¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Nosotros volvemos a estar horrorizados con los ataques de Israel a los palestinos de Gaza. El Gobierno de Benjamín Netanyahu, con el respaldo de Donald Trump, ha vuelto a poner en marcha el genocidio de los palestinos. Los últimos bombardeos israelíes han asesinado a más de 400 personas. El horror del genocidio continúa. Netanyahu trata de volver a ocultar sus problemas internos de corrupción con la sangre de los gazatíes.  

Pero entremos en el tema del dinero, que por algo este es un boletín de economía. Hay un debate muy interesante, pese a que algunas elites lo quieren evitar, sobre la democratización de la economía, especialmente en el mundo de la empresa. España está todavía muy lejos de Alemania, donde en muchas empresas hay una representación de los trabajadores en los consejos de administración, lo que aporta más transparencia, participación y un mejor funcionamiento de las compañías. 

Ya se ha creado una comisión de expertos que asesorará al Ministerio de Trabajo en una futura “Ley de democracia en las empresas”, que tendrá que tener preparado un informe para el próximo septiembre. No es el único sitio donde hay que mejorar la representatividad y la democracia en el mundo económico. 

Otro ámbito de decisión relevante son las relaciones entre los agentes sociales. Entre empresarios y sindicatos se negocian los convenios colectivos y, a veces, con la participación del Gobierno se diseñan leyes que luego se aprobarán en el Congreso. Sin embargo, aunque los sindicatos siguen un proceso claro de elecciones en las empresas, en el universo empresarial no es tan claro el entorno democrático. 

Es cierto que en el ámbito de las empresas hay elecciones tanto para la presidencia de la patronal CEOE como en el caso de las pequeñas compañías, aglutinadas en Cepyme. De hecho, hay una pugna de poder entre el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de Cepyme, Gerardo Cuerva, ante los comicios para elegir al presidente de las pymes.  

Sin embargo, en el caso de las asociaciones de autónomos, la representatividad está más en duda que nunca. Los trabajadores autónomos suman casi 3,4 millones de personas en España, casi el 16% del total. En la actualidad, se sientan a negociar con el Gobierno en nombre de los autónomos tres colectivos, ATA, UPTA y UATAE, pero lo hacen sin que se haya llegado a regular este sistema, atascado desde hace más de diez años por gobiernos de distinto signo. Aquí tienes un reportaje sobre quién negocia leyes en nombre de los autónomos, cuando su representatividad lleva atascada más de diez años.

El problema se ha acentuado ante las dudas en el proceso electoral para la reelección de Lorenzo Amor en la presidencia de ATA, que publicó la periodista Laura Olías en elDiario.es. Es necesario que haya transparencia y rendición de cuentas también en el ámbito de las asociaciones de los autónomos, que se sientan con el Gobierno a discutir leyes que afectan a millones de personas. Es necesario que la democracia también llegue a todos los ámbitos económicos.

El gráfico

Desde la pandemia la oferta turística en España no ha parado de cambiar. Plataformas como Airbnb han logrado establecerse con una propuesta sólida que solo una fuerte y restrictiva regulación puede cambiar. La percepción del turismo en determinadas ciudades ha cambiado. La turismofobia ya es una realidad ante una propuesta turística que llena el centro de las urbes de aglomeraciones de viajeros que no dejan vivir a los locales y el incremento del precio de la vivienda, ya que se dedican los inmuebles al alquiler turístico, reduciendo el residencial. La oferta de las plataformas ha hecho que las cadenas hoteleras rediseñen su propuesta hacia el lujo y abandonen formatos baratos. Aquí te contamos cómo la oferta hotelera se vuelve de lujo.  

El dato

12.165 millones de euros

Es el montante de las sentencias favorables que han ganado las grandes empresas energéticas españolas contra el Estado, es decir, que las pagamos todos los contribuyentes. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha realizado un informe en el que cuantifica que “los errores legislativos” le han costado al Estado 1.000 millones de euros de media al año en la última década. Los casos judiciales que ha perdido la Administración Pública contra las empresas de todos los sectores se han traducido en indemnizaciones por 21.530 millones. En el caso energético, el “canon hidráulico”, la financiación del bono social eléctrico o el impuesto especial a los hidrocarburos son algunos de los litigios que han ganado las energéticas poniendo sobre la mesa su capacidad para contratar a potentísimos bufetes de abogados capaces de doblarle el brazo al Estado. Aquí te contamos que el sector energético gana más de la mitad de las indemnizaciones por las sentencias en contra del Estado.  

Entrepreneur

Hay que tirar de refranero español para intentar comprender cómo actúan algunas fortunas en España: no es tarde cuando la dicha es buena. Chantal Gut Revoredo, una de las herederas de Prosegur, ha informado por fin a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de una sociedad que creó en Luxemburgo en 2012, que maneja 27 millones de euros en fondos en Islas Caimán. La compañía multinacional de seguridad privada nunca había comunicado su existencia. La CNMV pide esta información a las empresas cotizadas. Aquí te explicamos la mala memoria de la heredera de Prosegur o cómo olvidarse de informar a la CNMV que tienes una sociedad con 27 millones en Islas Caimán creada en 2012.  

Verde que te quiero verde

En nuestro apartado de la enésima patada al medio ambiente por parte de algunas empresas vuelve a tomar protagonismo el fallido almacén submarino de gas Castor. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, confirmó que en su desmantelamiento se va a vender lo que pueda recuperarse del proyecto para tratar de “reducir las pérdidas”. La infraestructura fue clausurada hace más de una década tras una sucesión de terremotos frente a la costa de Castellón tras las inyecciones de gas que se hicieron en 2013. Aunque es un proyecto fracasado de la constructora ACS, el Tribunal Supremo obligó al Estado a devolver 1.350 millones a Santander, CaixaBank y Bankia por el Castor. Destinado a convertirse en chatarra, te contamos cómo el Gobierno venderá lo que pueda recuperarse del almacén Castor “para optimizar y reducir las pérdidas”.

Cada vez que habla sube el pan

El comprador será responsable de los trámites y gastos relacionados con la desocupación del inmueble

Anuncio del fondo Hipoges

El mercado de la vivienda en España es lo más parecido al salvaje Oeste. Frente a los precios desbocados, las aplicaciones de anuncios de compraventa o alquiler de inmuebles se han llenado de ofertas, normalmente por debajo de los precios de mercado, de viviendas con advertencias de que están ocupadas. En la mayoría de los casos se trata de inquilinos que tienen un título válido, ya sea un alquiler social o están acogidos a la moratoria hipotecaria. Por ejemplo, una mujer se encontró con que su vivienda estaba en portal de compraventa a un precio de 40.000 euros cuando ella se hipotecó por más de 100.000 euros.  “No dice que somos inquilinos, nos tratan como ocupas. Y yo tengo un contrato, estoy al día de pago y hay leyes que me avalan. Es terrible ver la imagen de tu hogar en venta”, señala. Aquí puedes leer un reportaje sobre cómo los fondos se deshacen de pisos con familias dentro.

No es el único ejemplo de abusos del que hemos informado esta semana alrededor de la vivienda. Tratar de negociar el precio a la hora de comprar un piso se ha convertido en misión imposible. Las tensiones de precios, las compras con fines especulativos y la bonanza económica reducen la capacidad de negociación de las familias. En esta información te explicamos la misión imposible de negociar el precio con la vivienda disparada.

Bien Público

Esta semana el diario ABC ha destapado un escándalo que vuelve a poner el ojo sobre los servicios que presta la sanidad privada. En la investigación del periódico conservador se señalaba, con decenas de informes aportados por oncólogos, que la empresa Atrys les presionaba para que no prescriban tratamientos caros contra el cáncer. Tremendo. La cuestión es que Atrys es una compañía tras la que están algunas de las mayores fortunas de España. Estamos hablando del empresario José Elías, conocido por ir al límite y repartir eslóganes para emprendedores; Carmen Ybarra Careaga, con un patrimonio estimado en 760 millones y participaciones en numerosas cotizadas a través de su holding Onchena; Los Domínguez de Gor, dueños de Mayoral; o Jon Riberas, con participaciones en empresas como el fabricante de componentes de automoción Gestamp, la acerera Gonvarri, CIE Automotive, GAM y alguna que otra inmobiliaria cotizada; entre otros inversores de Atrys. En esta información de Antonio M. Vélez te desvelamos quién está detrás de la empresa a los que los oncólogos acusan de recibir presiones para que no prescriban terapias caras contra el cáncer.  

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Se acabó lo que se daba. Nos volvemos a ver el próximo jueves. Mientras tanto, si tienes propuestas o ideas nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado este martes en el Senado que durante la fase de desmantelamiento del fallido almacén submarino de gas Castor se va a vender lo que pueda recuperarse del proyecto para tratar de “reducir las pérdidas” de esta infraestructura, clausurada hace más de una década tras una sucesión de terremotos frente a la costa de Castellón después de las primeras inyecciones de gas a finales de 2013.

“Vamos a apostar por la economía circular, es decir, evaluar cuáles de los equipos pueden ser reutilizados y pueden ser vendidos para optimizar y reducir las pérdidas de dicho proyecto”, ha señalado Aagesen, que no ha precisado cuál va a ser el coste total del desmantelamiento, cifrado hace años en unos 260 millones de euros.

Preguntada por el senador de ERC Jordi Gaseni sobre el calendario y las acciones que va a llevar a cabo el Gobierno para el desmantelamiento de todas las infraestructuras marítimas y terrestres del complejo, así como el coste total que significará para el Estado, Aagesen ha explicado que “este mismo semestre”, en coordinación con Enagás, encargada del desmantelamiento, “vamos a auditar todos y cada uno de los gastos para asegurar los principios de eficiencia y legalidad”.

“Todos los datos serán publicados y serán públicos en el proceso y se certificarán todas las cuentas”. En abril se concederá la autorización sustantiva para iniciar el sellado de los 13 pozos de almacenamiento, que se espera que concluya a finales de este año. Tras esa fase, se procederá a desmantelar la infraestructura y se venderá lo que pueda reaprovecharse.

Mantener las instalaciones del Castor frente a la costa del delta del Ebro, ha costado más de 100 millones desde finales de 2014, cuando la concesionaria Escal UGS -sociedad controlada por ACS- renunció al proyecto. 

Destinado a convertirse en chatarra, el Castor figura entre los “errores legislativos” que recogía un informe publicado la semana pasada por la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) del que se desprende que el sector energético concentra más de la mitad de las indemnizaciones en contra del Estado de los últimos años. 

Promovido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en octubre de 2014 el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con José Manuel Soria como ministro de Industria, aprobó una indemnización exprés de 1.350 millones para la promotora del almacén, la constructora ACS. El real decreto-ley que aprobó esa compensación (a pagar durante 30 años en la factura del gas) fue declarada inconstitucional en diciembre de 2017, lo que propició que se paralizaran los pagos a las entidades financieras que habían adelantado el dinero. Y el Estado acabó endeudándose por decreto para indemnizar a la banca.

El proyecto Castor se justificó por la necesidad de impulsar el almacenamiento de gas en España, que no produce este hidrocarburo, en previsión de posibles cortes de suministradores como Rusia. La crisis energética derivada de la invasión de Ucrania, la más grave en medio siglo, puso de manifiesto que el almacén no era necesario, gracias a la red de regasificadoras de España, la mayor de Europa.

Pero, sobre el papel, y en los mensajes que se lanzaban desde empresas como Enagás, el operador del sistema gasista, parecía una buena idea. El proyecto ya figuraba en la planificación energética que el Gobierno de José María Aznar elaboró en 2002, pero no era prioritario “dada la inmadurez” de los estudios previos. El espaldarazo definitivo llegó en marzo de 2006. Con el socialista José Montilla al frente de Industria, la Planificación energética 2005-2011 identificó como “urgentes” cinco almacenamientos subterráneos, entre ellos Castor, calificado de “proyecto necesario y prioritario para el sistema gasista español”.

El silo submarino estaba avalado por las recomendaciones de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y Enagás. Entonces, la demanda estaba disparada por la elevada utilización de las centrales de ciclo combinado (que queman gas para producir electricidad) y España sólo tenía dos almacenamientos subterráneos, Gaviota (frente a las costas de Bilbao) y Serrablo (Huesca). Castor debía ser capaz de guardar un tercio de la demanda durante 50 días. Con la crisis posterior y el desplome de la demanda eléctrica, cuando acabó su construcción (mediados de 2012) las infraestructuras gasistas funcionaban al 50% de su capacidad.

El almacén submarino está ubicado a unos 1.700 metros de profundidad, a 21,6 kilómetros de la costa, frente a Vinarós (Castellón), en la comarca de Baix Maestrat, muy próxima a la comarca de Montsià (Tarragona). Se diseñó aprovechando el sellado natural que proporcionaba el terreno calizo del antiguo yacimiento de la falla de Amposta, en el que Shell extrajo entre 1975 y 1989 unos 56 millones de barriles de petróleo.

