El edificio E9 del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, sigue manteniendo un cierto aire futurista a pesar de que ya acumula algunos lustros y un pasado. Su primer inquilino llegó con el sueño que acabó en pesadilla de crear una escudería vasca de Fórmula 1 de la mano del catalán Joan Villadelprat, el proyecto Épsilon-Euskadi. Aquello fracasó sin llegar a disputar ni una sola carrera en la máxima categoría de los monoplazas y se tragó decenas de millones de euros del dinero público que lo había patrocinado. La mole quedó abandonada durante años. Hasta ahora. En el E9 han repintado el rojo de Épsilon-Euskadi por el verde clarito de Basquevolt. Es otro sueño automovilístico. Este lunes, con la presencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, del diputado general de Álava en funciones, Ramiro González, y de la nueva alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, entre otras autoridades, se ha inaugurado el “Innovation Center” del proyecto, que es público en un 25% y que aspira a una “ruptura” en el mundo de los vehículos eléctricos. Quiere “democratizarlos” diseñando baterías un 30% más baratas y con un 50% más de autonomía (750 kilómetros sin carga). Se promete que los coches con baterías de Basquevolt circularán desde 2028, siete años antes de que esté previsto el final de los motores de combustión en la Unión Europea.

“Basquevolt lo ha conseguido y es un proyecto de libro: desarrollo tecnológico e industrial 'made in Euskadi'. Una iniciativa transformadora que impacta en todos los retos globales, el digital, el energético, el climático y el social. [...] Este proyecto es un ejemplo del dinamismo de nuestro sector industrial, de innovación y de colaboración”, ha enfatizado Urkullu. Basquevolt cuenta con apoyo del Gobierno vasco y con fondos de CDTI estatal, así como con apoyo de Iberdrola, CIE Automotive o Enagas. Urkullu ha destacado que este plan debería contar con apoyo de fondos europeos al ser verdaderamente “transformador”, pero fuentes oficiales indican que no los ha recibido aún. Y ha repetido, asimismo, que “funciona” la “colaboración público-privada” en Euskadi.

El CEO de Basquevolt es Francisco Carranza. Tiene más de una década de experiencia en Nissan. Trabajan con él en Miñano más de 40 personas de 15 nacionalidades, según ha destacado. Se habla mucho inglés como lengua franca. Del E9 han desaparecido los restos del naufragio. Ya no está la sala con los trofeos de Villadelprat ni queda rastro de los prototipos y componentes de la escudería. La parte del túnel del viento, ubicada en el mismo edificio, ahora la aprovecha otro proyecto diferente de Basquevolt, CTA, como indica el cartel de la puerta.

En una visita guiada a las instalaciones, se ha destacado que la pasada semana fue “muy importante” para la viabilidad de Basquevolt ya que, de sus laboratorios, salió la primera batería ensamblada. En sus laboratorios, tienen zonas libres de humedad -“con punto de rocío a -45 grados centígrados”- para que los componentes de las celdas que se diseñan no se resientan. Después se ensayan en cámaras que permiten hasta 500 tipos de temperatura. Se promete un producto con menor “sensibilidad” a las altas temperaturas, que ahora generan riesgo incluso de explosiones. En contextos muy fríos ofrecerá un rendimiento similar a la de las actuales. ¿Por qué? Porque su innovación técnica es un electrolito en estado “semisólido”, en gel. Prescinde del electrolito líquido, que es más inflamable. Para el futuro se apela a celdas con componentes en “estado sólido”.

Basquevolt no fabricará las baterías para los coches en serie. Ahora las crea en laboratorio y desde finales de año realizará prototipos en sus propias instalaciones, todavía sin estar totalmente montadas. Primero probará celdas de 20 amperios y luego irá a las de 80, que son las habituales en los modelos eléctricos actuales. Después, el montaje en cadena se hará en otra fábrica. Carranza ha prometido que ese centro de producción estará ubicado en Vitoria y ha indicado a este respecto: “Nuestro objetivo sigue siendo un arranque de producción a finales de 2027”. Eso implicará que “los primeros vehículos equipados estarán en la carretera en 2028”, ha pronosticado. Antes, a finales de 2023, se conocerán también quiénes ser los “socios estratégicos”.

Vitoria ya tuvo otro proyecto que venía a romper el molde del sector de la automoción. Se llamaba Hiriko y también quería revolucionar y electrificar la movilidad urbana. Fue una suerte de 'spin-off' de Épsilon-Euskadi -sus ingenieros salieron de allí- y también se tragó decenas de millones de euros. Ahora, Basquevolt recalca que busca hacer lo que no logró Hiriko, que es pasar de la I+D y de las patentes a la industrialización.

Asimismo, es casi una obsesión para Basquevolt reducir la “dependencia” del mercado de proveedores asiáticos. Anhela una “tecnología propia europea”. Pero, ¿es verdaderamente el de Vitoria un proyecto sin parangón en el mundo? “Estamos delante de un reto geopolítico importante. La mayor parte de nuestros competidores están en Estados Unidos y China. Han empezado antes, sí. Intentamos atraparles. Nuestra diferencia es que nuestro foco principal es la reducción de costes. La gente suele perder de mirada al cliente. Ahora, lo que frena muchísimo al cliente [a la hora de comprar un coche eléctrico] es el precio. Por eso estamos muy centrados en el coste. Eso nos lleva a sacrificar una serie de parámetros, pero ésa es la diferenciación principal”, ha explicado Carranza.

El CEO ha indicado también que con Basquevolt se logrará la “paridad” en el coste de un coche de combustión con uno eléctrico. “Se puede liderar desde Euskadi una revolución tecnológica de esta magnitud”, ha solemnizado. Según fuentes de la empresa, el 90% de las aplicaciones de las baterías irán destinadas a la automoción, si bien también podrán ser útiles los desarrollos para aeronáutica o objetos más sencillos como la tecnología móvil. El prototipo actual es el BV4A y hay previsto llegar hasta el BV4D.

Una década después de un sonoro fracaso que implicó procedimientos judiciales y la pérdida de casi 20 millones en ayudas públicas, el coche eléctrico 'made in Basque Country' Hiriko ha resurgido bajo el nombre de Lakota en la localidad navarra de Tudela. Como publicó este periódico, la empresa NTDD ha adquirido los restos de aquel naufragio y ha preparado ya una nueva oferta de movilidad eléctrica urbana basada en las patentes desarrolladas en su día. El plan fue presentado en Euskadi por vez primera en la feria Go Mobility celebrada en Ficoba, en Irún, el pasado mes de abril. Preguntado por ello en el Parlamento Vasco, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, no exhibe preocupación y cree que el nuevo proyecto no supone ya un quebranto para las arcas públicas. Sugiere también que esa tecnología que hace una década iba a ser revolucionaria ya no lo es.

“Desde la finalización del proyecto de I+D Hiriko han transcurrido diez años, periodo superior a la media en el que es habitual que se amortice una patente tecnológica, y transcurrido el cual el contexto en torno al vehículo eléctrico es bien distinto, es hoy una realidad y no el proyecto innovador que fue hace una década”, explica Tapia en respuesta a las preguntas sobre la materia de la representante de EH Bildu Itxaso Etxeberria, que cuestionaba que una inversión pública millonaria haya quedado en manos privadas por una factura de apenas 26.000 euros. Ése fue el precio por el que la compañía NTDD, radicada en Tudela, adquirió el prototipo D1 de Hiriko, otros materiales sobrantes y las patentes en la subasta judicial montada para intentar recuperar el máximo posible de fondos perdidos en la quiebra de la empresa original, llamada Afypaida y que estaba vinculada, entre otros, al empresario Jesús Echave o al exconcejal del PNV Iñigo Antia.

Tapia recalca en la Cámara que no hay nada que objetar a la operación. “La normativa reguladora del programa Etorgai [de ayudas públicas a proyectos] en ningún caso exige que la propiedad de los resultados pertenezca en parte o en el todo al Gobierno vasco, siendo por tanto los resultados, activos (en su caso) propiedad de las empresas que los convertirán en impacto socio económico, productividad empleo, facturación, mejoras medio ambientales, etc”, explica por un lado. Sí concede que “la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, en su artículo 31.4 a), sí establece que el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, que será de al menos dos años o cinco en caso de bienes inscribibles en un registro público”. También programas públicos como Gaitek o incluso la regulación vigente de Etorgai hablan de cinco años. Pero el Gobierno remarca que la subasta que ganó NTDD se produjo cuando había pasado más de ese lustro.

Las tres patentes impulsadas con los fondos públicos -Euskadi estima que 2,2 millones eran aportaciones autonómicas y el resto procedieron del Estado fruto de la mediación política del PNV en algunas negociaciones presupuestarias- fueron el “sistema de plegado del vehículo”, el “sistema de conducción drive by wire” y las ruedas robotizadas o “roborruedas”, según detalla la titular de Desarrollo Económico, que lleva en el cargo desde 2012. Todo ello está incluido ahora como parte fundamental del nuevo proyecto de NTDD, que ha cambiado el nombre de Hiriko por el de Lakota, según indicadores sus promotores.

