El portavoz popular en el Ayuntamiento de Manzaneda (Ourense), Pedro Yáñez, se ha convertido este lunes en el nuevo alcalde del municipio tras prosperar la moción de censura de PP y dos tránsfugas. Los populares se hacen con un bastón de mando que habían poseído por última mez (con José Hervella como regidor) 18 años atrás, en 2007. Desde entonces se sucedieron los gobienos progresistas de BNG, Anova y Partido Socialista. En concreto, el PP había impulsado la moción de censura contra el exregidor socialista, Amable Fernández, junto a dos concejales ahora no adscritos que habían concurrido bajo las listas del PSdeG a las municipales, para hacer frente, según recoge el escrito, a la “grave situación de deterioro institucional, político y social que vive el Ayuntamiento”.

La moción inicialmente prevista para el 29 de octubre fue suspendida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Ourense, tras aceptar la medida cautelar presentada por Fernández al existir posibles causas de nulidad, celebrándose finalmente este lunes. Según ha explicado en pleno el nuevo regidor, la moción “no debe entenderse como una confrontación personal” sino como “un mecanismo democrático” para “conseguir un rumbo” que “a juicio del PP debe cambiar”.

“Me voy con la cabeza alta”

Por su parte, el exalcalde socialista Amable Fernández, consultado por Europa Press, ha señalado que se marcha “con la cabeza alta” porque “no fue lo que votaron los vecinos”, y ha recalcaldo que ahora socialistas conformarán una “oposición constructiva”, que “es lo que merece el Ayuntamiento”. En esta línea, ha insistido en que el partido acatará la moción porque “lo marca la ley”, pero ha destacado que “la inmensa mayoría del Ayuntamiento no lo ve” y que “no hay nada de peso para llevarla a cabo”. “Solo por interés personal, por entrar a tener el mando, como en las películas americanas de golpe de Estado”, ha afeado.

Asimismo, ha criticado un proceso que “legalmente se puede hacer”, pero que “éticamente y moralmente es muy reprochable” y ha instado al nuevo gobierno a que cumpla con su premisa y “traiga 2 o 3 millones de euros al año”. “Ya nos veremos en las siguientes elecciones”, ha añadido. Amable Fernández ha recalcado, además, que ambos tránsfugas no podrán gobernar nada en el Ayuntamiento, “serán simples concejales”, y ha incidido en que, “si meten la pata en eso”, el partido “irá a tribunales”.

Moción socialista contra el transfuguismo en la Deputación

También el líder del PSdeG en Ourense, Álvaro Vila, ha avanzado que que el Grupo Provincial Socialista presentará en el próximo pleno de la Diputación de Ourense una moción contra el transfuguismo político tras una moción de censura “esperpéntica” que, a su juicio, representa la “dejadez frente a la opinión de la vecinanza”. En esta línea, Vila ha insistido en que la decisión tomada “marcará un antes y un después en las relaciones entre PSdeG y PP en la provincia” y ha apuntado al presidente de la Diputación, Luis Menor, para que “clarifique y asuma responsabilidades” tras el “incumplimiento del PP del Pacto Antitransfuguismo acordado entre los grupos políticos”.

Los trabajos para apagar, tras más de medio mes ardiendo, el vertedero con residuos industriales de A Rúa (Ourense) han comenzado. Maquinaria pesada va a descargar tierras en la zona para evitar que siga llegando oxígeno a los materiales -que son moquetas de aislantes para vehículos- y que terminen por apagarse. La intervención la asume la Diputación de Ourense tras dos semanas de reiteradas peticiones de ayuda de la alcaldesa de A Rúa, María González Albert (BNG), y después de varias protestas de los vecinos de este municipio y del de Petín, al que también llegaba la humareda.

El ente provincial, dirigido por Luis Menor (PP), se puso en contacto con la regidora de A Rúa y el pasado fin de semana anunció que se haría cargo de la extinción del incendio, que empezó debido a las llamas del mayor fuego forestal de Galicia, el que empezó en Larouco el 13 de agosto y arrasó unas 30.000 hectáreas por toda la comarca de Valdeorras y otros territorios fronterizos. Las llamas afectaron tanto al vertedero, de titularidad municipal, como a la nave de la empresa que deposita allí sus residuos, al auxiliar de la automoción Autoneum.

El fuego salió de los montes tras calcinar árboles, monte bajo y algunas aldeas, pero el material acumulado en este vertedero, que tiene una extensión de 1,4 hectáreas, se seguía consumiendo lentamente porque está empaquetado de modo que entra poco oxígeno. La densa humareda, con un fuerte olor a plástico, obligó a recomendar a los vecinos de la zona que saliesen a la calle con mascarillas. Tras dos protestas -una caravana de coches y una cadena humana entre Petín y A Rúa- de los vecinos, la Diputación de Ourense anunció una contratación de emergencia de los trabajos de extinción, de los que se hace cargo la empresa Tragsa. El presupuesto es abierto, pero se calcula que la intervención costará unos 100.000 euros.

El senador del PP José Manuel Baltar, presidente de la Diputación y del partido en Ourense durante más de una década, ha pedido la absolución en su juicio por conducir a 215 kilómetros por hora insinuando que el proceso penal contra él parte de una estrategia para sacarle de las instituciones. Su abogado, a lo largo del juicio celebrado este lunes en el Supremo, ha llegado a preguntar a los guardias civiles implicados si habían ascendido a instancias del PSOE. La Fiscalía ha pedido que sea multado y que se le retire el carnet de conducir durante un año.

Tal y como reveló elDiario.es el pasado mes de abril, un radar de la Guardia Civil detectó el coche que conducía José Manuel Baltar, entonces presidente de la Diputación de Ourense, a 215 kilómetros por hora en un tramo de la A-52, a la altura del municipio zamorano de Asturianos, en la que la velocidad estaba limitada a 120 kiómetros por hora. En un primer momento el caso se tramitó ante un juzgado de Zamora pero fue asumido por el Tribunal Supremo cuando Baltar abandonó la Diputación y fue designado senador autonómico por Galicia.

La velocidad a la que iba el vehículo justificó que Baltar fuera imputado por un delito contra la seguridad vial, pero también fue multado en ese momento por la Guardia Civil: una sanción administrativa de 600 euros que pagó y la retirada de seis puntos del carnet de conducir. A lo largo del proceso, la defensa de Baltar ha rechazado que se pueda someter al senador del PP en paralelo al proceso penal y a la sanción administrativa.

Ante los jueces y a preguntas de la Fiscalía, José Manuel Baltar ha negado que condujera a más de 200 kilómetros por hora. “Nunca superando los 200 kilómetros por ahora, el velocímetro del vehículo me lo advertiría, en ningún caso la aguja había superado los 200 kilómetros por hora”, ha afirmado. El político ha negado cuando el fiscal ha preguntado directamente si era posible que, en algún momento, “se le fue el pie” del acelerador.

El abogado de Baltar, a través de sus preguntas a varios testigos y al propio Baltar, ha intentado ligar el caso a una posible intencionalidad política de guardias civiles a los que vincula al PSOE en Galicia. Ha preguntando expresamente y en varias ocasiones a un Capitán de la Guardia Civil si fue ascendido en un proceso en que fue designado, precisamente, por la subdelegación del Gobierno, algo que él ha negado explicando que ascendió a través de un concurso de méritos.

Las preguntas del letrado han llevado a este mando policial a explicar que tuvo que pedir un traslado por la enfermedad que padecía uno de sus familiares: “No quería sacar el tema”, ha lamentado.

El abogado de Baltar también ha preguntado a buena parte de los guardias civiles que han testificado si ellos habían filtrado la información de su caso a los medios de comunicación o si sabían, al menos, quién había sido. Todos lo han negado. “Nadie bajo mi mando ha comunicado esto a nadie”, ha dicho uno de los mandos llamados a declarar por la defensa.

