Empresas del sector de defensa en España piden recuperar la vieja idea de crear una agencia estatal de compras de armamento para ordenar el actual boom de dinero público a esta actividad. La petición la verbalizó hace unos días el director de Estrategia de Oesía, el ex militar Salvador Álvarez. Fuentes cercanas a esta empresa aseguran que es una propuesta “sectorial”.

El directivo de Oesía lo planteó en un foro sectorial en la sede de la Comisión Europea en Madrid, en una mesa de debate sobre “la perspectiva de los grandes fabricantes” junto a representantes de Navantia, la francesa Thales y la estadounidense General Dynamics. Se preguntó a los ponentes qué medidas pedirían a la Administración para impulsar las tecnologías duales (de uso civil y militar), que en EEUU han dado frutos como el GPS, Internet, el microondas o la energía nuclear.

El responsable de Oesía reclamó, entre otras cosas, “una agencia de adquisición de programas de defensa” para gestionar estos encargos “a largo plazo” y permitir a la Administración “negociar con la industria de forma inteligente” ante el “tsunami de dinero” que, como dijo en varias ocasiones Álvarez, está recibiendo el sector con el programa Rearm Europe, lanzado el año pasado por la Comisión Europea y dotado con 800.000 millones de euros.

Fuentes cercanas a Oesía indican que la petición de crear esa agencia estatal es más “un tema sectorial” que de esta empresa y se remiten a la patronal TEDAE, que rechaza comentar este asunto.

Muchos países tienen organismos especializados en adquisiciones de material militar, con distintos grados de autonomía varía. En algunos casos son agencias independientes y en otros, direcciones generales dentro del ministerio de Defensa. La creación de esa agencia en España ya la planteó en septiembre de 2011, con la fallecida Carme Chacón como ministra de Defensa, el entonces secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, a la postre consejero de Hispasat y asesor de la consultora especializada en defensa Argos y también fallecido recientemente.

Méndez puso entonces sobre la mesa crear un organismo único y especializado que centralizara las adquisiciones de Defensa para optimizar los recursos y las herramientas competenciales asignados a la política de armamento y material, ante “la imposibilidad e inviabilidad de seguir con la dispersión organizativa actual”.

“Una organización única y especializada en materia de adquisiciones para la defensa que nos permitiría optimizar los recursos y las herramientas competenciales asignadas a la política de armamento y material, hoy dispersas entre demasiados agentes”. “Lo de menos es el nombre y lo de menos es la forma jurídica”, dijo en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, recoge el Diario de Sesiones.

Esa idea no llegó a cuajar. Lo más parecido fue la reorganización en 2014 de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, que desde ese año tiene encomendados los programas especiales de modernización (PEM), cuya financiación (a interés cero) canaliza el Ministerio de Industria.

El programa Rearm Europe, el mayor esfuerzo en la historia de la UE en materia de defensa, lanzado tras la invasión rusa de Ucrania, incluye el denominado instrumento SAFE, de 150.000 millones en préstamos para impulsar la adquisición conjunta en el ámbito de la seguridad y la defensa europeas.

En España, el Gobierno ha lanzado España Crece, presentado como un “fondo soberano”, que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con 13.000 millones del Plan de Recuperación, y que va a tener entre sus prioridades la defensa. Hace unos días, en un evento sectorial en IESE, Manuel Illueca, presidente del ICO, explicó que su orientación va a ser la de “una inversión estratégica en defensa, a largo plazo; no un fondo del que tenga que salir en unos años para vender a saber quién”, informa Cristina G. Bolinches.

“Certidumbre” y “un pacto social” en Defensa

En esa jornada sobre defensa organizada por la representación de la Comisión Europea en España, Irene Sánchez Cebrián, policy officer en la Dirección General de Defensa y Espacio de la comisión, abogó por una respuesta colectiva de los Estados miembros ante un “momento decisivo” por la convulsa situación geopolítica global e instó a evitar la fragmentación, no duplicar costes y reforzar la posición colectiva del bloque comunitario, que tiene a su disposición herramientas de financiación para “no depender de inversores extranjeros” y evitar el “problema” de falta de capital en la UE en este sector.

El directivo de Oesía dijo que ante este “tsunami de financiación” el riesgo “es ir a por todo”. “Hace falta orden y no es fácil”. A la Administración le reclamó “certidumbre” para las empresas del sector porque “no puedes invertir capex si no sabes qué va a pasar no este año, sino dentro de cuatro o cinco”; también pidió “un pacto social, político, para una Ley de Defensa Nacional o programas de defensa que permita un horizonte de cinco años” [“Existe en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido o Estados Unidos”]; y “una revisión a fondo del marco regulatorio y de contratos” para “adaptarlo a nuevas capacidades”, porque el proceso presupuestario “es muy garantista, que está muy bien, pero hay que reformarlo”.

Álvarez, con experiencia a ambos lados de la mesa (general de División retirado, es uno de los muchos exmilitares fichados por Oesía como asesores o directivos en los últimos años), recordó que ha tenido “el honor de estar al frente de casi todos los programas colaborativos europeos” en su etapa en el ejército (entre ellos, el Eurofighter) e indicó que la defensa va más allá de las capacidades militares: abarca “sistemas de energía, alimentación, sanitarios… Todo eso hay que defenderlo y protegerlo para mantener nuestros modelos de vida”. El peso del software, la denominada nube de combate, la computación, los temas cuánticos o la fotónica, es “cada vez mayor” en las plataformas. “La nube soberana cada vez es más importante”. 

En la misma jornada, Ana Moya, directora Tecnología y Transformación Digital de la estatal Navantia, dijo suscribir “todo lo dicho”, “en especial” lo relativo a la necesidad de certidumbre respecto a carga de trabajo y plazos, y reclamó coordinación en los requisitos entre los distintos países para hacer compras conjuntas de tecnología.

Guillermo Roselló, director general de Defensa de Thales, reclamó “coordinar mejor el ecosistema de forma general”, porque “en Europa hay buena intención” pero también una “inercia que hay que vencer”. “Nos tenemos que creer que somos europeos” para no realizar inversiones “redundantes” y “tener en cuenta las capacidades que tenemos distribuidas por Europa”, dijo Roselló, ex capitán de corbeta que antes de trabajar en Thales fue directivo de Indra.

En la jornada estaba inicialmente prevista la presencia de un representante de la cotizada semipública, la empresa más beneficiada por el último reparto de los PEM y llamada a convertirse en el gran campeón sectorial de la defensa, pero finalmente Indra no envió a ningún ponente. José Bayón, director de Relaciones Institucionales de Santa Bárbara (de la estadounidense General Dynamics), reclamó que Defensa e Industria “utilicen las capacidades que tiene el país”. “Que nos utilicen a todos, que no reinventen nada porque hay mucho que inventar” y que “replanteen algunos de los PEM”, de cuyo reparto se ha quedado “fuera” esta empresa, que tiene el asunto recurrido en los tribunales.

Bayón, ex consejero delegado de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), indicó que este “no es un sector normal” porque “no es market to market, ni market to government”, y tiene cuestiones muy particulares que “se tienen que entender”. También confió en que la gran demanda actual, que “volverá a bajar, por supuesto”, aunque “no a los niveles anteriores”, “se convierta en actividad económica e industrial”.

El Govern de Juan Francisco Pérez Llorca ha licitat dimarts, per un import de quasi 120.000 euros, el servei de consultoria per a l’elaboració d’un pla estratègic per als sectors industrials de seguretat i defensa en el territori valencià. L’executiu autonòmic pretén pujar a l’onada de l’augment de la despesa militar en l’àmbit dels països de l’OTAN per a crear una indústria autòctona del sector, “un entorn d’inversió sense precedents, que Espanya està aprofitant activament”, segons indica l’informe de necessitat elaborat per la Direcció General de Projectes Estratègics de la Conselleria de Presidència.

La licitació, per procediment obert, busca una consultora que elabore el pla estratègic, com ja va fer la Generalitat amb els sectors aeroespacial i audiovisual. La Generalitat pretén impulsar un sector que es concentra actualment a Madrid i Andalusia.

La memòria justificativa de la licitació, penjada en la Plataforma de Contractació, defensa la “posició estratègica” valenciana per al sector de la defensa i la seguretat i assegura que el Consell “és conscient de la importància estratègica” de la indústria de defensa i seguretat i “no pot quedar al marge de l’oportunitat històrica que està sorgint en aquest moment”.

El document també al·ludeix als desastres naturals que “últimament assoten cada vegada més el nostre territori” i destaca especialment la dana del 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va deixar 230 morts. Aquestes catàstrofes afecten, segons la memòria, la “percepció de resiliència institucional” i evidencien la necessitat d’“integrar solucions tecnològiques avançades”, com ara “plataformes d’anàlisi situacional, sistemes d’alerta primerenca i eines de suport a la presa de decisions”.

La “sensació de vulnerabilitat col·lectiva”

Tot això millora la capacitat de resposta davant situacions de risc, optimitzant les operacions d’emergències i contribuint a “mitigar la sensació de vulnerabilitat col·lectiva” que detecta el Consell. La memòria justificativa al·ludeix al “significatiu” ús “clau” de drons en l’àmbit civil, “per a operacions de seguretat i emergències”.

Presidència també destaca els “dos actors principals i constituïts fa poc” en l’àmbit valencià: el clúster Apol·lo i el Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana.

“En els últims anys, arran de la guerra d’Ucraïna, la proliferació d’amenaces híbrides, el gir dràstic de la política exterior dels Estats Units i la guerra recent al Pròxim Orient, el context internacional s’ha vist sumit en una profunda inestabilitat que ha generat incertesa en la societat i, particularment, en el teixit empresarial, amb els riscos consegüents per a l’economia i el benestar social”, conclou l’informe de necessitat de la contractació.

El Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca ha licitado este martes, por un importe de casi 120.000 euros, el servicio de consultoría para la elaboración de un plan estratégico para los sectores industriales de seguridad y defensa en el territorio valenciano. El Ejecutivo autonómico pretende subirse a la ola del aumento del gasto militar en el ámbito de los países de la OTAN para crear una industria autóctona del sector, “un entorno de inversión sin precedentes, que España está aprovechando activamente”, según indica el informe de necesidad elaborado por la Dirección General de Proyectos Estratégicos de la Conselleria de Presidencia.

La licitación, por procedimiento abierto, busca una consultora que elabore el plan estratégico, como ya hiciera la Generalitat con los sectores aeroespacial y audiovisual. La Generalitat pretende impulsar un sector que se concentra actualmente en Madrid y Andalucía.

La memoria justificativa de la licitación, colgada en la Plataforma de Contratación, defiende la “posición estratégica” valenciana para el sector de la defensa y la seguridad y asegura que el Consell “es consciente de la importancia estratégica” de la industria de defensa y seguridad y “no puede quedar al margen de la oportunidad histórica que está surgiendo en este momento”.

El documento también alude a los desastres naturales que “últimamente están azotando cada vez más a nuestro territorio” y destaca especialmente la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos. Estas catástrofes afectan, según la memoria, a la “percepción de resiliencia institucional” y evidencian la necesidad de “integrar soluciones tecnológicas avanzadas”, tales como “plataformas de análisis situacional, sistemas de alerta temprana y herramientas de apoyo a la toma de decisiones”.

La “sensación de vulnerabilidad colectiva”

Todo ello mejora la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, optimizando las operaciones de emergencias y contribuyendo a “mitigar la sensación de vulnerabilidad colectiva” que detecta el Consell. La memoria justificativa alude al “significativo” uso “clave” de drones en el ámbito civil, “para operaciones de seguridad y emergencias”.

Presidencia también destaca los “dos actores principales y recientemente constituidos” en el ámbito valenciano: el clúster Apolo y el Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana.

“En los últimos años, a raíz de la guerra de Ucrania, la proliferación de amenazas híbridas, el giro drástico de la política exterior de Estados Unidos y la reciente guerra en Oriente Próximo, el contexto internacional se ha visto sumido en una profunda inestabilidad que ha generado incertidumbre en la sociedad y, particularmente, en el tejido empresarial, con los consiguientes riesgos para la economía y el bienestar social”, concluye el informe de necesidad de la contratación.

El Gobierno alemán de Friedrich Merz prevé aumentar su gasto en defensa también en 2027, año en el que las inversiones del Ejecutivo alcanzarán de nuevo una cantidad de récord en un contexto internacional marcado por la guerra en Irán, según el proyecto presupuestario presentado este miércoles por el ministro de Finanzas y vicecanciller, Lars Klingbeil. El Ejecutivo ha presentado paralelamente una reforma sanitaria con la que prevé ahorrar 16.300 millones de euros.

El Estado alemán prevé un gasto total de 543.300 millones de euros, un 3,6% más que en el presupuesto de 2026, mientras que los ingresos totalizarán 398.400 millones de euros, según las cuentas presentadas por Klingbeil. En defensa el importe salta de los 82.700 millones de este año a 105.800 millones, un aumento del 27,9%.

Esto, junto con otros gastos gubernamentales en defensa, representa un gasto total equivalente al 3,1% del PIB en 2027, en línea con los compromisos adquiridos con la OTAN —menos España— de elevarlo al 5% para 2035.

Nuevas deudas por valor de 110.800 millones de euros y recursos por 58.200 millones del fondo especial para infraestructuras, por un lado, y, por otro, 27.500 millones adicionales del fondo para el rearme de las Fuerzas Armadas creado en 2025 cubrirán parte de los gastos en 2027.

Esos 27.500 millones de euros se sumarán a la partida presupuestaria de 105.800 millones para defensa gracias a la cual el ministro del ramo, Boris Pistorius, tendrá a su disposición un total de 133.300 millones de euros en 2027. Sumando a esto el montante para Ucrania, el gasto total en defensa alcanzará los 144.900 millones de euros en 2027, según un cálculo de Reuters.

“Mi objetivo es que podamos defendernos de la agresión rusa, que Europa y Alemania tengan capacidad de disuasión y de defensa, y eso es precisamente lo que garantizamos con estos techos de gasto y con la planificación financiera” hasta 2030, comentó Klingbeil en rueda de prensa.

El titular alemán de Finanzas también hizo referencia a la guerra lanzada por EEUU e Israel contra Irán y las consecuencias económicas de la misma, como el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, situación que ha frenado la actividad económica del país.

“La irresponsable guerra de [el presidente de EEUU, Donald] Trump contra Irán y la crisis mundial de los precios de la energía ha provocado que se esté reduciendo nuestro crecimiento”, sostuvo.

“Notamos las consecuencias de la guerra en las gasolineras, las empresas notan los elevados precios de la energía y la interrupción de las cadenas de suministro. Una vez más nos golpea muy duramente una crisis”, abundó.

Reforma sanitaria a la baja

El proyecto de ley para reformar el sistema obligatorio de seguro médico pretende ahorrar 16.300 millones de euros el próximo año ante el aumento de los costes del mecanismo. El incremento de los gastos ha llevado al sistema a un déficit proyectado de 15.300 millones de euros en 2027, según una comisión de expertos consultada en marzo. Sin reformas, el déficit podría alcanzar los 40.000 millones de euros en 2030, advirtió la comisión.

Pero los defensores del Estado del bienestar se han mostrado críticos con la reforma. “El gobierno federal está vendiendo esta reforma como una forma de estabilizar las primas [de los seguros]”, dijo a la Deutsche Welle Verena Bentele, presidenta de la asociación VdK, que aboga por un estado de bienestar más fuerte. “En realidad, es un programa de austeridad a expensas de los asegurados. Para lograr esto, se están recortando las prestaciones y se está sobrecargando aún más a los asegurados”.

Inversiones récord y consolidación

Klingbeil defendió las medidas ya implementadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis como la reducción del impuesto al carburante o la limitación de subidas al precio en gasolineras, pero también destacó el papel de las inversiones para contribuir a superar las adversidades.

2027 “será el tercer año consecutivo con inversiones récord”, de 118.000 millones de euros en total, afirmó el ministro de Finanzas germano sobre un gasto público que, aseguró, contribuirá “a que Alemania sea más fuerte”.

Esta cantidad supone un aumento de un 10% en inversiones respecto al presupuesto de 2025.

Entre las partidas para inversiones destacan los 21.000 millones de euros dedicados a infraestructuras y transportes, además de 8.600 millones para la digitalización.

Aun así, Klingbeil sostuvo que además de la defensa y las inversiones, el otro pilar presupuestario del Ejecutivo formado por conservadores y socialdemócratas es la consolidación fiscal, algo que pasa, entre otras medidas, por que cada ministerio ahorre un 1% de sus gastos para 2027, lo que vale a 4.000 millones de euros.

El político socialdemócrata presentó otras iniciativas con las que el Estado alemán tendrá nuevos ingresos, como nuevos impuestos a las bebidas azucaradas y a los envases de plástico y un incremento del gravamen sobre el tabaco.

“En el ámbito de los impuestos sobre bienes de consumo llegaremos a 2.000 millones de euros”, calculó. El Gobierno también quiere “gravar las criptomonedas de otra manera”, lo que aportará otros 2.000 millones, aseguró.

El proyecto presupuestario promovido por Klingbeil como un impulso al crecimiento y la competitividad, fue criticado no obstante por el sector empresarial germano y la Cámara Alemana de Comercio y de Industria (DIHK, por sus siglas alemanas). “Vemos muchos cheques sin cubrir y un nuevo endeudamiento que, a medio plazo, aumenta el riesgo de subidas de impuestos”, lamentó la presidenta de la DIHK, Helena Melnikov.

El gasto militar mundial alcanzó los 2,887 billones de dólares en 2025, un aumento del 2,9% en términos reales respecto a 2024. Así lo destaca el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el SIPRI, en su informe anual publicado este lunes y al que ha tenido acceso con antelación elDiario.es.

En 2025, el gasto militar creció en todas las regiones del mundo excepto en las Américas. Estados Unidos sigue en el número uno y Europa experimenta un fuerte incremento, con una subida del 14%. Los cinco principales gastadores militares —Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India— en conjunto representaron el 58% del gasto militar mundial.

“Las cifras de gasto militar actual, de récord, nos muestran que buena parte de los países que más han aumentado su gasto militar históricamente son precisamente los que están actualmente en guerra, mientras que los que no lo han hecho son los países, hoy en día, más pacíficos, como Islandia, Suiza, Irlanda, Austria y Nueva Zelanda”, señala Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz, en el podcast 'Donde callan las armas', que se emite en elDiario.es y en plataformas.

El gasto militar en España

España entra en el ránking de los quince países con más gasto militar mundial, en el puesto 15, y dentro de ese grupo es el país que registra un mayor aumento con respecto a 2024: un 50%, hasta los 40.200 millones de dólares, según los datos que ofrece el SIPRI y muy cerca de lo que avanzó elDiario.es en abril de 2025. “Es la primera vez que España forma parte de este ránking de los quince países con mayor gasto militar mundial”, señala Jordi Calvo en el análisis específico sobre nuestro país.

Dentro de ese grupo, doce países volvieron a aumentar su gasto y solo tres registraron descensos: Estados Unidos, Reino Unido e Israel. El gasto de Polonia, en el puesto 14, creció un 23%, mientras que Italia, en el puesto 12, y Ucrania, en séptimo lugar, aumentaron su gasto militar un 20% cada uno.

El informe del SIPRI señala que este incremento en 2025 elevó la carga militar de España al 2,1% del PIB, “en el marco del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa del Gobierno español, lanzado en abril de 2025, al que se asignaron 11.800 millones de dólares durante ese año”.

