Coalición Canaria ha vuelto a cambiar de postura y este viernes ha confirmado que dará el “sí” a la investidura de Pedro Sánchez, prevista para la próxima semana. El partido de Fernando Clavijo, que es presidente en las Islas gracias al apoyo del PP, ha pasado de ser el único denominado “nacionalista” que apoyó a Alberto Núñez Feijóo en su intento de ser presidente a sumarse a esta alianza para la conformación de un Gobierno progresista en España. Ahora, CC mantiene que se trata de un apoyo para conseguir avances para las Islas, pero que continúa rechazando la amnistía para los líderes catalanes del procés. “Hoy firmamos con cabeza, pero puede que no con el corazón porque no nos gusta la amnistía, pero a veces las decisiones hay que tomarlas con toda la racionalidad y la frialdad pensando en lo que beneficia a nuestra gente”, ha dicho la diputada Cristina Valido en la firma del acuerdo. Con este documento, también se borra la línea roja que había mantenido frente a Sumar.

Tras las elecciones generales de julio, Coalición Canaria ha estado jugando a la ambigüedad. La única diputada con la que cuenta en el Congreso explicaba en una entrevista con este periódico que estaría dispuesta tanto a votar a favor de Alberto Núñez Feijóo como de Pedro Sánchez siempre que se respetara la llamada “agenda canaria”, un documento en el que solicitan sobre todo partidas para garantizar que se cumple con el Estatuto de Autonomía y las leyes que regulan el Régimen Económico y Fiscal (REF); como un calendario que incluya el traspaso de competencias reconocidas y partidas específicas. 

“Si de nosotros depende evitar un bloqueo, vamos a pactar”, expresaba Cristina Valido este verano, cuando CC mantenía “líneas rojas” a Vox y a Sumar, como aseguró al día siguiente de conocerse los resultados electorales. Con esos vetos, la formación de Fernando Clavijo, a priori, parecía no querer pactar con ninguno de los dos grandes partidos que podrían conformar Gobierno en España. Sin embargo, finalmente ha anunciado acuerdos con ambos. 

Antes de la conformación del Congreso, Clavijo proponía que fuera presidido por el PNV. La propuesta se producía en un contexto en el que el PP buscaba acercarse a los nacionalistas vascos para lograr su apoyo, pero el PNV rechazó a los populares en varias ocasiones por sus acuerdos con Vox. A finales de agosto, CC firmaba con el partido de Feijóo la llamada “agenda canaria”. Se trataba de un documento idéntico al que hoy firma con el PSOE, aunque ahora incluye medidas ante la llegada de menores migrantes no acompañados a las Islas.

Después de la foto de CC votando a favor de Feijóo junto a Vox (que era una línea roja para los nacionalistas canarios) y UPN, se constató que el candidato del PP a la investidura no contaba con los apoyos suficientes. Entonces, Clavijo ofreció que su partido fuera “llavín” para Sánchez, pues con su apoyo solo necesitaría que Junts se abstuviera; una opción que pronto este último partido declinó. La formación de Clavijo ha sido muy crítica con la Ley de Amnistía, pero también con el Gobierno central por la gestión en materia de migración y al reclamarle más partidas pendientes.

Tras numerosas conversaciones que se han mantenido desde este verano, CC votará “sí” a la investidura de Sánchez en un contexto en el que no le conviene que se produzcan nuevas elecciones. En los comicios de julio, el partido solo logró una diputada por Santa Cruz de Tenerife (donde no se presentó Vox) y perdió la representante que tenía por Las Palmas (por su acuerdo en 2019 con Nueva Canarias, que no se reeditó en esta ocasión).

¿Afectará este pacto a los socios del Gobierno de Canarias?

Se da la circunstancia de que Coalición Canaria gobierna en las Islas con el PP, un acuerdo por el que el nacionalista Fernando Clavijo es presidente y el popular Manuel Domínguez, vicepresidente. Ambos partidos han reiterado estos días que el acuerdo de CC con Sánchez no interfiere en la estabilidad de su acuerdo en el Ejecutivo regional. Domínguez manifestaba en la mañana de este viernes que ya conocía la decisión de CC y que esperaba que Sánchez cumpliera con la “agenda canaria”.

Horas después, Domínguez rectificaba y sostenía que Pedro Sánchez “no tiene palabra”, por lo que no cree que vaya a cumplir aquello a lo que se haya comprometido con Coalición Canaria en su acuerdo de investidura.

CC ha ido alternando sus pactos tradicionalmente entre PP y PSOE, tanto en el ámbito estatal como en Canarias. En 1996, con cuatro diputados en el Congreso, CC respaldó la investidura de José María Aznar (PP), que prestó dos diputados a los nacionalistas canarios para que formaran grupo en el Congreso. En 2004, los nacionalistas negociaron con Zapatero más “autogobierno” para Canarias a fin de apoyar su investidura y contar con buenas relaciones bilaterales.

No es la primera vez que Coalición Canaria pacta con un partido en las Islas y con otro en el ámbito estatal, como recordó recientemente Cristina Valido. En 2008, CC se abstuvo en la investidura de Zapatero mientras gobernaba con el PP de Soria en las Islas. En 2011, pactaron gobernar en Canarias con el PSOE y se abstuvieron en la investidura de Mariano Rajoy.

En 2015, CC gobernó con el PSOE en Canarias y en la investidura de Rajoy de 2016 Oramas firmó también una “agenda canaria” para darle su apoyo. Después, se abstuvo en la moción de censura contra el expresidente del PP y en 2020 Oramas rompía la disciplina de voto acordada por su partido y votaba “no” en la investidura de Sánchez, pese a que su partido había decidido abstenerse.

“No somos azules, ni rojos, ni estamos a la derecha ni a la izquierda. Estamos en la resolución de los problemas de los canarios y estamos en la mesa de diálogo con el Gobierno de España que tiene que escucharnos y contar con nosotros”, zanjó este viernes Cristina Valido.

La única diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha puesto este lunes por delante la “agenda canaria” y que se transfieran al Archipiélago las partidas comprometidas en la negociación de los últimos presupuestos a una posible amnistía a los líderes del procés en la investidura de Pedro Sánchez; una medida con la que ha sido muy crítica estas semanas. Valido recuerda que CC puso este verano como línea roja a Sumar, pero la clave para reconsiderar algunas condiciones es sentarse con el PSOE, unas conversaciones por las que han esperado este fin de semana y no se han producido.

“No es culpa mía que no les pueda contar novedades”, dijo Valido tras la ronda de conversaciones abiertas este lunes con el rey Felipe VI para valorar un nuevo candidato para conformar Gobierno. La diputada afirma que, pese a las declaraciones de algunos representantes socialistas, estas últimas 48 horas no se han producido contactos, por lo que no ha podido avanzar mucha información al monarca y el encuentro fue “breve”.

Preguntada por la posible amnistía, ha asegurado que “nos importa y no estamos de acuerdo, pero una vez que el PSOE nos aclare qué pretende hacer y cómo y responda si se acepta la agenda canaria en su integridad y se transfiere lo que se nos debe, mi partido en Canarias decidirá si es suficiente y cuál es la prioridad”, resumió. “Nosotros estamos aquí para solucionar los problemas de los canarios y este es el objetivo primero por el que los canarios nos votan”, añadió.

Cabe recordar que en el núcleo más conservador de CC, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo y la vicepresidenta del Parlamento canario, Ana Oramas, han reiterado en los últimos días que se oponen a esa posible amnistía. De hecho, es el único partido que se denomina “nacionalista” que se ha quedado solo al posicionarse en contra. Como también ha sido el único denominado así que apoyó la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Sobre un posible veto a Sumar

Sobre la posible línea roja al partido de Yolanda Díaz, Valido ha recordado que los vetos a Vox y a Sumar ya fueron anunciados por su partido este verano y que no es algo nuevo. “Esperemos a que haya algún paso en favor de una negociación para luego podernos posicionar”, ha dicho este lunes en referencia a este tema.