Ante la Sala de lo Penal, el fiscal del caso ha pedido que sea multado, que se le retire el carnet durante un año y que de ese dinero se descuente la multa que ya pagó en su momento de 600 euros. “Los guardias civiles han aclarado todos los puntos cuestionados”, ha dicho el representante del Ministerio Público poco antes de reconocer “los numerosos errores que contiene el asestado, nos sorprende que un atestado por un hecho tan simple contenga tantos errores”. Errores que, según la Fiscalía, no impiden condenar a Baltar. “Está acreditado con pruebas objetivas que conducía el vehiculo con un exceso de velocidad penalmente relevante”, ha concluido.

José Manuel Baltar se sentará en el banquillo del Supremo el próximo 13 de enero por un delito contra la seguridad vial. El tribunal ha fijado para ese día el juicio contra el senador del PP y expresidente de la Diputación de Ourense por conducir a 215 kilómetros por hora por una carretera en Zamora. La Fiscalía pide una multa de 1.800 euros para él además de un año de retirada del carnet de conducir. En el juicio, además del propio senador, tendrán que declarr los guardias civiles que realizaron el atestado.

Tal y como reveló elDiario.es en exclusiva, un radar de la Guardia Civil cazó al entonces presidente de la Diputación y del PP ourensano cuando conducía su coche a 215 kilómetros por hora por la A-52 a la altura del municipio zamorano de Asturianos. El político, hoy senador autonómico del PP, pagó una multa pero además fue denunciado por lo penal al haber superado holgadamente el límite de velocidad de 120 kilómetros por hora de esa carretera.

A lo largo del procedimiento Baltar ha intentado evitar el banquillo poniendo en duda la medición del radar de la Guardia Civil y alegando, también, que no puede ser juzgado por lo penal si ya pagó una multa en un procedimiento administrativo. Por el momento los jueces han rechazado estas alegaciones pero volverán a ser estudiadas durante el juicio que arranca en enero y su estrategia de defensa se desarrollará con pruebas como la declaración de los guardias civiles, la documental sobre la inspección de la carretera, el análisis del radar y el boletín de denuncia por exceso de velocidad.

La magistrada Ana Ferrer procesó a Baltar el pasado mes de junio. Un auto en el que la jueza explicó que su conducta, conducir a casi el doble del máximo permitido, es una de las actitudes “estadísticamente más arriesgadas para la seguridad en el tráfico rodado”. Conducir a esa velocidad, reprochó también la jueza, “incrementa inadmisiblemente el riesgo de daños personales y materiales”.

El caso de Baltar llegó al Tribunal Supremo después de una primera fase de tramitación en los juzgados ordinarios de Zamora. Su nombramiento como senador del PP por Galicia, designado por el partido de Alfonso Rueda, provocó que las diligencias se trasladaran a la Sala de lo Penal por su aforamiento.

La sucesión de hechos, colocados uno detrás de otro y en el correspondiente contexto político e histórico, resulta explosiva. Son cuatro décadas de salvaje política clientelar, corruptelas que a menudo acabaron en los juzgados, cargos heredados y un árbol genealógico del enchufismo, aplastantes mayorías absolutas, medios de comunicación adocenados, una provincia a la cola en los índices socioeconómicos, guerras intestinas y, siempre finalmente, uno de los cimientos más sólidos de la hegemonía del Partido Popular en Galicia. José Luis Baltar Pumar y su hijo José Manuel Baltar Blanco convirtieron la Deputación de Ourense en su finca particular, el lugar desde el que hicieron y deshicieron y repartieron a cambio de votos y prebendas. Solo la temeridad al volante del vástago, O Fillo, cazado a 215 por hora en un coche del ente provincial el año pasado, clausuró la dinastía caciquil por excelencia de los conservadores gallegos. Os Baltar (Morgante, 2024) es el libro que los periodistas Cristina Huete y Primitivo Carbajo dedican a explorar y sintetizar esta historia que es también la historia de cómo la derecha ha dominado la comunidad.

“No hubo inversiones. Y los enchufados eran tantos que las academias de la ciudad de Ourense no preparaban oposiciones a la Diputación, los puestos estaban dados”, relata a elDiario.es Cristina Huete. Sus informaciones publicadas en Faro de Vigo, La Voz de Galicia y, sobre todo, en El País son la base sobre la que se levanta Os Baltar. Y que le valieron numerosísimas demandas e imputaciones, incluso por vía penal, procedentes de la familia “y sus esbirros”. La denunciaban por una cosa y por la otra: recuerda que acabó en el banquillo por mencionar un nombre en un reportaje sobre la colección de coches deportivos y de época que almacenó Baltar Pumar. Le pedía 20.000 euros de fianza. Salió absuelta. “Me señalaban en redes sociales, me amenazaban... En un sitio pequeño como Ourense no es cómodo”, dice, “pero estaba segura de que era lo que tenía que hacer”.

Con Primitivo Carbajo coincidió en la desaparecida edición gallega de El País. La mirada de este sobre lo que sucedía en Ourense, más exterior, presenta ángulos complementarios. “El gran peligro es que el baltarismo quede como algo pintoresco”, argumenta, “cuando en realidad condicionaba la política gallega y era la clave para que el PP mantuviese la Xunta”. Más allá de la cabalística obsesión de O Fillo por el número siete -“en su libro Falemos de ourensanía menciona que Galicia y Ourense tienen siete letras”, ríe Carbajo- o del trombón del padre -“si no eres del PP, jódete, jódete”, acompañaba con el instrumento en las otrora gloriosas noches electorales-, los Baltar establecieron un sistema de control político, demediaron los procedimientos democráticos, violentaron los mecanismos de acceso al trabajo público y obtuvieron poder y beneficios materiales a cambio. Y sostuvieron primero a Fraga Iribarne y después a Núñez Feijóo en el Gobierno gallego. Mientras, la provincia chapoteaba en los furgones de cola de casi todos los medidores económicos y sociales. “Boinas y birretes eran el mismo perro con distinto collar”, resume Huete. Se refiere a los dos bandos que, durante años, dividieron al PP gallego: el sector rural, celoso de cierta autonomía respecto de Madrid, caracterizado como un reino de caciques, y el urbanita, neocón primero, después neoliberal y ahora en parte seducido por el trumpismo, centralista y españolizado.

De Falange a Coalición Galega y la absorción por el PP

El caso es que el Partido Popular de Ourense tiene su propia trayectoria, al margen de Alianza Popular. La reconstruyen Huete y Carbajo. En el principio fueron Falange, de cuyo Frente de Juventudes fue miembro destacado Baltar Pumar -es una de las revelaciones del libro-, y Eulogio Gómez Franqueira, el creador de Coren, procurador por el Tercio Familiar en las Cortes franquistas. La conjunción de las granjas cooperativas avícolas, la financiación de Caixa Ourense y las sucesivas marcas partidarias más o menos centristas fundadas tras la caída de la dictadura formaron un ecosistema político único. Acción Política Orensana, la primera de todas ellas, sería uno de los afluentes gallegos de UCD. De su descomposición nació Centristas de Ourense, núcleo al poco tiempo de Coalición Galega, la más acabada expresión de un nacionalismo gallego conservador. El partido llegó a enviar un diputado al Congreso en 1986, el primero nacionalista de Galicia desde la II República, y 11 al Parlamento autonómico. En 1987, prácticamente de la noche a la mañana, se desintegró. Pero esa es otra historia, aunque relacionada.

Baltar Pumar sería uno de los supervivientes del naufragio, a bordo de Centristas de Galicia, la formación con la que Victorino Núñez recuperó el viejo proyecto de Franqueira. Se encontraba impedido tras sufrir un ictus y Núñez había alcanzado la presidencia de la Diputación. Baltar fue su vicepresidente. Este magma autodenominado centrista y con veleidades autonomistas acabó absorbido por el PP de Fraga Iribarne. Y facilitó su primera mayoría absoluta, la de 1989, fruto de lo que algunos han denominado pucherazo. En la circunscripción de Ourense, precisamente. Lo menciona Os Baltar, claro: 5.000 votos sin escrutar y unas misteriosas sacas halladas dos meses después en una oficina de Correos. Victorino Nuñez pasó a ocupar la presidencia del Parlamento de Galicia en 1990 y Baltar Pumar ascendió a la presidencia de la Diputación. Solo se bajaría en 2012, y para cederle el sillón a su hijo, O Fillo.

