El grueso libro de la relación entre las hermandades y el poder político ha escrito su último capítulo en Sevilla, donde el Gobierno andaluz ha firmado un acta oficial para formalizar a la Virgen del Socorro (de la cofradía del Amor) como patrona de los servicios de urgencias y emergencias. A cambio, la corporación se compromete a “dedicar oraciones e intenciones dentro de sus cultos” por los profesionales, además de facilitar reproducciones de la imagen para que presidan, “de forma voluntaria”, las salas del 061 y sus bases asistenciales.

La ceremonia tuvo lugar el martes tras una misa de la corporación en su sede de la iglesia del Salvador de Sevilla, un acto de rubricación que presidió el propio consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz (PP) y al que se procedía a propuesta de la hermandad y con el visto bueno de un Arzobispado que es el que formaliza esta iniciativa. El documento valora que la advocación de Nuestra Señora del Socorro (obra de Juan de Mesa en el siglo XVII) “simboliza, desde su origen, el auxilio inmediato y el amparo ante la urgencia”, unos valores que la Junta considera que “coinciden plenamente con la misión de servicio público de urgencias y emergencias: atender con prontitud y eficacia las emergencias sanitarias de la ciudadanía”, tal y como ha informado la propia Junta de Andalucía.

En el documento se establecen líneas de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la hermandad, que se compromete a “dedicar oraciones e intenciones dentro de sus cultos por la salud y seguridad de los profesionales” de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias, unas prédicas que también se ofrecerán por el eterno descanso de los pacientes fallecidos. Además, se facilitarán reproducciones de la imagen de la Virgen del Socorro para que puedan presidir, “de forma voluntaria”, las salas de coordinación de emergencias sanitarias 061 y bases asistenciales que lo soliciten.

Promover entre los profesionales los valores de la patrona

El acta designa a la Dolorosa como patrona y protectora de estos servicios en Sevilla, entendiendo este patronazgo como un “vínculo de protección espiritual” para los profesionales del servicio y de “amparo para los pacientes atendidos que así lo deseen”. Tras la firma del documento (rubricado por el hermano mayor de la cofradía, Juan Cruzado), varios profesionales sanitarios que integran los servicios de urgencias y emergencias presentes en el acto han participado en el traslado de la imagen a su paso –con el rezo de la Vía Dolorosa– para su salida procesional del próximo Domingo de Ramos.

El documento, por su parte, compromete al Centro de Emergencias Sanitarias 061 a “promover entre sus profesionales los valores de humanización y socorro que simboliza la patrona”. A ello hay que añadir una colaboración técnica con la hermandad mediante la organización de charlas y actividades formativas sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), que irán dirigidas a los hermanos y a la comunidad parroquial.

La proclamación del patronazgo ha sido firmada también por el director asistencial del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, José María Villadiego, en una ceremonia en la que ha estado presente toda la plana mayor de la Consejería de Sanidad. De esta manera, en el acto estuvieron desde el viceconsejero de Sanidad hasta el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, así como la delegada provincial de Sanidad, la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), los directores generales del SAS, los directores gerentes de hospitales y áreas de gestión sanitaria y el director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar en su reunión de la próxima semana un nuevo decreto de las policías locales de Andalucía, que regulará cuestiones como el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada. Uno de los aspectos más novedosos que recoge es la eliminación del requisito de estatura mínima para ingresar en el cuerpo, además de permitir que, durante los periodos de práctica, se pueda “portar el arma reglamentaria”.

Así lo ha anunciado este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación en Ronda (Málaga), el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha expuesto que Andalucía cuenta con más de mil profesionales en este cuerpo y que garantizan la seguridad de todos los pueblos y municipios. Ha puesto además en valor la Ley andaluza de Policías Locales, como la “más moderna y avanzada” de España.

Pero ha anunciado que se dará un paso más con el decreto que el Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana y que será motivo de “alegría” no sólo para los policías locales, sino “también para la seguridad del conjunto de los andaluces”. Y ha avanzado que tras este decreto vendrá un segundo “que desarrollará la Ley de Policías Locales en Andalucía, que se referirá a los medios, al equipamiento, a la uniformidad, a la homogeneización de muchos criterios en relación” con este cuerpo.

“Necesidades reales del servicio”

Con el primer decreto que se aprobará la próxima semana se quiere dar “respuesta a las necesidades reales del servicio policial a nivel local, para situarnos a la altura de los modelos europeos más avanzados que hay en materia de seguridad pública”. Y en este sentido, una de las novedades más importantes “es, por ejemplo, la eliminación de la estatura mínima”, apuntando que “no tenía sentido que para la Policía Nacional y para la Guardia Civil ya no se exigiera esa estatura mínima y, sin embargo, para las policías locales todavía se sigue haciendo”.

“Ha quedado demostrado, evidentemente, que esta condición excluía a personas que estaban plenamente capacitadas, con talento, con vocación y con actitud”, ha dicho Sanz, apuntando que al eliminar ese requisito, se prioriza “lo esencial, que es el mérito, la preparación y el compromiso que deben de tener los policías locales, y no una cuestión como la estatura mínima”. “Esto que parece anecdótico tiene una enorme importancia y ha excluido durante décadas a muchos hombres y mujeres para poder ser policías locales”, ha sentenciado.

Ha añadido que el decreto también avanza en algo muy importante, “en materia de igualdad, mediante medidas específicas para los aspirantes en situación de, por ejemplo, de maternidad, garantizando que ninguna mujer quede en desventaja frente al resto del personal opositor”. “Una apuesta firme que hacemos a través de este decreto por la igualdad real de oportunidades, pero también por facilitar el acceso de las mujeres” a la policía local, según ha señalado el consejero.

Llevar el arma en las prácticas

Otro aspecto fundamental del decreto, según Sanz, es que se cambia “por completo el proceso formativo” de los policías locales, para que estén “más preparados y mejor dotados”. Así, se cambia el curso de ingreso, que se centrará exclusivamente en la formación que van a impartir tanto el Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa) como escuelas municipales acreditadas, mientras que las prácticas en plantilla se van a desarrollar de forma “separada, tutorizada y bajo la responsabilidad de cada ayuntamiento”.

El alumnado, según Sanz, va a pasar ahora a un curso que va a tener al menos 650 horas lectivas y unas prácticas mínimas de tres meses, “lo que refuerza la calidad formativa, la claridad procedimental y la coherencia pedagógica”.

El decreto también dará respuesta a una “demanda histórica de los policías locales”: “La posibilidad de que, durante el periodo de prácticas, puedan portar el arma reglamentaria”, algo que sí se permite para los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil. “Una medida que garantiza seguridad operativa, coherencia formativa y homogeneidad con otros modelos policiales”, ha indicado el consejero.

Convocatoria unificada

Por primera vez, el decreto regulará las condiciones también “de algo muy importante para los ayuntamientos, que es la convocatoria unificada”. “De manera voluntaria, aquellos ayuntamientos que lo consideren se podrán sumar mediante acuerdo de la comisión de gobierno del pleno municipal a que seamos desde la Junta de Andalucía los encargados de todo ese proceso de desarrollo de la oferta pública de empleo”. Ésta se hará desde el ámbito local, pero se gestionará desde la administración autonómica.

“Esto va a permitir, por tanto, procesos más ágiles, más homogéneos, con mayores garantías y con menor coste para los ayuntamientos, y va a incentivar que todavía tengamos mayor número de policías locales en Andalucía”, según ha expresado el consejero. También se ha referido a un cambio en los sistemas de baremación, estableciendo un único modelo, y asegurando un proceso más “riguroso, más transparente y exigente”, al tiempo que también se actualizan con el decreto las pruebas físicas, ya que las actuales son de hace “muchas décadas”.

Otras novedades son la eliminación de los tramos de edad y la incorporación del circuito de agilidad, como ya ocurre en otros cuerpos policiales, lo que “garantiza criterios más objetivos, más operativos y más alineados con la realidad del servicio, porque esos tramos de edad que existían hoy en día tampoco tienen sentido”. Se renovarán “profundamente”, además, los temarios de formación de los policías locales para incluir nuevas materias.

Nuevo choque entre el Gobierno andaluz y la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), a la que ha requerido formalmente para que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, le remita todos los casos que conozca de mujeres afectadas por fallos con el cribado del cáncer de mama. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno esgrime que la petición es de obligado cumplimiento por ley, y que lo que se pretende con ello es “evitar la generación de alarma social” por la difusión de “cifras o afirmaciones no verificadas”.

