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La Junta abre plazo de alegaciones a su nueva Ley de Evaluación Ambiental en pleno mes de agosto

Acaba de publicarse el tercer borrador de la norma sobre el que se podrá opinar hasta el 18 de septiembre

El objetivo de Medio Ambiente es “simplificar” procesos y “extender” la necesidad de evaluación ambiental a varios tipos de proyectos que no contempla la ley estatal, entre otros

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Incendio en el cementerio de neumáticos de Seseña (Toledo)

Incendio en el cementerio de neumáticos de Seseña (Toledo)

Tercer borrador del anteproyecto de la Ley de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha a disposición de los ciudadanos en pleno mes de agosto. La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural somete el anteproyecto de esta norma  a periodo de información pública, durante 30 días hábiles.

Estará disponible a partir de este martes 7 de agosto tanto en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta  como  en las oficinas de la Viceconsejería de Medio Ambiente todos los días laborales durante las horas de oficina, de 9.00 a 14.00 horas.

También se encuentra disponible la tramitación que ha seguido el anteproyecto, sus sucesivos borradores, los informes recibidos hasta el momento y la correspondiente memoria de análisis del impacto normativo en sus distintas versiones.

La Junta sostiene que su intención, entre otras cosas, es “simplificar” la interpretación de la normativa de evaluación ambiental para los múltiples actores intervinientes en los procedimientos, “evitando inseguridades jurídicas y falta de claridad”.  También se pretende “extender” la necesidad de la aplicación de la evaluación de impacto ambiental a más categorías de proyectos que la norma básica estatal, de acuerdo a las singularidades de Castilla-La Mancha.

En su exposición de motivos, el Gobierno de Castilla-La Mancha cree que “se introduce un mayor grado de protección del medio ambiente”, entre otras cosas porque se amplía, a determinados proyectos,  la obligatoriedad de seguir los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, teniendo en cuenta, matiza, que “el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica sobre protección del medio ambiente”.

Uno de los aspectos novedosos es la regulación de la posible finalización de las evaluaciones ambientales “contrarias a disposiciones normativas o por inviabilidad ambiental manifiesta”. El Gobierno regional se propone dar garantías jurídicas y “no dilatar procedimientos de evaluación ambiental para los cuales no hay posibilidad de considerar su viabilidad ambiental, finalizando su tramitación sin tener que llegar hasta el final de los procedimientos”.

También habrá “mayores requisitos” en la evaluación ambiental para “proyectos en situaciones de accidentes graves o catástrofes”. Solo hay que recordar lo ocurrido con los incendios del  depósito de neumáticos en Seseña (Toledo) o en la empresa que almacenaba residuos en Chiloeches (Guadalajara).

La norma regulará también aquello que tiene que ver con sanciones. En este caso, mantiene la posibilidad de efectuar comprobaciones por parte del órgano ambiental y faculta para hacer la inspección y vigilancia de lo previsto en la ley a los funcionarios adscritos al órgano ambiental y a los agentes medioambientales, así como a aquellos otros funcionarios designados por el órgano ambiental para tal efecto. Atribuye la potestad sancionadora al órgano ambiental, a diferencia de lo que establece la norma básica para la Administración General del Estado.

Además, se regula en la disposición adicional primera la figura de los bancos de conservación de la naturaleza.

Ahora se abre  la posibilidad a los interesados de presentar alegaciones que irán dirigidas a la Viceconsejería de Medio Ambiente. El plazo termina el próximo 18 de septiembre.

La publicación de este borrador, en su tercera versión  coincide, también en pleno verano, con la finalización del  plazo de consulta -en este caso por parte del  Ministerio de Agricultura- sobre el borrador de Real Decreto para regular las explotaciones ganaderas porcinas de carácter intensivo en España. Una cuestión, esta última, que puede tener gran repercusión en Castilla-La Mancha por la proliferación de macrogranjas en los últimos meses y en cuyos procesos están teniendo gran relevancia los documentos y los sistemas de evaluación ambiental, que ahora se quieren regular de nuevo en Castilla-La Mancha.

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