La derecha judicial se revuelve contra una hipotética ley de amnistía

No hay ningún borrador ni texto preliminar —al menos, que se haya hecho público—, pero la hipótesis de que el PSOE y las fuerzas independentistas aborden el carpetazo definitivo al procés a través de una amnistía ya ha provocado reacciones críticas en los sectores más conservadores de la judicatura y la fiscalía. Un posicionamiento público que coincide con los movimientos del Partido Popular, que esta semana ha endurecido su discurso tratando de ahondar en la deslegitimación de instituciones democráticas como el Tribunal Constitucional. Precisamente, la instancia que tendrá la última palabra sobre cualquier iniciativa jurídica de despenalización de las causas que derivan del 1 de octubre de 2017. 

“Es muy difícil estar de acuerdo con ello”, dijo el pasado lunes el flamante presidente del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) en funciones al ser preguntado por los periodistas sobre la posible elaboración y promulgación de una ley de amnistía. Minutos después, ya en su discurso de apertura del curso en la Universidad de Valladolid —donde es catedrático de Derecho Civil—, Vicente Guilarte tiró de un clásico de la literatura como es Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, para afirmar: “Los ilusionistas del derecho van a aparecer de nuevo con sus arbitrios mágicos para convencernos de la bondad constitucional de la amnistía que, a mi juicio, los más prudentes cuestionan”.

Dos días después, este miércoles, Guilarte volvió a ser preguntado por una hipotética amnistía en una entrevista en la Cadena SER. Afirmó que es un debate que no hay que enfrentar “de una manera dramática”, aunque insistió en que le parece “cuestionable” abordar esta vía “sin otra justificación que la mera coyuntura electoral”. A su juicio, es una “institución” que requiere dos elementos que “no es fácil acreditar” en el actual escenario: el interés general y un cierto consenso, si bien esgrimió que es conocida la “necesidad y urgencia” de los “votos” del expresident catalán Carles Puigdemont.

Guilarte, de 70 años, se convirtió el pasado julio en la primera autoridad judicial del Estado al ser elegido presidente del órgano de gobierno de los jueces, una institución que arrastra una inédita situación de interinidad desde hace cinco años por el bloqueo del PP a su renovación. Abogado y docente, fue elegido en su día vocal del CGPJ a propuesta del principal partido de la derecha. Muy cercano a la familia de Mariano Rajoy, uno de sus principales clientes ha sido en los últimos años el Colegio de Registradores de la Propiedad, donde fue alto cargo uno de los hermanos del expresidente del Gobierno. 

En el ámbito de la judicatura, las críticas más intensas al hipotético alivio penal del procés han llegado desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera, con 1.355 afiliados de un total de 5.408 jueces y magistrados en activo. Su presidenta, María Jesús del Barco, se mostró muy contundente este martes en una entrevista en La Noche en 24 horas (TVE), en la que afirmó que la amnistía supone “aniquilar la separación de poderes” y“ negar la existencia del Poder Judicial”. “La Constitución no es un chicle que se estira y se encoge, ni una goma que de tanto tirar se rompe. La democracia no puede permitirse estos juegos”, afirmó. 

Durante su intervención, Del Barco fue preguntada sobre la constitucionalidad de la amnistía y su respuesta fue tajante: “claramente, no cabe” en la Carta Magna. Su tesis es que como la Constitución “prohíbe los indultos generales, que tienen consecuencias más suaves”, también impide la amnistía. “Yo creo que si prohíbe lo menos, lógicamente, prohibirá lo más”, aseveró esta magistrada, que es también decana de los jueces de Madrid.

Es la misma interpretación que hicieron en 2021 los letrados del Congreso cuando recomendaron a la Mesa de la Cámara no tramitar una ley de amnistía propuesta por ERC y Junts. Algunos expertos han venido considerando, sin embargo, que el hecho de que ni la Constitución ni el Código Penal hagan alusión alguna a la amnistía –ni permitiéndola ni prohibiéndola– abre la puerta a su constitucionalidad. Así se han posicionando reconocidos juristas como el expresidente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Pascual Sala o el exvicepresidente del tribunal de garantías Juan Antonio Xiol. 