Mediante este requerimiento, al que ha tenido acceso este periódico, se apunta que desde Amama –que fue la entidad que destapó los fallos con estas pruebas– se están difundiendo casos de mujeres afectadas “en una magnitud muy superior” a la que transmite la administración sanitaria, por lo que le reclama “toda la información, documentación o testimonios de los que pudieran disponer”. El documento (firmado por la directora gerente del SAS, Valle García) subraya que las cifras de Amama “no se corresponden con los datos verificados en los registros clínicos oficiales”.

Esto genera “una discrepancia que, por su impacto sanitario y social, exige una aclaración inmediata y documental”. La asociación lleva semanas denunciando que las cifras oficiales son mucho más reducidas que las que maneja, elevando a más de 4.000 las mujeres afectadas frente a las 2.317 que ha identificado la Junta.

Esta cifra oficial, asegura en su requerimiento, es una muestra de la “información completa, precisa y contrastada” que se ha aportado sobre los errores en el programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad pública andaluza. Según los datos ofrecidos el pasado lunes, ya sólo quedarían 217 mujeres por hacerse una nueva mamografía para controlar su actual estado de salud.

Multa de hasta 600.000 euros

Por ello, la Consejería de Sanidad reclama a la entidad que le haga llegar todas las incidencias de las que tenga conocimiento, para así “garantizar la revisión exhaustiva de cualquier posible caso no detectado por los círculos oficiales”. Además de asegurarle que la información que aporte “será tratada con absoluta confidencialidad”, le indica que el objetivo de este paso es “garantizar la revisión exhaustiva de cualquier posible caso no detectado por los circuitos oficiales”.

Eso sí, le hace saber que su colaboración es “obligada” en base a la normativa. En este sentido, apela a lo que marcan el Estatuto de Autonomía, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley de Salud Pública, que establece el “deber de colaboración”. En caso de incumplimiento esta última norma prevé multas de 15.000 hasta 600.000 euros, ya que considera muy grave “la negativa absoluta a facilitar información, a suministrar datos o a prestar colaboración a las autoridades sanitarias o a los funcionarios de salud pública en el ejercicio de sus funciones”.

La decisión de la administración andaluza supone un paso más en el deterioro de las relaciones entre ambas partes, que nunca han sido buenas porque la asociación de mujeres afectadas asegura que lleva desde 2021 denunciando los fallos en los cribados sin que la Junta atienda sus reclamaciones. De hecho, y tras las primeras denuncias públicas, el propio consejero de Sanidad, Antonio Sanz, llegó a acusar a Amama de crear una “alarma social bestial”.

Una relación tensa desde el principio

Tras casi un mes de tirantez, la relación pareció normalizarse tras la reunión mantenida el pasado 29 de octubre entre Sanz y la presidenta de Amama, Ángela Claverol, pocos días después de la multitudinaria protesta que congregó a miles de personas ante el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz. Y como telón de fondo, las acusaciones de partidismo que ha recibido la asociación por su presunta cercanía a formaciones de izquierda, en un escándalo que ha derivado en la principal crisis política que ha tenido que enfrentar Juan Manuel Moreno desde que en 2019 se estrenó como presidente.

La aparente nueva sintonía saltó por los aires el pasado lunes, cuando Claverol se levantó de la mesa de la reunión de la comisión de seguimiento de estos casos, alegando que la habían obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad y que el PP había vetado su presencia en el Parlamento andaluz. Tras dar por rotas las relaciones, la presidenta de Amama denunció que “nos quieren calladitas y sumisas” e insistió en la cifra de más de 4.000 afectadas, a lo que Sanz replicó acusando a la asociación de “confundir” con los datos y lanzando una pregunta: “¿Hay algo que ocultar?”.

El caso de los cribados lleva más de un mes monopolizando la actualidad política andaluza, ya que las formaciones de izquierda han visto ahí un flanco débil en el hasta ahora imperturbable Gobierno de Moreno. Tras varios ceses en la cúpula sanitaria andaluza (incluyendo el de la consejera con la que se destapó el escándalo), dos investigaciones abiertas por la Fiscalía y dos grandes manifestaciones, el mejor símbolo de que la cuestión copa toda la intención se vivió este miércoles con el debate presupuestario, que se convirtió en una enmienda a la gestión sanitaria del PP.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha traslado a la asociación AMAMA, que denunció los fallos en el cribado del cáncer de mama, su “preocupación extrema” porque “tres semanas después, seguimos sin tener los datos” ni los casos que asegura la entidad que tiene registrados de mujeres afectadas por el fallo en el cribado del cáncer de mama y que no coinciden con las cifras de la Junta.

“Quiero saber por qué no nos los pasan [los datos]. ¿Hay algo que ocultar? Dejemos de soltar datos que luego no nos llegan porque entonces lo que estamos es confundiendo y generando una desconfianza sobre un sistema que salva vidas”, ha dicho el consejero.

Sanz ha respondido así al anuncio de AMAMA, horas antes, de que ya se han interpuesto 25 reclamaciones patrimoniales (15 en Sevilla y diez en Jaén) contra la Junta por los daños sufridos por mujeres que sufrieron un retraso en el diagnóstico de la enfermedad como consecuencia de esos fallos.

La presidenta de la asociación, Ángela Claverol, ha asegurado que ya son más de 200 los casos estudiados de mujeres que han desarrollado cáncer por los fallos del cribado. Los casos de error “siguen llegando” y rondarían ya los 4.000. Por el contrario, la Consejería de Sanidad a 2.317 el total de afectadas, de las que sólo quedarían 217 por hacerse una nueva mamografía.

En declaraciones a los medios con motivo de la visita al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, Antonio Sanz ha respondido reclamando a la entidad “todos los casos” y se ha comprometido a tener una respuesta para cada uno de ellos en “24 horas”.

“Más voluntad de diálogo no puedo mostrar”, ha remarcado y ha asegurado que ha dado “todas las facilidades” y que, pese a todo, “seguimos sin tener los datos. Y eso nos preocupa”.

Exigencia de confidencialidad

A pesar del ofrecimiento de “mano tendida”, las palabras de Sanz y las que había pronunciado unas horas antes Claverol evidencian una nueva vuelta a las hostilidades entre la asociación y el Gobierno andaluz, tras poco más de una semana de tregua.

El detonante ha sido la segunda reunión este lunes de la Comisión de Cribado de Cáncer de Mama creada tras desatarse la polémica. Claverol tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad sobre lo que se iba a abordar y después se enteró de que fue “la única” a la que se impuso esta condición. Cuestionada al respecto, la Consejería de Sanidad no ha facilitado hasta el momento su versión de los hechos, aunque la nueva delegada de Sanidad, Silvia Pozo, ha telefoneado este mismo martes a la presidenta de Amama para intentar reconducir la cuestión y asegurarle que esa obligación de confidencialidad viene impuesta por ley.

Ya por la tarde, el consejero ha alegado que se ha producido “una confusión”, porque el acuerdo que firmó es sobre planes que se están trabajando, para que no se filtren en fase de borrador. “En ningún caso” ese acuerdo afecta a la comisión, cuyas actas se publican. “No voy a polemizar con Amama. Trabajo para sumar”, ha subrayado Sanz.

A la supuesta confidencialidad impuesta a AMAMA se suma que el PP ha impedido que comparezca en el Parlamento andaluz, como habían reclamado los partidos de izquierda para este miércoles, lo que llevó a Claverol a levantarse de la reunión. “¿Yo a qué vengo aquí?”, se preguntó en ese momento, pidiéndole explicaciones al consejero.

En cuanto al consejo interterritorial de Sanidad de este miércoles, Sanz ha asegurado que Andalucía participará en él de forma telemática y que su “voluntad es compartir” la información de los cribados de cáncer. Pero, ha puntualizado, “siempre y cuando haya directrices homógeneas, un protocolo definido”. En este punto, ha insistido en que es la ministra Mónica García la que “no ha hecho los deberes” al no tener ya listo ese protocolo para aplicar los mismos criterios de entrega a todas las comunidades autónomas.

Críticas del PSOE a Sanz

El PSOE-A ha exigido este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a que “desautorice inmediatamente” al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, por sus “nuevos ataques” contra la asociación Amama, así como por “mentir, manipular” y “volver a culpar” y “maltratar” a las mujeres víctimas de su “negligencia” sanitaria en la gestión del cribado de cáncer de mama en Andalucía.

Así lo ha reclamado la secretaria regional socialista de Salud y Consumo, María Ángeles Prieto, en un comunicado en el que ha considerado “una auténtica vergüenza” los “nuevos ataques” que, en su opinión, ha lanzado este martes Antonio Sanz contra la asociación.