De Baltar Pumar a Baltar Blanco y final a 215 por hora

“En la diputación y sus organismos ya se sientan enchufados hijos de los enchufados”, explica Huete. El relato de como la tela de araña del PP baltarista se fue extendiendo por la provincia es el núcleo de Os Baltar. “Más del 40% de los presupuestos de la Diputación se destinaba a pagar los salarios de los enchufados”, añade. Eso y la proliferación de corruptelas de menor o mayor tamaño. Carbajo, en todo caso, ironiza sobre la materia. “Dentro de las ilegalidades y las alegalidades del funcionamiento del baltarismo”, relata entre risas, “por lo menos repartían entre muchos. Los birretes son otra cosa. Mire Feijóo, su hermana, su cuñado su prima, todo muy próximo”. En el hospital Santa María Nai, dependiente del ente provincial -hasta que Fraga lo integró en el Sergas en una batalla intestina perdida por el PP ourensano-, Baltar Pumar llegó a colocar a más de 300 vecinos de Esgos y Nogueira de Ramuín, los ayuntamientos donde respectivamente había nacido en 1940 y donde fue alcalde entre 1976 y 1995.

Pero Baltar O Fillo no es Baltar, como decía la versión que Ico, cantante de O Sonoro Maxín, hizo del Bailar pegados de Sergio Dalma y que Huete y Carbajo usan como estribillo en la segunda parte del libro. En 2012, Baltar Blanco sucedió a Baltar Pumar al frente de la Diputación de Ourense. La bonhomía saltarina con la que Baltar padre adornaba su voluntad irrefrenable de poder político y económico no la había heredado su vástago. De mirada fría y gesto adusto, Carbajo asegura que tiene “ideas absolutamente peregrinas”. Su obsesión por el número siete o “idioteces” como la idea de elecciones provinciales entre ellas. Cristina Huete coincide. Lo resume con las etiquetas que, durante años, sintetizaron la fractura que recorrería la derecha gallega: “Es un birrete nacido de un boina”. Que además dilapidó el legado político de su padre. En abril de 2023, la Guardia Civil cazó a José Manuel Baltar Blanco a 215 kilómetros por hora al volante de un coche oficial de la Diputación. Fue el principio del fin de la dinastía caciquil por excelencia del PP gallego.

Baltar Blanco es ahora senador y el Supremo le ha abierto juicio por su temeridad como conductor. Alfonso Rueda, birrete e indudable exponente del sector centralista de los conservadores, aprovechó la circunstancia y logró lo que Feijóo no había logrado -lo intentara en 2011 y fracasó: deshacerse de Os Baltar. Ahora gobierna la Diputación Luis Menor, birrete, también del PP, por supuesto. “El PP de Ourense tiene una estructura rural muy fuerte” sobre la que los dos Baltares cimentaron su dominación, dice Huete, “pero si no la cuidan acabará por desaparecer”. En cualquier caso, ni ella ni su colega Carbajo perciben diferencias de fondo entre los declinantes boinas y los triunfantes birretes: “Se retroalimentaron. Mantuvieron el caciquismo. Feijóo intentó apartarlo y perdió y ya nunca le volvió a chistar”. Huete concluye, en todo caso, con una tesis arriesgada: el verdadero heredero de Baltar es Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, populista de derechas, y que “se ha atrincherado para hacer lo que no hizo el hijo, trapichear con los votos”. La provincia, entre tanto, no sale de la depresión.

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que multe con 1.800 euros al Senador del PP, José Manuel Baltar, y que le quite el carnet de conducir durante un año tras ser cazado por un radar de la Guardia Civil a 215 kilómetros por hora. El Ministerio Público solicita para él una condena similar a la que ya pidió cuando, antes de estar aforado, el caso contra el expresidente de la Diputación de Ourense se tramitaba en un juzgado de Zamora. Le atribuyen un delito contra la seguridad vial.

Tal y como reveló elDiario.es, un radar de la Guardia Civil pilló a José Manuel Baltar conduciendo un coche de la Diputación de Ourense que entonces presidía a 215 kilómetros por hora en un tramo de la A-52 en Zamora por el que, como máximo, se podía circular a 120 kilómetros por hora. Fue multado en el momento y, además, el atestado provocó la apertura de un proceso penal.

El caso empezó a tramitarse en un juzgado de Zamora pero fue enviado al Tribunal Supremo después de que Baltar fuese nombrado Senador a propuesta del Parlamento de Galicia. Una vez ante la Sala de lo Penal, usó sin éxito dos argumentos para evitar el juicio: que ya había sido multado y eso impedía condenarle también por lo penal, y además que la Guardia Civil no había podido acreditar a qué velocidad iba.

El Supremo, por el momento, no ha estimado esos argumentos y este jueves anunció la apertura de juicio oral contra él. Un movimiento que llegaba después de que la Fiscalía pidiera sentarle en el banquillo por un delito contra la seguridad vial.

El escrito de acusación del Ministerio Público declara probado que sí iba a esa velocidad y que el margen de error del 5% que suele aplicarse a ese tipo de radares tampoco le salva del banquillo. Pide que sea multado con 1.800 euros, aunque también permite que se le descuente la multa de 600 euros que ya pagó por la vía administrativa.

También solicita que se le retire el carnet de conducir durante un año y un día. Su procedimiento sancionador, explica la Fiscalía, está “suspendido a la espera de que concluya el proceso penal” que tramita el Supremo.

El actual presidente de la gestora del PP en la provincia de Ourense, Luis Menor, ha presentado este miércoles 1.583 avales en apoyo a su candidatura a continuar al frente de la formación en el próximo congreso provincial extraordinario, que se celebrará el próximo 13 de julio.

La candidatura del también presidente de la Diputación de Ourense y alcalde de Pereiro de Aguiar será la única en el congreso provincial que certificará el cierre definitivo de la era de los Baltar.

El plazo para presentar los avales necesarios cerraba este jueves, justo el día en el cual ha trascendido que la juez del Tribunal Supremo propone juzgar al ahora senador del PP José Manuel Baltar, expresidente de la Diputación de Ourense y del partido en esta provincia, por un delito contra la seguridad vial por supuestamente conducir un coche a 215 kilómetros por hora en la autovía A-52 en 2023.

Tras hacer entrega de los avales a la comisión organizadora del Congreso, Menor ha querido expresar su agradecimiento a todos los afiliados que, con su firma, confían en su propuesta para “llevar al Partido Popular de Ourense a lo más alto” y “a consolidarse como una alternativa política útil y de gobierno serio y responsable para Ourense”.

“Una transición modélica”

En este sentido, Menor ha hecho un recorrido por su trayectoria a lo largo de los siete meses desde que aceptó la responsabilidad de dirigir el partido, en un período de transición tras la salida de José Manuel Baltar, presidiendo una gestora que, ha dicho, “con las limitaciones propias de un órgano provisional” logró “dos importantes triunfos electorales y movilizar masivamente a militantes y simpatizantes”.

Es por ello que ha ensalzado que la victoria en las urnas, así como la respuesta de los populares ourensanos a sus propuestas, han sido “una motivación extra para dar el paso” y presentarse a la presidencia de un partido en el que “se ve ilusión, dosis de entusiasmo y ganas de colaboración y trabajo”.

El congreso, que se celebrará el próximo 13 de julio en el Pazo dos Deportes Paco Paz, en la capital ourensana, cierra, en palabras de Luis Menor, “una transición modélica en el Partido Popular de Ourense”, con la puesta en marcha de un equipo de dirección “legitimado por los afiliados” y “dispuesto a demostrar que, lo que verdaderamente le importa a esta formación es Ourense”.

El plazo para presentar candidaturas terminaba a las 14.00 horas y la de Luis Menor ha sido la única, por lo que a falta de la ratificación en el próximo congreso provincial, Menor se convertirá en el presidente del Partido Popular ourensano, aunque la campaña electoral interna la realizará igualmente entre el 22 de junio y el 3 de julio.

El Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, tiene intención de votar a favor de que la Cámara Alta autorice la instancia del Tribunal Supremo (TS) para dirigir un procedimiento penal contra su senador José Manuel Baltar por un delito contra la seguridad vial por presuntamente conducir un coche a 215 kilómetros por hora en la autovía A-52, tal y como reveló elDiario.es.

El Senado ha dado este miércoles un primer paso dando audiencia al propio Baltar para informarle de que se iba a tramitar el suplicatorio, sin embargo el Senado y expresidente de la Diputación de Ourense ha optado por no acudir presencialmente a la cita y ha preferido mandar un escrito a la comisión.

En esta misma reunión, la Comisión de Suplicatorios ha designado también a los encargados de los grupos de redactar el texto que finalmente se someterá a votación, fijándose la primera reunión a la vuelta de Semana Santa, el próximo martes día 2 de abril.

Posteriormente, la Comisión de Suplicatorios ya al completo tendrá que votar si sigue adelante con el trámite, y si así ocurre, el suplicatorio llegará al Pleno del Senado, para decidir antes del 10 de mayo si la Cámara alta da su aprobación para que el parlamentario Baltar sea juzgado.

Según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, en estos trámites el PP votará a favor de seguir adelante con el suplicatorio, garantizando que haya luz verde a suspender el aforamiento de Baltar y que por tanto el Supremo pueda activar el procedimiento.

El Supremo necesita el 'sí' del Senado

La Sala de lo Penal adoptó la decisión de pedir al Senado el suplicatorio después de que la magistrada instructora de la causa, Ana Ferrer, elevara una exposición razonada para que se solicitara la autorización a la Cámara Alta con el fin de suspender la inmunidad que goza el senador como aforado y proceder penalmente contra él al haber apreciado indicios de delito.

En el marco de la resolución, el tribunal ha estimado pertinente suspender por ahora la tramitación de las actuaciones referidas al senador mientras que el Senado resuelva sobre la autorización solicitada.

La magistrada instructora estimó proceder contra Baltar al entender que, aún aplicando el margen de error del 5% que establece la normativa sobre el resultado del radar, la cifra alcanzaría los 204 kilómetros por hora en un tramo en el que la velocidad máxima permitida era de 120 kilómetros por hora, lo que a su juicio encaja en un delito contra la seguridad vial.

“Constancia de indicios cualificados”

Ferrer indicó que, acreditada la condición de senador de Baltar, había llegado el momento en que “la constancia de indicios cualificados” hacía “imprescindible” recabar la autorización del Senado para “avanzar en el camino procesal”.

La juez insistió en que era necesario pedir permiso al Senado para seguir adelante con el procedimiento penal aunque Baltar ya fue sancionado por la vía administrativa por este hecho —con una multa y la pérdida de varios puntos del carné—. Según defendió en su exposición, dicha sanción administrativa no limita al Supremo a proceder por la vía penal.

La instructora adoptó esta decisión después de que el Supremo abriera causa el pasado noviembre, tras recibir la Sala de lo Penal el testimonio de juicio rápido y las diligencias urgentes remitidos por los juzgados de Zamora y Puebla de Sanabria, incoadas en virtud de atestado de la Guardia Civil por la comisión de un supuesto delito contra la seguridad vial.

En el marco de las diligencias de investigación, Ferrer tomó declaración a Baltar, quien compareció voluntariamente ante el Supremo el pasado 19 de diciembre para negar que condujera a esa velocidad. “No existió en ningún momento una velocidad superior a 200 kilómetros por hora”, dijo su abogado, Ramón Montero, en declaraciones a la prensa.

Asimismo, la magistrada pidió a la Guardia Civil que informase sobre las especificidades de los modelos de radar que captaron a Baltar conduciendo por encima del límite de velocidad, sobre los aparatos que imprimen las multas y, en concreto, sobre qué datos se introducen automáticamente, así como dónde estaba situado el radar que le detectó el 23 de abril de 2023 en la A-52.

Seis meses de multa

Los hechos por los que se investiga al senador 'popular' se remontan a ese domingo de abril, cuando fue interceptado, según el informe definitivo de la Guardia Civil de Tráfico, a 215 kilómetros por hora en la A-52, a su paso por Asturianos, al volante de un coche de la Diputación de Ourense.

Antes de que el caso llegara al Supremo, el Ministerio Fiscal presentó un escrito de acusación contra Baltar considerándolo autor de un delito contra la seguridad vial, en la modalidad de conducción de vehículos a motor a velocidad superior a la legalmente permitida del artículo 379.1 del Código Penal.

La Fiscalía pidió una pena de seis meses de multa a razón de cuota diaria de 10 euros, lo que se traduciría en unos 1.800 euros. El Ministerio Público también reclamó un año y un día de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores para el dirigente del PP.

El juzgado de instrucción acordó la apertura del juicio oral contra Baltar por hechos supuestamente constitutivos de un delito de conducción de velocidad. Pero, una vez acreditada la condición de senador designado por el Parlamento de Galicia, acordó la inhibición y remisión de las actuaciones al Supremo.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cree que el senador del PP Manuel Baltar no debe dimitir después de la jueza que instruye en el Tribunal Supremo el caso abierto tras ser detectado conduciendo a 215 kilómetros por hora haya pedido un suplicatorio al Senado para poder juzgarlo. Hasta en dos ocasiones, el también líder del PP gallego ha reclamado respeto a la presunción de inocencia de su compañero de partido.

“Lo que tiene que hacer es someterse al procedimiento judicial y a sus consecuencias. Y, mientras tanto, presunción de inocencia”, ha respondido Rueda en su comparecencia posterior a la reunión semanal de su Gobierno. Dijo estar seguro que esto es también lo que piensa el propio Baltar y que hay “poco más” que hacer que esperar a que se pronuncie la Justicia. “Como aforado -por su cargo como senador- hay un tribunal concreto para hacerlo [juzgarlo] y no quiere decir que no actúe la Justicia”, insistió.

La jueza ha propuesto a la Sala de lo Penal que envíe un suplicatorio al Senado para que Baltar pueda ser juzgado, ya que considera que hay pruebas suficientes de que esa tarde el entonces presidente de la Diputación de Ourense conducía muy por encima del límite permitido y que pudo incurrir en un delito contra la seguridad vial.

El caso lo reveló elDiario.es en abril de 2023: un radar de la Guardia Civil cazó a José Manuel Baltar cuando conducía a 215 kilómetros por hora por la autovía A-52 un coche de la Diputación de Ourense. Primero eludió un juicio rápido que iba a llegar antes de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Finalmente, terminó renunciando a postularse para presidir el ente provincial tras aquellos comicios y, unos meses más tarde, puso fin a más de tres décadas de dominio de su familia en la política provincial al abandonar la presidencia del PP en Ourense.

Entre medias, fue elegido senador por designación autonómica por el Parlamento de Galicia, en el que el PP tenía y tiene mayoría absoluta. La estrategia de Baltar está siendo intentar desacreditar la medición hecha por los radares y que consta en los informes de la Guardia Civil.

El Tribunal Supremo ha puesto en marcha la maquinaria para sentar en el banquillo a José Manuel Baltar por conducir a 215 kilómetros por hora. La instructora del caso ha propuesto a la Sala de lo Penal que envíe un suplicatorio al Senado para que Baltar, parlamentario del PP y expresidente de la Diputación de Ourense, pueda ser juzgado. La magistrada entiende que hay pruebas suficientes de que esa tarde Baltar conducía muy por encima del límite permitido y que pudo incurrir en un delito contra la seguridad vial.

Tal y como reveló elDiario.es en abril de 2023, un radar de la Guardia Civil cazó a José Manuel Baltar cuando conducía a 215 kilómetros por hora un coche de la Diputación de Ourense que presidía en ese momento. Fue a la altura del municipio zamorano de Asturianos y, desde entonces, la estrategia del hoy senador ha pasado por desacreditar esa medición o la existencia misma de esa velocidad en los informes. Su caso llegó al Supremo después de que fuera designado senador autonómico por el Parlamento de Galicia, donde el PP tenía y tiene mayoría absoluta.