Tapia, históricamente, siempre ha negado que este proyecto fuera un fracaso, ya que entiende que lo que era objeto de apoyo público no era la fabricación o la comercialización, sino la I+D de nueva tecnología para la automoción. Así se expresó en 2015 también en el Parlamento y también en respuesta a EH Bildu:  “Me pongo muy pesada y lo repito. Parece que no se me acaba de entender. Las ayudas eran para un proyecto de I+D y se cumplieron los objetivos, sí. El coche fue posible. Se puso en marcha. Se presentó. Como proyecto de I+D cumplió sus objetivos. Falló en la comercialización”. Ahora insiste en que las aportaciones autonómicos se hicieron “asumiendo el riesgo asociado a la actividad de I+D”.

La génesis del Hiriko fue un trabajo previo del prestigioso MIT de Massachussets. Ya en Vitoria, una entidad aparentemente sin ánimo de lucro llamda Afypaida empezó el desarrollo de la idea de Boston. En un inicio el plan iba a permitir desarrollar siete patentes de una tacada, algo insólito en la historia de la automoción. Al final, tras el fichaje de Armando Gaspar, procedente de Mercedes-Benz, todo se simplificó en busca de lograr facilidades para su producción en cadena. Pero la homologación nunca llegó. Las ayudas públicas sí se cobraron íntegramente pero los prometidos 20 prototipos nunca existieron y las 80 ‘roborruedas’ se quedaron en cuatro. El D1 ni siquiera llegó a arrancar cuando fue trasladado a Bruselas para su presentación.

En paralelo, Echave, gran aficionado al motor, se valió de una subvención estatal de 600.000 euros para ampliar su colección particular con la compra de un monoplaza de Épsilon-Euskadi. Precisamente la compra injustificada del monoplaza fue la clave para la condena mercantil parcial que recibieron los promotores de Hiriko. En la vía penal el caso se cerró con un reproche por haber malgastado ‘pólvora de rey’ pero no hubo más consecuencias. Hiriko formaba parte de un triángulo de proyectos vinculados al motor impulsados por el PNV. El otro fue la fallida escudería de Fórmula 1 Épsilon-Euskadi -que se tragó también decenas de millones de euros públicos- y el tercero el nonato Circuito del Norte en Arakamendi, a las afueras de Vitoria.

En un polígono industrial a las afueras de Tudela, ya a muy pocos kilómetros de Aragón y junto a un concesionario de Mercedes-Benz, una empresa automovilística llamada NTDD ha alquilado el antiguo Hiper Bazar Euro-Asia. Allí gestan un nuevo proyecto llamado Lakota. Con él aspiran a revolucionar la movilidad eléctrica urbana. Sueñan con matricular 1.200 utilitarios enchufables de aquí a 2026 y con lograr socios capitalistas. Detrás de las puertas automáticas del antiguo comercio, justo al lado derecho del vestíbulo, se exhibe el prototipo D1 del proyecto. Se trata de un vehículo plegable y biplaza, con volante electrónico 'drive by wire' y ruedas robotizadas. Pero, aunque mantiene su aire futurista con reminiscencias de New Beetle y Smart, el invento tiene una década. A pesar de que vaya a tener matrícula NA, debajo oculta una imaginaria matrícula VI. Y es que en su vida anterior se llamó Hiriko, fue impulsado políticamente por el PNV y se tragó casi 20 millones de euros en ayudas públicas. En el maletero acumula sumarios judiciales, una condena mercantil, auditorías del Tribunal de Cuentas y comisiones de investigación. Ahora renace y, en pocos días, a finales de abril, será presentado a la opinión pública vasca en una feria en Ficoba, en Irún.

Convencidos de que Hiriko gripó por una mala gestión o por un mal desarrollo técnico y no porque fuera una mala idea, NTDD adquirió el D1, otros materiales sobrantes y las patentes de Hiriko en la subasta judicial montada para intentar recuperar el máximo posible de fondos perdidos en la quiebra de la empresa original, llamada Afypaida. Según la documentación judicial a la que ha accedido este periódico, la inversión que se realizó fue de apenas 26.000 euros, lo que cuesta un Golf. De hecho, la primera puja se declaró desierta al no haber interesados. No obstante, hasta principios de este mes de marzo ha habido litigios ante el juzgado porque NTDD entiende que no se le han entregado todos los componentes electrónicos, el ‘software’ y el ‘hardware’ del viejo Hiriko. Además, las patentes hay que seguir pagándolas para mantenerlas.

En esa última resolución judicial de marzo, la magistrada del ‘caso Hiriko’, María Teresa Trinidad Santos, le afea a los nuevos dueños que “no tuvieran la iniciativa de verificar en vivo el estado” de los restos del naufragio y rechaza sus quejas por la falta de algunos materiales. Y se permite criticar el renacimiento del proyecto: “Es muy significativo que [el responsable de NTDD] manifieste que es una persona pasional, que hace las cosas sin asesorarse y que a veces acierta y otras se equivoca. Pues bien, todo indica que las expectativas estaban equivocadas, pero no porque se le haya engañado, se le haya ocultado información o porque no se le entregara todo lo que se subastaba. Lo erróneo de sus expectativas también se evidencia cuando declara que [pretendían] dejar de lado el proyecto de coche eléctrico [propio de NTDD] y ver si podían reconducir […] el proyecto Hiriko y terminarlo, obviando en el año 2019 los hechos declarados probados en la sentencia de 2017, donde se ponía de manifiesto la ingente inversión en financiación y tiempo de trabajo que habría hecho falta para sacar adelante no ya el inicial proyecto Hiriko […] sino incluso la versión posterior dirigida a los mandos de Armando Gaspar”.

Desde NTDD, que pronto constituirá una sociedad propia para el desarrollo de Lakota, rechazan con firmeza estos argumentos. “La tecnología que éstos querían implantar, si la hubiesen desarrollado correctamente, era puntera. La idea hoy sigue siendo fresca. Y el mercado ha evolucionado hacia el vehículo eléctrico. Antes no había nada de vehículo eléctrico. Se podría decir que eran unos visionarios. Como concepto, nadie se lo puede discutir. Fue un buen concepto, fue un buen diseño, fue una gran idea y el que lo niegue no entiende de automoción”, explican.

elDiario.es/Euskadi ha podido visitar en los últimos días la sede del nuevo Lakota, un nombre sioux. En poco tiempo, el prototipo D1 será redecorado de cara a su presentación en sociedad en Euskadi. Ahora todavía conserva todos sus colores originales y así luce en las fotografías que acompañan a este reportaje. Es el mismo coche que se ubicó frente a la puerta de Brandenburgo en Berlín o que no arrancó en su presentación internacional en Bruselas, con José Manuel Durão Barroso de convidado de piedra (y adonde llegó en un camión de frutas). Ese mismo aparato estaba llamado a poblar las calles de Astaná en la Expo de 2017 e incluso iba a interesar por su avanzada tecnología al Ejército de Estados Unidos. En realidad, el cambio de nombre es una cuestión exclusivamente de imagen, ya todo el proyecto es idéntico.

“Hemos cogido una patata caliente”, bromean los dos responsables de NTDD que hacen de anfitriones en la visita. Pero entienden que Hiriko (‘de la ciudad’, en euskera) se ajustaba bien a las funcionalidad urbana del modelo que quieren hacer y sigue manteniendo una buena sonoridad para el mercado japonés, al que aspiraba a llegar. De hecho, en la ropa de los profesionales que trabajan en el actual proyecto pone Hiriko y no Lakota. En el vídeo corporativo de presentación aparece el D1 por el centro de Vitoria, en la Virgen Blanca. Son imágenes de hace una década. En el ‘powerpoint’ con el que se busca captar inversores se explica la quiebra como un “cese de actividad” sin más detalles entre 2013 y 2019.

En efecto, NTDD ganó la subasta hace ya casi tres años y el plan para reflotar Hiriko lleva todo ese tiempo en marcha. Condicionado por la pandemia, el proyecto ha mantenido un perfil bajo hasta la fecha y es ahora, desde finales de 2021, cuando en el viejo bazar tudelano se empiezan a mostrar los primeros resultados del renacido Lakota. De hecho, sus promotores explican que ya han recibido las primeras subvenciones del Gobierno de Navarra y, de nuevo, del de España. El Estado fue el principal financiador de Hiriko merced a la presión política del PNV a un José Luis Rodríguez Zapatero en minoría. De la misma época es el igualmente fallido sueño de montar una escudería vasca de Fórmula 1, un proyecto llamado Épsilon-Euskadi y a cuyo frente se situó el catalán Joan Villadelprat. Aquella ensoñación se tragó casi 50 millones de euros. Solamente en los últimos meses se ha logrado dar uso a la antigua sede, ubicada en el parque tecnológico de Miñano y con túnel del viento. Durante años ha estado totalmente abandonada. Hiriko y Épsilon-Euskadi estuvieron interconectados y parte del personal trabajó en ambas iniciativas. Siguen sufriendo impagos. El tridente se completaba con un circuito de carreras llamado Arakamendi y para el que PNV pedía los terrenos del actual cuartel del Ejército en Vitoria.

