A Daniel Innerarity hay dos tipos de asuntos que le han interesado siempre: las cosas que no son lo que parecen y las cosas que ya no son lo que eran. A esta última categoría podría adscribirse el mundo que habitamos de ruido, de propaganda y huérfano de humanidad.

El catedrático de filosofía política y social, director del Instituto de Gobernanza Democrática y titular de la Cátedra Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Universitario Europeo en Florencia, explicó en media hora qué está pasando profundizando más allá de los tópicos que se suministran a diario.

El experimento político, social y económico del liberalismo ha terminado sin que sepamos muy bien qué le va a sustituir. Así comenzó su discurso tras recibir el doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por su contribución al pensamiento democrático contemporáneo. Se hizo el silencio en la sala, el hall del viejo Palacio de la Magdalena de Santander -que cada verano, desde tiempos de la República, se convierte en universidad- donde más de sesenta personas, sin representación ni presencia de ningún miembro del Gobierno de Cantabria, escuchaban al protagonista.

Innerarity fue desgranado las razones de esa muerte del liberalismo que se impuso tras la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora el capitalismo estaba basado en reglas, “aunque no fueran las más justas ni cumplidas por todos”.

El mundo estaba basado en promesas de un porvenir feliz y se pensaba que caminábamos hacia una democracia sin enemigos, aunque durante todo este periodo hasta el año 2000 no faltaron fenómenos de rapiña territorial ni golpes de estado, sobre todo durante la guerra fría en América latina, “pero todo ello se combinaba con la narrativa de un marco de valores que se decía defender”.

El mercado desempeñaba el papel de moderador de los intereses divergentes y cada actor intentaba llegar a un acuerdo porque le resultaba más beneficio: “la conciliación aporta más que la agresión”.

Ahora corren tiempos turbulentos. Actualmente podemos hablar del final de una era.

“Trump no es el autor de este cambio de página, no es ni siquiera especialmente original en esto porque el deseo de redimensionar la globalización viene de lejos”, explica. Los últimos tres gobiernos norteamericanos –subraya- han bloqueado la organización del comercio, demócratas y republicanos, han subido los aranceles, han restringido las importaciones y han concedido subvenciones masivas a la industria nacional.

Hasta ahora nadie había formulado tan explícitamente como Trump la pretensión de acabar con lo que ha caracterizado a la globalización liberal

Un instinto protector que se agudizó en todo el mundo tras la crisis económica “que marcó el final de las ilusiones liberales y emprendió el camino a un mundo geopolítico”, ha resaltado el profesor. En su opinión hay un retorno del proteccionismo “a derecha e izquierda”.

“Hasta ahora nadie había formulado tan explícitamente como Trump la pretensión de acabar con lo que ha caracterizado a la globalización liberal” y cita el cuestionamiento del comercio, la multiplicación de los conflictos, retorno a una concepción autárquica de la sociedad, “una economía de pillaje y una carrera global por el acaparamiento de bienes escasos”.

“El actual capitalismo es el de una multitud de actores que juegan a la soberanía y cuyos intereses no pueden ni quieren estar alineados”, ha defendido Innerarity , haciendo hincapié en que “la guerra económica ha dejado de ser una metáfora en este nuevo darwinismo geopolítico”.

“Se trata de un capitalismo predador, rentista y violento, entregado al puro juego del poder que ha dado lugar a una nueva ola de imperialismo territorial”, ha afirmado el filósofo. Es una renuncia a concebir lo social como un multiplicador que pone la competencia por encima de la cooperación. “Se cuestiona el mercado y la propiedad” y han renacido “nuevos modos de predación”.

No confiar en los mecanismos del mercado “es lo que lleva a preferir un modelo de pillaje, saqueo y rentismo”, lo que produce “una nueva forma de capitalismo que se define como una ola de expoliación territorial”, ha denunciado.

Para el filósofo es una nueva forma de capitalismo que a la vez es muy antigua: un modelo de saqueo y rentismo que, en su opinión, evoca aquel antiguo derecho marítimo a quedarse todo aquello que se encontraba en el mar. “¿De quién son las cosas”?, se ha preguntado. Porque han renacido “nuevos modos de predación, desde los fondos marinos hasta el espacio, la codicia de las tierras raras, la biopiratería que se apropia de los recursos genéticos, y los datos y textos con los que se alimenta la inteligencia artificial ”sin pedir permiso ni pagar por ello“.

Se trata –ha resumido- de obtener beneficios fuera del contexto de competencia. “Yo llegué el primero, y punto”, ha enfatizado.

Nuestras élites están formadas en un mundo liberal que ya no existe

“Ahora el mundo bascula hacia el acaparamiento y todo se juega en disponer de los recursos necesarios”, por lo que, según ha añadido, “la renta no es un beneficio sino una ganancia que proviene de detentar o controlar un activo escaso”.

El filósofo ha puesto algunos ejemplos de una economía que se está ‘reprimarizando’ en paralelo a la desaparición del sector primario porque –puso como ejemplo- hay un aumento de las actividades extractivas, se ha duplicado el volumen de minerales que se extraen en el mundo.

“La carrera en busca de las materias primas ha incrementado” y este “saqueo” pone de manifiesto “lo poco que nos creemos que el conocimiento sea el principal recurso de la economía”.

Desconcierto de la Unión Europea

Frente a este contexto, la Unión Europea “no está preparada” porque no está pensada para el conflicto “sino para que nadie imponga nada a nadie”. El filosofo ha admitido que puede ser que Europa no haya comprendido la envergadura de los cambios que estamos viviendo“. ”Nuestras élites están formadas en un mundo liberal que ya no existe“ de la libre competencia, de desmontar monopolios. ”Eso es insostenible en el nuevo espacio de predación postliberal“, concluye.

La abogada y empresaria Miriam González Durántez (Olmedo, 1968), líder de la plataforma España Mejor, ha registrado a través de terceras personas el partido Democracia 21. Se trata de un “procedimiento administrativo”, según han confirmado a elDiario.es desde su equipo, con el que estar preparadas por si finalmente opta por presentarse a las próximas elecciones generales. La decisión, aseguran las mismas fuentes, no está previsto tomarla definitivamente hasta después del verano.

González lleva meses preparando el lanzamiento de este nuevo partido, del que ya había advertido previamente en público. En septiembre de 2025 aseguró en una entrevista que si los actuales partidos “no se mueven” para “limpiar el sistema político español”, ella daría el paso. Una idea que repitió en abril en otra entrevista: “Estoy considerando crear una opción política nueva y trabajo en ello abiertamente”.

Ese momento parece haber llegado. O, al menos, estar cerca. El Registro de Partidos del Ministerio del Interior ha anotado este 24 de junio la inscripción de Democracia 21 a nombre de Alfonso Sánchez-Macián. El dominio de internet en el que está alojada la web de la organización está registrado a nombre de Roberto Álvarez Carretero, uno de los integrantes de la plataforma España Mejor. El partido está registrado en un edificio empresarial de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Desde el equipo de González aseguran que “no hay una decisión tomada” y que, por ahora, “no hay nada más” que un registro preventivo. Una forma de garantizarse que, llegado el momento, tienen la herramienta burocrática necesaria para lanzarse. De hecho, dicen, el nombre de la candidatura, si llega a oficializarse, podría cambiar. Así lo recogen los estatutos.

Las mismas fuentes señalan que González ya ha anticipado que su plan es postularse para las elecciones generales. Un proyecto para el que hace falta financiación y muchas personas para presentarse en todas las provincias.

González Durántez trabajó durante casi una década para la Comisión Europea, entre 1996 y 2004, y para el Ministerio de Asuntos Exteriores británico justo después. Desde entonces, ha estado ligada a la empresa y a diferentes organizaciones como universidades privadas o fundaciones. 

Ha pasado por la española Acciona, en cuyo consejo de administración y comisión de auditoría estuvo sentada cuatro años. También ha tenido importantes cargos en el banco suizo UBS, donde llegó a ser vicepresidenta de su división europea, o de la compañía de sanidad Atrys.

Además, ha sido directiva de Toyota, parte del consejo asesor del IE en Madrid o de la Universidad Pontificia Comillas, entre otras, según recoge su ficha de LinkedIn.

Un proyecto “liberal”

González, esposa del que fuera líder de los LibDem y vice primer ministro británico, Nick Clegg, se instaló de regreso en España tras el paso de su marido por la política, entre 2010 y 2015. Desde entonces ha tenido una clara vocación política que no ha escondido.

En una entrevista con elDiario.es en 2024, González Durántez centró su mensaje en la falta de mecanismos de control del poder, cuando comenzaron a surgir algunos de los casos de supuesta corrupción que rodean al Gobierno.

Entre la propuestas de España Mejor hay un Código Ético del Gobierno, que iría en esta dirección. Pero también en materia de vivienda, fiscalidad o turismo. En definitiva, un esbozo de programa electoral.

“Yo soy una persona liberal en el sentido británico, no en lo que se llama ‘liberal’ en España de evitar el Estado en todo. ‘Liberal’ en los controles y garantías sobre el poder. Ese espacio está ahora muy vacío políticamente”, aseguró a elDiario.es hace dos años. 

Un espacio que en el pasado han intentado ocupar otras opciones políticas. La más reciente y exitosa fue Ciudadanos que, en una de sus múltiples fases, se definió como partido “liberal” desde 2017.

Hoy, son varios los que pugnan por conquistar a ese electorado. El exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha lanzado su propio proyecto a través de la asociación Atenea, también autodefinida como “liberal” y en cuya presentación estuvo presente el ya condenado Víctor de Aldama. Espinosa de los Monteros no ha anunciado todavía si se presentará o no a las elecciones.

Muchos estudios sobre la emergencia climática tienen dos problemas. El primero es la falta de propuestas: realizan un diagnóstico más o menos atinado de la situación, pero se quedan ahí, incapaces de plantear posibles soluciones. En el segundo caso, sí se apuntan ideas prácticas, aunque están tan limitadas a la acción individual (reducir el consumo de energía, optar por el transporte público, reciclar o adquirir alimentos de proximidad) que se quedan cortas a la hora de concebir una transformación a fondo de todo el sistema. Esto deriva en un pesimismo colectivo que puede conducir a la inacción y el desánimo, algo que ya está perjudicando la salud mental de la población, sobre todo de los jóvenes.

¿Cómo revertir este panorama? Todo cambio comienza con la capacidad de imaginar un futuro distinto, de no resignarse al desaliento solo porque hasta ahora nos han dicho que no se puede hacer más. El siguiente paso consiste en buscar alternativas y refrendarlas con situaciones en las que hayan demostrado su eficacia. Puede que la humanidad no se haya enfrentado a un desafío semejante, pero ha habido otros retos que en su momento también parecían imposibles de asumir y que sin embargo se superaron o, como mínimo, mejoraron sus pronósticos.

El último paso, quizá el más difícil, es comunicar esa posible solución al público para instarlo a actuar. Porque, esto hay que tenerlo claro, los cambios solo se consiguen al ponerse en marcha. Para ello es necesario contar con una ciudadanía concienciada y lo bastante preocupada por el tema como para atender la llamada de atención. Esa masa social, formada por un conjunto numeroso de individuos unidos por una causa común, es clave en este proceso, tal y como defiende el investigador Matthew T. Huber (Chicago, 1970) en El futuro de la revolución (2022; Errata naturae, 2024, trad. Silvia Moreno Parrado). Este profesor de Geografía de la Universidad de Siracusa lleva años estudiando las relaciones geoeconómicas con el capitalismo y las políticas climáticas, y en este libro propone una insurrección colectiva para combatir la inercia política actual.

Hacia un nuevo paradigma

Los trabajos sobre la crisis climática se inscriben en el ámbito científico, en áreas como la ecología, las ciencias atmosféricas o la geología; pero las ciencias humanas tienen un papel clave en la emergencia, por cuanto las tendencias sociopolíticas y económicas son las responsables de la respuesta (o la indiferencia) hacia el fenómeno. La ideología que más se compromete con el desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente, que trata de contrarrestar los excesos capitalistas que han llevado a este límite, es la política verde, alineada en general con los partidos progresistas partidarios de la justicia social.

¿Qué sucede? Por un lado, el problema de circunscribir esta preocupación a un espectro del arco político reduce el número de ciudadanos concienciados: o se está a favor de una regeneración verde urgente, o se es un negacionista climático. La polarización creciente en el debate público y la proliferación de bulos en los medios de comunicación tampoco ayudan. No obstante, sería un error creer que el negacionismo es el único obstáculo para tomar medidas: dentro de las agrupaciones de izquierda y socialdemócratas tampoco se ha dado una respuesta unitaria y ha faltado, en general, contundencia.

Puede que los negacionistas no sean muchos, pero tampoco el cambio climático es una prioridad para la mayoría. En España, según el barómetro del CIS, las principales preocupaciones de la población son la vivienda, la corrupción y el fraude políticos, el paro, la crisis económica, la inmigración y la sanidad; hay que bajar unos cuantos puestos de la lista para encontrar el cambio climático. Por mucho que se intente sensibilizar sobre la urgencia que requiere la situación medioambiental, la percepción dominante es que se trata de un asunto secundario, algo que puede esperar y, un punto determinante, que está desligado del resto de problemas sociales.

De esto último surge la tesis de Matthew T. Huber: es un error creer que el empleo o los servicios públicos, por ejemplo, resultan indiferentes a la emergencia climática. Frente al desprestigio de las políticas climáticas entre buena parte de la población, propone una visión transversal que ponga de relieve su conexión con los problemas que resultan más inmediatos y graves. Porque sucede que los ciudadanos se movilizan, deciden su voto y presionan a sus dirigentes en función de lo que les preocupa más en cada momento. Para tomar otro rumbo, es preciso que la lucha climática sea una prioridad para la mayoría.

El cambio climático como lucha de clases

Hablar de “mayoría”, sin más, resulta vago. ¿Quién debería conformarla? Si pensamos en la estructura de clases sociales, la base de la pirámide la componen los trabajadores no cualificados o precarios, los desempleados, los pensionistas con menor retribución y otros sectores con un número bajo de ingresos. Sin embargo, tal como analiza Huber, el compromiso por el clima viene, sobre todo, por parte de una clase profesionalizada que no solo se define por un mayor poder adquisitivo, sino por un soporte intelectual. Dicho de otro modo: la concienciación surge como respuesta a la investigación científica, que constituye el credo de este grupo social.

Esta clase profesional también intenta convencer a los demás con ese mismo discurso: hay que luchar contra el cambio climático porque así lo dice la ciencia, y la ciencia está por delante de todo lo demás. Es una teoría cargada de razón, pero poco efectiva, con el riesgo de quedarse en las buenas intenciones. Las dificultades que de un tiempo a esta parte tienen los partidos de izquierda para aumentar sus bases se extienden a la sensibilización por el clima: si antes eran los obreros quienes protagonizaban los movimientos sociales, ahora el perfil típico de su votante es un universitario que entiende la jerga académica y se muestra sensible no solo a las desigualdades económicas de clase, sino también a causas identitarias como el feminismo, el racismo o la representación LGTBIQA+.

Los activistas por el clima se enfrentan a un reto: conectar con esa gran masa social que conforman los menos privilegiados. Son una pieza esencial para la revolución, y ahí es donde el autor da un giro al planteamiento del problema: la emergencia climática debe entenderse como una lucha de clases. Ni como algo que dependa en última instancia de los gestos individuales, ni como un entretenimiento de ciudadanos cultos con poca calle y mucho discurso. Solo así se puede tener éxito. ¿Cómo lo sabemos? Porque la historia tiene numerosos ejemplos de triunfos cuando la masa social se une por el bien colectivo.

Ecología proletaria

Matthew T. Huber lo explica redefiniendo las clases sociales. Sigue tomando las fuerzas de producción y cómo se relaciona cada colectivo con ellas como medida, pero va más allá del esquema tradicional de ricos, clase media y pobres. En primer lugar, identifica la “clase capitalista”, la de los grandes propietarios, los que controlan el capital industrial y los capitales fósiles. Ahí está la raíz del problema: son los causantes de la mayoría de emisiones tóxicas que han llevado el planeta a este estado, y, mientras solo miren por el rendimiento económico, nada va a cambiar de manera sustancial.

El segundo grupo es el que denomina “clase profesional”. Aquí tienen cabida tanto los dirigentes políticos como el segmento de la población más comprometido con el clima, es decir, los activistas, científicos, profesores, periodistas y estudiantes, entre otros, que se mantienen informados, difunden las investigaciones e intentan alertar a la población. Este estrato no siempre tiene las mejores condiciones salariales, pero aun así se aleja del obrero raso por la formación académica, los hábitos de consumo y el estilo de vida. Este grupo, como señala Huber, cree en la meritocracia, o al menos se ha educado en función de este principio, y actúa de manera individualista al centrarse en su ascenso social.

El tercer segmento, y el más numeroso, es la “clase trabajadora”. Como indica el autor, la clasificación no se basa solo en la situación profesional: “La clase es una relación de propiedad y poder”. Hay profesiones que se están proletarizando, como el periodismo o la enseñanza universitaria; en cambio, entre los trabajos no cualificados, un fontanero dueño de su propio negocio se sitúa en una clase distinta de la del que trabaja para otros. Además, es importante no olvidar a la población inactiva: “cónyuges que no trabajan, dependientes, familiares y desempleados” que dependen de los servicios sociales o del dinero del trabajo asalariado de otros.