Con una capacidad de unos 1,9 bcm (miles de millones de metros cúbicos), consta de una plataforma marina, un gasoducto de 30,3 kilómetros de longitud y una planta terrestre en Vinarós bautizada con el nombre de Ignacio Pérez, como el expresidente de ACS Servicios Industriales y Energía, fallecido en 2007 y hermano del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó este jueves un informe en el que cuantifica que “los errores legislativos” le han costado al Estado 1.000 millones de euros de media al año en la última década, y que todavía tiene pendientes por indemnizar y devolver algo más de 12.000 millones en los próximos años. En total, son 21.530 millones por sentencias judiciales en contra de la Administración a los que tenemos que hacer frente todos los contribuyentes por el momento, porque la Autoridad fiscal advierte de que están por llegar más fallos similares de los tribunales.

Algo más de la mitad de esa cantidad, exactamente 12.165 millones —de nuevo según la AIReF—, proviene de sentencias relacionadas con el sector energético, como la indemnización por la clausura del almacén del gas Castor, por el “canon hidráulico”, por la financiación del bono social eléctrico o por el impuesto especial a los hidrocarburos. Unos pagos por errores legislativos que benefician directa o indirectamente a las petroleras, gasistas y eléctricas que operan en nuestro país.

Este destacado peso del sector energético en las sentencias contra el Estado desde 2014 no es una casualidad. Es consecuencia y una nueva demostración del poder de uno de los grupos de presión (lobbies) más importantes en España y en el conjunto de la Unión Europea (UE). Un sector que tiene a su disposición un pequeño batallón de altos funcionarios en excedencia, a los que, por ejemplo, desplegó para intentar tumbar el conocido como “tope al gas” —o “excepción ibérica”— que desarrolló el Gobierno en 2022 para aliviar la crisis de inflación, según se explica en esta información.

El siguiente sector empresarial protagonista de las indemnizaciones judiciales por errores legislativos es el de las telecos, con una sentencia a favor del conjunto de los operadores y otra en concreto de Telefónica, según se puede observar en el gráfico de este tema. Estas sentencias suman en total cerca de 3.000 millones, una cuarta parte que lo 'ganado' por las energéticas. Otro par de fallos de los tribunales, por 2.376 millones, tienen que ver con el impuesto de Sociedades, el que grava el beneficio de todas las empresas.

Entre los errores legislativos y malas prácticas que han sido recurridos y que tienen sentencias en contra, la Autoridad fiscal resalta “el uso inadecuado” de los reales decreto-leyes, como hizo el Gobierno del PP en el caso Castor o en la reforma del impuesto de Sociedades; la “extralimitación normativa”, como en el canon hidráulico, que ha costado a los contribuyentes 1.737 millones; o la “omisión de advertencias de la UE de incumplimientos de la normativa europea”.

Además, la AIReF recuerda que existen ahora mismo litigios en marcha que pueden resultar a favor o en contra del Estado, que podrían agravar el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado) de los próximos ejercicios. “Las acciones legales contra el Estado constituyen un riesgo fiscal relevante”, lamenta la Autoridad fiscal.

“Recientemente, se han dictado varias sentencias desfavorables para las Administraciones Públicas para las que se prevé una elevada cuantía, cuyo efecto se extenderá previsiblemente al ejercicio 2024 y a los años siguientes. Además, persisten riesgos judiciales pendientes debido a los numerosos procesos en curso, que podrían agravar el déficit de los próximos años, incluidos los arbitrajes internacionales en materia de energía, los contenciosos en el sector del transporte y las cuestiones fiscales aún por resolver en tribunales nacionales e internacionales”, incide.

Impuesto sobre hidrocarburos: el denominado “céntimo sanitario”

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 27 de febrero de 2014 declaró que el IVMDH, aplicado entre enero de 2002 y diciembre de 2012, era contrario al derecho de la Unión Europea. Este tributo, conocido como “céntimo sanitario”, tenía como objetivo principal recaudar fondos para financiar la sanidad pública.

Como resultado de esta sentencia, en 2014 se registró un mayor déficit de 1.671 millones de euros, asumido por la Administración central.

264 millones a Endesa

La sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de febrero de 2020 (ROJ 1045/2020) estimó parcialmente el recurso presentado por Endesa relativo a la aplicación indebida de un sistema de minoración de la retribución de la energía eléctrica vendida mediante contratos bilaterales físicos, establecido por la Orden ITC/3315/2007.

El importe fue de 264 millones por la responsabilidad patrimonial de la Administración por daños y perjuicios. 

Caso Castor

Indemnización por la clausura del almacén de gas CASTOR En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró nulo el Real Decreto-ley que establecía una indemnización urgente por importe de 1.350 millones a la empresa promotora del almacén de gas Castor, por su clausura en 2013. Esta indemnización, financiada por Enagás con préstamos de CaixaBank, Bankia y Banco Santander, debía repercutirse en la factura del gas durante 30 años.

Este Tribunal consideró que no había concurrido una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justificara el uso de un Real Decreto-ley en lugar de utilizar una ley ordinaria para el pago de la indemnización, vulnerando el artículo 86.1 de la Constitución. Como consecuencia, los bancos reclamaron al Estado la devolución de los 1.350 millones adelantados. Finalmente, la Sentencia del Tribunal Supremo 3324/2020, de 27 de octubre, reconoció a los bancos el derecho a cobrar esa cantidad, obligando al Estado a asumir su responsabilidad patrimonial.

Canon hidráulico

La Sentencia del Tribunal Supremo 513/2021, de 15 de abril, declaró nula una parte del Real Decreto 198/2015 que regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, por ser contraria al ordenamiento jurídico español. El importe asociado a este fallo ascendió a 1.737 millones de euros y se registró en 2021.

Bono social eléctrico

El error legislativo en el caso de las comercializadoras que habían financiado el bono social eléctrico fue chocar con la Directiva 2009/72/CE. El Tribunal reconoció el derecho de las empresas a ser indemnizadas por las cantidades abonadas más intereses, descontando cualquier importe repercutido al consumidor final.

Sin embargo, surgieron dudas sobre si las comercializadoras del mercado libre habían trasladado estos costes a los consumidores, mientras que las comercializadoras reguladas, cuyos ingresos están regulados, quedaron fuera de duda.

En el segundo y tercer trimestre de 2024, el Tribunal Supremo se fue pronunciando a favor de las comercializadoras del mercado libre, confirmando su derecho a ser indemnizadas, al no resultar probada la repercusión de los costes al consumidor final. En cuanto al impacto derivado de estas sentencias, se imputó un importe de 366 millones en el año 2022. La cuenta de la Administración General del Estado 2023 recoge una provisión de 276 millones por las indemnizaciones que corresponderían a la indemnización para las comercializadoras del mercado libre. Por tanto, el importe total podría ascender a los 642 millones.

Impuesto especial de hidrocarburos

La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2024 declaró ilegal el tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos correspondiente al periodo de 2013 a 2018. El fallo concluyó que el impuesto era contrario al Derecho de la Unión Europea.

Falta por determinar la cuantía económica derivada de esta sentencia y el momento en que se reflejará en el déficit en contabilidad nacional. En 2023, el Gobierno estimó un efecto de hasta 6.500 millones por esta sentencia, cifra que se corresponde con el total de la recaudación que tuvieron las comunidades autónomas, que establecieron ese tipo autonómico, en todos los años en que estuvo vigente.

El Congreso rechaza el impuesto extraordinario a las energéticas

Además de las victorias judiciales, el sector energético se ha visto beneficiado recientemente por algunas votaciones parlamentarias mientras consigue beneficios récord, en plena crisis de precios, y recibe ayudas y subvenciones milmillonarias para la transición 'verde'.

En enero de este 2025, los socios del Gobierno de coalición EAJ PNV y Junts confirmaron en el Congreso de los Diputados su rechazo a la prórroga al impuesto “temporal” a las energéticas. Las derechas nacionalistas se unieron al PP, Vox y UPN en contra de la prórroga del gravamen a los beneficios de Repsol, Cepsa o Naturgy, lo que significa que las ‘arcas públicas’ dejarán de ingresar cerca de 1.000 millones. 

Junts también pactó con el PP la suspensión del impuesto del 7% a la generación de electricidad, aunque el Gobierno ha conseguido salvarlo. Este tributo está diseñado para pagar la deuda milmillonaria pendiente con las empresas eléctricas desde hace años, el famoso déficit de tarifa, que actualmente es de alrededor de 7.000 millones.

¡Buenos días!

¿Cómo va la semana? Dice el refranero español que “nadie da duros por pesetas”, pero las redes sociales y los buscadores llegaron a nuestras vidas ofreciendo un maná de servicios y formas de comunicación que aparentemente eran gratuitas. Se cayó el telón con las normativas de privacidad europeas.

De la noche a la mañana se nos han mostrado la luz. La primera ha sido Meta, la compañía de Mark Zuckerberg que engloba a Facebook e Instagram, entre otras. No ha sido un movimiento voluntario. Europa obliga a las grandes tecnológicas a acatar las leyes de protección de datos de la UE, que en caso de no cumplir se pueden convertir en multas de 1.200 millones de dólares, como la que se le impuso a Meta.

Como respuesta a la sanción, la compañía de Zuckerberg amenazó con marcharse de Europa, un farol que no se creyeron ni ellos y que solo provocó la indignación de la gente. Estaba claro que Meta no iba a abandonar el mercado que más ingresos le deja por detrás de EEUU: más de 30.000 millones de euros en 2022.

¿Cuál ha sido la solución? Revelar el verdadero sentido de la frase que se repetía por parte de los críticos de las redes sociales: “Si el producto es gratis, es que el producto eres tú”. De esta manera, Meta lleva meses trabajando en una versión de pago de sus servicios que implantará solo en Europa. Es decir, o pagas una suscripción de 10 euros al mes por Facebook o Instagram en ordenadores de sobremesa -13 euros por la versión móvil (por la cuota que cobran Apple y Google por los pagos en sus tiendas de aplicaciones)- o sigues siendo rastreado por la tecnológica que utilizará tus datos para crear perfiles y colocarte publicidad. En esta información te damos todos los detalles. 

Ahora depende de ti: pagar o ser el producto. (Tienes otra opción: abandona estas redes sociales).

El Gráfico

Respecto a la economía española, las revisiones que está haciendo el Instituto Nacional del Estadística (INE) sobre la evolución del PIB desvelan que la renta disponible de los hogares se ha recuperado rápidamente del daño de las subidas de precios por los aumentos de salarios desde finales de 2022, la creación de empleo y las medidas del Gobierno. Esto no quiere decir que no haya gente que lo esté pasando mal o que no esté ahogada con las subidas de precios, pero en 2023 la renta de las familias dista mucho de la austeridad que tuvieron que sufrir durante la gran crisis financiera de 2008. En esta información te explicamos cómo el esfuerzo público para moderar la inflación se ve reflejado en el bolsillo de los hogares. 

Hay que mantenerse vigilantes porque el mercado de trabajo da ya leves síntomas de debilidad: septiembre moderó la creación de empleo con 18.300 trabajadores más y sumó 19.768 nuevos parados. Esperemos que la decisión de Bruselas de aprobar la segunda fase del plan de recuperación, que desbloquea 93.500 millones, se implemente lo más rápido posible y las inversiones se traduzcan en puestos de trabajo. 

Es necesario potenciar todas las industrias que sirven para conseguir la transición ecológica hacia una economía descarbonizada. Las políticas públicas son esenciales para hacer las cosas bien. Por ejemplo, ya sabemos que el empleo directo en el sector fotovoltaico español se ha multiplicado por cinco tras la supresión del impuesto al sol del PP, según el Informe Anual 2023 de la patronal fotovoltaica UNEF. En 2022 se empleó en este sector a 40.683 trabajadores.

El Dato

32,3% de los trabajadores

Admite que “en bastantes ocasiones acepta cosas en el trabajo, aunque sabe que no son legales o reglamentarias”. Estamos hablando de uno de cada tres empleados. Es una de las conclusiones del primer estudio del nuevo centro demoscópico que la Fundación 1 de Mayo de CCOO ha puesto en marcha. Otros datos preocupantes: un 22% de los entrevistados teme represalias en caso de afiliarse a un sindicato y un 44% de los trabajadores sufre tristeza o nervios debido a su empleo. Aquí tienes más información.

Es normal que la precariedad produzca tristeza o ponga de los nervios a los trabajadores. Que se lo digan a los empleados de Paradores, que llevan casi dos años sin que se acuerde la renovación de un convenio colectivo que data de 2018. Estamos hablando de una empresa pública que cerró 2022 con los mejores ingresos de su historia: 300 millones de euros. 

Otra situación delirante es lo que les ocurre a las 197 personas que venían atendiendo llamadas de la Seguridad Social en los últimos años, subcontratadas a través de la empresa Konecta BTO. La Seguridad Social rescinde ahora el contrato y la empresa no va a dejar a la plantilla ni subrogada, ni recolocada, ni despedida. Se quedan en un limbo. Este jueves, cinco de octubre, sabremos qué pasa finalmente con estos trabajadores. En este enlace tienes más detalles sobre este conflicto laboral.  