“No me gustaría enredar por enredar por si hubiera una negociación y para ver hasta qué punto reconsiderar nuestra posición en cuanto a cualquier postura”, insistió Valido. “Tendremos que decidir si podemos plantearnos un apoyo aunque se nos diga que eso lleva implícito el camino A”, sostuvo este lunes respecto a esa posible amnistía y sobre Sumar.

Este verano, la diputada de CC se pronunció sobre estas supuestas líneas Rojas a Sumar en una entrevista con Canarias Ahora, donde aclaró que si de su formación depende evitar un bloqueo, estaban dispuestos a hablar. De hecho, a su partido no le interesa volver a repetir elecciones.

En esa entrevista también explicó que “en el caso de Canarias hace cuatro años, Podemos sumó donde pudo para sacarnos de las instituciones y no quiero recordar con qué palabras ni con qué calificativos. Durante cuatro años hemos escuchado a muchos miembros de Podemos en el Parlamento de Canarias definirnos con términos muy insultantes. Es decir, no hemos estado nunca (de ese partido) ni cerca. Y nuestros votantes tampoco lo están, ni de esa ideología ni de ese grupo”.

“Siempre nos hemos comprometido a mantenernos lejos de mantener acuerdos con ese espacio”, dijo en esa entrevista en la que añadió que “diferente es que en un momento dado se plantee una ley que consideremos que es importante para la ciudadanía y nosotros no tengamos en cuenta quién la presenta y la apoyemos”, agregó.

La primero es sentarse a “hablar”

Durante la comparecencia este lunes ha remarcado que todo lo relativo a la amnistía o a la posición sobre Sumar es “futurible” y que le gustaría esperar a las conversaciones con el PSOE, ya que no la formación no está convencida de si si su voto será necesario en esa investidura. Lo cierto es que, de apoyarle, Sánchez no necesitaría el apoyo de Junts, sino que le valdría su abstención.

“Nuestra predisposición es hablar siempre, no vayan más allá… No busquen el sí o el no en este momento”, dijo Valido. La diputada también subrayó que quizás el PSOE esté esperando a que el rey le encargue formar gobierno para sentarse con CC.

Por su parte, el líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, celebró el pasado viernes, a la entrada del Congreso de los Diputados, que se ponga fin a “la farsa” de la investidura del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y ha indicado que esperan lograr el voto a favor de CC para un nuevo periodo de mandato como presidente de Pedro Sánchez.

“Las líneas rojas las pone la organización a partir de la información que recibe del otro lado y esa información no está”, concluyó Valido.

Las mañanas del otoño madrileño se reflejan con viveza en el patio del congreso de los diputados. No hace frío. Poco antes de las doce del mediodía del martes, llegó el candidato Nuñez Feijóo seguido por muchos de los suyos, como un torero con su cuadrilla. En la acera de enfrente, jóvenes y no tanto, le jalearon y aplaudieron enarbolando banderas de España. Ocurrió lo mismo por la noche. Así empezó la mañana. Un discurso plomizo, del cual se llevó la cuarta parte el fantasma de la amnistía y cuatro huevos duros de antisanchismo. En la sala de prensa se consumió mucho café, más el martes que hoy miércoles, la tentación de la cabezada. Pocas propuestas y mucho capote al presidente en funciones para que entrara al trapo por la tarde, demasiado obvio. Y todo, por supuesto, desde el púlpito de la exageración: Feijóo se ha inventado un nuevo tropo, la catastrofización de todos los datos en especial los mejores. Por eso habló de una economía española en las puertas de la recesión y de una educación a punto de convertir en analfabetos a infantes y adultos.

De las propuestas, poca cosa, los conocidos seis pactos de Estado muy difusos y algún que otro recorte de impuestos sobre los que el PP suele hacer mutis cuando llega al poder. En los pasillos, aparte del aburrimiento, nadie entendía ni entiende la estrategia del candidato popular. Pero la tarde del martes repercutió en cataclismo cuando apareció Óscar Puente como portavoz del PSOE. El rostro normalmente impenetrable de Feijóo se transmutó en cántaro que se rompe camino de la fuente. Una presunta asesora áulica del popular me contó que por la mañana, antes de salir de casa, se pertrechó con un ejemplar gastado de “Merlín e familia e outras historias” de Álvaro Cunqueiro y eso le salvó de la atonía personal. Superó la bofetada del Sánchez ausente –quizás una descortesía parlamentaria a la vez que una hábil estrategia de descomprensión- y se armó de ironía galaica para despreciar con educación al no alcalde de Valladolid y serpentear con mucha habilidad a los portavoces de ERC y Junts, quizás su mejor momento de las dos jornadas de debate de investidura. Esa fue otra añagaza: nadie lo ha querido llamar así, que si pareció una moción de censura o un debate del estado de la Nación. ¿Qué esperaban? Feijóo jugó sus cartas con las habilidades del escritor de Mondoñedo. Todo estaba perdido desde el inicio y lo único que se podía ganar era enfatizar el liderazgo, y lo consiguió con creces. Era muy incómodo responder a Bildu, pero lo hizo desde su ideología, con guiños hacia sus bases y hacia otras más extremas, pero sin perder la compostura de un demócrata algo aburrido. Más difícil era dirigirse al PNV sin abrir nuevas heridas, pero las abrió. Por eso Aitor Esteban le espetó lo de las amistades que había hecho esta mañana. La tarde anterior, con Sumar, no pudo eludir la antipatía omnisciente que le sale como sarpullido cuando se dirige a ellos y, en especial, a Ella, la Concepción Arenal in pectore también ausente. Demasiado paisanos para ser inmunes a los contagios madrileños del centralismo.

El grupo mixto fue otra cosa. En esta legislatura recién nacida, es un remanso de paz. Solo dos diputados y una diputada, a razón de diez minutos cada uno. Eso le sirvió a la representante de Coalición Canaria (CC) para colocar con acierto sus mensajes y razones de apoyo a Feijóo después de haber firmado el acuerdo –escrito y público- sobre la agenda canaria. Cristina Valido, la diputada de CC, ofreció su apoyo a la investidura con un claro aviso a navegantes: que cumplan con la agenda con sus 137 diputados, estén donde estén, en la oposición o en el gobierno.

La votación a última hora de la mañana de hoy dio de sí lo que se esperaba. Y lo que se espera para el viernes. Ya veremos. Por lo que pudiera ocurrir, mi presunta asesora áulica popular de confianza, se fue corriendo a la librería “Alberti” a buscar un ejemplar de “As crónicas de sochantre”. Cunqueiro siempre disfruta de nostálgicos.

“Para empezar a hablar (de cara a una investidura) tenemos que tener garantías absolutas de que se va a revisar la financiación autonómica en un plazo definido de tiempo”. Así se manifestó la diputada electa en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido (Coalición Canaria), en una reciente entrevista con este periódico. Este jueves, el secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, también insistía en que “plantarán cara” para que el nuevo modelo de financiación autonómica contemple criterios como el de la insularidad y la ultraperificidad. No obstante, aunque es una reivindicación necesaria (ya que el modelo no se revisa desde 2009) y un debate que se ha abierto en todas las comunidades autónomas, los nacionalistas canarios apuestan paralelamente por la bajada de impuestos (y su consecuente merma para las arcas públicas) como una de las principales medidas del Gobierno que ha iniciado junto al PP y fue su principal carta en la campaña electoral.

La financiación autonómica, o cómo se reparten los ingresos del Estado, ha vuelto a ser el centro de debate en estos días. Canarias entra dentro del régimen común de financiación, pero a su vez posee un Régimen Económico y Fiscal especial (el famoso REF) por razones históricas y geográficas. Este se regula teniendo en cuenta las disposiciones de la Unión Europea sobre regiones ultraperiféricas. Pese a ello, según los datos de 2021, es una de las comunidades peor financiadas por habitante.