Doce días. Eso es lo que ha durado la tregua entre el Gobierno andaluz y la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), que denunció los fallos en los cribados y que ahora vuelve a cargar contra la Junta tras el aparente entendimiento de la reunión el pasado 29 de octubre con el consejero de Sanidad, Antonio Sanz. Ahora, además de anunciar que ya se han presentado 25 reclamaciones patrimoniales por estos casos, acusa al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno de intentar silenciarlas: “Nos quieren calladitas y sumisas”.

La acusación la ha hecho este martes la presidenta de Amama, Ángela Claverol, y el detonante ha sido la segunda reunión este lunes de la Comisión de Cribado de Cáncer de Mama creada tras desatarse la polémica. En la misma, asegura que la obligaron a firmar un acuerdo de confidencialidad sobre lo que se iba a abordar “y después me entero de que fui la única” a la que se le impuso esta condición. Cuestionada al respecto, la Consejería de Sanidad no ha facilitado hasta el momento su versión de los hechos.

A esto se une que el PP ha impedido la comparecencia de Amama en el Parlamento andaluz, como habían reclamado los partidos de izquierda para este miércoles, lo que llevó a Claverol a levantarse de la reunión. “¿Yo a qué vengo aquí?”, se preguntó en ese momento, pidiéndole explicaciones al consejero que, señala, se limitó a decir que no sabía nada y que él no había exigido esa petición de confidencialidad. “Es igual que Moreno Bonilla, no se entera de lo que hacen los demás”, ha ironizado este martes ante los medios de comunicación.

“He perdido la fe en la política”

Así que los puentes entre ambas partes están ahora quemados, pese a que la nueva delegada de Sanidad, Silvia Pozo, ha telefoneado este mismo martes a la presidenta de Amama para intentar reconducir la cuestión y asegurarle que esa obligación de confidencialidad viene impuesta por ley. “Todo esto no tiene ni nombre, me ha fallado la confianza que me ofreció”, le ha reprochado a Antonio Sanz, además de criticar que “no se respeta” a la asociación de afectadas.

“El único afán de la Junta es callarme”, ha apostillado, algo que ha descartado porque “las mujeres andaluzas no se pueden permitir el lujo de que estemos calladas” y pese a que “he perdido la fe en la política”. “Yo hablo de mujeres y de casos”, ha reiterado para insistir que no busca hacer política, que su único afán es que “no se mueran las mujeres” afectadas y que le da igual si la solución viene de la mano de Vox o de IU.

Claverol ha confirmado que este lunes tuvo una reunión –que el PSOE ni convocó y de la que no informó– con la vicepresidenta primera y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, que mostró “una sensibilidad muy bonita”. En paralelo, ha acusado al Gobierno andaluz de “dinamitar” toda relación, actuando “de forma torpe” y haciendo “la pelota cada vez más grande”. No queda ahí la cosa, ya que achaca a la Junta “violencia institucional”, y se pregunta “qué tendrá que esconder para callarnos o vetarnos”.

Discrepancias con las cifras

Otro de los elementos de fricción es el de mujeres afectadas, después de que este lunes la Consejería de Sanidad asegurase que ya sólo quedan 217 por hacerse una nueva mamografía de las 2.317 en que cifra el total de afectadas. Amama no se cree estas cifras, ya que asegura tener controlados más de 4.000 casos “y todos los días siguen saliendo”.

Hasta la fecha, ya se han interpuesto ante la Fiscalía 25 reclamaciones patrimoniales, de mujeres afectadas por los fallos en los cribados que con posterioridad han desarrollado cáncer de mama. Y aunque Amama se centra en Sevilla, donde se han registrado la mayoría de incidencias, la asociación va a iniciar ahora una gira por el resto de provincias andaluzas para atender a las afectadas y asumir sus denuncias.

El consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, ha querido zanjar este jueves de un portazo todas las dudas y sospechas en torno a la crisis del cribado de cáncer de mama, preguntas sin respuesta que la oposición en bloque aviva, sacando a la luz historias clínicas concretas que, aparentemente, contradicen el relato oficial del Gobierno andaluz y el “acotamiento” que ha hecho de esta crisis.

Los rivales políticos del presidente Juan Manuel Moreno -todos en una campaña electoral anticipada- siguen preguntando cómo se inició el fallo y cuál es su alcance real, porque no terminan de creer que el grueso del problema esté en un solo hospital -el Virgen del Rocío de Sevilla- y el número de afectadas sea de 2.317 mujeres.

Sanz acusa a la oposición de usar esta crisis para poner en cuestión todo el sistema sanitario andaluz, que arrastra problemas “estructurales”, como ha admitido el propio presidente. Les afea que “eleven a categoría de titular nacional” cada caso “aislado”, cada “anécdota”, como si representase una parte del todo. “Les reto a que me enseñen los casos que no coinciden con mis datos y los investigaremos caso a caso”, ha sentenciado, en uno de los momentos más tensos de su comparecencia.

Las comisiones de Salud en el Parlamento andaluz, donde el responsable de la cartera se enfrenta a las preguntas-denuncias-embestidas de toda oposición, han mutado de piel: hace un mes sonaban la Primavera de Vivaldi y ahora atronan como la Cabalgata de las Valquirias, de Wagner.

Entremedias, la consejera de Salud Rocío Hernández dimitió aplastada por la crisis de los cribados de cáncer de mama, el Gobierno de Moreno admitió “errores”, pidió “disculpas”, se enfangó en la mayor crisis política de los últimos siete años, y pasó de estar a la defensiva a pasar al ataque poniendo al frente de Sanidad al consejero más político y más duro de todos, la mano derecha del presidente, Antonio Sanz.

Sanz, veteranísimo diputado del PP andaluz desde los tiempos remotos de Javier Arenas, compagina ahora la coordinación política de todo el Gobierno, desde la consejería de Presidencia, es el responsable de Emergencias y desde hace diez días está volcado en la crisis sanitaria de los cribados de cáncer. Ayer estaba pendiente del temporal que anegó Huelva y Sevilla, y este jueves se ha estrenado en la citada comisión parlamentaria de Salud, donde ha orillado el perfil clínico que ostentaba su predecesora -médica de oficio- por un lenguaje de gestión puro y duro.

También ha dejado de matar a bostezos a sus señorías, con términos técnicos y papeleo, y ha soliviantado a sus oponentes con una relectura de la crisis de los cribados en términos políticos. Sanz ya ha encauzado el diálogo con la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), que destapó el escándolo de los diagnósticos tardíos hace un mes, y esa era la brecha que más le preocupaba. La que más daño estaba haciendo al Gobierno de Moreno, la voz de las mujeres con uno o los dos pechos cortados, gritando en las calles su dimisión.

La otra vertiente, la oportunidad política de la crisis de los cribados para los rivales de Moreno, a siete meses de las elecciones andaluzas, inquieta menos al nuevo consejero de Sanidad, porque es la que mejor se le da. Así es como ha respondido hoy en el Parlamento que todas las preguntas sobre la crisis ya están, en realidad, respondidas: ¿Qué ha fallado para que miles de mujeres se enteraran con meses y años de retraso que sus mamografías incluían una lesión dudosa, “no concluyente”, que en el 98% de los casos suele ser benigna, pero que en otros tantos se convirtió en un cáncer no detectado ni informado ni tratado a tiempo? ¿Hasta dónde llegan las afectadas?

“Ya he respondido”, ha dicho el consejero, afeando a sus oponentes que no den por válidas las explicaciones y las cifras que a él mismo le han trasladado los profesionales. La versión oficial es que hubo una “falla en la comunicación derivada de las unidades de mama”, principalmente en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se han localizado el 90% de los casos. Toda la cadena de mando allí decidió, por protocolo, no avisar a las mujeres de que se habían detectado hallazgos sospechosos (BIRADS-3), no antes de seis meses -como recomienda el protocolo real-, aunque las demoras en algunos casos llegaron a dos años.

Sanz ha perimetrado el número de afectadas en 2.317 mujeres, sin aclarar de cuándo es el primer caso. Desde cuándo se viene actuando así, cuál es la mamografía más tardía con un resultado “no concluyente” que ha aflorado después de que estallase la crisis. Las portavoces del PSOE y de Por Andalucía, María Ángeles Prieto e Inmaculada Nieto, han insistido en que esa cifra “no se corresponde con la realidad”. “Si usted dice que han llamado ya a todas para darles cita para una segunda prueba antes del 30 de noviembre, le digo ya que no están todas, que sabemos de mujeres a las que no las han llamado”, le ha espetado Nieto.