Menos tajante que Del Barco se ha mostrado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (859 afiliados), Jorge Fernández Vaquero, que en una entrevista en Efe afirmó que la amnistía para los líderes y la llamada segunda línea de dirigentes del procés “es una medida que tiene difícil encaje en la Constitución” y que “preocupa” en la carrera judicial. Fernández Vaquero dejó claro que una ley de amnistía es una cuestión política que tendrán que manejar las Cortes pero, llegado el caso, avisó de que su asociación estará vigilante para que se cumpla la Constitución.

La semana pasada, el asunto de la hipotética amnistía sobrevoló casi todas las conversaciones en el acto de apertura del año judicial. Aunque la palabra en sí no fue citada en los discursos que ofrecieron el presidente del Tribunal Supremo y el fiscal general, sí apareció en las charlas informales de la recepción posterior. La visión general es que es una posibilidad que genera inquietud en el Alto Tribunal, que fue la instancia judicial que diseñó toda la arquitectura jurídica contra el procés y que avaló después el Constitucional.

De hecho, los jueces de la Sala de lo Penal que juzgaron el procés se refirieron de manera tangencial a la amnistía en el informe por el que se opusieron a los indultos de Oriol Junqueras y el resto de dirigentes. El tribunal que enjuició esos hechos reprochó la “preferencia por la amnistía” del exlíder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Según los jueces, es una medida que “prescinde de una enseñanza histórica que evidencia que, en no pocos casos, las leyes de amnistía han sido el medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos contra las personas y sus derechos fundamentales”.

Las críticas de la Asociación de Fiscales

En el ámbito de la Fiscalía, las principales objeciones a una hipotética amnistía han llegado desde la Asociación de Fiscales (AF), de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera. Su presidenta, Cristina Dexeus, ha dado en los últimos días varias entrevistas en las que ha cargado duramente contra el posible alivio penal del procés.

“El Estado de Derecho peligra porque hacer concesiones de este tipo a quienes han atentado contra la Constitución es ponerse a su lado, y por tanto, contra la Constitución y el Estado de Derecho”, dijo el pasado 8 de septiembre en una entrevista en Confilegal. “El ser independentista no puede suponer una patente de corso para cometer delitos, que es lo que pretenden con la amnistía”, añadió. 

Un día antes, en otra entrevista en Onda Cero, la presidenta de la AF defendió que la Constitución “no ampara” una posible amnistía. Y utilizó para ello la misma argumentación que su homóloga en la APM. “Si la Constitución prohíbe lo menos [en alusión a los indultos generales], prohíbe lo más que sería la amnistía, el borrón y cuenta nueva, el olvido, la desaparición del delito y de todas sus consecuencias”. 

En otra intervención en Cope, Dexeus fue preguntada por si “cada vez está más lejos la separación de poderes” a propósito de cuestiones como los indultos o la posible amnistía. Y en su respuesta, no dudó en cargar contra el Ejecutivo. “Desde hace un tiempo existe la tendencia a socavar la separación de poderes, a socavar la credibilidad y el ejercicio adecuado de las funciones propias de las instituciones con ese constante descrédito por parte de miembros del Gobierno, de políticos, sobre la actuación de quienes se encargan de impartir justicia”, contestó.  

La Asociación de Fiscales también publicó la semana pasada un comunicado en el que criticó el “silencio” del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante la “gravedad” de la petición formulada por Puigdemont, que pidió que el Gobierno maniobrara “a través de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado” para lograr “el abandono completo y efectivo de la vía judicial” ante los hechos de octubre de 2017. Fuentes de la Fiscalía reaccionaron ante este comunicado afirmando que la institución sólo de se pronunciará, si es que le toca hacerlo, si finalmente se aprueba la ley y ésta se recurre ante el Constitucional. 

La AF es la misma asociación que el pasado abril invitó a una cena-coloquio en un hotel de Madrid al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Una cita que no estaba agendada entre sus actividades. Según desveló El País, fiscales con puestos de nivel en el Supremo como Antonio Narváez o Consuelo Madrigal aprovecharon ese encuentro para expresar su cercanía ideológica con Feijóo y criticar al Gobierno por la “falta de democracia en los procedimientos legislativos” o por sus alianzas “con los filoetarras de Bildu”. 

La cita, a la que también acudió Dexeus, soliviantó al Ejecutivo, que calificó de “gravísimo” un encuentro en el que algunos fiscales hicieron comentarios que chocan con el Código Ético de la carrera fiscal, que recuerda que los miembros del Ministerio Público “deben abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad”.