La jueza Ana Ferrer se hizo con la investigación y tomó declaración a Baltar, que terminó por acudir voluntariamente al Supremo para negar no solo haber conducido a esa velocidad sino que la cifra de 215 kilómetros por hora figurase en los documentos de la Guardia Civil. También alegó, sin éxito, que ya había sido multado con 600 euros y la pérdida de seis puntos del carnet de conducir y que eso cerraba la puerta a ser acusado también por la vía penal.

Después de varios meses de investigación, la magistrada entiende que hay motivos suficientes para juzgarle por un delito contra la seguridad vial, y da el paso necesario para poder hacerlo: solicitar a la Sala de lo Penal que envíe un suplicatorio al Senado para que Baltar se siente en el banquillo.

Que ya haya sido sancionado administrativamente, dice la magistrada Ferrer, “no objeta la presente causa penal”. Aunque sí pueda servir para que, en caso de ser condenado, su condena sea menor o se adapte a la multa ya existente. Aplicando el margen de 5% de error que se atribuye a los radares de la misma clase del que cazó a Baltar, el senador seguiría por encima del umbral del delito por exceso de velocidad.

Ahora será la Sala de lo Penal la que decida si, como es habitual, envía al Senado el suplicatorio que ha solicitado la instructora del caso. En su tramitación ante los tribunales de Zamora, la Fiscalía entendió que Baltar había cometido un delito y pidió para él una multa de 1.800 euros y un año de retirada de carnet.

El Tribunal Supremo ha rechazado el intento del senador del PP, José Manuel Baltar, de evitar el juicio tras ser cazado conduciendo a 215 kilómetros por hora a su paso por Zamora. Los jueces rechazan la alegación del expresidente de la Diputación de Ourense de no ser juzgado porque ya fue multado por la vía administrativa. La magistrada instructora, Ana Ferrer, explica que la doctrina española y europea permite seguir adelante con este tipo de procesos penales aunque ya haya existido una sanción administrativa. Solo acepta una de las peticiones de la defensa de Baltar y pide a la Guardia Civil un informe sobre los modelos de radar que registaron al senador, su ubicación y su funcionamiento.

Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es el pasado mes de abril de 2023, un radar de la Guardia Civil de tráfico detectó el coche de la Diputación de Ourense que conducía el entonces presidente José Manuel Baltar a 215 kilómetros por hora por la A-52 a la altura del municipio zamorano de Asturianos, en dirección Madrid. El político fue sancionado con una multa de 600 euros y la pérdida de seis puntos del carnet de conducir, pero además fue denunciado por la Guardia Civil por un delito contra la seguridad vial.

El proceso judicial arrancó contra él en un juzgado de Zamora pero pasó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo después de que Baltar fuera designado senador autonómico por el Parlamento de Galicia y quedara aforado. Esta alegación sobre la existencia de una multa como posible freno a un juicio penal, ante el peligro de ser sancionado dos veces por lo mismo, ya fue esgrimida sin éxito en diciembre ante los jueces.

En su declaración como imputado en enero, Baltar negó haber conducido a 215 kilómetros por hora tal y como refleja el atestado de la Guardia Civil que abrió todo el proceso. “No iba ni siquiera a 200 por hora, es una cifra que no consta en esas actuaciones”, dijo su abogado Juan Ramón Montero en declaraciones a la prensa, sin explicar a qué se refería específicamente.

La instructora, Ana Ferrer, rechaza su alegación sobre la existencia de una multa de 600 euros, en la que pedía la nulidad de la causa. Explica que la doctrina de los tribunales europeos reconocen a los Estados la capacidad de “optar por respuestas jurídicas complementarias a determinados comportamientos socialmente inaceptables mediante distintos procedimientos que formen un conjunto coherente”. En este caso, el discurrir paralelo de una sanción administrativa y un proceso penal. También explica que este razonamiento, en cualquier caso, volverá a estudiarse en la sentencia del caso.

La jueza sí acepta una de las peticiones de la defensa de Baltar y pide un informe a la Guardia Civil sobre el tipo de radar que cazó al senador en abril de 2023, rechazando que los testigos deban comparecer antes del juicio.

El titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense, José Andrés Verdeja Melero, ha dictado un auto en el que acuerda la ejecución provisional de la sentencia que anulaba la adquisición por parte de la Diputación de Ourense del archivo histórico del diario La Región desde 1910 hasta el 31 de diciembre de 2016. El fallo judicial determina que “en el plazo máximo de un mes” se proceda a reintegrar el importe de 2,7 millones de euros a la Diputación de Ourense, y que esta, a su vez, restituya el archivo histórico a la editora del diario ourensano.

Según consta en el auto, es Armando Ojea, teniente de alcalde de Gonzalo Pérez Jácome en la capital de As Burgas y candidato a presidir la Xunta de Democracia Ourensana (DO), el que ha solicitado la ejecución provisional de la sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el 21 de julio de 2023. Tras la difusión del auto, Jácome ha hecho llegar una valoración a los medios en el que celebra la orden de ejecución provisional de un fallo contra lo que tilda de intento de “timo” denunciado por su formación. “Los juzgados nos han dado la razón en diversas instancias y ahora hemos pedido la ejecución de la sentencia. Esperemos que se acabe así esta pesadilla de una estafa que se intentó hacer en la época de José Manuel Baltar (cuando este dirigía la institución provincial)”, incide el regidor ourensano.

La Diputación y 'La Región' se opusieron

En el auto figura que ambas partes --tanto la Diputación como La Región-- presentaron sendos escritos oponiéndose a dicha ejecución y se hace constar que la sentencia que anula la transacción está recurrida. Pero el juez alega que la ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa únicamente excepciona de la ejecución provisional los supuestos en los que puedan producirse “perjuicios de difícil o imposible reparación”. Y añade que, en este caso, “no puede apreciarse perjuicio alguno” por la ejecución de la sentencia, en cuanto a que ambas partes “se restituirían sus respectivas prestaciones, quedando indemnes y en la misma situación que tenían con carácter previo al contrato”.

Un paso más, indica que los posibles perjuicios que pueda tener la Diputación por los gastos para la digitalización o similares “no son comparables” al importe del contrato y de la cantidad a restituir. “Tampoco estimo una causa razonable de oposición a la ejecución provisional el que se diga que habrá que destruir las obras digitalizadas y volver a realizar la digitalización en caso de sentencia favorable del Tribunal Supremo”, agrega. No en vano, argumenta que no se obliga “a destruir nada”, y que “lógicamente” se podrán conservar las digitalizaciones hasta que el asunto “se resuelva definitivamente”.

“Mejor y más eficaz prestación del servicio público”

“En resumen, no aprecio un perjuicio irreparable, de difícil reparación o irreversible por la ejecución provisional de la sentencia que haga que la misma no deba llevarse a cabo de forma inmediata, dado el tiempo transcurrido”, indica. “No se ocasiona ningún perjuicio económico ni ningún impacto en la economía de la Diputación provincial, sino todo lo contrario, dado que esta recupera una importante suma que podrá destinar a las finalidades que tenga por conveniente para una mejor y más eficaz prestación del servicio público”, añade, tras manifestar que tampoco ve necesidad de otorgar caución alguna por la parte ejecutante.

Los pasos jurídicos

El auto indica que las costas de la parte ejecutante serán satisfechas por la Diputación, señalándose como límite máximo de la condena en costas, por los honorarios de abotado, la suma de 300 euros más IVA. También se apunta que contra la resolución cabe recurso de apelación en un solo efecto en el término de los 15 días siguientes a su notificación a las partes a interponer ante el juzgado. corresponderá tomar conocimiento del mismo, en todo caso, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Fuentes de La Región, consultadas por Europa Press, han trasladado que sus servicios jurídicos analizan la estrategia a seguir, aunque han manifestado su “sorpresa” por el carácter del auto que da un plazo muy limitado, “sin tener en cuenta los perjuicios que puede causar” cuando la sentencia de nulidad de la adquisición todavía no es firme. Todo ello, añaden, sin exigir una caución, es decir, una garantía a quien pide la ejecución para resarcir de los perjuicios causados en caso de que el asunto se resuelva finalmente en un sentido distinto al de los últimos pronunciamientos judiciales.

