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Los socios del Gobierno claman en el Congreso contra la “prevaricación” de García Castellón

La diputada de ERC Pilar Vallugera durante el debate sobre la ley de amnistía en el Congreso.

Alberto Ortiz / Aitor Riveiro

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Los socios del Gobierno creen que hay jueces que están cometiendo “prevaricación” para evitar que la futura ley de amnistía tenga validez. Es lo que en diferentes términos y con diferentes intensidades han asegurado este martes desde la tribuna del Congreso los portavoces de Sumar, Junts, Esquerra Republicana y Podemos. Precisamente en el debate en la Cámara Baja que debate por primera vez la ley de amnistía, que no saldrá adelante después de que el PSOE no haya aceptado las enmiendas de los de Carles Puigdemont que buscaban incluir todos los delitos de terrorismo en la norma.

La mayor parte de las críticas han ido contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que sin ir más lejos esta misma semana decidió alargar durante seis meses más la causa de Tsunami Democràtic, que investiga como posible terrorismo las protestas masivas contra la sentencia del procés en Catalunya. Hace apenas unos días admitió que empezó a investigar al expresident de la Generalitat el pasado noviembre, en plena negociación por la ley de olvido penal del procés, pese a que abrió la causa cuatro años antes. En otro documento, el magistrado replicaba el nuevo redactado sobre el terrorismo en la norma pactado entre el PSOE y los independentistas y deslizaba de nuevo su intención de no amnistiar la causa de Tsunami Democràtic.

“Esta ley tiene unos agujeros con los que la justicia española puede dejar la ley en papel mojado”, ha denunciado durante el debate en el Congreso la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que pedía al PSOE que aceptara sus enmiendas para incluir los delitos que esos jueces consideran terrorismo en la causa. “Tienen dos opciones: votar a nuestras enmiendas y combatir a los jueces que sincronizan sus agendas con las agendas políticas. Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que acordamos”, les ha pedido a los diputados socialistas.

Nogueras ha incluido en su discurso duras críticas contra García Castellón pero también contra otros como Joaquín Aguirre, que concedió recientemente una entrevista a la televisión pública alemana para alimentar las sospechas sobre las conexiones rusas del procés que investiga en la causa Volhov.

“El juez Aguirre se pase por las televisiones europeas prevaricando”, ha dicho Nogueras. “El Gobierno debería demostrar su autoridad ante estos hechos pero se deja arrastrar por la estética y los titulares”, ha denunciado. “Nuestras decisiones no las toma ningún diario ni la cúpula judicial española”, ha proseguido.

Esquerra Republicana también ha centrado parte de su discurso en el Pleno en los jueces que ha calificado de “prevaricadores”, aunque ha arremetido al mismo tiempo contra Junts por dejarse llevar por los movimientos de esa parte de la judicatura. “Esta ley tiene la fuerza suficiente para no cambiar según los jueces prevaricadores que quieren hacer naufragar esta ley”, ha dicho la diputada de ERC Pilar Vallugera.

“Al estado le da igual lo que ponga la ley, no hay que hacerlo pensando en los jueces sino en la solidez, robustez jurídica, en que no sea atacable desde la perspectiva jurídica”, ha añadido la parlamentaria republicana, que ha advertido de que la pretensión de los posconvergentes de cambiar la ley es “caer en la trampa” de aquellos jueces que “fabulan”.

“No hubo ninguno de estos delitos”, ha dicho sobre la investigación de García Castellón para imputar un delito de ese tipo a la organización Tsunami Democràtic.

En una línea similar, EH Bildu se ha mostrado a favor de apoyar la ley pese a que no se pueda asegurar “al 100%” frente a los “jueces prevaricadores” que “meten el morro” con sus decisiones. “Esperamos aprobar esta ley. Habrá piedras en el camino. A los enemigos acérrimos de esta ley no les podemos dar oportunidades ni darles victorias. El objetivo es cargarse a este gobierno y la mayoría plurinacional que lo sustenta. La extrema derecha judicial, policial y mediática se está moviendo, y eso es lo que ocurre”, ha lamentado.

“Hay jueces que ven terrorismo retrospectivo por todas partes”

Sumar se ha unido a las críticas del resto de socios parlamentarios del Gobierno contra jueces con García Castellón o Manuel Marchena. El diputado de Catalunya en Comú y secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, ha cargado contra aquellos magistrados que han “empezado a ver terrorismo retrospectivo por todas partes”. “Es curioso que haya un juez de la Audiencia Nacional no viera implicación de María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen a pesar de más de 270 menciones en el caso Villarejo (...) pero haya sido tan diligente para encontrar pruebas contra Podemos o haya comenzado a ver terrorismo retrospectivo por todas partes”, ha dicho en su intervención.

“Cuatro años estuvo la causa contra Tsunami durmiendo el sueño de los justos”, ha proseguido el secretario primero de la Mesa del Congreso, que ha considerado que si se le pregunta por estas acciones a un estudiante de primero de derecho diría que se encuentra ante un juez “parcial” que merece ser “recusado”. “El problema es el de un bloque reaccionario que para gobernar siempre es capaz de todo: espiar, hacer informes falsos, ilegalizar adversarios…”, ha criticado.

Podemos también ha señalado con nombres y apellidos a jueces como García Castellón y ha apoyado las enmiendas de Junts para incluir esos delitos de terrorismo en el ámbito de la amnistía. “Es fundamental que nos vean unidas a todas las personas demócratas que se oponen a que mande más el sector reaccionario del poder judicial y García Castellón que el propio parlamento”, ha dicho la diputada Martina Velarde. “Debemos introducir en la ley delitos de terrorismo porque existen jueces que están intentando aplicar tipos de terrorismo a hechos que no lo son”, ha defendido. “Vemos que el juez García Castellón va dictando leyes al mismo ritmo de la ley para poder esquivarla”, ha añadido.

El Partido Socialista, por su parte, ha afeado a los grupos parlamentarios que hayan “descalificado” a determinados jueces y al poder judicial en general. “Para defender esta cámara y este parlamento no necesitamos ni descalificar al poder judicial ni descalificar al poder judicial ni entrar en temas personales”, ha dicho el diputado socialista Francisco Aranda.

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