El gasto militar real del Estado español en 2025 ha sido más elevado que lo anunciado en su momento y representa ya el 2,42% del PIB

Centre Delàs de Estudios por la Paz

Más elevado

En el año 2016 España tenía un gasto militar del 1,1% del PIB, por lo tanto el gasto actual casi multiplica por dos ese porcentaje de 2016. El SIPRI indica que, con respecto a esa fecha, el gasto militar ha aumentado un 122%.

El Centre Delàs de Estudios por la Paz ha presentado este lunes sus análisis y señala que , según sus cálculos, “el gasto militar real del Estado español en 2025 ha sido aún más elevado que lo anunciado por el Gobierno, llegando a la cifra de 39.476 millones de euros, y ya representando el 2,42% del PIB”.

Para hacer ese cálculo, los investigadores del Centre Delàs aplican los criterios establecidos por la propia OTAN para contabilizar el desembolso de todos sus miembros. Esto incluye todas las partidas vinculadas a la defensa militar, como los costes de personal paramilitar de la Guardia Civil , los créditos en I+D militar que surgen desde el Ministerio de Industria, las misiones militares en el exterior o los intereses de la deuda correspondientes al total del gasto militar, entre otros.

Para alcanzar el 2,42% del PIB “el Gobierno ha echado mano, por primera vez, de otras partidas de carácter militar repartidas entre otros ministerios y programas”, indica el Centre Delàs. “Este método de contabilización que ha empleado tiene en cuenta todos los gastos militares, algo que venimos demandando desde hace más de dos décadas”, señala Calvo.

La cifra de 39.476 millones de euros de gasto militar español ofrecida por el Centre Delàs es superior a los 40.200 millones de dólares del SIPRI, ya que ha tenido en cuenta todas esas partidas vinculadas.

El gasto militar mundial volvió a aumentar en 2025, ya que los Estados respondieron a otro año de guerras, incertidumbre y agitación geopolítica con programas de rearme a gran escala

Xiao Liang — SIPRI

Datos globales

Estas cifras confirman la tendencia al alza en un marco de mayor militarismo, siendo 2025 el undécimo año consecutivo de incremento mundial y con un crecimiento de la carga militar global —el gasto militar como porcentaje del producto interior bruto (PIB)— al 2,5%, su nivel más alto desde 2009.

“El gasto militar mundial volvió a aumentar en 2025, ya que los Estados respondieron a otro año de guerras, incertidumbre y agitación geopolítica con programas de rearme a gran escala”, señala Xiao Liang, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI.

“Dado el abanico de crisis actuales, así como los objetivos de gasto militar a largo plazo de muchos Estados, es probable que este crecimiento continúe durante 2026 y más allá”, añade.

El principal motor del aumento global del gasto militar en 2025 fue el incremento del 14% en Europa, hasta 864.000 millones de dólares

Instituto de Investigación de Estocolmo (SIPRI)

El gasto militar de los 32 miembros de la OTAN ascendió a 1,581 billones de dólares, es decir, el 55% del gasto mundial. Estados Unidos sigue en el primer puesto con 954.000 millones de dólares, pero con una reducción de su gasto militar, que en 2025 fue un 7,5% inferior al de 2024. Esta caída se debe principalmente a que no se aprobó una nueva partida financiera para Ucrania durante el año, en marcado contraste con los tres años anteriores.

Sin embargo, Washington aumentó las inversiones tanto en capacidades nucleares como convencionales “para mantener su dominio en el hemisferio occidental y disuadir a China en el Indo-Pacífico, objetivos clave de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional”.

“Es probable que la caída del gasto militar estadounidense en 2025 sea de corta duración”, advierte Nan Tian, director del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI. “El gasto aprobado por el Congreso de EEUU para 2026 ha superado el billón de dólares, un aumento sustancial respecto a 2025, y podría elevarse hasta 1,5 billones en 2027 si se aprueba la última propuesta presupuestaria del presidente Trump”.

Si analizamos las tablas comparativas, vemos que en el año 2016 España tenía un gasto militar del 1,1% del PIB, por lo tanto el gasto actual multiplica por dos ese porcentaje de 2016

Jordi Calvo — Centre Delàs

Fuerte aumento del gasto europeo

El principal motor del aumento global del gasto militar en 2025 fue el incremento del 14% en Europa, hasta 864.000 millones de dólares. Es el nivel más alto jamás registrado por el SIPRI.

“En la década 2016-2025, el gasto se duplicó (+102 %). Este incremento refleja la creciente inestabilidad geopolítica en la región, principalmente relacionada con la guerra entre Rusia y Ucrania y la incertidumbre sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos para los miembros europeos de la OTAN”, señala el informe del SIPRI.

El gasto de Rusia y Ucrania continuó creciendo en el cuarto año de la guerra, mientras que el rearme de los miembros europeos de la OTAN supuso el mayor crecimiento anual en Europa Central y Occidental desde el final de la Guerra Fría.

El gasto militar de Rusia creció un 5,9% en 2025 hasta los 190.000 millones de dólares, con una carga militar del 7,5% del PIB. Ucrania, el séptimo mayor gastador, aumentó su gasto un 20% hasta los 84.100 millones de dólares, equivalentes al 40% de su PIB.

“En 2025, el gasto militar como proporción del gasto público alcanzó el nivel más alto jamás registrado tanto en Rusia como en Ucrania”, indica Lorenzo Scarazzato, investigador del SIPRI. “Es probable que siga creciendo en 2026 si la guerra continúa, con mayores ingresos por exportaciones de petróleo en Rusia y un importante préstamo previsto de la Unión Europea para Ucrania”.

Los 29 miembros europeos de la OTAN gastaron en conjunto 559.000 millones de dólares en 2025, y 22 de ellos destinaron al menos el 2% del PIB a defensa. Alemania fue el mayor gastador del grupo, con un aumento del 24% hasta los 114.000 millones

Los 29 miembros europeos de la OTAN gastaron en conjunto 559.000 millones de dólares en 2025, y 22 de ellos destinaron al menos el 2% del PIB a defensa. Alemania fue el mayor gastador del grupo, con un aumento del 24% hasta los 114.000 millones. Su carga militar superó el 2% por primera vez desde 1990, alcanzando el 2,3%.

“En 2025, el gasto militar de los miembros europeos de la OTAN creció más rápido que en cualquier otro momento desde 1953”, destaca Jade Guiberteau Ricard, asistente de investigación en el Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI.

“A medida que los Estados intentan cumplir los nuevos objetivos de gasto, existe el riesgo de que se difuminen los límites entre el gasto militar y otros gastos relacionados con la defensa, reduciendo la transparencia”, advierte.

Las cifras muestran que buena parte de los países que más han aumentado su gasto militar históricamente son precisamente los que están actualmente en guerra, mientras que los que no lo han hecho son los países, hoy en día, más pacíficos

Jordi Calvo — Centre Delàs

Oriente Medio

El gasto militar en Oriente Medio alcanzó unos 218.000 millones de dólares en 2025, apenas un 0,1% más que en 2024. Excepto Israel, la mayoría de los principales países de la región aumentaron su gasto. El gasto de Israel disminuyó un 4,9% hasta los 48.300 millones. Aun así, seguía siendo un 97% superior al de 2022.

El gasto de Turquía aumentó un 7,2% hasta los 30.000 millones y el gasto de Irán cayó por segundo año consecutivo, un 5,6% hasta los 7.400 millones, debido a la alta inflación, aunque aumentó en términos nominales.

Asia y Oceanía

El gasto militar en Asia y Oceanía alcanzó los 681.000 millones de dólares en 2025, un 8,1% más que en 2024, el mayor aumento registrado desde 2009. China incrementó su gasto un 7,4% hasta los 336.000 millones, Japón aumentó su gasto un 9,7% hasta los 62.200 millones (1,4% del PIB), el nivel más alto desde 1958, y Taiwán alcanzó el 14% hasta los 18.200 millones (2,1% del PIB).

“Los aliados de Estados Unidos en Asia y Oceanía están aumentando su gasto militar no solo por tensiones regionales, sino también por la incertidumbre sobre el apoyo estadounidense”, resalta el investigador del SIPRI Diego Lopes da Silva.

Otras cifras

El SIPRI indica que el gasto militar del Reino Unido cayó un 2,0% hasta los 89.000 millones y el de Francia aumentó un 1,5% hasta los 68.000 millones.

India aumentó su gasto un 8,9% hasta los 92.100 millones de dólares, Pakistán lo hizo en un 11% hasta los 11.900 millones y Arabia Saudí incrementó su gasto un 1,4% hasta los 83.200 millones. En África el gasto militar aumentó un 8,5% hasta los 58.200 millones totales.

El gasto militar como proporción del PIB —la llamada carga militar— es una medida del coste económico relativo de las fuerzas armadas para un país. A nivel mundial, esta carga aumentó del 2,4% en 2024 al 2,5% en 2025, el nivel más alto desde 2009.

En promedio, los países de Oriente Medio registraron la mayor carga militar en 2025 (3,8% del PIB), seguidos por Europa (3,2%), África (1,8%), Asia y Oceanía (1,6%) y América (1,2%).

Los tres países con mayor carga militar fueron Ucrania (40%), Argelia (8,8%) e Israel (7,8%). “El mayor aumento se registró en Ucrania (+5,6 puntos porcentuales), seguida de Azerbaiyán (+1,4) y Noruega y Dinamarca (ambos +1,0)”, indica el SIPRI. Sudán del Sur y Burkina Faso registraron las mayores disminuciones.

La guerra contra Irán ha impactado ya en el bolsillo de los estadounidenses, que ven como esta semana el precio de la gasolina ha superado los cuatro dólares el galón (3,78 litros). Pero más allá del previsible aumento del coste de vida, la campaña militar en Oriente Medio también amenaza con empobrecer de otra forma a los estadounidenses. Donald Trump quiere aumentar para el 2027 un 40% el presupuesto en Defensa, lo que prevé compensar con un tijeretazo de 73.000 millones de dólares en programas sociales. El republicano volvió a la Casa Blanca con la promesa del America First y priorizar a los estadounidenses, pero ahora quiere desinvertir en ayudas para sus ciudadanos y dedicarlas a conflictos exteriores.