Cada vez que habla sube el pan

Nosotros estamos trabajando en un montón de cuestiones, siendo muy sensibles a la situación en las que están muchas familias españolas

Alejandra Kindelán — Presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB)

Pues deben ustedes de trabajar más, señora Kindelán, porque no se ve esa sensibilidad. Lo que sí vemos es que el precio de las hipotecas está imposible, de hecho, el número de préstamos hipotecarios concedidos en julio se hundió un 18,8% respecto al mismo mes del año pasado. Esta fuerte caída interanual da continuidad a una racha de 6 meses consecutivos de retrocesos. O que cada vez es más difícil (y caro) que una empresa consiga un crédito de una entidad financiera: se redujeron un 4,1% en agosto, tras ocho meses consecutivos bajando. En esta información lo hemos contado. Pero además, todavía no han trasladado a los depósito la subida de los tipos de interés que si han colocado en las hipotecas: el euríbor vuelve a subir en septiembre al 4,14% y encarece las hipotecas variables otros 2.000 euros al año. Hay que trabajar más esa sensibilidad bancaria, todavía no se ve.

Hablando de bancos, esta no ha sido la mejor semana para el BBVA. Por un lado, el juez del caso Villarejo cita como testigo al actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, por los encargos de la entidad al comisario. Por otro lado, elDiario.es hemos publicado una exclusiva de calado por una historia que te hace creer en la Justicia: la pelea de dos niños huérfanos contra el BBVA que ha aumentado la factura de los bancos que usan cláusulas abusivas. El Tribunal Constitucional da la razón a dos menores de edad que, tras la muerte de su padre en un accidente laboral en 2012, se enfrentaron a una ejecución hipotecaria y peleaban para que el banco pagara las costas del proceso judicial. Tremendo.

Entrepreneur

Una de las constantes del mundo neoliberal es la queja por la constricción para los negocios que supone la regulación y las leyes. No hay tertuliano neoliberal que no llore un día sí y otro también por el supuesto exceso de normativas, los peligros de la burocracia y el abuso de los poderes públicos que coartan la libertad de empresa. Todo queda en silencio ante una tragedia como la ocurrida en las discotecas de Murcia. El propietario de las salas donde han muerto 13 personas es el empresario Juan Inglés Rojo. Los locales no tenían licencia y se había ordenado su cierre en 2022. Nuestro 'Entrepreneur' de la semana administra más de una decena de sociedades, la mayoría sin aparente actividad, dedicadas a variados sectores: inmobiliario, comercio de equipos informáticos, “actividades jurídicas”, préstamos o venta de productos de metales preciosos o hierro y “concesión de avales”, además de la restauración. Aquí tienes un reportaje de la vida empresarial del dueño de las discotecas donde han muerto 13 personas.

La verdad es que esta sección, donde hablamos de nuestros empresarios y directivos preferidos, se la podríamos haber dedicado esta semana a Florentino Pérez, por el décimo aniversario del caso Castor: un agujero multimillonario para el contribuyente y sin responsables; o a Sam Bankman-Fried, el niño gurú de las criptomonedas que quebró su plataforma FTX y se llevó por delante miles de millones de sus clientes. Empieza el juicio por el que le piden 115 años de cárcel. Pero por la gravedad de lo que ha pasado en Murcia, hemos optado por señalar a Juan Inglés Rojo.

Letras que son un tesoro

“La precarización de la profesión periodística es una de las principales herramientas de censura”. Esta es una de las ideas que Yago Álvarez, periodista de El Salto, desgrana en su libro 'Pescar el salmón' (editorial Capitán Swing), que recomendamos esta semana. Un libro para comprender cómo funciona la “maquinaria de generación de narrativas y de historias que busca promover una opinión pública, a través de la voz experta, de la opinión, del análisis, de los informes de los think tank o grupos de pensamiento, que pertenecen a patronales o bancos” a través de los medios de comunicación. Una herramienta para estar preparado ante la “grandísima ofensiva neoliberal y reaccionaria” que azota Europa. Aquí tienes una entrevista con Yago Álvarez sobre su libro y más cosas. 

Bien público

Esta semana en 'Bien público', la sección de este boletín donde aparecen los reportajes de investigación y las informaciones más elaboradas, os traemos esta maravilla que ha hecho el equipo de Datos de elDiario.es. Un reportaje donde puedes saber cuánta gente cobra más y menos que tú, averiguar cuál es tu posición en la escala salarial de España y comparar tu sueldo con el resto de asalariados españoles a partir de los datos de 13 millones de trabajadores en la declaración de la renta de 2021. Con esta información interactiva se descubre la triste realidad de las remuneraciones en España: los salarios de más de 36.000 euros brutos ya están entre el 20% de personas que más cobra. Para que luego vengan los de siempre hablando de moderación salarial. Si tienes cinco minutos no dudes en leer y jugar con este reportaje interactivo de Raúl Sánchez, Victòria Oliveres y Ainhoa Díez.

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Ahora te dejamos unos artículos de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Esto es todo por esta semana. Si tienes propuestas o ideas nos puedes mandar un correo a contraoferta@eldiario.es. Hasta el jueves que viene.

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Una década del inicio del fiasco del Castor, el multimillonario almacén subterráneo de gas que ACS construyó frente a las costas de Castellón y Tarragona, y que solo llegó a operar en pruebas.

Diez años después el resultado es conocido: una infraestructura inservible, un agujero multimillonario que ha acabado pagando el contribuyente y una cascada de litigios judiciales, sin que haya habido responsables, tras el archivo de la causa por la vía penal.

El 3 de octubre de 2013, José Manuel Soria, entonces ministro de Industria, confirmó la paralización de las primeras inyecciones de gas en esa infraestructura, tras una sucesión de microseísmos en la zona registrados entre el 13 de junio y el 16 de septiembre de aquel año.

Ese anuncio fue el pistoletazo de salida de un culebrón del que se escribió un capítulo clave justo un año después. El 3 octubre de 2014, el Gobierno del PP, a propuesta de Soria (que se cuidó de comparecer tras aquel Consejo de Ministros), aprobaba la indemnización exprés de 1.350 millones de euros para la adjudicataria por renunciar a la concesión de la infraestructura, que en ese momento se declaró en estado de “hibernación”, mediante un Real Decreto-ley declarado inconstitucional en diciembre de 2017.

Las prisas para aprobar ese decreto se justificaron “teniendo muy presente”, dijo la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el proyecto, al que había prestado 500 millones. Pero el Constitucional, tras un recurso del PSC, no apreció razones justificadas de urgente necesidad para usar esa figura normativa.

La última consecuencia de esa sentencia ha sido la reciente decisión de la Audiencia Nacional de obligar a Escal UGS, la sociedad controlada por ACS y participada por la canadiense Dundee que construyó el fallido almacén, a devolver a los consumidores de gas 209,7 millones de “retribución financiera” que cobró por los ejercicios 2014, 2016 y 2017.

Esos pagos han quedado anulados tras esa sentencia del Constitucional, pero está por ver que la empresa los devuelva, dado que Escal entró en concurso de acreedores en 2019, tras reclamarle esas cuantías la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La sentencia del Constitucional también propició que la CNMC paralizase en enero de 2018 los pagos a los bancos que habían adelantado esa indemnización, a cambio de cobrarla con intereses en la factura del gas durante 30 años. Al cesar los pagos mensuales, las entidades financieras recurrieron y el Tribunal Supremo les dio la razón. El resultado fue que el Estado, y por ende el contribuyente, tuvo que endeudarse por decreto para indemnizar a la banca.

Socializar pérdidas

Este clásico ejemplo de socialización de pérdidas tuvo también una derivada penal. Pero en noviembre de 2021 la Audiencia de Castellón absolvió a Escal UGS y a dos de sus principales directivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Esta retahíla de procesos judiciales quizá explique por qué ACS ha batido este año el récord de abogados del Estado en un consejo de administración del Ibex: de tener uno en 2013, cuando arrancó el caso Castor, a los seis actuales, pese al menguante peso de España en la facturación del grupo.

Aunque fue Soria quien rescató el Castor con esa norma inconstitucional, la indemnización a ACS estaba recogida en un decreto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que adjudicó en 2008 la infraestructura a Escal UGS.

Una polémica cláusula, que el Gobierno del PP intentó declarar lesiva para el interés público y que avaló el Supremo en octubre de 2013, días después de paralizarse las inyecciones de gas, decía lo siguiente: en caso de extinción de la concesión, la adjudicataria tendría derecho a recibir una compensación por “el valor residual de las instalaciones”, aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”.

El decreto llevaba la firma de Miguel Sebastián, entonces recién aterrizado en Industria, que luego culpó a su antecesor en el cargo, Joan Clos, de la cláusula de la discordia. En una comparecencia en 2019 en el Parlament de Catalunya, el presidente de ACS, Florentino Pérez, dijo que sin esa garantía para la concesionaria, por la que “el Estado asume el riesgo geológico”, “nadie” se habría presentado a una licitación de este tipo.

Pérez se mostró en esa comparecencia “consternado” por la “desgracia” del Castor, que pese a su “trascendencia” representa “el 1% de la facturación de nuestro grupo”. También aseguró que su empresa perdió dinero en el proyecto y negó haber “intervenido en ninguna cuestión” relativa al almacén.

Cortes de suministro

El proyecto se justificó por la necesidad de impulsar el almacenamiento de gas en España, que no produce este hidrocarburo, en previsión de posibles cortes de suministradores como Rusia. La crisis energética derivada de la invasión de Ucrania, la más grave en medio siglo, ha puesto de manifiesto que la infraestructura no era necesaria, gracias a la red de regasificadoras de España, la mayor de Europa.

Pero, sobre el papel, y en los mensajes que se lanzaban desde empresas como Enagás, el operador del sistema gasista, parecía una buena idea. El proyecto ya figuraba en la planificación energética que el Gobierno de José María Aznar elaboró en 2002, pero no era prioritario “dada la inmadurez” de los estudios previos.

El espaldarazo definitivo llegó en marzo de 2006. Con el socialista José Montilla al frente de Industria, la Planificación energética 2005-2011 identificó como “urgentes” cinco almacenamientos subterráneos, entre ellos Castor, calificado de “proyecto necesario y prioritario para el sistema gasista español”.

El silo submarino estaba avalado por las recomendaciones de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y Enagás. Entonces, la demanda estaba disparada por la elevada utilización de las centrales de ciclo combinado (que queman gas para producir electricidad) y España sólo tenía dos almacenamientos subterráneos, Gaviota (frente a las costas de Bilbao) y Serrablo (Huesca).

Castor debía ser capaz de guardar un tercio de la demanda durante 50 días. Con la crisis posterior y el desplome de la demanda eléctrica, cuando acabó su construcción (mediados de 2012) las infraestructuras gasistas funcionaban al 50% de su capacidad.

El almacén submarino está ubicado a unos 1.700 metros de profundidad, a 21,6 kilómetros de la costa, frente a Vinarós (Castellón), en la comarca de Baix Maestrat, muy próxima a la comarca de Montsià (Tarragona). Se diseñó aprovechando el sellado natural que proporcionaba el terreno calizo del antiguo yacimiento de la falla de Amposta, en el que Shell extrajo entre 1975 y 1989 unos 56 millones de barriles de petróleo.

Con una capacidad de unos 1,9 bcm (miles de millones de metros cúbicos), consta de una plataforma marina, un gasoducto de 30,3 kilómetros de longitud y una planta terrestre en Vinarós bautizada con el nombre de Ignacio Pérez, como el expresidente de ACS Servicios Industriales y Energía, fallecido en 2007 y hermano del presidente del Real Madrid.

El almacén es hoy un activo varado de cuya gestión se encarga Enagás. En 2019, el Consejo de Ministros acordó el desmantelamiento y sellado de los pozos del Castor. Escal trató de tumbar sin éxito esa decisión en el Supremo. Y se ha planteado su desguace para venderlo por piezas.

La Audiencia Nacional ha rechazado un recurso de Escal UGS, la sociedad controlada por ACS que promovió el fallido almacén de gas Castor, que esta empresa presentó contra una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que le obligó a devolver 209,7 millones de euros con cargo a la tarifa del gas.

Se trata de pagos que la promotora del Castor recibió en concepto de “retribución financiera” por los ejercicios 2014, 2016 y 2017.

En una sentencia del pasado 5 de julio, la sección 4 de la Sala de lo Contencioso rechaza el recurso de Escal contra la resolución de Competencia y condena a la demandante al pago de las costas procesales. La Sala señala que “las liquidaciones anuladas de oficio por la CNMC son nulas de pleno derecho (y no meramente anulables) por haberse realizado a partir de un acto legislativo declarado nulo por el Tribunal Constitucional y exigirlo así la efectividad de esta declaración”.

Se trata del decreto-ley 13/2014 que aprobó el Gobierno del PP para pagar una indemnización exprés de 1.350 millones para ACS, la empresa cuyo presidente y principal accionista es Florentino Pérez, por la hibernación de ese almacenamiento submarino, en el que dejó de inyectarse gas hace ahora casi una década, en octubre de 2013, tras una sucesión de medio millar de microseísmos en esa zona cuando la infraestructura empezó a operar en pruebas.

Ese decreto fue declarado inconstitucional en diciembre de 2017 tras un recurso presentado por el PSOE, por no estar justificada la urgente y extraordinaria necesidad de esa norma. Esto propició que posteriormente la CNMC pusiera en revisión las liquidaciones que se habían satisfecho a Escal en esos tres ejercicios.