“No somos 2.317, somos 20.000”

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, se ha manifestado en la misma línea: “No somos 2.000 las afectadas ni 2.317, podemos ser más de 20.000”, dijo el pasado domingo, durante la concentración de miles de mujeres a las puertas del Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía.

Sanz ha insistido, con vehemencia, en que el problema está ya “perimetrado” en el Virgen del Rocío y con la cifra de afectadas ya dada. “No había un seguimiento proactivo de la situación de estas pacientes”, ha dicho, y luego ha desafiado a sus rivales a que le enseñen los casos de mujeres con diagnóstico dudoso que aún no han sido contactadas por la Junta. “Yo no sé por qué no coinciden con los datos que yo estoy dando. Le reto a que me enseñen esos casos, vamos a investigar caso a caso, pero no generen miedo, no viertan sospechas sobre el sistema sanitario, no levanten infundios sólo por ganar cuatro votos”, ha dicho, visiblemente enfadado.

La oposición ha llevado historiales personales anonimizados al Parlamento para desmontar el relato oficial de la crisis que ha dado el consejero. “No son anécdotas ni incidencias, son casos agravados con el tiempo por una gestión negligente”, le ha afeado Prieto. Nieto, que la semana pasada llevó el caso de “la teta de Anabel” para ilustrar que las imágenes de su mamografía antes de la caída del sistema informático del SAS eran distintas que las que “reaparecieron” luego, ha vuelto a exigir explicaciones.

Al consejero le irritó muchísimo este asunto. La Consejería de Sanidad difundió vídeos de varios profesionales de Radiología y de mantenimiento de la plataforma digital del SAS para tratar de explicar que “no se pueden borrar ni modificar pruebas” del historial clínico de un ciudadano, algo que Amama ha denunciado ante Fiscalía, y que es objeto de una apertura de diligencias. “¿Usted dice que se lo está inventando? Una mujer que está en pruebas oncológicas, que antes veía unas imágenes en su historial y ahora no, ¿se lo está inventando?”, inquirió Nieto.

La diputada socialista Ángeles Férriz llamó “mirlo blanco” a Sanz y acusó al Gobierno de Moreno de “haber roto la confianza d elos andaluces en el SAS”. “Ustedes están en un juzgado por corrupción sanitaria”, dijo. El consejero se mostró reiteradamente indignado por la cobertura mediática de la crisis de los cribados, reprochándosela a los partidos de la oposición, y trató de explicar que dada la magnitud del sistema andaluz de salud, que atiende a una población de 8,5 millones de habitantes, los errores “puntuales” no son significativos.

“Cada año se hacen 588 millones de actos médicos, y ustedes me preguntan por un caso concreto, y lo elevan a categoría de titular nacional. Esos fallos ocurrían antes y siempre se van a dar situaciones no adecuadas”, insistió Sanz, que cuantificó las 86 millones de consulta en Atención Primaria al año, los 12,5 millones de entradas por Urgencias; 533.000 ingresos, 475.000 operaciones quirúrgicas y 450 millones de pruebas diagnósticas. “Con este volumen, puede ocurrir algún caso”, sentenció.

La denuncia que presentó la Asociación de Mujeres con Cáncer de Sevilla (Amama), este martes ante la Fiscalía, acusando al Gobierno andaluz de manipular y borrar historiales clínicos de las pacientes en sus plataformas digitales provocó un “aluvión” de entradas de usuarios que hizo “colapsar” los servicios informáticos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Es la conclusión a la que ha llegado el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, que este miércoles ha cargado muy duramente contra la asociación que destapó la crisis del cribado de cáncer de mama por haber desatado “una alarma social bestial”. Sanz ha acusado a Amama de denunciar, sin pruebas, “una falsedad”, “un bulo”, que luego ha replicado la oposición y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control en el Congreso este miércoles.

“No confundamos una caída informática, como la que también ha sufrido Amazon y que es muy habitual, con la acusación de Amama. En ningún caso la Junta ha hecho desaparecer pruebas clínicas, y esto ha provocado una alarma social bestial. Si dicen que están desapareciendo mamografías de la aplicación ClicSalud, eso provoca un aluvión de mujeres que entran para ver sus pruebas, y esa es la razón del colapso y la caída informática”.

El consejero de Presidencia, responsable de la sanidad andaluza desde hace un par de semanas, se ha mostrado visiblemente indignado por “la gran mentira” que ha lanzado Amama y por el eco que le han dado sus adversarios políticos.

Sanz ha acusado a la asociación de verter “injurias, calumnias y de imputar delitos a responsables públicos”. “La respuesta que tiene que dar este Gobierno ante esto tiene que ser contundente”, ha dicho, para subrayar que “técnicamente” es imposible acceder a los servicios informáticos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para “eliminar pruebas”. “No se puede entrar en la plataforma Diraya (el sistema integrado de información sanitaria del SAS, que incluye la historia clínica electrónica única del ciudadano) y eliminar pruebas. Es imposible, salvo por mandato legal”, ha advertido.

El número dos del Gobierno de Moreno ha pedido “prudencia” a Amama y le ha pedido “remar” a favor del plan de detección precoz del cáncer de mama. “No se puede dañar la credibilidad de un sistema que salva vidas, creando desconfianza entre la población”, ha asegurado.

La asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Andalucía se personó el martes en los juzgados de Sevilla para presentar una denuncia ante la Fiscalía por la supuesta manipulación de datos en el resultado de sus mamografías, publicadas en la plataforma informática del SAS y accesible para los usuarios a través de la aplicación ClicSalud.

Amama adjuntó a su denuncia documentación y expedientes particulares para demostrar que hace dos semanas, al poco de estallar la crisis de los cribados de cáncer de mama, en su historial clínico digital aparecía el resultado de la mamografía con un diagnóstico “sospechoso” o “dudoso” -correspondiente a la clasificación BIRADS-3-, y ahora esos términos han desaparecido y han sido sustituidos por el concepto “probablemente benigno”. También que habían “desaparecido” pruebas o el nombre de los radiólogos que firmaban dichas pruebas.

Sanz ha acusado a todas las fuerzas de oposición, con las que se medirá esta tarde en un debate monográfico sobre sanidad en el Parlamento, de estar “usando a las mujeres y al cáncer” en su “obsesión por atacar al Gobierno andaluz”. También ha anunciado que se han multiplicado por tres la capacidad de los servidores informáticos del SAS para evitar que vuelva a colapsar por el aluvión de entradas de pacientes, y que seguirá incrementándose su capacidad para hacerlo más seguro.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha trasladado nuevamente la presión a Reino Unido y ha pedido que “diga sí” al acuerdo sobre Gibraltar puesto sobre la mesa por España y la Comisión Europea, advirtiendo de que de no hacerlo antes del 10 de noviembre entrarán en vigor los nuevos controles en la Verja.

“Llevamos muchos años negociando el acuerdo, ya es hora de que Reino Unido diga que sí a un acuerdo que es equilibrado y generoso y que hemos puesto sobre la mesa hace mucho tiempo”, ha sostenido tras reunirse con el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y los alcaldes del Campo de Gibraltar.

Albares ha recordado que a partir del 10 de noviembre entrará en vigor el nuevo sistema de control del espacio Schengen que, a menos de que haya un acuerdo para entonces, y ha incidido en que afectará principalmente a los gibraltareños que crucen la Verja. En este sentido, ha subrayado que la propuesta planteada prevé la “inclusión de Gibraltar en el espacio Schengen y libertad de circulación para personas y mercancías. ”Es Reino Unido quien tiene que decidir si prefiere eso o que a partir del 10 de noviembre haya esos controles“, ha prevenido.

Así las cosas, ha reiterado que “España tiene la mejor disposición, y así se lo he trasladado a los alcaldes y a la Junta de Andalucía, para alcanzar ese acuerdo global, equilibrado, pragmático que hemos planteado desde hace tiempo”. En caso contrario, el 10 de noviembre está previsto que entre en vigor el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES) del espacio Schengen y el nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés).

Controles no vinculados al acuerdo

El jefe de la diplomacia ha querido dejar claro que esto es algo que “no tiene nada que ver con el acuerdo de Gibraltar”, ni impuesto por España, sino que es un nuevo sistema para todo el espacio Schengen y que por tanto se va a aplicar en todas las fronteras de acceso al mismo.