Los días antes de presentar el presupuesto, Trump había comentado a sus asesores en una comida privada la necesidad de convertir el gasto militar en una prioridad nacional. Aunque fuera a costa de programas sociales como el Medicaid y el Medicare, destinados a ayudar a pagar el seguro médico.

“No nos podemos ocupar de las guarderías, de Medicaid, de Medicare y de todas estas cuestiones individuales. Lo pueden hacer los estados. Somos un país grande. [...] Estamos librando guerras. No nos podemos ocupar de las guarderías”, dijo el presidente. Las declaraciones que hizo durante el encuentro las compartió la Casa Blanca por error en su canal de YouTube y después las eliminó. Aún se conserva el vídeo completo porque Business Insider lo grabó. 

Este recorte de 73.000 millones implicaría eliminar algunos programas sobre temas como el cambio climático, el servicio meteorológico, la vivienda y la educación. Esta sangría se sumaría a un contexto donde, durante un año, la nueva administración se ha dedicado a mermar muchos de estos programas. El presidente ya ha desmantelado buena parte de la agencia de emergencias meteorológicas (la FEMA) y ha provocado inquietud en cuanto a la capacidad del país de prevenir futuros desastres relacionados con el mal tiempo. El año 2025 estuvo marcado por las inundaciones mortales de Texas, con al menos 119 muertos y más de 160 desaparecidos.

Por otra parte, el presidente ha reducido buena parte de los programas de ayudas sociales del Departamento de Educación. En su primer año de gobierno, el republicano amenazó con suspender la financiación a los centros que apliquen políticas DEI (las siglas de Diversidad, Equidad e Igualdad). 

En materia de vivienda, el presupuesto prevé recortar 50 millones de dólares de un programa que otorgaba subvenciones competitivas a estados y gobiernos locales para reducir los obstáculos al acceso a viviendas asequibles. El gobierno Trump ha acusado al programa de subvenciones de financiar “agencias DEI divisivas”. 

Lagunas legales para tiburones inmobiliarios

Por contra, una de las pocas medidas que ha aplicado Trump para intentar solucionar la crisis que sufren los estadounidenses es aprobar un decreto ley que prohíbe que los gigantes de Wall Street compren edificios para alquilarlos. Sin embargo, deja un vacío legal que sí les permite construir vivienda para dedicarla a alquiler. 

Las grandes firmas estadounidenses de capital privado como Blackstone ya se han pasado a este mercado en los últimos años. El alza de los precios de las casas y las bajas tasas de ejecución hipotecaria han hecho que estas compras sean menos rentables frente al mercado de las nuevas construcciones dedicadas al alquiler. El presidente ha querido solucionar la crisis del mercado inmobiliario poniendo en el foco en los grandes inversores, cuando actualmente se estima que solo poseen entre el 1% y el 3% de todas las viviendas unifamiliares en alquiler del país.

Este recorte que prevé el nuevo presupuesto se sumaría ya al tijeretazo que dio Trump el año pasado con su Big Beautiful Bill [Gran Bella Ley]. El reverso de mantener la rebaja de impuestos para las empresas que aprobó durante su primer mandato es que más de 11 millones de estadounidenses se quedaran sin cobertura médica para 2034. Esto se debe a que la norma recortará un billón de dólares del Medicaid –uno de los programas para poder recibir asistencia médica en un país sin sistema de salud pública– y reducirá las ayudas alimentarias para los más vulnerables.

La One Big Beautiful Bill ya preveía aumentar la deuda pública en más de 3,3 billones de dólares, y, ahora, el presupuesto de defensa que ha presentado Trump amenaza con inflarlo aún más. Por no hablar de cómo el déficit que ha creado el primer mes de guerra también impactará en la deuda del país. Otra de las promesas de campaña del republicano era reducir la deuda pública, y bajo esta supuesta premisa Trump dejó que Elon Musk pasara la motosierra por las agencias federales los primeros meses de gobierno. Una oleada de despidos que también sirvió para purgar al funcionariado.

El mundo está cambiando y la guerra está cambiando con él. “Hemos pasado de realizar operaciones psicológicas que apoyaban ataques físicos a hacer ataques físicos cuyo objetivo principal es generar un efecto psicológico”, dice Ángel Gómez de Ágreda.

Gómez de Ágreda (Salamanca, 1965) es coronel del Ejército del Aire y del Espacio en la reserva, piloto militar de transporte con más de 4.000 horas de vuelo y paracaidista con 624 saltos. Doctor en Ingeniería, ha sido analista jefe de geopolítica en el Ministerio de Defensa, jefe de cooperación en el Mando Conjunto de Ciberdefensa y agregado de Defensa en las embajadas Corea del Sur y Japón. Especialista en ciberseguridad e inteligencia artificial, acaba de publicar Un mundo falaz. El nuevo orden global en la era de los algoritmos y la manipulación (Ariel).

En esta entrevista con elDiario.es, Gómez de Ágreda profundiza en conceptos como “la guerra cognitiva”, potenciada por la IA. Pero, también, en cómo el poder de las grandes tecnológicas está extendiéndose también hasta los sistemas de defensa de los Estados. A veces, de la mano de empresas mucho más opacas: “Palantir puede no ser muy conocido para el gran público, pero el gran público es muy conocido para Palantir”.

De fondo, la carrera de la IA entre EEUU, China y una Europa que necesita actuar “para no perder su voz”. Un mundo en constante cambio y tensión, pero en el que el coronel anima a la sociedad civil a dar “un paso adelante” para “restringir esa bicefalia de grandes corporaciones y estados que opera en detrimento de los ciudadanos”.

Las herramientas de las grandes tecnológicas son claves en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. ¿Se está difuminando la barrera entre la tecnología civil y la militar?

Hasta ahora los ataques se han estado basando en inteligencia procesada en las nubes de Microsoft y de Google, especialmente en la de Microsoft. Con lo cual no solo se han convertido en parte del armamento que está utilizando el ejército, sino que además son una pieza fundamental para la recolección de inteligencia.

Anthropic es el único caso en el que ha habido algo de reticencia por parte de una empresa al uso de su tecnología, pero solo para algunos usos (vigilancia masiva o armas autónomas).

El caso de Anthropic puede haber tenido mucho de escenificación. Al fin y al cabo, en Irán EEUU sigue utilizando sus sistemas junto con Palantir y otras soluciones. Lo que ha supuesto esta maniobra es, por un lado, una campaña propagandística muy rentable para Anthropic, con un gran número de nuevos suscriptores. Por otro lado, creo que también demuestra que el debate sobre la ética de los sistemas civiles empleados con fines militares ha quedado reducido a algo que discuten las grandes empresas y la administración de Estados Unidos, mientras el resto nos quedamos fuera, esperando a ver qué deciden. Nos están apartando de la decisión sobre cómo se van a utilizar unos sistemas que, además, funcionan con nuestros datos: el 70% de los datos de personas, gobiernos y ejércitos del mundo están ahora mismo en las nubes de los hyperscalers (Microsoft, Google y Amazon). Están utilizando nuestros datos en su beneficio y son ellos quienes establecen las reglas sobre cómo podrán usarse.

¿Cree que la gente tiene capacidad de reacción ante esto? ¿O que es demasiado difuso para actuar?

Es tan difuso y aparentemente tan alejado del día a día que resulta invisible, cuando en realidad ocurre lo contrario: está metido tan transversalmente en cada aspecto de tu vida que ya has dejado de verlo. Es como el agua para los peces: es su medio natural. Ahora mismo nuestro medio natural es esta realidad sintética que se está generando, y, por eso, la mayor parte de la gente no solo no se resiste, sino que lo considera una ventaja porque le da comodidad para operar en el día a día.

Es importante que la sociedad civil dé un paso adelante para restringir esa bicefalia de grandes corporaciones y estados que opera en detrimento de los ciudadanos

La única salida, como decíamos, pasa por ese esfuerzo personal de identificar no tanto que te están engañando, sino que te están manipulando; que están actuando sobre tus emociones más que sobre tus percepciones. Y después algo que me parece fundamental: poner en común esas reflexiones individuales. El sentido común se genera en comunidad. Por eso es importante que la sociedad civil dé un paso adelante, probablemente en grupos pequeños al principio, para restringir esa bicefalia de grandes corporaciones y Estados que opera en detrimento de los ciudadanos.

¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué recomendaría a alguien interesado en generar esas comunidades?

Hay que crear grupos de debate en torno a personas con capacidad de aglutinar a gente interesada en estas cuestiones. Eso puede ocurrir en la familia, en comunidades de vecinos, o, a nivel más amplio, en comunidades de interés. Pero no pueden ser digitales, en el sentido de las actuales redes sociales. No podemos ir al origen del problema para solucionar el problema. La prensa, por ejemplo, tiene un papel fundamental. Generar grupos de opinión en torno a medios: no tenemos que estar todos de acuerdo, pero sí debemos poder generar ese espíritu crítico. Me comentaba antes de la entrevista que elDiario.es tiene casi 120.000 socios, y eso me parece un modelo estupendo: cada uno de esos socios forma parte de una discusión interna orientada no a generar la realidad, sino a entenderla tal como es.

Hay que crear grupos de debate en torno a personas con capacidad de aglutinar a gente interesada en estas cuestiones, pero no puede ser en las redes sociales. No podemos ir al origen del problema para solucionar el problema

En el libro denomina a las grandes tecnológicas como “imperios del silicio”. Teniendo en cuenta esa integración de sus sistemas en la seguridad nacional, ¿le preocupa que los estados estén delegando su capacidad de defensa, de inteligencia, incluso su poder militar en empresas privadas?