Para Huber, el problema principal del cambio climático está en el primer grupo, el de los inversores: mientras solo miren por su beneficio, todo seguirá igual o peor. La clave, según él, es que el sector más crítico para las emisiones pase a manos públicas, es decir, se trata de conseguir una infraestructura energética pública que no tenga como prioridad el rendimiento económico sino mejorar las condiciones de la población y el ecosistema. Frente a las políticas de enriquecimiento rápido, deben implementarse proyectos a largo plazo que garanticen una transición energética ética, sostenible y en beneficio de todos. ¿Qué puede hacer la población para lograrlo? Ejercer fuerza social colectiva.

Presión social y el poder del sindicato

Hay que presionar a los gobiernos, pero no solo con el argumento científico, que hasta ahora se ha demostrado insuficiente a la hora de establecer prioridades. El componente de clase debe estar ahí: la presión, cuando ha logrado resultados, ha sido desde abajo, desde una masa social integradora en la que tienen cabida tanto los trabajadores como los miembros de la clase profesional. Entre otras cosas, porque ellos tienen el poder, si se organizan, de paralizar el sistema eléctrico u otra infraestructura, un gesto de boicot que llame más la atención que un corte de carreteras puntual o una acción en un museo. Para ello, el autor reivindica el papel de los sindicatos, tan devaluados, como garantía de la protección de los trabajadores y la organización de protestas.

También es necesario convencer a la clase obrera de que trasladar el imperio energético a manos públicas será positivo para ellos: la transición generará otros empleos para construir las nuevas redes, unos empleos más seguros, en proyectos a largo plazo que no dependerán del mercado. Además, aunque Huber pone el foco en el sector energético, no hay que olvidar que el cambio climático repercute en todas las áreas: la salud empeora, las temperaturas en las aulas dificultan el desarrollo del curso, aumentan los temporales extremos que causan estragos, etc. Todo eso perjudica de forma directa al trabajador, y la transición energética también garantiza los trabajos de prevención para contrarrestarlos.

Ni culpar al ciudadano ni resignarse: para luchar contra el cambio climático, hay que combatir el liberalismo individualista del capitalismo tardío y recuperar el espíritu de los movimientos de la primera mitad del siglo XX, o de causas más recientes como los chalecos amarillos en Francia. Movimientos sustentados en la solidaridad, en el frente común por encima de las diferencias identitarias, porque sobre todos ellos se cierne una amenaza más grande. Esto pasa por ver el bosque en lugar del árbol, recuperar el póster completo y ser conscientes de quién maneja los hilos de verdad en esta historia.

Hay que volver a creer, volver a motivar a la gente. Un trabajador desmotivado se cruza de brazos, mira por sus intereses a corto plazo y, harto de la palabrería de los partidos de izquierda, pierde el interés por la política y se desconecta de la lucha por el bien común. De esa insatisfacción se nutren las corrientes reaccionarias. Los activistas climáticos no pueden permitirse el lujo de renunciar a este colectivo social: recuperarlo para la causa ha de ser el primer objetivo para vertebrar una presión social fuerte, capaz de intervenir en las decisiones de arriba. No estamos en un callejón sin salida: aún se puede cambiar el rumbo. Pero no basta con la teoría: hace falta una revolución.

Hace unas semanas volví a utilizar esa tarea en un grupo de ese mismo curso como conclusión para el tema de antropología que hemos estado trabajando este trimestre. Habíamos hablado de la socialización primaria y secundaria y de la importancia del grupo para el desarrollo del individuo homo sapiens. La tarea fue un éxito. A todo el grupo le resultó atractivo pensar y escribir sobre las personas queridas que les cuidaron en la infancia y les siguen cuidando. Hubo algunos trabajos especialmente emotivos y les felicité por su labor.

La semana posterior al 8 de Marzo les propuse como actividad coeducativa hacer con sus escritos un pequeño ejercicio de análisis de datos. Les pedí que contaran las personas a las que nombraban en su redacción y registraran después el número de mujeres y de hombres. Les enseñé a transformar esas cifras en porcentajes y les propuse calcular el porcentaje medio de mujeres y hombres de los datos de todo el grupo. Un pequeño revuelo recorría los pupitres cuando empecé a copiar en la pizarra los números que me iban dictando –evidentemente reflejaban un mayor porcentaje de mujeres– y entonces, un alumno exclamó: “¡me niego a poner ahí mis datos!”. Le pregunté por qué y su respuesta me dejó aun más estupefacta: “porque va contra mis ideales”. No conseguí que me explicara con claridad en qué consistían esos ideales más allá de alguna alusión vaga a que él prefería pensar en personas y no en mujeres y hombres. El incidente me sirvió para incidir en la importancia de desagregar los datos por sexo en cualquier ámbito de análisis pero un clima de incredulidad o tal vez de desconcierto se había ya impuesto en el aula. El propósito de la actividad, esto es, tomar conciencia a través de datos reales de la mayor dedicación de las mujeres a tareas de cuidados, resultó desvirtuado.

En mis tres décadas de profesión docente, he visto aumentar ante mis ojos, casi por momentos, el negacionismo de la desigualdad y de la violencia machista y he asistido a una creciente presencia de discursos racistas y anti-inmigración entre adolescentes. En los últimos cuatro o cinco años, estas actitudes se han ido acompañando de manera preocupante tanto de un repliegue hacia el valor de los roles de género tradicionales como de una aceptación acrítica de bulos y fake news. Junto a esto, es patente entre el alumnado adolescente una aterradora normalización de la violencia sexual que va alcanzando ya consistencia de epidemia. Sé que es fácil caer en el pesimismo y la generalización pero estas impresiones subjetivas que experimento en mi labor diaria de enseñanza se corresponden distópicamente con el alarmante ascenso del número de agresiones sexuales entre menores y de la adhesión de los jóvenes (masculino) a ideas -quizás eran los “ideales” que esgrimía mi alumno- propias de la ultraderecha política.

Lo cierto es que lo ocurrido en mi clase se asemeja sospechosamente a otras situaciones que penosamente se repiten cada vez con mayor frecuencia. Son chicos mayoritariamente los que reaccionan a la defensiva y emiten con aterradora precisión los mismos mantras con que las redes sociales ametrallan su capacidad de pensamiento moral –las más de quinientas leyes que favorecen a las mujeres, el machacón y ya viejuno “ella lo hace porque quiere”, incluso el deprimente “siempre ha sido así, profe”–. Pero, aunque sepa que esa resistencia feroz que exhiben es un reflejo del machismo estructural en el que están socializándose, el episodio me ha dejado un poso de tristeza: ¿qué imagen miserable de la humanidad estamos permitiendo que se constituya en la mente de la gente más joven?

Como se trataba de evocar a las personas que nos acompañan en la vida, me acordé de mis compañeras docentes coeducadoras: de aquellas a las que amenazan y arrinconan por investigar la violencia machista, aquellas a las que han cancelado por decir alto y claro que la coeducación ha sido secuestrada por discursos falsamente progresistas, aquellas maestras y profesoras que coeducan cada día a pesar de la inercia imparable del retroceso neoliberal –sus análisis, denuncias y propuestas se expusieron en el III Congreso DoFemCo titulado La coeducación frente a la violencia contra las niñas y las mujeres–. Pensando con admiración en el trabajo incansable y valiente de todas ellas, al salir del instituto me preguntaba: y a nosotras, las profesoras feministas, ¿quién nos cuida?

Afortunadamente, esa misma semana mi alumnado de Bachillerato presentaba sus exposiciones sobre pensadoras, filósofas, antropólogas e investigadoras de las ciencias sociales. En esas aulas pude escucharles explicando, por ejemplo, la banalidad del mal de Hannah Arendt, lo manipulables que se vuelven las personas que no son capaces de cuestionarse aquello a lo que obedecen. De camino a casa, resonaba en mi cabeza la célebre frase de Margaret Mead que una alumna había citado en su trabajo: “No dudéis nunca de que un pequeño grupo de personas reflexivas y comprometidas puede cambiar el mundo”. Con la sabias palabras de Mead en el pensamiento y en el corazón, así seguimos adelante.

El Gobierno de Cantabria que preside María José Saenz de Buruaga (PP) ha anunciado este viernes que no tiene intención de limitar la construcción de segunda residencia en suelo rústico en la futura ley de vivienda de Cantabria, actualmente en negociaciones, como ha planteado el PRC. El ejecutivo autonómico considera que los criterios establecidos en la Ley del Suelo son “buenos” para los municipios, porque la segunda vivienda en suelo rústico “supone ingresos” para los municipios en impuestos y en licencias.

Así lo ha señalado el consejero de Vivienda, Roberto Media, durante un acto en la empresa pública Mare, a preguntas de los periodistas sobre la enmienda que prevén presentar los regionalistas al proyecto de ley de vivienda que se está tramitando en el Parlamento. Media ha considerado “que decir no a una ley solo por una cuestión como esta -la construcción de segunda residencia en suelo rústico- es un error”, ha opinado Media, quien espera que el PRC “piense en el bien de Cantabria” y se avenga a apoyar la normativa.

Media ha reiterado su deseo de contar con el respaldo del PRC para la nueva ley de vivienda durante el trámite parlamentario de la norma, aunque el portavoz regionalista, Pedro Hernando, avanzó este miércoles que el PRC propondrá que se limite la construcción de segunda residencia en suelo rústico en la futura ley y defendió que el turismo no puede convertirse “en un elemento disfuncional” del mundo rural.

También ha defendido que la ley de Vivienda tiene “cosas muy buenas” como que va en contra de las denominadas por el Gobierno de Cantabria okupaciones.

Justo después de comer, la conferencia Madrid Economic Forum dedicó el sábado una de las intervenciones a una sesión dedicada explícitamente a relacionar inmigración y delincuencia. Era una cita inusual en este encuentro con oradores liberales y ultraliberales en el que se habló fundamentalmente de economía. Y con especial énfasis en la maldad intrínseca del Estado. Excepto en un punto, el de la seguridad y el orden público. Ahí parece que se necesita más Estado y con la porra en la mano.

Samuel Vázquez y Josema Vallejo, dos expolicías, habían arrancado grandes aplausos en el auditorio, que ocupaba algo más de la mitad del Palacio de Vistalegre de Madrid, acusando a la inmigración de haber causado “la transformación evidente de nuestra cultura y nuestra seguridad”. En unos minutos, se iba a producir la reacción que permitiría saber si había más ultras que liberales. Una especie de Test de Rorschach para público enardecido.

Vallejo ofreció el discurso habitual en Vox cuando desgranó cómo la inmigración está cambiando las ciudades. El público ya había tenido suficiente y se lanzó a entonar lo que se estaba aguantando: “¡¡Pedro Sánchez, hijo de puta!!”. Varias veces, con ganas. Enigma resuelto. Estaban más cerca de Santiago Abascal que de Adam Smith. Quieren que les bajen los impuestos, pero lo que les consume por dentro es que Sánchez continúe siendo presidente y que haya tantos extranjeros por la calle. Tienden a relacionar ambas cosas.

Vázquez dejó la policía después de recibir seis expedientes disciplinarios por sus críticas al Ministerio de Interior y sus superiores. Hoy es portavoz de asuntos de seguridad de Vox y habitual en el programa de Iker Jiménez para dar rienda suelta al argumento que sostiene que las ciudades españolas van camino de acabar como las francesas y belgas y que “cuando derribas los muros, se acaba la civilización”. No es extraño que le encante el sistema de Bukele en El Salvador para luchar contra la criminalidad. Lo único que le molesta de ese país es que “algunos se preocupen por los derechos humanos de los criminales”.

Las dos jornadas de la conferencia cuentan con una veintena de oradores para un acto patrocinado por la principal plataforma cripto en España y organizado entre otros por Víctor Domínguez, que se presenta en Twitter como Wall Street Wolverine. Domínguez fue uno de los influencers y youtubers a los que invitó Vox al Congreso para una mesa redonda hace unas semanas.

El Madrid Economic Forum reclutó a veintitrés oradores, de los que veintidós son hombres y sólo hay una mujer (Esperanza Aguirre). No está claro si el libre mercado es más cosa de hombres, como decía el anuncio del coñac Soberano, o que los responsables tenían un cierto sesgo en la elección de los invitados. El público no estaba tan desequilibrado, pero la mayoría de él, entre el 70% y el 80%, eran hombres de unos 30 o 40 años.

La organización puede ser un buen negocio. Excepto las entradas VIP de 1.400 euros al lado del escenario central, las de la gran mayoría de los asistentes costaban 175 euros que se quedaban en 122 con un descuento para todos del 30%. El plato fuerte es la intervención de Javier Milei, que cerrará la conferencia el domingo.

Por la mañana, apareció Albert Rivera en su nuevo papel de coach de la política que advierte del futuro sombrío que nos espera. Su mensaje es que Europa va camino de sufrir una profunda decadencia –“la vieja Europa es más vieja que nunca”–, porque en general es demasiado generosa con sus ciudadanos. “La Unión Europea representa el 15% del PIB mundial, pero también el 30% del gasto social”. Y además es la región del mundo con “la mayor presión fiscal”.

Países como China e India se han desarrollado lo suficiente como para hacer una aportación muy significativa al PIB mundial. Por el contrario, sus redes de protección social aún están muy lejos de las existentes en Europa. Ese es uno de los factores que ayudan a explicar la diferencia.

Cuando era el líder de Ciudadanos y una estrella en alza de la política española, Rivera respondía que había que aumentar el gasto en sanidad y educación, invertir más en I+D y al menos mantener unas pensiones dignas. Y por encima de todo ello, bajar los impuestos. Nunca estuvo claro cómo podía cuadrar ese círculo. Ahora que ya no se dedica a la política y no tiene que buscar votos, afirma que en Europa vivimos demasiado bien.

En las pantallas que acompañaban su intervención con imágenes y gráficos, apareció la frase: “Menos (Estado) es más”. Eso le ganó el primer aplauso del público, que hasta ese momento se había mostrado un poco frío con él. Quizá era demasiado liberal a secas para el ambiente de la cita.

Rivera puso algo más de su parte para ganarse su apoyo. Se quejó de que la política europea está “obsesionada” con la cuestión del medio ambiente. No mencionó el cambio climático, que es en lo que estaban pensando todos. “¿En qué momento hemos confundido la agenda política con la agenda medioambiental?”, dijo. Estaba sugiriendo que todas esas medidas están reduciendo la libertad económica. No lo dijo tan claro como para ganarse una ovación.

Quien no tenía ganas de disimular era su antiguo compañero de partido, Marcos de Quinto. En su discurso, afirmó que el agujero de la capa de ozono nunca existió y que el cambio climático es otro engaño que le han colado a la gente. No es que dijera que el cambio climático no se debe a la acción del ser humano, sino que prácticamente no existe, porque la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera es mínima.

Fue Esperanza Aguirre quien cerró la jornada, pero la auténtica estrella del día fue Iker Jiménez, lo que da una idea del tipo de periodismo o televisión favorecido por el público. El presentador de Cuatro tenía que disertar sobre “medios de comunicación en crisis”. Dedicó casi todo su tiempo a hablar de su experiencia en Valencia durante la DANA.

En su empeño de autoelogiarse con modestia, si tal cosa es posible, se presentó como el único que contó a la gente lo que sucedió: “48 horas después de una riada de la que nadie estaba contando la verdad”. Los periodistas valencianos que informaron de la llegada del temporal desde primera hora de la mañana de ese día, mucho antes de que se produjeran las muertes, se quedarán francamente sorprendidos al saberlo.

Las referencias temporales cambiaron cuando dijo que llegó a Valencia 33 horas después del desastre, pero insistió en la misma idea: “Me di cuenta de que lo que estaba pasando no era lo que nos estaban contando”. Decenas y decenas de periodistas se habían matado a trabajar y seguirían haciéndolo, pero era Iker, el que venía de Madrid, el que les iba a contar la verdad.

Jiménez citó el bulo de los centenares de muertos atrapados en el parking de Bonaire que extendieron los agitadores de la extrema derecha y usuarios de redes sociales que querían aumentar el drama de una situación que ya era de por sí trágica. Y también algunos medios de comunicación con el habitual “podría haber” que tanto daño hace al periodismo.

El presentador dijo que la cifra de 700 muertos en el aparcamiento les llegó de un miembro de la UME, pero que no lo contaron en su programa. Él sí lo escribió en su cuenta de Twitter (“en el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, muchos cuerpos. Muchos), mensaje que luego borró, como reconoció en su intervención. Pero insistió en que quienes se equivocaron fueron militares y policías: ”Yo estaba convencido de eso porque lo decía la UME, la Guardia Civil y los forenses“. Evidentemente, como se supone que eran conversaciones, no tiene ninguna prueba de ello.

Jiménez acabó su discurso con un “viva la libertad, carajo”, el grito de guerra del ultraderechista Milei. Qué más quería el público. No sólo le ovacionó, sino que la mayoría se puso en pie. Ya no era necesario disimular con todo ese rollo del liberalismo. Lo que querían era alguien que cargara contra los políticos y los periodistas y que no dejara a ninguno vivo.