Albares ha confiado en que se pueda cerrar el acuerdo en el mes que queda –los equipos negociadores están en contacto constante, ha indicado– pero si esto no ocurre “en adelante habrá unas máquinas en las que habrá que situar el pasaporte para los residentes en Gibraltar cuando quieran acceder al espacio Schengen y eso lo podrán hacer durante periodos de 90 días dentro de cada 180 días”.

En este sentido, ha subrayado que la propuesta planteada a Londres prevé la “inclusión de Gibraltar en el espacio Schengen” para facilitar la libertad de circulación. “Es Reino Unido quien tiene que decidir si prefiere eso o que a partir del 10 de noviembre haya esos controles”, ha prevenido.

El ministro de Exteriores no ha querido entrar a comentar las recientes declaraciones del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, quien ha dicho que “la pelota está en el tejado” de España porque Londres ha planteado “una oferta justa y equilibrada”.

Todo lo flexibles que se puede

Así, tras recordar que Bruselas y Madrid ya pusieron su propia propuesta sobre la mesa, ha asegurado que “hemos sido tan flexibles como hemos podido”. “No vemos sinceramente ningún obstáculo real que impida firmar ese acuerdo entre nosotros”, ha remachado. Al hilo, ha reiterado que “España tiene la mejor disposición”, como así se lo ha trasladado a los alcaldes y a la Junta de Andalucía, “para alcanzar ese acuerdo global, equilibrado, pragmático que hemos planteado desde hace tiempo”.

Un acuerdo, ha abundado, “que se construye sobre cuestiones concretas como son la libertad de circulación de personas y de mercancías, la eliminación física de la Verja, el uso del aeropuerto y sin renunciar a nuestras posiciones sobre la soberanía”.

En otro orden de cosas, ha resaltado que la de este miércoles ha sido la sexta reunión con las autoridades del Campo de Gibraltar “en un espíritu de lealtad institucional por parte del Gobierno de España, hacia la Junta de Andalucía” y también hacia los alcaldes a quienes, ha añadido, ha solicitado “lealtad institucional para conseguir ese acuerdo de beneficio de los 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar”.

Andalucía pide tener un plan B

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha expresado este miércoles su deseo de que los gobiernos de España y del Reino Unido alcancen un acuerdo que sea “sensato” y en el que los habitantes de la colonia británica “no vuelvan a salir privilegiados y ganadores en detrimento” de los vecinos de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que ha estado presente en la reunión con el ministro de Exteriores, ha exigido al Gobierno de España el diseño de un “plan B” con medidas específicas que “refuercen la posición económica y social del Campo de Gibraltar” por si al final no se alcanza un acuerdo. “No se puede dejar tirado a los campogibraltareños si no hay acuerdo”, ha señalado.

Por lo que respecta a los alcaldes, el de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), ha señalado que para alcanzar un acuerdo sobre Gibraltar hacen falta “decisiones que en este caso pasan por la valentía”. Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), ha puesto sobre la mesa que las empresas de la zona están “angustiadas” y el regidor de La Línea de la Concepción, Juan Franco (la Línea 100x100), ha advertido de los efectos de los controles biométricos a partir del día 10 de noviembre.

Y a todo esto, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha subrayado este miércoles ante la Cámara de los Comunes que las islas Malvinas “son británicas” y que la soberanía de Gibraltar “no es negociable”, después de que el debate sobre ambos territorios haya resurgido al albor del reciente acuerdo para ceder a Mauricio el control del archipiélago de Chagos.

La ciberdelincuencia se ha convertido en una vertiente criminal que ha generado una serie de preocupaciones jurídicas y policiales por el gran riesgo que esconde, pudiendo incluso poner en peligro “la propia seguridad nacional y autonómica”. Con esta inquietud común, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, han inaugurado el Primer Congreso de Ciberdelincuencia Cybercrime de Sevilla, apostando por la colaboración entre administraciones para trabajar juntos en reforzar la ciberseguridad.

El evento organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) tiene lugar los días dos y tres de mayo y contará con la participación de los jueces del Tribunal Supremo, Manuel Marchena y Pablo Llarena, entre otros ponentes.

Durante la apertura, Bolaños ha abordado la importancia de establecer la justicia como prioridad de las administraciones, recalcando la necesidad de aprobar e implementar nuevas políticas de prevención contra la ciberdelincuencia. A este respecto, el ministro ha situado a los menores como cuestión prioritaria de estas políticas: “Tenemos que priorizar en este sentido la protección del menor en el entorno digital y restringir su acceso a plataformas no permitidas por ser las víctimas más vulnerables”, ha señalado.

El ministro ha coincidido con Sanz en que la transformación digital debe ir siempre acompañada de ciberseguridad. Al hilo, el consejero andaluz ha recordado acciones previas del Gobierno autonómico como la inauguración del Centro de Ciberseguridad de Andalucía en Málaga el pasado 2023, que hace frente a “más de 8.000 incidentes anuales”.

Los tribunales reclaman medidas más duras

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, también ha intervenido en la sesión inaugural, subrayando que las antiguas mafias ahora se están trasladando a la ciberdelincuencia donde han visto un nuevo campo de negocio.

Por su parte, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha señalado que la ciberdelincuencia se ha convertido en “una amenaza a la privacidad, la seguridad y los derechos fundamentales”. Ortega ha advertido de un aumento notable de las denuncias por situaciones de violencia digital: “sexting, bullying o violencia de género”.

Por ello, ambas instituciones coinciden en señalar la necesidad de actualizar la legislación y endurecer las penas para “proteger y defender los derechos de las víctimas”.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha reafirmado su compromiso de estabilizar durante los doce meses del año a los profesionales que integran el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía. “Infoca hace falta los 365 días del año”, ha declarado el titular de la Consejería que ha asumido el dispositivo de bomberos forestales y se está encargando de negociar mejoras en las condiciones laborales de estos trabajadores por medio de sus representantes sindicales.

De hecho, durante el foro 'Es el momento de hablar' organizado por elDiario.es Andalucía, Sanz ha confesado que la negociación se encuentra ya en una fase “avanzada” y espera poder “cumplir la plenitud de todas las demandas” que los bomberos forestales llevan reivindicando desde hace una década.

El problema en cuestión que denuncian los 3.000 trabajadores del Infoca es que sólo la mitad está operativa durante todo el año. El resto se contrata para el periodo de alto riesgo de incendios que se extiende de junio hasta octubre, aun cuando los profesionales insisten en la importancia de realizar trabajos preventivos sobre el terreno fuera de esa temporada. De ahí que insten desde hace años a la administración a mantener el dispositivo al completo durante todo el ejercicio para poder contar con los recursos suficientes con los que preparar el campo frente a posibles incendios.

Reclamación que Sanz parece haber recogido tras meses de negociación, “no solo por ser una demanda de los trabajadores con toda la razón, sino porque es una demanda que tiene Andalucía”, ha apuntado en ese sentido el consejero, poniendo en valor la labor que desempeñan los bomberos forestales en pro de la seguridad de los andaluces.

De las palabras a los hechos

En pleno proceso de trasvase de competencias entre la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAyA), a la que aún están adscritos los bomberos forestales del Infoca, y la futura Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (ASEMA) con la que el Gobierno andaluz pretende centralizar la gestión de incendios y catástrofes naturales, el consejero ha reconocido que “hacía falta adaptarse” y espera abrir la puerta a los avances que requería este servicio “con la nueva agencia”.

De esta forma, ha avanzado que los presupuestos de 2024 contarán ya con una primera partida para “incorporar todo el año” al dispositivo del Infoca, esgrimiendo que “nos hace falta un Infoca muy potente, muy público, de trabajadores cien por cien reconocidos”. Con este anuncio, el responsable del servicio de extinción de incendios en Andalucía apuesta en “avanzar y mejorar” las condiciones de los profesionales que lo integran “a través del diálogo”, convencido de que constituyen “un recurso muy importante para las emergencias que puedan surgir en la comunidad”.

Por eso, ha reiterado en su intervención: “Nos interesa y necesitamos un grupo de lucha contra los incendios forestales 365 días al año y eso se va a cumplir”. Respecto al reconocimiento de la antigüedad que también exigen los bomberos (ya que son los únicos de la Junta de Andalucía que carecen de ella en sus salarios), Sanz ha dicho que se va a promover un estudio con objeto de “analizar” caso por caso. “Nuestro objetivo es reconocimiento de derechos y avanzar”, ha remarcado para concluir aseverando que “no vamos a dejar tirados a los trabajadores del Infoca, a quienes tenemos que estar enormemente agradecidos”.