Esto ya ocurrió antes. En el Imperio Romano se contrataron legiones enteras de mercenarios bárbaros para defender la frontera, y la cosa no acabó bien. Luego lo vimos con las compañías de Indias Orientales, como la británica, la holandesa o la francesa, que acabaron convirtiéndose en imperios paralelos. En Londres mandaba más la Compañía Británica de Indias que el Parlamento, porque era ella quien controlaba las colonias y de ahí llegaba la riqueza. Al final hubo que reabsorberlas dentro del Estado porque se habían convertido en virreinatos.

Pero el modelo al que parece que tendemos ahora no es el colonialista, sino el inverso: delegar a las empresas el control de las políticas y que esas empresas utilicen a los estados como proxies (apéndices). Es el modelo parecido al de la película RoboCop, no sé si la ha visto.

Me pilla algo lejana.

El trasfondo muestra a una compañía con tanto poder gracias a sus robots de seguridad que acaba usando al alcalde como legislador para favorecer sus propios intereses. Ahora estamos yendo hacia un modelo en el que las grandes tecnológicas utilizan a los estados como herramientas. Los países grandes apenas pueden ya controlarlas y cuando hablamos de países más pequeños, como Sri Lanka, Myanmar o Nepal, donde ha habido revueltas, muertos y caídas de gobiernos relacionadas con las redes sociales, el presidente del país era incapaz de conseguir que alguien de la oficina de Mark Zuckerberg le cogiera el teléfono.

Un ejemplo muy concreto: la base de datos de caras para reconocimiento facial del FBI tiene 3 millones de registros. La de Clearview tiene 10.000 millones, extraídos de Facebook y otras plataformas. No están ni en el mismo orden de magnitud. Clearview tiene los datos biométricos de prácticamente la mitad de la población mundial y, a partir de esos datos, puede inferir cómo piensas, lo que te hace mucho más fácil de manipular. Estas empresas además controlan las comunicaciones y alimentan las bases de datos de los estados, con lo cual generan el escenario y manipulan a los actores sin contar con ellos. Tener todos esos datos juntos te da mucho más poder que el que tiene Hacienda, Tráfico y cualquier otro organismo por separado, porque aquí está todo integrado y lo que construyen es una imagen en 3D de cada persona.

La base de datos de caras para reconocimiento facial del FBI tiene 3 millones de registros. La de Clearview tiene 10.000 millones, extraídos de Facebook y otras plataformas. No están ni en el mismo orden de magnitud. Clearview tiene los datos biométricos de prácticamente la mitad de la población mundial

El discurso suele pivotar sobre las grandes tecnológicas, pero como menciona hay actores menos conocidos para el público general que tienen un papel clave en esta militarización de las tecnologías civiles. Uno de ellos es Palantir, clave en los bombardeos de Gaza, en el sistema de deportación de migrantes en Estados Unidos, en el Pentágono, ahora también en Irán.

Palantir puede no ser muy conocido para el gran público, pero el gran público es muy conocido para Palantir. Es el sueño de cualquier organización de defensa. Pasa lo mismo que con Clearview: cuando un agente del ICE se acerca a un coche, no pide documentación, simplemente apunta con el móvil y ya sabe quién es el ocupante gracias a su tecnología. Han conseguido una capacidad de integrar datos y extraer conclusiones en tiempo real que es espectacular. Eso nos permite avanzar en muchísimos terrenos, pero también en los negativos: la manipulación.

Palantir puede no ser muy conocido para el gran público, pero el gran público es muy conocido para Palantir. Es el sueño de cualquier organización de defensa

Y hay que preguntarse en manos de quién estamos dejando todo esto. Los fundadores, Alex Karp y Peter Thiel, son filósofos. Ambos con ideas bastante radicales. Thiel podría calificarse de anarcocapitalista, de extrema derecha. Es coherente con su negocio, por otro lado, porque hace falta una determinada forma de pensar para montar estas empresas.

Esto se relaciona con otro de los conceptos centrales de su libro: la guerra cognitiva. ¿Podría explicar cómo es esa batalla que se libra en nuestras cabezas?

Es una se ha librado siempre. Desde la aparición del lenguaje, este se ha utilizado para sustituir, de alguna manera, a la realidad. Los conceptos no son la realidad; son lo que nosotros entendemos de ella. Son las sombras del mito de la caverna de Platón. El problema es que, desde que hemos empezado a estudiar cómo replicar las capacidades de la mente humana con la inteligencia artificial, hemos aprendido muchísimo sobre la propia mente: cómo funciona y cómo puede dirigirse en el sentido que nos interese.

Desde que hemos empezado a estudiar cómo replicar las capacidades de la mente humana con la inteligencia artificial, hemos aprendido muchísimo sobre la propia mente: cómo funciona y cómo puede dirigirse en el sentido que nos interese

¿Qué es lo que estamos haciendo? No hemos dejado de librar la guerra, pero sí hemos trasladado buena parte del conflicto del campo de batalla a la mente. En lugar de destruir cosas, las presentamos como destruidas. Generamos emociones. Por ejemplo, el bombardeo de Donald Trump durante su primer mandato contra una base en Siria: avisó dos días antes para que la evacuaran. Lanzó decenas de misiles Tomahawk, con un coste de millones de dólares cada uno. No hubo víctimas. ¿Para qué sirvió ese bombardeo? No para destruir la base, ya que no era necesario destruirla, sino para construir un relato: que Estados Unidos estaba implicado en esa guerra y tenía capacidad de acción.

Es decir, hemos pasado de realizar operaciones psicológicas que apoyaban ataques físicos a hacer ataques físicos cuyo objetivo principal es generar un efecto psicológico: que la gente se rinda, o que acepte determinadas condiciones. Lo vemos en los discursos políticos del propio Trump, pero también en ámbitos como la publicidad. Si a eso le añadimos las enormes capacidades de la inteligencia artificial para manipular percepciones, lo que estamos haciendo es facilitar que los humanos desarrollen empatía hacia las máquinas; en última instancia, para beneficiar a las empresas que las construyen.

Hemos pasado de realizar operaciones psicológicas que apoyaban ataques físicos a hacer ataques físicos cuyo objetivo principal es generar un efecto psicológico: que la gente se rinda, o que acepte determinadas condiciones

¿Ve el mismo patrón en los asesinatos selectivos de la cúpula iraní? ¿Un mensaje de “el régimen tiene las horas contadas”?

Ése es un error de cálculo, porque la cadena de mando en Irán está muy bien establecida: después del dos viene el tres, después del tres el cuatro. Eso no va a hacer caer al régimen. Lo que sí se está mandando es un mensaje a la población: “estamos eliminando los obstáculos que teníais”. Pero eso es propaganda tradicional, no guerra cognitiva en sentido estricto. Lo que sí se está viendo mucho es la batalla de relatos: yo estoy destruyendo todo, a mí no me están destruyendo nada. Como cuando Irán intentaba vender que había alcanzado un portaviones americano y los americanos lo negaban. Deepfakes, vídeos manipulados de alta calidad, jugar con los objetivos para afectar al comercio y la economía mundial, mucho más allá de lo que realmente esté ocurriendo sobre el terreno. Todo es manipulación, todo es guerra dentro de las emociones de la gente.

¿Hay alguna estrategia para protegerse de esa propaganda tan quirúrgica?

Para el ciudadano de a pie: confiar más en los propios sentidos y menos en los sensores; quedarte con lo que realmente estás viendo tú. Hay poco más que podamos hacer. Y el problema es que, desde el punto de vista institucional, la forma más cómoda y eficiente de combatir la desinformación del adversario es con desinformación propia o con censura, ninguna de las cuales favorece el juicio individual de las personas.

¿Como, por ejemplo, la censura de los medios rusos en Europa que vimos tras el comienzo de la guerra de Ucrania?

Exacto, y lo curioso es que fuimos nosotros los primeros en aplicarla. Fue el Occidente libre el que censuró los medios rusos, y el que tiene varias agencias de la OTAN y de la Unión Europea en ciudades clave como Helsinki o Riga con el único encargo de vigilar y contrarrestar la desinformación procedente de Rusia. EUvsDisinfo, el Centro de Excelencia de Guerra Híbrida de la OTAN... Son organismos específicamente creados para eso. Pero no son actores neutrales, no son árbitros: son protagonistas. Con lo cual lo que te cuenten puede ser tan falso como lo que están contrarrestando.

Otro de los temas clave del libro es la explicación de las diferentes estrategias de EEUU y China en la carrera de la inteligencia artificial. Hay una estadística muy llamativa que indica que la población china es la más optimista del mundo respecto al avance de la IA...

Cierto, y con bastante diferencia respecto a los países occidentales, además.

A pesar de que aquí no dejamos de advertir de que el Partido Comunista está utilizando esta tecnología para construir un aparato de vigilancia estatal orwelliano.

Es más parecido al de Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Es más amable.

¿Por qué cree que está ocurriendo esto?

La explicación me parece clara. En Estados Unidos hay grandes empresas desarrollando modelos de negocio basados en inteligencia artificial, con muchísima inversión cruzada entre ellas, generando tecnología que muchas veces no llega al ciudadano más allá de los modelos de lenguaje que la gente usa para hacer un meme o echarse una novia digital. En China, en cambio, están utilizando tanto los desarrollos propios como los americanos para crear aplicaciones que el ciudadano ve cada día en su móvil y que le facilitan la vida. WeChat es desde hace años mil veces mejor que WhatsApp, no hay comparación. Las empresas chinas trabajan para llevar a la sociedad un producto y al Estado una herramienta, o un arma. Son dos modelos completamente distintos: uno tecnológico-económico y otro tecnológico-social, enfocado directamente en lo que usa el ciudadano. Y por eso en China la inteligencia artificial se percibe como mucho más útil: está ayudando a la gente todos los días en multitud de tareas.

