Trabajadores y dirección de Crown Packaging Manufacturing Spain de Agoncillo han llegado a un acuerdo. Tras más de seis meses de negociación y conflicto ambas partes han acercado posturas con un convenio “satisfactorio para todas las partes implicadas” y que comprende desde julio de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028. Acuerdo al que se suman más proyectos de la empresa porque a lo largo de este año se prevé instalar una nueva línea de botes “que se traducirá en nuevas contrataciones”.

El presidente del Comité de Empresa formado por siete representantes de CCOO La Rioja y uno de USO, Rodrigo San Juan de Torre, insiste en que el acuerdo se ha logrado “por la unión de todos los trabajadores que son los que nos han dado la fuerza para negociar”.

Un acuerdo que dice “supone un avance significativo en la mejora de las condiciones laborales, especialmente en materia salarial y de permisos”. Y en este sentido, uno de los principales logros es la “reducción de las desigualdades existentes, beneficiando de manera especial a aquellos trabajadores y trabajadoras que presentaban mayores diferencias respecto a otras plantas. Se han dado pasos importantes para equiparar condiciones con centros como el de Sevilla, garantizando así un trato más justo y homogéneo dentro de la empresa”.

Y es que equiparar las condiciones a los trabajadores de la planta de Sevilla ha sido el objetivo prioritario desde el principio. Sobre todo las condiciones “económicas y de permiso para los que empezaron a trabajar a partir de 2018, un 60 por ciento de la plantilla que supera las 240 personas”. Las condiciones del resto, explicaba San Juan, “los que entramos antes de esta fecha (2018) tenemos unas condiciones similares a las los compañeros de Sevilla”.

Así, y aunque no han querido dar cifras, el presidente del Comité de Empresa ya explicaba en octubre de 2025 de las diferencias económicas entre Sevilla y Logroño. “Un mecánico (puesto más habitual en la planta) cobra 7.000 euros menos que un mecánico en la planta de Sevilla. La empresa lanzó una oferta, pero aun así, la diferencia de salario sigue siendo de 3.000 euros”. El otro punto de discordia, los días de permiso al año. “Los compañeros que entraron después de 2018 solo tienen dos días de permiso, frente al los cuatro retribuidos y uno más sin cobrar que tienen los compañeros de Sevilla”.

Así, tras este acuerdo, relata San Juan, “toda la plantilla ve mejoradas sus condiciones, lo que refuerza el compromiso con un entorno laboral más equitativo, estable y favorable para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras”. Y al margen de la firma de este acuerdo, más buenas noticias para la planta riojana porque la dirección ha anunciado que a lo largo de este año se va a instalar “una línea de botes lo que se traducirá en nuevas contrataciones”. Finalmente, el Comité de Empresa valora “la disposición al diálogo que ha permitido alcanzar este resultado” y confía en que “este acuerdo marque una base sólida para el futuro”.

La plantilla municipal de limpieza de colegios en Sevilla ha puesto fin a semanas de conflicto con el Ayuntamiento tras ratificar en asamblea el acuerdo alcanzado con el Gobierno local de José Luis Sanz. El pacto, que se firmará este Viernes de Dolores, llega después de un pulso marcado por protestas, encierros y movilizaciones contra lo que los trabajadores denunciaban como un proceso de privatización del servicio.

El conflicto se originó a finales de enero, cuando el alcalde anunció la externalización de parte de la limpieza en los colegios públicos. Los sindicatos criticaron que optara por esta vía para paliar el déficit de efectivos en los puestos de limpiadores, en lugar de reforzar la plantilla municipal cubriendo las vacantes existentes. La medida puso a los trabajadores en pie de guerra, que iniciaron una escalada de presión en la calle y en los actos públicos del alcalde hasta provocar la ruptura del diálogo entre ambas partes.

Tras alcanzar el punto crítico del conflicto con la aprobación del pliego de condiciones para el contrato del servicio, las negociaciones se reanudaron en busca de una salida al conflicto. Semanas después, ambas partes han alcanzado una salida pactada que, según apuntan, introduce garantías para el empleo público y la estabilidad del servicio.

Entre los puntos clave del acuerdo destacan el mantenimiento de los puestos fijos y temporales, la continuidad de los 481 peones actualmente en plantilla, y la incorporación de nuevas plazas en las Ofertas de Empleo Público de 2026 y 2027. Además, se contempla la reubicación del personal con conservación de sus condiciones retributivas, así como un marco para reforzar el servicio municipal.

La asamblea de trabajadores, que ha respaldado el acuerdo, también ha evidenciado las diferencias sindicales durante el conflicto. La mayoría de organizaciones ha defendido una estrategia combinada de movilización y negociación, mientras que el Sindicato de Empleados Municipales (SEM) se desmarcó en la fase final del proceso, lo que ha sido objeto de críticas por parte del resto de representantes.

Los sindicatos han subrayado que la ratificación del acuerdo supone no solo el inicio de “una etapa de mayor estabilidad”, sino también un respaldo a la línea de trabajo mantenida durante el conflicto. Con el acuerdo, la plantilla cierra un episodio de alta tensión con el Ayuntamiento y abre ahora una fase centrada en vigilar el cumplimiento de los compromisos alcanzados.

El consejero de Educación, Sergio Silva, y la Junta de Personal Docente no Universitario de Cantabria (CCOO, UGT, Anpe y Stec) han firmado el acuerdo para la adecuación retributiva del profesorado, en el Consejo Escolar de Cantabria, tras más de 18 meses de negociación. Esta rubrica ha sido “un acuerdo histórico”, puesto que es la primera subida salarial desde 2008, han señalado las dos partes.

Este acuerdo contempla una subida salarial que llegará a los 180,23 euros mensuales, más el IPC, en 2029, y un incremento del importe de los sexenios, de forma que la mejora retributiva podría alcanzar los 338,60 euros mensuales para los docentes que tengan reconocidos cinco sexenios. Además, deberán realizar 130 horas de formación por sexenio, aunque, eso sí, se reconocen todos los sexenios pasados con carácter retroactivo sin necesidad de hacer más.

La presidenta de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba, ha dicho que es es un acuerdo que “ha requerido trabajo, constancia y determinación. No solo celebramos el acuerdo, sino la culminación de un largo recorrido, y que las movilizaciones y el diálogo dan sus frutos”, ha apostillado.

El consejero Silva ha reconocido que con este sello ha habido un entendimiento que ha costado muchos meses, puesto que ha sido un acuerdo “muy trabajado, negociado y luchado por todos”, tanto Consejería como sindicatos.

Ha dicho que con éste ya son cuatro los acuerdos a los que ha llegado su Consejería con los sindicatos: la sustitución de la jornada lectiva para los docentes mayores de 55 años; la jornada completa para los maestros de aulas de un año; el acuerdo sobre calendarización de la Oferta de Empleo Público; y este último. También ha apuntado que, al igual que en verano no se pudo llegar a un acuerdo por la “famosa 'cláusula Silva'”, a este acuerdo se le debe llamar 'el acuerdo Silva', ya que ha sido él el consejero que lo ha firmado.

Por su parte, el representante de Stec, Diego San Gabriel, ha reconocido que la firma la han sellado cuatro personas, pero que ha sido gracias a todos los docentes de la educación pública de Cantabria. “Esta adecuación nos la hemos ganado a pulso, hemos doblado el brazo al Gobierno”, ha dicho.

