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El Gobierno canario perdona al marido de la secretaria de Organización de CC el cobro indebido de cuotas en una escuela infantil

La Consejería de Políticas Sociales de Canarias descarta sancionar al director del San Miguel Arcángel pese a que tiene constancia de que recaudó una mensualidad en efectivo y aumentó de forma injustificada las cuantías a varios usuarios

La directora general de Protección a la Infancia asegura que "no se ha encontrado nada extraño que justifique la apertura de un expediente" contra el máximo responsable del centro, que está casado con la diputada autonómica Guadalupe González Taño

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Recibo en el que puede verse uno de los cobros.

Recibo en el que puede verse uno de los cobros.

El Gobierno de Canarias ha perdonado al director de la escuela infantil San Miguel Arcángel, ubicada en Santa Cruz de La Palma y dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, diversas irregularidades relacionadas con el abono de la primera mensualidad del curso 2017/2018. El máximo responsable del centro, Patricio García Ducha, cobró de forma indebida, en efectivo y mediante una carta de pago que dejó de ser utilizada en 2014, la primera cuota a los usuarios del centro, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso mirametv.com. 

Carmen Morales, directora general de Protección a la Infancia, área que comenzó a investigar los hechos a finales de 2017 a raíz de la queja de una madre afectada, aclaró que se ha descartado la apertura de un expediente contra el responsable del centro "porque no se ha encontrado nada extraño que justifique un procedimiento sancionador", a pesar de las anomalías detectadas y de que durante las actuaciones previas también se constató que se llevaron a cabo incrementos injustificados del precio abonado por los usuarios. La dirigente de Coalición Canaria incidió en que García Ducha actuó así "movido por su afán de ayudar" a los padres a realizar el trámite administrativo oficial.

Fuentes consultadas recuerdan que el director de la escuela infantil está casado con Guadalupe González Taño, secretaria de Organización de Coalición Canaria y diputada autonómica, y relacionan este hecho con la protección que se le brinda desde la Consejería de Políticas Sociales. Patricio García Ducha rechazó hacer declaraciones a este medio de comunicación y se remitió a la versión oficial.

Las sospechas se destaparon a raíz de la reclamación de una usuaria de la escuela infantil, que se dirigió a la Consejería de Políticas Sociales en noviembre de 2017 para preguntar sobre el aumento que se había aplicado a su cuota, que de un curso para otro y sin motivo aparente se incrementó de 46 a 82 euros. A raíz de esta queja, y de las presentadas posteriormente por otras familias afectadas, se llevaron a cabo unas actuaciones previas por parte de la Dirección General que sacaron a la luz las irregularidades cometidas por el director del centro en el cobro de la primera mensualidad del ejercicio 2017/2018.

A día de hoy, a los usuarios de la escuela infantil San Miguel Arcángel no se les ha devuelto el dinero, lo que ha incrementado el malestar existente por la forma en la que gestiona la instalación educativa el actual director. En un escrito elevado a la Dirección General de Protección a la Infancia el pasado mes de noviembre, un grupo de padres y madres realizaron una batería de preguntas a Carmen Morales sobre cuestiones vinculadas con el centro y, en concreto, respecto a "qué se ha resuelto sobre la investigación referente a los pagos en efectivo" que se llevaron a cabo a principios del curso 2017/2018. Aún no han recibido respuesta y algunos de los afectados no descartan llevar este asunto a la Fiscalía.

Lo que ha quedado probado durante las actuaciones previas seguidas por la Consejería de Políticas Sociales, tal y como confirmó la propia Carmen Morales, es que el máximo responsable del San Miguel Arcángel cobró la primera cuota del curso en efectivo y mediante una carta de pago que dejó de usarse en 2014, cuando la Consejería de Hacienda del Gobierno autonómico emitió la orden por la que se aprobó el modelo 800 de ingresos de derechos económicos de naturaleza no tributaria. Desde entonces, el procedimiento reglado para realizar el pago por el servicio que prestan las escuelas infantiles establece esta vía como el trámite obligatorio que debe seguir cada usuario de manera particular ante la Agencia Tributaria Canaria.