Ha dado una clave: en China, cualquier desarrollo de IA puede ser tomado por el Estado para aplicación militar. ¿Cree que la actuación de Trump con Anthropic pretende ser ejemplarizante para corregir esa desventaja estratégica? ¿El hecho de que en EEUU las empresas sí pueden vetar el uso de su tecnología al Gobierno?

Tengo mis dudas. Lo que el caso Anthropic señala es una excepción, no la norma. Ha sido ejemplarizante precisamente porque ha sido noticia que una empresa no coopere sin restricciones con el gobierno, no al revés. No demuestra que haya una separación real entre los intereses de las grandes empresas y los del Estado, sino que en general son convergentes, y ha habido una que ha decidido salirse. Pero han sido los únicos: ¿qué está pasando entonces con todas las demás?

En China tuvimos el caso de Jack Ma, que en un momento se salió de la disciplina del partido y fue purgado, exiliado en Japón. Pero más allá de la retórica de la fusión cívico-militar en China frente a la teórica no-fusión en Estados Unidos, estamos viendo cómo las fuerzas armadas estadounidenses utilizan las nubes de los hyperscalers o Palantir con muy poca diferencia práctica respecto al modelo chino. La distinción real es esta: en China el Estado entra en la toma de decisiones de una empresa en cuanto es lo suficientemente grande. En Estados Unidos la empresa desarrolla modelos que después vende al Estado, con más libertad en la generación del negocio. Pero la utilización final por parte de los estados no se diferencia tanto, lo cual deja a los países que no tienen grandes empresas tecnológicas propias en una situación muy vulnerable.

¿Cree que China puede ganar la carrera de la inteligencia artificial?

A corto plazo, Estados Unidos sigue por delante en desarrollo de IA. Pero China está varias generaciones por encima en campos muy importantes: centrales nucleares —que aprendió de Francia y de Estados Unidos y ya los supera—, baterías, imanes permanentes, materiales críticos donde mantiene un oligopolio que Washington está intentando romper con acuerdos puntuales. Algunos campos los tiene muy desarrollados, y además cuenta con algo que Estados Unidos no tiene: una política coherente a largo plazo. De Trump a Biden y a Trump de nuevo, lo único en lo que se ponen de acuerdo es en que China es una amenaza. La forma de afrontarla cambia con cada administración. Xi Jinping lleva al frente desde 2012 o 2013, consolidando cada vez más su poder y dando continuidad a una estrategia.

Dicho esto, creo que nos queda muchísimo por ver de lo que tienen tanto China como Estados Unidos, tanto en desarrollos aplicados a defensa como a la sociedad. La mayor parte no han salido a la luz. Con lo cual, es muy difícil saber quién está realmente por delante. Lo que sí está claro es que China no es un rival lejano, sino, como dicen los mismos estadounidenses, un competidor cercano.

Están guardando sus cartas.

Exacto, y esto es algo que ya ocurre mucho, por ejemplo, en ciberseguridad, con la atribución de los ataques. Si tú me atacas, para poder señalarte necesito herramientas de atribución, pero si las revelo, pierdo la ventaja porque tú estudiarás como evitar que te detecte. Entonces lo que se hace es decir: “sé que has sido tú, confiad en mí”, pero sin explicar cómo lo sé. Aquí está pasando algo parecido. Estamos viendo ovnis cognitivos, de alguna manera: cosas que suceden y no sabemos cómo porque nadie nos está contando todos los adelantos que tienen. Igual que, por un lado, se disfrazan algunas capacidades de la IA haciéndolas parecer mayores de lo que son, por interés comercial o de seguridad nacional, por otro lado, también se disfrazan para hacerlas desaparecer.

Igual que, por un lado, se disfrazan algunas capacidades de la IA haciéndolas parecer mayores de lo que son, por interés comercial o de seguridad nacional, por otro lado, también se disfrazan para hacerlas desaparecer

En medio de todo esto se encuentra Europa. ¿Cree que puede encontrar su hueco basándose en la regulación de la IA, como ha intentado hasta ahora?

No. Si Europa no es un actor relevante industrial y tecnológico, tampoco le van a dejar serlo jurídicamente. Ya lo estamos viendo: hay enormes presiones desde Estados Unidos para impedir que la regulación europea se aplique en toda su extensión a las empresas americanas. Sin autonomía estratégica, industrial y tecnológica, Europa cae en la irrelevancia también en el ámbito regulatorio.

Para ser relevante, Europa primero tiene que diseñar y fabricar sus propios sistemas. Y la clave son los estándares: esa es la gran batalla entre Estados Unidos y China, la misma que se libró con Huawei y el 5G. Quien establece los estándares, manda. Europa tiene muchísimo talento y, a diferencia de Estados Unidos o China, genera menos animosidad en el Sur Global. Tenemos que aprovechar esa posición para ser nosotros quienes fijemos esos estándares. Si lo conseguimos, podremos regular de verdad. Si no, podremos escribir normas, pero el estándar seguirá siendo el de otros y el funcionamiento por debajo seguirá siendo el mismo.

El clima de guerra a nivel internacional ha hecho que por primera vez en la UE se empiecen a vincular los discursos de soberanía tecnológica y de defensa, con nuevos fondos para desarrollar estas capacidades.

El gobierno aprobó el paquete de 1.300 millones recientemente [finalmente fueron 1.129 millones]. Es muchísimo. Pero ¿sabe cuánto vale una fábrica de semiconductores?

Por las cifras de la que iba a construir Intel en Alemania, unos 30 o 40.000 millones.

Exacto. 1.300 millones es una salvajada, pero estamos a varios órdenes de magnitud de lo necesario. Draghi hablaba de 800.000 millones de inversión para Europa, no de 1.300. Lo que tenemos que hacer es cambiar absolutamente de registro y dejar de pensar en términos de los últimos 80 años, porque ese mundo ya no existe. No es que esté cambiando: ya ha dejado de ser así. Estamos en una transición hacia un nuevo orden global, y si queremos tener algo que decir en su diseño, tenemos que ser relevantes. Para eso necesitamos nuestros propios estándares y nuestra propia voz. Sin ella, seremos incapaces de defender nuestros propios valores.

¿Defender nuestra propia voz significa más inversión en defensa?

Significa más inversión en autonomía tecnológica e industrial, que después deriva en mayores capacidades de defensa. Pero no sirve de nada aumentar el gasto en defensa si no se hace sobre una base tecnológica e industrial propia que te dé autonomía real a la hora de utilizar esos medios.

Trump ha sugerido que Estados Unidos podría retirarse de la Alianza Atlántica si sus aliados no “pagan su parte”. Incluso ha afirmado que “animaría” a Rusia a atacar a cualquier miembro de la OTAN que no cumpliera con sus obligaciones financieras, o que, si Europa no paga la factura de su seguridad, EEUU no les defenderá ante un hipotético ataque. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Nos debemos tomar en serio las amenazas del presidente estadounidense?

Veamos cuál es la presencia militar estadounidense en Europa, la factibilidad de la retirada de EEUU de territorio europeo y/o su salida de la OTAN, el coste que esto supondría para Europa (según estudios que dan por supuesta la intención de invasión del continente por parte de Rusia) y finalmente quién debe a quién, en términos monetarios y también securitarios.

Un informe de 2021 del Quincy Institute for Responsible Statecraft, Drawdown: Improving U.S. and Global Security Through Military Base Closures Abroad señala que, a pesar de la retirada de tropas y bases de Afganistán, EEUU aún mantiene alrededor de 750 bases militares en unos 80 países y territorios de todo el mundo. Según los autores del estudio, estas instalaciones cuestan a los contribuyentes estadounidenses unos 55.000 millones de dólares al año en gastos operativos y de mantenimiento.

Para cuantificar la presencia militar de EEUU en Europa podemos consultar el artículo Where Are U.S. Bases and Forces Situated in Europe? del Council on Foreign Relations, donde se constata que a comienzos de 2025 había cerca de 84.000 militares estadounidenses en Europa. Aunque, actualmente, con el envío suplementario de militares a los países fronterizos con Ucrania, la cifra podría alcanzar los 105.000 efectivos, en 26 bases militares estadounidenses y otras 19 instalaciones con presencia militar norteamericana.

Hay 38.700 militares estadounidenses en Alemania, 14.000 en Polonia, 12.600 en Italia, 10.000 en Reino Unido y 3.500 en España

El informe calcula que hay 38.700 militares estadounidenses en Alemania, 14.000 en Polonia, 12.600 en Italia, 10.000 en Reino Unido y 3.500 en España, y cifras inferiores en hasta 14 países más. Se calcula además que Europa alberga aproximadamente un centenar de bombas nucleares B61 en Bélgica, Italia, Países Bajos, Alemania y Turquía. Según este mismo artículo, los países que acogen una base militar estadounidense pagan aproximadamente el 34% de los costes operativos de esas bases.

De tal modo que si en Europa hay 45 bases, el 6% del total, podemos hablar de un coste anual de unos 3.000 millones de dólares, a los que cabría restar el mencionado 34% del coste que cubren los países que acogen estas bases militares. Por tanto, el coste real de las bases militares de EEUU en Europa puede rondar los 2.000 millones de dólares anuales. 

Esto no parece mucho cuando lo comparamos con las armas que Europa compra a EEUU cada año, ya que mientras Europa prácticamente no le exporta armas, sí importa un volumen considerable. Según la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) EEUU exportó más de 318.000 millones de dólares en armamento en 2024, del que un tercio fue a parar a Europa. Esta misma fuente revela la existencia de 2.907 millones de dólares en compras españolas de armas a EEUU en 2024 y 1.682 millones en 2023, más de 4.500 millones en dos años. Vistas estas cifras récord, parece que las críticas reiteradas de Donald Trump a España por su bajo gasto en defensa pueden haber conseguido sus objetivos.