La secretaria general de CCOO en este ámbito, Conchi Sánchez, tiene claro que este acuerdo “no puede ser una medalla del PP ni de la presidenta” regional, María José Sáenz de Buruaga, sino de los docentes, “que no han bajado los brazos y han hecho el esfuerzo de perder el salario de 13 días de huelgas”. Y el portavoz de UGT, Jesús San Emeterio, ha insistido en que este acuerdo ha de ser “un punto de partida para seguir negociando y conseguir una educación publica más fuerte”.

Ya hay acuerdo. Finalmente, las trabajadoras de residencias de personas mayores y centros de día no irán a la huelga prevista para este viernes 6 de marzo, tras el acuerdo logrado por los cuatro sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día de La Rioja (CCOO, CSIF, UGT y USO). “Nada nos ha sido regalado, cada mejora ha sido fruto de la movilización y la lucha colectiva” asegura la responsable de sanidad de CCOO La Rioja, Carmen Martínez. Un acuerdo “duro y difícil porque desde el viernes nos hemos reunido dos y tres horas diarias”. Finalmente, ambas partes han acercado posturas y han plasmado sobre el papel un acuerdo que valoran “positivo y como un punto de partida”.

Así, y en cuanto a las mejoras que recoge el acuerdo, Martínez destaca el 15 por ciento de subida salarial en tres años, incremento que puede parecer “poco, pero es un avance”. La primera subida ya se notará en las nóminas de este 2026, con un incremento del 4,75 por ciento. Más salario y menos horas trabajadas que disminuyen hasta las 1.765 este año.

El acuerdo también plasma un aumento de los “pluses” por domingo trabajado pasando de los 18,65 euros actuales a los 20 euros. Igualmente, se mejoran las retribuciones por trienios que pasan de los 21 euros a los 23. El incremento salarial continuará en 2027 con un aumento del 5,25 por ciento y una reducción de las horas trabajadas a las 1.758. En 2028, el incremento salarial será del por ciento y las horas trabajadas bajarán hasta 1.750.

El acuerdo contempla también la equiparación del complemento de incapacidad temporal por contingencias profesionales al convenio estatal, la garantía de un fin de semana completo de descanso cada 3 semanas y la posibilidad de que las personas trabajadoras mayores de 60 años puedan solicitar la exención del turno de noche.

“Estábamos preparadas para la huelga”

La representante sindical valora este acuerdo que llega “después una negociación enquistada desde hace años”. Y reconoce el papel crucial de la negociadora del servicio de Inspección porque “ella ha hecho posible el acercamiento entre dos partes muy alejadas”. Y aunque reconoce que estaban preparadas para la huelga, considera “positivo este acuerdo porque se necesita estabilidad. Estamos hablando de un servicio de cuidados y debemos respeto a las personas mayores con las que trabajamos”.

Aun así y pese a todo, Martínez advierte de que “esto no es el final, es un acuerdo inicial, unos mínimos que se pueden ir mejorando con el paso del tiempo”, además de asegurar estar “vigilantes” para que la patronal cumpla lo acordado.

El Gobierno de Javier Milei ha dado un paso más en su fuerte alineamiento con la Administración de Donald Trump: ha firmado un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos. El convenio, que debe ser refrendado por el Congreso argentino, limita las posibilidades de desarrollo del país a la relación asimétrica con EEUU y pone a Argentina en tensión con sus principales socios comerciales, Brasil y China, señalan voces expertas.

Los puntos más destacados del tratado comercial, que se conoció en las últimas horas sólo en versión en inglés, impactan de forma directa en los recursos naturales y la producción local en favor de Washington. El pacto contempla muchas más obligaciones para Argentina: el país cede, sin contraprestación alguna, sus atribuciones de control de calidad en industrias como la farmacéutica, la alimentaria y la automotriz. Por ejemplo, deberá aceptar la importación de vehículos estadounidenses fabricados según las Normas Federales de Seguridad y emisiones previas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

La Cancillería argentina ha justificado la firma del acuerdo en que promoverá exportaciones: “Washington eliminará aranceles recíprocos para 1.675 productos de una amplia gama de sectores productivos, lo que permitiría recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares”, ha informado el Ministerio encabezado por Pablo Quirno, quien fue el encargado de rubricar el texto.

Como contrapartida, “Argentina dejará en cero los aranceles para 221 posiciones, bajará al 2% otras 20, principalmente autopartes, y otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas que ingresen desde EEUU”, según las autoridades locales.

“Relación centro-periferia”

Sin embargo, la simetría parece un horizonte lejano. Mientras el PIB de Estados Unidos superó los 30 billones de dólares en 2025, el argentino marcó 683.371 millones de dólares en ese período. La apertura comercial, en un contexto de guerra fría entre la Administración Trump y China, perjudica aún más a la industria y los sectores que generan trabajo, advierten los expertos.

Pedro Gaite, economista y jefe de FIDE ( Fundación para el Desarrollo Económico), señala a elDiario.es que “un convenio de libre comercio con un país que tiene un nivel de productividad tanto más alto que el de Argentina lo que hace es profundizar las relaciones centro-periferia tradicionales, y de ello se puede desprender un aumento de la primarización de la estructura productiva local. Argentina exporta más productos primarios y materia prima e importa más manufacturas de alto valor agregado y contenido tecnológico”.

Para Gaite, el convenio también puede generar un impacto negativo en las relaciones comerciales de Argentina con otros países del Mercosur –bloque que integra junto con Brasil, Paraguay y Uruguay– y, en particular, con Brasil. “La inmensa mayoría de las exportaciones industriales de Argentina van a los países del Mercosur, sobre todo las de autopartes a Brasil. Este tratado comercial levanta muy fuertemente los aranceles de autopartes de Estados Unidos, entonces, es muy probable que el acuerdo sectorial de comercio de automóviles con Brasil entre en crisis, que es lo que ya se está viendo, pero [es probable que] se profundice”.

Estados Unidos encontró en Milei un socio incondicional que lo elige por encima de China y Rusia y que no vota más junto a Brasil, y menos con Luiz Inácio Lula da Silva ocupando la presidencia, con quien no ha disimulado su encono. El mandatario ultra argentino recibió una ayuda crucial de Trump que le permitió ganar cómodamente las elecciones legislativas de octubre pasado. La elección se presentaba cuesta arriba en medio de turbulencias en la economía y temores de devaluación, pero el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, anunció un rescate financiero de 20.000 millones de dólares condicionado al triunfo del Gobierno actual.

Aranceles, carnes y autos

Para el sector agropecuario de EEUU, Argentina permitirá el ingreso de ganado en pie, porcinos y aves de corral. Las autoridades locales celebran por estas horas que Trump habilitará el ingreso preferencial de 100.000 toneladas anuales para carne vacuna frente a las 20.000 toneladas actuales.

Miguel Ponce, experto en Comercio Exterior, señala a elDiario.es que “si bien hay un acceso privilegiado al mayor mercado de consumo del mundo, intentando atraer inversión extranjera directa en momentos en los que en Argentina se produce un proceso de desinversión, se trata de un alineamiento con Estados Unidos que tendrá consecuencias con los socios comerciales”.