Ferran Sáez (la Granja d'Escarp, 1964) es un conservador honesto. Profesor en la Universitat Ramon Llull y especialista en Montaigne, ha publicado una veintena de ensayos. Entre sus últimas obras destaca La fi del progressisme il·lustrat (Pòrtic), donde aborda cuestiones a priori perfectas para terminar en un gran jardín (la postmodernidad, la teoría queer, el auge de la autoayuda y el individualismo), pero de forma crítica y fundamentada, sin caer en la caricatura.

Su libro presenta un panorama bastante pesimista, un mundo en decadencia.

Decadencia es una palabra fea y la asociamos a momentos políticos turbulentos. Si se observa con atención no solo la situación política, sino también la cultural y académica, creo que el mundo tiende más a la decadencia que a que emerja algo positivo. Pensemos en una situación no decadente, como la alegría de EEUU con Kennedy en el siglo pasado. Había una situación insostenible de segregación racial y podredumbre moral, y el país le votó para salir de ella. La situación actual, con Putin y Trump, es que este mundo se derrumba. Al menos esa es mi percepción.

Pone especial énfasis en la decadencia cultural y la vincula a la evolución de la postmodernidad. ¿Por qué?

En un sentido cultural, el origen de la postmodernidad fue muy interesante y necesario, pero sus epígonos se han vuelto decadentes. En un sentido político, además, ha comportado un retorno de conceptos y fenómenos que pensábamos que no volverían, como el del populismo, que ha vuelto a entrar en nuestras vidas a través de Internet. En un sentido económico, tampoco nos esperábamos que la globalización terminara convirtiendo a los europeos en poco más que en consumidores de productos, en su mayoría, chinos.

Subraya la quiebra que se produce en el paso de la modernidad a la postmodernidad.

La idea de igualdad de derechos vinculada a la modernidad está siendo sustituida por una exacerbación de la diferencia y la individualidad, algo muy distinto a tener en cuenta y cuidar la diferencia, que es algo necesario. Lo vemos en EEUU, con la reacción que encabeza Trump a unas políticas que no son percibidas como una conquista de derechos sino como una capitulación a ideas liberales o progresistas.

La igualdad de derechos vinculada a la modernidad está siendo sustituida por una exacerbación de la diferencia y la individualidad

¿Con Foucault empezó todo?

Foucault es muy importante porque tiene una enorme influencia y con él empieza lo que después se ha denominado 'French theory'. Es una teoría que invierte muchas ideas existentes, no solo en materia de género. Su mayor influencia proviene de su teoría que mezcla la idea de conocimiento con la idea de poder. Una de sus frases más repetidas es que el poder no se puede entender sin el conocimiento y el conocimiento no se puede entender sin el poder. Esto abre la puerta a cuestionar cosas que no tendrían por qué ser cuestionadas razonablemente. Detrás de esta idea hay un poso irracionalista que desemboca en la famosa y temida frase 'pues esa es mi opinión'. Es una frase que cada vez se escucha más en el debate público o incluso en las aulas de la universidad.

La crítica a la postmodernidad tardía la articula a través del debate entre naturaleza y artificio, como dos polos opuestos. ¿No tendría que ser más fácil y posible encontrar un consenso entre las dos ideas?

Cuesta tanto, en parte, por la influencia de Foucault y de sus epígonos. El consenso entre naturaleza y artificio es posible, pero el problema es que sus traducciones políticas son terribles y existe el riesgo de llegar a conclusiones muy peligrosas aunque tengan un fundamento científico (o no) detrás. Por ejemplo: imaginemos un experimento que calcula los cocientes intelectuales de una población, teniendo en cuenta su raza, y solo a partir de sus resultados se decide si hay que invertir más o no. Pues es un experimento extraordinariamente peligroso, aunque pretenda tener carácter científico.

Otro ejemplo: una cosa es el género y otra es el sexo. Me parece que nadie lo discute. Ahora bien, cuando se pasa a argumentar que el sexo también es un artificio, es decir, que no hay biología, el debate se complica. En abstracto son debates que pueden realizarse, pero cuando se pretende que tengan una traducción política concreta es cuando se abren las puertas al irracionalismo.

Y ahí llegamos a lo que bautiza como 'postmodernismo paródico'. ¿Qué es?

Es la recreación poco respetuosa de una cosa. Hay un postmodernismo no paródico, por ejemplo los excepcionales David Lynch o Francis Bacon a nivel artístico. Pero hay otros referentes postmodernos, sobre todo en filosofía, que son paródicos porque son una especie de broma. Y esto vale para ciertos autores postestructuralistas, que dicen cosas muy extrañas, y para la muy actual autoayuda, que es una parodia filosófica.

La muy actual autoayuda es una parodia filosófica

En el libro aborda la teoría queer, sobre la que se muestra crítico. ¿No puede ser, como cualquier otra teoría, un punto de partida para generar vínculos y alianzas?

La base de la teoría queer es una negación de la biología, que se puede negar y me parece muy bien. El problema no es la teoría queer, ni el rechazo que pueda generar en parte de la sociedad (que no es un argumento válido para discutirla). El problema, para mí, es la contradicción de la propia teoría: de la gradualidad y de la no estabilidad de la identidad hace una identidad en sí misma.

¿Una persona queer del siglo XXI no hace algo parecido a lo que hacía un obrero en el siglo XIX, organizarse para defender sus intereses y reclamar avances sociales?

Esta pregunta es marxismo cultural de verdad, no del que dice la extrema derecha. Todo lo que sea una autopercepción vinculante (afirmar algo de mí o de mi grupo, pero además pretender que todo el mundo lo acepte sin discusión) está condenado al fracaso. Es muy complicado. A lo mejor dentro de una generación la teoría queer genera un consenso, pero hoy no lo tiene.

Lo vemos incluso en formaciones progresistas, como todo el debate interno del PSOE alrededor del concepto LGTBIQ+.

Lo que ha pasado en el PSOE ha sido una de las primeras respuestas a la teoría queer. Y no me parece para nada anecdótico, sino que es relevante. Este tipo de cuestiones que antes no estaban en la agenda, ahora lo están. El PSOE es un partido de tradición progresista moderna, no postmoderna como Podemos o parte de Sumar, y de ahí nace el conflicto.

A la vez, en el libro se muestra muy crítico con el concepto de ‘guerra cultural’ que atiza la extrema derecha.

El concepto de guerra cultural es una forma de querer rehuir debates serios. ¡Tenemos que hablar de lo que nos incomoda como sociedad, no hacer ver que no pasa nada! Cuando Mitterrand era presidente de la República francesa, apareció una fotografía suya en un acto antisemita. Y la sociedad francesa habló de su antisemitismo, y sirvió de catarsis. Fue un debate muy incómodo, pero lo tuvieron. Más allá de la situación actual de Francia, no corrieron un tupido velo con una cuestión tan central como el antisemitismo.

¿Esta falta de debate afecta más a la izquierda o a la derecha?

Es un problema que afecta no solo a la izquierda o a la derecha, porque el efecto nocivo es para el conjunto de la sociedad. Una forma de distorsionar el debate es argumentar que un tema de debate es imaginario. De una forma miserablemente oportunista, la extrema derecha ha recogido algunos temas mediante un lenguaje emocional y Tik-Tok o las redes. Y esto es una bomba.

En el libro también alerta sobre la “sustitución de la vida por ciclos obligatorios de consumo”.

La rueda de consumo interfiere en los ciclos vitales de la gente. Pasamos del Black Friday a las compras de Navidad, y después a las rebajas de enero, para ir gastando. Se puede intentar vivir fuera de este ciclo de consumismo, pero es enormemente complicado. Ocurre un poco lo mismo con los teléfonos móviles, que se han convertido en un apéndice obligatorio de los cuerpos.

El concepto de guerra cultural es una forma de querer rehuir debates serios

Su libro plantea una hipótesis provocadora: el postmodernismo como sublimación del individualismo.

El postmodernismo nace como un ejemplo de individualismo extremo. ‘Mi identidad acaba donde termina mi abrigo’, y por lo tanto desde el inicio está asociado al individualismo. Si se renuncia a referentes colectivos, ya sea políticos, religiosos o lingüísticos, y se interpreta que solo hay que cuidar nuestra subjetividad, crear vínculos se convierte en un imposible. 

¿A dónde nos lleva este individualismo?

El individualismo extremo nos lleva no solo a la pérdida del sentido colectivo sino también a sentirnos disociados. Hemos perdido el sentido de la colectividad. Desde un punto de vista individual, la ausencia de identidades colectivas nos ha afectado de forma negativa, ya sea en cuestiones sociales o culturales. La lengua es una cuestión colectiva e individual a la vez: si perdemos el sentido de la colectividad como hablantes terminará afectándonos a nivel individual.

¿Sin referentes colectivos, estamos perdidos?

Vivimos una época de cambios. No sabemos muy bien dónde apoyarnos, y cuando pasa esto existe el riesgo de apoyarse en lo primero que se encuentra. En 2013, la Asociación Americana de Psiquiatría sacó el narcisismo como trastorno de conducta porque consideró que se había generalizado. Es anecdótico, pero demostrativo a la vez, sobre todo entre los jóvenes. El recorrido de este narcisismo es incierto, pero no parece muy positivo.

La ausencia de identidades colectivas nos ha afectado de forma negativa

¿Cuál es la mayor contradicción a la que nos enfrentamos en esta quiebra entre modernidad y postmodernidad?

El nihilismo ambiental, pensar que no hay nada, que todo es efímero o un fraude es la que me parece más grave. Esta tendencia a pensar que no hay nada detrás de la ciencia, o detrás de la política o la cultura, tiene una traducción política y vital que elimina la esperanza y los proyectos del futuro, hasta el punto de llegar hasta el tuétano de nuestra supervivencia como especie.

¿Hay alguna boya a la que agarrarse?

Hay un ejemplo que pone Susan Sontag en La enfermedad y sus metáforas (1977) que parece vigente: tenemos que ser críticos y agarrarnos a algo, pero no a lo primero que nos encontremos. Eso es el populismo, agarrarnos al primer disparate que oímos, pero que nos satisface emocionalmente.

Si no hacemos el esfuerzo de sosegarnos y ser críticos es muy difícil poder encarar al futuro, porque terminaremos o bien mirándonos solo el ombligo, en una muestra de narcisismo, o bien apostaremos por algo que nos atrae mucho, pero dejando de lado ganancias colectivas. Este individualismo que ignora a los demás y sus necesidades no nos hace felices y en realidad resulta muy insatisfactorio. Tenemos que volver a determinadas visiones colectivas que, sin ser un consuelo y a riesgo de parecer autocomplacientes, nos ayudan a tener un sitio donde agarrarnos.

Javier Milei, el ultra, estrafalario y estos días atrapado en su propio laberinto presidente de la Argentina, lo citó hace un año en una entrevista: “La única forma que se sale, Miguel Anxo Bastos te diría 'capitalismo, ahorro y trabajo duro”. “El capitalismo es una forma de pensar, una forma mental que te invita a ahorrar y trabajar”, declaraba el propio Bastos en una conferencia no mucho antes. Y es que los tópicos del liberalismo extremo –que rara vez se compadecen con la realidad, pero esa es otra historia– han encontrado en un profesor universitario gallego uno de sus más exitosos y carismáticos apologetas. Erudito y provocador, su bonhomía y amabilidad –reconocida por afines y adversarios– contrasta con la agresividad de las tesis que defiende y con la brutalidad inmisericorde de sus efectos sociales. elDiario.es ha contactado con colegas y estudiantes para dibujar la silueta de Miguel Anxo Bastos.

Docente en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidade de Santiago de Compostela, especialista en políticas públicas, Bastos nació en Lavadores –parroquia viguesa, una de las muchas Pequeñas Rusias que hubo en la II República–, en 1967. La contradicción resulta obvia: su carrera académica está estrechamente ligada a lo público, por cuya extinción aboga. “Yo creo que el Estado es peor que una mafia. Es una mafia más grande, más criminal y además tiene escuelas”, no duda en afirmar. “Lo primero, la propiedad privada. Si fuera un ministro o algo así, Dios no lo quiera, sólo pondría una ley: respetar la propiedad privada y punto”, discurseaba en 2023 al recibir el Premio Instituto Juan de Mariana, un think tank ultraliberal con sede en Madrid. Ese mismo día uno de los principales exponentes de la Escuela Austríaca de economía –el extremismo pro libre mercado, principalmente– en España, el catedrático Jesús Huerta de Soto lo definía en su encomio: “Paleolibertario [una corriente que une valores conservadores y limitación radical del Estado, con la que Milei simpatiza], amante de la libertad, anarquista pero gente de orden, de principios morales”. Bastos también se ha definido así mismo como anarcoliberal, pero su anarquismo lo es apenas etimológicamente, claro, desvinculado de la histórica corriente obrera.

“Cree que el Estado y la Administración son ineficientes y que la sociedad debe autorregularse a través de las reglas del capitalismo. Los anarquistas también buscan la autorregulación social, solo que con otro tipo de reglas, claro”, acierta a sintetizar para elDiario.es uno de sus alumnos, nacionalista gallego de izquierdas. Bastos también lo fue en algún momento –nacionalista gallego. Sin embargo, ya apenas se detiene en esa tensión y suele mostrar cierta aquiescencia con el PP gallego. “El PP gallego y el PNV son dos partidos muy parecidos. Son partidos de país, homogéneos, con gran capilaridad social”, argumentaba hace unos años, “obviamente, uno es nacionalista y el otro no. Pero hay que recordar que el PP integró el nacionalismo de derechas. Ese componente está ahí, aunque no sea el dominante”. En realidad nunca lo fue.

El mismo exalumno, que le reconoce un “profundo bagaje cultural e intelectual, no es un bocazas”, explica cómo le llama la atención que lo reivindiquen personajes de la derecha extrema española como el economista Juan Ramón Rallo –al igual que Milei llegó a defender la compraventa de órganos humanos– o la órbita de Díaz Ayuso. Comparten su retórica de odio al Estado, pero, dice, “Bastos no es un sádico social”. Tal vez no, pero las consecuencias de las teorías que defiende –¿la versión autóctono de la motosierra?– sí lo serían: su valedor Milei y sus toscas recetas económicas han provocado en Argentina un fuerte aumento de la pobreza y la desigualdad. Al mismo tiempo, el estudiante en sus antípodas ideológicas recuerda sus clases con agradecimiento: “Tenía en cuenta a sus alumnos. Siempre buscaba confrontar, crearte contradicciones, en su lenguaje demostrar la ineficacia de lo que defiendes. Pero se interesaba por lo que pensabas”.

“Menos simpático a partir de 2025”

“Es un buen amigo. Dice lo que piensa y lo defiende con convicción. Es además un lector voraz. Da gusto discutir con él, siempre correcto y cordial y con argumentos, aunque yo no los comparta. Hemos debatido mucho”, dice su colega de facultad Antón Losada, colaborador de elDiario.es. Sobre el papel del Estado, la eficacia de la intervención pública, los límites del mercado, por ejemplo. En la intervención en el Juan de Mariana, Bastos ofrecía su reverencia casi mística por el sistema derivado del modo de producción del capital. “El capitalismo es una forma de pensar, una forma mental que te invita a ahorrar y trabajar”, sostenía, “no solo genera riqueza, genera moral. Con más recursos la gente es más educada y menos violenta, se comporta mejor, tenemos más medios para cuidar a los pobres, a los ancianos y a los jóvenes que quieren estudiar”. Ni las desigualdades ni la tendencia al monopolio entraban en su discurso, claro, aunque sí, de manera implícita, su provisionalidad: “Es un invento humano y hay que explicarlo, no es natural”.

El catedrático de Historia Contemporánea Lourenzo Fernández Prieto, próximo a la izquierda nacionalista, coincide con Losada, habla de “cordial discrepancia ideológica” pero le atribuye atractivo “por su falta de complejos como nacionalista y en su liberalismo thatcheriano”. Con formas de tiktoker antes de que existiese el TikTok –así lo considera el exalumno antes mencionado–, sus formas de comunicador lo han convertido en ídolo de ciertas comunidades virtuales de la derecha más o menos ultra. En ese ámbito poco importan las incoherencias. Algunas tan evidentes como la que implica ser partidarios del ultraliberalismo económico y a la vez del Donald Trump que amenaza con aranceles y la guerra comercial. Quizás a la nueva derecha autoritaria, que tan fielmente reproduce tropos, política y odios de la vieja, no necesite un programa cohesionado, sino apenas –lo consignan ciertos analistas– una articulación emocional con los votantes, magnates de las comunicaciones y dinero, mucho dinero.

Fernández Prieto entiende que, probablemente, a partir de este año “Miguel Anxo será, sin embargo, menos simpático”. Se refiere a que sus “modos ideológicos” son los que han abierto la puerta a Milei o a Trump. El profesor ingenioso y categórico, que habla atropellada, pero congruentemente, antes recluido en un lugar minoritario del tablero político, forma ahora parte de esa corriente principal de las derechas duras o ultras que gobiernan en países centrales o amenazan con hacerlo. “Francamente parece un personaje de ficción como Milei”, afirma, bajo anonimato, alguien que lo sigue de cerca, “el mejor Bastos no tiene oráculo canino difunto, sino una inspiración telúrica que emana del Pico Sacro [monte cercano a Santiago de Compostela rodeado de leyendas y con cierto peso en la tradición galleguista]”.