La génesis del Hiriko fue un trabajo previo del prestigioso MIT de Massachussets. Sobre una mesita, en el taller de Tudela un libro recoge aquellas ideas. DenokInn, una entidad impulsada en 2008 por los alcaldes de Bermeo, Mundaka y Elantxobe, Xabier Legarreta, Unai Rementeria y Joseba Lander Arregi, ejerció de intermediaria para que una entidad que supuestamente no tenía ánimo de lucro y que se llamaba Afypaida empezase el desarrollo de la idea de Boston en el histórico garaje Alas de Vitoria. Detrás de Afypaida, además del exconcejal del PNV Iñigo Antia, estaban empresarios como José Luis Bengoechea, Pepe Barreira o Jesús Echave. En un inicio, Hiriko pretendía estrenar siete patentes, algo inédito en la historia de la automoción. La más llamativa era la ‘roborrueda’, una rueda totalmente robotizada con un radio de giro de unos 60 grados. Ello y el carácter plegable del coche iban a permitir maniobras muy ágiles. “Esto no era hacer un Seat Ibiza, era una cosa innovadora”, defendían los promotores.

Al final, tras el fichaje de Armando Gaspar, procedente de Mercedes-Benz, todo se simplificó en busca de lograr facilidades para su producción en cadena. Pero la homologación nunca llegó. Las ayudas públicas sí se cobraron íntegramente pero los prometidos 20 prototipos nunca existieron y las 80 ‘roborruedas’ se quedaron en cuatro. En el garaje de Lakota hay un chasis con una vida útil estimada de solamente 25 horas procedente de aquella época. ¿Para qué servía eso? Echave, gran aficionado al motor, se valió de una subvención estatal de 600.000 euros para ampliar su colección particular con la compra de un monoplaza de Épsilon-Euskadi. Estos coches también han ido recayendo en particulares tras las subastas judiciales por cantidades irrisorias. Uno de ellos está en una colección en Madrid. 

Precisamente la compra injustificada del monoplaza fue la clave para la condena mercantil parcial que recibieron los promotores de Hiriko. En la vía penal, al igual que sucedió en el caso Épsilon-Euskadi, el caso se cerró con un reproche por haber malgastado ‘pólvora de rey’ pero no hubo más consecuencias. En aquellos procesos judiciales se fajó como abogada del Estado la hoy dirigente de Vox, Macarena Olona. La todavía hoy consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, siempre insistió que en el caso de Hiriko el dinero invertido tuvo una utilidad, el desarrollo de un concepto de I+D que, en el futuro, podría ser útil para nuevos modelos de movilidad. La oposición al PNV, por el contrario, cuestionó con dureza los fondos públicos dilapidados.

En la sede de NTDD, detrás de unas lonas promocionales, se accede a un taller donde hay una zona de testeo de las ‘roborruedas’ y otros prototipos que ya se van desarrollando. El proyecto pretende desarrollar doce tipos de Lakota, que se prevé vender por un mínimo de 11.000 euros y un máximo de 16.000 euros. No obstante, no está pensado para su posesión en propiedad, sino para que las instituciones o empresas creen una flota de uso compartido. Como Hiriko, quiere ser un coche de “última milla”. Los anteriores gestores publicitaron un acuerdo inexistente con Deutsche Bahn, la Renfe alemana, por el cual se iban a aparcar estos utilitarios en la puerta de las estaciones para completar los desplazamientos urbanos.

Habrá un Lakota tipo ‘buggy’, otro estándar y un tercero en versión camioneta. Todos mantienen el acceso frontal a su interior con un gran portón. A su vez, podrán ser plegables para facilitar su aparcamiento, y habrá una versión con ‘roborrueda’ y otra con un motor central. En el caso del camión, se ambiciona un producto para la logística y los servicios urbanos que pueda llevar una caja estándar, una refrigerada, un recogedor de basura, estructura de extinción de incendios y hasta un acople de drones para completar la entrega automatizada de paquetería. “Serán susceptibles de convertirse en vehículos autónomos”, auguran incluso en NTDD. En cuanto a sus especificidades técnicas, no podrá ir a más de 90 kilómetros por hora (no más de 10 estando plegado y exclusivamente para maniobrar). Tendrán autonomía para 200 kilómetros con una potencia de 20 CV. Podrá recibir una carga rápida en 15 minutos pero la carga lenta completa duraría seis horas.

NTDD cree que Hiriko va a pasar esta ITV y que tendrá una segunda vida: “En el País Vasco sí sabemos que va a haber toda clase de comentarios. Sabemos lo que va a pasar. Pero vamos a enseñar el producto que nosotros estamos desarrollando. Que sí, que es parecido, que es casi lo mismo. Pero, ¿por qué vas a quitar algo que es bueno? Para eso estamos pagando las patentes desde el año 2019. No lo hacemos por capricho, sino porque pensamos que son buenas, que es una buena idea y que se puede defender ahora”. Hiriko ha vuelto.

El parque tecnológico de Miñano, ubicado a las afueras de Vitoria, ha renunciado a la reforma del edificio Marie Curie, más conocido por haber albergado las instalaciones de Épsilon Euskadi, el sueño roto de una escudería vasca de Fórmula 1 que quebró y ha dejado un gran pabellón abandonado durante prácticamente una década que arrastra 10 millones de gasto. Dos meses después de que la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, manifestara en el Parlamento que la “transformación en un edificio multiempresa” de la antigua Épsilon Euskadi podría facilitar la llegada de nuevos proyectos, la propia Tapia firma ahora una respuesta escrita enviada a la Cámara a instancias de la coalición PP+Cs en la que confirma que la partida de 300.000 euros prevista en los presupuestos de 2021 para la reforma “no se ha desarrollado”, que “no existen iniciativas ni planificación” para hacer obras y que en 2022 “no se prevé incluir otra partida” semejante.

Según las fuentes consultadas, Miñano sigue trabajando en dos proyectos interesados en una nave de 15.758 metros cuadrados dentro de una parcela de 32.823 metros cuadrados. Los nombres de las empresas se guardan bajo siete llaves con el ánimo de que cristalicen unas negociaciones que van “avanzando” lentamente, pero aparentemente ninguna de ellas requiere “inversiones” en el pabellón o que se compartimente para adquirir solamente una parte. Tapia, en cambio, no ofrece en el Parlamento más datos que el de que “no hay previsión” de hacer ya la reforma anunciada. “En este tiempo ha habido distintas ofertas comerciales sobre el edificio y es por ello por lo que no se ha realizado ninguna inversión de adaptación sobre él”, señala la consejera, de cuyo Departamento depende la red de parques tecnológicos de Euskadi.

En todo caso, es un giro de 180 grados en el mensaje lanzado hace dos meses en el Parlamento por la propia Tapia. “[Se trata] De la puesta en marcha del edificio Marie Curie para su transformación en un edificio multiempresa. Ello nos va a permitir que, en lugar de tener un edificio que puede acoger únicamente proyectos empresariales de una envergadura muy importante, se puedan ejecutar unas obras de acondicionamiento que nos permitan que ese edificio pueda ser multiuso, que puedan utilizarlo una o más empresas. Además, en caso de que sea una empresa, que pueda también adquirir en primer lugar un espacio algo menor y, en función de las necesidades de crecimiento, poder ir adquiriendo mayores espacios”, manifestó en respuesta a otra pregunta de PP+Cs, según consta en el diario de sesiones.

Las instalaciones vacías del proyecto han supuesto ya un coste de 9,9 millones de euros, mientras que los ingresos generados desde que quebró Épsilon Euskadi apenas han cubierto el 8,34%. Indica Tapia que “el coste anual de mantenimiento de la parcela correspondiente al importe del IBI, mantenimiento de jardinería y servicio de seguridad y vigilancia asciende a 26.516” euros. Menos conocido que el escándalo de la Fórmula 1 valenciana pero igual de oneroso para las arcas públicas, Épsilon Euskadi fue un proyecto que lideró el catalán Joan Villadelprat y que junto al desarrollo del también fallido coche eléctrico Hiriko y del circuito de carreras Arakamendi, que no se llegó a iniciar, recibieron el impulso político del PNV. Esto se tradujo en que en sucesivos acuerdos con el Gobierno central, entonces en manos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, la empresa de Villadelprat recibió millonarias ayudas estatales.

Quebró el proyecto pero el problema es que sigue costando dinero. Sin contar el mantenimiento ordinario, el parque tecnológico de Álava, una sociedad pública, ha de abonar un crédito hasta 2032 con un tipo de interés del Euribor más el 0,97%. ¿Por qué? Cuando la escudería de Villadelprat ya estaba en crisis, tocó la puerta de los bancos, pero recibió un portazo. “Las entidades de crédito, ante la situación financiera que presentaba la mercantil, no asumieron el riesgo [...]. Épsilon, que era financiado al 90% por medio de fondos públicos, carecía de recursos propios para dar garantías adicionales a los bancos. Ante esa situación de incapacidad, se dirigió al parque tecnológico de Álava, el cual entró en la garantía”, concluyó la investigación judicial que se siguió por este asunto, aunque finalmente la Audiencia Provincial de Álava lo dio por archivado en 2019 por no ver indicios de delito aunque se asumiera que se puso en marcha “con pólvora de rey”.

Sí hubo una condena mercantil contra Villadelprat por haber propiciado la quiebra con su mala gestión. Ocurrió algo similar en el 'caso Hiriko', sin recorrido penal pero sí con sanciones parciales en lo mercantil. En este caso, la clave fue la adquisición con subvenciones del Gobierno central de un prototipo de Épsilon Euskadi para engrosar la colección particular de uno de los socios del proyecto del coche eléctrico, el empresario Jesús Echave. Aquel monoplaza costó 535.000 euros más IVA.

