que han contribuido al bloqueo del CGPJ. Desde el acuerdo para la renovación sellado entre el PP y PSOE aquel año, y que quedó roto pocos días después, hasta el intento de 2021 y el de 2022, que rompió el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazó la semana pasada a los grupos parlamentarios del Congreso a decidir tras las elecciones europeas qué hacer para que esta institución recupere la normalidad.

Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, medita plantear el sorteo de los vocales como fórmula para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces y evitar la “captación política” de esta institución.

Un grupo de jueces ha difundido una guía contra la amnistía a través del correo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según ha publicado La Vanguardia. Más de 5.000 jueces en activo recibieron el lunes 20 de mayo este documento, elaborado por la Plataforma Cívica por la Independència Judicial.

La guía facilita formularios para elevar cuestiones de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales en el Tribunal Constitucional (TC) y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para así paralizar la ley de amnistía, que este jueves se aprueba definitivamente en el Congreso de los Diputados. Hace poco más de un mes, a principios de abril, la guía 'antiamnistía' ya se difundió en un chat corporativo de jueces y creó polémica entre los magistrados.

En abril, el documento fue colgado por el magistrado Jaime Lozano, miembro del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y también de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. En esa época, la guía tenía 127 páginas y ahora ya suma 201, según el documento que la plataforma tiene colgado en su web.

Detalla a los magistrados cómo plantear “cuestiones de inconstitucionalidad y prejudiciales europeas sobre la ley de amnistía”. De hecho, la Plataforma Cívica defiende que el informe es “un documento de ayuda y apoyo para los magistrados”. “El proceso de tramitación no ha eliminado ninguno de sus evidentes vicios de inconstitucionalidad y de contrariedad de la normativa europea sobre la salvaguarda del estado de derecho, contra la malversación y contra el terrorismo”, razona la entidad, creada en el 2010 con el objetivo de luchar por la “despolitización de la justicia”.

“Las agresiones de la ley de amnistía a la separación de poderes, a la seguridad jurídica y, sobre todo, al principio de igualdad son manifiestas”, continuó la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. “Aunque se dicta sobre una forma de ley, en realidad no es una disposición general, sino un acto singular de excepción fruto de un pacto político, una devolución de favores entre miembros de la clase política”, critica con vehemencia el entidad.

Según La Vanguardia, varios jueces cuestionaron el envío de esta guía a través del servidor del CGPJ y lo calificaron de una iniciativa “muy grave y sin precedentes”. “Es intolerable que se nos intente influir. Nunca había visto algo así”, censuran varios magistrados, que se muestran sorprendidos de que el CGPJ no haya frenado el envío del documento o amonestado a los remitentes.

Primeras reacciones

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha asegurado este sábado que la difusión a través de correos corporativos de una guía para hacer cuestiones de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional o preguntas prejudiciales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es “una inducción a la prevaricación desde el mismo vientre del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”.

En un mensaje en la plataforma X (antes Twitter), el líder de JxCat critica que la cúpula judicial española aún tenga “la cara dura de exigir respeto”. “El respeto se gana y no se exige. Y esta cúpula judicial no se ha ganado ninguna”, defiende. El documento difundido fue elaborado por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.

Por su parte Jaume Asens, candidato de Comuns-Sumar en las elecciones europeas, ha acusado al Consejo General del Poder Judicial de enviar “una guía práctica de cómo prevaricar con la ley de amnistía y sabotear el mandato de las urnas”. Asens ha agregado que se quiere “sabotear el mandato de las urnas”. “Llevan cinco años con el mandato caducado, y siguen haciendo uso de la silla, el mailing y lo que haga falta”, ha dicho.

Recién llegada a Barcelona, Ariana Harwicz entra en la sede de la editorial de Anagrama sin dar oportunidad al silencio. La escritora argentina es toda palabras y seguridad en sí misma, aunque asegura que todavía no sabe qué decir sobre su última novela, Perder el juicio, porque es la primera entrevista que concede. Muestra como prueba las notas que ha tomado durante el viaje en avión para prepararse, garabateadas en esas bolsas de papel que las aerolíneas ponen a disposición de los pasajeros que necesiten vomitar. Se quedan encima de la mesa pero no les echa ni un vistazo durante la conversación porque, en realidad, tiene su discurso bien armado. Con este libro vuelve a la narrativa de ficción después de la publicación, el año pasado, de su ensayo El ruido de una época (Gatopardo) y a la editorial que recopiló sus tres primeras novelas en el volumen Trilogía de la pasión en 2022. 

Esta nueva obra, protagonizada por una madre que está dispuesta a hacer todo lo necesario para recuperar la custodia de sus hijos, ya tiene prevista su adaptación al teatro y al cine. Sigue el camino de Matame, amor, su ópera prima, que está en proceso de convertirse en una película producida por Martin Scorsese, dirigida por Lynne Ramsay y protagonizada por Jennifer Lawrence. Se supone que el guión ya está preparado y que el filme verá la luz en 2025, pero Harwicz aún no ha podido ver nada, aunque hace tiempo que firmó los papeles de cesión de derechos. “Que esa obra creada como un monstruo en la intimidad llegue a esta directora y que la haya leído Scorsese es un milagro para mí”, afirma.

Harwicz reescribió Perder el juicio tres veces antes de publicarla. En un principio, todo el libro era un diálogo entre una pareja heterosexual, casi más una obra de teatro que una novela. El resultado no le convenció, así que decidió tomar la voz del hombre para contar la historia pero tampoco se quedó satisfecha, así que finalmente utilizó la voz femenina como narradora. “Desde el punto de vista del personaje mujer me es más fácil encontrar su maldad, su criminalidad, que sea víctima y victimario a la vez”, explica. Su protagonista está acusada de ‘violencia marital agravada por presencia de los menores’ y lleva a cabo toda una serie de hechos delictivos para conseguir su objetivo sin pensar en las consecuencias más allá de cómo puede esquivarlas.

La capacidad del ser humano para traspasar los límites de lo moralmente admisible es uno de los temas centrales de la novela. “¿Es capaz una mujer de autoarañarse para mostrarle a la policía que su marido la rasguñó cuando fue ella misma?”, plantea la autora. “Por supuesto que sí, es capaz de eso y muchísimo más. Y los hombres también. Me gusta explorar esa parte de thriller de los matrimonios, personas aparentemente normales son capaces de actos absolutamente impensables. Esa es la hipótesis siempre de mis personajes”. 

En esos actos difíciles de imaginar en un adulto funcional también entra el del abandono del hogar, un asunto que obsesiona a la escritora, que cada día busca en Google a personas desaparecidas sin causa aparente. “En Francia sobre 40.000 personas al año desaparecen de sus familias, sobre todo mujeres. Y llega un momento donde se cierran los expedientes porque se ha descartado toda pista criminal: no la violaron, no la mataron, no la secuestraron. Se fue por motu propio”, desarrolla. “Por qué un día una madre que ha sido ejemplar, no monstruosa, un miércoles a la tarde se va y deja dos hijos a la salida de la escuela. Esa deserción familiar no es la trama de mi novela, pero me inspiró un poco”.

Todas las novelas de Harwicz parten de un lugar pequeño y asfixiante. Sus personajes no están en grandes ciudades sino en atmósferas cerradas como las que se pueden dar en el campo. La escritora cita la frase “pueblo chico, infierno grande” [que también es el título de una telenovela mexicana] para describir esos escenarios. En este caso, la protagonista huye de la granja donde vive con su marido y su familia política, que no la aprecia especialmente porque es, entre otras cosas, extranjera y judía. Esos datos remiten, aunque sea de pasada, a la vida de la autora, que vive en una zona rural a 200 kilómetros de París y que pasó por un divorcio encarnizado en los tribunales.

El deseo de destrucción del otro no tiene que ver con el género. Ojalá no fuese así porque entonces estaríamos a salvo entre mujeres siempre

Ariana Harwicz — Escritora

“Todas mis novelas tienen la misma condición genética: todas son absolutamente autobiográficas y no lo son en absoluto”, aclara, “hay como una sobreimpresión entre la vida y la literatura. Nunca lo sé explicar bien, pero esta novela no hubiera existido sin mi recorrido judicial y a su vez, todo es totalmente mentira”. La ruptura de su matrimonio se complicó y se convirtió en una guerra en los tribunales, en donde descubrió que su condición de “no francesa” no inclinaba la balanza precisamente a su favor como le sucede, en cierta medida, a la narradora del libro.

“Me da como pereza decirlo, pero justo me tocaron jueces misóginos, racistas. antisemitas y yo tenía todo: escritora, mujer, judía”, comenta. La experiencia le permitió comprobar, según dice: “Toda la impostura de la época, que siempre es algo que me interesa. A mí me tocó una jueza y fue peor que a veces los jueces hombres. El deseo de destrucción del otro no tiene que ver con el género. Ojalá no fuese así porque entonces estaríamos a salvo entre mujeres siempre. El submundo judicial francés, en una época donde se dice feminista, a veces parece siglo XIX”.

Las ganas de incordiar

Una de las frases que más ha destacado de su ensayo El ruido de una época ha sido: “Escribir sin ofender a alguien es un oxímoron”. Una afirmación que más bien es una declaración de su intención de prender la mecha de la polémica. La autora está convencida de que en el siglo XX la discusión de los intelectuales estaba mucho más viva que ahora, cuando la inercia tiende a buscar el consenso y a no llamar la atención adoptando posturas que ella considera incómodas. “Es mal síntoma que a un artista, un escritor, un intelectual, un historiador lo quiera todo el mundo, que no tengan un enemigo, un contrincante, un adversario enemigo”, afirma. “No quiere decir que te ponga una pistola en la cabeza o que te amenace de muerte, que está tan de moda, sino un enemigo en el sentido de que te dispute, que te critique. Es imposible escribir sin ofender en el sentido de que todo verdadero libro interpela a alguien y hackea una sensibilidad”.