El magnate republicano no cedió en el acero y el aluminio y mantendrá un arancel del 50% sobre esos bienes, otro tema que destaca Ponce. “Seguimos castigados con los aranceles en aluminio y acero y este acuerdo nos trae tensiones con los dos principales socios, como Brasil y China. No es un acuerdo Mercosur-EEUU como el que pretende Brasil con Mercosur-China, sino que nuestro país se corta solo”.

El experto agrega que “el nivel de apertura que plantea Argentina, que implica la entrada de 10.000 automóviles, más las autopartes entrando al cero por ciento, afectará las principales exportaciones con valor agregado de Argentina. Hoy las manufacturas de origen industrial –de las cuales el 80% que tiene destino a Brasil–, son las que más se verían afectadas”.

En este contexto, es preciso recordar que el Congreso argentino debe refrendar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, además de este nuevo convenio.

Brasil y China

Ponce también señala el otro socio comercial clave: “El otro tema es con China. Lógicamente este compromiso de privilegiar las inversiones en tierras raras y en litio que van a tener las empresas norteamericanas es probable que perjudique las inversiones chinas en el norte de nuestro país. La política comercial de EEUU está subordinada a la seguridad nacional y este acuerdo se ha firmado en ese marco. Fortalece el alineamiento automático con Washington, y Trump no necesita de la aprobación del Congreso para este tratado”.

En minería y energía, lo central es la inversión estadounidense en minerales críticos, donde Trump intenta disputarle el monopolio al gigante asiático, ya que más del 90% de la capacidad mundial de refinación de esos elementos se encuentra en China.

“Estados Unidos busca hacerse con los recursos estratégicos en el mundo que se viene, de los minerales, del litio y de las tierras raras, y Argentina va a estar dejando pasar una nueva oportunidad de usar esos recursos estratégicos para impulsar su industria con valor agregado, con tecnología y pegar el salto al desarrollo”, agrega en esa línea Gaite.

Con este convenio, Argentina reconocerá a EEUU como jurisdicción para la transferencia de datos y evitará la discriminación a servicios digitales estadounidenses. También en relación con la protección de patentes, especialmente en fármacos y el control de falsificaciones.

En definitiva, se trata de un acuerdo que profundiza el alineamiento de Milei con Trump y abre interrogantes sobre cuánto afectará otras relaciones comerciales ante el privilegio de inversiones para Estados Unidos. El Ejecutivo argentino ya planea incorporarlo a las sesiones extraordinarias del Congreso, que tendrá la última palabra sobre el acuerdo.

Por si no fuera suficiente la inquietud que causa la deriva imperialista del trío Donald Trump-Vladímir Putin-Xi Jinping en pleno colapso del orden internacional, desde este 5 de febrero se ha añadido una nueva señal de preocupación. Al agotarse la prórroga acordada en 2021 entre Washington y Moscú, el final del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III o New START) deja vía libre a la proliferación de las armas de mayor poder destructivo creadas por el ser humano.

Dicho acuerdo, firmado en 2010, formaba parte del instrumental de control con el que ambas superpotencias se habían ido dotando desde la Guerra Fría, nacido del convencimiento de que una guerra nuclear abocaba a la humanidad a un suicidio colectivo en el que nadie podría cantar victoria.

Así, junto con el Tratado de Misiles Antibalísticos (ABM, anulado por George W. Bush en 2002) y el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, anulado por Trump en 2019), el START III establecía que ninguno de ambos actores podría contar con más de 1.550 cabezas nucleares estratégicas desplegadas, 700 vectores de lanzamiento estratégico [misiles balísticos intercontinentales (ICBM), misiles lanzados desde submarinos (SLBM) y desde bombarderos (ALCM)] y 800 lanzadores en total (desplegados o no).

Tanto o más importante aún, también creaba un sistema de inspecciones in situ, así como intercambios de datos y notificaciones sobre los respectivos arsenales.

Ahora se quiebra una dinámica que había logrado reducir significativamente el número de cabezas nucleares, desde más de 70.000 en plena confrontación bipolar hasta las aproximadamente 12.000 actuales, con EEUU y Rusia acaparando, a partes iguales, prácticamente el 90%.

Se había conseguido asimismo extender indefinidamente la vigencia del Tratado de No Proliferación (TNP), pieza angular del régimen de control a escala planetaria; poner en marcha el Tratado de Cielos Abiertos (anulado por Washington en 2020), el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares (CTBT, nunca ratificado por Washington y del que Moscú se retiró en 2023) y hasta el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPAN, 2021, aunque no ha sido firmado ni por las nueve potencias nucleares existentes ni por ninguno de los países miembros de la OTAN).

Un panorama desestabilizador

El panorama que se dibuja a partir de este punto es altamente desestabilizador en la medida en que ambas superpotencias, sumidas en los más ambiciosos programas de modernización de sus respectivos arsenales, emiten nítidas señales proliferadoras.

Por un lado, Putin se muestra orgulloso de los últimos ingenios creados en sus fábricas, con el misil de crucero intercontinental 9M730 Burevéstnik (SSC-X-9 Skyfall, en terminología OTAN) y el dron submarino Status-6 Poseidón (Kanyon, en argot OTAN) ya operativos, mientras lanza misiles balísticos hipersónicos de alcance intermedio Oreshnik 9M729 contra Ucrania. Y aunque, de momento, ninguno de ellos ha portado cabezas nucleares, el desasosiego es inevitable.

Mientras no se detecta ninguna señal de que Washington y Moscú tengan voluntad de negociar un nuevo tratado y mientras la tecnología está aún muy lejos de garantizar la impenetrabilidad de ningún escudo, todo apunta a una aceleración de la carrera nuclear

Por otro lado, Trump anuncia que ha dado órdenes de volver a realizar pruebas nucleares, algo que Washington no hace desde 1992 (y Moscú desde 1990), sin aclarar si se trata de explosiones en toda regla o ensayos de laboratorio para probar nuevos ingenios. Un anuncio al que se añade la pretensión de contar con un escudo antimisiles –denominado Cúpula Dorada–, supuestamente impenetrable, como si la historia no hubiese dejado claro que, más allá de sus limitaciones tecnológicas, ese tipo de medidas incentiva aún más la proliferación, en la medida en que el potencial enemigo procurará contar con más misiles ofensivos con los que saturar dicho escudo para garantizar que algunos de ellos llegarán con seguridad a sus objetivos.

Fue Putin el que, ya en 2023 –tras la invasión de Ucrania y cuando ambos países habían confirmado que ya habían ajustado sus arsenales estratégicos a los límites acordados–, decidió dejar de cumplir con el tratado, cerrando la puerta a las inspecciones regulares. También fue el líder ruso quien propuso, en septiembre pasado, seguir cumpliendo con dichos límites al menos un año más, sin que Trump haya respondido hasta hoy. Una propuesta, en todo caso, insuficiente si no iba acompañada de la reanudación de las inspecciones recíprocas sobre el terreno.

Sin señales de un nuevo tratado

En definitiva, mientras no se detecta ninguna señal de que Washington y Moscú tengan voluntad de negociar un nuevo tratado y mientras la tecnología está aún muy lejos de garantizar la impenetrabilidad de ningún escudo, todo apunta a una aceleración de la carrera nuclear. Una carrera en la que también hay que contar con una China que se resiste a implicarse en ningún proceso de negociación con el argumento de que su arsenal estratégico (unas 500 cabezas nucleares) está muy lejos del ruso y el estadounidense y que, por tanto, no cambiará de posición hasta que estén en niveles parejos.