Con estas palabras sobre la mesa, la plantilla aguarda el documento que materialice las promesas en acuerdos concretos que satisfagan sus reivindicaciones. De no ser así, los representantes sindicales han anunciado ya que el 17 de octubre emprenderán movilizaciones para seguir luchando por las mejoras que llevan una década reclamando.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y la secretaria general de CCOO-Andalucía, Nuria López, han dialogado este lunes en el marco del foro 'Es momento de hablar', organizado por elDiario.es Andalucía en el Hotel ABBA Sevilla. Contando con el periodista Javier Ramajo como moderador, los protagonistas del encuentro han aplaudido la celebración de un evento que ha servido para tender puentes entre la esfera política y la social a través del diálogo.

Al comienzo del encuentro el consejero ha puesto en valor la voluntad “constructiva y proactiva” que impulsó el “Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía” alcanzado en marzo entre la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos CCOO-A y UGT-A para movilizar casi 9.000 millones de euros y “lograr el mayor escudo social que se podría alcanzar”, en palabras de Sanz. Un acuerdo que el consejero ha elogiado como un logro, pues ha confesado que “CCOO es muy difícil para negociar”, aunque ha destacado de esta organización sindical que “siempre antepone a Andalucía”.

Por su parte, el titular de Presidencia ha abogado por “defendernos” del agravio comparativo que dice sufrir Andalucía frente a otras comunidades que se encuentran en el centro del debate nacional. “Por qué Cataluña recibe 140 euros más por habitante que nosotros siendo la más poblada, más extensa y que tiene que ofrecer más servicios públicos a la ciudadanía”, se ha preguntado Sanz, mostrando su temor a que la coyuntura política actual derive en “una cesión de privilegios económicos de unas comunidades frente a otras y los perdedores seamos Andalucía”. Por eso, ha señalado que desde el PP andaluz “estamos planteando un acuerdo a todos los grupos políticos y a los agentes económicos y sociales en defensa de Andalucía”, entendiendo que “no es momento de banderas ideológicas sino de defender la tierra”, ha manifestado rotundo.

Mesa de diálogo

De su lado, la líder sindical ha comenzado su intervención diciendo que “es el momento de hablar, pero el diálogo es más que hablar, es proponer soluciones, encontrar puntos de encuentro para poder avanzar”, para, a continuación, encargarse de trasladar las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de Andalucía a uno de los máximos responsables de la Junta.

La secretaria general de CCOO-Andalucía, en ese sentido, ha expresado su “preocupación” de que se cumpla el paquete de medidas recogidas en el marco del citado pacto para el impulso de Andalucía, en tanto que “aún no se han materializado” en políticas concretas algunos de los puntos acordados, según ha recriminado López al consejero de Presidencia durante el encuentro, que se ha podido seguir por streaming.

A partir de ahí, la representante de los trabajadores ha puesto sobre la mesa de diálogo propiciada por este periódico asignaturas pendientes en la política andaluza como el paro y la precariedad (debido a “las externalizaciones” en sanidad y educación, según ha apuntado la líder de CCOO-A), el asunto de la vivienda para la gente joven (en alusión a la falta de resolución del Bono Joven), la necesidad de blindar los derechos de dependencia, la falta de planes de igualdad laboral entre hombres y mujeres, o la necesidad de adoptar medidas de prevención para erradicar la violencia de género, entre otras competencias incluidas en el estatuto pero “que no están desarrolladas con plenitud”.

Infoca y dependencia entre los compromisos de la Junta

Reivindicaciones que Sanz, bajo la “responsabilidad de llevar el apellido Diálogo Social” en la Consejería que representa, ha escuchado y recogido con la promesa de que todo lo acordado “se va a cumplir”. Con todo, ha incidido en la necesidad de contar con los recursos necesarios para poder ejercer dichas competencias. De ahí que haya reivindicado que si “es bueno hablar de la mejora de los servicios públicos”, también “tendríamos que hablar de la financiación que nos corresponde como andaluces en el conjunto de España”.

Del mismo modo, Sanz ha tenido oportunidad de defender su gestión y dar a conocer los “avances” que ha emprendido su equipo de Gobierno en ámbitos como la sanidad y la educación públicas. “La responsabilidad de un servidor público, de una persona que gobierna, es mejorar los servicios públicos”, ha manifestado para subrayar que como miembro del Ejecutivo andaluz trabaja por garantizar una sanidad pública de calidad, apostando por “crear nuevos hospitales”, y se ha referido a la zona de Cádiz donde hay más centros hospitalarios concertados en Andalucía, que achaca “a la época del PSOE”.

En línea similar, ha elogiado que Andalucía sea “la única comunidad autónoma que ha mantenido la mayoría de todo el personal extra que hubo que contratar durante la pandemia tanto en la sanidad como en la educación”. También en materia educativa, el consejero de Presidencia ha destacado la decisión de su equipo de Gobierno de incorporar enfermeras en los centros educativos para atender a “los pequeños con necesidades especiales”.

Respecto a otros ámbitos como el de dependencia, el responsable de la Consejería de Presidencia ha anunciado que desde la Junta se va a reducir a un paso el proceso de reconocimiento de la dependencia y “garantizar que todo pueda ser más ágil”, además de avanzar que desde su departamento se está trabajando en “cumplir la plenitud de las demandas” de los trabajadores del Infoca, que llevan años clamando por la estabilidad de la plantilla más allá de la temporada de alto riesgo de incendios. “El Infoca es necesario los 365 días del año, no solo por una demanda de los trabajadores con toda la razón, sino porque es una demanda que tiene Andalucía”, ha señalado Sanz durante el foro, para reafirmar el compromiso de la Junta de “avanzar con la nueva Agencia Andaluza de Emergencias” en reconocer el “cien por cien” de los derechos de los bomberos forestales.

Hacia un horizonte común

En definitiva, ha asegurado que el Gobierno andaluz no va a dar “ni un paso atrás, solo hacia adelante” en los derechos de los andaluces, y se ha comprometido a seguir cooperando con los agentes económicos y sociales en aras de “mejorar las condiciones de vida de la gente”.

Con este horizonte común, Nuria López ha subrayado el compromiso de CCOO de continuar defendiendo los intereses de los trabajadores y trabajadoras de Andalucía “gobierne quien gobierne”, mientras que Antonio Sanz, como responsable político, ha remarcado que el diálogo social seguirá formando parte de la “acción de Gobierno” de Juan Manuel Moreno. Algo que López espera se cumpla pues, a excepción de la Consejería que lidera Sanz, asegura que otras “son un búnker”.

La investigación del intento de inflar en cinco millones el precio que debía pagar la Junta de Andalucía por cien maletines con test de detección del Covid-19 revela que, después de conocer la trama, Antonio Sanz (viceconsejero de Presidencia) ofreció a Félix Guerrero, el empresario vendedor (y denunciante) una segunda revisión de su producto. Lo hizo después de que los test ya hubieran sido rechazados por la responsable de este tipo de compras. La propia Junta de Andalucía acabó denunciando el asunto, dos meses después de que tuviera conocimiento.

La segunda evaluación confirmó el resultado negativo, pero los investigadores de la UDEF no están seguros de si este paso fue correcto. María Jesús Pareja, gerente del Hospital Virgen del Valme de Sevilla y encargada de validar técnicamente los test que se ofrecían a la Junta de Andalucía, les dijo que pedir una segunda evaluación técnica es una “irregularidad de procedimiento muy grande”, puesto que ella era la máxima autoridad en Andalucía para estos exámenes. En cambio, la autora de la segunda evaluación no pareció sorprenderse. Los investigadores admiten que esto “contrasta” con lo que les dijo Pareja.

María Jesús Pareja fue cesada como directora del Hospital Valme el pasado enero, pocos días antes de que se conociera que el juzgado de instrucción 2 de Sevilla investiga este asunto.

En una reunión, Antonio Sanz explicó a Guerrero que la evaluación se había llevado a Granada “con toda la confidencialidad del mundo”. En los interrogatorios, a Sanz le preguntaron expresamente por los motivos de realizar un segundo examen. El viceconsejero esgrimió que el objetivo era demostrar a Félix Guerrero que la decisión de no comprar su producto era técnica, y no consecuencia de que no hubiese aceptado la mordida. La segunda evaluación se canceló hasta en dos ocasiones sin que se explicaran los motivos.

“Voluntad de trabajar con él”

La decisión de reevaluar el producto se tomó después de que Elías Bendodo conociera el intento (frustrado) de vender los maletines inflados de precio y encargara a Antonio Sanz una investigación informal, pero antes de que la Junta abriera un expediente de investigación que desembocó en la denuncia ante la Fiscalía. Es decir, cuando no existía ninguna constancia oficial de la investigación.