Harwicz considera que expresar esas ideas que no están dentro de lo que ella cree que se considera aceptable supone exponerse al riesgo del linchamiento en las redes sociales, a la persecución, las amenazas o la censura. “Antes no teníamos ese alter ego en las redes, no estábamos sopesando cada palabra porque igual te tildan de antisemita o, al revés, de islamofóbica. Que no te toque un epíteto maldito de la época, porque no te lavas la imagen más. Para que no te pase eso se piensa con menos riesgo”, afirma. Ella trata de luchar contra el miedo porque más que a los insultos, tiene temor a sentir aversión por sí misma. “Me daría asco ser ventrílocua de la época. Si adoptas el lenguaje de esta época, el lenguaje del consenso, el que se habla en redes, estás a salvo pero hay que inventar otra lengua porque esa está trucada”, declara.

Los autores saben lo que tienen que hacer para sobrevivir, ser elegidos, ganar premios, qué políticas apoyar y qué omitir. Unas muertes se denuncian, otras muertes no

Ariana Harwicz — Escritora

Pero ¿realmente es esta época en la que reina el consenso cuando ‘polarización’ fue la palabra del año 2023 para la FundéuRAE? “El mundo elige quién es la víctima y quién es el victimario. Y tomas riesgos si dices que para ti la víctima no es la que dicen. La narrativa de una época siempre va a ser una narrativa predominante y correrse de eso da miedo, porque te ponen ese epíteto maldito y estás marcada, es la lepra del siglo XXI”, comenta. “Decíselo a J. K. Rowling (autora de Harry Potter). Ya sé que es megafamosa y hay casos mucho peores porque ella tiene poder, pero es un ejemplo grande. No sé si en España, pero en Francia está la cultura de la amenaza de muerte. Se volvió, que no sé si nunca se ha ido, a la judicialización de la literatura, los pensamientos”.

Asimismo, la escritora afirma que hay listas negras pero que ya no son “rústicas como las del MaCartismo o de Stalin” sino que funcionan con más sutileza. Ningún editor o agente de prensa le susurra a un autor en una feria del libro que no hable de algún tema porque: “Hay métodos mucho más eficaces e internos. Los autores saben lo que tienen que hacer para sobrevivir, ser elegidos, ganar premios, qué políticas apoyar y qué omitir. Unas muertes se denuncian, otras muertes no. Yo valoro mucho el coraje, aunque no esté de acuerdo”. 

El Gobierno impugnará ante el Tribunal Constitucional la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide declarar la independencia en Catalunya al considerar que es de una “clara inconstitucionalidad”. La Mesa del Parlament de Catalunya admitió a trámite el pasado 20 de febrero la iniciativa, que está impulsada por la formación extraparlamentaria Solidaritat y logró pasar el filtro gracias a los tres votos a favor de Junts y la CUP y una abstención de ERC y pese al voto contrario de los dos miembros del PSC.

Pero según adelantó El Mundo y ha confirmado elDiario.es de fuentes de Moncloa, el Consejo de Ministros ha acordado este martes la impugnación del Acuerdo de la Mesa del Parlament por el que se admitió a trámite la citada ILP.

El Ejecutivo considera que el Acuerdo de la Mesa del Parlament que tramitó esa iniciativa es inconstitucional porque vulnera hasta seis artículos de la Carta Magna. Además, defiende que desborda el marco competencial que determina el Estatut de Catalunya y que incumple los criterios establecidos por el tribunal de garantías, entre otras, en la sentencia que anuló la llamada ley de transitoriedad. El recurso del Gobierno cuenta con un informe del Consejo de Estado que aboga por impugnar la iniciativa en su totalidad.

El Govern de la Generalitat, por su parte, ha criticado el gesto de la Moncloa. En la rueda de prensa de este martes posterior al Consejo Ejecutivo, la portavoz, Patrícia Plaja, ha opinado que el Gobierno central actúa por “intereses electorales” a las puertas de la campaña del 12-M.

La portavoz ha avisado de que acudir al Constitucional para “coartar y limitar” el debate parlamentario “ni ha sido ni será nunca una buena solución”. “Parece que el gobierno español no haya aprendido demasiado, o nada”, ha añadido Plaja. “La única explicación” del recurso de la Moncloa es que “ya están pensando” en la campaña del 12-M y que “necesitan sobreactuar” contra el independentismo, ha zanjado.

Informe en contra en el Parlament

Antes de la votación en la Mesa del Parlament y como ocurre siempre que llegan ILP, se emitió el informe del letrado Xavier Muro, secretario de la comisión de control de las ILP, que consideró que la petición de volver a declarar la independencia “no cumple las condiciones” para ser aceptada, al tratase de unas competencias fuera del alcance del Parlament, según el Estatut. Este informe, sin embargo, no es vinculante.

Esta no era la primera vez que llegaban iniciativas de este tipo a la Cámara catalana pero, hasta el momento, la Mesa siempre las había paralizado. La razón no está en un cambio de posición de los partidos, sino en un cambio de las mayorías que componen el órgano. En el año 2019, Junts también votó a favor de la tramitación y ERC se abstuvo, pero en aquel momento a los dos votos contrarios del PSC se sumó el de Ciudadanos, que entonces tenía un asiento en la Mesa.

En el año 2022, cuando una petición similar volvió a debatirse, todos los partidos se posicionaron de la misma forma que este martes, pero Laura Borràs no pudo emitir su voto por estar suspendida. De esa forma, la iniciativa también decayó entonces. Nada ha impedido en cambio que ahora la ILP se tramite. 

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ha emitido este lunes una declaración unánime donde insta a asegurar que las intervenciones parlamentarias no incurran en “descalificaciones” a jueces y magistrados que minen la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial, en respuesta a las declaraciones realizadas por varios diputados la semana pasada.

Así lo han acordado los 16 vocales que integran actualmente el CGPJ, tras rebajar el texto inicial propuesto por los nueve vocales que, junto al presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, forman el bloque conservador: José María Macías, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Wenceslao Olea, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart, Nuria Abad y María Ángeles Carmona.

Según las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, la declaración propuesta por los vocales conservadores instaba directamente a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, a evitar “críticas desmedidas” de los parlamentarios a jueces y magistrados, al tiempo que llamaba al Gobierno a la “contención”, todo ello para “no socavar la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.

Sin embargo, en la declaración finalmente aprobada se han eliminado ambas referencias para señalar que “debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial”.

Estos nueve vocales veían necesario que el CGPJ hiciera un pronunciamiento oficial tras las acusaciones lanzadas el pasado 30 de enero en la Cámara Baja por varios diputados durante la sesión plenaria en la que se debatió y rechazó el actual texto de la proposición de ley de amnistía, “ante la aquiescencia y mutismo de la señora presidenta”.

El Pleno razona que el hecho de que “se encuentren especialmente protegidos por la inviolabilidad parlamentaria no le resta gravedad a su actuación”. “Máxime, teniendo en cuenta que en el debate social y parlamentario sobre la referida proposición de ley se vienen profiriendo acusaciones de 'lawfare' contra miembros del Poder Judicial”, apunta.

Por ello, rechaza “con toda firmeza determinadas manifestaciones y comportamientos llevados a cabo por miembros del Poder Legislativo”, al tiempo que recalcan que seguirán defendiendo “la independencia del Poder Judicial, residenciada en todos y cada uno de los jueces y juezas españoles”.

Reclaman “respeto institucional”

“Reiteramos que la independencia judicial es una pieza clave del Estado de Derecho y su defensa es imprescindible en el marco de los valores sobre los que se asienta la Unión Europea y su salvaguarda corresponde a todos los Poderes del Estado”, sostiene el conjunto de los vocales.

Además, subrayan que “el respeto institucional debe presidir las relaciones entre todos los poderes del Estado”, recordando en este sentido que, como ha señalado el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, “ante una injerencia inadecuada, los poderes del Estado deben cooperar con lealtad para restablecer el equilibrio y, con ello, la confianza de la sociedad en el buen funcionamiento de las instituciones públicas”.

Recuerdan igualmente que, conforme al Consejo Consultivo, “las valoraciones y las críticas de un poder del Estado hacia los demás poderes deben formularse en un clima de respeto mutuo” y que “existe una clara diferencia entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por una parte, y la falta de respeto y presiones inadecuadas hacia el Poder Judicial, por otra parte”.

Los ataques de Junts, Podemos y Sumar

Durante la sesión parlamentaria del pasado 30 de enero, diputados de Junts, Podemos y Sumar aludieron al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzgó y condenó el 'procés'; al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga 'Tsunami Democràtic'; y al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que indaga en el 'caso Voloh'.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, habló de “jueces prevaricadores” y mencionó a los tres togados, mientras que la diputada de Podemos Martina Velarde advirtió sobre una “ofensiva judicial salvaje” contra la futura amnistía apuntando al “sector reaccionario judicial” y, en concreto, a García Castellón.

Desde Sumar, Gerardo Pisarello, habló de “un juez de la Audiencia Nacional cercano a Aznar que no vio implicación de María Dolores de Cospedal” en 'Kitchen', para después referirse directamente al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6.

En sus intervenciones, los diputados de ERC Pilar Vallugera y de EH Bildu Jon Iñárritu no se refirieron a jueces con nombres y apellidos pero sí al Poder Judicial. Así, el político vasco alertó sobre “movimientos oscuros” procedentes del ámbito judicial.