Finalmente, en julio de 2019 Competencia declaró la obligación de Escal de reintegrar, en un plazo de quince días, 209.721.751,27 euros al sistema gasista. Para no hacer frente a esos pagos, la filial de ACS (empresa que desde este año tiene en su haber el récord de abogados del Estado en el Ibex) recurrió a la Audiencia Nacional.

Según la sentencia, la “pervivencia” de ese concepto de retribución financiera a favor de Escal UGS, “que es la consecuencia inmediata del contenido singular de la ley declarada inconstitucional”, habría puesto “en jaque la propia eficacia de la sentencia constitucional”.

La Audiencia rechaza, entre otras, cosas, el argumento de la filial de ACS de que la competencia de revisar los actos de la CNMC corresponda al Gobierno y no al regulador. Le recuerda que Competencia es una “autoridad administrativa independiente”, no depende del Ejecutivo y la ley que regula su funcionamiento le prohíbe “solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada”.

Un culebrón judicial

El de estos pagos es un capítulo más del larguísimo culebrón judicial asociado al caso Castor. También como consecuencia de la anulación por parte del Constitucional del Decreto-ley 13/2014, se paralizaron en enero 2018 los pagos a los bancos que adelantaron esa indemnización de 1.350 millones a ACS para cobrarla con intereses con cargo a la factura del gas durante 30 años.

Tras congelarse esos pagos mensuales, las entidades financieras recurrieron al Tribunal Supremo, que les dio la razón, y el Estado tuvo que endeudarse para indemnizar a la banca.

El caso Castor tuvo también una derivada penal, pero en noviembre de 2021 la Audiencia de Castellón absolvió a Escal UGS y a dos de sus principales directivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Escal entró en concurso de acreedores en septiembre de 2019, poco después de esa millonaria reclamación de la CNMC.

También en 2019, el Consejo de Ministros acordó el desmantelamiento y sellado de los pozos del Castor, que Escal trató de tumbar sin éxito en el Tribunal Supremo.

El proyecto Castor fue impulsado en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Se justificó por la necesidad de impulsar el almacenamiento de gas en España, que no produce este hidrocarburo, en previsión de posibles cortes de suministradores como Rusia. La última crisis energética, la más grave en medio siglo, ha puesto de manifiesto que la infraestructura no era necesaria, gracias a la red de regasificadoras de España, la mayor de Europa.

Albert Banal-Estañol es profesor titular del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Acaba de presentar el informe '¿Hacia cero emisiones netas? Regulación de la infraestructura e inversión en el sector del gas en España,’ en un momento donde la política energética y todo lo que tiene que ver con la gestión gasista están en el punto de mira, dada la espiral inflacionista.

Una de las infraestructuras por las que ahora apuesta el Gobierno español, con el respaldo de Alemania, es el Midcat, una interconexión a través de los Pirineos que, en un escenario como el actual, podría elevar el peso estratégico de la Península Ibérica como eje esencial en el envío de gas hacia el resto de Europa. Sin embargo, esa infraestructura -que Francia no apoya- también puede convertirse en un lastre, si el gas deja de ser relevante en los próximos años. Su factura, como ha ocurrido con proyectos como el fallido Castor, acabarían pagándola los ciudadanos. 

“A corto plazo, el Midcat serviría para llevar gas a Europa pero, en realidad, ahora no estamos utilizando toda la capacidad [de envío] que tenemos. No solucionaría el problema, porque las dos interconexiones [con Francia] no están a la máxima capacidad”, explica Banal-Estañol a elDiario.es. “A corto plazo, no soluciona. ¿Y, a largo plazo, quién lo paga? ¿Lo pagamos todos los españoles; o lo pagan todos los europeos?”, se pregunta.

Lanza la señal equivocada

Pero esa no es, en su opinión, la principal cuestión. “El gran problema es que el Midcat lanza una señal equivocada, la de que seguimos con el gas. Una señal que puede retrasar la transición a las renovables”, ahonda. “Puede ser una inversión varada, que sea irrecuperable, porque podemos dejar de consumir gas”. 

El profesor de la UPF asume que la construcción del Midcat puede ser rápida y que, como apuntó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, podría estar construido en ocho o nueve meses. Eso sí, solo por el lado español. “Puede construirse deprisa y sería un tiempo récord, pero hablamos de un plazo que no permitiría que estuviese listo para este invierno”, ahonda el profesor. Una infraestructura que, según las últimas estimaciones, podría costar más de 400 millones de euros, en la parte española. En cambio, el Gobierno de Emmanuel Macron eleva el coste base a 3.000 millones de euros.

El Midcat y aumentar el flujo de gas hacia el norte de Europa, en un contexto como el actual, “permitiría rebajar los precios en el mercado Europeo, en Holanda o Alemania; pero, para España, tendría poco impacto”, argumenta el profesor de la UPF. Ahora bien, de momento, parece que el proyecto no tiene visos de salir adelante por la oposición de París. 

La estrategia actual del Ejecutivo español es dar el salto en la relevancia de esta infraestructura, dado que ya no se trata de un proyecto que tenga repercusión para España y Francia, sino que actualmente se plantea como un proyecto comunitario. “Es una conversación que va más allá de la relación bilateral. No es una cuestión de una infraestructura entre dos países. Hay una fotografía más amplia, que tiene que ser considerada”, ha asegurado Teresa Ribera en una entrevista con el diario británico Financial Times. 

El enfoque del profesor Albert Banal-Estañol pasa por mirar más a largo plazo. “Ahora no hay problemas para hacer llegar gas de España a Francia y, a largo plazo, lo que deberíamos hacer es aumentar la capacidad de exportar electricidad. Esa sería nuestra ventaja competitiva”, por el alto peso y potencial de las renovables en España. Eso conllevaría mejorar la interconexión eléctrica hacia la Península, una de las eternas tareas pendientes del sector energético europeo. “Deberíamos invertir en interconexión en electricidad limpia”, recalca el profesor. 

En paralelo al Midcat está el 'Plan B', en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es decir, la construcción de una nueva interconexión submarina entre España e Italia, que tendría un coste estimado en 3.000 millones de euros, a razón de 1.500 millones por cada uno de los dos países. “De nuevo es una interconexión muy costosa”, incide Banal-Estañol.

Enagás, el gestor de la red gasista española, contempló esta nueva conexión en su nuevo plan estratégico. Su previsión es que pueda estar lista en 2028 y que sea susceptible de recibir fondos europeos, por tratarse de un proyecto clave en la transformación hacia las renovables. “Pueden tener subvenciones de entre el 30% y el 40%”, porque, después de 2030, ya no se utilizarían solo para transportar gas, también hidrógeno“, detalló el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, al explicar el potencial de las nuevas infraestructuras que proyecta la compañía participada por el Estado.

Pero el hidrógeno verde aún no es una realidad. “En el hidrógeno estamos en una cuestión preliminar. Va a servir para algunas industrias pero no sabemos si va a servir para toda la población”, explica el profesor de la UPF. “Ahora estamos diciendo que necesitamos infraestructura de hidrógeno de España a Alemania; pero ¿y si lo óptimo es que esa industria se venga a España?”, se pregunta.

Replantear el modelo de financiación

De fondo, la necesidad de hacer corresponsables a las empresas de los riesgos que conllevan los proyectos y no solo a los consumidores. “El Castor lo vamos a pagar durante 30 años. Hay que hacer a las empresas partícipes de los riesgos. Si les pagas todo, van a decir que sí”. En el caso del fallido almacén de gas Castor, el coste supera los 1.600 millones.

El Castor lo vamos a pagar durante 30 años. Hay que hacer a las empresas partícipes de los riesgos

En el informe presentado hace unos días, elaborado junto al también profesor de Economía Olivier Masso, se concluye que “España tiene ahora un problema de sobreinversión en sobrecapacidad”, que se aprecia en Castor y la regasificadora de El Musel, en Gijón. “El proceso de toma de decisiones que ha llevado a España a la situación actual debe contrastarse con el caso de Francia, donde los contratistas aprobados por el gobierno construyeron primero la planta y luego la vendieron a inversores privados, y no al revés”. 

Los profesores aducen que España podría haber alcanzado ya sus objetivos en materia de infraestructuras de gas, aunque, al mismo tiempo, la capacidad de almacenamiento sigue siendo escasa.

Y el riesgo de estas se ha trasladado al consumidor final. “El 40% de las facturas de energía de los españoles han sido peajes para el mantenimiento, y a veces el mantenimiento de instalaciones inutilizadas como El Musel”, indican. “España debería reconsiderar el equilibrio de riesgos entre los inversores privados, el gobierno y los consumidores. Si el riesgo va a ser asumido por el consumidor en el futuro, se deberían realizar de forma sistemática estudios económicos y medioambientales más amplios para evitar resultados desastrosos como los de El Castor”, concluyen.

El Estado ha asumido un agujero superior a los 40.000 millones de euros por decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy que han sido un fiasco o ha acabado anulando la justicia, española o europea. 

La cifra, que en función del desenlace de litigios aún en curso podría superar holgadamente esa cantidad, equivale a un 4% del PIB y a toda la inversión del Estado para 2022 prevista en los últimos Presupuestos, que este ejercicio se va a situar en una cuantía récord. También se acerca a lo que recaudaría entre 2023 y 2032 la subida de cotizaciones que propone el Gobierno para financiar el aumento del gasto en pensiones por las jubilaciones de los nacidos en el baby boom.

La mayoría de ese multimillonario importe se ha materializado en las últimas semanas. El grueso corresponde a los 35.000 millones de deuda de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que va a asumir el Estado después de que el pasado 18 de enero, el Consejo de Ministros aprobase la toma de control de esa entidad. Lo ha hecho por imperativo de la UE, que a través de Eurostat, ha conminado a que España se haga cargo de ese pasivo en su contabilidad nacional.

Con ello, se van a socializar las multimillonarias pérdidas del denominado banco malo y se engrosará la factura del rescate a la banca que el PP dijo que no costaría “un euro” y del que el Banco de España ya da por perdidos más de 54.000 millones, sin contar el fiasco de Sareb. Un fracaso anunciado, consecuencia del diseño inicial de este instrumento creado en 2012 por el entonces ministro Luis de Guindos, ahora en el BCE, para sacar el ladrillo tóxico del balance de la banca con la promesa de venderlo más adelante a mejor precio.

Entonces, con la economía española en situación límite por el reventón de la burbuja inmobiliaria, y para no disparar aún más la deuda del Estado, se impuso que la Sareb tuviera mayoría accionarial privada, a cambio de otorgar aval del Estado a su pasivo. Pero como los activos adquiridos a los bancos se sobrevaloraron, las pérdidas multimillonarias que afloraron luego se fueron comiendo el capital de Sareb.

A ello contribuyeron también la polémica gestión de los contratos con terceros —los llamados servicers— para dar salida a esa cartera de inmuebles y un derivado para cubrirse de teóricas subidas de tipos de interés que dio como resultado unas pérdidas de 3.000 millones. Ese swap se contrató durante la presidencia de Belén Romana, de la máxima confianza de Guindos y hoy consejera del Banco Santander.

Modelo 720

También data de 2012 otro fiasco de la etapa Rajoy que va a suponer otro roto millonario para las cuentas públicas y que fue obra de Cristóbal Montoro, el ministro que batió el récord de permanencia en la cartera de Hacienda y que en 2010, cuando estaba en la oposición, pronunció aquel “que caiga España, que ya la levantaremos nosotros” mientras el país se asomaba al rescate por la crisis de deuda soberana.

El pasado jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbaba el “desproporcionado” régimen sancionador que impuso hace una década Montoro para aflorar la existencia de bienes ocultos en el exterior: el denominado modelo 720.

Este mecanismo, que ha permitido aflorar bienes en el extranjero por valor de 225.200 millones, y que la Comisión Europea exigió a España modificar en 2017, aparejaba la amenaza de fuertes multas por la omisión o falta de datos y se lanzó en paralelo a la polémica amnistía fiscal.

Por un lado, se ofrecía un caramelo a los defraudadores que, a través del llamado modelo 750, regularizaran su situación con esa medida de gracia, que luego fue anulada por el Tribunal Constitucional sin consecuencias para sus beneficiarios, que pudieron aflorar activos ocultos pagando un exiguo 3%.

Por otro, el modelo 720 impuso duras penalizaciones a los contribuyentes que ocultasen o declarasen fuera de plazo bienes en el extranjero con un valor superior a los 50.000 euros.

Con ese régimen sancionador, “extremadamente represivo”, según el TJUE, los bienes y derechos no declarados se consideraron ganancias patrimoniales no justificadas, con sanciones por el 150% de su valor y sin posibilidad de prescripción. Ahora, Hacienda deberá cambiarlo y el Estado se enfrenta a la devolución de los 230 millones recaudados en multas para los infractores, entre los que hay grandes patrimonios con activos fuera de España. Un ejemplo es la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, que aspira a recuperar los 1,75 millones que Hacienda les cobró en 2014 al regularizar sus cuentas andorranas.