Tras la quiebra de Épsilon Euskadi, las entidades financieras se dirigieron al parque tecnológico para recuperar su dinero y ejecutaron el aval. Miñano tuvo que poner 16,49 millones para recomprar unas instalaciones que ya eran suyas. De 2012 a 2014 se devolvieron 650.778 euros del principal, de 2015 a 2019 hubo una amortización de 905.555,56 euros anuales y en 2020 ese coste financiero fue de 2,8 millones de euros. Queda pendiente de devolver aún el 52% del principal. En cuanto a los intereses, aunque los tipos han bajado notablemente, se han pagado ya 1,8 millones de euros. 2020 ha sido el ejercicio con menos carga financiera (70.971,75 euros) pero se ha llegado a abonar anualmente hasta 333.417,07 euros, como ocurrió en 2014. De cara a futuro, el Gobierno explica que se abonarán “pagos trimestrales de 183.531,75 euros”.

En abril, en respuesta a preguntas de EH Bildu, Tapia informó de que el valor de tasación de las instalaciones sigue siendo superior al coste total de la operación financiera, lo que cubriría las pérdidas generadas en estos años. Según un trabajo de Servatas en 2020 “y vigente a día de hoy”, el antiguo cuartel general de Villadelprat está valorado en 22,8 millones de euros, incluido el túnel del viento, su supuesta joya de la corona aunque ya totalmente obsoleta. Hasta que lleguen compradores o arrendatarios, Miñano ha buscado ingresos destinando el local a rodajes, principalmente, 826.359,81 euros en total. Según los diferentes documentos publicados estos años, ha habido 23 ó 32 ofertas por el Marie Curie. En su momento, incluso, se coqueteó con volver a probar suerte con otra escudería de Fórmula 1.

El parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, ha logrado captar en plena pandemia la I+D+i de la firma AVS, la empresa de Elgoibar que ha colaborado en la misión de la NASA en Marte, y allí se instalará también la sede del proyecto que se pretende cofinanciar con fondos europeos, BasqueVolt Gigafactory, dedicado a baterías de vehículos sostenibles. Sin embargo, sigue teniendo vacío un edificio gigante de 15.748 metros cuadrados dentro de una parcela 32.823. Se trata de las antiguas instalaciones de Epsilon-Euskadi, el sueño roto de crear una escudería de Fórmula 1 en Euskadi de la mano de un circuito de carreras (Arakamendi) y de un proyecto de coches eléctricos (Hiriko). Se perdieron millones y millones de euros públicos y ahora, según un informe enviado al Parlamento Vasco por la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, se está “trabajando” para darle una segunda vida a un enorme pabellón que tenía como joya de la corona un túnel del viento para monoplazas ya obsoleto. Entretanto, la factura para las arcas públicas por el crédito del local y los intereses asciende ya a 9,9 millones de euros mientras que los ingresos obtenidos apenas han cubierto el 8,34% del total.

Según los datos aportados por Tapia en respuesta a una pregunta de Iker Casanova, representante de EH Bildu, se han realizado “gestiones” con 23 empresas, dos universidades (la UPV/EHU y la Universidad Católica de Ávila) y una corporación tecnológica (Tecnalia) desde 2012, un año después de la quiebra de la compañía automovilística. Cinco interesados querían comprar el edificio completo y cuatro alquilarlo, mientras que la mayoría aspiraba a un arrendamiento “parcial”. En su momento se insistió en buscar otro proyecto de Fórmula 1 que sustituyera al del catalán Joan Villadelprat tras su estrepitoso fracaso a pesar de las millonarias ayudas públicas obtenidas merced al impulso político del PNV, principalmente en sus negociaciones con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora esa opción parece orillada. Las fuentes consultadas destacan que, en todo caso, sí hay al menos tres ofertas vivas que podrían cristalizar a medio plazo.

El problema es que, entretanto, Epislon-Euskadi sigue costando dinero. Sin contar el mantenimiento ordinario, el parque tecnológico de Álava, una sociedad pública, ha de abonar un crédito hasta 2032 con un tipo de interés del Euribor más el 0,97%. ¿Por qué? Cuando la escudería de Villadelprat ya estaba en crisis, tocó la puerta de los bancos, pero recibió un portazo. “Las entidades de crédito, ante la situación financiera que presentaba la mercantil, no asumieron el riesgo [...]. Epsilon, que era financiado al 90% por medio de fondos públicos, carecía de recursos propios para dar garantías adicionales a los bancos. Ante esa situación de incapacidad, se dirigió al parque tecnológico de Álava, el cual entró en la garantía”, concluyó la investigación judicial que se siguió por este asunto, aunque finalmente la Audiencia Provincial de Álava lo dio por archivado en 2019 por no ver indicios de delito aunque se asumiera que se puso en marcha “con pólvora de rey”.

Sí hubo una condena mercantil contra Villadelprat por haber propiciado la quiebra con su mala gestión. Ocurrió algo similar en el 'caso Hiriko', sin recorrido penal pero sí con sanciones parciales en lo mercantil. En este caso, la clave fue la adquisición con subvenciones del Gobierno central de un prototipo de Epsilon-Euskadi para engrosar la colección particular de uno de los socios del proyecto del coche eléctrico, el empresario Jesús Echave. Aquel monoplaza costó 535.000 euros más IVA.

Tras la quiebra de Epsilon-Euskadi, las entidades financieras se dirigieron al parque tecnológico para recuperar su dinero y ejecutaron el aval. Miñano tuvo que poner 16,49 millones para recomprar unas instalaciones que ya eran suyas. De 2012 a 2014 se devolvieron 650.778 euros del principal, de 2015 a 2019 hubo una amortización de 905.555,56 euros anuales y en 2020 ese coste financiero fue de 2,8 millones de euros. Queda pendiente de devolver aún el 52% del principal. En cuanto a los intereses, aunque los tipos han bajado notablemente, se han pagado ya 1,8 millones de euros. 2020 ha sido el ejercicio con menos carga financiera (70.971,75 euros) pero se ha llegado a abonar anualmente hasta 333.417,07 euros, como ocurrió en 2014. De cara a futuro, el Gobierno explica que se abonarán “pagos trimestrales de 183.531,75 euros”.

El informe del Ejecutivo, sin embargo, destaca que el valor de tasación de las instalaciones sigue siendo superior al coste total de la operación financiera. Según un trabajo de Servatas en 2020 “y vigente a día de hoy”, el antiguo cuartel general de Epsilon-Euskadi está valorado en 22,8 millones de euros, incluido el túnel del viento. Hasta que lleguen compradores o arrendatarios -destaca Tapia que “no se aprecian dificultades” para posibles usos académicos y que no se ha rechazado “ninguna” oferta, sino que han decaído por diversas razones- Miñano busca ingresos destinando el local a rodajes, principalmente. “Ha generado unos ingresos de 826.359,81 euros”, enfatizado el Gobierno.

En 2019, se realizó una visita por esas instalaciones. La nave estaba abandonada, con muchísimas pertenencias de Epsilon-Euskadi todavía allí y los calendarios detenidos en 2011. Muchas de las máquinas lucían pegatinas del Gobierno central, que regó con subvenciones este plan como también lo hizo con Hiriko o, en la misma época, con la planta de purines de Karrantzako Minda, en la localidad vizcaína homónima. Arakamendi, por el contrario, no llegó a ver la luz, ya que aspiraba a abrir sus puertos en los terrenos que ocupa el Ejército en Vitoria.

La Audiencia Nacional ha dictaminado que los promotores del fallido proyecto de coche eléctrico vasco Hiriko, entre ellos el empresario vinculado al PNV Jesús Echave y un exdirigente del partido en Álava y exconcejal, Iñigo Antia, deberán afrontar la devolución de 5,7 millones de euros en subvenciones que recibieron del Gobierno central más intereses valorados en 700.000 euros, según informa 'El Mundo'.

“La obligación asumida por el beneficiario al respecto del objeto comprometido por la subvención de autos no era la simple de efectuar el desarrollo de una investigación y de efectuar un gasto presupuestado en una memoria”, incide la resolución judicial, que entiende que la entidad de Echave, Antia y otros, Afypaida, no cumplió con los compromisos de desarrollar un número mínimo de vehículos eléctricos urbanos.

Se da la circunstancia de que en los tribunales alaveses la quiebra de Hiriko, que se tragó del orden de 20 millones de euros, se ventiló con una condena parcial en la jurisidicción mercantil consistente en la devolución de solamente 535.000 euros, los correspondientes a la adquisición con dinero público de un monoplaza de carreras de Epsilon-Euskadi para engrosar la colección de coches de Echave. Este mismo año, la Audiencia de Álava cerró la parte penal, como también la del 'caso Epsilon', donde la pérdida de fondos se disparó hasta rondar los 50 millones de euros. En este contexto, siempre según 'El Mundo', la Fiscalía valorará solicitar la reapertura de este procedimiento archivado a la luz de la nueva resolución de la Audiencia Nacional.