Tras ello, la diputada de Vox María José Rodríguez de Millán pidió a la presidenta de la Cámara Baja que llamara al orden a Nogueras y Velarde, solicitud que Armengol no atendió, si bien recordó que había pedido a todos los diputados que guardaran “el debido decoro”.

Primer pronunciamiento del Pleno

Se trata del primer pronunciamiento del Pleno del CGPJ sobre los ataques de políticos a togados, aunque Guilarte ya se ha manifestado en varias intervenciones públicas. La última fue el pasado miércoles cuando respondió a las “inaceptables descalificaciones” realizadas el día anterior en el Congreso hacia jueces y magistrados, haciendo un llamamiento institucional a que “dejen en paz” a los miembros del Poder Judicial.

Hasta ahora, el Pleno solo se había pronunciado sobre las acusaciones de 'lawfare' (guerra judicial) contra jueces y magistrados. Primero lo hizo la Comisión Permanente, advirtiendo de que se mantendría “vigilante” si finalmente se creaban las comisiones de investigación parlamentaria para detectar estos supuestos casos y, después, reaccionó su máximo órgano para rechazarlas y avisar a los togados de que no están obligados a comparecer en las mismas.

La Comisión Permanente, por su parte, emitió una declaración unánime el pasado 19 de enero para expresar su “rotundo rechazo” a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, a García Castellón, al considerar que eran “contrarias” al “deber de respeto a la independencia judicial”, al tiempo que pidió “responsabilidad institucional” para “evitar la utilización política de la Justicia”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está en funciones desde hace casi cinco años, entra de lleno en el debate sobre la hipotética amnistía a los encausados por el procés. Ocho vocales elegidos en su día a propuesta del PP solicitarán este jueves la celebración de un pleno extraordinario en el que piden la aprobación de una declaración institucional muy crítica con la posibilidad de que el PSOE y las fuerzas independentistas aborden el carpetazo definitivo al procés a través de una amnistía.

El texto propuesto carga contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y afirma que la hipotética amnistía convierte “en una quimera” la independencia de los tribunales y supone la “abolición del Estado de derecho”. Todo ello, a pesar de que por el momento no hay ningún borrador ni texto preliminar —al menos, que se haya hecho público— sobre cualquier iniciativa jurídica de despenalización de las causas que derivan del 1 de octubre de 2017. 

Los vocales que suscriben esta petición, a la que ha tenido acceso elDiario.es, son Gerardo Martínez Tristán, José María Macías, José Antonio Ballestero, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona. El reglamento del CGPJ establece que basta con que el presidente lo decida o cinco vocales lo pidan para que haya que convocar un pleno en los tres días siguientes a la solicitud. La voluntad de los vocales conservadores es que esta reunión se celebre el próximo lunes, aunque la determinación de la fecha corresponde al presidente, el también conservador Vicente Guilarte.

El bloqueo del PP a la renovación del órgano de gobierno de los jueces ha permitido que la institución siga funcionando con una composición heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta: diez vocales conservadores y seis progresistas. Es un reparto que se ha ido actualizando con las circunstancias sobrevenidas de los últimos años —jubilaciones, dimisiones, un fallecimiento…—, pero que mantiene una distribución de fuerzas que nada tiene que ver con la realidad parlamentaria que después han ido dibujando las urnas. 

Para que la citada declaración institucional sea aprobada necesita el voto a favor de nueve miembros del pleno. Por el momento, está suscrita por ocho vocales, así que todo dependen de que pueda conciliar algún apoyo más dentro del bloque conservador e incluso del minoritario sector progresista.

El argumento que esgrimen los conservadores para exigir la convocatoria de esta sesión extraordinaria es que Sánchez ya se refirió públicamente a la amnistía. Lo hizo el pasado 28 de octubre, cuando defendió la medida “en nombre de España y de la convivencia” ante el Comité Federal del PSOE.

Los vocales firmantes creen, sin embargo, que la amnistía tendrá “consecuencias en perjuicio del interés real de España” y acusan a Sánchez de “confundir el interés de España” con su interés personal de “evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya”. Añaden, además, que la posición que atribuyen al jefe del Ejecutivo en funciones es “manifiestamente incompatible con la alternancia política” y “rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho”.

La propuesta de declaración hace estas consideraciones “incluso al margen del debate general sobre la viabilidad” de las amnistías en el marco de nuestra Constitución, que también niegan. Y lo hacen en base a tres argumentos principales. Primero, porque consideran que “no es compatible con el principio de Estado de derecho (...) que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales” para “conseguir el beneficio personal y político” de un aspirante a presidente. Segundo, “porque supone generar una casta jurídicamente irresponsable e impune”. Y, tercero, porque “se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico”. 

El movimiento de estos ocho vocales coincide con las reacciones críticas que ya han expresados en las últimas semanas los sectores más conservadores de la judicatura y la fiscalía. También el presidente interino del CGPJ, que no firma esta petición, ha cuestionado la amnistía “sin otra justificación que la mera coyuntura electoral”.

Ya hay condena firme a Polonia por la persecución a los jueces. Las advertencias de la Comisión Europea por la reforma judicial ya fueron oídas por el Tribunal de Justicia de la UE, que impuso una serie de medidas cautelares a ese país y que, al ser incumplidas, se tradujeron en una multa de un millón de euros al día. Ahora el TJUE ha emitido la sentencia definitiva: la reforma judicial del Gobierno ultranacionalista viola la independencia de los jueces y, por tanto, las normas comunitarias.

La reforma judicial puesta en marcha en 2019 por el Gobierno de Ley y Justicia suponía la puesta en marcha de la denominada Sala Disciplinaria, que tenía capacidad de imponer sanciones a los jueces por el contenido de sus sentencias. La legislación también obligaba a los magistrados a hacer pública su filiación a partidos políticos, fundaciones o asociaciones. Los cambios legislativos hicieron saltar todas las alarmas en la UE y Bruselas llevó el asunto a la justicia europea, que ordenó a Polonia la suspensión de las disposiciones impugnadas por el Gobierno comunitaria.

La negativa del Gobierno polaco a dar marcha atrás llevó al TJUE a imponer una multa de un millón de euros al día a Polonia desde el 27 de octubre de 2021. El castigo supera ya los 500 millones de euros, aunque el pasado mes de abril la justicia europea rebajó la cifra a 500.000 euros por algunos cambios introducidos, como la eliminación de la sala disciplinaria, aunque advertía de que no se había dado cumplimiento completo. “No se han suspendido en todos los casos y con carácter inmediato los efectos de las resoluciones dictadas por la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo por las que se autoriza la apertura de un proceso penal contra un juez o su detención”, señalaba el TJUE en abril.

Ahora la justicia europea reafirma el rechazo a la legislación polaca aprobada hace cinco años, aunque termina la imposición de la multa diaria, cuya cantidad adeudada sí tendrá que ser satisfecha. “La Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo no satisface la exigencia de independencia e imparcialidad. Deduce de ello que la mera perspectiva de que los jueces que tienen competencia para aplicar el Derecho de la Unión corran el riesgo de que dicho órgano pueda pronunciarse sobre cuestiones relativas a su estatuto y al ejercicio de sus funciones, en particular autorizando la incoación de diligencias penales contra ellos o su detención o dictando decisiones relativas a aspectos esenciales de los regímenes de Derecho laboral, de la seguridad social o de jubilación que les son aplicables, puede afectar a su independencia”, señala el fallo de Luxemburgo.

Aunque el Gobierno polaco introdujo modificaciones para poder acceder a los fondos europeos, ya que las modificaciones en materia de justicia eran una de las principales exigencias de Bruselas para ese país, el TJUE sostiene que la Sala de Control Extraordinario y Asuntos Públicos que sustituyó al organismo disciplinario tampoco cumple la normativa europea. “El hecho de que la ley modificativa atribuya a un único órgano nacional (la Sala de Control Extraordinario y Asuntos Públicos del Tribunal Supremo) la competencia para comprobar el cumplimiento de las exigencias esenciales de la tutela judicial efectiva es contrario al Derecho de la Unión”, señala el TJUE. 

También considera que la imposición de un régimen disciplinario como el de la normativa polaca suponía un golpe para la independencia judicial. En el caso de la obligación a los jueces a presentar una declaración escrita en la que indiquen su pertenencia a una asociación, fundación sin ánimo de lucro o partido político para su posterior publicación, el TJUE va un paso más allá al considerar que supone una vulneración de sus derechos fundamentales a la protección de los datos personales y el respeto a la vida privada.

El tribunal de Luxemburgo considera que esa obligatoriedad de publicar los datos “no es apta para lograr el objetivo invocado de reforzar la imparcialidad de los jueces” y podría “exponer a los jueces a un riesgo de estigmatización indebida, afectando injustificadamente a la percepción que de ellos tienen tanto los justiciables como el público en general”.

El Gobierno polaco se revuelve contra el fallo

El Gobierno polaco ha reaccionado airadamente a la sentencia y ha señalado que es una “farsa” porque, a su juicio, no tiene competencias para evaluar el poder judicial de ese país. “Los polacos no tienen derecho a la información según el TJUE para comprobar si los jueces que juzgan sus casos son activistas políticos. Esta es una farsa y una prueba más de que la UE no respetará ningún compromiso”, ha expresado en Twitter el secretario de Estado de Justicia, Sebastian Kaleta.

“Se puede estar en desacuerdo con la Comisión Europea, pero la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE zanja definitivamente la cuestión. Como miembro de la familia europea, insto a las autoridades polacas a que acaten plenamente la sentencia. Esto es necesario para reforzar la independencia de los tribunales polacos”, afirmó tras el fallo el comisario de Justicia, Didier Reynders, informa la Agencia EFE.