Y una carrera en la que también queda por ver cómo actuarán los países de la Unión Europea ante la ruptura del vínculo trasatlántico –es decir, de la garantía de cobertura de seguridad proporcionada por Washington desde hace décadas–, si realmente quieren alcanzar la tan soñada, como de momento inexistente, autonomía estratégica.

El Gobierno de Damasco y la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) han anunciado este viernes un nuevo acuerdo “integral” para incorporar a los kurdosirios a la estructura estatal, después de que otro pacto previo colapsara este mes en medio de enfrentamientos entre ambos bandos en las zonas del norte y noreste del país controladas por los kurdos.

“Un acuerdo de alto el fuego ha sido alcanzado entre el Gobierno sirio y las Fuerzas de Siria Democrática en el marco de un pacto integral, con un entendimiento sobre la integración por fases de las fuerzas militares y administrativas de ambas partes”, reza el texto del acuerdo, difundido por las FSD. La televisión estatal siria también ha confirmado el contenido del pacto, que llega diez días después de que las dos partes anunciaran un alto el fuego para detener los choques armados y afinar los detalles del acuerdo del primer acuerdo, con fecha del 18 de enero.

El pacto anunciado este viernes estipula la integración estatal de las instituciones gestionadas por la autoproclamada Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria (AADNES), un gobierno de facto en las áreas de Siria que estaban controladas hasta ahora por la alianza liderada por kurdos.

En el plano militar, las fuerzas de los dos bandos deberán retirarse de todas las líneas de combate y se procederá a formar una nueva división en el ejército sirio integrada por tres brigadas de las FSD, a las que se sumará una cuarta con base en la ciudad de Kobani, también conocida como Ain al Arab (en la provincia de Alepo).

Kobani, de mayoría kurda y asediada durante los choques de las últimas semanas, está alejada del grueso del territorio que dominaban las FSD en el noreste de Siria.

Según el texto, las partes también han accedido a que las tropas del Ministerio de Interior entren finalmente a las ciudades de Al Hasaka (capital de la provincia homónima, donde se concentra la población kurda) y Qamishli (una estratégica localidad mayoritariamente habitada por kurdos en la frontera con Turquía).

“El acuerdo tiene como objetivo unificar el territorio sirio y lograr una integración total de la región, fortaleciendo la cooperación entre las partes y unificando esfuerzos para reconstruir el país”, concluye el entendimiento publicado por las dos partes, que han estado combatiendo desde principios de enero.

Damasco lanzó una ofensiva a principios de año para retomar los territorios que han estado gobernados por la AADNES en la última década, en el marco del conflicto civil sirio. Desde el derrocamiento del régimen de Bashar al Asad a finales de 2024, las nuevas autoridades han buscado un acuerdo con las FSD para que se integren en las fuerzas gubernamentales y entreguen el control de las áreas e instituciones de una amplia región del país que escapó al control del régimen durante la guerra.

El Gobierno de Ahmad Al Sharaa alcanzó un acuerdo con las FSD en marzo de 2025, pero no se aplicó y a principios de este año decidió emplear la fuerza para obligar a los kurdos a aceptar la integración en las estructuras estatales. Al Sharaa busca imponer su autoridad en todo el país y unificar su territorio, que durante la contienda estuvo controlado por diferentes grupos armados opuestos al régimen de Al Asad.

El eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, ha denunciado la decisión de los gobiernos europeos de aplicar provisionalmente el acuerdo con Mercosur sin pasar por el filtro del Parlamento Europeo. Esta maniobra, aprobada por mayoría cualificada en el Consejo, es vista por la formación valencianista como un “grave precedente democrático” que tiene un objetivo claro: acelerar un pacto cuyas consecuencias recaerán directamente sobre los agricultores, ganaderos y empresas de nuestro territorio.

Para Marzà, el acuerdo no es solo una cuestión de geopolítica internacional, sino una amenaza real para la supervivencia de sectores estratégicos valencianos. El texto actual obliga a las producciones agroalimentarias locales a competir en desigualdad de condiciones con productos sudamericanos. Mientras los productores valencianos están sujetos a estrictas normativas de la UE, las importaciones de Mercosur entrarán con estándares ambientales, sanitarios y laborales muy inferiores. Esta brecha no solo fomenta una competencia desleal, sino que pone en riesgo la viabilidad del campo valenciano, que ya atraviesa una situación de vulnerabilidad extrema.

El impacto no se limita a la agricultura; la industria valenciana también se verá agraviada. Compromís advierte que el acuerdo consolida un modelo extractivista y contaminante que choca con los valores de sostenibilidad que Europa dice defender. Según Marzà, es “inaceptable” que el futuro de la industria y el campo valencianos se utilice como moneda de cambio en un sistema de comercio que tilda de “socialmente injusto” y perjudicial para el clima.

Críticas a la desprotección institucional

Desde el grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, se ha intentado hasta el último momento reforzar las cláusulas de salvaguardia para blindar a los productores europeos —y específicamente a los valencianos— ante posibles oleadas de importaciones masivas o crisis de mercado. No obstante, Marzà lamenta que la mayoría de estas propuestas han sido rechazadas, resultando en un sistema de protección “débil e insuficiente”. En este sentido, el eurodiputado señala directamente la responsabilidad del PP y el PSOE en la promoción de este marco normativo que, a su juicio, deja desamparado al territorio valenciano frente a las grandes corporaciones transnacionales.

Ante la ratificación de la firma por parte del Consejo, la estrategia de Compromís se traslada ahora al ámbito judicial. El grupo ya trabaja para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declare ilegal el acuerdo, al considerar que se ha esquivado deliberadamente el control democrático parlamentario para imponer un tratado que “sacrifica el futuro de nuestra tierra”. La formación insiste en que cualquier avance en las relaciones con América Latina debe ser coherente con los derechos laborales y la protección del medio ambiente, sin convertir a los sectores productivos valencianos en el eslabón más débil de la cadena europea.

Parece que el 2026 comienza con buenas noticias para los bomberos forestales de La Rioja porque el Ejecutivo regional acaba de informar de que se ha alcanzado un preacuerdo. Así, el Gobierno de La Rioja, a través de las Direcciones Generales de Función Pública, y Medio Natural y Paisaje, y el Comité de Empresa han alcanzado un preacuerdo para la reorganización del colectivo de bomberos forestales.

La propuesta, resultado de meses de diálogo y de negociación colectiva entre el Ejecutivo regional y los representantes sindicales, facilita la cobertura de los puestos de trabajo todo el año, y no solo en las épocas de alto riesgo de incendios, abre la promoción interna y mejora la carrera profesional del colectivo integrado por profesionales altamente especializados.

Con este preacuerdo se facilita mantener una estructura coordinada y una adecuada organización durante todo el año. En concreto, a partir del próximo mes de enero comenzarán a realizarse distintos procesos para la reconversión de las plazas de carácter discontinuo en plazas a tiempo completo, dentro del colectivo de operario especializado. Inicialmente, se crearán cinco plazas de operario especializado a tiempo completo, se desarrollarán dos concursos de traslados y culminará el proceso selectivo actualmente en marcha con la oferta de todas las plazas vacantes cubiertas por interinos. De esta manera se garantiza la profesionalización del colectivo profesional lo que redundará en una mayor seguridad de los dispositivos.