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha reiterado en el Parlamento Vasco la queja de la Fiscalía por la falta de colaboración de otras instancias en casos de corrupción o que afectan a la Administración, algo que en algunas ocasiones es “clamoroso” y deja al ministerio fiscal “solo” en la persecución de algunos delitos graves. “No cuestionamos intereses oscuros pero que la Administración es reacia a colaborar y dar datos a la jurisdicción penal creo que en muchos casos es cierto”, ha asegurado Adán, que ha comparecido ante la comisión de Justicia de la Cámara para presentar la última memoria de su oficina y valorar otros asuntos de actualidad.

La fiscal superior ha investigado recientemente las denuncias en torno a las filtraciones en las categorías médicas de las oposiciones de Osakidetza. Según su informe, que aprecia indicios de delito y que señala hasta 11 exámenes en los que se pudieron producir irregularidades, el Departamento de Salud no habría actuado con total diligencia a la hora de remitir determinada documentación en algunos supuestos. Preguntada por este caso por Elkarrekin Podemos, Adán ha preferido por guardar reserva sobre la investigación en concreto pero sí ha dejado esta reflexión general sobre la “clamorosa” falta de apoyo a las investigaciones en algunos momentos.

En todo caso, ha querido puntualizar que tiene “confianza” en que se engrasarán este de relaciones. De hecho, como adelantó este periódico, desde este martes se ha creado la figura del fiscal delegado de delitos económicos, que coordinará en Euskadi este tipo de casos. El elegido es José Manuel Ortiz, que ya era el responsable en esta materia en Bizkaia. No es un delegado de la Fiscalía Anticorrupción, como se había demandado, pero -en palabras de Adán- “cuando se encuentra una roca que no se puede romper, se sortea”. “Vamos a intentar darle contenido”, ha deseado Adán sobre la misión que tiene por delante Ortiz.

Este nombramiento llega justo en el momento en que se ha conocido que la Audiencia Provincial de Álava ha archivado tanto el 'caso Epsilon' como el 'caso Hiriko', sin que en ninguno de los dos casos se vaya a celebrar el juicio. Estas resoluciones llegan en puertas de la sentencia del mayor caso de corrupción de Euskadi, el 'caso De Miguel', cuyo juicio se celebró durante todo 2018.

Adán, en este sentido, ha querido destacar el trabajo de la Fiscalía contra la corrupción en Euskadi y, singularmente, en Álava. Ha subrayado que Josu Izaguirre y su equipo han dado respuesta a una demanda social de mayor ejemplaridad. “Respaldo el trabajo de los compañeros. No creo que la legitimación venga dada solamente porque se acojan sus pretensiones”, ha zanjado.

Además del 'caso Hiriko', el fracasado coche eléctrico vasco, la Audiencia Provincial de Álava ha acordado también que no haya juicio en la pieza penal que faltaba del 'caso Epsilon', según ha podido saber este periódico. En esta ocasión se investigaba el aval encubierto de 16 millones que el parque tecnológico de Miñano concedió a la automovilística de Joan Villadelprat, que impulsó el fallido sueño de crear una escudería vasca de Fórmula 1. Hiriko y Epsilon-Euskadi, impulsados por el PNV, se tragaron en conjunto más de 60 millones de euros en ayudas públicas.

La doble resolución de la Audiencia de Álava en torno a los casos de Hiriko y Epsilon-Euskadi llega mientras este órgano judicial redacta la sentencia del mayor caso de corrupción, el 'caso De Miguel', que sí llegó a juicio por el factor diferencial de que el juez instructor, Roberto Ramos, ordenó en 2010 el arresto de los principales acusados, entre ellos los dirigentes del PNV alavés Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Ello permitió disponer de una elevada cantidad de pruebas documentales e informáticas.

Además, dos de los tres miembros del tribunal del 'caso De Miguel', su presidente, Jaime Tapia, y Raúl Aztiria han participado en la resolución de archivo de ambos procedimientos, en los que no hay votos particulares ni voces discrepantes. No obstante, es la tercera magistrada de ese tribunal, Elena Cabero, la que se halla liberada desde hace meses para la redacción de este fallo judicial, para el que no hay fecha definida. 

Ambas resoluciones de la Audiencia de Álava echan por tierra las acusaciones de la Fiscalía de Álava y de la Abogacía del Estado -el grueso de las subvenciones eran estatales fruto de acuerdos políticos del PNV con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- y dan una simbólica victoria a los letrados de los investigados, Adolfo Saiz Coca en el 'caso Epsilon' y Gonzalo Susaeta y Javier Beramendi en Hiriko. Los tres fueron destacados participantes en el 'caso De Miguel' y pueden anotarse ya el tanto de una primera victoria frente al fiscal Josu Izaguirre.

Sánchez Alegría, imputado en el 'caso De Miguel', absuelto

En cuanto al 'caso Epsilon', el único imputado era Julián Sánchez Alegría, presidente de los parques tecnológicos de Euskadi hasta 2009. Él fue el firmante del acuerdo de cesión de rango hipotecario por el cual una sociedad pública como es el parque de Miñano asumiría las instalaciones de la empresa de Villadelprat si, como sucedió, entraba en quiebra. Según la Fiscalía, Sánchez Alegría cometió tres delitos (prevaricación, administración desleal y malversación) al excederse del objeto social del parque tecnológico y comprometer patrimonio público con la operación, que obligó a poner 16 millones de euros para recomprar a Kutxabank los pabellones de Epsilon cuando entró en concurso de acreedores. 

El tribunal desecha -como arguía su defensa- que el alto cargo se limitara a firmar documentos ya preparados por técnicos jurídicos y administrativos, pero sí entiende que el polígono de Miñano, dentro de sus funciones de “estimular y promover” la actividad económica, puede ejecutar “diferentes actos” y “es de pensar que éstos puedan suponer también algún riesgo económico”.

La Audiencia entiende también que la ejecución del aval por 16 millones puede resultar incluso ventajosa ya que “se ha acreditado que el citado edificio tiene un valor superior”. Habla de hasta 24 millones. Se da la circunstancia, sin embargo, de que esas instalaciones llevan años abandonadas y con una tecnología en riesgo de quedar obsoleta, como es el túnel del viento. En enero, este periódico pudo acceder a su interior.

Así las cosas, Sánchez Alegría no tendrá que exponerse a un juicio por Epsilon después de que fuera uno de los 26 acusados del 'caso De Miguel', que se originó precisamente con una contratación en Miñano por la cual, aparentemente, Alfredo de Miguel quiso cobrar una comisión de 100.000 euros a la adjudicataria, Ainhoa Alberdi. El proceso ha sido el siguiente: la juez de Vitoria Ana Jesús Zulueta (Instrucción 2, donde se investigará la OPE de Osakidetza) completó la investigación y vio indicios de delito, la Audiencia ordenó que motivara mejor sus acusaciones, la instructora lo hizo y, ante los recursos de la defensa de Sánchez Alegría, se aceptó un sobreseimiento “provisional” de la causa. Ante esta situación, la Fiscalía interpuso un recurso al que da carpetazo esta resolución del 15 de enero de 2009 de la que ha sido ponente el juez Tapia.

En el 'caso Epsilon' hubo otros dos procedimientos que sí llegaron a juicio. En la vía mercantil, Villadelprat fue condenado en 2013 a devolver 900.000 euros por haber agravado la insolvencia de la empresa con su gestión. Por esos mismos hechos, sin embargo, quedó absuelto en vía penal. En el 'caso Hiriko', la Audiencia ha estimado que los promotores del fallido vehículo eléctrico con label vasco, igualmente, ya han depurado sus responsabilidades con una condena parcial en vía mercantil. Precisamente, la condena se basa en que Hiriko adquirió a Epsilon por más de 500.000 euros un monoplaza de carreras que no tenía utilidad alguna para una investigación de movilidad eléctrica y que pasó directamente a engrosar la colección particular de coches del principal promotor, Jesús Echave.

Proyectos con “pólvora de rey” pero sin indicios de delito

La Audiencia, a pesar de cerrar ambos casos, sí que refiere que es censurable la “alegría” con la que se dilapidaron recursos públicos en ambos proyectos, que están interrelacionados: “El problema deriva del modelo de negocio y financiación: un/os particular/es ”vende/n“ una idea a las administraciones públicas, el Gobierno vasco apuesta por ella, pero lo hace principalmente con dinero que gestiona el Gobierno central y el siempre reducido presupuesto público para I+D (y más reducido en plena crisis económica) se gasta en una idea que no termina de materializarse, aunque se intenta, salvas con pólvora de rey”. Pero añaden los jueces que “no hay bastantes indicios de delito en ello y la solución la ha ofrecido en ambos casos la jurisdicción mercantil”.

Fuentes judiciales apuntan a la dificultad extrema de lograr condenas en la Audiencia de Álava en materias relativas a delitos económicos, ya de por sí complejos de probar. Destacan además que la figura empleada del “sobreseimiento provisional” frente al “sobreseimiento libre” impide a las acusaciones, Fiscalía y Abogacía del Estado, recurrir el cierre de estos casos ante el Tribunal Supremo, batalla que ya se había producido en ocasiones anteriores.

La Audiencia Provincial de Álava ha puesto fin a la vertiente penal del 'caso Hiriko' y no habrá juicio, según ha informado la agencia Efe. El tribunal ha admitido parcialmente los recursos de los imputados y ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa al entender que no hay indicios suficientes de delito tras la denuncia de la Fiscalía y la investigación de la titular del juzgado de instrucción 3 de Vitoria, Beatriz Eva Román Gobernado, que sí halló irregularidades.