La preocupación de la UE por la deriva autoritaria de Polonia -y también de Hungría- viene de lejos. Hace cinco años los 27 pusieron en marcha el procedimiento, bajo el artículo 7 de los tratados, por el constante incumplimiento de valores europeos como la independencia judicial en ambos países y vulneraciones relativas a la libertad de expresión, la corrupción, los derechos de las minorías y la situación de inmigrantes y refugiados en el caso húngaro. Desde entonces el asunto, que podría derivar en sanciones -incluso la pérdida del derecho a voto para esos países- si se concluyera que ha habido una grave y persistente brecha del Estado de Derecho, está prácticamente en suspenso porque Hungría y Polonia se protegen mutuamente. 

El último pulso entre Bruselas y Varsovia se produjo la semana pasada a raíz de una ley con la que se creaba una comisión parlamentaria con poder para inhabilitar a cargos públicos por su supuesta relación con las injerencias de Rusia. La Comisión Europea lanzó una advertencia al Ejecutivo bajo la premisa de que esa norma, que consideran que está hecha a la medida para perseguir al dirigente del PPE Donald Tusk, no tiene garantías. El Ejecutivo polaco ha anunciado cambios en la normativa.

Lo único capaz de consolar a un hombre por las estupideces que hace, es el orgullo que le proporciona hacerlas

Oscar Wilde

Algunas cosas hay que contarlas porque plasman un daguerrotipo, ora dramático ora ridículo. A cada cual, elegir. Son síntoma y señal; plasmación del choque violento entre los que están dentro y los que la política democrática trae desde fuera.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha impedido que el secretario de Estado de Justicia celebre un acto en el hall del edificio, propiedad por otra parte del Ministerio. Impedido, ellos lo dicen. Ahí es nada. Inédito por nunca visto. La hermosa berrea del ciervo astado se desarrolla en otoño, pero nunca es tarde para verla en todo su esplendor en plena primavera. Los jueces marcando el territorio ¿al Gobierno socialista?, ¿a una torpeza protocolaria?, ¿por incompatibilidad de caracteres? Suenan las astas, no lo duden.

Iba el secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, a viajar el martes a Murcia –comunidad que no tiene competencias en Justicia y es ‘territorio ministerio’– a realizar diversos actos entre los que se contaba presentar la inversión de 27 millones de euros para la rehabilitación del edificio en el que tienen sede tanto el TSJM como la Audiencia. Así que desde Protocolo de Justicia se remitió un desafortunado correo electrónico en el que se invitaba al acto al presidente del TSJM y a otros magistrados de una forma digamos desangelada y no del todo adecuada, sin que mediara, según dicen, conversación previa con el secretario de Estado para pactar calendario. Parece ser que llamó alguien, tipo directora general. Anatema. Presidencial indignación. A Miguel Alfonso Pasqual de Riquelme le hierve la sangre. ¡Cómo que el tal secretario de Estado no le comunica en persona lo que tiene pensado y lo pacta antes con él! ¡Cómo que le cita en el hall de su propio edificio mediante un mail!

Allá que se remanga la toga el presidente Riquelme –por abreviar tan prolijo apellido– y convoca ni más ni menos que una reunión extraordinaria de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia para “darle conocimiento”, de la invitación, y del cabreo, se supone. Y es en esa reunión en la que por unanimidad deciden los jueces integrantes impedirle al secretario de Estado –una suerte de viceministro en realidad– que lleve a cabo su osadía en el edificio judicial. En dos prolijos folios de acuerdo despliegan los magistrados una variada suerte de despropósitos que no entienden muchos de sus colegas si no es justificándolos por el orgullo judicial herido. Dicen que no le van a permitir entrar velando por la “preservación de la neutralidad de las sedes judiciales”. Un concepto indeterminado que se sacan de la manga. Créanme que en las comunidades autónomas transferidas, día sí y día también, consejeros de Justicia y presidentes inauguran y presentan con toda normalidad sin que la citada “neutralidad” parezca verse afectada. “Son cosas que se manejan con consenso y naturalidad, con buenas relaciones”, me cuentan de otras presidencias y yo misma sé, puesto que he trabajado codo con codo con un presidente de TSJ en estas lides protocolarias.

Parece deducirse del texto acordado, o esa es la excusa, que lo que indigna a los jueces murcianos y a su presidente es que la presentación vaya a realizarse muy cerca de unas elecciones locales. Tranquilos, el consejero madrileño va a presentar la nueva sede de Valdemoro a un día de la convocatoria oficial y la propia Ayuso inauguró las obras de ese edificio tres meses antes de las elecciones de 2021. Y así por todas partes. No hagan drama, que a fin de cuentas la Justicia nunca ha dado ni un voto, por eso precisamente la ningunean todos los partidos y vive en la famélica desidia que todos conocemos.

En medio del ataque de cuernos de estos jueces murcianos, sucede que intentan armar de contenido jurídico su cabreo. Así que se remiten al artículo 4, letra ñ, del Reglamento de 2020 de Órganos de Gobierno de los Tribunales para determinar que sólo una autorización de la Sala de Gobierno permite utilizar un edificio judicial para otros menesteres. Lástima que sea consenso entre los expertos que ese artículo está previsto para peticiones externas como grabación de películas en sede judicial, cesión de salones o dependencias para actos académicos o jurídicos, etc. No hay un solo antecedente en el que se haya usado tal artículo para prohibir a un consejero autonómico o a un alto cargo de Justicia entrar en un edificio a efectuar un acto. Es más, otros presidentes de TSJ consideran que tal cosa ni siquiera es competencia de una Sala de Gobierno.

¿Por qué lo hacen? En el mundo judicial unos creen que por la refriega de orgullos y otros que porque en una comunidad de raigambre conservadora, no quieren darle ni agua a un ministerio socialista, representado por un tipo que además no les hace mucho el rendibú. Nunca en la historia se lo han hecho a un cargo del PP, así que no podemos afirmar si estamos ante el Partido Judicial cabalgando de nuevo o simplemente ante la soberbia de las togas. Algo nos despejará si, como se rumorea, algún otro TSJ sale con el mismo artículo referido al mismo secretario de Estado que, dicho sea de paso, puede que esté llevando demasiado lejos lo de darles del frasco carrasco.

Más enloquecida aún es la parte del acuerdo que “pide amparo” al CGPJ. Ahí sí que derrapan y se pasan de frenada, porque ellos deben saber como yo que el amparo sólo lo puede pedir un juez cuando vea perturbada su independencia, en ejercicio de la jurisdicción, por acciones externas. Resulta muy extraño que el presidente Riquelme caiga en estas cosas, dado que el propio Tribunal Constitucional dijo de él: “permite atribuir al Sr. Pasqual de Riquelme un conocimiento intenso del Derecho Orgánico Judicial y su aplicación práctica”. No lo ha demostrado mucho. Y es que la designación de Riquelme por los vocales conservadores del CGPJ tuvo mucha miga y hasta votos particulares, porque se pretirió a una mujer, la magistrada Pilar Alonso, con más de mil puestos por encima en el escalafón y una trayectoria en órganos colegiados que él no tenía. Tal vez, les digo, si ésta hubiera ganado la batalla judicial que emprendió por la injusticia del movimiento hoy no habría berrea en Murcia. A saber.

Pongan cuidado. Unos con el protocolo –que tratar a jueces es terreno de lesa pompa y circunstancia– y otros con la utilización espuria de los artículos, los reglamentos y las instituciones para ponerle las peras al cuarto al gobierno.

La berrea yo prefiero observarla en El Pardo. Una belleza.

Si Voltaire decía que “el último grado de la perversidad es usar las leyes para la injusticia”, Josep Maria Montaner (Barcelona, 1954) asegura que “el último grado de la perversidad es usar la democracia para dinamitarla”. El doctor en arquitectura y catedrático de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) define así el lawfare, término que describe la construcción de un caso judicial artificial para acabar con un rival político.

Bajo el título 'Lawfare Urbano' (Icaria, 2023), Montaner habla de la “guerra judicial” que se ha librado contra Ada Colau y su equipo a través las diversas demandas interpuestas, sobre todo, en el ámbito de las reformas urbanas y de vivienda. Un asunto sobre el que Montaner habla desde la experiencia que le otorgaron sus cuatro años como concejal de vivienda en el gobierno de Colau, al que todavía asesora en materia urbanística.

El viernes declararon por el caso Vauras diversos concejales del Ayuntamiento. El lunes fue el turno de Ada Colau. Es el último caso de una larga lista de demandas contra este consistorio.

Durante el mandato de Colau se han duplicado los contenciosos administrativos (se han registrado 1.800) y se han incrementado mucho las denuncias penales (15 en total, nueve de ellas archivadas). Poco a poco, se ha ido demostrando que tras estas demandas casi nunca hay causa. Y Vauras no es una excepción. Una jueza de Barcelona ya aseguró que no había habido delito en la acción de Colau y que se le habían atribuido delitos sin rigor. También se quejó por unas multas, que el Ayuntamiento interpuso al fondo por no realojar a vecinos vulnerables, totalmente justificadas. Y ahora resulta que es porque, supuestamente, se retrasaron los permisos de obra. Es una ofensiva desmedida por parte de una empresa que vio frustrados sus intentos de especular con la vivienda.

¿Cómo es el lawfare en Barcelona y por qué se centra en cuestiones urbanísticas y de vivienda?