Epatar como táctica retórica

Tertuliano habitual de la radio pública, y hace años en la desaparecida V Televisión –propiedad del Grupo Voz, al igual que La Voz de Galicia– donde se dio a conocer más allá del ámbito académico, casi todos los consultados están de acuerdo en su dominio del arte de la provocación. “Su prosodia y esas opiniones fuertes, esas sentencias dictadas de forma graciosilla, hacen que el mensaje vaya calando”, explica su exalumno, atento a los nuevos modos de la comunicación pública, “algo que encaja muy bien en las redes sociales”. Una cuenta de X, antes Twitter, con más de 60.000 seguidores recoge algunas de sus citas. “El capitalismo nace dentro del cristianismo. Además, probablemente no hubiera podido nacer en otro sitio”, dice en uno de sus trinos. En otro: “Incluso hablando con empresarios, los empresarios muchas veces tienen las categorías marxistas en la cabeza. No que sean marxistas, sino que las categorías, los conceptos marxistas los tienen en la cabeza porque son los que les enseñaron en la academia”.

Esa pretensión de epatar la muestra también en sus colaboraciones en la prensa. Uno de sus últimos artículos en Nós Diario, un periódico de izquierda nacionalista próximo al BNG, asegura que Trump no hablaba en serio cuando dijo que convertiría Gaza en un resort mediterráneo. Según él, no era más que ironía, “una exageración retórica destinada a presionar al lado palestino”, y a continuación exponía que el mandatario estadounidense sí tiene un plan para Palestina y que consiste en someterla al mando colonial israelí, e incluye la expulsión de parte de su población. “Obviamente no me gusta el plan, pero por lo menos muestra capacidad estratégica”, decía. El texto suscitó una gran polémica en redes e incluso en la sección de comentarios del medio. Es este quizás el Bastos menos simpático al que se refería el catedrático Fernández Prieto, ahora que algunas de sus ideas se han encarnado en políticas y políticos concretos y la brillantez expositiva –o sofista, según a quién se le pregunte– deja paso a la crudeza de los hechos y, en Palestina, a la voluntad imperial de limpieza étnica.

No hay nada mejor para empezar el día que darse un refrescante baño con hielo. Igual en verano no choca tanto la idea, pero en febrero lo mismo uno se lo piensa dos veces y vuelve al café con leche. No es así para un verdadero hombre de éxito, un alfa, alguien 'de alto valor', en definitiva, capaz de sacrificarse para alcanzar la perfección. Y tampoco es así, claro, para Pável Dúrov, el millonario cofundador de Telegram, adalid de la libertad —aunque esa libertad pueda acabar con los derechos fundamentales de algunas personas— y antisistema —especialmente si ese sistema amenaza su individualismo—.

En los últimos días, las miradas se han centrado en el empresario ruso por su imputación en Francia por hasta doce delitos, entre los que destacan la complicidad de la aplicación de mensajería para permitir el tráfico de drogas o la distribución de pornografía infantil.

Esta no es la primera vez que Dúrov ha tenido problemas con gobiernos e instituciones, aunque en las pocas entrevistas que ha ofrecido asegura que colabora con las autoridades, también defiende que la libertad personal y la privacidad se deben anteponer a las normas. “Para ser realmente libre, deberíais estar preparados para arriesgar cualquier cosa por la libertad. La privacidad, en última instancia, es más importante a que sucedan cosas malas, como el terrorismo”, compartía en su Instagram.

A pesar de que Dúrov intenta mantener su vida privada lejos del foco público, de sus publicaciones en redes sociales y sus canales de difusión se puede extraer una idea que subyace en ese mundo de dinero, cambios constantes de residencia y disciplina fitness: que podría considerarse un 'high-value man', 'hombre de alto valor' en español.

Ultraliberalismo y sexismo 'de alto valor'

Sirve una rápida búsqueda en Google para conocer las características comunes de este tipo de masculinidad, promulgada por pseudogurús multiplataforma, especialmente en los últimos años. Atributos que beben de lo ultraliberal —tener dinero, ser capaz de proveer, ser emprendedor— y de los estereotipos tradicionales sexistas —no dejarse llevar por las emociones, mostrarse siempre seguro, alcanzar el perfeccionamiento corporal, regresar a la idea de hombre cazador—, todo ello vestido de autocuidado y técnicas de mindfulness. 

Dúrov representa esa figura del nuevo hombre de éxito. Su fortuna está estimada en más de quince mil millones de dólares según Forbes, y un repaso por sus redes nos confirman esta idea, especialmente las publicaciones más recientes. En los últimos posts aparece vestido de negro, con el torso de gimnasio descubierto, todos ellos acompañados de citas y reflexiones generalmente de referentes cuya imagen —muchas veces distorsionada y alejada de la realidad histórica— también evoca esa “energía masculina”.

El polémico influencer Andrew Tate, detenido y acusado por tráfico de personas y violación, durante años ha sido una de las figuras en Internet que ha extendido estos mensajes misóginos, además de definir, en varias ocasiones, lo que significa este concepto de “hombre de alto valor”. En sus palabras: “Un hombre capaz de hacer dinero”, “listo”, “rico”, “fuerte”, “capaz de matar a alguien y coger un bebé en brazos el mismo día”. “Muchas mujeres no respetan lo difícil que es convertirse en un 'hombre de alto valor”, se quejaba Tate en un vídeo que acumula más de 22 millones de visualizaciones.

Fernando Herranz, especialista en estudios de género en la Universitat d'Alacant, explica que este tipo de ideas de masculinidad vuelven a “retomar características basadas en la dominación masculina” con la intención de regresar a un “pasado idílico de lo que era ser hombre”. El investigador precisa que estos influencers de la masculinidad “han sabido controlar el discurso” y proponen ahora una “solución fácil a problemas de gran complejidad” que puede sufrir una sociedad, como la precariedad o problemas psicológicos.

De esta manera, culpan al movimiento feminista o a “la dictadura de la Agenda 2030” de que se “haya perdido la esencia de lo que realmente es ser un hombre”, a su juicio. Y, en lugar de observar que la causa de esos problemas viene por un sistema económico y social, optan por una falsa sensación de control: volver a “ser hombres de acción en todos los sentidos”.

“Un hombre debe mantenerse erguido, no ser mantenido erguido por otros”, escribía Dúrov en una cita que atribuía a Marco Aurelio, acompañada de una fotografía del millonario sin camiseta sumergiéndose en su bañera de hielo. Una imagen que se repite en TikTok con cientos de vídeos de jóvenes compartiendo sus rutinas de baño helado.

“La autodisciplina es la clave” para ser un 'alfa'

En otra de sus publicaciones pide a sus seguidores unirse al #PutinShirtlessChallenge, un reto que anima a los rusos a subir fotos sin camiseta como lleva haciendo años el presidente Vladímir Putin. El dueño de Telegram pide seguir reglas como no usar Photoshop: “Si no, no eres un alfa”. ¿Y qué hace falta para ser un alfa? Dúrov responde a esta pregunta en otro mensaje, esta vez difundido a través de su canal personal de Telegram, en el que ofrece consejos para lucir más joven: nada de alcohol, dormir “mucho”, no comer “demasiado” (nada de snacks, claro), no comer carne, entre otros. “La autodisciplina es la clave para la salud, la riqueza y la felicidad”, asegura. Es decir, tener un cuerpo y vida perfectos está al alcance de cualquiera: solo necesitas disciplina.

Esta obsesión por el cuerpo perfecto, regada con ideas del estilo “mi cuerpo es mi templo”, es clave en la construcción del 'hombre de alto valor' y del varón que puede conseguir éxito en el mundo profesional, pero también en el personal y en sus relaciones. “El cuerpo es fundamental en toda construcción identitaria. Es la principal herramienta que tenemos para performar nuestra identidad”, resume Herranz en conversación con elDiario.es. “En la masculinidad, el cuerpo ha sido parte sustancial”, sigue, y precisamente una de las principales características de esta es la fuerza, la potencia física.

La autodisciplina es la clave para la salud, la riqueza y la felicidad

Pável Dúrov — Cofundador de Telegram

“Hay que entender la masculinidad como un elemento adaptativo, como un ser vivo que se adapta al contexto”. Herranz indica que la construcción de la masculinidad ha pasado del 'hombre de pelo en pecho', incluso desaliñado, a un cambio de imagen en el que se valora más el cuidado del cuerpo y la apariencia. En los casos más extremos, esta filosofía de vida centrada en tener un cuerpo musculoso y seguir estrictas dietas ha acabado conectando con algunas burbujas de la extrema derecha, con ideas negacionistas e incluso teorías de la conspiración.

La escritora Naomi Klein habla sobre esto en su último libro Doppelganger: Un viaje al mundo del espejo (Paidós). En una entrevista con el diario británico The Guardian, Klein explica que de la misma manera que las primeras protestas contra el confinamiento en Estados Unidos fueron por poder ir a rezar, también lo fueron por ir al gimnasio con esa idea de “mi cuerpo es mi campo de fuerza contra lo que venga” o “estoy construyendo mi sistema inmunológico”. “Cuando se trabaja dentro de un sistema jerárquico de seres humanos y cuerpos, se entra en el territorio del fascismo”, dice Klein. Ese fascismo que entiende que hay seres humanos más 'puros' o 'perfectos' que otros, según atributos como su color de piel, pero también su tipo de cuerpo. Y eso es lo que los hace más merecedores del éxito que el resto, hacen que estén por encima y sean, en definitiva, personas 'de alto valor'.

Los otros pseudogurús de las finanzas y el wellness

El influencer ruso, que presume de sumar más de 100 hijos biológicos a través de donaciones de esperma, no es el único que cumple con estas reglas. Cada vez surgen más figuras públicas que imitan estos discursos y crean contenidos relacionados con estos roles: a través de vídeos verticales de Instagram o TikTok, pero también a través de podcast difundidos en diferentes canales. Todo ello empujado por el algoritmo de la manosfera de hombres que lanzan mensajes misóginos.

“Han crecido en un sistema de dominación masculina donde ellos tenían privilegios que hoy en día, gracias a los movimientos feministas, se están empezando a poner en cuestión. Ahora el ser machista vuelve a gozar de una legitimidad en el discurso”, argumenta Herranz. Este grupo de influencers y creadores de contenido ven “una pérdida de privilegios concebida como una pérdida de derechos”. Diferentes estudios en los últimos años han mostrado cómo ante los avances feministas, existe una reacción de una parte de la población —especialmente de los más jóvenes— contraria a los mismos. También lo muestra la última encuesta del CIS sobre la percepción de igualdad: el 44% de los hombres cree que las políticas de igualdad han ido demasiado lejos.

En España, uno de los máximos exponentes del 'éxito' en la manosfera es el pseudogurú financiero Amadeo Llados, que con millones de seguidores en redes sociales vende su fórmula para poder ser como él y tener la vida de lujo que parece llevar. Además de ofrecer masterclasses y organizar macroeventos en los que los asistentes se dejan cientos —a veces miles— de euros, también ofrece estos consejos al resto en sus redes y entrevistas.

Ahora el ser machista vuelve a gozar de una legitimidad en el discurso

Fernando Herranz — Doctor en Estudios de género

“Todo en esta vida se atrae”, dice, en un vídeo en el que explica “cómo tener a una mujer de 'alto valor”. Es decir, si no ejerces esta 'atracción' solo vas a ser, en sus palabras, un “fucking mileurista” y vas a tener una “panza”. “¿Cuál es el sueño de todo hombre?”, se pregunta. “La matrix os ha mentido”. A su juicio es: “Estar en forma, tener confianza, tener la casa que quiere tener, el coche que quiere tener, una gran mujer a su lado, despampanante, preciosa y que le apoye”. De nuevo la clave del éxito, para él pero también para otros muchos con cada vez más presencia online, se resume en dinero, gimnasio, perfeccionamiento del cuerpo y adoptar comportamientos relacionados con lo 'masculino'.

Las recientes visitas de Milei a España –la primera, para participar en el acto de la extrema derecha europea y mundial, traído por Abascal, y la segunda, por Ayuso, en una especie de competición a ver cuál de los dos es más amigo de Milei, más ultraliberal, más de extrema derecha y puede vender mejor su coincidencia ideológica– han generado dos tipos de controversias. La primera, derivada del hecho de que un jefe de Estado desde una tribuna en España insulte al presidente del Gobierno de España y a su mujer, con la consecuencia que ha tenido en las relaciones entre ambos países. Pero la segunda, a la que creo se ha dado menos importancia, es la del discurso político que ha venido exponiendo, la ideología que lo sustenta, el modelo de sociedad que postula y defiende.

Además del acto organizado por Vox y toda la ultraderecha europea, y de la entrega de una medalla de Madrid por Ayuso, Milei intervino en otros foros, a alguno de los cuales asistió complaciente la antigua presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Uno para recibir el premio anual que concede el Instituto Juan de Mariana, un think tank ultraliberal que se atribuye como misión “dar a conocer las ideas de la libertad” y “la promoción de una sociedad abierta y una economía de mercado”.  Posteriormente acudió a Alemania, donde recibió otro premio de la Sociedad Hayek, que lleva el nombre del economista austriaco ultraliberal defensor del “orden espontáneo del mercado” que actúa como una “mente racional” que no debe ser importunada ni corregida por el Estado.

En todos ellos utilizó Milei un lenguaje directo y sin matices para decir lo que piensa: tras considerarse “un humilde divulgador de las ideas de la libertad”, y “un defensor del liberalismo”, proclamó que “la justicia social es aberrante”, “un monstruo horrible y empobrecedor” creado por los socialistas, que “es profundamente injusta, porque implica un robo, porque implica un trato desigual frente a la ley” y que los que están a su favor “en el fondo están siendo guiados por pasiones humanas de las más bajas, como la envidia, el odio y el resentimiento”. Sin obviar que en su opinión la justicia social “conduce a un modelo totalitario”. 

Además, reiteró sus ideas de que “el control de capitales es inmoral” o “los impuestos son un robo” y que la redistribución de la riqueza se basa en el “resentimiento” y la “envidia” de quienes menos tienen frente a los que están “ganando plata”, los empresarios y los emprendedores a los que considera los verdaderos “héroes” que benefician a la sociedad con su éxito económico, “aunque ello implique inevitablemente aumentar la desigualdad.”

Como complemento de lo anterior no dejó de hablar contra los sindicatos, contra las políticas de igualdad hombre-mujer o contra el aborto, mostrando así una relación entre un capitalismo descarnado que abandona al pobre a la suerte del mercado y el conservadurismo moral más retrógrado.

Estas ideas no son nuevas. Además de Abascal, aquí en España, en Madrid, las viene repitiendo machaconamente Isabel Díaz Ayuso, quien recientemente también había arremetido contra “la justicia social, un invento de la izquierda para promover el rencor” y castigar a la “gente de bien”, insistiendo en que sólo promueve “la cultura de la envidia, del rencor y de buscar falsos culpables”.

Hay quien ha tildado estas ideas como anarcocapitalismo, como el propio Milei, o como capitalismo libertario, sin duda un capitalismo brutal, sin un mínimo de sensibilidad por esa mayoría social que vive en condiciones laborales de dependencia y muchos de ellos en la pobreza. 

Pero lo que quiero resaltar es que sus autores, Milei, Ayuso, E. Aguirre, se proclaman liberales, defensores de la libertad, partícipes de la tradición liberal. Pero, ¿es así? ¿De qué libertad hablan? Desde luego no de la libertad de todos, sino únicamente de los poderosos, del capital –como insiste Milei–, de aquéllos que tienen la capacidad patrimonial de invertir y de beneficiarse de su éxito económico, pero no de la libertad de la inmensa mayoría, de los trabajadores y trabajadoras, las capas medias de la sociedad que, en el lenguaje del viejo Marx, sólo tienen su capacidad y la venta de su fuerza de trabajo y que necesitan del Estado. 

A todos ellos Milei los deja al albur de un mercado sin Estado. Ya lo vimos en Ayuso durante la pandemia cuando, sin sensibilidad alguna por las víctimas, dejó morir del covid sin asistencia médica a 7.218 ancianos que no tenían seguro privado, al impedir que fueran trasladados a un hospital público “porque se iban a morir igual”. Que hubieran comprado servicios médicos en el mercado, porque el Estado no se iba a  hacer cargo de ellos.

La tradición liberal

Tal planteamiento es en mi opinión profundamente contrario a la tradición liberal española y europea del siglo XX, a la mejor tradición del liberalismo político. Desde luego es muy lejana al pensamiento liberal de nuestro país,  a Ortega, Marañón, Madariaga o Julián Marías. Este último publicó un libro llamado “La justicia social y otras justicias” en el que afirmaba que la justicia social “es algo indiscutido; todo el mundo la pide; nadie la niega, menos se atrevería a oponerse a ella”, concluyendo que “bastaría que un partido político, un grupo un gobernante, declarase ser adversario de la justicia social para que automáticamente quedase descalificado”. Desde luego Marías no conoció, ni siquiera los previó, a estos nuevos enemigos de la justicia social.

Pero las ideas de Milei y Ayuso están también muy lejanas de los grandes pensadores liberales europeos del siglo XX, de Popper, de Aron, de Isaiah Berlin o de Darhendorf, por citar a los más importantes. Desde luego Karl Popper, el gran divulgador de la idea de la sociedad abierta frente a los totalitarismos, contradiciendo a F. Hayek se mostró partidario del welfare state, de un estado de bienestar que haga frente a algunos  problemas sociales como la pobreza, la desigualdad y la discriminación y, en definitiva, que asuma activamente los objetivos de bienestar para la sociedad.