Según Efe, los promotores del fallido coche eléctrico vasco Hiriko, Jesús Echave, Íñigo Antia, Fernando Achaerandio y José Luis Bengoechea, ya habrían depurado sus responsabilidades en la jurisdicción mercantil. Ese proceso se saldó con una condena parcial limitada al gasto cargado a subvenciones públicas para la compra de un prototipo de carreras que no fue utilizado para el proyecto y simplemente engrosó la colección automovilística de Echave.

El proyecto Hiriko, impulsado políticamente por el PNV, fue parte de un plan más amplio que incluyó también la Fórmula 1 (Epsilon-Euskadi) o incluso un circuito de carreras (Arakamendi).

En la entrada del edificio E9 del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, sigue en pie la mayúscula ‘e’ roja, redondeada y minúscula que fue logotipo de Epsilon Euskadi, la fallida escudería vasca de Fórmula 1 que dirigió el catalán Joan Villadelprat. El proyecto, auspiciado hace una década por el PNV como parte de un sueño del motor que incluía un circuito de carreras que nunca existió (Arakamendi) y otro fiasco, el coche eléctrico ‘made in Basque Country’ Hiriko, se tragó unos 50 millones de euros en ayudas públicas y ha dejado como legado un pabellón de 13.700 metros cuadrados útiles y de titularidad pública ahora abandonado. En siete años nadie ha querido comprarlo mientras su tecnología se marchita y se deprecia. Mientras la Administración sigue pagando religiosamente el mantenimiento y las deudas, un gasto que supera cada año el millón de euros.

La directora de la red de parques tecnológicos de Euskadi, Itziar Epalza, y el gerente de Miñano, Patxi Márquez, han enseñado este viernes las viejas instalaciones de Epsilon Euskadi a una comisión de las Juntas Generales, el Parlamento foral de Álava. Había sido la procuradora del PP Marta Alaña la promotora de la iniciativa. También se ha permitido el acceso a unos pocos medios de comunicación interesados, incluida la visita a la que pretendía ser la joya de la corona de Epsilon Euskadi, un costosísimo –e infrautilizado- túnel del viento.

El tiempo congelado en 2011

El interior de la mole de diseño que acogió a Epsilon Euskadi no solamente está abandonado, sino que parece que fue desalojado de manera repentina cuando la empresa de Villadelprat quebró con estrépito y tras haber competido en solamente una carrera fuera de las series de Renault. Y no precisamente en el ‘gran circo’, sino en Le Mans. Los calendarios de las paredes siguen congelados en 2011, en un corcho cuelga el ‘planning’ de competiciones de la temporada 2010 y una sala continúa presidida por una maqueta a gran escala (1/2) de un monoplaza negro con su ‘e’ roja y cuyas piezas, incluidas las ruedas, están tiradas en las mesas.

En algunas estancias del inmenso pabellón hay cajones llenos de gorras ajadas del equipo Epsilon Euskadi que ni siquiera atraerían a coleccionistas y cuartillas tiradas con viejos bocetos. Nadie borró nunca las pizarras con fórmulas matemáticas e ideas. La dirección de Internet que se anuncia en las paredes es ahora un dominio a la venta. En el comedor, junto a una lata de galletitas danesas llena de bolsitas de infusiones probablemente caducadas, dos monedas españolas y una portuguesa de 5 céntimos de euro muestran signos evidentes de una pátina verdosa fruto de la humedad.

Los rigores del paso del tiempo no perdonan ni a la zona noble. En el despacho de Villadelprat, de grandes dimensiones y con una gran zona de sofás y sala de reuniones, las fotografías de los coches de Fórmula 1 que adornan el lugar empiezan a perder color por la luz del sol de unos despachos cuyas cortinas nadie corre ya. El empresario ha sido condenado ya por estos hechos en la vía mercantil, aunque absuelto en el caso paralelo, la creación de Epic Racing.

Aquí y allá aparecen pegatinas con el logotipo del Ministerio de Ciencia de Cristina Garmendia y que recuerdan que “la adquisición e instalación del equipamiento tecnológico” estaba pagada por el Gobierno central del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo socio presupuestario, el PNV, siempre se acordaba de proyectos como éste, como Hiriko o como la planta de purines de Carranza. En el caso de Epsilon Euskadi, los nacionalistas lograron unos 17 millones de euros en fondos estatales, 11,8 en 2007, 4,7 en 2008 y 0,35 en los siguientes ejercicios. Del presupuesto total, el 90% procedía de ayudas públicas y apenas el 10% era inversión privada. 

La factura para el dinero de todos se incrementó, además, por la ejecución de un aval que el parque tecnológico de Miñano, una sociedad pública autonómica en la que también participan la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, autorizó en su día y que próximamente llevará al banquillo de los acusados al que fuera máximo representante de la red de parques hace una década, el nacionalista Julián Sánchez Alegría. Según constató la investigación de la juez de Vitoria Ana Jesús Zulueta, Sánchez Alegría desoyó un informe jurídico y autorizó un aval encubierto con patrimonio público a una empresa privada, por mucho que fuera considerada “estratégica” o, en palabras de Villadelprat, “un proyecto nacional vasco”.

Cuando Epsilon Euskadi ya estaba en crisis, tocó la puerta de los bancos, pero recibió un portazo. ¿Qué ocurrió? “Las entidades de crédito, ante la situación financiera que presentaba la mercantil, no asumieron el riesgo [...]. Epsilon, que era financiado al 90% por medio de fondos públicos, carecía de recursos propios para dar garantías adicionales a los bancos. Ante esa situación de incapacidad, se dirigió al parque tecnológico de Álava, el cual entró en la garantía”, concluyó la investigación judicial.

Un coste de un millón de euros cada año hasta 2032

¿La consecuencia? Quebró Epsilon Euskadi y las entidades financieras se dirigieron al parque tecnológico para recuperar su dinero. Miñano tuvo que poner 16,4 millones para recomprar unas instalaciones que ya eran suyas. Según han explicado Epalza y Márquez, ese dinero se paga a través de un crédito vivo hasta 2032. Cada año hay que devolver 900.000 euros de principal más los intereses. En 2014, el primer año, eran de 400.000 euros. Ahora “se han renegociado” y ‘solamente’ son 100.000 euros al año. La minuta total rondará los 19 millones de euros si se mantuvieran las condiciones actuales de financiación. Además, cada año hay que poner unos 22.000 euros en mantenimiento.

Los gestores de Miñano pretenden paliar con ingresos atípicos esos gastos objetivos que tienen hipotecada a la Administración hasta dentro de más de una década. Se intentó liquidar algo del mobiliario, pero apenas se lograron 70.000 euros. Ante la falta de compradores, lo más útil ha sido ofrecer el E9 y sus instalaciones futuristas como ‘set’ de rodaje. Hasta 15 producciones han grabado en Epsilon Euskadi, aunque sólo se han ingresado 92.000 euros en total.

Miñano no pierde la esperanza de vender el pabellón. Y de venderlo como un todo. Su “valor de tasación” es de 23 millones por lo que, en pura teoría, hasta se podría recuperar más dinero del que se puso para el aval. En pura teoría, porque desde 2014 la lista de interesados se ha ido alargando sin que ninguno pusiera la chequera sobre la mesa. Incluso se tocó la puerta de otros equipos de Fórmula 1 pero ellos ya tienen instalaciones propias y no necesitan reiniciar unas ya obsoletas para un sector pegado a la tecnología más puntera. El sector de la automoción y de la aeronáutica local ni contempla el uso de estas instalaciones. Oficialmente, aunque no hay detalles por la “confidencialidad” que requieren estos negocios, habría tres ofertas sobre la mesa ahora mismo.

El elemento “diferencial” del edificio E9 es su túnel del viento con suelo rodante y capacidad para testar con aires de hasta 300 kilómetros por hora propulsados por una turbina del tamaño de un avión comercial. El matiz es que, cuando se ideó, Villadelprat hablaba de que sólo había dos en Europa. Ahora son 30 y probablemente ninguno lleve tanto tiempo abandonado. “¿Obsoleto? No. ¿Que hay tecnología más moderna? Sí”, puntualiza Márquez sobre el estado actual de esta máquina. Un informe independiente calcula en 650.000 euros el coste de actualizar el ‘software’ para devolver a su uso la enorme instalación. Su turbina tiene el tamaño de un avión. El ‘hardware’, en cambio, estaría “funcional” con apenas un poco de engrasado y rodaje. La pintura nívea que rodea las instalaciones, sin embargo, empieza a mostrar evidentes desconchones.

Un ciclista retirado y trofeos abandonados

Quizás para convencer a los compradores, junto a la sala de mandos del túnel hay fotografías en tamaño DIN A4 de los logros de este túnel del viento. En ellas sonríe un ciclista retirado, Alberto Contador, cuando preparó en Vitoria el Tour de 2010 (y compró un chuletón en Irún que luego motivó un positivo por clembuterol). También aparece el balón oficial de la liga de fútbol que presentó en 2009 en Miñano otro notable del deporte español ya fuera de la competición, el guardameta Víctor Valdés.