No obstante, si a estos datos se les suman las inversiones realizadas por el Estado en Canarias, sí se puede deducir que esta comunidad autónoma nunca había tenido tanto peso en la inversión estatal como en la era Sánchez.

En 2009, el Estado invirtió 183,6 millones de euros en Canarias, un 1,68% del total; en 2014, en plena crisis financiera y con el PP a los mandos, solo destinó 37,4 millones, el 0,87% del total destinado a todas las autonomías; pero en 2021, la inversión es de 221,1 millones y el peso del Archipiélago en toda España ha ascendido al 2,69%, el valor más alto desde que hay datos.

En octubre de 2022, siendo presidente Ángel Víctor Torres (PSOE), destacaba que Canarias era “la quinta autonomía de España, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que más inversión estatal recibe por habitante”. Un dato que resultaba de la suma de los capítulos VI (inversión real) y VII (transferencias de capital) así como el Fondo de Compensación Interterritorial.

Reclamar un trato justo al Estado, pero bajar impuestos

El pasado 17 de julio, el Gobierno de Canarias anunciaba que bajaría los impuestos a las grandes herencias. Se trata de un impuesto que recuperó el Ejecutivo de Torres y que desde 2021 y hasta este año solo ha bonificado al 99,9% de la tasa a las donaciones y sucesiones que no superaran los 300.000 euros. La repercusión de destinar recursos públicos para que las grandes herencias no paguen el impuesto supone, en un año, unos 40 millones de euros menos, según fuentes del Gobierno del PSOE.

Otro de los objetivos defendidos por el nuevo Gobierno ha sido rebajar el tipo general del IGIC del 7 al 5%. Sin embargo, el vicepresidente canario, Manuel Domínguez (PP), dijo recientemente que la vuelta de la regla de gasto de la UE “puede que trastoque los planes” del Ejecutivo regional.

En el último Consejo de Gobierno admitía que las promesas de bajar impuestos se habían producido en un momento de “incertidumbre” fiscal. Por ello, el Ejecutivo reconoció que aún desconoce cómo afectará la nueva disciplina fiscal europea a la elaboración de los presupuestos autonómico.

El debate del nuevo modelo de financiación no deja de ser una causa justa que se contrapone al empeño del Gobierno regional de bajar impuestos y de haber insistido en esta idea durante la campaña electoral como objetivo para aliviar los bolsillos de las familias canarias.

El modelo de financiación es una cuestión que preocupa a todas las comunidades y que se ha convertido en un tema clave de cara a la futura investidura, siendo el modelo de reparto el principal escollo. Comunidades como Catalunya van a tener especial peso en dicho debate.

El 5 de diciembre de 2018 un total de 182 ONG solicitaron las ayudas para proyectos sociales derivadas de la X solidaria del IRPF. Pocos meses después, 134 de estas entidades vieron peligrar su futuro cuando el anterior Gobierno de Canarias desestimó sus solicitudes. Contar con, al menos, un 25% de financiación propia era uno de los criterios premiados por la Consejería de Políticas Sociales. Tres meses después de que las organizaciones afectadas se reunieran con la exconsejera Cristina Valido (CC) para buscar soluciones, los fondos privados vuelven a ser la única opción para esquivar el cierre definitivo.

Laura Sosa, presidenta de la asociación tinerfeña Nahia, especializada en la inserción social y laboral de jóvenes entre 16 y 18 años, explica que la ONG presentó un proyecto a dos entidades privadas y que gracias a los fondos que recibirán a través de esta vía podrán “llegar a final de año” y no cerrar sus puertas por el momento. “Además, la difusión mediática ha permitido que la gente conozca de primera mano cuál es nuestro trabajo”, añade. Las historias de Kevin y Mariama pusieron rostro a su labor. Él huía de una familia desestructurada y ella de la violencia machista. Pero, después de que a los 18 años el sistema los desamparara por quedar fuera del servicio de asistencia de menores, pudieron recomponer las piezas de su futuro gracias a la asociación Nahia. Las administraciones públicas no se lo pusieron fácil. Kevin confesó a este medio que cuando pedía información sobre la obtención de ayudas llegaron incluso a responderle: “No me das lástima, eres un joven más que se ha quedado en paro”.  

Una de las soluciones propuestas por Valido en el encuentro que mantuvo el 20 de mayo con ocho asociaciones de Tenerife y tres de Gran Canaria, entre ellas Nahia, fue adelantar al mes de junio la convocatoria anual que lanza Políticas Sociales para ofrecer ayudas a las ONG de Canarias. Pero no ha sido así. “A pesar de que haya habido cambios de Gobierno, debería haberse previsto”, valora Sosa.

La Fundación Canaria Óliver Mayor contra la Fibrosis Quística también ha tenido que buscar vías alternativas para sobrevivir. A través de un mensaje difundido en redes sociales la organización lanzó una peña benéfica para que familiares, pacientes y amigos se afiliaran y poder así colaborar con la ONG.

Eludir responsabilidades

Los proyectos dedicados a combatir la violencia contra las mujeres fueron otros de los grandes afectados por la distribución desigual de las subvenciones. Ninguno de los programas aprobados en la primera resolución del 3 de mayo pertenecía a esta área. Sin embargo, la segunda relación de iniciativas aprobadas anunciada en el BOC el 16 de julio, aprueba algunas propuestas como la atención integral a personas en situación de prostitución impulsada por Médicos del Mundo.

Otro de los acuerdos pactados entre las asociaciones y la Consejería fue delegar en las propias organizaciones el diseño de los criterios a seguir en la evaluación de los proyectos que concurren a la obtención de esta subvención. Las ONG comenzaron a trabajar en ellos poco tiempo después de su reunión con Valido, y prevén presentárselos a la actual consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Podemos).

En la convocatoria de 2018, el requisito de la cofinanciación justificó la purga de más del 70% de las ONG que quedaron fuera de la convocatoria, ya que la puntuación obtenida era inferior a la mínima establecida. Aquellos proyectos financiados en un 50% con fondos propios eran premiados con hasta tres puntos. Canarias fue la única comunidad autónoma que implantó esta cifra. De esta forma, un 40% de los 6.957.307,88 euros con los que el Ejecutivo autonómico contaba para este fin fue repartido entre Cáritas y Cruz Roja. “Las grandes perjudicadas son las entidades locales y regionales”, aseguró a este periódico una de las dirigentes de la asociación ARSM Anchieta, dedicada a la atención de colectivos vulnerables, ante la publicación de las entidades beneficiarias en el Boletín Oficial.

El Gobierno regional confesó que “el resultado del IRPF 2018 en Canarias podría ser más justo”. Sin embargo, en distintas ocasiones se escudó en los criterios de baremación impuestos por el Estado, a pesar de que el Tribunal Constitucional dictara en 2017 una sentencia que distribuye competencias entre el Estado y las comunidades autónomas para la concesión de las subvenciones “con cargo al 0,7% del IRPF dentro de su ámbito territorial”.

La consejera de Políticas Sociales del Gobierno regional ha culpado este martes en el Parlamento de Canarias a la falta de infraestructuras del hecho de que la lista de espera en dependencia siga estancada en torno a las 9.000 personas. “Por mucho que corramos, necesitamos que esas infraestructuras empiecen a construirse”, señaló Cristina Valido, para quien, una gran parte de las personas dependientes requieren de un centro y no de una prestación económica.

La consejera contestó así a las preguntas del diputado de Nueva Canarias Luis Campos, que preguntó cómo es posible que con más recursos que nunca, exista este número de personas que, a pesar de tener reconocido el derecho, siguen esperando. El diputado subrayó que la Consejería no puede quitarse responsabilidades con el hecho de que haya una parte de los dependientes que necesiten centros, ya que sí se pueden incorporar más fondos a dependencia y especialmente para quienes no son demandantes de una plaza.

Cristina Valido subrayó que se irán incorporando más personas al sistema en la medida en que el Gobierno disponga de recursos ya que, a quienes están esperando una plaza en un centro, no les vale una prestación de 300 o 400 euros.