José Manuel Baltar, senador del PP y expresidente de la Diputación de Ourense, ha dejado ver este martes cuál será su defensa ante el Tribunal Supremo: esgrimir que ya pagó una multa y perdió seis puntos del carnet y que, además, no hay pruebas de que realmente condujese a 215 kilómetros por hora. Dos afirmaciones que, por el momento, chocan con el atestado de la Guardia Civil y con lo que ha dicho el propio Supremo: a principios de diciembre, la Sala de lo Penal avaló la apertura de la causa a pesar de haber pagado ya 600 euros tras ser 'cazado' por un radar.

El político, histórico del PP gallego, no ha hecho declaraciones después de comparecer durante una media hora ante la jueza Ana Ferrer. Ha sido su abogado, Juan Ramón Montero, quien ha dado algunas pinceladas de cómo ha sido su visita al Supremo: “Es la igualdad ante la ley, que es un tema últimamente poco cariñoso. Lo mismo que a usted y a mi: nos paran, se le pone la multa y fuera”.

Con esta alusión velada a la incipiente ley de amnistía, el letrado del senador defendía que, al haber sido multado, ya no podía ser sometido a un juicio penal por los mismos hechos. El conocido como non bis in idem, que impide que una persona sea condenada dos veces por lo mismo.

Este es un argumento que tendrá que estudiar la instructora del caso, la magistrada Ana Ferrer, con un precedente similar encima de la mesa: el de un hombre que en 1997 fue cazado borracho mientras conducía desde Ferrol hasta Cedeira. Multado primero con 50.000 pesetas por la vía administrativa, fue condenado después por un delito contra la seguridad del tráfico a pagar otras 100.000 pesetas más. En su caso, ya en 2003, el Tribunal Constitucional dijo que la vía penal y la vía administrativa no se habían solapado y que ambas eran compatibles.

Este argumento no es nuevo tampoco en el caso de Baltar. Después de que el Supremo decidiera abrir una causa contra él, su defensa presentó un recurso planteando este mismo argumento: que ya fue sancionado con 600 euros, reducidos a 300 por pronto pago, y la pérdida de seis puntos de carnet de conducir. Su propia defensa reconocía en ese recurso que la doctrina del Constitucional del año 2003 existe, pero añadía que ha sido “matizada recientemente” por otra resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La Sala de lo Penal, según ha sabido elDiario.es, desestimó su argumento y avaló la apertura de la causa que le ha llevado a declarar voluntariamente este martes. La cuestión, dijo el Supremo, es “prematura” en esta fase del proceso y tendrá que ser analizada pero más adelante. También adelantó que los tribunales europeos siempre se han referido a la analogía material y no normativa de dos sanciones que pueden solaparse. Es decir, no que giren en torno a unos mismos hechos sino que procedan de la misma ley.

“No iba ni siquiera a 200 por hora”

El segundo argumento defensivo desplegado por el letrado de Baltar en las puertas del Supremo ha sido un poco más enigmático: no hay pruebas de que fuera, efectivamente, a 215 kilómetros por hora cuando fue cazado por el radar de la Guardia Civil. Ni a 200 kilómetros por hora. “No iba ni siquiera a 200 por hora, es una cifra que no consta en esas actuaciones”, afirmaba el letrado Montero en declaraciones a los periodistas.

Montero no ha especificado a qué se refiere en concreto cuando afirma que esa velocidad, los 215 kilómetros por hora que han permitido la apertura de un proceso penal, no forma parte del proceso. Los detalles del atestado y de la acusación que pesa sobre él, sin embargo, no apuntalan esa afirmación.

El informe de la Guardia Civil, publicado por elDiario.es el pasado mes de mayo, refleja claramente que el coche circulaba a 215 kilómetros por hora cuando fue detectado. Al ser un radar fijo, se le aplica un margen de error del 5% y ese cálculo, según el propio informe, arrojaba un exceso de 84 km/h sobre el límite permitido en esa carretera. El propio atestado explica que denunciaron la infracción porque “en esos momentos no disponían del Certificado de Verificación Periódica del aparato de medición empleado”.

No queda claro, por tanto, de dónde parte esa afirmación del letrado de Baltar que, según ha explicado, ha defendido el propio senador en su comparecencia ante la jueza Ana Ferrer. Contradice no solo la documentación de la Guardia Civil sino también a la Fiscalía, que cuando el caso se tramitó ante los tribunales ordinarios de Zamora, también consideró que había cometido un delito contra la seguridad del tráfico por conducir a más velocidad de la permitida.

En su escrito de acusación, que ahora la Fiscalía del Supremo tendrá que refrendar o matizar si el caso llega a juicio, el Ministerio Público le atribuyó un delito de conducción de vehículos a motor a velocidad superior a la legalmente permitida del artículo 379.1 del Código Penal. Pidió dos condenas: una multa de 1.800 euros y la retirada del carnet durante un año y un día.

Eso implica que la Fiscalía avala las cifras de los informes de la Guardia Civil, ya que ese delito establece que en el caso de un coche que vaya por una vía interurbana, como es el caso de la A-52 por la que conducía Baltar, el vehículo debe ser cazado 80 km/h por encima del límite legal.

El caso ahora está en manos de la magistrada Ana Ferrer, que después de tomar declaración a Baltar tendrá que decidir si pone algún tipo de diligencia en marcha o si declara el final de la investigación. O bien archivar el caso o bien seguir la línea del juzgado de Puebla de Sanabria y abrir juicio conta él, para lo que tendrá que pedir un suplicatorio al Senado.

En su comparecencia de este martes, Baltar y su letrado se han opuesto a que la magistrada deba dar este paso y pedir a la cámara alta su visto bueno para juzgar al expresidente de la Diputación del Partido Popular.

El senador del PP y expresidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, ha comparecido este martes de forma voluntaria como imputado en el Tribunal Supremo. Acusado de conducir a 215 kilómetros por hora por una carretera de Zamora en dirección a Madrid, el senador ha negado que fuera efectivamente a esa velocidad: “No iba ni siquiera a 200 por hora, es una cifra que no consta en esas actuaciones”, ha dicho su abogado.

Su declaración contradice lo afirmado en este causa, entre otros, por la Fiscalía, que en su escrito de acusación pidió para él una multa de 1.800 euros por “un delito contra la seguridad vial, en la modalidad de conducción de vehículos a motor a velocidad superior a la legalmente permitida”.

Su abogado, Juan Ramón Montero, ha afirmado en la puerta del Supremo que la declaración de Baltar “ha venido a confirmar unos hechos que no existieron, en ningún momento hay una velocidad superior a los 200 kilómetros por hora”. Defiende también que el hecho de haber sido multado cierra las puertas a un proceso penal: “Estos hechos ya han sido resueltos, como cualquier ciudadano”.

El letrado no ha especificado si existe documentación en la causa que avale su afirmación, aunque ha negado que esté acusando a la Guardia Civil de ninguna irregularidad. “Confío mucho en la Guardia Civil y cuando dijo que no era superior a los 200 km/h, es lo que pasó”, ha asegurado Montero.

Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es el pasado mes de abril, un radar de la Guardia Civil cazó al entonces presidente de la Diputación de Ourense a 215 kilómetros por hora por la A-52 a la altura del municipio zamorano de Asturianos. El hoy senador del PP por Galicia fue multado con 600 euros y sancionado con la pérdida de seis puntos del carnet de conducir, pero un juzgado de Puebla de Sanabria abrió un proceso penal contra él por un delito contra la seguridad vial.

El caso sufrió varios retrasos y lo que en un primer momento iba a tramitarse como un juicio rápido terminó en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo después de que Baltar fuera designado senador autonómico del PP por Galicia y pasara a estar aforado ante el alto tribunal. La magistrada Ana Ferrer tuvo que pedirle dos veces que viniera voluntariamente a declarar antes de tener que pedir un suplicatorio a la cámara alta.