Lo que sí resplandece es la enorme vitrina de trofeos semioculta en un pasillo oscuro que une la entrada con el espacio de trabajo principal. Les acompañan un par de botellas ‘magnum’ de champán. Son los restos de los podios en las World Series de Renault que ilusionaron a Villadelprat –ahora comentarista- con llevar su ‘e’ roja, redondeada y minúscula a las cotas más altas de la Fórmula 1. O cuando Iñaki Azkuna cortó Bilbao para que los monoplazas rugieran junto al Guggenheim. Pero ni en 2009 ni en 2010 Epsilon Euskadi logró la licencia para el ‘gran circo’. “El mundo se construye de sueños” -explicaban Epalza y Márquez- sobre el castillo en el aire que supuso este plan. Pero esta ensoñación acabó en pesadilla.

La Audiencia Provincial de Álava ha “confirmado” la sentencia de la juez de lo mercantil María Teresa Trinidad Santos que, tras el juicio celebrado en otoño del pasado año, condenó parcialmente a los promotores del fallido coche eléctrico vasco Hiriko, entre ellos el empresario Jesús Echave y el excargo del PNV Iñigo Antia, por haber gastado innecesariamente 535.000 euros en la compra de un monoplaza de carreras que sólo sirvió para engrosar la colección de coches de Echave. La sala, compuesta por los magistrados Mercedes Guerrero, Iñigo Madaria y David Losada, ha desestimado el recurso de la Fiscalía, principalmente por defectos de forma, y no elevará la culpabilidad de los acusados por la quiebra de la entidad Afypaida, la matriz del consorcio Hiriko.

La juez de primera instancia interpretó que no había indicios para sostener que el proyecto Hiriko no estuvo bien gestionado -a pesar de que habrá un juicio penal por malversación, apropiación indebida y fraude fiscal- y desechó las acusaciones tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado, que aspiraba a la recuperación de los aproximadamente 18,9 millones de euros en ayudas públicas perdidos en este proyecto impulsado políticamente por el PNV junto al igualmente frustrado Epsilon. La fiscal del caso, Cristina Vicente, interpuso un recurso para reclamar una agravación de la condena partiendo de la base de que hubo más operaciones ruinosas que la del monoplaza.

Vicente interpretaba que la sentencia no había tenido en cuenta, por ejemplo, que Hiriko encargó la fabricación de 80 ruedas robóticas a Basque Robot Wheels (BRW) sin que fueran entregadas. Pese a que el contrato sólo obligaba a adelantar 60.000 euros, salieron de Afypaida más de 1,1 millones de euros, la totalidad de un servicio no recibido. “El pago realizado por unas roborruedas no entregadas y la ausencia de reclamación ante el incumplimiento es una acción dolosa que deriva en una mayor insolvencia en la concursada”, defendía la Fiscalía.

La Audiencia de Álava ha rechazado modificar la sentencia porque el escrito de apelación no aclara sus “pretensiones” ni qué acusados, en concreto, fueron responsables del contrato de las roborruedas. Asimismo, censura que el ministerio público interpuso el recurso “fuera de plazo”. Desestima igualmente otro recurso de uno de los procesados, Carlos Fernández Isoird. La vía mercantil podría continuar en el Tribunal Supremo.

En paralelo, el 'caso Hiriko' sigue vivo en la jurisdicción penal. Como adelantó este periódico, los promotores del coche eléctrico irán a juicio por tres delitos: malversación de caudales, apropiación indebida y fraude fiscal. La denuncia de la Fiscalía estimó que habían desviado para su propio beneficio del orden de 6,4 millones del presupuesto del proyecto, financiado en más de un 90% con ayudas públicas. Se sentarán en el banquillo de los acusados el exconcejal del PNV Iñigo Antia y los empresarios Jesús Echave, Fernando Achaerandio y José Luis Bengoechea. 

La juez de Vitoria Beatriz Eva Román Gobernado ha dado por concluido la investigación penal en torno al fallido proyecto del coche eléctrico vasco impulsado políticamente por el PNV, el denominado Hiriko que se tragó unos 18,9 millones en ayudas públicas. La magistrada, en un auto del que ha tenido conocimiento este periódico pero que no se ha hecho público porque el juzgado de Instrucción 3 de Vitoria ha decretado no facilitar “información de ningún tipo”, aprecia indicios para elevar el caso a juicio por tres delitos, malversación de caudales, apropiación indebida y delito fiscal. Se sentarán en el banquillo de los acusados el empresario afín al PNV Jesús Echave, el exconcejal nacionalista en Vitoria Iñigo Antia y los empresarios Fernando Achaerandio y José Luis Bengoechea, los mismos que recibieron en diciembre de 2017 una condena parcial en la jurisdicción mercantil que aseguraba que el proyecto estuvo bien diseñado y gestionado salvo por la compra por 535.000 de un prototipo de carreras que no tuvo ninguna utilidad salvo la de engordar la colección de coches de Echave.

El proyecto Hiriko fue una de las patas del gran sueño automovilístico del PNV para Álava y que, además del vehículo eléctrico llamado a revolucionar la movilidad en medio planeta, incluía una escudería vasca de Fórmula 1 (Epsilon-Euskadi, que devoró casi 50 millones en subvenciones y que también está pendiente de juicio) y un circuito de carreras que sustituyese las instalaciones del Ejército en Araka, a las afueras de Vitoria. El grueso de las ayudas, sin embargo, llegaron del Gobierno central, ya que fueron una de las exigencias del PNV al Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para la consecución de acuerdos presupuestarios. Más del 90% de los fondos que manejó Afypaida (la entidad sin ánimo de lucro aparente que ejerció como eje del entramado empresarial en torno a Hiriko) provinieron del entonces conocido como Ministerio de Ciencia, a los que se sumaron algunas ayudas locales y autonómicas. La inversión privada fue escasísima.

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, realizó una investigación y en 2015 concluyó que existían indicios de delito detrás de Hiriko al interpretar que unos 6,4 millones del total de 18,9 procedentes de las instituciones habían sido desviados para lucro personal u otros fines. “Con el pretexto de poner en marcha un proyecto para la construcción de un vehículo eléctrico que iba a ser sufragado en su práctica totalidad con cargo a fondos públicos”, argumentaba Izaguirre, los acusados idearon un “plan” para captar ese dinero en beneficio propio. En aquel momento se estimaba que eran alrededor de 22 las facturas presuntamente ficticias.

Entre otros pagos, se destinaron 1,4 millones a comprar ruedas especiales o 'roborruedas' para 20 vehículos Hiriko cuando nunca se llegaron a fabricar tantos -sólo hubo un prototipo completado que ni siquiera arrancó cuando se presentó en Bruselas-. Asimismo, el empresario que capitaneó Hiriko, Jesús Echave, se autoalquiló una nave para que fuera la sede del proyecto y la abonó con fondos públicos. A ello hay que sumar el gasto más ostentoso, el del prototipo de carreras -adquirido además a Epsilon-Euskadi- y que nunca tuvo utilidad para el desarrollo de un coche eléctrico. Ese dinero también lo puso el Estado.

Tras la denuncia de la Fiscalía, la investigación recayó en la juez Román Gobernado de Vitoria. La instrucción se inició con polémica ya que la magistrada acusó al ministerio fiscal de hacer “ingeniería jurídica” para acusar por “fraude a la Administración” a los promotores de Hiriko. La juez no tomó declaración a los imputados hasta más de un año después, en 2016. 

Ahora, dos años después y tras haber finalizado la pieza mercantil (que en teoría no tiene que prejuzgar el resultado de la causa penal), Román Gobernado ha dado por finalizada la fase de investigación y abre la puerta a la celebración de juicio. El procedimiento se sigue frente a Echave, Antia -cargo del PNV que según Echave lideraba los contactos políticos y la búsqueda de financiación-, Bengoechea y Achaerandio. Quedan fuera del proceso Pepe Barreira y Javier Calera, en su día denunciados también por Izaguirre.

Los delitos que indiciariamente se aprecian detrás del fiasco de Hiriko son tres: malversación de caudales, apropiación indebida y delitos fiscales (más de 120.000 euros de defraudación a Hacienda). Se da la circunstancia de que éste último no había sido puesto sobre la mesa hasta ahora, ya que se aludía en todo momento a un fraude en las subvenciones. En todo caso, la argumentación jurídica de la juez Román Gobernando no ha sido hecha pública ni hay previsión de que así sea. Este periódico solicitó reiteradamente conocer el contenido completo del auto sobre Hiriko, al igual que han ido trascendiendo otras resoluciones del caso, pero fuentes de Instrucción 3 de Vitoria han apuntado que tienen instrucciones de no facilitar ningún tipo de información. No es el primer asunto polémico de esta sala en las últimas semanas ni en los últimos años.

El próximo 7 de julio se iniciará en Vitoria el juicio mercantil del ‘caso Hiriko’. Es el primero de los dos procedimientos judiciales abiertos en torno al fiasco que supuso el proyecto de coche eléctrico vasco, que se tragó alrededor de 18 millones de euros en ayudas públicas. Ese primer día, según fuentes judiciales, se concretarán las pruebas y los testigos, aunque se prevé que las sesiones se prolonguen durante varias jornadas ya que sólo la Fiscalía ha solicitado la comparecencia de 33 personas.