La consejera insistió en que en los últimos años se han incorporado más personas al sistema que en toda la historia de la Ley de Dependencia en Canarias, algo que el diputado Luis Campos consideró que es lo lógico ya que en estos años las Islas han dispuesto de más recursos que nunca.

A pesar de que constantemente se habla de bailes de cifras en el Parlamento de Canarias y de que el diputado Luis Campos insistió en que no iba a entrar en ello, si atendemos a los datos publicados por el IMSERSO, donde ya se han anunciado los del mes de diciembre de 2018, se puede comprobar que, con respecto al mes anterior, la lista de espera ha bajado en 216 personas.

En noviembre del año pasado había 9.172 personas que a pesar de tener reconocidos el derecho a ser atendidas con la Ley de Dependencia seguían esperando. En diciembre, con datos recientemente publicados, se sabe que son 8.956 las personas en lista de espera.

Actualmente, hay 21.638 personas beneficiadas de la Ley de Dependencia en Canarias. De ellas, 4.705 se encuentran en un centro de noche; 3.892 en una residencia de día, 8.652 precisan de cuidados familiares y 968 de teleasistencia. Con lo cual, sigue existiendo un porcentaje importante que sí que requiere de una prestación económica para ayudar a sus familias con los cuidados.

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha informado este jueves de que actualmente en Canarias hay unos 374 menores extranjeros no acompañados repartidos entre los 39 centros de acogida de las Islas.

En una rueda de prensa para hacer balance de su gestión en Infancia, Valido ha destacado que el compromiso de acoger a un máximo de 250 menores ha aumentado 400.

La consejera ha explicado que una vez superada esa cifra, el Gobierno de Canarias solicita apoyo al Ejecutivo español para poder gestionar las llegadas de esos menores. 

“Cuando llegan los menores de manera constante y durante días continuos, se generan tensiones entre los responsables de centros por la gestión de las plazas y la espera a la resolución de edad”, ha dicho Cristina Valido, quien ha agregado que más adelante y “fríamente”, sin la “tensión” de esas llegadas continuadas, conviene analizar lo positivo del acuerdo adoptado para atender correctamente a esos 400 menores. 

La consejera también ha valorado la gestión de la “crisis” de llegada de personas migrantes a Canarias que a su juicio se ha resuelto “desde el sosiego, la solidaridad y la experiencia acumulada”, y en la que el Gobierno ha actuado según la consejera “con celeridad” tras la puesta en marcha de un centro de acogida inmediata en Lanzarote, concretamente en La Santa, donde hay 19 menores pendientes de ser derivados. 

Valido ha subrayado que ese centro de Lanzarote sirvió para atender “con dignidad” a los chicos que iban llegando.

Además, ha explicado la consejera, Gran Canaria y Tenerife son las islas que más centros asumen y las que abren más pisos debido a su extensión territorial, que permite así poder cumplir los compromisos cuando haya una emergencia humanitaria. 

Podemos ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de la consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, para que explique los motivos que justificaron la no apertura de expediente ante las irregularidades en el cobro de cuotas en una escuela infantil de La Palma.

Según adelantó este jueves Mírame TV, el Gobierno de Canarias ha perdonado al director de la escuela infantil San Miguel Arcángel diversas irregularidades relacionadas con el abono de la primera mensualidad del curso 2017/2018. El máximo responsable de la escuela infantil, Patricio García Ducha, cobró de forma indebida la primera cuota a los usuarios del centro.

Entre las anomalías detectadas, se constató que se llevaron a cabo incrementos injustificados del precio abonado por los usuarios. Sin embargo, la Consejería ha descartado sancionar al director del centro, pese a que tiene constancia de que recaudó una mensualidad en efectivo y aumentó de forma injustificada las cuantías a varios usuarios.

La formación morada considera que la consejera debe aclarar que no se haya actuado ante el aumento de las cuotas y el cobro indebido de las mismas. Carmen Morales, directora general de Protección a la Infancia, aseguró a Mírame TV que “no se ha encontrado nada extraño que justifique un procedimiento sancionador”.

Las irregularidades se conocieron a raíz de la reclamación de una usuaria, que se dirigió a la Consejería en noviembre de 2017 para preguntar sobre el aumento que se había aplicado a su cuota, que de un curso para otro y sin motivo aparente se incrementó de 46 a 82 euros. Actualmente, a los usuarios del centro no se les ha devuelto el dinero.

En un escrito enviado a la Dirección General de Protección a la Infancia el pasado mes de noviembre, un grupo de padres y madres realizaron una serie de preguntas a Carmen Morales sobre el centro y, en concreto, respecto a “qué se ha resuelto sobre la investigación referente a los pagos en efectivo” que se llevaron a cabo a principios del curso 2017/2018. Aún no han recibido respuesta y algunos de los afectados no descartan llevar este asunto a la Fiscalía.

La consejera de Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda, Cristina Valido (de CC), ha pedido disculpas a quien le ocasione problemas tener que solicitar las ayudas al alquiler de vivienda en agosto, pero ha recordado que el plazo ha estado condicionado por el cambio de Gobierno central.

La titular del departamento explicó en una rueda de prensa que el cambio de Ejecutivo estatal llevó incluso a que la Intervención General aconsejase tener “seguridad” en cuanto a que no se iban a modificar los criterios del convenio redactado con el PP y pendiente de ratificación.

Por ello, el Gobierno regional ha tenido “cautela” hasta esperar que se ratificase todo lo pactado y, una vez suscrito a finales de julio, se ha ido “lo más rápido posible”. No era cuestión de sacar la convocatoria de ayudas al alquiler en septiembre, cuando el pasado estas fueron solicitadas por más de 6.000 familias.

La Ley de Servicios Sociales, en fase de tramitación en el Parlamento de Canarias y sin fecha prevista de aprobación definitiva, dará estabilidad a los profesionales del sector, que se han especializado de forma destacada desde 1987, año del que data la normativa en vigor.

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario, Cristina Valido, ha asegurado este jueves que la nueva ley incrementará las aportaciones económicas dirigidas a los municipios, lo que conllevará que puedan dotarse de más personal.

Sobre todo, ha agregado, la normativa dará una mayor estabilidad a los recursos, garantizará los servicios y actualizará el coste de las plazas que se ofertan.

Cristina Valido, antes de asistir a la reunión del Consejo General de Servicios Sociales -que tiene como objetivo crear la Comisión Técnica Especializada para la elaboración del reglamento de desarrollo de la ley-, ha admitido que la norma actual ha quedado desfasada, pues la mayoría de servicios que existen en la actualidad no estaban en 1987.

“Por tanto, necesitamos una ley que responda y ampare jurídicamente la red de servicios que tenemos en la actualidad”, ha manifestado la consejera, quien espera que la ley se apruebe cuanto antes, pues han pasado “bastantes meses” desde que llegó al Parlamento.

Ha hecho hincapié en que, una vez el Parlamento dé luz verde a la nueva normativa, se van a revisar todos los servicios que existen, cómo se financian y cuánto cuestan para actualizar los precios y comprobar si los recursos están adecuadamente financiados con el fin de dar estabilidad y seguridad a los trabajadores.

“Esta ley debe de dibujar el mapa y la cartera de servicios que se presta en Canarias, que es algo de lo que carecemos, para tener una fotografía real de todos los servicios que existen”, ha aseverado.

Asimismo, ha informado de que cabildos, ayuntamientos y Gobierno canario dedican casi 1.200 millones al sostenimiento de la red de los servicios sociales.

Se trata de “una cifra muy importante” ha resaltado Valido, quien ha admitido que probablemente hay algunos servicios que no están bien financiados, por lo que sería necesario pactar incrementos.

A este respecto, ha aclarado que si no se puede subir la financiación en un año, habría que hacerlo “en dos o tres” garantizando un porcentaje de incremento anualmente que lleve a que en poco tiempo los servicios estén en los precios que estipula la cartera.