El IVA de las CCAA

Hacienda también va a resolver por fin otro “problema heredado” del Gobierno de Rajoy, según lo calificaba el Gobierno el pasado lunes, al anunciar la próxima aprobación de una orden ministerial para “desatascar un problema generado por un Ejecutivo anterior” y compensar a las comunidades autónomas con 3.000 millones por el IVA que dejaron de recibir por el ejercicio 2017.

Montoro implantó entonces un nuevo sistema electrónico (el Suministro Inmediato de Información o SII) para gestionar el cobro de ese tributo que hizo que las autonomías acabaran ingresando 11 meses de IVA en lugar de 12 por ese ejercicio. Y mientras el Gobierno de Pedro Sánchez no dio solución al problema, al condicionar la devolución de ese dinero a tener aprobados unos Presupuestos, varias comunidades autónomas recurrieron ante el Tribunal Supremo. Finalmente, el Alto Tribunal reconoció el año pasado el derecho a ser compensadas Castilla y León y Galicia, ambas gobernadas por el PP, abriendo la puerta a una catarata de reclamaciones.

Como resume gráficamente un fiscalista que conoce las tripas de la Administración, Montoro “hizo el animal, pero cuadró las cuentas y el marrón se lo come ahora otro”. Este experto recuerda que también está en duda otra norma del entonces ministro, el Real Decreto-Ley 3/2016 que modificó diversos aspectos del Impuesto de Sociedades y está recurrido ante el Tribunal Constitucional. Y advierte de que una anulación de las disposiciones referidas a la reversión de las pérdidas por deterioro en el Impuesto de Sociedades y la limitación de las bases imponibles negativas supondría otro roto millonario para el Estado.

El Constitucional ya anuló en julio de 2020 otra norma hermana de este decreto, el Real Decreto-ley 2/2016, que estableció un pago fraccionado mínimo del 23% del resultado contable en Sociedades. Pero evitó pronunciarse sobre una posible vulneración del principio de capacidad económica, lo que habría abierto la puerta a la devolución de más de 1.000 millones procedentes del erario público.

Canon hidroeléctrico

Sí hay sentencia firme, en este caso del Tribunal Supremo, sobre el canon hidroeléctrico que aprobó el Gobierno del PP, de nuevo, en 2012, aunque no se implementó hasta 2015. El pasado abril, el Tribunal Supremo daba la razón a las eléctricas en una decisión que ha obligado a devolver a las compañías del sector 1.907,67 millones por la recaudación de ese canon entre 2013 y 2020. Ese importe se ha reintegrado a las empresas en plena crisis de precios de la luz y se ha cargado al déficit público, mediante un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre para autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia.

El canon grava con un 25,5% la facturación por la producción de las centrales de mayor tamaño. Lo puso en marcha el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, para atajar (se dijo en su momento) el multimillonario déficit de tarifa del sistema eléctrico, aunque los fondos van a parar al Tesoro Público.

Cuando trascendió la sentencia del Supremo, se cifró la devolución en 500 millones, y posteriormente, en 1.400 millones, pero la cifra final ha sido muy superior. El Alto Tribunal no anuló el canon como tal, pero sí su carácter retroactivo (los ejercicios 2013 y 2014) y decretó que las Confederaciones Hidrográficas (encargadas de recaudarlo) no pueden reclamárselo a aquellas concesiones cuyos titulares no dieran su visto bueno expreso, cosa que no ocurrió.

Castor y autopistas

También emana de otra sentencia del Supremo uno de los más polémicos agujeros relacionados con el sector energético: el pago a la banca de la indemnización de 1.350 millones de euros que adelantaron las entidades a ACS por el fallido almacén de gas Castor. Es el dinero que el Alto Tribunal obligó al Estado a abonar a finales de 2020 a Santander y CaixaBank tras cancelarse los pagos, a través del recibo del gas, del adelanto que hicieron a la promotora del almacén por su clausura en 2014.

La indemnización emanaba de la resolución de adjudicación del silo en 2008, con el socialista Miguel Sebastián como ministro de Industria, que incluía una cláusula por la que en caso de extinción de la concesión, ACS tendría derecho a recibir una compensación aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”.

Pero el importe acabó asumiéndolo el Estado porque, cuando se decidió hibernar la instalación en 2014, tras una sucesión de terremotos, el entonces ministro Soria aprobó a toda prisa un Real Decreto-Ley para indemnizar a ACS cargando su coste, con intereses, a la tarifa del gas. El decreto fue declarado inconstitucional en 2017, lo que dejó sin cobertura los pagos que hasta entonces se habían hecho a la banca.

Al agujero del Castor se suman las millonarias reclamaciones en tribunales de arbitraje de inversores afectados por los recortes a las renovables, que llegaron a alcanzar los 10.000 millones de euros, de los que hasta ahora se ha evitado el pago de 6.100 millones, según el Ministerio para la Transición Ecológica; o los más de 500 millones que hubo que devolver a las eléctricas por el bono social vigente entre 2013 y 2016, aunque en este caso el importe lo costearon los consumidores de electricidad. Y está por determinar la factura del rescate de las autopistas de peaje quebradas por la crisis financiera de 2008 y actualmente en manos del Estado, que “no costará un euro al ciudadano”, según dijo a finales de 2013 la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor.

Por ahora, el actual Gobierno calculó a finales del año pasado un coste provisional de 1.021 millones, una estimación que está sujeta a un largo proceso administrativo y judicial, resultante de restar al coste de las obras y de las expropiaciones las inversiones que todavía requieren las infraestructuras, las indemnizaciones pagadas por expropiaciones de terrenos y los importes necesarios para que la Administración se haga cargo de futuros pagos.

Esos más de 1.000 millones son un cálculo a la baja, dado que el propio Gobierno ha reconocido que la factura final podría situarse en hasta 3.305 millones. Los acreedores, fondos de inversión y constructoras, aseguran que las compensaciones podrían ascender a 4.500 millones. Aquí PSOE y PP también se culpan respectivamente del fiasco. Los socialistas lo atribuyen al modelo privatizador de José María Aznar, responsable de promover esas infraestructuras. Y los populares, a la falta de celo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la hora de pleitear en los tribunales por los sobrecostes de los terrenos expropiados, lo que benefició a familias como los Franco, los Serrano Suñer o los Abelló.

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de la promotora de la planta de gas Castor contra la decisión de su desmantelamiento. Los jueces han rechazado por falta de legitimación activa el recurso interpuesto por Escal UGS contra la decisión del Consejo de Ministros de 2019. Para el Supremo, la promotora deja de estar afectada por estas decisiones “una vez que ha renunciado voluntariamente a la explotación del citado almacenamiento subterráneo y que se ha declarado la extinción de la concesión”.

La empresa, participada por ACS y la compañía canadiense Escal, llevó ante la sala tercera la decisión del Consejo de Ministros de desmantelar el almacén de gas ubicado frente a las costas de la localidad castellonense de Vinaroz. Ese acuerdo del ejecutivo “puso término a la hibernación de las instalaciones del almacenamiento subterráneo «Castor» acordando su desmantelamiento y ordenó el sellado y abandono definitivo de los pozos”.

La sala desestima el recurso sin entrar en el fondo al entender que la empresa no tiene legitimación para cuestionar el acuerdo del ejecutivo central. Explica el Supremo que desmantelar el almacén no tiene nada que ver con el anterior concesionario sino, en todo caso, con el “actual y único administrador de la instalación de almacenamiento subterráneo, Enagás”. Esta empresa no ha anunciado ningún tipo de recurso.

El almacén de gas entró en funcionamiento en julio de 2012 y un año después las inyecciones de gas empezaron a provocar movimientos sísmicos que provocaron el parón de las operaciones en septiembre de 2013. Empezó entonces una múltiple batalla legal por las indemnizaciones, el desmantelamiento y las posibles responsabilidades penales de los responsables del almacén.

En cuanto a las indemnizaciones, el Tribunal Supremo estableció hace un año que el Estado tenía que indemnizar con 1.350 millones de euros a Santader, Caixabank y Bankia por el dinero que adelantaron para indemnizar a su vez a la constructora ACS por el cierre anticipado de la infraestructura. Los jueces reconocieron el derecho de estos bancos a cobrar de la Administración el dinero que habían pagado para adquirir el derecho de cobro.

La vía penal también quedó sentenciada hace unos días en la Audiencia Provincial de Castellón. La empresa Escal UGS y el resto de acusados han sido absueltos del delito contra el medio ambiente y los recursos naturales del que estaban acusados“. Los jueces, en una sentencia todavía recurrible ante el Tribunal Supremo, entienden que en todo momento se cumplió la normativa de medio ambiente y que no existió un peligro grave con los temblores, además de negar que los directivos de la empresa ocultasen información a las autoridades.

El proceso de desmantelamiento, desde su aprobación a finales de 2019, lleva un ritmo lento. La primera fase de sellado y abandono definitivo de los pozos salió a información pública hace un año y un informe de Enagás hecho público hace dos años por Compromís considera que el cierre de la planta costará 260 millones y llevará 5 años.

“Debemos absolver y abolvemos libremente a los acusados Recaredo del Potro Gómez, José Luis Martínez Dalmau y a la mercantil ESCAL UGS SL, cuyos demás datos personales obran en el encabezamiento de esta Sentencia, del delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, con riesgo para la vida e integridad física de las personas, con ocultación de información a la administración y con un grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico por el que venían acusados”.

Así se han pronunciado los magistrados de la Audiencia Provincial de Castellón en la sentencia relativa al juicio del caso Castor, a la que ha tenido acceso elDiario.es, y contra la que cabe recurso de casación ante la sala segunda del Tribunal Supremo en un plazo de cinco días.

El tribunal considera que en todo momento se cumplió la normativa de protección del medio ambiente y que no se produjo un peligro grave, además de negar que se produjera una ocultación de información, como queda acreditado con las medidas que se fueron adoptando a medida que se detectó un aumento de la sismicidad. Por este motivo, procede absolver a los dos exdirectivos y a la empresa, según el fallo.

El juicio arrancó el pasado 18 de octubre y en sus 11 sesiones han desfilado un total de 195 testigos y 35 peritos. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2013, cuando la inyección de gas bajo tierra en la plataforma Castor frente a la costa de Vinaròs provocó una serie de seísmos, más de 500, que notaron vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona.

“Daños de consideración”

Algunos de ellos fueron sentidos por la población y nueve causaron “daños de consideración” en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona, señalaba el auto de apertura de juicio oral del juzgado de Vinaròs.

Un total de 123 afectados por estos seísmos provocados por el proyecto Castor reclamaban a la empresa concesionaria Escal UGS 1.845.000 euros por lo daños morales producidos por “la ola de pánico generalizado” consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas.

La acusación popular, ejercida por la Asociación Nacional Arca Ibérica pedía siete años de prisión para los dos directivos del exconcesionario Escal UGS por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente “con riesgo grave de perjuicio para la salud de las personas y grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico”.

“En 20 minutos hubo dos temblores. Yo estaba leyendo y en el primero casi me caigo de la silla. En el segundo estaba de pie y fue como si una ola me diera en los pies”. Evelio Montfort rememora así uno de los centenares de seísmos causados por la inyección de gas en la plataforma Castor que en 2013 sacudieron Alcanar y otros pueblos del sur de Catalunya y el norte de la Comunidad Valenciana.

El juicio que se celebra desde esta semana contra dos exdirectivos de la empresa que explotaba la plataforma ha hecho aflorar de nuevo la angustia de los vecinos de la zona. Algunos lo han contado en primera persona en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Castellón, en cuyo banquillo de los acusados se sientan el expresidente de Escal UGS y su exconsejero delegado, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau. Ambos se enfrentan a peticiones de hasta siete años de cárcel. La empresa se declaró en concurso de acreedores en 2019.

Entre los vecinos afectados hay una mezcla de sentimientos: satisfacción porque por fin el caso llega a juicio, pero a la vez contrariedad por la versión exculpatoria que han dado los acusados. Y los recuerdos de lo que algunos vivieron como los peores momentos de su vida. “En el juicio hay dos acusados, pero no están todos los que son responsables”, lamenta Joan Ferrando, portavoz de la plataforma de afectados por el Castor, que ejerce la acusación particular.

En su declaración como acusados, Del Potro y Martínez aseguraron que la actividad del Castor no alteró la peligrosidad de la zona y desvincularon los terremotos de las inyecciones de gas, asociándolos a una actividad sísmica natural de la zona. “Mientras inyectamos nadie sintió nada”, zanjó Del Potro, mientras que Martínez Dalmau rechazó que la actividad del Castor causara “daño o peligro” al medio ambiente.

“Entendemos que como acusados mantiene su estrategia de defensa, pero es duro escuchar cómo rehúyen cualquier responsabilidad”, reflexiona Ferrando, para quien la actitud de los exdirectivos de negar los terremotos se asemeja “al conductor que va contra dirección por la autopista y dice que son el resto de coches los que se equivocan”. “Le llegaron a echar la culpa a un directivo que murió. Tanto cinismo es indignante”, apostilla Montfort, que forma parte de la plataforma en defensa de las tierras del Sénia.