Además, y una vez que finalicen los procesos anteriores, se crearán de manera inicial cuatro plazas de Oficial de 1ª, y se modificará la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para crear cuatro puestos singularizados de ‘Coordinador de Zona’, que estará abierta a los Oficiales de 1ª.

Asimismo, y tras la propuesta del Comité de Empresa, la Administración regional ha considerado conveniente la progresiva creación de hasta 12 plazas de Oficial de 1ª, mediante la amortización de otras tantas plazas de Operario Especializado a medida que vayan quedando vacantes.

De esta forma, el dispositivo regional de bomberos forestales quedará compuesto por 12 retenes, integrados cada uno de ellos por 2 Oficiales de 1ª y 6 Operarios Especializados. En la RPT figurarán 12 puestos de trabajo de Oficial 1ª y 72 de operarios especializados, otros 12 puestos singularizados de ‘Encargados de retén’ (reservados a Oficiales de 1ª) y otros 4 puestos singularizados de ‘Coordinador de Zona’.

Este preacuerdo, que pasará a ser un acuerdo formal en las próximas semanas, una vez que concluyan los trámites administrativos correspondientes y sea firmado por las partes, supone un paso firme por la mejora continua, la eficacia operativa y el reconocimiento al compromiso y el esfuerzo del colectivo de los bomberos forestales.

Los trabajadores y trabajadoras de las plantas de la factoría Mahle en Motilla del Palancar (Cuenca) y Paterna (Valencia) han votado a favor del preacuerdo alcanzado entre la representación sindical y la empresa, según explican fuentes de Comisiones Obreras (CCOO) y UGT FICA Castilla-La Mancha. El periodo de consultas expiraba este mismo jueves.

La votación en la planta conquense se ha saldado con “693 votos a favor, 14 en contra y 2 en blanco”, en los que han votado un total de 709 personas en las asambleas celebradas en los turnos de mañana y tarde. En la factoría de Paterna, el preacuerdo lo han “avalado 282 votos a favor, 12 en contra y uno en blanco”, según expresan desde los sindicatos.

De esta manera han quedado ratificadas las medidas incluidas en el documento se ha hecho público este jueves 30 de octubre, entre las que destacan “la reducción en 235 del número de despidos respecto a la propuesta inicial de la empresa (84 de ellos se salvan en la planta motillana), el aumento de las indemnizaciones a 31 y 33 días según antigüedad, un plan de rentas para los mayores de 55 años y la contratación preferente en caso de vacante durante los próximos 3 años”, transmiten desde los sindicatos.

Además, añaden que “comenzará a enviarse un correo electrónico a las personas afectadas que entrarán en permiso retribuido desde mañana viernes 31 de octubre”.

La Rioja y Castilla y León refuerzan su colaboración en materia de emergencias y protección civil con la firma de dos nuevos protocolos que mejoran la coordinación entre ambos territorios en la gestión de incidentes comunicados al 1-1-2 y en las situaciones de emergencia en el túnel de Piqueras, en la carretera N-111.

Los acuerdos fueron rubricados por la consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín Díez, y por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, en un acto que pusieron de manifiesto la importancia de la cooperación interterritorial en la respuesta ante emergencias que puedan afectar a zonas limítrofes.

La Rioja refuerza su compromiso con la seguridad y la protección de todas las personas, vivan donde vivan. En ese sentido, las emergencias no entienden de fronteras, y por eso la coordinación entre comunidades vecinas es esencial para garantizar una respuesta rápida, eficaz y solidaria. Cabe destacar que excelente relación y cooperación operativa que mantienen los equipos de emergencias de ambas comunidades, una colaboración que ya funciona en la práctica y que ahora queda formalmente recogida para consolidar un modelo de trabajo conjunto.

Un paso más en la coordinación de los centros 112

El primer protocolo formaliza el procedimiento común de actuación entre los centros de emergencias de ambas comunidades cuando se produzcan incidentes en zonas limítrofes o cuando una llamada de emergencia sea recibida por la comunidad vecina.

El acuerdo garantiza que el incidente sea gestionado por la comunidad donde se localiza, establece la comunicación inmediata y completa de la información entre ambos centros 112 y regula la activación coordinada de los servicios de emergencia. Además, prevé que, ante cualquier duda competencial, el incidente sea gestionado por el centro receptor de la llamada, asegurando así la respuesta más ágil y eficaz posible.

El segundo protocolo regula la coordinación funcional de las operaciones de emergencia en el túnel de Piqueras, un punto estratégico que conecta ambas comunidades. El documento establece cómo deben actuar los equipos cuando sea necesaria la intervención de grupos de rescate y define la jefatura del Puesto de Mando Avanzado (PMA) en función del tipo de incidente.

En caso de activación de planes de protección civil por parte de las dos comunidades, se constituirá un comité de dirección conjunto, integrado por los directores de ambos planes, desde donde se decidirá la dirección de las operaciones y la coordinación de los grupos de acción.

Desde la Subdirección General de Emergencias y Protección Civil de La Rioja, Roberto Varona subraya que “estos acuerdos refuerzan un sistema que ya ha demostrado ser eficaz en la gestión de emergencias fronterizas, especialmente en zonas de montaña o en infraestructuras críticas como el túnel de Piqueras”. Además, destacan que “el objetivo es que todos los recursos humanos y materiales estén perfectamente coordinados para ofrecer una respuesta rápida, segura y eficiente a la ciudadanía”.

Seguimiento y compromiso con la mejora continua

Ambos protocolos tendrán una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables, y contemplan la creación de una comisión de seguimiento formada por personal técnico de ambas comunidades, encargada de velar por su cumplimiento y promover las actualizaciones necesarias para mantener su eficacia.

Desde el Gobierno de La Rioja subrayan que, en materia de emergencias, la mejor prevención es la cooperación. Estos protocolos son una garantía de seguridad, de profesionalidad y de compromiso compartido con todos los ciudadanos de La Rioja y Castilla y León.

Los camiones con ayuda humanitaria destinada a la población de Gaza han vuelto a cruzar este miércoles a través del paso de Rafah, después de que Israel decidiera suspender ayer la entrada de cargamentos desde Egipto, informó el miércoles por la mañana la televisión egipcia Al Qahera News.

Según ese medio, próximo la Inteligencia egipcia, vehículos cargados con combustible y gas se han dirigido desde el cruce de Rafah hacia los pasos de Kerem Shalom y Al Auja, donde tienen que someterse a los controles israelíes antes de acceder a la Franja de Gaza.

Al Qahera News ha agregado que, de momento, no se ha abierto la parte gazatí del cruce fronterizo, que ha estado bajo control de Israel desde mayo de 2024.

Por su parte, el periódico The Times of Israel ha informado de que el paso de Rafah podría abrirse el jueves de forma completa, esto es, también la parte del cruce que ha estado hasta ahora controlada por Israel y cerrada. Si se abriera en ambos sentidos, los camiones de ayuda entrarían directamente de Egipto a Gaza sin tener que pasar por territorio israelí.