Sobre la tramitación de la ley, ha indicando que los grupos parlamentarios están tratando de llegar a acuerdos para trasladar su debate y aprobación al pleno del Parlamento canario.

La consejera, que no sabe cuándo podrá estar aprobada la ley -ya que le compete a los grupos elevarla al pleno para su votación-, ha mostrado su confianza al trabajo que llevan a cabo los grupos, que está segura que mejorarán el texto.

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, presentó este miércoles, junto al director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Guindín, el programa de actuaciones previsto para 2018, que incluye la realización de 28.774 acciones, el 11% más respecto a las programadas inicialmente en 2017 (que no fueron las finalmente desarrolladas). Todas están intervenciones están destinadas a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores canarios.

El balance de lo conseguido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 2017 en las islas fue la detección de 6.112 infracciones, que dieron lugar a la aplicación de sanciones por valor global de más de 18,4 millones de euros. Al finalizar el ejercicio de 2017, el número de actuaciones superó las programadas, hasta alcanzar un total de 58.060.

Valido destacó que “el objetivo de esas inspecciones es garantizar la calidad en el empleo en las islas”. La consejera además sostuvo: “Es nuestro empeño asegurar a la ciudadanía que su trabajo cumple con las garantías suficientes dentro de los estándares de calidad que ampara la ley”.

La responsable canaria de Empleo aclaró que las empresas que los inspectores visitan son seleccionadas previamente según diferentes parámetros que pueden indicar alguna irregularidad. Esto se hace así para alcanzar la mayor efectividad en la inspección que luego se ejecuta. “El mayor porcentaje de irregularidades detectadas no quiere decir que haya más empresas irregulares, sino que el trabajo previo, la selección previa, se está haciendo mejor y estamos encontrando las empresas que no están cumpliendo frente a las muchas que sí cumplen”, explicó Valido.

La consejera puso el acento en cómo la labor de la Inspección está mejorando la estabilidad del empleo a través de la transformación de contratos irregulares. “Canarias, por primera vez, superó el año pasado los 100.000 contratos indefinidos. El 10% de estos [10.000] está generado por el trabajo de la Inspección, por la vigilancia de contratos irregulares que se han transformado”.

Valido, que se reunió previamente con representantes sindicales y empresariales para presentar estos resultados y las previsiones para 2018, recordó que “con la Inspección de Trabajo no solo se persigue vigilar la temporalidad de los contratos, el posible uso fraudulento de la contratación a tiempo parcial y la economía sumergida, sino la calidad del empleo, no solo la buena retribución y los contratos adecuados, y el trabajo en prevención de riesgos laborales”.

Respecto a las actuaciones previstas para 2018 por áreas, 6.339 se destinarán a la prevención de riesgos laborales, 6.356 a empleo y relaciones laborales, 6.360 a la Seguridad Social y 8.596 a la economía irregular.

En el encuentro con los agentes sociales y económicos participaron, junto a Cristina Valido; el viceconsejero de Empleo, Emilio Atiénzar; el director general de Trabajo, José Miguel González; el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Guindín; el responsable de Servicios Jurídicos de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Jacobo Viera; el secretario general de CCOO, Inocencio González, y en representación de CEOE-Tenerife, Eduardo Bezares y Eulalia García Silva.

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha calificado este viernes de “feo y cobarde” afirmar que su departamento hace “trampas” en la gestión en materia de dependencia, y ha conminado a la diputada popular Josefa Luzardo a que acuda a la justicia si así lo cree.

Cristina Valido ha realizado esta advertencia en rueda de prensa tras ser preguntada por las críticas de la parlamentaria popular a su gestión en este ámbito, sobre lo que ha señalado que las cifras están claras y ha reiterado que si alguien cree que hay trampas, debe recurrir a la justicia.

“Me da mucha pena que se quiera generar un debate para el que yo no tengo tiempo porque estoy gestionando. Ella (en alusión a Luzardo) sí tiene tiempo y si piensa que hay algo que se debe denunciar que vaya al juzgado”, insistió la consejera.

Valido ha hecho estas declaraciones en la presentación del Congreso Retos de la atención a la dependencia en Canarias, que se celebrará el 23 y 24 de noviembre en la sede de Presidencia del Gobierno regional en Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de suscitar el análisis y el debate en torno a esta cuestión.

Responsables de los gobiernos de Canarias y Castilla y León, Imserso y especialistas en servicios sociales analizarán los retos de la atención a la dependencia en las islas y en concreto, los aspectos económicos que garanticen la asistencia a los mayores en los próximos años.

Valido explicó que se trata de abordar los retos de la dependencia en coincidencia con el décimo aniversario de la entrada en vigor de la ley que regula su atención y para ello se ha convocado tanto a representantes de instituciones públicas y privadas como a colegios profesionales y trabajadores del sector.

El principal reto es cómo se plantea esta atención en una sociedad con un paulatino incremento del envejecimiento de la población y además cómo abordar este sistema a nivel local, en Canarias, donde sus peculiaridades geográficas provocan diferencias con el territorio peninsular y plantean “un escenario más complejo” que requiere la adaptación del modelo, subrayó Valido.

“No cuesta lo mismo atender a un dependiente en La Gomera que en Gran Canaria”, insistió la consejera, quien señaló que con el congreso se pretende contar con personas que cuentan con un conocimiento acreditado de la ley.

Entre los ponentes se encuentra el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna y expresidente del Consejo Económico y Social de Canarias José Luis Rivero, quien abordará los aspectos económicos de la dependencia, un asunto relevante porque, añadió la consejera, se presentará un estudio sobre la proyección económica adecuada para garantizar la asistencia a los mayores.

También participará Carmen Balfagon, directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) del Ministerio de Sanidad, quien tratará sobre la coordinación del sistema de dependencia entre las distintas administraciones.

Al respecto, Cristina Valido recordó que este organismo estatal dispone de las estadísticas a partir de las cuales el Gobierno central gestiona la financiación en este ámbito para las comunidades autónomas.

Además el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, analizará el sistema de autonomía y atención a la dependencia desde la perspectiva del organismo que dirige, que realiza un seguimiento periódico del cumplimiento de la ley.

Asimismo se analizará la evolución del sistema en Castilla y León por parte de su consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y sobre su intervención su homóloga en Canarias, Cristina Valido, precisó que se trata de una de las comunidades autónomas “a la cabeza” en esta materia, con un sistema consolidado en su agilidad y eficiencia.

Durante las dos sesiones del congreso se han programado además sendas mesas redondas para tratar en un caso la realidad de la dependencia por parte de organizaciones sociales y colegios profesionales de trabajo social, y en la última jornada se discutirán los nuevos retos en este ámbito por parte de representantes del Gobierno canario, cabildos y ayuntamientos.

Básicamente se trata de tener “dos días para escuchar y que nos escuchen, explicar lo que estamos haciendo, qué buscamos y en qué estamos trabajando”, detalló Cristina Valido.

Asimismo y en respuesta a una pregunta sobre el anunciado “plan de choque” para agilizar la tramitación de las altas en dependencia, la consejera indicó que en septiembre se ha incorporado más personal en este ámbito con el objetivo además de que se consolide una forma de trabajar que lleve a contar con un protocolo “claro” en el futuro

El Gobierno de Canarias ha hecho público este último mes lo que considera un “repunte importante” en la incorporación de personas en lista de espera al sistema de Dependencia. La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda asegura que en el mes de julio se llevaron a cabo 477 altas. Se trata de unos datos que contrastan con los publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que detalla las estadísticas de cada mes de forma oficial, y que en julio recoge que fueron 187 las personas dadas de alta en Canarias. No es el primer mes en el que se produce este choque de datos entre Gobierno regional y estatal ya que en abril la consejera Cristina Valido (CC) llegó a asegurar que esta comunidad era la segunda que más incorporaciones había hecho al sistema, aunque en los informes del Imserso no se apreciaba incremento alguno en los beneficiarios.