En lugar de utilizar el modelo 800, los usuarios del centro abonaron la primera cuota en mano al director, que a su vez les hizo entrega de un recibo donde, pese a haber dejado de ser válido desde 2014, se puede leer "curso 2017/2018", lo que pone de manifiesto una alteración del documento primigenio. La carta de pago consistía en un papel impreso en un ordenador personal, mientras que el original estaba formado por tres hojas autocopiativas. Una vez que la Dirección General tuvo constancia de esta anomalía, en enero de 2018 y en el marco de las actuaciones previas, procedió a preguntar al responsable del centro, que reconoció los hechos.

Versión oficial

En la versión que trasladó entonces a la Consejería de Políticas Sociales, García Ducha sostuvo que inicialmente ingresó todo el dinero en la Agencia Tributaria Canaria mediante un pago único a través del modelo 800 y que, al darse cuenta de su error, pidió la anulación del abono realizado y, siempre según su declaración en las actuaciones previas, se le devolvió el dinero en mano. El director de la escuela infantil también aseguró que, en ese momento, su intención era hacer un nuevo ingreso a nombre de cada usuario.

Esta versión de los hechos fue confirmada por la directora general de Protección a la Infancia, que insistió en que “a raíz de las actuaciones previas se elaboró un informe y se llegó a la conclusión de que no había pasado nada extraño y no había que abrir expediente". Morales aseveró que "usted sabe cómo funcionan las cosas en los pueblos, donde hay una mayor proximidad, y es verdad que el director de la escuela infantil cobró ese dinero pero lo hizo para ayudar", aunque acto seguido volvió a recalcar que "la conclusión a la que se llegó es que todo era correcto".

Preguntada sobre la contradicción de manifestar que no había nada extraño cuando en las actuaciones previas se detectaron irregularidades administrativas, Morales explicó que, pese a que ese dinero no se ha devuelto a los padres, "se hicieron los ingresos en la Agencia Tributaria de forma correcta". Sobre si tiene pruebas documentales de que ese dinero fue ingresado por el director del centro inicialmente mediante un pago único, que después se lo devolvieron en mano y que, finalmente, lo volvió a abonar mediante el modelo 800, responde que "sí, tenemos constancia".

Según documentación de las actuaciones previas, la Dirección General de Protección a la Infancia solicitó a finales de diciembre de 2017 información a la Agencia Tributaria Canaria sobre los abonos realizados a través del modelo 800 correspondientes a la escuela infantil San Miguel Arcángel, además de reclamar los justificantes de los pagos al director del centro. A finales del mes de enero, no constaba que se hubiera recibido respuesta alguna al respecto en el área dependiente de la Consejería de Políticas Sociales. Este medio de comunicación ha pedido la documentación sobre esos ingresos y devoluciones al comprobar que aún no ha sido entregada a los usuarios. La respuesta de la Consejería de Políticas Sociales es que esa información debe solicitarse de forma oficial mediante el portal de transparencia.

En relación al incremento indebido de las cuotas, la Dirección General solo pudo comprobar durante las actuaciones previas una de las distintas quejas que presentaron los afectados, ya que el centro no remitió a la Consejería los expedientes de las familias que habían preguntado por el aumento de la cuantía. En el único caso que se contrastó, tras consultar la documentación económica aportada por la usuaria, se demostró que la reclamación estaba fundamentada, al corresponderle una cuota de 46 euros y no de 82 euros, como le había trasladado el director de la escuela infantil.

Carmen Morales reconoció que efectivamente se había producido un error en el cálculo de algunas cuotas, pero que "se subsanó en todos los casos en los que se detectó". Fuentes consultadas explican que el precio se corrigió en el resto de mensualidades del curso 2017/2018, que ya se abonaron de forma correcta por cada usuario a través del modelo 800, pero niegan que se haya devuelto la diferencia que se cobró de forma indebida en el primer pago en efectivo.

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