Además de a los acusados, el tribunal ha empezado a escuchar ya a los primeros testigos. Vecinos de Vinaròs, Alcanar, Sant Mateu, Sant Carles de la Ràpita, pero también de poblaciones más alejadas del epicentro de los seísmos, como Amposta, han relatado los temblores que sintieron desde la cama –la mayoría de seísmos ocurrieron de madrugada– y las grietas que aparecieron en sus domicilios. “La casa se movió toda”, relató Neus Magrané, de Amposta. “Se movía la cama y el perro corría por el pasillo como un poseso”, rememoró María Josefa Redó.

En su interrogatorio, la defensa de los acusados ha insistido en el hecho de que el Consorcio de Seguros rechazó indemnizar a los afectados porque, a su juicio, los seísmos no tuvieron la intensidad suficiente para provocar los daños. “Pero a mí me salió una grieta en casa”, respondió gráficamente David Juanena, uno de los afectados, que precisó además que tuvo que abonar personalmente los 1.200 euros en reparaciones que ahora reclama porque el Consorcio de Seguros le indicó que solo podía compensarle por seísmos de origen natural “pero no por los producidos por actividad industrial derivada de la acción humana”.

Montfort tampoco ha olvidado el seísmo de mayor magnitud –4,3 en la escala de Richter– que tuvo lugar la madrugada del 1 de octubre de 2013 y los dos terremotos consecutivos ocurridos dos noches después. “Todo el mundo se llamaba por teléfono, yo vivo en el campo y no se oía a los perros como siempre, fue una sensación rarísima, de mucha angustia, como si de repente después del temblor hubiera subido la temperatura”.

Para los vecinos de las comarcas afectadas en la lista de responsables de los seísmos hay una larga lista de políticos y empresarios, además de los dos que se sientan en el banquillo. Pero jamás irán a juicio: la Audiencia Nacional rechazó en en 2018 investigar a los exministros de Industria Joan Clos y Miguel Sebastián –del PSOE–, y a su sucesor bajo el Gobierno del PP, José Manuel Soria; así como al presidente de ACS, accionista mayoritario de Escal, Florentino Pérez.

“Florentino ya ha cobrado, pero los vecinos afectados dependen de este juicio”, se queja Montfort, en referencia al decreto ley aprobado a principios de año y que autorizó al Estado a endeudarse para devolver a Santander, CaixaBank y Bankia los 1.350 millones de euros que adelantaron estas entidades a Enagás en 2014 para indemnizar a la promotora del Castor, controlada por la constructora ACS que pilota el también presidente del Real Madrid.

A la hora de reclamar las indemnizaciones, Ferrando explica que los afectados no quieren solo recuperar lo gastado en obras en sus casos, sino también que se les compense por los daños morales y el pánico y la inseguridad provocadas por la onda sísmica. Ello hace elevar la petición de indemnización a 15.000 euros por afectado, 1,84 millones de euros en total. Ferrando reconoce que la jurisprudencia en España es limitada a la hora de indemnizar por daños morales, pero confía en que los jueces sigan el ejemplo de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, donde sí son más habituales.

Tampoco olvidan los vecinos que la actual ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, fue quien firmó la declaración de impacto ambiental (DIA) de la instalación como secretaria de Medio Ambiente en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “Ni los políticos del PSOE en el Ministerio ni del PP en Castellón quisieron escucharnos cuando exigíamos más estudios geológicos”, critica Ferrando, que tiene clara la respuesta a ese desdén político: “El punto débil del negocio era la geología, con unos estudios precisos sobre el riesgo de terremotos no hubieran podido ni presentar el proyecto”.

“Se maltrató al medio ambiente y a las personas”, apostilla Ferrando. Un sufrimiento y una angustia que, según Ferrando, se podían haber evitado si se hubiera escuchado a los vecinos y a las plataformas que avisaban de los riesgos sísmicos del proyecto. “Pero se optó por el negocio”, concluye, a la vez que espera que no se repitan los errores en futuras obras. Mientras los vecinos siguen viendo cada día, a 22 km. de la costa, la mastodóntica infraestructura del gaseoducto. Las inyecciones de gas han cesado, pero el Castor todavía no se ha desmontado.

Recaredo del Potro, directivo de la empresa adjudicataria del proyecto Castor, se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Castellón por un presunto delito medioambiental. Del Potro ha insistido en que la plataforma podría haber continuado inyectando gas en el almacén subterráneo ubicado frente a la costa de Vinaròs si no se hubiese decretado la paralización de la actividad.

El acusado ha limitado sus funciones al “asesoramiento y representación ante la Administración” y ha declarado que conocía la relación que podía haber entre la inyección de gas y la sismicidad. 

Los seísmos que detectó el Observatorio del Ebro, ha defendido Del Potro, se situaban a 15 kilómetros de Castor y ha asegurado que ninguna sismicidad fue sentida por los ciudadanos mientras se estaba inyectando gas.

Además, también ha asegurado que cuando el Observatorio del Ebro recomendó reducir el caudal de inyección de gas como consecuencia de los seísmos que se estaban produciendo, la empresa ya lo habían reducido a la mitad. Escal UGS, ha agregado, informó al Ministerio de Industria, a la subdelegación del Gobierno y al Ayuntamiento de Vinaròs de los seísmos que se estaban produciendo.

El otro acusado, el consejero delegado José Luis Martínez Dalmau, ha reconocido que, antes de iniciar la inyección de gas, era consciente de la posible sismicidad. También ha defendido que si no se hubiese decretado la paralización de la inyección de gas, probablemente el proyecto podría haber seguido con una mayor monitorización.

Martínez Dalmau ha aludido a las auditorías “tremendamente exhaustivas” y ha negado la “correlación espacial” entre la inyección de gas y los terremotos (sí que ha reconocido, en cambio, la correlación temporal).

Los 123 afectados por los terremotos, representados por el despacho BCV Lex, solicitan Escal UGS y a los dos directivos 1,8 millones de euros por los daños morales a consecuencia de la “ola de pánico” que propiciaron los seísmos. El Ministerio Fiscal, por su parte, pide una pena de seis años de prisión para cada uno de los dos directivos y una multa de 189.000 euros para la empresa, participada mayoritariamente por la constructora ACS.

El juicio por el 'caso Castor', en el que dos directivos de la empresa Escal UGS se sientan en el banquillo por un presunto delito medioambiental, ya tiene fecha. A partir del próximo 18 de octubre, y en 11 sesiones, desfilarán ante la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón un total de 195 testigos y 35 peritos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

José Luis Martínez Dalmau y Recaredo del Potro, los dos directivos, “ante los temblores que se estaban produciendo” a consecuencia de la actividad del almacén de gas, “no sólo continuaron inyectando gas en el almacenamiento sino que incluso aumentaron la velocidad”, según el auto de apertura de juicio oral del juez instructor.

El magistrado consideraba que “existe una relación de causa efecto entre las actuaciones de inyección y la serie sismológica que ocurrió en la costa de Vinaròs”, según el auto de apertura de juicio oral del juez instructor.

El juicio contará con la declaración de 195 testigos y 35 peritos. Entre los peritos figuran expertos del Instituto Geográfico Nacional, del Instituto Geológico y Minero de España, además de los auditores.

Los afectados por los terremotos piden cinco años de prisión para los directivos de Castor y 342.500 euros de indemnización por los daños. Por su parte, Escal UGS SL, la firma que ocasionó 519 seismos, considera que su actividad no tuvo un “impacto ambiental significativo”. Recaredo del Potro salió recientemente del consejo de administración de Escal UGS SL, tal como informó este diario.

El presidente del grupo ACS, Florentino Pérez, ha asegurado este lunes que su empresa “ha perdido dinero” con el proyecto Castor, la planta de almacenamiento de gas implantada frente a las costas de la desembocadura del Ebro, por la que el Estado le pagó 1.350 millones de indemnización tras cerrarla. El empresario, que ha comparecido ante el Parlament este lunes convocado por la comisión de investigación abierta para esclarecer el fiasco de la planta energética y sus consecuencias, ha asegurado que toda la suma de la indemnización fue a parar a los financiadores del almacén.

El magnate de la construcción ha calificado de “desgracia” lo ocurrido en la planta. Más allá de esto, Pérez ha dado pocas explicaciones sobre el caso, pues ha advertido que no tenía apenas conocimiento del proyecto hasta que comenzaron los problemas. El empresario ha asegurado que él nunca habló con los ministros de Industria relacionados con el proyecto para instalar esta planta de almacenamiento de gas natural. Según ha dicho, no habló ni con José Montilla, ni con Joan Clos, ni con Miguel Sebastián pero sí, en cambio, ha reconocido haber hablado con José Manuel Soria.

Con el ministro del PP, según ha explicado Pérez, sí trató respecto al Castor, aunque solo una vez los problemas surgieron. Sin embargo, Pérez no ha negado que hablara también previamente sobre la financiación del proyecto, y de hecho ha reconocido que las entidades financieras se negaban a asegurar el riesgo geológico de esta obra, que acabó asumiendo el Estado.

“En determinadas infraestructuras como estas hay un riesgo geológico, que nadie asume en el mundo, ninguna empresa es capaz de asumirla”, ha relatado. “Por eso se hizo” –ha rememorado– “un decreto para todos los almacenamientos subterráneos por el que el Gobierno asumía el riesgo geológico que permite a las empresas concesionarias retirarse en los primeros 5 años”.

Florentino Pérez sí ha aceptado que habló con Soria cuando ya hubo actividad sísmica, que se registró entre 2012 y 2013, que provocó el cierre de la planta. En octubre de 2014 fue el propio Soria quien llevó al Consejo de Ministros el Real Decreto-Ley que indemnizó a la empresa concesionaria Escal UGS (con mayoría accionaria de ACS), con 1.350 millones de euros.

“Dicen que me han dado 1.300 millones”, se ha quejado Florentino Pérez. “Lo dicen porque soy conocido, pero no es cierto, este dinero se lo han llevado los financiadores”. El magnate de la construcción ha relatado que su grupo “ha perdido dinero en esta obra porque con la indemnización no se cubría toda la deuda con los bonistas y financiadores”, que según sus palabras ha obligado a que ACS ponga el resto del dinero perdiéndolo de su cuenta de resultados.

Así ha esbozado Pérez los meandros de una operación económica millonaria, que comenzó en 2007 y por la que el Estado acabó asumiendo los costes de un proyecto por su riesgo sísmico pese a que la posibilidad de que afectara a la población siempre se negó ante la opinión pública. Y, de hecho, una vez el proyecto fracasó y su riesgo sísmico se demostró, el Estado se apresuró a pagar una indemnización millonaria a la concesionaria. Una situación anómala que, según ha dicho el presidente del grupo, representaba en torno al 1% del negocio de ACS.

Fuera de estos detalles, Pérez ha negado que conociera nada sobre el Castor. Según ha relatado el presidente del Real Madrid, no supo nada del proyecto, ni se preocupó de su realización, de su acomodo legal, estudios de impacto ni de los peligros potenciales que entrañaba la implantación de la enorme planta de almacenamiento en frente de las costas de la zona fronteriza entre Tarragona y Castelló. Después de explicar que ACS es un conglomerado de más de mil empresas con 10.000 obras en proceso, el constructor se ha exculpado aduciendo que el proyecto del Castor fue comenzado por sus socios canadienses, a los que luego se sumó su grupo.

“Yo no he sabido nada hasta que ha pasado, en el proceso no he intervenido en nada, ni podría porque es un tema muy técnico”, ha dicho. Además ha asegurado que este tipo de obras, por su complejidad, pueden hacerlas muy pocas empresas, entre ellas su filial, Escal UGS. Pérez ha pedido además “respeto” por la acción de la justicia, que en este momento tiene un proceso abierto en un juzgado de Vinaròs.

“A mi me han dicho que la auditoría técnica está excelente, la obra está hecha en una forma excelente, la auditoría fiscal también. Yo sé que ha pasado algo, pero no sé que ha pasado”, ha reiterado. Ante las preguntas de los diputados sobre si consideraba que debía pedir disculpas a los vecinos que vivieron el impacto sísmico que provocó su obra, Pérez ha asegurado que solo puede disculparse “por aquello que he hecho, no por lo que no he hecho”. Según ha opinado, este caso se ha politizado de forma inadecuada.

Tras la instalación de la planta de almacenamiento de gas natural Castor se detectaron en 2013 centenares de seísmos frente a las costas de Vinaròs, que llevaron a cerrar la planta. Un año después, el Ejecutivo de Mariano Rajoy elaboró y aprobó un Real Decreto-Ley en el que reconocía una deuda con la sociedad de ACS de 1.350 millones. En plena crisis económica, el Gobierno dispuso además una forma de pago de urgencia, que el Constitucional declaró nula en 2017.

La Comisión de Investigación sobre el proyecto Castor del Parlament ha decidido citar este lunes a Florentino Pérez, presidente de ACS, y hasta a ocho exministros para que comparezcan y respondan a las preguntas de los diputados. La Cámara catalana investiga la fracasada plataforma para almacenar gas subterráneo ante la costa tarragonesa, adjudicada al grupo que dirige Pérez y que acabó descartándose cuando se detectó actividad sísmica vinculada.