Desde la Consejería apuntan que hay varias comunidades autónomas que están poniendo en duda los datos del Imserso, que suelen estar “desfasados” y que se fían más de los suyos porque son quienes gestionan esta ley en el día a día. La propia consejera ha llegado a justificar este desequilibrio aludiendo a que los informes se realizan teniendo en cuenta fechas diferentes.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes Sociales (organismo independiente que vela por el cumplimiento de esta ley) compara esta situación con el supuesto de que el Ministerio de Empleo publicara unos datos del paro y el Gobierno de Canarias otros, “sería un escándalo”. Explica que el sistema del Imserso es deficitario, pero “no puede ser que las comunidades autónomas lo permitan” y, en caso de que fuera cierto este desajuste de datos, considera que el Ejecutivo regional debe comunicarlo directamente al Estado y no sacar los suyos propios. Por ello, opta por regirse por los datos oficiales.

Para Ramírez, se trata de una “estrategia” de la consejera de Políticas Sociales para defender su gestión y “que la gente se confunda”. Además, insiste en que lo “realmente preocupante” es que diez años después de la implantación de la Ley de Dependencia, el sistema continúe sin despegar en Canarias y que sea “el peor” gestionado. Una situación que achaca, como ha hecho en reiteradas ocasiones, a la “desidia” de la exconsejera Inés Rojas (CC) y a los recortes del PP. De hecho, desde 2012 el Estado ha dejado de aportar a Canarias 70 millones de euros para este fin.

Actualmente, es la comunidad autónoma con mayor lista de espera (supera el 40%). Según los datos del Imserso, reproducidos también por Ramírez en sus informes, Canarias tiene 17.620 beneficiarios y 12.620 personas con derecho y esperando a ser atendidas.

El presidente de esta asociación subraya que hay comunidades que tenían hasta hace unos años una muy mala gestión de la Ley de Dependencia como Valencia y que el cambio de gobierno sirvió para que este sistema despegase. También pone el ejemplo de Aragón o Baleares.

Atender 3.000 dependientes más al año, el reto de la nueva consejera

Ramírez recuerda que durante la gestión socialista en Dependencia, con la exconsejera Patricia Hernández (PSOE) al frente, se incorporaron 3.000 nuevas altas al sistema en sólo un año. A ese ritmo, la lista de espera se habría reducido en cuatro años y medio, asegura.

Para hacer una comparación de la gestión de la nueva consejera, Cristina Valido (CC), con la anterior, el presidente de este observatorio explica que habría que tener en cuenta que en diciembre (cuando Clavijo cesó a los consejeros socialistas) había 16.852 personas atendidas en el sistema. En julio hay oficialmente 17.620 beneficiarios, por lo que haciendo la resta la nueva consejera ha incorporado 768 nuevas altas (lo que contrata con las 2.834 personas de las que habla la Consejería en un comunicado).

Ramírez subraya que si en ocho meses se han incorporado 768 personas al sistema y hay 12.456 en lista de espera, se dejaría a cero en once años. Se trata de un ritmo “dos veces más lento que con Patricia Hernández”, apunta.

La enmienda de Nueva Canarias

El portavoz de este observatorio explica que el diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, se reunió con los miembros de este organismo para elaborar sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado con el objetivo de salir de la cola en dependencia, aunque lamenta que finalmente no se aprobara por los votos en contra del PP y Ciudadanos.

El partido nacionalista pedía 12 millones de euros del Gobierno estatal para reducir la lista de espera en Canarias. En una segunda iniciativa también planteaba un incremento de 100 millones de euros para dependencia en todo el Estado.

“Si se hubiera aceptado esa enmienda de Quevedo, se habría atendido a un tercio de la lista de espera y se habrían creado puestos de trabajo”, lamenta Ramírez.

Dependientes peor atendidos

Otra de las conclusiones del último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia es que mientras en todo el Estado 120.000 personas consideradas como grandes dependientes continúan sin ser atendidas,“se maquillan las cifras del sistema incorporando dependientes moderados con servicios low cost”.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advierte de que se corre el peligro de crecer con atenciones mediocres “que no suponen auténtico apoyo a las personas y que no son fuente de empleo”.

El informe reprocha los recortes en el sistema y recuerda que en toda España mueren al día 100 personas sin recibir prestación a pesar de tener derecho. “Son más de 18.000 los fallecidos en todo el país en esta situación durante el primer semestre del año”, recoge el documento.

Canarias vuelve a retroceder en gestión de la Ley de dependencia. Si al finalizar el año 2016 se empezaban a registrar los primeros datos positivos, diez años después de su entrada en vigor, el balance de los primeros meses de la nueva consejera del área Cristina Valido (Coalición Canaria) es negativo. Así lo asegura el director de la Asociación de Directores y Gerentes Sociales, José Manuel Ramírez, cuyos cálculos apuntan a que, con el ritmo actual, esta comunidad autónoma tardará al menos 66 años en incorporar al sistema a las personas que se encuentran en lista de espera.

Según aclara, en los últimos cuatro meses, 65 personas han resultado beneficiarias del sistema de dependencia (en diciembre figuraban 16.852 y ahora 16.917). Es decir, se ha añadido un nuevo beneficiario cada dos días de una lista de espera que componen 12.864 personas, la más alta del país (un 43%). “Personas que no tienen tiempo de esperar”, señala el presidente de esta asociación encargada de velar por el cumplimiento de esta ley.

Se trata de datos que contrastan con los que ha celebrado recientemente la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido (CC), quien subrayó hace unos días que en el mes de abril, el Archipiélago fue la segunda comunidad en incorporar a más personas al sistema. Según refleja el Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad actualmente se han resuelto 34.894 solicitudes. Sin embargo, a pesar de incorporar más altas al sistema que en marzo, no se aprecia incremento en las personas beneficiarias.

“Aunque Canarias sea en un mes la Comunidad que más altas incorpore al sistema de dependencia, eso puede ocurrir porque es la que tiene una lista de espera más alta, pero es que Castilla y León tiene plena atención y no incorpora a veces a más personas al sistema, porque su lista de espera está al 1%”, explica Ramírez. Por ello, añade que “lo que no puede hacer la consejera es manipular la información e intentar encubrir su mala gestión retorciendo un dato de la manera que a ella le interese”.

Cristina Valido aseguró la pasada semana que no todos los usuarios que ya han sido valorados con un grado de dependencia (34.894) figuran como beneficiarios por diversas razones. “Algunos han sido catalogados como personas no dependientes (5.113) y otros han sido considerados dependientes de grado I”.

No obstante, atendiendo a los datos del Ministerio, las personas beneficiarias con derecho a serlo conforman un total de 29.781, de las que son atendidas 16.917, mientras que en lista de espera se encuentran 12.864 personas.

“Son datos tan vergonzosos que la consejera lo que tendría que hacer es pedir disculpas por la mala gestión y generar un trabajo que permita agilizar al máximo la atención a las personas dependientes”, remarca Ramírez.

Además, añade que durante el mandato del PSOE se estaban incorporando ocho nuevos beneficiarios cada dos días (en total se añadieron 2.967 personas), “un ritmo lento, pero al menos aceptable teniendo en cuenta que se arrastra una mala gestión desde el inicio y por la desidia de la exconsejera Inés Rojas (CC)”. El presidente de esta asociación indica que, a esa velocidad, estimaba que unos cuatro años se pudiera poner la lista de espera a cero.

Panorama futuro

Ramírez considera que el futuro de la Dependencia en las Islas se plantea complicado ya que “difícilmente se podrá avanzar a no ser que Canarias utilice fondos propios”, ya que el Gobierno estatal no va aumentar el presupuesto en Dependencia y tampoco aceptó una enmienda de NC sobre este asunto para apoyar los presupuestos.