El lawfare es una práctica histórica, aplicada sobre todo por los Estados Unidos en Latinoamérica, tal como explico en el libro. Destaca el caso de Lula [da Silva, presidente de Brasil] y se usa para desprestigiar a políticos y, en algunos casos, desgastarlos y forzar su salida del poder, una especie de golpe de Estado blando. En muchas ciudades se ha aplicado en los ámbitos urbanos, para defender los intereses de las grandes empresas, inmobiliarias, hoteleras, fondos de inversión o plataformas digitales como Aribnb. Barcelona es una ciudad con un gran potencial turístico y, por tanto, muy atractiva para estos fondos. Pero, a la vez, es de las ciudades que más seriamente se han propuesto abordar la masificación y la gentrificación fruto del monocultivo turístico. Por eso la cabeza visible de estas políticas públicas, Ada Colau, está siendo víctima de estos ataques.

Decía que durante la administración Colau se han duplicado los contenciosos administrativos, pero sobre todo, que han crecido las denuncias. ¿Por qué?

Los procesos contenciosos son más o menos normales: son la manera más usual de incidir sobre una determinada política pública y una táctica habitual de empresas que han sido multadas para alargar el proceso y retrasar el pago. Dan trabajo y pueden llegar a saturar a los servicios jurídicos, pero no son más que una cuestión administrativa. Lo realmente preocupante es que se esté recurriendo a los procesos penales, que implican denunciar a personas concretas. Son una acción dirigida no tanto hacia una decisión, sino hacia un político con nombres y apellidos al que se quiere desgastar. En Barcelona está siendo muy flagrante, pero es algo que ya ha pasado con antelación; por ejemplo, Manuela Carmena, cuando fue alcaldesa de Madrid, fue más atacada de lo que lo está siendo Colau.

Carmena recibió estas demandas ya a los pocos meses de llegar al poder. ¿Por qué con Colau no han llegado hasta el segundo mandato?

Carmena estaba rodeada de derechas, tanto en la política como en la esfera mediática, que en seguida la atacan. Con Ada Colau es distinto: ciertos sectores vaticinaban que no acabaría la primera legislatura y que su gobierno apenas duraría unos meses. Por tanto, no es diana de ataques fuertes. Pero cuando llega al segundo mandato, los poderes y lobbies de Barcelona ya no pueden soportar la situación y, de cara a las elecciones de 2023 –y ante la posibilidad de que Colau repita un tercer mandato–, empiezan a fraguar embestidas judiciales con denuncias para desprestigiarla y lograr que, constantemente, haya titulares en los que se cuente que Colau ha sido llamada a declarar.

El objetivo es desprestigiarla, pero en tanto que la mayoría de procesos están siendo archivados, Colau está ganando la narrativa. ¿Es algo que le puede llegar a beneficiar electoralmente?

Sí, que los procesos se archiven y ella vaya respondiendo con tranquilidad le suma puntos. Pero ¿a qué precio? El desgaste es notable, porque es una estrategia pensada para amedrentar a políticos y funcionarios. Y quien sale ganando con cada causa archivada no es solo Ada Colau, sino la misma ciudad de Barcelona, porque hablamos de políticas que cierran la puerta a metodologías que no aportan nada bueno.

El desgaste es notable, porque es una estrategia pensada para amedrentar a políticos y funcionarios

Una de las cosas que destaca en el libro es que muchos de los procesos los inician funcionarios que estuvieron en el Ayuntamiento o partidos políticos. ¿Por qué los problemas políticos se resuelven en los tribunales y no en los plenos?

Es algo muy grave. En el libro intento mostrar todos los agentes que tienen intereses, a veces ocultos, y que hay quien ve la ciudad como una herramienta para lucrarse. Eso es algo que podíamos esperar de la empresa privada, pero lo que es más preocupante es que estas tendencias vengan de personas que ocuparon cargos públicos o directamente por partidos políticos. Me angustia el incremento de la judicialización de la política, porque no se está contraargumentando al adversario político democráticamente, sino que se lo desbanca con denuncias, algo que hace la vida política más difícil de lo que ya es.

Hablamos de partidos y de políticos que aprovechan su red de influencia en los medios para ser protagonistas durante un tiempo, para ostentar un poder que no han ganado. Con esto buscan, por un lado, aumentar la desconfianza de la ciudadanía respecto a la clase política y, por otro, desgastar a los dirigentes más progresistas. Es muy grave y antidemocrático intentar parar a políticos como Colau en los tribunales cuando no se les ha podido vencer en las urnas.

¿No hay ninguna de las denuncias, aunque luego se archivara, que se interpusiera con una mínima base de sospecha?

Yo puedo hacer un poco de autocrítica, porque algunos de los casos que salen en el libro no son del todo lawfare, que es usar las leyes con mala fe y denunciar algo cuando sabes que el delito no existe. La base del lawfare es denunciar delitos para tapar los tuyos propios.

Preguntaba esto pensando en un caso concreto que menciona en el libro: la denuncia por superar el límite de contaminantes en la quema de residuos por parte de la empresa municipal Tersa. La denuncia fue interpuesta por una plataforma ciudadana en base a unas sospechas reales y la Fiscalía lo apoyó. ¿Es lawfare que la ciudadanía presione a la administración por la vía legal?

Las denuncias ciudadanas son una herramienta que está bien, sí, pero sin abusar. El caso de Tersa es distinto, es cierto, y los vecinos tienen toda la razón a la hora de quejarse si consideran que hay demasiadas emisiones de productos tóxicos. Es un caso complejo, porque nadie tenía la razón: puede ser cierto que había demasiadas emisiones, pero estas siempre estuvieron dentro de lo que enmarca la ley. Me parece legítima la denuncia ciudadana, pero hay que ver siempre si hay utilización política detrás.

Hablando de plataformas ciudadanas, hay una que ha sido muy notoria en los procesos judiciales contra el Ayuntamiento, que es la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, un grupo fantasma que podría tener vínculos con partidos políticos y con Agbar.

Este es un caso muy delicado y difícil de demostrar. Hablamos de grandes partidos y multinacionales que se escudan tras el derecho de la ciudadanía de pedir a sus representantes que rindan cuentas y lo usan antidemocráticamente para proteger sus intereses empresariales de una forma vil.

Volviendo al lawfare. Si estamos ante demandas que sistemáticamente no prosperan, ¿por qué los jueces las admiten a trámite?

Es complicado de responder, porque los mortales conocemos el poder judicial de manera indirecta. Los jueces deberían ser imparciales, porque tienen un papel importantísimo en nuestra democracia, pero algunos tienden a imponer su propia ideología e intereses de poder. Esto se ha visto muy claro con los impedimentos para renovar el Consejo General del Poder Judicial: la influencia de los jueces es enorme y eso es usado, en algunos casos, para mantener el poder. Por eso, en ocasiones, hemos visto cómo se han puesto al servicio de intereses de partidos políticos. Un juez puede decidir muchas cosas; por suerte, todavía no puede decidir quién gana unas elecciones, pero sí quién puede presentarse a ellas o quién puede permanecer en el poder. Y eso es algo de lo que en Catalunya sabemos mucho.

La influencia de los jueces es enorme y eso es usado, en algunos casos, para mantener el poder

Al final del libro se pone optimista y dice que las demandas de hoy serán las leyes de mañana. ¿Por qué?

Espero que así sea y que estos procesos archivados generen precedentes y abran la puerta para que otros gobiernos se atrevan a defender a las personas vulnerables ante desahucios o a promover expropiaciones para garantizar el derecho a la vivienda. Y también espero que sea la antesala de un futuro en que se aplique la ley con una mínima empatía por la complejidad de la realidad.

¿En qué sentido?

Es cierto que la okupación choca contra el derecho a la propiedad, pero muchas veces no hay alternativa. Sobre todo cuando la vivienda se ha convertido en un bien de especulación e inversión, a pesar de estar recogido en la Constitución como un derecho. Hay empresas que prefieren tener una vivienda vacía para poder venderla a precios altos que con gente viviendo dentro. Por eso digo que hace falta empatía para saber si es más necesario juzgar a alguien por okupar que a una empresa por especular con un bien básico.

La vivienda ya no es la principal preocupación de los ciudadanos de Barcelona, pero en cambio sí lo es la seguridad. Por eso, la okupación va a ser uno de los grandes temas de la campaña electoral. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación cuando hablamos de lawfare?

Uno enorme. Los hay que son cómplices de lawfare cuando promueven interpretaciones malévolas y el desprestigio infundado de políticos. Hay algunos medios como elDiario.es, La Marea, El Salto o Crític que hacen lo que pueden para desmontar estas narrativas, pero los grandes medios tradicionales y algunos digitales recién creados están empecinados en dar un mensaje de inmovilismo, en decir que intentar cambiar las cosas no es buena idea. A estos medios les interesa mantener la sensación de inseguridad. “Vigila, no apures demasiado tu libertad de expresión porque igual vas a la cárcel”. “Vigila, no te quejes demasiado porque igual recibes e, incluso, hasta pierdes lo poco que tienes”. Esto es lo que quieren las grandes empresas y fondos de inversión que, a su vez, son los que están detrás de las querellas.

Entendiendo que es poco probable que los querellantes dejen de practicar lawfare de la noche a la mañana, ¿a quién le compete pararlo? ¿A los medios, a los jueces, a las administraciones...?

Es difícil de responder. El lawfare no deja de ser una manifestación de un malestar. Me atrevería a decir que esto solo se puede parar con un contrato social nuevo, con acuerdos internacionales. Un marco que penalice la antipolítica que no nos deja avanzar. Deberíamos recuperar un pacto para acabar con una guerra sucia que perjudica a toda la sociedad. Todos tenemos la responsabilidad: el poder judicial de no aceptar querellas sin fundamento; los medios de comunicación de no difundir fake news y la sociedad de tener un espíritu más crítico.