En el marco del actual acuerdo de alto el fuego, Israel debería permitir la entrada a Gaza de cientos de camiones con suministros básicos cada día, para paliar la hambruna y las ingentes necesidades de la población después de varios meses de bloqueo casi total.

El martes, la ONU confirmó que los cruces fronterizos de Israel a Gaza estaban cerrados y pidió al Gobierno israelí y a Hamás respetar lo pactado para poder aumentar la entrega de ayuda humanitaria en el enclave palestino.

El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, ha subrayado este miércoles que la ayuda a los civiles en Gaza no puede utilizarse como “moneda de cambio” y que su organización no tolerará obstáculos a su suministro. “No aceptaremos ningún obstáculo en la distribución de nuestra ayuda. Nadie esperaba que esto fuera simple ni fácil. (...) Debemos restaurar la confianza y la esperanza a través de acciones concretas”, dice en un comunicado.

Fletcher ha señalado que Israel “debe permitir una oleada masiva de ayuda humanitaria —miles de camiones por semana— de la cual dependen tantas vidas y que el mundo entero ha exigido”. “Necesitamos más cruces fronterizos abiertos y una estrategia genuina, práctica y orientada a resolver los problemas restantes”. Además, ha denunciado que, aunque a principios de esta semana pudieron empezar a ampliar su ayuda humanitaria “tras meses de frustración y bloqueos”, el martes afrontaron nuevos obstáculos para implementar lo acordado.

Según la agencia de noticias Reuters, el Coordinador de Actividades del Gobierno israelí en los Territorios (Cogat) comunicó que, a partir del miércoles, solo permitiría la entrada en Gaza de 300 camiones, la mitad de la cifra que dijo que esperaba diariamente durante el alto el fuego.

La cadena Al Jazeera ha informado este miércoles de que Israel sigue limitando el número de camiones a los que permite la entrada, mientras que la radio pública israelí Kan dijo a primera hora del día que no se recortará la cantidad de ayuda, después de que en la noche del martes Hamás entregara otros cuatro cuerpos de rehenes fallecidos. Del total de 28 rehenes muertos, el grupo palestino ha devuelto ocho cuerpos desde el lunes, aunque sólo siete han sido identificados como rehenes. El Ejército israelí ha confirmado este miércoles que el octavo cuerpo no pertenece a ninguno de los rehenes.

El grupo palestino ha alegado que localizar los cuerpos es difícil y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha explicado que la entrega de los cuerpos a sus familiares “podría tomar mucho más tiempo”, debido, principalmente, a la complejidad de encontrar los restos, “que pueden estar bajo los escombros considerando la intensidad del conflicto”.

Israel sigue abriendo fuego en Gaza

Mientras, en otra aparente violación del acuerdo de alto el fuego, tanques y drones israelíes han abierto fuego a primera hora de este miércoles contra diferentes puntos del norte de la Franja y también en el sur, donde han alcanzado algunas de las tiendas de desplazados de la zona Al Mawasi, según la Agencia EFE.

La agencia de noticias ha podido comprobar que durante más de 30 minutos tanques y drones israelíes dispararon contra los puntos designados por Israel como “zona militarizada” del barrio de Shujaiya, en Ciudad de Gaza, de la mayor parte de la cual se retiraron las tropas israelíes el pasado viernes en el marco del acuerdo.

En el barrio de Shujaiya, un dron israelí ha matado este miércoles a dos palestinos, según ha informado el hospital Bautista de la capital tras recibir los cuerpos de los dos fallecidos, pese al alto el fuego. El punto que bombardeó el dron ha sido la calle Hassanein de Shujaiya, según fuentes locales, designado como “zona roja o militarizada” por el Ejército a la que no pueden acercarse los palestinos.

Este martes, las autoridades sanitarias de Gaza afirmaron que el ejército israelí mató a seis palestinos en dos incidentes separados a lo largo de la Franja. En un comunicado, el Ejército de Israel argumentó que eran “sospechosos” y que había tratado de ahuyentarlos sin éxito. La relatora de la ONU Francesca Albanese critcó estos asesinatos en sus redes sociales: “De nuevo, 'alto el fuego según Israel'= tú paras, yo disparo. Llamarlo 'paz' es tanto un insulto como una distracción”.

El viernes a las 12.00 de Gaza entró en vigor el alto el fuego, pero hoy es el segundo día en el que se registran ataques israelíes contra el enclave palestino, después de que Israel matara el martes a al menos seis personas también en el barrio de Shujaiya. Según el Ejército israelí, los fallecidos eran gazatíes que habían traspasado la “línea amarilla” del acuerdo de alto el fuego, pero el Ministerio de Sanidad palestino dijo que se trataba de personas que estaban intentando regresar a sus casas.

La denominada “línea amarilla” marca el punto al que se han retirado las tropas israelíes, pero no está definida de forma precisa y los civiles no saben exactamente dónde pueden moverse, lo cual les expone a los ataques del ejército israelí.

Primera línea de retirada de las tropas israelíes en Gaza

Jerusalén

N

Área

ampliada

2 km

Erez Oeste

NORTE

DE GAZA

Erez

Ciudad

de Gaza

BEIT

HANOUN

Corredor

Netzarim

BUREIJ

Wadi Gaza

DEIR AL

BALAH

Paso de

Kissufim

JAN YOUNIS

Franja

de Gaza

ISRAEL

EGIPTO

RAFAH

Paso

de Rafah

Paso de

Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: MAPA COMPARTIDO POR EL PRESIDENTE DONALD TRUMP

Primera línea de retirada de las

tropas israelíes en Gaza

Jerusalén

N

Área

ampliada

2 km

NORTE

DE GAZA

Erez

Oeste

Erez

BEIT

HANOUN

Corredor

Netzarim

Ciudad

de Gaza

BUREIJ

Wadi Gaza

DEIR AL

BALAH

Paso de

Kissufim

JAN

YOUNIS

ISRAEL

EGIPTO

RAFAH

Paso

de Rafah

Paso de

Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ.

FUENTE: MAPA COMPARTIDO POR EL PRESIDENTE DONALD TRUMP

Por otro lado, por primera vez desde en dos años, las fuerzas israelíes van a reabrir al público la playa de Zikim, en el norte de Gaza, cerca de la frontera con Israel.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, ha aprobado la reapertura de la playa de Zikim a partir de este miércoles, así como la eliminación de la zona militar cerrada impuesta en la zona desde el inicio de la guerra, según un comunicado del Ejército.

Con información de la Agencia EFE.

Sumar y buena parte de los socios de investidura -Esquerra (ERC), Podemos, Bildu, BNG, PNV- han suscrito una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para reclamar que el Gobierno se oponga al nuevo acuerdo comercial que la UE busca cerrar con Marruecos, al entender que de nuevo atenta contra el Sáhara Occidental.

La misiva está impulsada por formaciones que conforman el Intergrupo Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui, que expresan su “más rotundo rechazo” a las maniobras de la Comisión Europea y Marruecos para “imponer un nuevo acuerdo comercial que pretende incluir al Sáhara Occidental, un territorio ocupado ilegalmente”.