Canarias tiene el peor sistema de dependencia de España y, por ende, el peor de Europa, insiste Ramírez, para quien un dependiente del Archipiélago tiene tres veces menos de posibilidades de recibir una prestación que cualquier persona que viva en otra comunidad autónoma. “Desde el punto de vista de la equidad, Canarias es el lugar donde las personas dependientes tienen el peor sistema”.

El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes Sociales advierte de que en 2016 murieron en España 40.069 que estaban en lista de espera sin recibir un servicio. Un dato que el colectivo está intentando ampliar con la cifra exacta de personas que han fallecido por comunidades.

“Nosotros ya hemos advertido de que este año morirán 36.000 personas dependientes sin recibir prestación a pesar de que tienen derecho”. Por ello, insiste en que “los dependientes están viviendo la desatención del Gobierno”.

La presidenta del grupo del PSOE en el Parlamento de Canarias, Patricia Hernández, ha acusado este viernes a su sucesora al frente de la Consejería Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido (CC), de “incorrecciones, mentiras y manipulaciones” en materia de dependencia.

Por ello, ha anunciado Patricia Hernández en rueda de prensa, el grupo Socialista pedirá una interpelación para que la consejera Cristina Valido explique en el pleno del Parlamento de Canarias cómo piensa revertir la situación, pues, ha insistido la dirigente socialista, la situación en materia de dependencia ha empeorado.

Patricia Hernández, acompañada de la diputada socialista Teresa Cruz, ha señalado que tras la salida del PSOE del Gobierno de Canarias los “números” en materia de dependencia son peores que cuando la titular del departamento de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda era la también nacionalista Inés Rojas.

La presidenta del grupo Socialista ha indicado que entre julio y diciembre de 2015, cuando ella era consejera, se realizaron 1.100 incorporaciones al sistema de dependencia, y 400 durante los primeros seis meses de 2016, con lo que la cifra total se elevó a 1.500 personas.

Patricia Hernández ha reconocido que no era suficiente y por ello se planteó un plan de choque para el segundo semestre de 2016 y se contrató a más personal, lo que permitió que en esos seis meses se llevasen a cabo 3.000 incorporaciones al sistema de dependencia.

Ese año Canarias fue la segunda comunidad autónoma en crecimiento de altas, a pesar de lo cual seguía siendo la última en número total, ha señalado Patricia Hernández, quien ha agregado que por ello se planteó realizar un plan de acción durante dos años, y se hizo la petición correspondiente a los departamentos de Hacienda y Función Pública.

Patricia Hernández ha señalado que tras la salida del PSOE del Gobierno regional diez de las personas contratadas para realizar los trámites en dependencia han sido trasladadas al área de familias numerosas.

La dirigente socialista ha reconocido que en familias numerosas era necesario más personal, pero, ha comentado, lo correcto habría sido hacer nuevas contrataciones, pero no restar personal a dependencia.

Patricia Hernández también ha dicho que Cristina Valido “miente” cuando dice que debido a un fallo informático se han contabilizado menos altas de las que se han producido, y ha recordado que desde el Gobierno central se ha dicho que no se han producido anomalías.

Cristina Valido “tiene peores números” que Inés Rojas, ha afirmado Patricia Hernández, quien ha asegurado que su partido ha demostrado que se puede hacer “más y mejor”, y ha destacado que cuando se habla de dependencia se hace de “calidad de vida de personas” y también de empleo.

La diputada socialista Teresa Cruz ha opinado que Coalición Canaria (CC) quiere un sistema en el que haya ciudadanos de “distintas categorías” en función de la isla en la que residan, pero también con diferencias según el lugar de la isla en el que se viva.

Teresa Cruz ha manifestado asimismo que el sistema que aplica Cristina Valido en el gobierno regional es el mismo que mantenía cuando era consejera del Cabildo de Tenerife, y ha comentado que el discurso de la actual consejera de Políticas Sociales es “fácil de comprar” pero la realidad “es otra”.

La diputada socialista ha declarado que en los cuatro meses que van de septiembre a diciembre de 2016, con el PSOE en el gobierno, se dieron de alta 1.035 beneficiarios, mientras que entre enero y abril de 2017, con CC en solitario, la cifra bajó a 201.

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, anunció este viernes en el Parlamento de Canarias que el Ejecutivo autonómico realizará una nueva convocatoria de subvenciones para autónomos que inicien su actividad en cuanto liquide las deudas que mantiene con los adjudicatarios anteriores.

Las convocatorias se suspendieron en agosto de 2015 como consecuencia del recorte en los fondos estatales para el empleo, de manera que aún se trabaja en pagar la deuda con los adjudicatarios que no llegaron a cobrar.

Valido, que compareció en comisión parlamentaria a petición de la diputada del PP Cristina Tavío, señaló que ya se han puesto al día con 761 adjudicatarios y faltan por resolver 206 expedientes, que se abonarán en los próximos meses.

Una vez pagadas las deudas y si se aprueban los presupuestos del Estado para 2017, se realizará una nueva convocatoria de ayudas a los autónomos para la que se dispondrá de 13 millones de euros adicionales, anunció.

En la nueva convocatoria habrá novedades, como la simplificación de los trámites burocráticos para los demandantes y un acuerdo con entidades financieras para que adelanten los fondos a los beneficiarios con la garantía de que la Administración los abonará posteriormente. Asimismo, habrá un plan formativo específico para emprendedores y autónomos.

La diputada del PP Cristina Tavío pidió a la consejera que abone además las subvenciones a los 543 autónomos que siguieron presentando solicitudes a partir de agosto de 2016 debido a que el Gobierno seguía admitiéndolas a pesar de que se había suspendido la convocatoria. Muchos de esos beneficiarios asumieron créditos para empezar sus negocios en la confianza en que percibirían las ayudas de la administración y se encuentran con que no han llegado.

La consejera contestó que esas personas presentaron sus solicitudes en 2016 a sabiendas de que la convocatoria estaba suspendida, así que tendrán que presentarse de nuevo a la que se abra en 2017.

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha dicho este viernes en comisión parlamentaria que es preciso realizar una revisión “total” del sistema de protección de la infancia y de acogimiento familiar antes de hacer cualquier tipo de planificación.

Valido ha indicado que para llevar a cabo esa revisión total lo primero que hay que hacer es convocar las conferencias interadministrativa y sectorial para revisar todos los acuerdos con las corporaciones insulares y locales, y todos los recursos de los que se disponen.

Ha insistido en que “todo ha cambiado” y por ello “estamos obligados” a trabajar de otra manera, y ha recalcado que hay que tomar decisiones urgentes antes de abordar planes.

La consejera hizo este planeamiento durante una comparecencia a petición de Podemos para hablar de líneas estratégicas, objetivos y acciones en protección de infancia y familia para 2017, y a instancia del PP para explicar la ejecución del programa de Acogimiento Familiar en 2016 y objetivos para 2017.

Cristina Valido ha señalado que es necesario convocar la conferencia interadministrativa para revisar todos los acuerdos que el Gobierno canario tiene con cabildos y ayuntamientos en materia de prevención con menores en riesgo.

Ha recordado que los acuerdos se firmaron antes de la crisis económica y desde entonces no se ha llevado a cabo un aumento de las partidas económicas con las que los ayuntamientos tienen que afrontar los problemas a pesar de que ha aumentado la demanda, y ha agregado que también es preciso contar con los profesionales adecuados antes el incremento de las peticiones.

Por ello, ha insistido Valido, antes de hablar de planificación es preciso “sentarse” con cabildos y ayuntamientos para hablar de prevención y riesgo, así como para revisar las subvenciones que reciben, analizar los recursos y luego establecer una estrategia de actuación adaptada a la actualidad.

La consejera ha comentado que en su departamento se prepara la convocatoria de esa conferencia interadministrativa, ya que, ha destacado, hay que determinar de forma conjunta con el resto de administraciones qué y cómo se financia, cómo se ejecuta y si funciona el sistema o es preciso cambiar el modelo.