El 27 de octubre pasado la Justicia europea impuso a Polonia una multa de un millón de euros al día mientras no retire la reforma que recorta la independencia judicial. El castigo del Tribunal de Justicia de Unión Europea respondía a la negativa de Varsovia a cumplir sus medidas cautelares, que pedían la retirada de la Sala Disciplinaria de los jueces, considerada por Bruselas y el tribunal con sede en Luxemburgo un asalto a la independencia judicial.

Pero, de momento, Polonia no está pagando esa multa. Así, la Comisión Europea ha explicado este jueves que, después del intercambio de comunicaciones con el Gobierno polaco, ha decidido reclamar 69 millones de euros en atrasos por la multa.

“Después de analizar la respuesta de Polonia a una carta del 22 de diciembre”, explica el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, “la Comisión Europea ha concluido que Polonia no ha aportado pruebas de que está cumpliendo con la orden dictada por el Tribunal de Justicia el 14 de julio del año pasado”.

El 14 de julio de 2021, el Tribunal de Justicia impuso medidas cautelares a Polonia, que no ha cumplido y de ahí la multa impuesta por el TJUE, relacionadas con el funcionamiento de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia, accediendo a la solicitud de la Comisión Europea en todos los puntos.

El Tribunal ordenó a Polonia suspender las disposiciones mediante las cuales la Sala Disciplinaria de la Corte Suprema puede resolver sobre las solicitudes de levantamiento de la inmunidad judicial, así como en materia de empleo, seguridad social y jubilación de los jueces de la Corte Suprema; suspender los efectos de las decisiones ya adoptadas por la Sala Disciplinaria sobre el levantamiento de la inmunidad judicial; y suspender las disposiciones que impiden a los jueces polacos aplicar directamente la legislación de la UE que protege la independencia judicial y remitir al Tribunal de Justicia las decisiones preliminares sobre tales cuestiones.

“Las medidas adoptadas hasta ahora por las autoridades polacas ya habían sido señaladas al Tribunal en el contexto del procedimiento judicial y se consideraban insuficientes”, prosigue el portavoz comunitario: “Por lo tanto, la Comisión Europea envió ayer [por el miércoles] la primera reclamación de pagos y solicitó a Polonia que satisfaga las multas, que abarcan el período entre el 3 de noviembre de 2021 y el 10 de enero de 2022, ambos inclusive”.

Después de la primera reclamación, la Comisión Europea enviará a Varsovia reclamaciones periódicas para pagos mensuales. “Por supuesto”, dice el portavoz del Ejecutivo comunitario, “le corresponde a Polonia cumplir urgentemente con la orden judicial de julio sobre su otra de sus preguntas, creo que ya respondí a la mayoría de ellas. En cuanto a los plazos, Polonia tiene ahora 45 días para efectuar el pago de estos 69 millones antes de que la Comisión Europea continúe con el proceso”.

Si Polonia no pagase, algo que no ha pasado antes en las multas que Bruselas impone a los países cuando no aplican la legislación comunitaria, la Comisión podría retener pagos de financiación comunitaria asignados a este país, como fondos de cohesión, que se deducirían con intereses.

En un caso separado, recuerda Efe, la Comisión Europea comenzó el pasado 12 de enero a reclamar a Polonia el pago de otra multa de 500.000 euros diarios impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hasta que Varsovia respete el fallo cautelar que le obliga a cerrar la mina de lignito de Turów, junto a la frontera de República Checa y Alemania.

Primer gran golpe comunitario al desafío polaco a la independencia judicial del país. La Justicia europea ha impuesto este miércoles una multa de un millón de euros diarios mientras Varsovia no cumpla con las medidas cautelares del tribunal de la UE, que exigía la retirada de la reforma judicial que creaba una Sala Disciplinaria en Polonia que limitaba la independencia judicial.

“Como no ha suspendido la aplicación de las disposiciones de la legislación nacional relativas a los ámbitos de competencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo, se condena a Polonia a abonar a la Comisión Europea una multa diaria de 1.000.000 euros”, afirma el Tribunal de Justicia de la UE: “El cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas el 14 de julio de 2021 es necesario para evitar un perjuicio grave e irreparable al ordenamiento jurídico de la Unión Europea y a los valores en los que se fundamenta dicha Unión, en particular el del Estado de Derecho”.

Polonia y el resto de la Unión Europea se encuentran en medio de una gran tensión por la sentencia del Tribunal Constitucional polaco a principios de octubre, que negaba la preeminencia de algunas partes de los Tratados de la UE sobre las leyes polacas, lo que venía a situar al país fuera del ordenamiento jurídico de la UE.

La decisión del tribunal con sede en Luxemburgo de este miércoles responde a la petición de la Comisión Europea de principios de septiembre de solicitar al Tribunal de Justicia que de la UE imponga sanciones económicas a Polonia para garantizar el cumplimiento de la orden de medidas cautelares del Tribunal sobre el funcionamiento de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia y la suspensión de otras disposiciones de la legislación polaca que afectaban a la independencia judicial.

La Comisión Europea considera que “Polonia ha informado sobre la intención de desmantelar la Sala Disciplinaria en su forma actual, pero sin proporcionar más detalles. Por ejemplo, el presidente de la Sala Disciplinaria siguió designando tribunales disciplinarios de primera instancia para conocer de los casos de los jueces de tribunales ordinarios”.

El 14 de julio de 2021, el Tribunal de Justicia impuso medidas cautelares a Polonia, que no ha cumplido y de ahí la multa de este miércoles, relacionadas con el funcionamiento de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia, accediendo a la solicitud de la Comisión Europea en todos los puntos.

El Tribunal ordenó a Polonia suspender las disposiciones mediante las cuales la Sala Disciplinaria de la Corte Suprema pueda resolver sobre las solicitudes de levantamiento de la inmunidad judicial, así como en materia de empleo, seguridad social y jubilación de los jueces de la Corte Suprema; suspender los efectos de las decisiones ya adoptadas por la Sala Disciplinaria sobre el levantamiento de la inmunidad judicial; y suspender las disposiciones que impiden a los jueces polacos aplicar directamente la legislación de la UE que protege la independencia judicial y remitir al Tribunal de Justicia las decisiones preliminares sobre tales cuestiones.

Calma en la cumbre

Los principales países de la UE apostaron en la cumbre de la semana pasada por el diálogo con Varsovia, si bien han recordado al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que están disponibles las herramientas para congelar 106.000 millones por violar el Estado de Derecho, cosa por la que el Parlamento Europeo está llevando a la Comisión a los tribunales.

“Los Estados miembros apoyan el diálogo y también piden utilizar los mecanismos existentes previstos por los tratados, así como los textos existentes”, explicaban fuentes diplomáticas: “El debate ha revelado que los miembros del Consejo Europeo están convencidos de que el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial son absolutamente fundamentales. Los instrumentos legales e institucionales ya se han activado y aún podrían activarse. El debate se ha desarrollado en un ambiente sereno, y fue la ocasión para identificar las dificultades exactas y comprender mejor los diferentes puntos de vista. El presidente Michel agradeció el enfoque constructivo: la retórica y el respeto mutuo pueden facilitar o complicar las soluciones, y el presidente concluyó que el diálogo debe seguir para encontrar soluciones. El debate de esta noche es un paso que debería ayudar a encontrar soluciones”.

Alemania y Francia temen que la presión podría llevar a Polonia a responder con el bloqueo de decisiones de la UE, así como debilitar el europeísmo polaco. Además, todos los presentes tienen en la memoria el pasado conflictivo entre Varsovia y Berlín, así como las consecuencias que puede tener el desapego de los países del Este con la UE en términos geopolíticos, dada su cercanía con Rusia.

De hecho, países tradicionalmente duros con el Estado de Derecho, como los del Benelux, no han expresado la dureza que sí mostraron en junio con la deriva homófoba de Hungría, por ejemplo, lo que evidencia que el peso polaco es superior, en particular en las peleas por la política agraria común, que también afecta a España, país que también ha llamado al diálogo, si bien nadie ha pedido descartar las medidas más duras.

La imagen de la Justicia como servicio público está cada vez más deteriorada al tiempo que los ciudadanos desconfían mayoritariamente de la independencia de los jueces y tribunales encargados de impartirla. Esta es una de las principales conclusiones de diferentes sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que, en las últimas décadas, han abordado la percepción ciudadana de este poder del Estado, lastrado en la actualidad por la batalla política en torno al bloqueo a la renovación de su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya ha rebasado los mil días en funciones.

A principios de los años 90 el porcentaje de encuestados que consideraba que la justicia funcionaba mal o muy mal pasó de estar por debajo del 30% a subir al 45%. En 1998 ya era del 57%. El porcentaje ha sufrido algunas variaciones pero el descontento con el tercer poder del estado se ha mantenido en los estudios realizados durante estos 30 años.

Además, la administración de justicia aparece como el servicio público peor valorado por los ciudadanos por detrás de la ayuda a personas dependientes o la gestión de las pensiones en un estudio realizado entre los días 21 y 29 del pasado julio, cuando la parálisis institucional del CGPJ ya copaba parte de la agenda política. Dos de cada tres encuestados, un 65,7% del total, contestó que la administración de justicia funciona poco o nada satisfactoriamente, según ese sondeo, que, en plena pandemia por la COVID-19, situó la asistencia sanitaria como el servicio público mejor valorado, justo en el lado opuesto de la lista.