EEUU y la OTAN

En las declaraciones de Donald Trump referidas más arriba hay una incongruencia de base porque amenaza con no defender a los países europeos si no se encargan de su propia seguridad; es decir, si no aumentan sus capacidades militares. Lo que significa que sí que defendería a Europa si esta se encargara de su propia seguridad; esto es, si tuviera más armas y un mayor ejército, que harían innecesaria la intervención norteamericana.

No es creíble, por desgracia, que EEUU abandone la OTAN. No solo por la incoherencia apuntada, sino por razones obvias, como las que fueron señaladas por 16 antiguos embajadores en la OTAN de EEUU y ex altos cargos militares el 13 de febrero con motivo de la Conferencia de Seguridad de Múnich, quienes defendieron con énfasis que “la presencia de EEUU en la OTAN no es una cuestión de caridad, sino que es vital para su propia seguridad”. Insistieron en su comunicado en que estar en la OTAN no es un acto de generosidad por parte de EEUU, sino que les sirve para mantener e impulsar su poder global, y señalaron que si EEUU saliera de la OTAN, el resultado inmediato implicaría mayores costes, pérdida de influencia y menor legitimidad en el resto del mundo.

El miedo a Rusia justifica el rearme

Finalmente, me gustaría hacer referencia al estudio del International Institute of Strategic Studies Defending Europe Without the United States: Costs and Consequences de mayo de 2025 sobre el coste que tendría para los países europeos hacerse cargo de la actividad militar y de seguridad estadounidense en Europa. Este estudio parte de la poco creíble asunción de que la guerra en Ucrania termine con un alto el fuego, al tiempo que el Gobierno de EEUU inicie el proceso de retirada de la OTAN. Los cálculos concluyen que los aliados europeos necesitarían reemplazar las plataformas militares clave con aproximadamente 128.000 efectivos. Para sustituir las capacidades militares actualmente utilizadas por EEUU en Europa, el coste según este estudio podría llegar a alcanzar hasta un billón de dólares.

Pero claro, este informe parte de una premisa cuando menos tendenciosa, porque considera de manera acrítica que Rusia constituye una amenaza militar significativa para Europa y que la presencia de EEUU ha sido la razón de evitar que Rusia invadiera desde el final de la Segunda Guerra Mundial el continente europeo.

Para ello, el estudio cita, entre otros, al Gobierno danés, que en su informe Intelligence Outlook 2025 de sus propios servicios de inteligencia proyecta que Rusia podría iniciar una guerra local contra un país vecino en seis meses a partir del momento en que la guerra en Ucrania se congele o termine; en dos años, podría lanzar una guerra regional en la región del mar Báltico; y en cinco años, podría estar preparada para un ataque a gran escala contra Europa. Es una predicción con escaso fundamento, que más bien parece buscar que se genere en la percepción en la sociedad europea de que, pase lo que pase, hay que seguir con el Plan de Rearme ante la ausencia de escenarios alternativos a las vías militares para conseguir la paz y seguridad en Europa.

La factura de la inseguridad

Por otra parte, la discusión sobre quién paga la seguridad europea suele plantearse en términos monetarios, pero a menudo se omite el coste estratégico de las decisiones adoptadas en las últimas tres décadas.

No debemos olvidar que desde el fin de la Guerra Fría, la OTAN pasó de 16 a 32 miembros, incorporando progresivamente a antiguos países del Pacto de Varsovia y a ex repúblicas soviéticas. En 2008, la cumbre de Bucarest declaró que Ucrania y Georgia podrían ser miembros de la OTAN en un futuro. Recientemente, Finlandia y Suecia han ingresado, ampliando aún más la frontera directa entre la OTAN y Rusia.

Para Moscú, este proceso no fue una mera ampliación administrativa, sino un desplazamiento constante de una alianza militar liderada por EEUU hacia su espacio estratégico inmediato. Ya en 2007, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Vladímir Putin denunció abiertamente la expansión de la OTAN como una amenaza directa a la seguridad rusa y cuestionó el modelo de orden unipolar dominado por Washington.

La “factura” de la seguridad europea también debe considerar el precio político y estratégico de una arquitectura de seguridad que, en lugar de integrar a Rusia en un sistema común, avanzó bajo una lógica de ampliación y presión percibida como amenaza

A esta dinámica se añadió el giro constitucional de Ucrania. Tras su independencia, el país mantuvo durante años una política formal de no alineación. Sin embargo, después de 2014, Kiev abandonó esa posición y en 2019 incorporó en su Constitución el objetivo estratégico de integrarse en la OTAN y en la Unión Europea. Desde la óptica rusa, la posible entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica suponía la presencia potencial de infraestructuras militares occidentales en un territorio históricamente vinculado a su esfera de influencia y situado a escasa distancia de Moscú.

En este contexto, la “factura” de la seguridad europea no puede reducirse al coste de bases o despliegues militares estadounidenses. También debe considerarse el precio político y estratégico de una arquitectura de seguridad que, en lugar de integrar a Rusia en un sistema común, avanzó bajo una lógica de ampliación y presión percibida como amenaza. El resultado no ha sido una Europa más estable, sino un continente militarizado, polarizado y en guerra. Desde esta perspectiva, más que pagar por su seguridad, Europa estaría pagando hoy las consecuencias de una inseguridad, responsabilidad de EEUU y la OTAN, acumulada durante años de expansión sin un marco inclusivo que incorporara a Rusia en el nuevo orden posterior a 1991.

Este tema se aborda en detalle en el tercer capítulo del pódcast 'Donde callan las armas', del Centre Delàs con Olga Rodríguez.

En medio de la intensa actualidad política ha pasado bastante desapercibido el sorprendente hecho de que el Partido Popular haya salido a defender públicamente los postulados de la empresa estadounidense General Dynamics. Como ya sabemos, los conservadores asumieron hace años una estrategia de acoso y derribo contra el gobierno de coalición; cualquier asunto, por grave que sea, parece hacer brillar los ojos de quienes ven en toda situación una oportunidad para desgastar al gobierno progresista. Pero este reciente caso, sin embargo, contiene algunos aspectos problemáticos incluso para los propios conservadores.

Como se sabe, el gobierno español está en plena expansión del gasto militar para alcanzar el 2% del PIB que exigía la OTAN —antes de que Donald Trump elevara esa cifra al 5%—. Por muy diferentes razones esta es una decisión controvertida en la izquierda, lo que ha llevado al gobierno a rechazar el nuevo techo de gasto impuesto por Estados Unidos, pero, también, a plantear claramente una estrategia de autonomía europea que busca reducir la dependencia con respecto a Estados Unidos. Al fin y al cabo, no se trata sólo de cuánto se gasta sino también de cómo y para qué se gasta. Aunque los discursos oficiales expresan todavía un complejo equilibrio, el objetivo real es lograr que el gasto en defensa de los países europeos no dependa de la industria militar estadounidense.

¿Por qué? A nadie se le escapa que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, acertó hace unas semanas al constatar que en los últimos años se ha producido una ruptura en el orden internacional basado en normas. Lo vimos en Gaza, pero especialmente en las relaciones internacionales de Estados Unidos. En Davos, Carney expresó la obviedad de que, en un mundo sin reglas, las grandes potencias pueden actuar por sí solas, pero las medianas y pequeñas no tienen ese privilegio. Su propuesta fue la de ampliar la colaboración entre estas últimas, recordando que «un país que no puede garantizar su suministro alimentario, energético o su defensa tiene pocas opciones». Como he recordado en análisis anteriores, Canadá es uno de los países más afectados por el giro exterior de Estados Unidos hacia posiciones neomercantilistas y militaristas —por ejemplo, hasta la intervención en Venezuela, Canadá exportaba el petróleo pesado a su vecino—, pero los países europeos no lo son menos —como ha demostrado el caso de Groenlandia o las afectaciones de los aranceles—. En este contexto, ampliar el presupuesto de defensa sin previamente hacer cambios estructurales implica básicamente elevar la compra de bienes y servicios estadounidenses, lo que es un negocio redondo para los norteamericanos, pero también introduce elementos de vulnerabilidad bastante obvios.

Los nuevos tiempos han conducido también a una reinterpretación de la política industrial. Ya no somos sólo los economistas heterodoxos, y especialmente los que nos formamos en Economía del Desarrollo, los que defendemos la necesidad de políticas industriales fuertes y sostenidas; ahora todos los países entienden que la política industrial es una palanca de estímulo económico y también un elemento central de seguridad nacional. La pandemia dio buena muestra de ello, cuando países como España fuimos incapaces de producir con urgencia mascarillas propias con las que proteger a la ciudadanía porque habíamos externalizado esa capacidad a terceros países, particularmente China. La producción de prácticamente cualquier bien depende de una red de transacciones internacionales que tiene sus cuellos de botella y sus puntos críticos, como ocurre con los minerales críticos que son necesarios para la fabricación de productos electrónicos y tecnologías de transición ecológica. En un mundo “normal” uno parecía tener que preocuparse únicamente por los precios; pero en un mundo “neomercantilista” y en plena crisis ecosocial el abastecimiento no está necesariamente garantizado incluso aunque haya poder adquisitivo: ya lo sufrió Japón en el año 2010 cuando sus importaciones de tierras raras fueron paralizadas por una decisión política de China. Hoy una decisión política de las grandes potencias puede llevar al colapso a economías enteras.

La Unión Europea es un proyecto con muchos déficits institucionales, pero también con muchas vulnerabilidades estructurales. Hoy en día, la Unión Europea depende críticamente de los combustibles fósiles de Rusia y Estados Unidos, de la capacidad industrial de China y otros países asiáticos, y de la capacidad militar de Estados Unidos. La única forma en la que la Unión Europea puede tener un futuro lejos de la desmembración —objetivo que persiguen las extremas derechas europeas y el propio gobierno estadounidense, como ha dejado escrito en la Estrategia de Seguridad Nacional—, es reducir al máximo posible esas tres dependencias. Y eso implica hablar, sobre todo, de política industrial.