Baltar dejó progresivamente sus responsabilidades en el PP de Galicia meses después de que este periódico destapara el caso: desde no optar a la reelección como presidente de una Diputación que dirigía desde 2012 hasta abandonar la directiva del partido en la provincia. Después de las últimas elecciones generales el PP facilitó su designación como senador autonómico por Galicia, cámara en la que preside una comisión.

El Tribunal Supremo ha decidido abrir una causa contra José Manuel Baltar, senador del PP y expresidente de la Diputación de Ourense, tras ser cazado conduciendo a 215 kilómetros por hora. El tribunal designa como instructora a la magistrada Ana Ferrer y anuncian que existen “indicios de la comisión de un hecho delictivo”.

Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, Baltar fue detectado por la Guardia Civil el pasado mes de abril cuando conducía a 215 kilómetros por hora a la altura del municipio zamorano de Asturianos. Los agentes dieron el alto a su coche, que circulaba por la conocida como Autovía de las Rías Baixas que une Galicia con Castilla y León. Baltar conducía el vehículo, propiedad de la Diputación que presidía entonces, en dirección a Madrid porque tenía varias reuniones al día siguiente en la capital.

El político fue sancionado con una multa de 600 euros y seis puntos de carnet, pero además se abrió un procedimiento judicial. El caso tendría que haberse zanjado como un juicio rápido en un juzgado de Zamora pero su puesto de senador en esta legislatura implica que la causa debe estudiarse en el Supremo. La Fiscalía ya había pedido que fuera condenado con una multa de 1.800 euros por un delito contra la seguridad vial además de perder el carnet de conducir durante un año.

Ahora la instructora tendrá que decidir qué diligencias pone en marcha para investigar el caso, además de analizar toda la documentación y testimonios procedentes del juzgado de Zamora que ya realizó sus propias pesquisas, así como sopesar si llama a declarar al propio Baltar. Para poder llamarle a declarar como imputado el Tribunal Supremo tendrá que pedir un suplicatorio a la cámara alta.

José Manuel Baltar Blanco lleva más de dos décadas ejerciendo distintas responsabilidades en el Partido Popular de Galicia. Hijo de Manuel Baltar, mandamás del PP ourensano, Baltar Blanco fue diputado del PP en el parlamento gallego entre 2001 y 2012, así como presidente de la Diputación de Ourense entre 2011 y 2023. El pasado mes de junio anunció que no optaría a buscar un cuarto mandato al frente de este organismo. En la actualidad forma parte de la diputación permanente del Senado tras llegar a la cámara alta designado por el Parlamento de Galicia.

En las tres décadas de gobierno de los Baltar, padre e hijo, en la Deputación de Ourense, el PSOE siempre votó en contra de los presupuestos. Incluso en aquellos años -muchos- en los que la mayoría absoluta del PP convertía su decisión en irrelevante se opusieron a las cuentas del autodenominado cacique bueno y su heredero. Sin embargo, al sucesor de Manuel Baltar, Luis Menor, le han bastado apenas cuatro meses para conseguir que los socialistas se abstengan en la votación. Un movimiento nunca visto en un escenario preelectoral que deja fuera de juego a Democracia Ourensana, el apoyo de los populares en el ente provincial a cambio del bastón de mando en la capital de la provincia.

Los socialistas han modificado su postura histórica después de obtener una modificación sustancial del plan CooperOu, el que fija el reparto de fondos a los ayuntamientos “con criterios objetivos” -habitantes, núcleos de población, envejecimiento y superficie del municipio-, lo que permitirá “poner fin a décadas de uso partidista y clientelar de los fondos públicos”. La partida se ha incrementado en tres millones de euros, de los 14 a los 17 y compromete todavía uno más para 2025. El objetivo confeso de los socialistas es alcanzar los 20 al final del mandato.

El PP, que no se ha querido quitar méritos en el acuerdo, admite el “cambio radical” que esto va a suponer para los concellos. Pero también para la estabilidad de un presidente recién llegado, impuesto desde Santiago después de que Baltar fuese cazado por un radar a 215 kilómetros por hora. Menor ha demostrado ser igual de rápido para alcanzar un acuerdo “bianual” con el PSOE que sirve tanto para los presupuestos como para el CooperOu y que evita depender así de los votos de Democracia Ourensana y el BNG. Ninguna de las fuerzas ha anunciado todavía si se sumarán al pacto o votarán en contra.

Sintonía en precampaña

Este acuerdo inédito llega en plena precampaña de las elecciones autonómicas gallegas y después de que Democracia Ourensana anunciase que participará en unos comicios que se prevén muy ajustados, lo que podría convertir a los de Jácome en decisivos. Con los 19.000 votos obtenidos en las municipales, DO -que sólo se presentó en dos concellos fuera de la capital- podría obtener dos escaños en O Hórreo, pero es fácil imaginar que esa cifra crecerá al poder recibir sufragios de toda la provincia. Jácome comparte electorado con el PP, así que esos diputados saldrían, casi con toda seguridad, del caladero de los conservadores, que han tenido siempre en Ourense el particular “granero” de votos donde cimentar sus mayorías absolutas en la Xunta.

Manuel Baltar ha cortado el último lazo que une a su clan familiar directamente con el poder político del PP en la provincia de Ourense con el anuncio de que no sigue como secretario de su partido y la propuesta de su relevo. Entretanto, el partido quedará en manos de una gestora, según adelantó el periódico La Región.

Con este paso, cierrar definitivamente una etapa de tres décadas en las que su familia -primero su padre, José Luis, y luego, él- tuvieron en sus manos el poder provincial a través de la Diputación. A Baltar hijo lo 'cazó' la Guardia Civil a 215 kilómetros por hora al volante de uno de los coches del ente provincial que entonces aún presidía por la autovía A-52. Pendiente de juicio -maniobró para retrasar el proceso, que podría haber resultado en una condena antes de las elecciones municipales de mayo-, anunció por sorpresa en junio que no iba a optar a presidir la Diputación.

Entonces, el presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, dijo que dejaría también su puesto en el PP provincial de Ourense. Pocos días más tarde, después de unas declaraciones de Baltar en las que aseguraba que le apasionaba dirigir el partido, dio marcha atrás y señaló que sería el propio interesado quien lo anunciase. Tres meses después de que su partido lo destinase al Senado -como parte de la cuota que designa cada autonomía-, va a dar ese paso.

Los excesos al volante no han puesto fin a su carrera política. Después de la información, revelada por elDiario.es, de que iba muy por encima de la velocidad máxima -120 kilómetros por hora- conduciendo un coche oficial en domingo, se desvelaron otras multas del abultado parque móvil de la Diputación, algunas de ellas ese mismo día y a ese mismo coche. Su partido no lo amonestó, al menos no en público, por ello. Rueda evitó durante semanas exigirle ninguna responsabilidad política al compañero de partido que había sido capaz de ganarle la batalla interna a Alberto Núñez Feijóo, cuando, poco después de ganar las autonómicas de 2009, respaldó dentro del PP ourensano a un candidato alternativo a Baltar, que terminó derrotado.

En 2019, los votos dejaron de garantizar el dominio político del PP en la provincia, en donde no logró la mayoría absoluta. Baltar pactó con el líder de Democracia Ourensana para repartirse Diputación y Alcaldía de la ciudad, a pesar de que Feijóo había dicho de Gonzalo Pérez Jácome que sería “letal” para Ourense. El acuerdo se repitió tras las municipales de este año, pero, con Baltar fuera de las aspiraciones al ente provincial, el PP situó a Luis Menor, cercano a Rueda, al frente de la Diputación. Ahora Menor es también el mejor situado para dirigir la gestora y presentarse al congreso que elija nuevo líder de la formación conservadora en la provincia.

El hasta hace un par de meses presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha ampliado en los últimos años su parque móvil particular con un nuevo vehículo. En total, es propietario de tres coches, de acuerdo con la declaración de bienes que ha presentado ante el Senado, la cámara a la que ha llegado este verano, elegido dentro de la cuota de designación autonómica. Además, ha ido amortizando los préstamos que tiene pendientes. Los ha reducido en unos 100.000 euros, si se compara el documento recién registrado con una declaración publicada en el sitio web del ente provincial que estaba disponible a finales de junio, aunque en la actualidad ya no se puede consultar.