Otros estudios del CIS que han sondeado las opiniones sobre el funcionamiento de jueces y tribunales también vienen evidenciando el deterioro de la percepción de la Justicia entre los ciudadanos, con evaluaciones muy críticas sobre la independencia de los jueces o la excesiva burocratización, pero también sobre la falta de medios en los juzgados. La última vez que el instituto demoscópico público incluyó una batería de preguntas específicas sobre el funcionamiento de la justicia fue en 2019, cuando un 48% de los encuestados calificó de “malo” o “muy malo” el funcionamiento de la Justicia. 

En el estudio previo de 2011 también prácticamente la mitad de los encuestados —el 48%— habían considerado que la administración de justicia funcionaba mal o muy mal en su conjunto, un porcentaje inferior al registrado en el informe de 1998, cuando las respuestas ahondaron en la crítica hacia uno de los tres poderes del Estado. Entonces, un 56,7% de los encuestados ofrecieron una valoración negativa al considerar que la Justicia funcionaba mal o muy mal. Este porcentaje fue del 39,3% en 1996, del 45,6% en 1995, del 44,7% en 1992 y del 28,8% en 1987, que es el primer registro de la serie.

En 2019, la mayor parte de esa masa crítica con la administración de justicia justificó su percepción sobre varias ideas principales: las penas son muy blandas, hay mucha burocracia o la justicia está politizada y ofrece un trato discriminatorio. Y, entre todos ellos, un dato especialmente preocupante: el 50,8% de los encuestados valoró como “bastante bajo” o “muy bajo” el grado de independencia de los jueces, mientras que apenas uno de cada tres encuestados —un 29,4%— opinó que era “bastante alto” o “muy alto”. 

Ese estudio mostró que el porcentaje de descontentos era levemente menor en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo: un 44,2% afirmó que el grado de independencia de sus jueces era “bastante bajo” o “muy bajo”. El trabajo de campo de ese estudio se realizó a mediados de julio de 2019, semanas después de que acabase la vista oral del procés y de que el Al Tribunal sentenciara por unanimidad que la agresión en grupo de La Manada fue una violación y elevara las condenas a quince años de cárcel a los cinco acusados. 

Este lunes, durante su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo en funciones, Carlos Lesmes —que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar— reivindicó la independencia judicial, que definió “no como un privilegio de los jueces, sino, y, sobre todo, como lo que verdaderamente es: una garantía de los ciudadanos”.

A pesar de sus críticas, los ciudadanos también son conscientes de la falta de medios que asola a la administración de justicia, tal y como vienen denunciando de forma reiterada las asociaciones profesionales. Según el estudio específico de 2019, el 61% de los encuestados calificaron de “insuficientes” los medios con los que cuentan, para la realización de sus tareas y sólo un 21,4% los consideró “suficientes”. 

El pasado martes 20 de abril, en medio de una guerra deportiva, económica y política en Europa tras la rebelión de los clubes ricos del fútbol y su pretensión de crear otra competición restringida a ciertos equipos, una resolución judicial logró acaparar grandes titulares. La “justicia” prohibía a la FIFA y a la UEFA tomar represalias contra los impulsores de ese proyecto que tanto estaba dando qué hablar, señalaban algunos medios. Florentino Pérez gana la primera batalla judicial, titulaban otras cabeceras.

Todo eso se basaba en la resolución de un juez de lo Mercantil de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, que, en un auto de 15 páginas, ordenaba a ambas entidades privadas abstenerse de boicotear la flamante Superliga –capitaneada por el presidente del Real Madrid y donde también se integraban el Barcelona y el Atlético de Madrid y hasta 12 equipos europeos– aceptando así las medidas cautelarísimas solicitadas por sus promotores. 

Ruiz de Lara acordó esas medidas inaudita parte, es decir, sin oír las alegaciones de los demandados, lo que causó cierta sorpresa en medios judiciales al tratarse de unas medidas “muy restrictivas”, que se otorgan “con carácter muy limitado” en el ámbito civil y que además en este caso son anticipativas, pues adelantan directamente el fallo. Que se sepa, UEFA y FIFA ni se inmutaron y mantuvieron sus amenazas a los equipos que siguiesen adelante con su plan: sus jugadores no podrían participar en mundiales ni eurocopas, entre otras sanciones.

Varios especialistas en Mercantil coinciden en lo inaudito del auto de Ruiz de Lara y resaltan la “rapidez” con la que se hizo una resolución que afecta a un negocio que mueve miles de millones de euros y en el que hay “un trasfondo de presión de unos regulados frente al regulador”. 

El magistrado Ruiz de Lara, a preguntas de elDiario.es, sostiene que la aplicación de estas medidas “no es tan inhabitual” e insiste en se trata de una primera resolución, una “tutela indiciaria”, y que habrá que esperar a una futura vista, tras la que se verá si se ratifican o anulan. En su auto, Ruiz de Lara no entra al fondo del asunto pero sí afirma que la la FIFA y la UEFA “han abusado de su posición de dominio”, pues, en base a sus estatutos, “someten a autorización la creación de competiciones deportivas”, pudiendo incluso imponer sanciones a clubes. El juez afirma que como consecuencia de su “monopolio” en la organización de las competiciones y la gestión en exclusividad de sus rendimientos económicos, tienen un interés claro en la “denegación o autorización de la organización” de las competiciones.

Crítica a los “trepas” del Gobierno

El fracaso del proyecto –al tiempo que Ruiz de Lara escribía su auto, los seis equipos ingleses iban descolgándose del nuevo grupo– hará que posiblemente los efectos de esta resolución, contra la que no cabe recurso, quede en nada. Los demandados pueden no obstante pedir que se levanten las medidas a través mecanismo de oposición, con carácter previo a la vista. De momento no consta que UEFA o FIFA hayan respondido. El episodio ha hecho ganar popularidad a Ruiz de Lara (Madrid, 1979) y su nombre quedará ligado en los buscadores de noticias a la fallida rebelión de los multimillonarios, jeques, constructores y magnates del petróleo que controlan los clubes ricos en el fútbol europeo. 

Pero el magistrado había empezado a construir su hemeroteca virtual mucho antes. En los últimos años ha estado destinado como juez de lo Mercantil en Cádiz, Barcelona y, ahora, en Madrid donde compatibiliza su labor con una febril actividad en redes sociales y artículos de prensa. Es sus tuits más cautos defiende la “independencia judicial”, pero en otros dirige graves descalificaciones a la clase política.

En los últimos tiempos esas críticas van especialmente enfocadas al Gobierno de coalición y a miembros de las formaciones políticas que lo sustentan, aunque él insiste en que, en el pasado, también ha censurado al PP por haber mantenido el mismo sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la que considera una de sus grandes batallas. “Las últimas críticas son al actual ministro porque está en el Gobierno y mantiene la misma dinámica del anterior, pero el actual sistema presidencialista viene de la época de [Alberto Ruiz] Gallardón”, declara a preguntas de este periódico. 

Lo cierto es que en un vistazo a su perfil personal en Twitter es fácil encontrar descalificativos al actual titular de la cartera de Justicia, Juan Carlos Campo, al que define como “ministro sin principios” o “trepa sin honor”. “No tienen honor, sólo son trepas sin escrúpulos”, escribe en otro mensaje reciente sobre Jaume Asens, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. El año pasado, en un artículo publicado en el portal jurídico Confilegal se refirió al entonces vicepresidente Pablo Iglesias como “Stalin de bolsillo”. “Ninguno tiene ni honor ni principios ni formación, sólo son ”niños de partido“ sedientos de poder dispuestos a todo”, ha dicho también sobre Pedro Sánchez y Pablo Casado.

En contraposición, ha ensalzado en sus mensajes a la portavoz parlamentaria de Vox, Macarena Olona, quien según su criterio encarna el honor que le falta a sus rivales políticos. “Hay políticos que trepan y denigran la democracia. Luego están otros como ella, Macarena Olona, que optan por los principios y por el honor. No es cuestión de ideologías o partidos, sino de defender el Estado de Derecho y la independencia judicial. Nada más y nada menos”, afirma en un mensaje reciente a raíz del recurso de inconstitucionalidad que el partido de extrema derecha ha presentado contra la reforma que limita las competencias del CGPJ cuando está en funciones. 

Afiliado a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), niega tener un especial vínculo con la formación de extrema derecha y defiende su derecho como ciudadano a expresar sus opiniones y a advertir a los ciudadanos de los “riesgos” de que “gobiernos de izquierda y de derecha metan sus manos en el Poder Judicial”. Los jueces y magistrados, como cualquier ciudadano, tienen derecho a la libertad de expresión aunque es habitual que se expresen públicamente con cierta mesura precisamente por la función jurisdiccional que desarrollan y para preservar su apariencia de imparcialidad. No es el caso de Ruiz de Lara, que insiste en que él diferencia su “vida privada” y su condición de ciudadano con derecho a expresarse libremente y su profesión en el juzgado. 

En los últimos días también han adquirido cierta relevancia mensajes en su cuenta personal de Twitter críticos con el máximo responsable de la Superliga, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y en teoría uno de los grandes beneficiados de su resolución. Ruiz de Lara, seguidor del Atlético de Madrid, otro de los clubes que integraban en un principio este proyecto aunque se dio de baja, ha acusado a Pérez de “cargarse la selección” o ha ironizado con la posición del Real Madrid ante el VAR. “En el Metropolitano no se amenaza con pirarse de la competición si el VAR perjudica, se luchará y sufrirá en Turín, luego más arriba la Castellana… Florentino y tal y tal”, escribió en su Twitter, según publicó VozPópuli. 