La comisión se abrió para conocer, entre otras cosas, si hubo irregularidades en la concesión, cuánto se ha pagado en indemnizaciones a ACS y si había informes de sismicidad que hicieran previsible que habría terremotos con la puesta en marcha del Castor, como acabó ocurriendo.

Además del presidente de ACS y también del Real Madrid, la comisión ha decidido llamar a los exministros Josep Piqué, Rodrigo Rato, Magdalena Álvarez, José Montilla, Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria y Álvaro Nadal, todos ellos relacionados con el Ministerio de Industria o Fomento durante la etapa en la que se elaboró y ejecutó el proyecto. El Parlament también llama a la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Las dudas sobre la construcción del amacén Castor son incluso anteriores a su puesta en marcha, en 2012, al haber suscitado protestas de diversos grupos ecologistas. Tras poco más de dos años en funcionamiento por parte del grupo Escal UGS (con mayoría accionaria de ACS), el proyecto se revisó tras detectarse una intensa actividad sísmica en la zona entre la desembocadura del Ebro y la localidad de Vinarós, en Castellón.

Finalmente el almacén de gas fue cerrado y el proyecto rechazado, por lo que el Gobierno de Mariano Rajoy acabó reconociendo una deuda con la constructora de 1.350 millones. En diciembre pasado el Tribunal Constitucional anuló la fórmula de pago pactada.

ERC impulsó la comisión de investigación sobre el Castor el pasado abril, después de que en el Congreso se hubiera rechazado abrir una de la misma naturaleza. La reunión celebrada este lunes, la primera tras la sesión constitutiva, ha servido para aprobar el plan de trabajo, incluyendo la primera lista de personas llamadas a comparecer como testigos y expertos.

El anteproyecto para modificar  la Ley de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha que este martes entraba en proceso de información pública (un tercer borrador de la norma) ha suscitado distintas reacciones entre varios colectivos de la región.

La Junta sostiene que su intención, entre otras cosas, es “simplificar” la interpretación de la normativa de evaluación ambiental, “evitando inseguridades jurídicas y falta de claridad”. 

También se pretende “extender” la necesidad de la aplicación de la evaluación de impacto ambiental a más categorías de proyectos que la norma básica estatal, de acuerdo a las singularidades de Castilla-La Mancha. Y se regula en particular lo que tiene que ver con la industria ganadera, extractiva (minería) o industria energética, incluidas las centrales nucleares o las instalaciones para albergar residuos radiactivos.

La organización Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha rechaza el planteamiento de actualizar la normativa regional haciendo lo mismo que el Estado o la Unión Europea. Algo que, dice,  pasa por “reducir los sistemas de control ambiental porque hay una gran presión de las empresas para ‘facilitar’, como dicen ellos, la tramitación de todo tipo de expedientes. Y eso está dando lugar a una ola de desregulación en materia medioambiental”.

En su opinión, todo obedece a que las administraciones, y en concreto el departamento de Medio Ambiente regional, “no tiene medios suficientes para atender los procesos de evaluación ambiental y en lugar de dotar a la Viceconsejería en nivel y número adecuado para tramitar expedientes, reducen los que en un futuro deberán someterse a evaluación”.

A esto se suma, añade Miguel Ángel Hernández, el hecho de que Castilla-La Mancha esté tramitando su norma en función de la ley estatal de 2013 que también está en pleno proceso de cambio. “Es posible que la modifiquemos y a los tres días haya que cambiarla de nuevo”.

“El detallito pro Puy du Fou”, los riesgos sísmicos y la responsabilidad económica en los accidentes

Apunta también un “detallito pro Puy du Fou” en la nueva ley: “Nos ha llamado la atención”, señala Hernández, tras las alegaciones presentadas por Ecologistas al futuro parque temático. “Se estaba sometiendo al Puy du Fou simultáneamente a la evaluación ambiental del proyecto y a la estratégica de la modificación urbanística que lo acoge. Curiosamente, en la nueva ley aquellos proyectos cuyo ámbito sea limitado y el mismo en la  planificación sobre la que se sustenta, se podrán desarrollar ambas evaluaciones a la vez”.

“Es llamativo que de aquellas aberraciones se derive un cambio normativo que favorezca, precisamente, lo que están intentando que dé acogida a la tramitación ambiental del Puy du Fou”.

En la nueva norma también habrá “mayores requisitos” en la evaluación ambiental para “proyectos en situaciones de accidentes graves o catástrofes”. Hernández cree que tiene que ver con lo que ocurrió con el proyecto Castor que “marcó un antes y un después en la evaluación ambiental porque no se evaluó correctamente el riesgo sísmico aduciendo que no era obligatorio”.

Alude a la necesidad de tener en cuenta no solo los mecanismos de protección ambiental sino económica. “¿Cómo se garantiza que el resarcimiento no va a caer en la caja de todos como ha ocurrido con Castor o con el incendio de neumáticos en Seseña, por lo menos hasta el momento? Pero eso requiere desarrollo de legislación posterior”.

Bancos de Conservación o “mercadear” con especies y espacios naturales

De la nueva ley a Hernández le preocupa, en particular, la regulación de una figura denominada ‘bancos de conservación de la naturaleza’. Para Ecologistas en Acción se traduce en “darle valor económico a la biodiversidad”. En principio, explica, son acciones de mejora medioambiental que generan “créditos” por parte de la Administración que, añade, “son intercambiables en mercados secundarios o por medidas compensatorias en proyectos que las requieren”.

“Son mecanismos que no tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico”, asevera. Y es que, en su opinión, “mercadear con la conservación de especies o de espacios no es la mejor manera de protegerlos”. Y pone el ejemplo de los “créditos de carbono que poco o nada  han servido para luchar contra el cambio climático y, sin embargo, han generado un mercado de intercambio de bonos de CO2 y movimientos especulativos que han puesto en peligro a algunas empresas. Ahora, lo mismo, con la biodiversidad, nos parece más peligroso”.

Por este motivo, avanza que “si aparecen los bancos de conservación en la norma, nos opondremos” aunque “la voluntad” es llegar al “acuerdo”, apostilla. 

A Miguel Ángel Hernández no le sorprende que la norma salga a información pública en pleno mes de agosto. “No nos debería sorprender,  están saliendo muchas cosas ahora: la modificación número 29 del POM de Toledo, la segunda información pública de Puy du Fou, ahora la Ley de Evaluación Ambiental…”. Sin embargo, en este último caso cree que se debe a la voluntad de la Junta de agilizar su tramitación en el Parlamento regional. “El periodo hábil de sesiones en las Cortes regionales va a ser muy corto porque estamos en año preelectoral”, apunta, para lamentar que “el pato lo paguemos siempre los mismos: los interesados en estos temas y se nos juntan todos los más gordos a la hora de tener que alegar”.

Las plataformas contra las macrogranjas piden ampliar el periodo de exposición pública

Quienes sí se han visto con el paso cambiado han sido colectivos ‘anti-macrogranjas’ que también han reaccionado ante la salida a información pública del nuevo borrador de la norma. “Nos llama mucho la atención que haya salido así, en agosto”. Inma Lozano, miembro de la Plataforma Stop CLM Macrogranjas se ha mostrado sorprendida por las fechas elegidas por el Ejecutivo de Castilla-La Mancha para abrir el plazo de alegaciones a su nueva Ley de Evaluación Ambiental. Es por eso que este colectivo va a pedir que se amplíe el plazo para poder presentar alegaciones ya que éste, agosto, es un mes en el que la mayoría están de vacaciones y no tienen los instrumentos necesarios a mano para poder estudiar con detenimiento, en el tiempo establecido, esta nueva Ley.

El calendario, en el caso de la provincia de Albacete, tal y como se queja Inma Lozano, no les deja mucho margen de maniobra. “Que lo hagan ahora en agosto nos parece con alevosía y nocturnidad”, explica la miembro de Stop CLM Macrogranjas.

En esa misma línea van las quejas de Manuel Iniesta Contreras miembro de la  Asociación para la Defensa del Patrimonio y Desarrollo de Alpera (ADDA)  a quien también le “choca mucho” que  la consulta salga en pleno mes de agosto. Es por ello que quieren solicitar esa ampliación y  estudiar con detenimiento el texto y poder presentar sus alegaciones, que irán, en este caso, dirigidas especialmente a la instalación de macrogranjas y las restricciones que solicitan.

“Vamos a reivindicar lo de siempre, que haya una inspección fiable”, añade Inma Lozano, que asegura que esta es una de las reivindicaciones de las plataformas contrarias a la instalación de las granjas intensivas de porcino. Y es que, dice, “estamos viendo que no hay técnicos suficientes para controlar lo que luego se hace en esas granjas” y la intención de estas plataformas es que se cumpla  “no sólo con la distancia de la instalación con respecto del núcleo urbano” sino también con la gestión de purines, el bienestar animal o el uso del agua.

Para ello ya se han puesto en contacto con Equo Castilla-La Mancha cuya portavoz, Lola del Olmo, asegura que las alegaciones pretenderán “un mayor control en las inspecciones” una vez que la explotación ya está en funcionamiento.   “También la ley debe controlar”, insiste del Olmo, que asegura que están estudiando “al detalle” el texto. “Menciona la acción de los agentes medioambientales y en este tema nos queremos fijar mucho”, sentencia la portavoz de Equo.

Ecologistas en Acción apunta que la nueva Ley de Evaluación Ambiental implica “un segundo nivel de protección” en lo que tiene que ver con las instalaciones porcinas pero recuerda que “aún debe salir el decreto que las aleja dos kilómetros de los núcleos urbanos. Veremos cuándo sale y en qué condiciones”.

En todo caso, la ley castellano-manchega obligará a evaluación ambiental ordinaria a las explotaciones ganaderas que tengan más de 40.000 plazas para gallinas,  55.000 plazas para pollos, más de  2.000 plazas para cerdos de engorde y más de  750 plazas para cerdas de cría. Unos parámetros que, paradójicamente, se ajustan a un Real Decreto que el Gobierno central va a modificar. “Y no tenemos  todavía borrador, solo un documento de consulta pública para lanzar ideas. Hablamos a meses vista”.

Hay que recordar que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural somete el anteproyecto de esta norma  a periodo de información pública, durante 30 días hábiles, es decir, hasta el próximo 18 de septiembre.

El texto está disponible tanto en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta  como  en las oficinas de la Viceconsejería de Medio Ambiente todos los días laborales durante las horas de oficina, de 9.00 a 14.00 horas.

Los casos de corrupción que se ha expandido como una mancha por toda la geografía española han demostrado que los tiempos políticos y de la justicia son diferentes. Es evidente que jueces y fiscales andan totalmente desbordados y faltos de recursos y que los procesos jurídicos se alargan más de los deseado. Ha pasado, una vez más, en la indemnización que el Estado pagó a la empresa que construyó el almacén de gas submarino Castor.

El Gobierno se apresuró en articular una fórmula legal y en buscar dinero para resarcir a la empresa concesionaria Escal UGS (con mayoría accionaria de la ACS de Florentino Pérez), mientras que el Tribunal Constitucional (TC) ha tardado más de tres años en desmontarla.

Así, tras cerrar el almacén de gas frente a la costa de Vinaròs (Castellón) en septiembre de 2013 tras provocar más de medio millar de terremotos, al Ejecutivo de Mariano Rajoy le costó 12 meses elaborar y aprobar un Real Decreto-Ley en el que reconocía una deuda con la sociedad de ACS de 1.350 millones y se inventaba un forma de pago que ahora ha anulado el TC.

Menos le costó realizar el pago de los 1.350 millones de euros a la empresa tras encontrar financiación en tres bancos españoles –Santander, Caixabank y Bankia– y pese a la complicada situación financiera de España en 2014. Solo un mes después de aprobarse el Real Decreto-Ley para indemnizar a la empresa de Florentino Pérez el Gobierno de Mariano Rajoy satisfacía la indemnización que ahora tumba el Tribunal Constitucional.

No hubo ningún interés por esperarse a que los tribunales fallaran sobre los recursos que ya habían anunciado el PSOE, el Parlament de Catalunya y el Gobierno catalán. El TC aceptó en febrero de 2015 los tres recursos de inconstitucionalidad contra la norma con la que se cerró de forma temporal el almacén subterráneo de gas Castor y se indemnizó a sus promotores.

El fallo anulando el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre de 2014 se hizo público el pasado viernes 22 de diciembre, el día de la Lotería Nacional, tras unas elecciones catalanas y a las puertas de las fiestas de Navidad. 

Pero el varapalo del TC no será el único que pueda afectar al proyecto de almacén de gas Castor y a su precipitada indemnización. El Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) investiga irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor a Escal UGS. El magistrado ya ha imputado a 20 personas.

La denuncia inicial la presentó la Fiscalía en enero de 2015 por lo que la instrucción cumplirá en unos días tres años, también muy lejos de los plazos para aprobar el Real Decreto-Ley y la posterior indemnización. El proceso suma ya más de 13.000 folios y ya han declarado media docena de testigos y varios peritos. Están siendo investigados el exsubdirector general de Evaluación de Impacto Ambiental y el director general de Escal UGS en el momento de la adjudicación y de los seísmos que obligaron a parar la proyecto gasístico.