Más claro es aun Raymond Aron. En su famoso libro 'Ensayo sobre las libertades' desarrolla la distinción entre “los derechos políticos que son libertades y los derechos sociales que son capacidades”, de donde concluye que la democracia liberal necesita de una economía mixta y del welfare state,  de “organizaciones de seguridad social”, que le parecen “el mejor compromiso entre las diversas libertades que la sociedad moderna ambiciona dar a los hombres”. En su particular debate con Hayek y el concepto que éste tiene de libertad, Aron llega a  afirmar que la libertad concreta que sirve de modelo a Hayek es “manifiestamente, la libertad del empresario y del consumidor”, concluyendo que “ni el obrero de una cadena de producción ni el empleado de una vasta organización” son libres según el concepto de Hayek. 

Isaiah Berlin fue otro de los representantes relevantes del liberalismo europeo, que planteó en su obra 'Dos conceptos de libertad' la distinción entre libertad positiva y la negativa. Al referirse a esta última –entendida como la ausencia de obstáculos a la acción de los individuos– señaló que su perversión era “el laissez faire económico, por el que los propietarios estarían autorizados a destruir la vida de los niños en las minas” y los patronos de las fábricas a “quebrar  la salud y el carácter de los trabajadores  de la industria”. Para Berlin los fundamentos de la ética liberal son la igualdad de liberad, el kantiano no tratar a los demás como yo no querría que me trataran a mí y “justicia en su sentido más simple y universal”, lo que llamamos justicia social. Llega a decir, a mucha distancia de los Milei, Ayuso y compañía, que “la libertad no es el único fin del hombre” y que “si otros han de estar privados de ella –si mis hermanos han de seguir en la pobreza, en la miseria y en la esclavitud–, entonces no la quiero, la rechazo con mis dos manos y prefiero infinitamente compartir su futuro”.  

Por último, Ralf Dahrendorf, quizás la más grande figura liberal europea del siglo XX, que a sí mismo se denominaba liberal-erasmista y que durante toda su vida mantuvo un “compromiso apasionado e inquebrantable con la libertad individual”, como escribió en su obra 'Reflexiones sobre la revolución en Europa', siempre insistió en  lo que llamaba “el suelo común” de la sanidad, la vivienda y la  enseñanza, sin el cual los hombres y mujeres carecerían de igualdad de oportunidades en la vida, lo que para él  era un factor esencial para una versión madura y moderna del liberalismo (en 'La tarea futura del liberalismo. Una agenda política'), atribuyendo aquellas funciones al Estado.

En los inicios del presente siglo XXI el pensamiento liberal europeo ha continuado vinculando su concepción de la libertad con la justicia social. Así, la polaca Anne Applebaum o el inglés Timothy Garton Ash, un “internacionalista liberal” como se autodenomina, quien en su reciente  'Europa. Una historia personal' y ante la constatación de la desigualdad económica, social y cultural de nuestras sociedades, señala que “la igualdad es un componente esencial de cualquier ideología liberal digna de tal nombre”, que no significa sólo igualdad de derechos y de oportunidades, sino también “igualdad de respeto e interés” por todos los miembros de la sociedad.

He recogido esta larga referencia a los pensadores liberales europeos más relevantes para dejar constancia de que ni Milei, ni Ayuso, ni Abascal, ni Esperanza Aguirre pertenecen a la tradición liberal, ni siquiera a lo que M. Albert ha llamado “capitalismo renano”, sino que a lo sumo son ultracapitalistas, defensores de un modelo de capitalismo libertario –Milei dixit– que apuesta por la libertad del empresario y el emprendedor, dejando abandonados a la gran mayoría social. Algunos más suavemente los denominarían neoliberales, pero creo que incluso este término queda muy insuficiente para definir su pensamiento, hoy en la extrema derecha de nuestro mundo.

La tradición socialista

Yo no participo de esa tradición liberal, sino de la socialista, para la cual no hay verdadera libertad, libertad igual para todos, sin igualdad. El socialismo nació en el siglo XIX como una reacción política y ética contra la desigualdad de clases, que aún habiéndose hoy atemperado en gran medida en los países de occidente precisamente por la extensión del estado de bienestar, sigue generándose allí donde el capitalismo, libertario, neoliberal e incluso el renano, impera. 

En su conocido libro titulado 'Derecha e Izquierda' Norberto Bobbio afirma que “el criterio para distinguir la derecha de la izquierda es la diferente apreciación con respecto a la idea de igualdad”, de manera que los que se declaran de izquierdas dan mayor importancia en su actitud moral y en acción política a fomentar la igualdad, o a atenuar y reducir la desigualdad. 

Ya Fernando de los Ríos había escrito que “hablo de la libertad en un sentido distinto de cómo lo hace el capitalismo. Al capitalismo le interesa no la libertad de conciencia, que es la que a mí me interesa, sino la libertad económica” que propone que la mercancía vaya por libre para jugar con su precio y hace que los hombres sean esclavos. Y mi maestro el profesor Elías Díaz también ha insistido que entre los signos de identidad de la izquierda está “una mayor predisposición para políticas económicas redistributivas, basadas más en el trabajo que en el capital.”

Quizás quien mejor ha expresado entre nosotros este criterio y este ideal ha sido Luis Gómez Llorente, en unas líneas que merece recordar: “Si alguien me pregunta: ¿Qué es lo diferenciar específico del socialismo? Le respondería sin vacilar La Igualdad, la igualdad entendida como igual libertad para todos. Creo que el socialismo surge precisamente de la crítica al concepto liberal de la libertad por cuanto éste se reduce a esa forma de democracia formal que consiste en la afirmación de las libertades individuales y el Gobierno representativo (…). Los grandes pensadores socialistas asumieron la reforma liberal del estado como un paso positivo en la historia, pero fueron más allá, porque se dieron cuenta de que con eso, y sólo con eso, una gran parte de los seres humanos no son real y verdaderamente libres.

Por eso, aunque no participe de la tradición liberal, sino de la socialista, siempre me ha parecido importante el diálogo con aquélla. No sólo porque algunos socialistas, como Prieto, afirmaron aquello de que “Soy socialista a fuer de liberal”, sino porque, como dice Gómez Llorente, entendemos que la democracia liberal es el marco político necesario, aunque insuficiente, para cualquier acción política en favor de la igualdad. Pero resulta claro que ni Milei, ni Ayuso forman parte de esa tradición liberal, sino de la extrema derecha anarcocapitalista, hoy también llamada iliberal.

El escritor, académico y ex político canadiense, Michael Ignatieff, ha sido galardonado, este miércoles en Oviedo, con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, por “una intensa y polifacética vida profesional, que le ha llevado desde los estudios de historia y filosofía hasta el ejercicio del periodismo y la política” y la aplicación de la reflexión crítica a los grandes conflictos de nuestro tiempo.

El jurado, presidido por el demógrafo cubano-estadounidense Alejandro Portes, ha destacado de sus obras “la original mezcla de realismo y humanismo”, que siempre lleva a cabo desde las exigencias normativas de los sistemas democráticos.

El resultado, tal y como ha señalado Portes durante la lectura del acta del galardón, es una mezcla de realismo político y político, y de humanismo, donde valores como la libertad, los derechos humanos, la tolerancia o la salvaguarda de las instituciones constituyen su preocupación fundamental.

Sus aportaciones son referencia imprescindible para orientarnos en un presente tan cargado de conflictos bélicos, polarización política y amenazas a la libertad

Por todo ello han destacado sus aportaciones como referencia imprescindible para orientarnos en un presente tan cargado de conflictos bélicos, polarización política y amenazas a la libertad.

Nacido en Toronto (Canadá), en 1947, fue líder del Partido Liberal de Canadá y de la Oposición Oficial entre los años 2008 y 2011. Defensor a ultranza del liberalismo, en su casi medio siglo de trayectoria destacan, entre otros, sus ensayos sobre el nacionalismo y los derechos humanos.

De hecho, su fama intelectual se debe a estudios como 'Sangre y pertenencia: viajes al nuevo nacionalismo', donde hace referencia a la fuerza con la que, a finales del siglo XX, resurgieron los nacionalismos (antigua Yugoslavia, Quebec o el Kurdistán) y critica aquellos que se basan más en orígenes que en valores cívicos. Además de sus publicaciones sobre derechos humanos, que le han procurado gran reconocimiento, publicó también tres libros de ficción.

Ha ocupado cargos académicos en las universidades de Cambridge, Oxford, Toronto o Harvard, donde dirigió el Carr Center for Human Rights Policy.  Fue también rector de la Universidad Centroeuropea de Budapest, desde donde se enfrentó abiertamente al gobierno húngaro, liderado por con el euroescéptico y ultra, Viktor Orban, en defensa de la libertad de cátedra.

El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, al que este año optaron 36 candidaturas de 17 nacionalidades diferentes, recayó el pasado 2023 en la historiadora francesa Hélène Carrère d´Encausse, galardón que tuvo que recoger su hijo, Emmanuele Carrère, ganador del Premio Princesa de las Letras 2021, ya que ella falleció dos meses antes de la gala de entrega.

El de Ciencias Sociales es el cuarto de los ocho galardones, convocados anualmente por la Fundación Princesa de Asturias en fallarse, que ya se han fallado, después del de las Artes para el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, el de Comunicación y Humanidades a la artista y cineasta iraní, Marjane Satrapi, y el de los Deportes a la jugadora de bádminton Carolina Marín.

De esta forma aún quedan por fallarse los galardones de las Letras y Cooperación Internacional, a finales de mayo; e Investigación Científica y Técnica, y Concordia, en junio.

La mecha del Ateneo de Madrid se prendió a inicios del siglo XIX, con la invasión napoleónica de España. La resistencia contra los franceses derivó en la redacción de la Constitución de Cádiz de 1812, la primera de carácter netamente liberal en el país. Aquella Carta Magna sustituía la monarquía absoluta por la constitucional y garantizaba al pueblo un régimen de libertades que convertían al súbdito en ciudadano. Cuando Fernando VII volvió de su reclusión en Valençay (Francia), anuló toda esas conquistas políticas y reestableció el absolutismo. Y eso que su regreso fue largamente ansiado por gran parte de quienes redactaron aquel documento. El presunto garante de la libertad futura traicionó al pueblo que peleó por ella.

Con la restitución del régimen constitucional en 1820, durante el trienio liberal, el entonces llamado Ateneo Español (luego bautizado como Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid) comenzó su actividad. Desde ese momento, y pese a la persecución o limitación de su actividad en periodos no democráticos, la labor de esta sociedad privada declarada de interés público ha conformado un espacio de discusión e intercambio de ideas complementarias o contrapuestas. “Un lugar diverso y plural”, como lo define en conversación con Somos Madrid su actual presidente, Luis Arroyo.

En su programación reciente conviven, por citar algunos ejemplos, un seminario sobre la Navidad y la tradición belenista, otros dedicados a referentes intelectuales de la izquierda como Pasolini y Jorge Semprún o un acercamiento a la obra de Antonio Escohotado, gran exponente del pensamiento libertario en España que en su última etapa derivó a posiciones más próximas al liberalismo.

Pero si la libertad tuviera un coste en Madrid, en el Ateneo sería de 100.000 euros. Porque esas credenciales históricas no han impedido que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso retire su apoyo económico a la institución, eliminando una subvención que venía concediendo de forma ininterrumpida desde hace 15 años. Con Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid alcanzó los 350.000 euros, pero en el pasado ejercicio se estableció en los mencionados 100.000.

Ahora el Ejecutivo autonómico rechaza cualquier aportación, amparándose en una modificación de los criterios por los que se conceden ayudas nominativas (las que van dirigidas a entidades más que a iniciativas concretas). El consejero de Cultura, Mariano de Paco, justificó así la decisión ante Arroyo y posteriormente en público, animándole a “presentar proyectos”.

Arroyo lo considera “una injusticia contra libertad” y “un agravio”, ya que estas subvenciones nominativas no se han eliminado para ninguna otra organización o centro cultural de la región (desde el Círculo de Bellas Artes a academias de todo tipo de disciplinas). Asegura que así se lo confirmó el propio consejero, que en un primer momento le trasladó que la decisión fue tomada por la Junta de Gobierno que lidera Ayuso, aunque después se retractó y no quiso aclararle de qué instancia procedió. Paralelamente, el Ateneo sí ha recibido 150.000 euros del consistorio madrileño. La actual delegada de Cultura en el Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, fue la máxima responsable del ramo en la Comunidad durante la anterior legislatura.

De referentes republicanos a presidentes del PP

Desde la Junta Directiva contaban con la ayuda autonómica para los presupuestos de 2024, fijados en 1,4 millones de euros. No obstante, Arroyo matiza que la decisión no es tanto un golpe económico como “un impacto emocional y casi moral”. El sociólogo y politólogo madrileño, que trabajó como asesor para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y más recientemente en la campaña de Reyes Maroto para las elecciones municipales, nunca ha escondido su trayectoria ni sus postulados políticos: “No creo que deba hacerlo si no estoy insultando a nadie. Más allá de mi ideología esta es una casa enormemente abierta por la que pasan figuras que piensan de forma muy distinta. Mis opiniones personales no merecen un castigo”.

El presidente del Ateneo recuerda que ha invitado a Ayuso en varias ocasiones, pero la presidenta madrileña nunca ha acudido. Una de estas ocasiones tuvo lugar en abril, en un acto que conmemoraba los 200 años de la institución y al que asistieron los reyes. En un punto de la conversación con este medio, que tiene lugar en una sala presidida por un retrato del dirigente republicano Manuel Azaña, Arroyo cuenta que cada vez que agradece a Felipe VI ser socio este le responde “orgulloso” con la misma coletilla: “Y de pago”. El Ateneo ya prepara una carta con la que invitará a la Princesa de Asturias a adquirir su membresía.

Es una muestra, dice, del eclecticismo que caracteriza el espíritu ateneísta. Pero hay muchas más. Iván Espinosa de los Monteros dio una conferencia en octubre de 2022, cuando todavía era uno de los pesos pesados de Vox, cuyo grupo en la Asamblea de Madrid se ha opuesto a la retirada de la subvención junto a PSOE y Más Madrid. El imponente salón de actos de este no menos imponente edificio (ubicado en el número 21 de la calle del Prado e inaugurado hace 140 años) acogió en septiembre la presentación de la biografía de Alfonso Guerra. Una cita en la que el exidirigente socialista y el expresidente Felipe González criticaron abierta y vehementemente la deriva del PSOE de Pedro Sánchez, con especial énfasis en la Ley de Amnistía.

El propio Luis Arroyo invitó a los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy a que se hicieran socios, y lo ha conseguido. Son dos de los 700 nuevos miembros que el Ateneo ha ganado durante su mandato, que inició en 2021 después de que su candidatura Grupo 1820 se impusiera en unos ajustados comicios.

2.400 socios, 800 actos y todo tipo de sensibilidades

Aterrizó con la intención de “abrir las puertas” de una institución que no dejaba de perder músculo desde alcanzar su cénit en los ochenta, cuando llegó a contar con 6.400 socios. Para ello han emprendido iniciativa como Las mujeres en su sitio, que intenta paliar una eterna cuenta pendiente de su Galería de Retratos: la escasa presencia femenina.

En estos dos años el Ateneo ha pasado de 1.700 a 2.400 socios, aún con la oposición interna de un ruidoso grupúsculo que ha llegado a acusarle de emplear prácticas dictatoriales, y pese a que la edad avanzada de muchos asociados hace que las bajas también sean continuas. Solo desde el pasado 15 de diciembre, día en el que la decisión de Ayuso se hizo pública, han recibido 50 altas.

Para integrarse en la sociedad ateneísta es necesario presentar el aval de tres socios, que puede otorgar la propia Junta Directiva previa valoración del currículo de la persona interesada. El precio de la membresía es de 77 euros por trimestre, más una entrada anual de 60€ (30 en el caso de jóvenes). En total, la cifra ronda los 300 euros anuales, aunque está sujeta a desgravaciones en la declaración de la renta que pueden cubrir el 70% de esa cantidad.

Algunos actos (hasta 800 se celebraron en 2023) parten de la propia Junta Directiva, pero su labor se centra más bien en la organización y coordinación de una actividad sociocultural que la excede por mucho. La mayoría son vehiculadas a través de las 26 secciones y 20 agrupaciones integradas en el Ateneo. Cada sección está formada por personas especializadas o interesadas en la disciplina en cuestión, desde de la filosofía al cine pasando por la cultura militar o el yoga. Las agrupaciones, en cambio, no están tan ligadas a un área de conocimiento específica: hay una de jóvenes, otra de novela histórica, una republicana o una agrupación en la que participan periodistas especializadas en la Casa Real.

Ni quienes integran estas comisiones, ni la mayoría de ponentes invitados, ni el propio Arroyo reciben retribución alguna por su trabajo. Sí lo hacen músicos que participan en los conciertos que el Ateneo acoge ocasionalmente y por supuesto sus 23 empleados. El personal de secretaría, administración, seguridad o limpieza es el segundo corazón ateneísta, junto a los socios. Entre sus funciones está velar por la imponente Biblioteca y sala de lecturas, que alberga más de 150.000 monografías.