Hace apenas semanas, el pasado 9 de marzo compareció en el Congreso en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática y la lucha contra la corrupción, donde mantuvo un encontronazo con el diputado de Podemos Pedro Honrubia, quien le preguntó qué le parecía que se hicieran públicas cenas o comidas entre un magistrado y una diputada. Aunque no la citó, se refería a una fotografía de él en un restaurante con Olona. Tras esa comparecencia, Ruiz de Lara afirmó en su cuenta de Twitter que había sentido “mucha vergüenza por la falta de cualificación” de algunos diputados del PSOE y Unidas Podemos que “ni saben ni tienen ganas de trabajar”. 

Defiende que el hecho de comer o cenar con un político no “condiciona” la independencia de un magistrado. E insiste en que también ha mantenido reuniones de trabajo —en el Congreso, no en restaurantes— con diputados del PSOE o Unidas Podemos. Lo ha hecho en calidad de portavoz de Plataforma Cívica Independencia Judicial, un colectivo creado en 2010 y que reúne a jueces y juristas (abogados, notarios…) en pro de la despolitización de la Justicia española. En los últimos años ha lanzado varios informes críticos con la gestión del CGPJ y su política de nombramientos. Entre los fundadores está Javier Nart, uno de los dirigentes históricos y más veteranos de Ciudadanos, que aunque dejó el partido en 2019 se negó a renunciar a su escaño en la Eurocámara y sigue siendo eurodiputado. 

Ruiz de Lara no es precisamente alguien que pase desapercibido en la carrera y es especialmente conocido en el ámbito asociativo. Algunos jueces que han tratado con él lo definen como una persona “peculiar”, “particular”, “un poco disparatado” y “exacerbado en las formas”. “Quizá debería tener un poco más de responsabilidad en sus declaraciones públicas. Hay cosas que chirrían en la boca de un magistrado y parece que uno pierde un poco de legitimidad”, dice un juez que ha tratado con él. Otras fuentes destacan su gusto por la “exposición mediática” y por ser “el perejil de todas las salsas”. 

En junio de 2017, con Carlos Lesmes como presidente, el CGPJ le abrió un expediente disciplinario por supuestamente no pedir la compatibilidad para organizar unos torneos de debate universitario. Entonces, las principales asociaciones judiciales y los jueces decanos de toda España pidieron explicaciones a Lesmes sobre las circunstancias de esta investigación, de la que Ruiz de Lara denunció su carácter secreto, aunque el CGPJ siempre negó ese extremo. Al final, el expediente quedó archivado cuatro meses después. 

En el ámbito estrictamente profesional suele mostrarse orgulloso de las 13 cuestiones prejudiciales que ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para denunciar que la legislación hipotecaria no se ajusta al ordenamiento comunitario en lo relativo a las cláusulas que habitualmente figuraban en los contratos hipotecarios y que han servido para algunas de ellas se declaren nulas en juzgados españoles. De hecho, en su última comparecencia en el Congreso afeó a los diputados la falta de iniciativas parlamentarias para proteger al deudor hipotecario y a las personas que están en situación en precariedad en los procesos de ejecución hipotecaria. “No sé si es por desconocimiento o por falta absoluta de interés”, les espetó.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), organismo que está en funciones y con el mandato caducado desde diciembre de 2018, ha emitido este miércoles un comunicado en el que insiste en que “el respeto a la independencia del Poder Judicial, expresión de la división de poderes, es un elemento clave del Estado de Derecho y de la propia democracia”. 

Aunque no cita expresamente a la formación, el comunicado llega días después de que algunos dirigentes de Podemos se mostraran críticos con la actuación judicial en la causa que ha abierto contra el partido y varios miembros de su cúpula un juzgado de Madrid. Destacados cargos como su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, o su portavoz de secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, Rafael Mayoral, han calificado esas pesquisas de “esperpento”, “despropósito” o “juicio fake”.

“La confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y magistrados es la mejor garantía para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos”, dice el acuerdo, que no ha sido aprobado por unanimidad. El texto ha contado con el respaldo del presidente, Carlos Lesmes, y cuatro vocales —José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya—. Todos ellos pertenecen al bloque conservador, esto es, elegidos a propuesta del PP. Han votado en contra los vocales Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y Álvaro Cuesta, del sector progresista.

Este último califica en un voto particular de “innecesaria” e “inoportuna” una declaración que se ha tomado “de forma sorpresiva” porque el asunto no estaba incluido en el orden del día de la sesión de este miércoles. Asimismo, Cuesta tacha el texto de “indiscriminado” porque no especifica a qué comportamientos o declaraciones se refiere, lo que puede “generar confusión en la opinión pública” o “cuestionar” derechos inalienables como a la libertad de expresión y opinión o a la defensa procesal.

Las otras reprimendas a Iglesias

En otras dos ocasiones el órgano de gobierno de los jueces reprendió directamente al líder de Podemos y actual vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por sus palabras sobre la judicatura. La primera fue el pasado enero, solo dos días después de que prometiera su cargo en la Moncloa. Entonces, reclamó a Iglesias que evitara “la utilización política” de la Justicia después de que calificara como “humillación” que “muchos” tribunales europeos hubieran “quitado la razón” a jueces españoles en resoluciones relacionadas con el procés.

La segunda reprimenda llegó el pasado abril, cuando la Comisión Permanente del CGPJ mostró su “profundo malestar” y “absoluto y rotundo rechazo” ante las declaraciones de Iglesias sobre la sentencia que condenó a 19 meses de cárcel por un delito de atentado y lesiones leves en una protesta contra un desahucio a Isa Serra, portavoz estatal de Podemos y diputada en la Asamblea de Madrid.

Iglesias había afirmado que le invadía “una enorme sensación de injusticia” tras esa condena. “En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”, señaló en su cuenta de Twitter. Para la mayoría de vocales de la Permanente del CGPJ esas declaraciones habían generado “una sospecha inaceptable respecto del proceder de juzgados y tribunales”, por lo que pedían a Iglesias “moderación, prudencia y mesura”.

Enrique López López es el juez que fue apartado por sus propios compañeros de los juicios de la Gürtel y de la caja B por su evidente cercanía con el Partido Popular. Es el juez promocionado al CGPJ por el PP. Es el juez ascendido al Tribunal Constitucional por el PP, a pesar de que cuando se planteó su candidatura no cumplía con los requisitos legales. Es el juez que cobró medio centenar de conferencias de la FAES, entonces la fundación del PP. Es el juez de la Audiencia Nacional que puso palos en las ruedas a la investigación de los papeles de Bárcenas, siempre al servicio del PP.

Enrique López es también el juez que tuvo que dimitir del Constitucional por conducir su moto borracho y sin casco por pleno centro de Madrid. Es el juez al que el Partido Popular, a través de las mayorías conservadoras en el Poder Judicial, promocionó a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Es el juez cuyo nombramiento después fue anulado por el Tribunal Supremo porque no era el candidato con más méritos para ese puesto, clave para el PP. Porque todos los grandes casos de corrupción pasan por la Audiencia Nacional. Y todas esas sentencias iban a ser después revisadas por esa Sala de apelaciones donde a López le quisieron colocar.

Enrique López López es el juez que ahora ha elegido Isabel Díaz Ayuso (o más bien Pablo Casado) como consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Y hay tres maneras de explicar este nuevo ascenso de López, otra vez de la mano del PP.

La primera, “que viva el vino”. Porque López no es el único miembro relevante del gobierno de Díaz Ayuso condenado por conducir borracho. También es parte fundamental de ese equipo Miguel Ángel Rodríguez, igualmente sentenciado por chocar contra tres coches aparcados cuando conducía borracho. MAR, como se le conoce al exsecretario de Estado de Comunicación de Aznar, es hoy uno de los asesores clave en el nuevo gobierno madrileño del PP, donde a nadie le dicen cuántas copas se tienen que tomar. Le avala, entre otros méritos, haber cobrado 600.000 euros en publicidad, otorgados a dedo por los gobiernos de Esperanza Aguirre para un medio de comunicación desconocido que vivía de la mamandurria “liberal”.

La segunda, que viva la independencia judicial. Porque López es la antítesis de la separación de poderes. Es la prueba del tipo de “regeneración” que avala Ciudadanos en Madrid. Es el mejor ejemplo con toga de la lealtad del PP con los jueces dispuestos a ser leales con el partido. Incluso si cometes un delito que pone en riesgo la vida de los demás –conducir completamente ebrio– el PP nunca deja a uno de los suyos atrás.

Y la tercera, que viva la lucha contra corrupción. Porque tener como consejero de Justicia de Madrid a Enrique López es una buena noticia para Ignacio González, que le elogió públicamente como “un magnífico magistrado y excelente persona”. Porque la buena relación entre ambos va más allá de la simple cordialidad. Según las escuchas del caso Lezo, González y López se reunieron en privado cuando el expresidente de Madrid maniobraba para cambiar a los jueces y fiscales que estaban investigando su corrupción.

Tener a un juez de la Audiencia Nacional en el Gobierno del PP de Madrid es también una buena noticia para otros políticos del mismo partido que hoy están muy preocupados por su futuro judicial. Como Esperanza Aguirre, a la que Anticorrupción pide imputar por la financiación ilegal del PP. O Cristina Cifuentes, que ya está procesada por el caso Máster y que también participó en Fundescam, la fundación que su partido utilizó para recaudar donaciones ilegales con las que pagar las campañas en B a la trama Gürtel. O Francisco Granados, exsecretario general del mismo PP de Madrid del que salen tanto Pablo Casado como Isabel Díaz Ayuso.

“Trabajaremos para que cada madrileño viva su vida en libertad”, dice Díaz Ayuso. En libertad bajo fianza, como Ignacio González, si es que la libertad sin cargos no se puede lograr.