En ese lapso, que dura dos meses, hay una supuesta colaboración con el vendedor Félix Guerrero para conocer qué ha pasado. Él era el colaborador necesario de un intento de mordida supuestamente orquestado por un asesor del gabinete del consejero de Salud, pero el plan se había frustrado por su negativa a participar y la voz de alarma dada a Bendodo. Sanz sabía que manejaba información sensible: Guerrero es un empresario asturiano del sector, a quien Manuel García Gallardo había pedido que inflara una factura de test Covid en cinco millones de euros, supuestamente a instancias del asesor Guillermo González. González, que ahora dice trabajar en el sector privado, es secretario general del PP de Cabra (Córdoba) y fue nombrado asesor de Aguirre en 2019.

A pesar de estar manejando un asunto muy delicado que podía implicarles, Sanz y altos cargos de la consejería de Salud volvieron a ofrecer a Guerrero la posibilidad de evaluar ese y otros productos, derivando la evaluación de los productos a Granada, si se ofrecían a precios de mercado.

Según los investigadores, Sanz llamó a Guerrero el 21 de octubre para comunicarle que querían revisar el producto y que hay “voluntad de trabajar con él” si la oferta reúne “condiciones de precio y calidad adecuadas y se encuentra dentro de los márgenes lógicos”. El 4 de diciembre, durante una reunión, vuelve a insistirle en que la investigación en ciernes no le cierra la puerta para contratar, si se ajusta a los precios. 

Ni Guerrero ni Sanz están investigados en la causa. Con los indicios recopilados hasta ahora, la UDEF cree que no hay nada que apunte a la participación en la mordida de personas “de arriba” a la que aluden los empresarios que sí están investigados.

La desconfianza del denunciante: “No sé quién está detrás de todo esto, Antonio”

A pesar de que el rechazo en primera instancia se había producido por motivos técnicos, el denunciante seguía confiando en la calidad de su producto, y barruntaba que la operación quizá se había frustrado por levantar él la liebre de las comisiones. También había comprobado que la actitud de los comisionistas había cambiado después de que él denunciara el intento de mordida ante Elías Bendodo. En realidad, lo que había ocurrido es que Sanz se había reunido con el asesor involucrado para pedirle explicaciones, de modo que éste ya estaba sobre aviso.

Por eso, Guerrero empieza a sospechar. El empresario cree que el asesor de Aguirre no actuaba solo, y no se fía. La desconfianza llega al punto de que, a principios de diciembre, Guerrero graba una reunión con Antonio Sanz, la viceconsejera de Salud, el jefe de gabinete de Jesús Aguirre y José Antonio Miranda. En ella, el empresario recapitula el caso y los responsables políticos se escandalizan por que unos empresarios hayan querido usar la pandemia y a la Junta de Andalucía para un fin espurio.

“Yo de esta gente no me fío”

“Es que nos hunde esto, quiero decir moralmente, estamos aquí como cabrones trabajando para que dos golfos jodan esto, ¿no? Entonces, ¿tú tienes alguna impresión de dónde llega esto?”, le pregunta Sanz a Guerrero. El empresario dice que no, pero tiene claro que el asesor “no está solo” y que el caso es “la punta del iceberg”. “Ahí te digo claramente, hoy en día sigue habiendo corrupción, pero la corrupción que hay es de técnicos porque a los políticos, con lo que ha pasado en el país, no hay huevos que se metan en eso”, concede Sanz.

En esa reunión, al empresario le piden también las pruebas originales. Guerrero replica que las ha depositado en un despacho de abogados de Oviedo, “si algún día me pasa algo, porque puedo tener un accidente o lo que sea”. “Porque yo de esta gente no me fío”, les dice. Más tarde, Sanz le llama para pedirle de nuevo los documentos y que les deje presentar la denuncia a ellos. Pero Guerrero sigue sin verlo claro: “Es que yo no sé quién está detrás de todo esto, Antonio”. Días después, le notificaron que la segunda evaluación también era negativa.

El empresario muestra finalmente su disposición para entregar las pruebas ante notario, pero deja de recibir respuesta. El 8 de marzo, llega a dirigir un burofax al viceconsejero en el que le pregunta: “¿Por qué nadie contesta a mi ofrecimiento para la entrega de pruebas?”. Sanz le responde también por burofax, y le informa de que la Junta de Andalucía se le ha adelantado, y la Fiscalía ya estaba investigando. Para entonces, el empresario había solicitado incluso la intermediación del propio Pablo Casado. 

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado la reacción de varias decenas de personas que han despedido en la mañana de este martes con banderas españolas y 'vivas' a España a los agentes de la Comandancia de Algeciras (Cádiz) enviados a Catalunya, como el día anterior ocurrió en otras localidades andaluzas. “Como español, me emociona ver este sentimiento”, ha dicho Sanz, que ha reconocido que no le sorprende esta circunstancia porque conoce el “apoyo y cariño” de los andaluces a la Guardia Civil.

Sanz ha asegurado que la seguridad “se sigue garantizando a todos los niveles” en la región andaluza a pesar del traslado de agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional a Cataluña con motivo del referéndum independentista del 1 de octubre.

En declaraciones a los medios, Sanz ha afirmado que se está produciendo una actualización y adaptación de los dispositivos disponibles de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Andalucía.

El delegado ha recordado que es competencia del Ministerio de Interior la coordinación del traslado y despliegue de agentes a Cataluña. “Solo nos ajustamos a estas necesidades”, ha puntualizado, para añadir que lo importante ahora es garantizar la cobertura de seguridad en la comunidad.

El representante del Gobierno en Andalucía ha contestado a su vez a las declaraciones de Podemos ayer al equiparar la cita del próximo 1-O con el 28-F en Andalucía, y ha advertido que se pretende “confundir y equivocar”, ya que Podemos “tiene otras intenciones que no compartimos”, y ha acusado a la formación morada de tener “mala fe”.

Una semana después de que el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, se cuestionase si se están “utilizando” los poderes del Estado contra el PSOE, los ecos de esas palabras no se han apagado, ni las reacciones en contra. El último en pronunciarse ha sido el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que ha pedido respeto a los cuerpos y fuerzas del seguridad del Estado, asegurando: “¿Policía política? Lo que hay es un mandamiento judicial”.

Lo dijo anoche en el programa 'Acento Andaluz' de Ondaluz Televisión, donde enfatizó que “es lamentable que se hagan afirmaciones contra la Policía y la Guardia Civil”, afirmaciones, que, señaló, “deberían retirase”.

Cornejo, concretamente, confesaba su “desconfianza” hacia “determinadas actuaciones” de quienes representan al Estado. “Tanta coincidencia, a mí, personalmente, me lleva a una profunda desconfianza hacia determinadas actuaciones de quienes representan al Estado”, ha dicho el número dos de los socialistas andaluces en conferencia de prensa, en la que se ha referido a algunas de las actuaciones relacionadas con el caso de los ERE fraudulentos de la Junta y con el de los cursos de formación.

“Yo no sé si hay una policía política en Andalucía, pero las cosas están llegando a unos niveles que me está preocupando muchísimo”, ha señalado el dirigente socialista.

Para Antonio Sanz, por muchas críticas políticas que se tengan guardadas, en casos como la investigación en los cursos de formación, “no pueden escudarse en atacar a la Policía y la Guardia Civil para no dar explicaciones”, por lo que ha reclamado que no se usen a estos dos cuerpos para defender posturas políticas.

Así, insinuando si antes ha podido pasar -con otros mandatarios al frente del Gobierno central-, ha espetado: “No voy a entrar en que esto es un mandamiento político. Lo que hay es un mandamiento judicial”, al tiempo que recordaba que las causa de los cursos de formación han sido cerradas en algunos juzgados, pero se mantienen abiertas en algunas provincias andaluzas.

Para Sanz, no tiene sentido llamar la atención, como hizo Cornejo, sobre los “cruces” que, según dijo, se han producido entre responsables políticos, en alusión al PP, e instituciones como la Delegación del Gobierno en Andalucía, en lo que respecta a los citados casos judiciales.

“No es la primera vez que el PSOE andaluz amaga”

En otro orden de cosas, Sanz se ha referido a la convocatoria del comité federal del PSOE para el próximo sábado, y de le ejecutiva regional socialista en Andalucía para 48 horas antes, señalando que “no es la primera vez que desde Andalucía se amaga y luego se da marcha atrás”, en referencia a la convocatoria de la ejecutiva regional del PSOE andaluz para el próximo jueves, dos días antes del comité federal socialista. En este punto, Ha lamentado que la presidenta de la Junta y líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, haya “esperado al descalabro de su partido” para intervenir ante lo que considera “un camino inequívoco a la convocatoria de unas terceras elecciones”.