Arroyo no quiere terminar la conversación sin remarcar que el Ateneo es hijo de “la tradición liberal, en la concepción original del término que todavía mantienen en Estados Unidos”. Habla de una condición “progresista, pero abierta, que ha convivido con todo tipo de tendencias”. Hay muchos ejemplos para ilustrarlo en un espacio por el que han pasado Lorca, Pérez Galdós, Pardo Bazán o todos los premios Nobel españoles. Recurre a un hecho sucedido en los albores de la II República: “Clara Campoamor pidió en el salón de actos que Alfonso XIII fuera detenido y juzgado. El propio rey, como todos los monarcas desde su predecesor y hasta el actual, era y siguió siendo socio del Ateneo”.

Mariano Rajoy ha adoptado una distancia olímpica respecto de lo que ve. A menudo imparte doctrina y no tiene empacho en ofrecer lecciones sin atender a los debes de su mochila de exgobernante, de la Policía Patriótica a la condena del PP por la trama Gürtel que le costó una moción de censura. Lo volvió a hacer este viernes en el Foro La Toja, circunspecta reunión anual de empresarios y partidarios del bipartidismo restringido organizada por el Grupo Hotusa en la Illa da Toxa (O Grove, Pontevedra), cuando despachó sus impresiones sobre el debate de la fracasada investidura de Alberto Núñez Feijóo: “No es precisamente un debate que contribuya a la credibilidad de la clase política ni a reforzar la democracia liberal”.

El expresidente del Gobierno participaba en una discusión con su homólogo chileno Sebastián Piñera, moderada por la exministra del PSOE Trinidad Jiménez, sobre “la gobernanza en las sociedades modernas”. Su tesis era que las democracias liberales corren riesgos y el principal desafío del “mundo occidental” es defenderlas. Claro que su definición de lo que cabe en una democracia liberal es reducida, casi censitaria. La derecha y el ala derecha del centroizquierda, poco más. Sus enemigos -uso esa palabra, “enemigos”- son, sin embargo, múltiples. Se atrevió a enumerarlos: China, Rusia, los nacionalismos y los populismos. A partir de esa visión más bien simplista, bajó al comentarismo de la actualidad política española.

“Hay que andar con cuidado con las malas compañías porque llevan a tomar malas decisiones”, dijo. Si algún incauto o incauta entre la audiencia esperaba alguna referencia siquiera velada a las alianzas de su partido con la extrema derecha de Vox, lo hizo en vano. “Me pone muy nervioso la famosa amnistía. No sé si se va a aprobar o no, pero es una enmienda a la totalidad de aspectos fundamentales de la democracia, la igualdad y el Estado de derecho”, aseguró. Como jefe del Ejecutivo, entre 2011 y 2018, Rajoy firmó amnistías por delitos fiscales. Todavía el martes, el diputado comunista Enrique Santiago, de Sumar, enseñaba una portada del ABC del 19 de octubre de 2017: “Rajoy ofrece 'amnistía' a cambio de elecciones legales”. Era su propuesta a Puigdemont. Pero la coyuntura pasada no impide al expresidente hablar de la actual como si nada hubiera pasado.

Su razonamiento sobre las amenazas que acechan a Occidente continuó con las menciones al debate de investidura -no lo expresó con rotundidad, pero se intuía que la carga negativa recaía en el bloque progresista-, a la benevolencia del empresariado -se debía a su público- y a la inmigración, que considera “el tema más importante que tiene Europa sobre la mesa”. Es entonces cuando la sorna y las maneras poco alteradas de Mariano Rajoy no son suficientes para amortiguar el conservadurismo profundo de su discurso. “Bien ordenada puede funcionar, pero cambia un país”, dijo, “el 14% de la población española es extranjera, e incluyo aquí a los nacionalizados”. En su opinión, la inmigración es principalmente mano de obra y debe ajustarse a la demanda empresarial de trabajadores. Nada más.

Ni se inmuta por el cambio climático

Rajoy teoriza sobre el estado del mundo pero, en la tradición de las derechas españolas, lo hace por vía estrecha. No hay lugar, por ejemplo, para el cambio climático. Aquel que su primo le aseguraba que no era importante. El contraste con Sebastián Piñera, presidente derechista de Chile entre 2010 y 2014 y entre 2018 y 2022, resultó abismal. Este, con una oratoria torrencial y algo desordenada, sitúo la crisis medioambiental en el centro de los problemas de la humanidad. Habló de “colapso, apocalipsis” climática y afirmó solemne que “cada generación, cada sociedad tiene su misión” y la de ahora es “la propia supervivencia”. Frente a ese panorama que lo cambia todo, “la gobernanza mundial hace aguas”.

Mariano Rajoy ni se inmutó. La situación de la atmósfera no parece afectarle. En sus turnos de palabra insistía en referirse al populismo, a la gestión del Gobierno Frankestein y a la necesidad de “contención y consensos”. La prueba al respecto que no podía faltar: la Transición y la Constitución del 78, aunque ambos episodios históricos acabaron fraguando pese a las resistencias y reticencias de, entre otros, Alianza Popular, formación antecesora del PP. En su apología del pactismo -pactismo solo entre quienes él diga, por supuesto- llegó a decir que, en España, la política exterior se ha acordado “casi siempre”. Quizás estaba pensando en la invasión de Irak, en la que se embarcó el segundo gabinete de Aznar -del que él mismo formó parte- apoyado en una mentira flagrante, la existencia de armas de destrucción masiva en el país.

En cualquier caso, las discrepancias implícitas entre Piñera y Rajoy a cuenta del calentamiento global no ocultaron su coincidencia de base: la democracia liberal solo merece su beneplácito cuando se ajusta a lo que ellos consideran razonable. Lo dejó claro Piñera al describir el panorama en Latinoamérica. Cuba, Nicaragua y Venezuela son “dictaduras feroces”, pero “la democracia y la libertad” también retroceden -dijo- en Argentina, Perú, Bolivia, Colombia o México. ¿Qué sucede en común en esos cinco países? Que gobiernan distintas variantes de la izquierda.

En una de sus vigorosas intervenciones durante la pasada campaña para las elecciones municipales y autonómicas, reivindicó el expresidente Aznar la meritocracia, ideal cuya promoción asoció al liberalismo y a la democracia, y lamentó que en todas partes estuviera siendo arrasada.

Dado que la queja alude a un debate social que viene de muy atrás y que, además, sin ninguna duda, capta la preocupación de una porción nada desdeñable de la ciudadanía, no deberíamos tomarnos a broma sus palabras, por burda y atrabiliaria que sea la forma en que Aznar lo exponga. No se trata de ocurrencias ocasionales. Del mismo modo que cuando Isabel Díaz Ayuso abominaba de la justicia social, recurriendo a un persistente mantra de los discípulos de Friedrich Hayek, quien, por cierto, en su obra Derecho, legislación y libertad llegó mucho más lejos de lo que la presidenta madrileña se atrevió sugerir. Deberíamos prepararnos para tiempos muy duros si el modelo de sociedad que la derecha tiene en mente es el que propugnó el economista austríaco. 

No se sirven, en todo caso, de demasiada sofisticación oratoria porque para sus fines no la necesitan, pero anuncian, a quien quiera escuchar y entender, un cambio muy profundo que incluye el desmantelamiento de pilares de la convivencia sobre los que creíamos que existía amplio consenso en nuestra sociedad.

En rigor, meritocracia es el gobierno de los más capaces por mérito. Qué mérito o méritos sean los que se deberían considerar adecuados para gobernar y cómo medirlos nos conduciría a un engorro de no muy fácil solución. Pero resulta evidente que la meritocracia así entendida es incompatible con la democracia, por la sencilla razón de que la elección de los gobernantes no sería fruto del sufragio popular.

Salta a la vista que en los tiempos que corren no es el talento el que otorga notoriedad a nadie, ni en la política ni en otras muchas esferas de la vida. El mismo señor Aznar, antes de mostrarse tan exigente con el genio de los demás, debería esforzarse por elevar la calidad intelectual de las alocuciones propias, porque no siempre queda bien disimulada la banalidad con la gravedad del tono. Dado el lamentable espectáculo de numerosos debates públicos, y no sólo de los políticos, a muchas personas seduciría seguramente un sistema de selección que permitiera acreditar que quienes fuesen a ejercer el poder como mínimo alcanzaran a un uso elemental del raciocinio. Sería desde luego muy problemático decidir el tipo de examen a superar y, aun más, seleccionar con anterioridad a los examinadores.

Y, sobre todo, tarde o temprano nos encontraríamos con la deriva que describió en su sátira La ascensión de la meritocracia el sociólogo inglés Michael Young, que fue quien acuñó el término. Los más meritorios de la élite dominante querrían que sus descendientes siguieran ocupando la cima social y política sin verse obligados a superar el arduo proceso de selección que ellos habían padecido. Y, puesto que no estarían constreñidos por la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, sería muy grande la tentación de bloquear el ascenso de otros más capaces que sus hijos, dando lugar a una sociedad oligárquica que nuevamente despreciara el talento y el esfuerzo.

Cabe decir que para que la ciudadanía tenga la oportunidad de elegir a los más capaces se hace imprescindible universalizar una educación pública de calidad que proporcione a todo el mundo conocimiento y herramientas de juicio, que el debate político ha de consistir en el contraste racional de propuestas de cambio y que se han de ampliar los espacios de participación política de la ciudadanía. Pero siempre sobre la base de la democracia; ninguna sociedad fundada sobre uno u otro principio aristocrático seleccionó a los mejores, jamás.

Es verdad que en la actualidad a la palabra meritocracia se le acostumbra atribuir un significado más amplio y que se suele entender por tal aquella comunidad en la que es posible prosperar gracias al propio talento, al trabajo y a la tenacidad. Seguramente en este sentido la usó Aznar o, mejor dicho, en este sentido quiso que creyéramos que la usaba.

Desde tal enfoque, a mi juicio se equivocan, y muy gravemente, quienes sin más desdeñan el elogio del esfuerzo y el talento, la que se llama, recurriendo a una expresión que a mí no me gusta, “cultura del esfuerzo”. La incompetencia ha colonizado de manera alarmante demasiados espacios de la sociedad como para ignorarla; la negligencia, catapultada por la sumisión, parece haberse transformado en requisito para el ascenso en multitud de esferas profesionales y no profesionales, públicas y privadas de nuestras vidas. En el ámbito educativo, corrientes pedagógicas sedicentemente progresistas parecen creer posible la supresión de toda dificultad y de toda disciplina de estudio en el interminable proceso de aprendizaje. Desde hace años se asedia al sistema de oposiciones en el acceso a los empleos públicos, bajo el amparo de teorías aparentemente muy avanzadas pero que ocultan la naturaleza real de la alternativa que se propone: la sustitución de los exámenes por evaluaciones subjetivas de “aptitudes” y el premio a la antigüedad en exclusiva por encima de cualquier otra consideración para la promoción dentro de la Administración. Nada más viejo en realidad.

Existe pues el problema. Y no es leve.

La patraña en la que se basan, sin embargo, quienes corrientemente invocan la meritocracia estriba en la presunción de que el éxito, en especial el éxito económico, es el resultado del mérito, o del talento, o del trabajo duro. No sólo es falsa semejante pretensión si se eleva a afirmación general, sino que a menudo es cierto exactamente lo contrario. En el fondo, el objetivo no es salvaguardar la adecuada valoración social del mérito, sino utilizarlo como excusa para salvaguardar los privilegios de quienes nunca se vieron realmente forzados a probar su valía. Hace ya muchos años que Max Weber desenmascaró esta trampa, inalterable a lo largo del tiempo.

En la actualidad es habitual ver a necios haciéndose de oro profiriendo simplezas en programas de televisión o difundiendo burradas por redes sociales, mientras investigadores brillantes sobreviven a duras penas con contratos precarios. Durante los meses más funestos de la pandemia descubrimos que algunas de las profesiones más necesarias para nuestra propia supervivencia (personal de limpieza o de recogida de basuras, auxiliares de enfermería, enfermeras, conductores de ambulancia) se encontraban también entre las peor pagadas. Simultáneamente, especuladores sin más mérito que la abyección moral y las lucrativas relaciones con personas influyentes, se enriquecieron intermediando en la compra de material sanitario, del mismo modo que otros se apropiaron de viviendas sociales y dejaron en la estacada a familias enteras.

El partido político al que pertenece y que lideró el señor Aznar ha hecho bandera de la supresión del Impuesto sobre Sucesiones. ¿Nos parece justo que un cretino que en toda su vida hizo cosa de provecho herede una fortuna de miles de millones y se la quede, e incluso pueda dilapidarla a placer provocando la ruina de muchos, sin aportar ni un céntimo al bien común, mientras una persona de talento carece de toda posibilidad por haber nacido en una familia sin nada? ¿De qué modo encaja esto en el ideal de mérito? Lo cierto es que nuestro actual sistema tributario en su conjunto hace recaer el sostenimiento del gasto público principalmente sobre los rendimientos del trabajo y privilegia de forma descarada aquellos que provienen de la propiedad y no del esfuerzo, las que en el mundo anglosajón se llaman, de forma bien elocuente, rentas “no ganadas”.

Las brutales desigualdades de riqueza del mundo en el que vivimos no sólo no son muestra del triunfo del mérito, sino que aplastan el talento y la creatividad de miles, de cientos de miles, probablemente de millones de personas a las que jamás se les dio ninguna oportunidad. Constituye una monstruosidad intolerable que un solo niño muera de hambre, pero supone también la estremecedora negación de cuanto ese niño pudo ofrecer al mundo. “Quizá el próximo Einstein se esté muriendo de hambre en Etiopía”, decía en una entrevista hace unos años el divulgador científico Neil deGrasse Tyson.

La justicia social en absoluto nace del deseo de venganza de los envidiosos contra los más capaces; entraña por el contrario la única esperanza para las prodigiosas capacidades humanas que la injusticia durante siglos ha sepultado. 

Es enternecedor escuchar en boca de las grandes familias del régimen la apelación al libre mercado para justificar el derecho de una empresa como Ferrovial a llevarse al extranjero su residencia fiscal para lograr unas ventajas aún mayores que le permitan tener más y mejores beneficios. Familias y empresas que han podido hacer su enorme fortuna gracias a que la dictadura les garantizó que en España nunca hubiera una libre concurrencia empresarial. Familias como la de los Del Pino, que lograron amasar una ingente fortuna gracias a participar en el bando vencedor de una guerra y de tener los favores de la dictadura franquista primero y de la democracia transaccional después. Familias y empresas que de mediar una disputa de libre mercado, al que apelan y dicen aspirar, no habrían salido del terruño caciquil de explotación agraria de manufactura en el que comenzaron su acumulación material. Ferrovial es el último caso que se usa para difundir ese relato, pero está enraizado en lo más profundo de las oligarquías cañís.

El comportamiento y el discurso liberal en la empresa de quien nació con todo y se cree que se lo ha ganado parte de la educación de pijos mimados que se crían en burbujas donde nunca hubo un no ni una privación, donde se les ha enseñado que son seres especiales con talento por encima del vulgo. Astrid Gil-Casares era la mujer de Rafael Del Pino. Después de divorciarse y tatuarse de manera compulsiva para convertirse en la pija underground de La Moraleja, le dio por contar en varias entrevistas cómo era su vida en su burbuja de excesos: “Vivía en una estratosfera y con una vida muy fácil. No me tenía que preocupar de nada. De cosas tan tontas como tener que salir de casa con llaves, o aparcar, o hacer colas. Y no pasa nada cuando no lo tienes”. Es llamativo ver cómo ahora, que sigue viviendo en La Moraleja, en una vida de lujo y sin privaciones, piensa que aquello fue algo del pasado. Que ya no tiene privilegios. Ahora es una esforzada literata que escribe novelas y hace películas para que participen sus otras amigas pijas.

Astrid Gil-Casares decía de Rafael Del Pino para explicar por qué se fijó en él: “Rafa es como James Bond. Inteligente, atractivo, sexy. Lo hace todo bien. Es el que mejor dispara, el que mejor esquía, el que mejor pilota helicópteros, el que mejor discursos hace […] Si mañana estallara la tercera guerra mundial y hubiera que irse a vivir a la jungla, él acabaría teniendo la mejor cabaña del bosque. No lo dudo. Sería el rey de la jungla”. Esa es su realidad. Esa es la autopercepción que estos pijos mimados tienen de sí mismos y de los de su clase. Seres superiores que son capaces de lograr cualquier cosa incluso si partieran de una posición de igualdad con quienes están acostumbrados a sobrevivir en condiciones adversas. Por eso en su ideología económica está arraigado el prescindir de los servicios públicos, que garantizan un mínimo de bienestar a quien no nace con sus privilegios. Una vez que el Estado les ha proporcionado su riqueza necesitan laminarlo porque ya no lo precisan. Es un pensamiento de casta arraigado en todas y cada una de estas familias criadas en el seno de una autarquía.