Las citadas formaciones subrayan que el país marroquí no posee “soberanía ni autoridad administrativa” sobre el Sáhara Occidental y recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya resolvió de manera “inequívoca” que cualquier tratado que afecte a los recursos naturales de la antigua colonia española “solo puede ser válido si cuenta con el consentimiento del pueblo saharaui”, representado “exclusivamente” por el Frente Polisario.

“Cualquier intento de ignorar este principio no solo es una violación flagrante de la legalidad internacional, sino un desprecio deliberado hacia las resoluciones judiciales europeas y hacia el derecho a la autodeterminación reconocido por la ONU”, ahonda el escrito dirigido a Albares.

Aparte, destacan que el Frente Polisario ha dejado claro que “no aceptará ninguna fórmula que lo excluya y recurrirá cuantas veces sea necesario a la justicia europea para frenar este expolio”. “Si se aprueba un nuevo acuerdo sin su consentimiento, el TJUE lo volverá a anular, generando inseguridad jurídica, costes judiciales y una mancha de complicidad sobre todos los Estados miembros que lo respalden”, advierten.

De esta forma, proclaman que España “no puede ni debe permitir que se utilicen los recursos del pueblo saharaui para perpetuar la ocupación colonial de Marruecos, bajo la excusa de unos supuestos beneficios económicos que solo sirven para enriquecer al ocupante y obstaculizar las aspiraciones legítimas del pueblo saharaui”.

En consecuencia, exigen al Gobierno que vote en contra de dicho acuerdo en caso de que se someta en consideración del Consejo Europeo, donde España tiene que adoptar una posición de “firmeza frente a cualquier intento de legitimar la ocupación marroquí”.

“Apoyar este texto sería situar a España del lado de la ilegalidad, de la vulneración de derechos humanos y del desprecio al Estado de derecho europeo. España debe estar en el lado correcto de la historia”, zanjan en el texto remitido a Albares.

Propuesta de la UE

La propuesta de la Comisión Europea, a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea un etiquetado que especifique el origen de los productos procedentes del Sáhara Occidental y que los productos originarios del territorio saharaui sujetos al control de las autoridades aduaneras de Marruecos se beneficien de las mismas preferencias comerciales que las concedidas por la UE a los productos cubiertos por el acuerdo de asociación.

Está previsto que el Consejo apruebe la enmienda de la Comisión este miércoles a nivel de embajadores, según han señalado fuentes diplomáticas, tras lo que arrancará un procedimiento escrito que requerirá del visto bueno de los gobiernos y si ninguno de ellos se manifiesta en contra, el nuevo acuerdo quedará adoptado y podrá aplicarse de forma provisional tras la notificación mutua con las autoridades marroquíes.

El sindicato USO Cantabria ha alcanzado un acuerdo de colaboración con el cónsul de Ucrania en Cantabria, Arturo González, para ofrecer asesoramiento laboral a la comunidad ucraniana asentada en la región, compuesta por más de un millar de personas de manera estable.

El cónsul informará a la comunidad ucraniana residente en la región sobre los beneficios de este acuerdo.

Según ha indicado USO en un comunicado, esta firma refuerza su compromiso con los trabajadores que, a consecuencia de la guerra, se han visto obligados a desplazarse de su país.

En este sentido, la organización sindical ha impulsado diversas iniciativas de apoyo humanitario y social, y con este nuevo paso busca facilitar la integración laboral y la defensa de los derechos de las personas ucranianas en Cantabria.

La secretaria general de USO Cantabria, Mercedes Martínez, que estuvo acompañada en la firma del secretario de Relaciones Institucionales del sindicato, Justino Sánchez, ha trasladado al representante diplomático “la mayor comprensión y cercanía hacia este colectivo que atraviesa una situación tan difícil” y “la firme condena de la organización a la agresión rusa.

El Govern balear confia a obtenir “més respostes” en la pròxima reunió entre la presidenta Marga Prohens i el president del Govern, Pedro Sánchez, que se celebrarà el dimarts en el Consolat de Mar. Aquesta trobada coincideix amb el viatge del líder de l'Executiu central a Mallorca per a mantenir el tradicional despatx amb el Rei Felip VI.

Així ho ha indicat aquest dijous la vicepresidenta segona i consellera de Presidència, Coordinació de l'Acció de Govern i Cooperació Local, Antònia Maria Estarellas, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern. Estarellas ha explicat que entre els assumptes que Prohens plantejarà a Sánchez es troben immigració, menors migrants no acompanyats, habitatge i el model de finançament autonòmic, entre altres.

No obstant això, la mateixa presidenta ja va avançar aquesta setmana que té “poca esperança” que les seves demandes en matèria migratòria siguin escoltades i va criticar el protocol aprovat per al repartiment de menors no acompanyats. Sobre aquesta qüestió, Estarellas ha precisat que el Govern no ha rebut informació oficial: “Fins on jo conec, només tenim les dades que han sortit en la premsa”.

En relació amb el pacte entre el Govern central i la Generalitat de Catalunya per a un nou model de finançament, la vicepresidenta ha recordat que la postura de l'Executiu balear és “molt clara”: “La nostra total oposició a qualsevol acord que pugui beneficiar a una comunitat en perjudici d'una altra o que suposi una ruptura de la caixa única”.

El Govern balear confía en obtener “más respuestas” en la próxima reunión entre la presidenta Marga Prohens y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se celebrará el martes en el Consolat de Mar. Este encuentro coincide con el viaje del líder del Ejecutivo central a Mallorca para mantener el tradicional despacho con el Rey Felipe VI.

Así lo ha indicado este jueves la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. Estarellas ha explicado que entre los asuntos que Prohens planteará a Sánchez se encuentran inmigración, menores migrantes no acompañados, vivienda y el modelo de financiación autonómica, entre otros.

No obstante, la propia presidenta ya adelantó esta semana que tiene “poca esperanza” de que sus demandas en materia migratoria sean escuchadas y criticó el protocolo aprobado para el reparto de menores no acompañados. Sobre esta cuestión, Estarellas ha precisado que el Govern no ha recibido información oficial: “Hasta donde yo conozco, solo tenemos los datos que han salido en la prensa”.

En relación con el pacto entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para un nuevo modelo de financiación, la vicepresidenta ha recordado que la postura del Ejecutivo balear es “muy clara”: “Nuestra total oposición a cualquier acuerdo que pueda beneficiar a una comunidad en perjuicio de otra o que suponga una ruptura de la caja única”.

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en la Junta de Gobierno Local, ha aprobado el convenio que suscribirán próximamente entre el Ayuntamiento de Logroño y la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño para obras de restauración y conservación del patrimonio arquitectónico-religioso de la iglesia de San Bartolomé. Para ello, el Consistorio aportará 60.000 euros que se destinarán a la restauración del templo, cuyo estado estructural requiere de la ejecución de obras de subsanación de las deficiencias identificadas.