Compromís pedirá en el Senado que se investigue el fiasco del proyecto Castor. Los senadores de la coalición valenciana, Carles Mulet y Jordi Navarrete, han anunciado que promoverán en la cámara baja la creación de una comisión especial de investigación sobre las responsabilidades que rodean al proyecto energético denominado Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castelló) y los errores que han acabado frustrando un proyecto en el que se han volcado miles de millones de dinero público como consecuencia de cláusulas y normativa que ha beneficiado únicamente a las empresas promotoras de los mismos.

Para ello la coalición propondrá a las formaciones que se han significado especialmente al igual que Compromís en su contra, para rubricar una petición en este sentido, al amparo de lo establecido en el artículo 76 de la Constitución Española y del Reglamento de la Cámara “ante unas cuestiones de evidente interés público, que nos ruborizaron cuando se pagó con rapidez la compensación a la empresa concesionaria que abandonó el proyecto y que nos indignaron ayer al saberse que no se desmantelará y que sigue latente el potencial peligro para la población”.

Así, a su juicio la comisión “debería abordar aspectos como el encarecimiento del coste del proyecto, los sobrecostes y gastos realizados sin seguir los principios de libre concurrencia como denunciaba la Comisión Nacional de la Energía; un estudio de las auditorías del proyecto, comprobación del procedimiento seguido y el estudio de la derogación de aquellas cláusulas de contratos que blindan la inversión para los promotores incluso en causas de negligencia y que están minando la capacidad económica del Estado y de los consumidores en beneficio de unas pocas empresas”.

Para el grupo de senadores de Compromís “cuando tras un millar de movimientos sísmicos se paga a la empresa que ejercita su derecho a renunciar a la concesión que tenía por 30 años y se le reconoce la extinción de la concesión y son los abonados al gas quienes acaban pagando esta chapuza, es que algo no funciona bien y tenemos la obligación de cambiarlo, derogar estos peajes y cánones y evitar que se perpetren tales abusos en un futuro”. La formación estima conveniente que la Comisión aporte con transparencia información técnica contrastada sobre cuál va ser el calendario futuro de actuaciones hasta desmantelar las plantas, se estabilice la zona y desaparezca el riesgo sísmico.

Tres altos cargos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) declararán durante esta semana ante un juzgado de Vinaròs. Están imputados en la causa que investiga los seísmos que se produjeron en el sur de Tarragona y el norte de Castellón en 2013, presuntamente a causa de las inyecciones de gas en el subsuelo del proyecto Castor. Los tres firmaron un informe en 2007 que consideró la estructura “apta”. El documento fue clave para que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto ese mismo año.

El primero de ellos en comparecer lo ha hecho hoy, lunes. Se trata de Jesús Gómez de las Heras, el coordinador de la elaboración del informe. De las Heras ha declarado durante más de tres horas ante el juez y los representantes de las partes personadas. El martes será el turno de José Antonio Fernández Sánchez, director de Recursos Minerales del IGME. El jueves declarará Roberto Rodríguez Fernández, director de Geología y Geofísica del mismo organismo. Los tres tendrán que enfrentarse a la contradicción entre el documento que ellos firmaron y el que el mismo IGME emitió seis años después, tras los seísmos.

Contradicciones entre los informes del mismo organismo

En el nuevo informe hecho público tras los terremotos, los técnicos del Instituto Geológico y Minero reconocieron que “la inyección de fluidos en el subsuelo” puede causar “sismicidad inducida”, hasta el punto de poder causar “terremotos dañinos en las infraestructuras civiles”. Esta peligrosidad se agrava por las “condiciones geológicas locales”, y se cita literalmente “la presencia de fallas activas”. Sin embargo, en el informe firmado por los tres imputados en 2008 no había ninguna referencia a tales fallas, ni a la posibilidad de que se produjeran seísmos, y tampoco a la necesidad de realizar estudios de peligrosidad sísmica.

Los tres altos cargos del IGME son los primeros imputados en declarar en la instrucción de este caso. El juzgado encargado de la causa es el número 4 de Vinaròs. En concreto, se investigan los delitos de prevaricación y contra el medio ambiente. En el caso de este segundo delito, se investiga la comisión en su modalidad agravada ya que, según los autos judiciales, “las consecuencias de la actividad realizada son las de imposibilidad de que el medioambiente se regenere por sí mismo y aumento artificial de la peligrosidad sísmica natural de la zona”.

Intento de trasladar la causa a Madrid

La causa tiene otros 15 imputados. Entre ellos, está el representante legal de ESCAL UGS S.L., la adjudicataria del proyecto Castor, que cuenta entre sus integrantes con la compañía ACS. También están imputados todos los miembros de su consejo de administración, otros miembros del IGME, y también tres altos cargos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, firmantes de la Declaración de Impacto Ambiental.

En los últimos meses, la empresa ESCAL UGS ha intentado trasladar la causa a juzgados de Madrid, con el argumento de que los permisos se dieron allí. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la otra parte personada como acusación, la ONG Arca Ibérica, se negaron. El juzgado decidió finalmente que el caso había de instruirse en Vinaròs ya que el delito más importante- el medioambiental- se habría producido en su territorio.

El proyecto Castor pretendía desarrollar un almacén subterráneo de gas aprovechando una estructura geológica del antiguo yacimiento petrolero de Amposta. El depósito está situado a más de 1.700 metros de profundidad y a 22 kilómetros de Vinaròs.

En octubre de 2014, el Gobierno aprobó un decreto por el que aceptó un la renuncia de Escal UGS a la concesión del almacén subterráneo de gas Castor y fijó una indemnización para la compañía de 1.350 millones. Hoy, con motivo del inicio de las declaraciones en esta localidad castellonense, el ministro de Energía, José Manuel Soria, ha defendido la gestión del Ejecutivo. Ha afirmado que el Gobierno “ha hecho lo que tenía que hacer en este asunto” y ha detallado los trámites que siguió el Ejecutivo tras los terremotos, entre los que estuvo la paralización de las inyecciones de gas.

La historia del abortado Proyecto Castor es una típica historia de "casta" y de una "deuda-estafa".

La operación se hizo sin riesgo privado alguno, a base de créditos y con fuerte apuntalamiento de dinero público.

La cuestión ahora es que no sea la ciudadanía quien pague los oscuros negocios de Florentino Pérez y sus aliados.

Llueven estos días demostraciones de cómo actúa “la casta” y de cómo se gesta una “deuda-estafa”. Esta vez, la historia involucra a Florentino Pérez y a una serie de ministros socialistes y populares de industria y energía, megalómanos y de dudosas credenciales técnicas, políticas y morales. La casta, en este caso, se declina así: “PSOE-PP-ACS”. Esta vez, incluso, se podrían sumar al coro los fondos de inversión internacionales, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Comisión Europea. Todo ello con el protagonismo de “honorables” presidentes y ministros como Florentino Pérez, Rodrigo Rato, Joan Clos, Josep Piqué, José Montilla, Miguel de Sebastián o José Manuel Soria.

A estas alturas, es bien conocido el naufragio del llamado “Proyecto Castor”. Los errores de cálculo en su construcción harán, o al menos eso esperamos, que nunca se llegue a poner en funcionamiento. Sin embargo, tras ocasionar unos 500 terremotos en la zona de Alcanar y Vinaròs, dejará tras de sí un coste de más de 4.000 millones de euros. Esta cantidad deberá pagarse a lo largo de 30 años y no será asumida por los “señores de los errores” sino por nosotros, la ciudadanía consumidora de gas del Estado español, que no ha podido siquiera abrir la boca en el asunto.

La cifra equivale a más de la mitad del presupuesto en salud que la Generalitat de Catalunya ha previsto para el año 2014 (unos 8.200 millones de euros). A estos disparates se suman otros como los de las centrales nucleares construidas y deconstruidas en el Estado durante los años 80, o las autopistas, aeropuertos y líneas de alta velocidad ahora ociosos de la época de la “¡España va bien!”. Sepa pues, cuando se prepare un huevo frito con Gas Natural, que estará pagando el yate de Florentino y financiando de forma un tanto oscura al bipartidismo.

Es obvio que se trata de errores flagrantes, tanto técnicos (en el estudio de impacto ambiental del Proyecto Castor la concesionaria se olvidó del capítulo sobre posible riesgo sísmico) como políticos (apostar por el gas en un país que tiene sol y viento). No obstante, lo que nos interesa destacar aquí es que además se trata de una deuda-estafa en beneficio de algunos agentes de la casta. Hagamos pues un breve repaso histórico de cómo se gestó este “megaproyecto impuesto e inútil” como dirían los movimientos sociales de defensa del territorio.

Corría la primera mitad de los años 2000. Florentino Pérez, hijo de una familia de la casta franquista, advirtió que a medida que el imperio ACS se engrasaba con la construcción de infraestructura privada y sobre todo pública, resultaba peligroso concentrar toda la actividad empresarial en un único sector que en un momento u otro podía pinchar. Dicho y hecho, Florentino decidió adelantarse al estallido de la burbuja y diversificar su negocio hacia el sector energético. Para ello, apostó por el control de Iberdrola. El sector energético, al igual que otros, constituía un oligopolio ligado al BOE de Madrid. Las relaciones del presidente del Real Madrid con Aznar, Zapatero, Rajoy y sus ministros tienen que haber sido estrechas. Al menos a la luz de los contratos conseguidos y de su capacidad para incidir en cláusulas normativas, leyes y decisiones judiciales, tanto en el campo de las infraestructuras como en el de la banca y la energía.

En el caso Castor se alinean como mínimo tres estrellas que Florentino ha sabido aprovechar con inteligencia. En primer lugar, la apuesta de las compañías energéticas y del bipartidismo (con CiU como acompañante) por el gas como matriz energética de transición. En segundo término, el interés de un inversor canadiense vinculado a la minería de oro, con excedente de capital y muchas ganas de encontrar un socio (como Florentino) que lo ayude a obtener altas rentabilidades. Este inversor, de hecho, aportaría un tercio de la capacidad operativa de Escal UGS, mientras que ACS correría con los dos tercios restantes. En tercer lugar, una financiación del megaproyecto en cuestión sin riesgo privado, que al principio se valoró en 500 millones de euros pero que acabó costando el triple. Todo esto sucedía justo cuando la Comisión Europea decidió sortear las dificultades de las administraciones públicas europeas mediante la atracción de grandes sumas de dinero procedentes de inversores privados internacionales. Estos inversores querían apostar por las infraestructuras como activo financiero, pero querían hacerlo con apuntalamiento de dinero público.

La Comisión Europea considera que esta es la mejor manera de que la economía europea gane competitividad. Este año, el foco de inversión del nuevo pack de 300.000 millones de euros que Juncker anunció apunta a las infraestructuras, especialmente a las energéticas y a las de transporte. No es la primera vez que la UE confía en las infraestructuras como receta mágica para salir de la crisis. En julio de 2013, Castor se convirtió en el primer megaproyecto de la Unión Europea que permitía al BEI ensayar un nuevo mecanismo de financiación: los llamados Project Bonds. Florentino consiguió que el BEI pusiera en marcha una emisión de bonos por el valor de más de 1400 millones de euros. El BEI se quedó unos 300 y aceptó cobrar al final. Por si el trato no resultaba suficientemente redondo, el banco también aportaba una línea de liquidez de 200 millones. De hecho, para iniciar la construcción del proyecto, se solicitó en su momento un primer préstamo a un consorcio de 19 bancos, pagadero en 7 años. En 2013, y con la refinanciación concedida por el BEI, los términos del desembolso pasaron a ser mucho más cómodos: 21 años y medio. A resultas de esta operación, la deuda se refinanciaba y la ciudadanía se hacía cargo de ella durante 30 años, con intereses que también crecían anualmente. En todo el proceso, Florentino y el fondo canadiense apenas arriesgaron un duro de su bolsillo. Todo era crédito: una operación sin riesgos para una obra faraónica de horrible ejecución.

La sospecha de que se está pergeñando una deuda-estafa es cada vez mayor. Sobre todo cuando parece que se ha explorado la opción del desmantelamiento de las instalaciones. Este sería el escenario más lógico tratándose de una infraestructura que ya ha mostrado sus riesgos. Además, sería el único que permitiría la no-indemnización millonaria. En realidad, el Estado (y la ciudadanía) sólo tendrían que pagar este desmantelamiento si se demuestra que no ha habido negligencia o dolo por parte de la empresa, algo difícil de creer a estas alturas. Su coste ascendería a unos 200 millones de euros, bastante menos que los más de 4.000 millones de los que se habla ahora.

La sospecha de que se quiere consumar una estafa también se nota en las prisas por aprobar el Real Decreto Ley que blinda el pago de la indemnización a ACS. Si la planta no está operativa a fecha 30 de noviembre, los bonos del proyecto deberían retornarse en su totalidad. No sea que tuvieran que afrontar este pago sin haber cobrado primero. Una vez más, ningún riesgo. Si a Pérez le hubiera salido bien la jugada, el lucro para ACS sería claro. Ahora bien, cuando las cosas se han puesto difíciles, ha sido el primero en abandonar el barco. Un barco que se hunde, pero que alguien tendrá que reflotar, tapándole el agujero. Esperemos que esta vez no sea la ciudadanía.