Ignacio Villalonga fue uno de los primeros liberales que desde una economía plenamente dirigida e intervenida por el favor de Franco a sus intereses consideraba que había que liberalizar la economía cuando favorecía sus propios intereses. Liberales forjados en el BOE. La Fundación Villalonga, que él mismo creó, publicó en España las obras de Ludwig Von Mises. En el año 1959, en un discurso para evaluar la marcha de la economía, el empresario valenciano expuso de forma diáfana sus ideas, las mismas que pueden encontrarse en los discursos de la derecha en la actualidad y del empresariado que representan personajes como Rafael Del Pino: “Hay que adecuar las utilidades de los trabajadores en función del rendimiento, pues será inútil gravar a las clases pudientes con muchos impuestos si las clases trabajadoras no dan el rendimiento debido. Y esto no es una orientación en contra de los obreros, sino precisamente todo lo contrario. Se puede aumentar la retribución en función del rendimiento, porque de otro modo se premia a los malos y se castiga a los buenos, y esto es precisamente lo que hay que evitar”.

Ese pensamiento anarcoliberal de las élites, difundido gracias a poder hacer carrera por haber sido miembros con renombre de la asonada fascista y de la represión, está incardinado en la filosofía de estos constructores del régimen que no habrían podido poner una sola piedra si no hubieran enterrado con cemento a la República y sus defensores. Ferrovial es solo un síntoma leve de una afección profunda que carcome la posibilidad del progreso en España. Una enfermedad nacional provocada por unas élites plagadas de pijos mimados que lo único que tuvieron que hacer fue poner a su nombre las fortunas acumuladas gracias al calor de una dictadura. 

Según Rousseau, los individuos se unen para defenderse del entorno natural y del daño que les pueden ocasionar otras personas. Esta unión constituye una estructura, el estado, con un alto potencial de convertirse en un ente opresor para los ciudadanos que lo constituyen.

Aunque a lo largo de la historia las funciones del estado se han ido multiplicando, los conflictos que plantea su existencia siguen siendo los mismos siglo tras siglo: la maximización de su eficacia y la minimización de la opresión que ejerce sobre sus ciudadanos (dejando al margen el problema de las relaciones exteriores).

Fijándonos en dos extremos, podemos encontrar un modelo de estado mínimamente opresivo en el promovido por la ideología liberal. Este estado interviene poco en la sociedad y en la economía, permite que las fuerzas del capital se desplieguen libremente y confía en que una mano invisible regule tanto la dinámica productiva como las dimensiones económica y social. En este contexto, aunque el estado oprima poco, las desigualdades en cuanto a riqueza y en cuanto al tipo de relación con los medios de producción favorecen que unos individuos exploten a otros. Éste es el modelo de estado defendido por la derecha política.

En el otro extremo podemos encontrar un modelo de estado intervencionista que intenta controlar la economía, como en el mercantilismo, o que incluso trata de extender su control a la sociedad constituyendo regímenes totalitarios. Este modelo de estado puede resultar más opresivo al monopolizar la economía y suplantar la acción social hasta el punto de asfixiar la libre iniciativa del pueblo. Por otra parte, este estado tiene una mayor capacidad de proteger a unos individuos frente a otros, que es lo que busca la izquierda política.

En el mundo occidental del siglo XXI no nos situamos en ninguno de estos extremos, sino en una inestable posición intermedia fruto de la dialéctica entre las opciones polares. Además, los sistemas de contrapesos y controles limitan la opresividad del estado. En cualquier caso, hay cuestiones en las que los intereses del estado creado para servir al pueblo chocan frontalmente con los de éste.

El sostenimiento económico del estado se realiza a costa del pueblo. El estado puede producir riqueza a través de sus propios medios, pero estos medios de producción de titularidad pública quedan detraídos de los bienes accesibles a los ciudadanos particulares. De forma mucho más significativa, el grueso de la financiación estatal procede de impuestos que el estado extrae del pueblo, privándole de forma directa de esa riqueza.

El funcionamiento del estado requiere que éste controle, en mayor o menor medida, al pueblo, lo que supone restringir sus libertades. Además, este funcionamiento va a ir orientado hacia unos objetivos determinados por una ideología que se impone al pueblo, independientemente de que esas ideas estén alineadas o no con los deseos o los intereses de la mayoría de ciudadanos.

Este choque entre estado y sociedad provoca reacciones como el anarquismo radical (o la pataleta de quemar contenedores de basura), la adscripción a instituciones antiestatales (como estados alternativos promovidos por ideologías nacionalistas, cultos religiosos e ideológicos de distinto tipo, etc) o la propuesta de debilitar el estado propia del argumentario liberal.

Otro frente de ataque al estado es el llamado tercer sector, constituido por instituciones sin ánimo de lucro económico, que desempeñan funciones públicas al margen del estado.

Entiendo que, a pesar de sus limitaciones e inconvenientes, el estado democrático que pertenece al pueblo, está regido por el pueblo, y trabaja para el pueblo, es la institución orientada a servir a la ciudadanía que mejor puede defender sus intereses.

Las ONGs pueden ejercer una función de tercero entre el estado y la sociedad para amortiguar conflictos de interés. Así, si el dinero obtenido por el estado mediante multas se canalizase por esta vía, se podría amortiguar la rapacidad recaudatoria del estado en este campo.

Sin embargo, cuando el tercer sector es financiado mediante subvenciones de dinero público, reúne las desventajas de la iniciativa privada con los inconvenientes del estado. Estas ONGs están dirigidas por ideologías que el pueblo no puede refrendar o rechazar en las urnas, no están sometidas al mismo control y escrutinio que las instituciones públicas, contratan y favorecen a unas personas u otras sin aplicar los mismos criterios de equidad que el estado y, sin embargo, cargan a los ciudadanos con su sostenimiento mediante impuestos. Desplazan al sector público asumiendo tareas que el estado podría desarrollar de forma mejor alineada con estrategias generales, con más equidad, y con profesionales mejor seleccionados.

El tercer sector se acaba convirtiendo en un caballo de Troya que el liberalismo utiliza para desmantelar el estado, quitándole funciones en los terrenos sociales, sanitarios, etc.

Entiendo que los ideólogos liberales promuevan el desarrollo de este tercer sector, sin embargo, necesitaría que me explicasen por qué políticos adscritos a partidos de izquierdas apoyan el debilitamiento del estado en favor de las ONGs. Creía que la izquierda buscaba la igualdad, facilitada a través del estado. Si la izquierda que tenemos no se dedica a eso, ¿a qué se dedica?

A principios de noviembre, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, visitó Madrid y compartió comparecencias y entrevistas con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. En una de esas citas conjuntas, el alemán defendió el histórico plan de choque de 200.000 millones de euros que ha movilizado el Gobierno de su país para aliviar el daño de la inflación. Incluso quitó peso a su impacto en el déficit [el desequilibrio del presupuesto público]: “No esperamos que varíe mucho. Se distribuyen en varios años. Y los ingresos tributarios son sustanciales”. Inmediatamente después, el español puso muchos más inconvenientes a aumentar el gasto público: “Es de vital importancia que haya coherencia con la política monetaria”.

Hernández de Cos evidenció en sus declaraciones más preocupación por el tamaño y la forma de los estímulos que el máximo representante del bastión de la ortodoxia económica en la eurozona. En definitiva, su posición puso sobre la mesa la carga ideológica que destila la institución española, próxima a los postulados económicos que pregonan las formaciones políticas conservadoras. Y eso que la UE atraviesa una crisis energética y de precios que está infligiendo un golpe histórico al poder adquisitivo de las familias, especialmente al de las más vulnerables.

Una situación que supone un reto mayor en España, donde los trabajadores han sufrido más en los últimos años, según constató recientemente la OCDE. La Organización internacional lo reflejó con la comparación de la evolución de la renta real de las familias y el PIB per cápita en las principales economías europeas.

Incide en la misma posición ideológica que el principal argumento del gobernador en la entrevista que concedió junto a Nagel fue el apoyo a la subida de los tipos de interés oficiales por parte del Banco Central Europeo (BCE). Una estrategia que obvia que el encarecimiento de la financiación (hipotecas y préstamos) no puede intervenir en los cortes de suministro del gas ruso o en la producción de petróleo de las dictaduras de Oriente Medio. Al menos, hasta que no ahogue por completo a familias y empresas. Tras provocar una recesión “severa y prolongada”, como advirtió este misma semana Fabio Panetta, el representante italiano en el Comité Ejecutivo de la institución.

Algunas de las recomendaciones y recetas del Banco de España durante los últimos meses han insistido en este pensamiento económico ortodoxo, centrado en proteger los beneficios empresariales, alertar sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas o cuestionar medidas diseñadas para salvaguardar las rentas de trabajadores y pensionistas.

En contra del impuesto a la banca

La última prescripción en esta línea ha estado relacionada con el impuesto extraordinario a la banca, propuesto por el Gobierno y que se encuentra en fase de aprobación parlamentaria. Sobre este gravamen, el BCE emitió un informe consultivo en su contra. Por “el impacto específico sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas y sobre las condiciones de competencia en el mercado, de manera que se garantice que su aplicación no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos”, señala el documento. 

Un texto al que el Banco de España se ha adherido, pese a admitir que el impuesto representará apenas un 5% del beneficio de los bancos. Las entidades financieras están consiguiendo ganancias excepcionales por las subidas de tipos. Distintos economistas han ironizado sobre el silencio de la institución que gobierna Hernández de Cos sobre el reparto de dividendos y las recompras de acciones que afronta el sector, pese a suponer una salida mucho mayor de dinero.

Pacto de rentas

Otro posicionamiento alineado con las empresas que ha adoptado recientemente ha sido su divulgación del pacto de rentas. El Banco de España defendió desde el inicio de la crisis de inflación la necesidad de repartir el daño. Durante todos estos meses ha insistido en la moderación de las subidas de los salarios para evitar “los efectos de segunda ronda”, que presuponen una espiral empobrecedora en la que los sueldos persiguen a los precios. Desde la institución monetaria siempre se ha hecho una defensa de la moderación salarial, pero en otros tiempos sin alta inflación, el argumento esgrimido por el Banco de España era que la contención de los sueldos ayudarían a ganar competitividad y que la evolución salarial en nuestro país debería estar vinculada a la evolución específica de las empresas y a la productividad de los trabajadores.

Un tiempo en el que la institución nunca ha enfatizado el peligro del crecimiento de los beneficios empresariales, aunque sus propios informes de resultados de las compañías de nuestro país han apuntado a mayores ganancias en general en los últimos trimestres, y en concreto de las compañías energéticas y de la banca. Con importantes mejoras de los márgenes (la capacidad de convertir en beneficios los ingresos), en distintos sectores, lo que refleja el traslado del aumento de los costes a los precios finales.

“La respuesta de los salarios al repunte inflacionista ha sido, hasta la fecha, moderada. De cara al futuro, se considera que esta respuesta continuará siendo relativamente contenida, lo que evitará que se desencadenen fenómenos de retroalimentación entre los crecimientos de los salarios y los de los precios finales”, reconocía el informe de previsiones económicas de octubre. Un documento en el que no se mencionan ni la evolución de los beneficios empresariales, ni de los márgenes.

Antes, incluso ha dedicado un par de informes a cuestiones tan concretas como al “[...] impacto de la inflación sobre la negociación colectiva en 2022” o “Un análisis del contenido de las cláusulas de salvaguarda firmadas recientemente”. En el primero, afirmó, de nuevo, que “en la medida en que los salarios reaccionen de forma significativa a dicho repunte [de la inflación], esta se extenderá previsiblemente durante un horizonte temporal más amplio, puesto que aumentarán las posibilidades de que el incremento de los precios energéticos, principal factor existente detrás del episodio inflacionista actual, se filtre al resto de los precios y de los costes de la economía”. Y omitió cualquier referencia a márgenes o ganancias empresariales.

Pensiones

En su defensa particular del pacto de rentas, también desde un principio pidió que se incluyera en el reparto del daño de la inflación a pensionistas y funcionarios. En concreto, Hernández de Cos aconsejó en el Congreso de los Diputados que las pensiones no se debían actualizar en 2023 según el IPC (Índice de Precios de Consumo), pese a estar así establecido en la última reforma de 2021. También que los sueldos de los trabajadores públicos tenían que subir por debajo de este indicador, que terminará el año cerca del 8%. El Gobierno ignoró la primera recomendación.

Hace dos años, el Gobernador del Banco de España también criticó que en los Presupuestos se recogieran  los incrementos del 0,9% de las pensiones y de los sueldos de los empleados públicos. A pesar de la exigua subida, Hernández de Cos sostuvo que no consideraba adecuados estos incrementos en un contexto de “fragilidad de la economía” y, en concreto, sobre el alza salarial de funcionarios abogó por que se focalizaran solo en determinados colectivos, como “el personal sanitario”.

“El Banco de España se dedica permanentemente a plantear alternativas de qué es lo que tiene que hacer este país en cuestiones de fuerte confrontación y de compromisos muy importantes en el ámbito político y de los interlocutores sociales y desde CCOO decimos que el acuerdo de pensiones se tiene que cumplir”, aseveraron en mayo desde este sindicato.

Para las empresas, las propuestas del gobernador no han sido nunca tan concretas. Ni ha mencionado límites de precios, ni ninguna otra medida respecto al control de las ganancias de las compañías. Por otro lado, también ha descartado bajadas de impuestos.

La posición del Banco de España sobre las pensiones viene levantando polémicas desde hace años. Desde antes de la crisis de inflación, y tras la eliminación del factor de sostenibilidad, su discurso ha insistido en alertar del aumento del gasto y en la amenaza de un incremento de la deuda pública respecto al PIB (Producto interior bruto). Con propuestas como alargar la edad de jubilación o invertir en planes de pensiones, y reducir el coste fiscal de estos productos financieros.

“Los dos elementos centrales de contención del gasto en pensiones establecidos en la reforma de 2013 [el factor de sostenibilidad nunca se llegó a aplicar] se han derogado recientemente”, lamentó la institución en su Informe Anual de 2021. “Dichos elementos permitían aliviar de forma significativa la situación financiera del sistema de pensiones, si bien a costa de una notable reducción de la cuantía de las prestaciones en relación con el salario medio”, reconoció en el mismo texto.

“El ahorro privado puede desempeñar un papel relevante como complemento de las prestaciones ofrecidas por el sistema público de reparto”, recalcó. “Un trabajo reciente del Banco de España sugiere que realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo puede ser un instrumento útil para generar nuevo ahorro destinado a la jubilación”, añadió.

La mochila austriaca

En el Informe Anual de 2020, el Banco de España exploró otro terreno controvertido: el abaratamiento del despido. El equipo de economistas de la institución realizó una propuesta sobre “un modelo basado en la acumulación de derechos en fondos individuales de los trabajadores”. En definitiva, una “mochila austriaca”, cuya implantación venían defendiendo los partidos de derechas en los años anteriores.

“Una de las posibilidades que se han considerado para corregir estas deficiencias [dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales según su análisis de entonces], tanto en la literatura académica como en el debate público, es la acumulación de un fondo individual a lo largo de la vida laboral”, explicó.

“Bajo este sistema, las empresas contribuyen todos los meses a un fondo a nombre del trabajador, que este puede recuperar cuando se produce una pérdida involuntaria del empleo —ya sea como consecuencia de un despido o de la finalización del contrato—. En caso de baja voluntaria, el trabajador no pierde el importe acumulado en el fondo y puede seguir ampliando su cuantía con aportaciones de otros empleadores”, detalló.

“Si no lo ha recuperado antes, el trabajador puede disponer del volumen total de recursos acumulado en este fondo en el momento de la jubilación. Como contrapartida a las contribuciones mensuales de las empresas a los fondos individuales de sus trabajadores, en este sistema, la indemnización que las empresas tendrían que pagar en el momento preciso de producirse un despido se reduce”, concluyó.

Los sindicatos reaccionaron con contundencia al considerar que el Banco de España intentó “resucitar la vieja y caduca” medida de la mochila austriaca con el objetivo de abaratar los costes del despido en España. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, denunció la “insolvencia permanente que muestra esta institución al irrumpir como elefante en cacharrería” en el debate sobre la modernización del mercado laboral, “siempre con las mismas tesis”.

La polémica del SMI

También en 2021, el Banco de España levantó una fuerte polémica con un informe sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Según los cálculos de la institución, ralentizó la creación de empleo. Y esta conclusión reforzó las quejas de las empresas.

El documento “presenta, desde mi punto de vista, algunas decisiones metodológicas que ofrecen dudas sobre su capacidad para explicar los efectos globales de una subida del SMI”, alertó Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales. Su crítica fue una de las muchas que surgieron de instituciones y expertos progresistas.

En apoyo al argumento de la consideración “de la equidad”, que esgrimió Nacho Álvarez en su defensa del aumento del SMI, los hogares que viven con menos de 1.000 euros al mes cayeron por debajo del 15% en 2021 por primera vez, según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto nacional de estadística (INE), que se realiza desde 2006.

En los últimos meses, también se ha remarcado la relevancia del SMI para proteger a los más vulnerables del daño de la inflación. Y el Gobierno se han comprometido a cumplir con el objetivo de situarlo en el 60% del salario medio.

Consolidación fiscal

El déficit siempre ha sido una de las principales preocupaciones del Banco de España. En reiteradas ocasiones, Hernández de Cos ha pedido al Gobierno que ponga en marcha una “estrategia de consolidación fiscal” con vistas, sobre todo, a reducir el déficit estructural. En la última comparecencia en el Congreso para dar su posición sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2023, el gobernador advirtió del riesgo de que una mayor recaudación se convierta en gasto estructural y llegó a pedir que las políticas fiscales tuvieran fecha de caducidad. A pesar del récord de ingresos públicos debido a la buena marcha de la economía, advirtió de que una parte del incremento del gasto público se está convirtiendo en estructural, por lo que se podía poner en riesgo la consolidación fiscal. 