“Ella ha amagado mucha veces y luego ha dado marcha atrás”, ha dicho Sanz, para señalar que “me temo que no va a dar pasos adelante, porque si le hubiera preocupado España ya lo podría haber hecho antes”.

Antonio Sanz ha entendido que “ha llegado la hora de hacer política con 'P' mayúscula de País y no con 'p' minúscula de partido”, para señalar que “si yo fuera dirigente del PSOE llevaría la cuestión ya resuelta al comité federal. Lo prepararía todo antes del sábado”.

“No sé si estamos ante un amago o ante un hecho real, porque no es la primera vez que desde el PSOE andaluz se amaga y luego se da marcha atrás”, ha concluido.

Sonaba para el puesto y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, lo ha confirmado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Antonio Sanz, hasta ahora coordinador de la campaña electoral del PP-A y cabeza de lista por Cádiz al Parlamento de cara a las elecciones andaluzas del 22 de marzo, sustituirá a Carmen Crespo, número 1 de los populares por Almería y cuyo cese publicó el BOE el pasado lunes.

Según añaden fuentes del PP-A a eldiario.es/andalucía, Sanz ya ha dimitido del puesto de coordinador, que será ocupado por la senadora por Málaga Patricia Navarro, hasta ahora coordinadora adjunta de la campaña y y vicesecretaria de Organizacion y Electoral PP-A.

La vicesecretaria general del PP-A, Virginia Pérez, y el vicesecretario de Comunicación Social, Antonio Martín, serán directores adjuntos de la campaña, añade un comunicado de los populares.

Sanz considera un “honor” la “confianza” depositada en él por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y se compromete a desempeñar el cargo como “un delegado del Gobierno dialogante y abierto con todos y para todos”. En su primera comparecencia pública tras ser nombrado este viernes por el Consejo de Ministros, Sanz ha tenido palabras de agradecimiento para Rajoy, para el Consejo de Ministros y para el presidente del PP-A, Juanma Moreno, por hacer “la propuesta de nombramiento que hoy ha sido ratificada”.

Asume como “un gran honor y una inmensa responsabilidad” esta función como responsable de la Administración General del Estado en Andalucía y asegura que su “objetivo principal será la cooperación institucional, estar abierto a la cooperación y al diálogo con todas las administraciones”.

En este sentido, ha destacado el “importante papel” de los ayuntamientos y la Junta de Andalucía en esa “lealtad institucional imprescindible para el buen funcionamiento del Estado y las comunidades autónomas”.

Dice ser consciente de la “tarea compleja” que tiene por delante, aunque está convencido de que le resultará “mucho más fácil” teniendo en cuenta que el Gobierno de Mariano Rajoy es “un Gobierno muy comprometido con Andalucía”.

Finalmente, ha manifestado que estará “pegado a la realidad de Andalucía para servir de conexión entre las cuestiones que afectan a los andaluces y el papel importantísimo que en Andalucía representa el Gobierno de la nación”.

¿Por qué se propone a Antonio Sanz para cabeza de lista por Cádiz y coordinador de campaña del PP-A si se piensa en él como delegado del Gobierno en Andalucía y puede terminar como candidato de quita y pon? Pues porque el que piensa en ese puesto para él es el propio Antonio Sanz, mientras que en su partido no lo tienen claro. El presidente del PP-A en Cádiz quiere ser delegado del Gobierno en Andalucía desde hace tiempo y puede salirse con la suya, a riesgo incluso de provocar que, tras ser nombrado coordinador de campaña -ya lo fue en 2012- y cabeza de lista por esta provincia para el 22 de marzo, tenga luego que dejar estas dos últimas responsabilidades. No habría problema porque la lista correría, pero no deja de causar cierto desconcierto en un partido obligado a configurar unas listas a toda prisa por el adelanto electoral en Andalucía.

Desde el Gobierno de la Nación precisaban que cubrir el puesto de delegado, toda vez que Carmen Crespo lo deja para ser número 1 por Almería, puede tardar varias semanas. Por eso en el PP-A no descartan que finalmente sea nombrado Antonio Sanz, pero incluso podrían esperar a después de las elecciones autonómicas, una vez que haya cumplido su cometido en campaña. El caso es que Antonio Sanz está entre dos aguas: garantizarse un puesto de diputado en el Parlamento de Andalucía, ya sea en el gobierno o en la oposición, o arriesgarse a una Delegación del Gobierno, que puede durarle menos de un año si el PP no se revalida en La Moncloa cuando toquen las elecciones generales.

Es el último ejemplo del baile de nombres que provocan los intereses en juego, ya que se sabía que Carmen Crespo necesitaba un relevo desde el momento en que se la propuso para ir de número 1 por Almería, y por tanto, si iba a ser Antonio Sanz, se podía haber decidido entonces dejarlo fuera de la candidatura por Cádiz. Lo cierto es que este lunes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el cese de Carmen Crespo y el pasado viernes se registraban todas las listas del partido para las elecciones autonómicas, donde Antonio Sanz sigue de número 1 por Cádiz.

No es la primera vez que se especula con la posibilidad de este cargo para él. Ya ocurrió cuando cedió su puesto de senador para que el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, tuviera un cargo institucional. Y eso que Antonio Sanz había sido de los primeros en respaldarlo en su desembarco en Andalucía, frente a otras propuestas entre las que destacó el que fuera secretario general José Luis Sanz. Entonces, Antonio Sanz se las prometía ya en la Delegación del Gobierno de Andalucía, a cambio de estos gestos, pero le pidieron que esperara.

“No tengo noticias”, ha respondido Antonio Sanz este lunes a la prensa cuando se le ha preguntado por un nombramiento que se daba por hecho esta vez. Es más, cuando algún dirigente del partido le llamó para felicitarle también se mostró sorprendido. “No tengo ninguna noticia de nada, ni idea, nadie me ha comentado nada ni he recibido ninguna llamada. No tengo nada que decir porque no hay nada”, insistía Antonio Sanz, recordando que ésta es una competencia del Gobierno de la Nación.

Previamente, ya se habían producido sorpresas de última hora en las listas del PP-A, en concreto en Almería. Después de que Javier Arenas hubiera ido de número 1 por esta provincia en 2008 y 2012, cuando además ganó los comicios pese a que sin mayoría absoluta para gobernar, muchas miradas estaban puestas en qué iba a hacer para esta convocatoria. En este tiempo Javier Arenas estuvo especulando con su futuro, hasta que el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, confirmó que Carmen Crespo, un valor en el que el partido ha volcado muchas expectativas, iría de de número 1. Ya entonces se le descartaba del todo, pese a que el presidente provincial del partido, Gabriel Amat, insistía en que le estaban pidiendo que fuera con ellos.

Por eso, la decisión de Javier Arenas, también de última hora, de ir por Almería como número 4, ha causado cierto desconcierto en el partido, donde los hay que no se explican la situación. Un excargo del PP comentaba este lunes que está ahí “porque él lo ha querido no porque Gabriel Amat se lo haya pedido”. Y ¿por qué? Pues porque de momento es senador, pero lo pueden quitar en cualquier momento, mientras que yendo en ese puesto por Almería prácticamente tiene garantizado un escaño en el Parlamento de Andalucía, sigue aforado, en un buen escaparate de la política y controlando su influencia -que nadie niega- en el PP-A. “Es un profesional y estará trabajando en la campaña como el que más, igual que ha hecho de parlamentario, y claro que es un valor para nosotros. Nunca se ha ido de Andalucía”, comentaba otro exdiputado del Parlamento de Andalucía convencido de que conviene para esta nueva cita con las urnas tenerlo cerca.

Por lo demás, desde el PP-A han insistido en que no hay cambios en las listas, que fueron registradas el pasado viernes. Sí hay que recordar que ha habido tiras y afloja en Granada. El comité electoral de la provincia había propuesto al parlamentario y exalcalde de Churriana, Vicente Valero, como número 3, pero lo ha bajado hasta el 5. El tercero es finalmente Juan Ramón Ferreira, presidente del comité de Derechos y Garantías del PP-A, que iba de 7 en un principio. “El orden de los factores no altera el producto”, ha dicho el presidente del partido en Granada, Sebastián Pérez, restando importancia a esta variación.