La incertidumbre de las más de cien ONG a las que el Gobierno de Canarias dejó sin ayudas para proyectos sociales por sus duros requisitos
Más de 200 canarios con problemas respiratorios crónicos sobrellevan su enfermedad con el apoyo de la Fundación Canaria Oliver Mayor contra la Fibrosis Quística. Con el fin de facilitarles el tratamiento necesario, la entidad diseñó un proyecto dirigido a “potenciar la calidad de vida” de quienes sufren esta patología. De este modo, y con el propósito de encontrar vías de financiación, la ONG presentó una solicitud para optar a las subvenciones deducidas de la X solidaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuya recaudación distribuye entre las comunidades autónomas el Gobierno central.
La propuesta fue rechazada, ya que, entre otros motivos, la ONG no cuenta con fondos propios para sustentar el proyecto. “Sin este dinero no podremos llevarlo a cabo”, lamenta la ONG. Canarias es la única comunidad autónoma que exige a las entidades que los programas presentados cuenten, al menos, con un 25% de financiación propia. Así, el Gobierno regional prioriza con hasta tres puntos aquellos proyectos en los que el presupuesto desembolsado por la ONG supere el 50% del total.
De las 182 organizaciones que se presentaron a la convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 5 de diciembre de 2018, 134 se quedaron sin ayudas. Además, de los 6.957.307,88 euros que el Gobierno de España concede al Ejecutivo autonómico, un 40% se ha distribuido entre Cáritas y Cruz Roja, entidades que, por su carácter nacional e internacional, pueden solicitar subvenciones que trasciendan lo local. “Coalición Canaria presume en su eslogan de luchar por el Archipiélago, pero en este caso las grandes perjudicadas por la distribución del presupuesto son las entidades locales y regionales”, valora una de las integrantes de la asociación ARSM Anchieta, dedicada a la atención de colectivos vulnerables y también excluida del reparto. Por su parte, la Consejería de Políticas Sociales ha reconocido en declaraciones a este periódico que “el resultado del IRPF 2018 en Canarias podría ser más justo y no tiene en cuenta la relevancia de que pequeñas entidades continúen con sus proyectos en un territorio fragmentado y alejado como este”.
Más del 70% de los proyectos desestimados han sido denegados por obtener una puntuación inferior a la mínima establecida, según los criterios de valoración y cobertura presupuestaria. Entre los requisitos se encuentra la cofinanciación. Así, la Consejería, según lo dispuesto en el BOC, “valora prioritariamente los programas que en su presupuesto cuenten con otras fuentes de financiación pública o privada”. De este modo, son valoradas con tres puntos aquellas iniciativas cuya cofinanciación supere el 50%, con dos puntos aquellos en los que los fondos propios oscilen entre el 25 y el 50% y con un punto los programas en los que la cofinanciación esté por debajo del 25%.
Si bien es cierto que el Gobierno central establece la cofinanciación como uno de los requisitos a tener en cuenta, el umbral del 25% lo ha fijado únicamente Canarias. La Consejería justifica que “si no se establecía un límite en el importe a conceder y se autorizaba solicitar el 100% del coste total del programa, el IRPF se repartiría en su totalidad entre seis entidades”, y añade que “el objetivo es intentar que las entidades se financien a través de otras fuentes y buscar apoyo en los ayuntamientos o cabildos”.
Nada contra la violencia machista
Entre los proyectos aprobados no figura ninguno destinado a atender a las mujeres víctimas de violencia de género, ni tampoco a la prostitución. Así, a pesar de que el Ejecutivo canario tratara de descargar responsabilidades en los criterios de baremación del Gobierno central, el Archipiélago se posicionó como la única comunidad autónoma que no contaba con este problema estructural en sus líneas de subvención. Además, desde 2017, las competencias están distribuidas. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia que tachaba de inconstitucional el modelo de gestión y concesión de ayudas públicas derivado del programa de la asignación tributaria del IRPF, estimando que “el modelo no se ajustaba a la orden de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas”.
La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, aseguró en una reunión a las entidades de estas áreas que ya están “gestionándose fórmulas de financiación directas por parte del Gobierno y de otras administraciones”. Sin embargo, ante la pregunta formulada por este periódico a la Consejería que dirige sobre cuáles serán exactamente estas fórmulas, las propuestas no son concretas: “Hemos valorado fórmulas inmediatas de anticipo, siempre que sean compatibles con la normativa legal en los procedimientos administrativos y presupuestarios”.
Por su parte, el resto de entidades excluidas sigue a la espera de soluciones. Las integrantes de la asociación contra la Fibrosis Quística revelan que el Gobierno canario insta a las ONG excluidas a solicitar otras ayudas propuestas por la Consejería. “Si la convocatoria sale en junio y la resolución a finales de año, ¿de dónde sacamos el dinero mientras tanto?”, cuestionan.
Este martes a las 13.00 horas tendrá lugar una reunión entre el Ejecutivo y los representantes de las ONG afectadas. Laura Sosa, miembro de la organización tinerfeña Nahia, especializada en la inserción social y laboral de jóvenes entre 16 y 18 años, explica que, en un primer momento, el Gobierno propuso la reunión para el día 7 de junio. “Dijimos que no. En ese entonces habrá un Gobierno en funciones sin capacidad para resolver cualquier tipo de problema”, justifica. Además, Sosa cuenta que pidieron el encuentro directamente con el presidente, Fernando Clavijo. “Somos tan pequeñas que no merecemos la atención del señor presidente, quizá desconozca las horas en vela de estas entidades para continuar llegando donde otros no llegan. Seguro desconoce los meses sin cobrar y la tristeza de pensar en cerrar nuestras puertas y dejar a nuestras poblaciones sin atención”, concluye.