En su hoja de bienes Baltar indica que en 2022 cobró 47.448,6 euros como presidente de la Diputación y que pagó de IRPF 10.609,28 euros. Hace constar las mismas tres viviendas que ya figuraban en su declaración de 2019: una con plaza de garaje incluida en Ourense, de la que posee el 100% y que recibió en herencia; una vivienda unifamiliar que se construyó en su localidad natal, Esgos, y de la que es el único propietario; y otra en la que tiene la mitad y que se encuentra en A Pobra de Trives. También indica que posee otra plaza de garaje en Ourense heredada y seis fincas rústicas en Esgos que recibió del mismo modo.

Su parque móvil lo componen tres coches. Tiene desde 2009 un Volkswagen Beetle, al que se sumaron un Volkswagen Multivan en 2017 y un Chrysler PT Cruiser en 2022. La declaración a la que está obligado como senador incluye también los préstamos que tiene pendientes: 175.424 euros de un préstamo concedido en 2012 por un total de 250.000 euros y 18.946 de otro de 2019 por 90.000. Sumadas ambas cifras, tiene pendiente de devolver, en ambos casos a Abanca, 194.370 euros. En 2019 su deuda era de 317.653 euros: le quedaban 210.492 euros por pagar de la hipoteca, 17.161 euros de otro préstamo y no había amortizado todavía nada del de 90.000 euros. En su cuenta corriente, dice, el saldo es del 8.000 euros.

Baltar esquivó durante años hacer públicos sus bienes y actividades. Pese a que las normas de la Diputación los obligaban, ni él ni su padre, presidente antes que él del ente provincial, cumplían con la legislación. Hasta que en 2013 se decidió a presentar en solitario su declaración. Ningún otro integrante del grupo del PP, que él dirigía ya, lo había hecho.

Diez años después, el clan Baltar no gobierna ya en la Diputación. Pendiente del juicio por conducir a 215 kilómetros por hora en la autovía A-52 y con unos resultados electorales en las pasadas municipales que dejaron al PP de nuevo en manos del partido populista de Gonzalo Pérez Jácome para retener el ente provincial, Manuel Baltar anunció que no iba a aspirar a ocupar la presidencia de la Diputación otro mandato. En su lugar ha sido elegido Luis Menor, alcalde de O Pereiro de Aguiar y político del entorno del presidente de la Xunta y el PP gallego, Alfonso Rueda. Ni un mes después, el partido anunciaba que el nuevo destino de Baltar estaba en Madrid, en la Cámara Alta.

Manuel Cabezas, que fue el candidato del PP a la Alcaldía de Ourense en las elecciones del pasado mes de mayo, ha dejado el acta de concejal en el Ayuntamiento. La decisión la había deslizado ya el 17 de junio, con la constitución de la corporación y la elección como alcalde de Gonzalo Pérez Jácome. Cabezas había insistido en los meses previos en que no reeditaría “jamás” el acuerdo con el líder de Democracia Ourensana por el que esta formación y el PP se habían repartido el gobierno local y la Diputación Provincial cuatro años atrás. El propio presidente de los populares en Galicia, Alfonso Rueda, había apoyado públicamente esta postura, pero el partido sí pactó en el último momento de nuevo con Jácome para retener el ente provincial.

El grupo municipal del Partido Popular informó de que el registro del escrito en el que se despide Cabezas se produjo este jueves por la mañana. En él, según Europa Press, se solicita que se dé cuenta del cese voluntario en el pleno ordinario que se celebra este viernes.

En una carta dirigida a Rueda, Cabezas indica que deja el liderazgo del partido en manos de sus compañeros, porque “son ellos los que deben iniciar una nueva etapa política que sintonice plenamente con el ciudadano”. La política, dice, debe servir para “gestionar”. “Creo, humildemente, que así lo hice como alcalde durante doce años -entre 1995 y 2007-”, sostiene, pero considera que el lugar en el que “democráticamente” está ahora Ourense no se lo permite. En las elecciones, a pesar del escándalo por los audios de Jácome en los que presumía de saber blanquear dinero, la formación populista Democracia Ourensana mejoró su resultado y se convirtió en la lista más votada.

Cabezas justifica haber tardado algo más de dos meses en dar el paso en que así se lo pidió el partido. Asegura que trasladó su voluntad de hacerlo el 17 de junio, pero el PP “entendió que era conveniente esperar a que se constituyese la Diputación, se celebrasen las elecciones generales y el arranque del curso político después de la Constitución del Parlamento y del Senado”. Aquel día dijo ante los medios que él estaba en desacuerdo con el pacto con Jácome: “El otro día dije que estoy en las cosas en las que puedo hacer lo que pienso. En este caso no se ha hecho lo que yo pienso. Derivad de eso lo que consideréis”.

Cabezas asegura que se va a mantener como militante del PP. La renuncia será efectiva este viernes en el pleno ordinario del mes de septiembre y será Sonia Ogando, exconcejala de Urbanismo, quien, por orden de lista en la candidatura, asuma el acta.

Una nueva sentencia, y ya van cuatro, anula la compra por parte de la Diputación de Ourense, entonces dirigida por Manuel Baltar, del archivo histórico del periódico La Región por 2,7 millones de euros. Esta vez es un fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del pasado mes de julio que confirma un pronunciamiento anterior del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Ourense. El motivo es el tipo de tramitación utilizada para hacer la operación de venta, que ya había sido anulada por la Justicia en una primera ocasión y que el ente provincial volvió a intentar por otra vía. Es esa vía la que ahora los jueces consideran “burda” y “anómala”, según una decisión adelantada por Praza.gal.

El caso arranca en 2017. En junio de ese año se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el contrato, ya formalizado, por el cual la Diputación entregaba 2,7 millones de euros al periódico local La Región para hacerse con su archivo. La justificación era que, de este modo, estaría a disposición de historiadores, economistas y estudiosos. Democracia Ourensana, el partido de Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, denunció la operación, en la que veía una “subvención encubierta”. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de la ciudad le dio la razón en 2019 y la decisión fue luego respaldada, en 2020, por el TSXG. El fallo obligaba al diario a devolver el dinero al ente provincial.

Ante esta situación, la Diputación decidió iniciar otro trámite con el mismo fin de pagar 2,7 millones a cambio de disponer del archivo. Recurrió a la figura de la generación de créditos. De nuevo, Democracia Ourensana denunció la maniobra y el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Ourense le dio la razón a finales de 2022. Ahora es, de nuevo el TSXG el que confirma esa decisión.

Para que un ingreso se pueda considerar generación de crédito es necesario que haya “aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas para financiar, conjuntamente con la entidad local o con alguno de sus organismos autónomos, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos” y la Justicia considera que esta devolución de un pago que había salido ya de la propia Diputación no se puede encuadrar aquí. “Una sentencia ordenando la devolución de una suma que no debió abonarse no es un compromiso firme de aportación para financiar actividades por parte de una entidad privada, sino una obligación de restitución de lo que, conforme a la sentencia, no debió recibirse”, dice el documento del TSXG.

La sentencia añade que comprende que resulta “cómodo” recurrir a la generación de créditos pero eso “no quiere decir que sea legal”. Si se admitiese este uso, continúa, se podría dar un uso fraudulento porque “bastaría con celebrar un contrato a sabiendas de que va a ser anulado para posteriormente a la sentencia que lo anula como un supuesto de aportación privada” y luego recurrir a la una generación de crédito, repetir ese mismo contrato anulado, “esta vez con la única intervención de la presidencia”.

En el caso del archivo histórico del diario, cercano a las posturas del PP de la provincia, “ni siquiera hay aportación alguna”, puesto que el dinero que se tiene que devolver “ya era y es de la Diputación”, razona. “Es decir, la Diputación Provincial está considerando como una aportación de una entidad privada el hecho de que devuelvan lo que es suyo”, concluye.