De forma paralela, ha dicho, hay que convocar la conferencia sectorial para revisar los recursos de los que se disponen, así como su tipología y coste, ha indicado la consejera, quien ha agregado que se trata de un trabajo que habrá que llevar a cabo para el catálogo de servicios que se desarrolle en la futura ley de Servicios Sociales.

Cristina Valido ha manifestado que es necesario revisar los números, ya que los precios que se acordaron antes de la crisis para acogimiento de menores inmigrantes o en situación de protección tienen que ser evaluados de nuevo. Además hay perfiles diferentes de acogimiento, algunos con problemas muy especiales con los que hay que intervenir de modo también especial y que en ocasiones requieren recursos especializados, ha añadido.

La consejera también habló durante su comparecencia de prevención de la delincuencia y en este ámbito pactar con los ayuntamiento para llevar a cabo un programa adecuado, ya que las corporaciones locales conocen qué jóvenes están en espacios de riesgo, y se refirió asimismo al apoyo psicológico a menores, entre otras cuestiones.

En respuesta a las preguntas de los diputados, Cristina Valido ha explicado que se tarda una media de seis meses en decidir la idoneidad de una familiar para el acogimiento, y ha reconocido que si bien es incapaz de decir si es poco o mucho tiempo hay que tener en cuenta que no hay que tener prisa para hacerlo bien.

La diputada de Podemos María del Río ha abogado por la prevención y por el acogimiento familiar tanto ajeno como propio, y ha opinado que es preciso hacer un cambio en el sistema y no negar la existencia de conflictos, para también mostrar su preocupación por las adopciones.

La diputada del grupo Popular Josefa Luzardo ha comentado que en ocasiones hay recursos económicos pero, por mala gestión, no se ejecutan, y preguntó si está previsto hacer un seguimiento de los niños en acogimiento después de cumplir los 18 años.

El Plan Integral de Atención a la Discapacidad es prioritario, ha dicho este jueves la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, quien durante una comparecencia parlamentaria también ha recordado que falta personal para realizar todas las tareas que se deben llevar a cabo.

Cristina Valido ha comentado que no ha encontrado ni un trabajo relacionado con el libro blanco de la discapacidad, y por ello, ha añadido, la prioridad es empezar a diseñar la metodología para el plan integral.

La consejera ha señalado que está dispuesta a escuchar que los diputados le digan que “sin libro blanco no se puede hacer nada”, pero ella considera que sí se puede, y ha añadido que si ahora se comenzasen los trabajos para su elaboración se tardaría mucho tiempo en abordar cuestiones que son urgentes en materia de discapacidad.

Valido ha apuntado además que en materia de discapacidad uno de los grandes retos es la aprobación de la nueva ley de Servicios Sociales, que obligará a desarrollar el catálogo de servicios en un máximo de doce meses, algo que en su opinión es “fundamental” para el sector porque hay que revisar los costes y servicios, pero también analizar los que no se prestan o no se hacen de forma adecuada.

La consejera ha dicho que no se puede hablar de planes de discapacidad sin tener en cuenta que la ley obligará a dar un primer paso de profundización en el sector.

Valido ha señalado, además, que asegurar que en un año se puede sacar el catálogo de servicios y muchos otros reglamentos y decretos para que sea efectiva la ley, y a la vez el Plan Integral de Atención a la Discapacidad, sería engañarse, ya que los técnicos de los que disponen las administraciones “son los que son”.

Sin embargo, sí se ha comprometido a que en paralelo al desarrollo de los decretos y reglamentos de servicios que afectan al sector de la discapacidad se avanzarán los trabajos para el plan integral.

Otro reto para la consejera es convocar por primera vez el consejo de accesibilidad, aunque no ha dado una fecha para su constitución, si bien ha reconocido que es “vital” para, entre otras cuestiones, que se concentre en el cumplimiento de la ley.

Durante su comparecencia Cristina Valido también se ha referido a la necesidad de establecer la tarjeta de discapacidad, pero para ello también es preciso disponer de más personal, ha insistido la consejera, quien ha agradecido el esfuerzo que hacen los empleados para sacar adelante los trabajos.

Esa falta de personal se produce a pesar de que el pasado año se llevó a cabo un plan de choque con la contratación de 40 personas, y la consejera ha denunciado que hay cifras “muy preocupantes” cuando se pretende saber cuánto tiempo se tarda en conseguir un certificado de discapacidad.

Además, Cristina Valido ha dicho a los diputados que no se le ocurre mejor campaña de sensibilización hacia las personas con discapacidad que su incorporación a puestos de trabajo, y también se ha referido a que este año hay cien mil euros para el aula de psicomotricidad de la Universidad de La Laguna y la misma cantidad para el plan de atención temprana.

Respuesta de los diputados

El diputado de Nueva Canarias Luis Campos ha apostado por que las medidas tengan carácter transversal y ha dado prioridad al catálogo de servicios.

Francisco Déniz, de Podemos, ha reconocido el buen trabajo que en materia de discapacidad hacen organizaciones no gubernamentales y asociaciones, así como empresas privadas, pero ha abogado por que no se privaticen los servicios.

La diputada del grupo Popular Josefa Luzardo ha asegurado que su partido no apoyará una ley de Servicios Sociales sin ficha financiera y catálogo de servicios porque “no se fía” del desarrollo posterior, y también ha preguntado por un plan de choque para potenciar el empleo entre las personas con discapacidad.

Teresa Cruz, de grupo Socialista ha hablado de deficiencias en el ámbito de la discapacidad, como el incumplimiento continuado de la legislación, y se ha referido a cuestiones como la insuficiente financiación, algo en lo que también ha incidido el diputado del grupo Mixto Jesús Ramón Ramos.

Por último, la diputada del grupo Nacionalista Guadalupe González ha apuntado la necesidad de colaborar los sectores público y privado para hacer un uso eficaz y eficiente de los servicios.

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha presidido este lunes, 30 de enero, el acto de toma de posesión de la nueva directora del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino de León Hernández.

De esta forma, Valido completa su equipo directivo con este nombramiento. La consejera resaltó la formación y trayectoria profesional de la nueva responsable del Instituto Canario de la Vivienda, licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, funcionaria de carrera de la Comunidad Autónoma y letrada de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos de la Presidencia del Gobierno de Canarias hasta el nombramiento de su nuevo cargo, según informó el Gobierno regional en nota de prensa.

Asimismo, desde 2003 ha asumido diferentes puestos de responsabilidad pública en el Cabildo Insular de Tenerife como consejera de Planificación Territorial, consejera insular con Delegación Especial en Planificación Territorial y consejera delegada de Cooperación Municipal y Vivienda.

Coromoto Yanes ha sido nombrada oficialmente nueva consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife en sustitución de Cristina Valido a raíz del nombramiento de esta como consejera de Empleo, Políticas Sociales, Vivienda del Gobierno de Canarias.

La nueva estructura de la corporación insular ha sido presentada en rueda de prensa por el presidente tinerfeño, Carlos Alonso, quien ha comentado también que Juana María Reyes se convierte en la nueva presidenta del Instituto de Acción Social y Sociosanitaria (IASS).

Además, el consejero de Turismo, Alberto Bernabé, ha sido nombrado nuevo portavoz del grupo nacionalista y vicepresidente quinto, mientras que el consejero de Desarrollo Económico, Efraín Medina, se mantiene como portavoz adjunto y asciende a la vicepresidencia segunda, de tal manera que Jesús Morales, titular de Agricultura, Ganadería y Aguas ocupará la vicepresidencia cuarta.

Asimismo, la lista electoral se mueve tras la marcha de Valido y Leopoldo Benjumea accede al cargo de consejero con delegación especial en Empleo, labor que ya realizaba desde la dirección insular.

Alonso ha detallado que los cambios se han comunicado al grupo socialista, si bien no ha hecho falta su supervisión porque obedecen a la cuota de CC en el Gobierno, tal y como ocurrió, pero a la inversa, con Javier Rodríguez como director insular de Seguridad.