La Iglesia de San Bartolomé fue declarada Bien de Interés Cultural el 18 de septiembre de 1866 en la categoría de 'Monumento', por lo que cuenta con especial protección municipal. Asimismo, forma parte del bien 'Caminos de Santiago de Compostela: Camino Francés y Caminos del Norte de España', inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 1993.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Logroño y el Instituto de Estudios Riojanos (IER) suscribieron en 2024 un convenio, de cuatro años de duración, para la realización de estudios históricos sobre la ciudad, así como para la promoción, la difusión y la divulgación de la ciencia y la cultura logroñesa con una visión multidisciplinar. En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana la segunda adenda a este convenio, dotada con 4.000 euros y cuyo objetivo es financiar el plan de investigación 'El Ebro en Logroño: noticias históricas' elaborado por el IER.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado, de manera definitiva, las ayudas destinadas al desarrollo de proyectos medioambientales referente al año 2025 por una cuantía total de 11.818,76 euros, que se desglosan de la siguiente manera:

Universidad Popular de Logroño (UPL): 4.000 euros.

Ayuda Social Universitaria de La Rioja (ASUR): 4.000 euros.

Asociación Riojana de Educación Ambiental (ARDEA): 3.818,76 euros.

Y más ayudas, en este caso destinadas a fomentar y apoyar la adopción de perros y gatos con necesidades especiales procedentes del Centro Municipal de Acogida de Animales de Logroño y para la gestión de colonias urbanas de gatos en la ciudad, destinadas a fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro. El programa de ayudas, dotado con una cuantía total de 45.000 euros, se divide en dos bloques independientes: el bloque A está destinado al fomento de la adopción de animales con necesidades especiales procedentes del Centro de Acogida de Animales de Logroño; y el bloque B se dirige a la gestión de colonias urbanas de gatos en la ciudad.

De este modo, las ayudas del bloque A han sido para la Asociación Animales Rioja, la Asociación Colaboración Animal y la Asociación Colonias Felinas Logroño.

La dotación total es de 15.000 euros, mientras que la partida destinada a cada entidad se asignará por precios unitarios previa justificación de cada caso.

Por otro lado, los beneficiarios de las ayudas del bloque B son la Asociación Protectora de Animales de La Rioja y Colonias felinas Logroño, en ambos casos con 15.000 euros.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes a la Consejería de Salud y Políticas Sociales la adjudicación de un nuevo contrato para la atención residencial de personas mayores en situación de dependencia, que contempla un total de 1.160 plazas, lo que supone un incremento de 200 plazas respecto a la cobertura anterior y una inversión de 36.979.080,75 euros (IVA excluido) para el primer año. En total en La Rioja tenemos 3.917 plazas de residencia, esto supone, asegura el Ejecutivo regional, “que somos una de las seis comunidades autónomas que están por encima de la ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años”. La renovación del anterior acuerdo marco en la legislatura pasada se pusieron en marcha 350 plazas.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que este contrato se encuadra dentro del Acuerdo Marco para el servicio de atención residencial, impulsado por la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, y ha sido adjudicado a 18 entidades mediante un procedimiento que prioriza el arraigo y la equidad en la distribución territorial, garantizando la cobertura en todas las zonas de La Rioja: Logroño, Rioja Alta y Rioja Baja. Con ello, “se promueve la permanencia de las personas mayores en su entorno, facilitándoles la posibilidad de elección de centro al contemplar en la bolsa de plazas públicas puestas a disposición del Gobierno de La Rioja las residencias ubicadas en las zonas rurales de La Rioja Alta y La Rioja Baja”.

Garantizar el derecho de acceso

Martín ha destacado que “con esta medida el Gobierno de La Rioja cumple el compromiso de garantizar el derecho de acceso a servicios residenciales de calidad en toda la región, especialmente ante el envejecimiento progresivo de la población y la despoblación rural. Con este incremento de 200 plazas públicas reforzamos la red pública de servicios sociales, garantizando una mayor cobertura, calidad asistencial y equidad territorial”. En concreto, las nuevas plazas se han repartido entre las localidades de Logroño, Anguiano, Quel, Cenicero, Alfaro y Ventas Blancas. “La ampliación de plazas es un paso esencial para dar respuesta al aumento de la demanda de atención residencial, asegurando que las personas mayores que más lo necesitan puedan acceder a un recurso público de calidad, cerca de su entorno”, ha subrayado la consejera.

En concreto, las 200 nuevas plazas se distribuyen de la siguiente manera entre 16 entidades, ya que dos no tienen ampliación en el número de plazas (Caser Residencial y Residencia Ruiz):

Este avance responde al compromiso del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, con el fortalecimiento del sistema público de atención a la dependencia, uno de los pilares estratégicos de su acción de gobierno.

Con una inversión cercana a los 37 millones de euros para el primer año, la adjudicación de plazas públicas se ha dividido en varios lotes para atender a centros de diferentes capacidades y ubicaciones dentro de la comunidad autónoma:

El contrato tiene una duración inicial de un año, del 1 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2026, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de tres años por un importe global de 111.038.554,80 euros (IVA excluido).

“El cuándo es importante pero es más importante el qué”. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) está dipuesto a dar más margen al PSOE para pactar la financiación singular para Catalunya. Así lo ha dicho este sábado el presidente de la formación republicana, Oriol Junqueras, en el inicio del consejo nacional de ERC, reunido en Bellpuig (Lleida).

Dos días antes de que expire el plazo máximo acordado entre el PSC y los republicanos para presentar el nuevo modelo de financiación, Junqueras se ha mostrado comprensivo con la situación interna tanto del PSOE, que “expulsa diputados”, como de Sumar, “que ve como se le marchan”.

Pero se trata también de una cuestión de posibilismo. “Si bien debe ser el mejor acuerdo posible para Catalunya”, “también se necesita mayoría parlamentaria para votarlo en el Congreso”, ha recordado el líder de Esquerra Republicana. Y el menguante apoyo parlamentario del Gobierno de coalición no ayuda al objetivo superior.

Para el líder de Esquerra, los “problemas de corrupción” que sufre el PSOE “no les debe ayudar a tomar decisiones complicadas, sobre temas difíciles y ambiciosos”, y para lo que se requiere “coraje”, como el de la financiación. Del mismo modo que “nunca habían querido el traspaso de Rodalíes ni hablar de cualquier opción de amnistía, tampoco han estado nunca a favor de que Catalunya pueda recaudar todos sus impuestos ni de reformar el modelo de financiación”, ha señalado Junqueras.

“Si el PSOE necesita unos días más, que se los coja”, “estamos seguros que en las próximas horas y en los próximos días se convocarán reuniones bilaterales que hasta la fecha no han podido hacer y que seguro que lo harán a partir de ahora”, ha afirmado Junqueras.

Dicho y hecho. Menos de una hora después de las palabras del líder de la formación independentista, el Govern anunciaba para el próximo 14 de julio la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat sobre la financiación singular para Catalunya, en Barcelona.

Fuentes del ejecutivo catalán explican que en los “últimos días” se han acelerado los trabajaos y que se prevé “avanzar” hacia un pacto.

El presidente de ERC ha asegurado que “estamos aquí para hacer cumplir los acuerdos” y ha lanzado un aviso a las filas socialistas: “Sin un acuerdo sobre financiación, el PSOE no puede esperar que haya otros acuerdos con Esquerra. Recaudación fiscal y despligue de la Agencia Tributaria de Catalunya, todo pasa por aquí. Que nadie lo dude”.

Junqueras ha extendido este último mensaje a todas las fuerza políticas, especialmente a Junts, y a la sociedad catalana en su conjunto, a quien ha pedido que “batalle” por un modelo “justo para nuestro país”, del que dependen políticas tan importantes como el transporte público, la vivienda o los sueldos.