El procedimiento mercantil del ‘caso Hiriko’ se sigue contra la entidad “sin ánimo” de lucro Afypaida, sociedad sobre la que pivotaron las distintas empresas que participaron en el proyecto de vehículo eléctrico y que acabó en concurso de acreedores. Tras ella, el constructor Jesús Echave y también otros empresarios alaveses. En Hiriko participó también activamente el que fuera concejal del PNV Iñigo Antia. Este partido impulsó políticamente la concesión de subvenciones al proyecto, que se tradujeron en una lluvia de millones desde el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (dentro de uno de sus acuerdos con los nacionalistas en las Cortes Generales) y, en menor medida, desde las instituciones vascas. Sin embargo, la inversión privada fue mínima.

La administración concursal solicita la calificación de “culpable” para los promotores de Hiriko, lo que les obligaría a devolver a los acreedores, principalmente instituciones, el dinero que se les adeuda. También el Estado, personado en el procedimiento, reclamará la devolución de 18 millones de euros.

Pese al dinero público recibido, Hiriko, el coche llamado a ser la revolución en la movilidad urbana, no llegó nunca a ser una realidad. Aunque sí se realizó un importante trabajo de I+D, principalmente de la mano del MIT de Boston, nunca se fabricaron los vehículos eléctricos prometidos. De hecho, apenas se remató un prototipo que falló al arrancar en su gran presentación en Bruselas delante de las autoridades de la Unión Europea.

Además de la causa mercantil, la Fiscalía impulsó una investigación penal que ahora mismo sigue abierta en un juzgado de instrucción de Vitoria. Según el escrito del fiscal Josu Izaguirre, los empresarios detrás de Hiriko, que no tenían ninguna “experiencia” en el sector de la automoción, idearon un “plan” para “distraer” las subvenciones que lograron para la fabricación del Hiriko “en beneficio propio”. En total, se pudieron valer de hasta 22 facturas presuntamente falsificadas para lucrarse.

El 'modus operandi' descrito por el fiscal apunta a que las distintas sociedades mercantiles que formaban parte del consorcio Hiriko u otras beneficiarias del fraude se cruzaron facturas para poder justificar trabajos ante la Administración y poder recibir los fondos públicos. El ejemplo más claro de esas supuestas irregularidades es que Echave se autoalquiló el edificio Alas, que ya era suyo, para ser la sede de Hiriko. El empresario, asimismo, amplió su colección de vehículos clásicos y de competición con unos 650.000 procedentes del Ministerio de Ciencia. En total, según la investigación de la Fiscalía, las facturas presuntamente irregulares podrían cuantificarse en hasta 6,4 de los 18 millones de euros en ayudas recibidos por el consorcio Hiriko.

Al PNV de Álava se le acumulan las causas en los tribunales de Vitoria. Al caso De Miguel y al fallido y dudoso proyecto de Epsilon e Hiriko, ahora se le une el caso Denokinn, por el que se investiga un convenio suscrito en 2010 por la entonces diputada alavesa de Promoción Económica, Arantza Zenarruzabeitia, con Denokinn, una entidad «sin ánimo de lucro» coordinada por el exviceconsejero nacionalista Luis Miguel Macías y muy vinculada al PNV. Esta empresa logró 337.000 euros tras una contratación a dedo y la Fiscalía y la Ertzaintza creen que unos 125.000 pudieron ser abonados de manera injustificada, según publicó elmundo.es.

Ante esta nueva investigación que salpica al PNV alavés, la teniente de diputado general de la Diputación Foral de Álava, Pilar García de Salazar, ha manifestado que se personará en la causa “si se demuestra que ha habido un perjuicio para el erario público”. No obstante, García de Salazar ha defendido la actuación de su compañera de partido al asegurar que “hubo numerosas reuniones y participaron muchas empresas”. Aunque también ha insistido en que “en el hipotético caso de que la resolución judicial demostrara que hubo un perjuicio económico para el erario público, la Diputación intervendrá y se pedirá la reversión del dinero”.

El Partido Popular intenta involucrar a la teniende de alcalde de Vitoria

Esta polémica ha llegado a las Juntas Generales de Álava, el parlamento provincial, donde el Partido Popular ha lanzado duras acusaciones contra el PNV y ha llegado a vincular a la actual teniende de alcalde de Vitoria, Itziar Gonzalo, con el caso por haber firmado en su día una respuesta parlamentaria sobre las subvenciones ahora investigadas. En aquella época Gonzalo era directora-gerente de Álava Agencia de Desarrollo, la empresa pública provincial encargada de promover la economía en el territorio.

Itziar Gonzalo se defendió de las acusaciones y pidió al PP «una rectificación». La política nacionalista alega que el escrito que envió al grupo popular «es una contestación a una petición de información» y «no contiene una justificación realizada por mí».

El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, dice que "no se producen las circunstancias ni hay base", en la actualidad, para personarse en el caso.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, cree que no se producen las circunstancias ni hay base, en la actualidad, para que el Ejecutivo se persone como acusación particular en el 'caso Hiriko', aunque ha asegurado que, si más adelante hay motivos “justificados” para ello, no “dudará un minuto” en hacerlo.

En este sentido, ha recordado que la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad ha auditado las cuentas y, hoy por hoy, “no hay motivo” para emprender acciones legales contra nadie. “Hasta la fecha, al menos, no se ha constatado que en la concesión de esas ayudas se haya producido menoscabo efectivo alguno a la Hacienda General del País Vasco”, ha añadido.

Erkoreka ha realizado estas declaraciones después de que se haya conocido que este lunes la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha admitido a trámite la querella planteada por la Fiscalía de Álava en el fallido proyecto de coche eléctrico 'Hiriko', que se dirige contra seis empresarios y la asociación Afipaida, al considerar que, sin experiencia ni infraestructura en la fabricación de automóviles, idearon un plan para apropiarse de fondos públicos “en su propio beneficio”.

El ministerio público cree que se podrían haber cometido delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales, cuestión que ahora investigará el Juzgado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno vasco, el portavoz del Ejecutivo ha recordado que el procedimiento penal relacionado con Hiriko se encuentra “en una fase muy preliminar del procedimiento penal”.

Según ha dicho, el Gobierno vasco, “como cualquier otro agente, tiene derecho” a personarse como acusación particular en cualquier momento antes de que se celebre juicio. Por ello, ha indicado que, “como la instrucción durará previsiblemente varios meses, hay tiempo de sobra para hacer una evaluación al respecto, para analizar con detalle pros y contras, y adoptar, en su caso, la decisión correspondiente”.

En ese sentido, ha recordado que la semana pasada la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, “explicó claramente que ha repasado exhaustivamente los expedientes relativos a las subvenciones que el Gobierno vasco concedió en los años 2010, 2011 y 2012 a ese proyecto, que no ha encontrado irregularidad alguna”.

Josu Erkoreka ha subrayado que Tapia, no solo “ha constatado la regularidad del procedimiento, sino, además, el cumplimiento efectivo de todos los hitos y todos los compromisos que se asumieron por parte de los solicitantes de las subvenciones en el momento en que lo hicieron”.

Cuentas auditadas

Asimismo, ha indicado que Tapia ya dijo que “las cuentas han sido auditadas también y que, en este momento, no tiene motivo objetivo justificado alguno para emprender acciones legales contra nadie, ni tampoco para personarse en un procedimiento en el que, en principio, no tiene cuentas pendientes, en el sentido de que, hasta la fecha, al menos, no se ha constatado que en la concesión de esas ayudas se haya producido menoscabo efectivo alguno a la Hacienda General del País Vasco”.

“Si a lo largo de las investigaciones se pusiera de manifiesto que el expediente que obra en el Departamento de Industria no refleja fielmente la realidad, y que existen motivos para justificar ese procedimiento, el Gobierno no tendría ninguna duda en hacerlo”, ha asegurado.

Erkoreka ha reiterado que, “hoy por hoy, esas circunstancias no se producen y, por tanto, en este momento, con los datos” que tienen sobre la mesa, “que son solamente los que derivan del expediente jurídico administrativo que obra en el Departamento de Industria”, no encuentran base para “personarse en el procedimiento con una acusación particular, que tendría que dirigirse necesariamente a alguien de quien este Gobierno tiene razones fundadas para suponer que no ha cumplido el ordenamiento jurídico”.

En su opinión, “a la vista de los expedientes, no se constata, hoy por hoy”, incumplimientos “ni respecto a los responsables gubernamentales que adoptaron el acuerdo de conceder esas subvenciones, ni tampoco en relación a los destinatarios de los mismos”.

Ayudas

Además, ha señalado que “el grueso de las alegaciones de la querella presentada por la Fiscalía de Álava hacen referencia a las ayudas obtenidas del Gobierno central, no a las recibidas del Gobierno vasco, a las que solamente se hacen referencias muy tangenciales y leves”.

Por ello, ha insistido en que, “con la información que el Gobierno vasco tiene en este momento, que deriva exclusivamente de ese expediente administrativo, no hay base para poder formular una acusación particular en el seno de un procedimiento penal”.

No obstante, ha asegurado que el Gobierno vasco “actuará con responsabilidad y en defensa del interés público”, por lo que, “si a lo largo de la investigación se puede acreditar la existencia de alguna inexactitud en el expediente administrativo o algún motivo que justifique una contravención de la normativa de subvenciones en relación con las ayudas concedidas por este Gobierno, no dudará un minuto en personarse para hacer valer su derecho”.