Ahora bien, a Hernández de Cos no le gustan las subidas de impuestos aunque se dediquen a reducir el déficit. De hecho, en 2021, antes de la guerra, el Banco de España alertaba en un informe de que la expectativa de subida de impuestos podría tener un efecto disuasorio en el gasto del ahorro embalsado por las familias durante la pandemia. En noviembre de 2020, cuando la economía española cogía velocidad tras los confinamientos, Hernández de Cos lanzó dudas sobre nuevos tributos como la tasa Google o el impuesto a las transacciones financieras y recalcaba que aunque había “riesgos a la baja” no era aconsejable “un aumento generalizado de la presión fiscal”. Aunque entonces España estuviera muy lejos de la media de la Unión Europea en presión fiscal.

Ya estaban tardando. Era cuestión de tiempo que los apóstoles del sufrimiento empezaran a predicar la cruda palabra de la ortodoxia económica liberal. No hay día que no salga alguna autoridad a anunciarnos que sólo ven dolor, como el coronel Kurtz en Apocalipse Now, pero que es bueno y necesario. Para ser tan liberales, qué rápido se les olvida la máxima de Adam Smith en La Riqueza de las Naciones: la tarea de un gobierno es gobernar procurando causar las menores injusticias, humillaciones e incomodidades posibles a los gobernados.

No hay informe sesudo que no pronostique la inminencia del sufrimiento masivo, confirmando una vez más que, quienes recomiendan con tanta dadivosidad el esfuerzo y el sacrificio de los demás, lo hacen porque realmente nunca lo han experimentado. La exuberancia irracional de esta economía sadomasoquista, basada en el dolor y el sufrimiento autoinfligidos, no es nueva. Ya la padecimos en la Gran Recesión, con su hermana pequeña, la austerocracia, de la mano. Entonces debíamos sufrir porque habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y porque había que evitar el riesgo moral de que aquellos que se habían endeudado se fueran sin pagar.

Hoy ya no pueden acusarnos de despilfarradores o de jetas, así que debemos sufrir porque sí, porque es la manera de “enfriar” la economía y controlar la inflación que es, eso dicen, el impuesto de los pobres. Para hablar tanto de esfuerzo y sacrificio, llama la atención que la solución que recomiendan resulte la más obvia y la más sencilla de implementar. Podían optar por reformar a fondo mercados donde la opacidad y la especulación responden por buena parte de esa inflación, o intervenir precios y ofertas alteradas por la excepcionalidad, o reformar las políticas fiscales, o rebajar sus políticas de remuneración a la banca; pero no, suben los tipos de interés, porque es lo más fácil y porque toca sufrir y porque sin sufrimiento no hay recompensa.

Tomemos por ejemplo un tomate. ¿Por qué ha subido su precio más de una cuarta parte? No ha sido porque el productor haya repercutido en la escalada de sus costes, pues le sigue sacando el mismo margen de subsistencia. Tampoco porque los transportistas se hayan vuelto locos disparando sus costes. Mucho menos porque los consumidores nos hayamos dedicado a comprarlos como si se fuera a acabar el mundo. Puede que algo hayan tenido que ver las petroleras que han duplicado sus beneficios o las grandes distribuidoras que anuncian ventas y precios récord.

Siguiendo la aclamada teoría del riesgo moral: por qué han de sufrir dolor todos estos actores que no han causado el problema, mientras los que se están beneficiando ven como se les bajan los impuestos. En España, entre todas las rebajas fiscales anunciadas, la mitad de su importe irá a los bolsillos del diez por ciento más rico de la población.

Tomemos otro ejemplo, las hipotecas que pueden encarecerse hasta en una tercera parte. ¿Las han encarecido compradores de vivienda tomando decisiones irresponsables? ¿O inquilinos irresponsables que no pagan sus obligaciones? ¿O unos trabajadores que llevan una década conteniendo sus salarios y no han recuperado ni siquiera los niveles previos a la Gran Recesión, mientras los salarios de sus jefes se disparan? ¿Por qué han de sufrir la gran mayoría mientras la banca se encamina hacia unos resultados históricos a finales de este año? Parece que el riesgo moral sólo funciona hacia abajo, nunca hacia arriba.

Si la riqueza se redistribuyera con la misma alegría que se reparte el dolor, seguro que el sueño de Mariano Rajoy y Felipe González de acabar con los pobres haciéndolos a todos ricos hace décadas que sería una realidad.

Uno de los pilares del estado moderno es la educación universal, gratuita y obligatoria, a través de la cual el estado va modelando la sociedad de acuerdo con ciertos principios que varían según nos movamos en el tiempo y el espacio, pero que de manera invariable incluyen el nacionalismo.

La teoría de “las dos Españas” nos ofrece dos modelos de sistema educativo, cada uno con sus propios principios. A partir de la dialéctica entre estos dos modelos, han ido surgiendo a lo largo de los años distintas leyes tratando de estructurar el sistema. Estas leyes han sido reemplazadas prácticamente con cada cambio de gobierno, no habiéndose alcanzado una síntesis que permita una cierta estabilidad en la práctica educativa. Cuando estas leyes se modifican sin buscar siquiera un mínimo consenso entre las fuerzas políticas y sociales implicadas, se potencia la polarización y con ella la inestabilidad que socava nuestro sistema educativo.

El modelo “liberal” busca la llamada “excelencia” educativa con vistas a producir trabajadores competitivos que prosperen en el mercado laboral. Estos trabajadores bien formados podrían competir a nivel internacional con los trabajadores de otros países y ocupar puestos altamente cualificados, reduciéndose la tasa de desempleo que azota a nuestra nación. Por otra parte, estos trabajadores altamente cualificados lograrían elevar la productividad, y con ello la economía española. Este modelo fomenta la competitividad entre alumnos, centros educativos y sistemas (público, privado y concertado), promoviendo el esfuerzo y atrayendo recursos hacia la educación para maximizar la productividad.

El modelo “progresista” busca promover una sociedad igualitaria y combatir la exclusión. Minimiza la competitividad que provoca que los centros o alumnos menos exitosos queden postergados o excluidos, aún a costa de reducir los resultados educativos medibles con sistemas como el informe PISA. Este modelo se opone a la estratificación por niveles de rendimiento, a la inequidad de recursos (y por tanto a las enseñanzas privada y concertada) y a cualquier forma de marcar (o evidenciar) diferencias. En el contexto de una sociedad estratificada, pretende maximizar la eficacia del sistema educativo como ascensor social, reduciendo el impacto de las desigualdades de recursos con las que parten estudiantes procedentes de clases sociales diferentes.

Aunque estamos lejos de haber logrado una síntesis coherente entre estos dos modelos, hay un cierto acercamiento hacia esta, habiéndose eliminado prácticamente del discurso político-educativo cuestiones como la prohibición de la educación privada para potenciar la igualdad de recursos o la estratificación de alumnos según su rendimiento para maximizar su aprovechamiento educativo.

La estratificación de alumnos permite que el “nivel” al que se orienta el trabajo educativo se adecúe a las capacidades del grupo de alumnos, maximizando el rendimiento de los más capaces y evitando el “descolgamiento” de los que tienen más dificultades. Este proceso de adaptación de la educación a los alumnos resulta progresivamente más difícil conforme aumentan el número de alumnos por grupo y la heterogeneidad de las capacidades de estos.

El problema fundamental de esta estrategia es que magnifica las diferencias iniciales de los alumnos en cuanto a su rendimiento educativo. Al depender en parte estas diferencias iniciales de la clase social de procedencia, se rigidifican las clases y se reduce la movilidad social.

Un caso particular de la estratificación de niveles educativos es la educación especial para alumnos con discapacidades. Buscando la integración social de estos alumnos se los mantiene en grupos de educación ordinaria mientras es posible, y se estimula su rendimiento con apoyos, pero a veces, conforme avanzan los cursos y se complican las materias a aprender, llega un momento en que algunos de estos alumnos se “descuelgan” y les resulta imposible comprender y aprender al nivel de sus compañeros. Llegado ese punto, mantener a estos alumnos en aulas ordinarias, en nombre de la integración, lo que provoca es la exclusión más dolorosa, siendo estos niños confrontados a diario con su “retraso” y la exclusión respecto a los compañeros con los que comparten espacio. Entonces se recurre a la formación de grupos especiales, de número reducido, con compañeros de similar nivel de dificultades, donde el niño puede desplegar mejor su rendimiento y sentirse integrado. Siguiendo el mismo principio, algunos niños llegan a requerir ayuda en centros educativos especializados en este tipo de necesidades.

Otro punto en el que parece haber consenso entre los modelos españoles de sistema educativo, es la renuncia a formar ciudadanos con pensamiento crítico que puedan sustentar el proceso democrático. El modelo progresista aborda cuestiones sociales al utilizar el sistema educativo para transmitir los valores morales correspondientes con su modelo de sociedad (fundamentalmente, la igualdad moral y social de ciertos colectivos tradicionalmente excluidos) y por ello sus detractores le acusan de adoctrinamiento, mientras que el liberal se acerca más a la vehiculización de valores cristianos, pero ninguno de ellos promueve el pensamiento crítico y mucho menos la rectificación subjetiva, el hacerse cargo de uno mismo y asumir la responsabilidad que ello conlleva, en vez de quejarse de lo que hacen otros. El arrinconamiento progresivo de las humanidades en la educación es un síntoma claro de esto.

En el origen del Renacimiento, Florencia se encontró con la dificultad de sostener su gobierno republicano ante la falta de ciudadanos educados, capaces y responsables, con pensamiento crítico para analizar los problemas del estado y trabajar en sus soluciones. Ante la crisis política, se buscó la solución en la educación rescatando saberes de la antigüedad, fundamentalmente de la Roma republicana y la Atenas clásica. Se “minaron” los monasterios en busca de textos antiguos, se desarrolló la lingüística, se recuperaron las lenguas clásicas, se alimentaron las artes, floreció el campo designado con el nuevo término de “humanidades”, y se catalizó una reacción que se propagó por Europa Occidental acabando con la Edad Media.

Hoy el mundo occidental afronta una grave crisis de liderazgo. Líderes como Donald Trump o Boris Johnson llegan al esperpento en la gestión de situaciones como la pandemia por la COVID-19 o el Brexit. En España, resulta llamativa la inadecuación de una generación de políticos que han crecido y se han educado en la democracia (fenómeno análogo a lo que ocurrió en la Atenas clásica).

Tal vez no haya que reinventar la rueda, sino recurrir a la receta que ya solucionó un problema similar al final de la Edad Media. La educación de nuevas generaciones de ciudadanos con sentido crítico y capacidad de diálogo puede acercarnos a la síntesis de modelos educativos y sociales, y con ella a la estabilidad necesaria para el funcionamiento tanto de la educación como del país en su conjunto.

No mucha gente recuerda hoy la disputa que el fundador del utilitarismo Jeremy Bentham mantuvo con Adam Smith, quien está considerado el padre del liberalismo económico, a cuenta de la regulación pública de la tasa de interés en los préstamos.

En un apartado de su más conocida obra, La riqueza de las naciones, Adam Smith defiende la idea de que el Estado limite el tipo de interés que puede cobrarse a poco más del mínimo que exista en el mercado, o “al habitualmente pagado por aquellos que pueden garantizar la máxima seguridad”. El interés legal se fijaba entonces en Gran Bretaña en el 5%. Aunque pueda sonar extraño a quienes contemplan a este autor con las orejeras del prejuicio y bajo el único prisma de esa simpleza tantas veces repetida de la mano invisible, la razón que aducía era en el fondo de protección del bien común.

Razonaba que una libertad sin restricciones en el mercado o una regulación demasiado laxa estimularían la proliferación de préstamos con elevado interés a “pródigos y temerarios”. Cuando hablaba de pródigos estaba pensando en derrochadores, en personas que malgastan su fortuna en placeres improductivos, y por temerarios reputaba a quienes hacían inversiones aventureras que en la mayoría de las ocasiones acababan resultando ruinosas. Creía Adam Smith que el establecimiento de un interés máximo, por el contrario, fomentaría la financiación de actividad económica segura y provechosa para el conjunto de la sociedad. Si el prestamista no puede obtener más de un techo de rendimiento en su capital, a partir de ese techo la ventaja que perseguirá será la seguridad, y esto le beneficiará no sólo a él sino a toda la comunidad con un crecimiento económico razonable y sólido.

Jeremy Bentham, quien por lo demás tenía a Smith por un maestro, le replicó en 1787 con un opúsculo de título sobradamente expresivo y que en su tiempo fue muy celebrado en el Reino Unido: En defensa de la usura. Sus razones nos son hoy harto familiares: el Estado no debe intervenir ni constreñir en modo alguno el mercado financiero porque éste ya por sí mismo fijará el nivel óptimo de rendimiento y los precios más adecuados del dinero. ¿Quién es el Estado para impedir que nadie preste lo que es suyo con el interés que le plazca si hay quien está dispuesto a pagárselo? “Ningún hombre de edad madura y mente lúcida –escribió-, que actúe libremente y con los ojos abiertos, debería verse impedido a la hora de obtener dinero por tales medios, si así lo estima oportuno en la búsqueda de su propio beneficio”.

Un repaso somero de la historia de entonces a la actualidad nos debería hacer concluir que Adam Smith llevaba razón, pero también nos hará ver con desaliento que somos tozudos en repetir una y otra vez los mismos errores. El 15 de octubre de 1929, Irving Fisher, uno de los más prestigiosos economistas del momento, autor de una respetada teoría del dinero, de una ecuación y un teorema célebres que llevan su nombre, declaró que el mercado de valores había alcanzado tal grado de estabilidad que era sencillamente impensable una bajada significativa en muchos años, si es que alguna vez ocurría. El 28 de octubre de ese mismo año se produjo el crac bursátil que arruinó a miles de personas (a Irving Fisher, que perdió todos sus ahorros, entre ellos) y desencadenó una década de pobreza y exasperación sin precedentes sólo concluida tras la Segunda Guerra mundial.

Luego el economista Minsky nos enseñó que la ratio de deuda privada y PIB integra la demanda agregada de la economía de un país, y que cuando el apalancamiento financiero alcanza un determinado umbral en el que el rendimiento de las inversiones se sitúa por debajo del coste financiero se entra en un ciclo destructivo, e irreversible a partir del momento en que se pide prestado para pagar interés de deuda previa. Ahí ya sólo una intervención pública que controle y reduzca la deuda privada puede paliar el cataclismo. Pero, naturalmente, será a costa de transferir la deuda privada al sector público, por lo que todos, hayamos o no sido irresponsables, hayamos o no invertido, prestado o pedido prestado a otros de manera imprudente, pagaremos los platos rotos. Se arruinarán empresas porque se desplomará la demanda, se disparará el desempleo y, en el momento en que el endeudamiento privado explote a las familias, miles de personas serán arrojadas fuera de sus hogares por no poder seguir pagando sus facturas.

Aún así, tanto da. En 1999 un nutrido grupo de congresistas norteamericanos impulsó la derogación de la conocida como Ley Glass-Steagall, que había sido aprobada en los años 30 por el Gobierno de Franklin D. Roosevelt para regular el mercado financiero, estableciendo sobre todo una disociación de banca de depósito y banca de inversión que evitase que quien especulara con su dinero estuviese poniendo en riesgo la totalidad de la economía. Para evitar que algo como la Gran Depresión volviera a suceder. Los promotores de la derogación de nuevo invocaron la libertad y la que ha sido una de las falacias económicas más dañinas de la historia: la idea, tenazmente desmentida por la experiencia, de que todas las crisis capitalistas son sectoriales y acaban superándose tarde o temprano por el correspondiente ajuste de precios. 

Otros países siguieron a Estados Unidos en el levantamiento de los controles públicos del mercado. Y no pasaron ni diez años antes de que volviese a volar todo por los aires.

Esta historia ya es más reciente y seguramente no hará falta que la contemos.

Pero más allá del relato y las teorías económicas (el mismo Bentham sí era partidario, por ejemplo, de la regulación pública del precio del trigo), late una determinada controversia sobre la libertad humana, y sobre la relación entre la libertad individual y el bien de la comunidad, que deberíamos dirimir algún día. Más en estos meses de pandemia en los que tantas veces se ha medido si pesa más dejar que cada quien haga lo que le apetezca o la salud del conjunto de la sociedad.

Va abriéndose camino, con toda probabilidad porque aprovecha a muy poderosas élites, una delirante concepción de la libertad individual que la desliga de su inevitable correlato, la responsabilidad, y que la contrapone a la cooperación social, que constituye, precisamente, la más firme garantía de la libertad humana. Si nuestra conducta destruye la comunidad en la que vivimos estamos acabando con la condición primera de nuestra libertad.

Buscar amparo en el liberalismo para semejante delirio supone una estafa intelectual. En ninguno de sus clásicos lo hallaremos. Ni en Adam Smith, ni en Bentham, ni en ningún otro. Stuart Mill fija el daño a la sociedad como límite de la libertad individual, algo que por otra parte ya proclamaba la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Y el autor de La riqueza de las naciones dejó escrito, con claridad meridiana: “todo ejercicio de la libertad natural de unos pocos individuos que ponga en peligro la seguridad de toda la sociedad es y debe ser restringido por las leyes”.