Alineado con ese planteamiento, el gobierno de España tomó la decisión de que la inversión en defensa tenía que canalizarse a través de un “campeón nacional”, esto es, de una empresa semi-pública como es Indra —donde el Estado, a través de la SEPI, controla casi un tercio del capital social—. El mensaje es claro: aunque hubiera alternativas, éstas tienen que quedar subordinadas a una operación que prioriza la autonomía frente a terceros países. Y lógicamente ha habido agraviados.

En otro tiempo el Estado tenía también una empresa pública de Defensa —la Empresa Nacional Santa Bárbara— que había creado el Instituto Nacional de Industria en los años sesenta. Sin embargo, el gobierno de José María Aznar la privatizó en el año 2001 al venderla a la estadounidense General Dynamics —una operación muy criticada por el Tribunal de Cuentas al tener finalmente un sobrecoste de más de 200 millones de euros para el erario público—. Es esta empresa, ahora privada, la que se está revolviendo contra la estrategia de autonomía estratégica planteada por el gobierno de coalición; incluso llevándolo a los juzgados a fin de intentar paralizar el proceso —lo que podría afectar a la partida completa de 14.000 millones de euros—.

El nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, ha anunciado que seguirá presionando al gobierno para que eleve su gasto militar al 5% y además también “mediará” en el conflicto con General Dynamics —lo que debemos interpretar como un intento de cortocircuitar la estrategia general de autonomía en defensa—. Es en este contexto donde debe entenderse la posición del Partido Popular, que ha decidido alinearse con los intereses de una empresa extranjera frente a una estrategia orientada a reforzar la base industrial nacional. El resultado es contribuir, voluntaria o involuntariamente, a mantener la dependencia estructural que el gobierno pretende reducir. 

En los últimos días el PP incluso han amenazado con tomar acciones legales contra el Gobierno. Quizás es su obsesión con aprovechar cualquier tema, desde una pandemia internacional hasta la legítima discrepancia política, para intentar desgastar al gobierno progresista. O quizás sea que, sencillamente, quieren ser más papistas que el papa y, por ende, más trumpistas que Trump. Sea como sea, la consecuencia es la misma: intentar descarrilar una estrategia que debería ser compartida por todos los partidos que ahora mismo representan a un país, como España, que se encuentra ante una creciente vulnerabilidad frente a decisiones adoptadas fuera de sus fronteras, particularmente en Washington —aunque no solo—.

La Coordinadora de ONGD Euskadi y Zehar-Errefuxiatuekin han denunciado la “gravedad” y la “nocturnidad” con la que los partidos del Gobierno vasco, el PNV y el PSE-EE —que gozan de mayoría absoluta—, han tramitado una enmienda a la ley vasca de Cooperación que, aseguran, “permitirá la colaboración y financiación de armamento o tecnología de uso militar”, siempre y cuando se encuadre dentro de la Estrategia Europea de Seguridad. Consideran, además, que se están dando “importantes retrocesos para la cooperación vasca”, tanto en términos porcentuales como absolutos.

Como ya había adelantado este periódico, el retoque en la ley de Cooperación fue una de las tres modificaciones legislativas de cierto calado acordadas a propuesta de PNV y PSE-EE, que suman en el Parlamento Vasco mayoría absoluta. El Ejecutivo, en la enmienda de adición, justifica que, de no haberse aprobado la enmienda, peligraría “la movilización de 325 millones de euros en inversión industrial en Euskadi”. Los sectores espacial, de la ciberseguridad y de los combustibles renovables, añade, son “estratégicos” y “quedarían sin el respaldo público imprescindible para despegar”.

Abunda el Ejecutivo que con la enmienda se aporta “seguridad jurídica” y que, en cualquier caso, la Estrategia Europea de Seguridad —con la que no cuadran otros usos— es un marco “plenamente garantista con los valores de la paz, la prevención de conflictos, la defensa de los derechos humanos y el respeto al Derecho internacional”. Y remacha: “Esta enmienda no introduce una excepción caprichosa, sino una alineación imprescindible con la Estrategia Europea de Seguridad y con los instrumentos industriales europeos. Sin ese encaje, Euskadi no puede acceder con normalidad a fondos europeos [...] ni competir en igualdad de condiciones con otros territorios”.

Esta modificación legislativa fue presentada el 28 de noviembre como autoenmienda de PNV y PSE-EE al proyecto de presupuestos orignal del Gobierno de Pradales e introducida ya el 12 de diciembre en un debate en el que ni se mencionó. Tampoco la oposición formuló ninguna pregunta sobre ello en la sesión de la comisión de Hacienda. Las cuentas, con las modificaciones, se votarán el 23 de diciembre y la nueva disposición sobre Cooperación entrará en vigor el 1 de enero.

“Doble uso”

La coordinadora y Zehar-Errefuxiatuekin, sin embargo, aseveran que esos tres sectores mencionados por el Ejecutivo —el de la ciberseguridad, el aeroespacial y el de los combustibles renovables— pueden tener un “doble uso” militar, destinarse tanto al uso civil como al militar. “No queremos que el dinero recaudado en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se destine a colaborar e invertir en industrias dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armamento o tecnología de uso miliar. Queremos que se destine a sectores productivos y reproductivos que favorezcan el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente y de las personas, tanto en Euskadi como en el resto del mundo”, han pedido.

Sostienen que, en el fondo, todo se explica porque la ley de Cooperación “molesta” al Gobierno de Pradales. “Hae dos años sirvió para obtener una foto política de consenso y para que el sector puediera estar satisfecho. Pero lo cierto es que el incumplimiento del texto aprobado es flagrante”, han señalado. “Claro que el artículo que se pretende modificar molesta, especialmente a quien no tiene interés en que el dinero de la ciudadanía vasca se utilice de forma coherente con los derechos humanos”, han añadido.

“Cuando empezamos éramos poco más que adolescentes”. “No hemos ido a la universidad, estudiamos Formación Profesional y luego hemos ido aprendiendo a base de golpes”. “Nos hemos jugado siempre el pellejo con nuestra empresa”. 

Son palabras de Javier Escribano, presidente de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa de armamento que lleva meses copando titulares con su proyectada fusión con Indra. En pleno boom del gasto en defensa, esta cotizada del Ibex 35 es la elegida por el Gobierno para forjar un gran campeón nacional del sector. Indra la preside desde enero Ángel Escribano, copropietario de EM&E, su primer accionista privado (14,3%), solo por detrás del Estado, que tiene un 28% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

E&ME es una empresa madrileña cuyos responsables hacen gala de un estilo directo poco habitual en la elite del Ibex. Ha protagonizado un meteórico ascenso en los últimos años, sobre todo a partir de 2020. Y si la operación con Indra sale adelante (ya el próximo año), los dos hermanos pueden alcanzar una participación en esa cotizada del Ibex similar a la de la SEPI, en función de la valoración que se asigne a las acciones de EM&E, que se ha cifrado en una amplísima horquilla entre 1.000 y 2.000 millones de euros. Una comisión ad hoc de consejeros independientes creada el pasado verano está preparando un informe sobre esta operación que debería presentarse antes de fin de año.

EM&E, surgida en los 80 en una modesta nave industrial en Coslada, al este de Madrid, puede acabar consolidando su aterrizaje en el selectivo en un periplo poco habitual, y con una operación polémica por el conflicto de interés de los hermanos Escribano (Javier es también consejero de Indra).

EM&E se creó cuando, al quebrar la empresa para la que trabajaba el padre de ambos hermanos (tornero, como ellos), se lanzó a reparar maquinaria de obra pública. Su vinculación con la defensa llegó casi de chiripa, como recogía una entrevista concedida en 2024 a El Debate por Ángel Escribano, entonces todavía consejero delegado de EM&E y, presidente ejecutivo de Indra tras la marcha a Telefónica de Marc Murtra.

Fue en torno a 1990, tras cumplir el servicio militar, cuando Ángel Escribano, gran ciclista en su juventud, se desplazó en bici a la cercana Construcciones Aeronáuticas (después Airbus) y se inventó que tenía una reunión con el director Comercial. Tras entrevistarse con él, le convenció para que les encargara reparar piezas del Eurofighter, el avión de combate europeo, y fabricar piezas del lanzador de satélites Ariane 5.

Muchos años después, en torno a 2011, llegó otro golpe de suerte. El actual presidente de Indra conoció en un evento en Barcelona a un profesional de su sector que trabajaba en Omán y quería entradas para un partido de fútbol. Escribano le consiguió acceso a un palco VIP gracias a un proveedor y el invitado, agradecido, le puso en contacto con el fondo soberano de Omán. El actual presidente de Indra viajó al sultanato y, tras mostrarles su producto y convencerles, le dijeron que el rey Juan Carlos I había estado hacía poco en el país y les indicó que invertían poco en España. 

Resultado: el fondo de Omán se convertiría en dueño del 32% de EM&E en 2016 tras invertir 18 millones. Fue su accionista hasta 2020, cuando los hermanos le recompraron sus acciones.

Hoy, EM&E es líder mundial en entrega de torres del calibre de 12,7 milímetros, que ya “se han probado en Ucrania y muchísimos otros países”, explicaba hace unos días su presidente en un debate con el general retirado Félix Sanz Roldán, ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en el que confió en que Indra puede competir con el gigante italiano Leonardo en un plazo de cinco años si la fusión llega a buen puerto.

EM&E, que se ha sumado a la ola de contrataciones de exmilitares y ex altos cargos del sector de Defensa en los últimos años, era poco conocida cuando en 2019 anunció el fichaje como (efímero) asesor del ex secretario de Estado de Defensa Agustín Conde, ex alcalde de Toledo, hoy diputado del PP y muy cercano a la expresidenta de Castilla-La Mancha y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Meses antes, en abril de 2018, los Escribano nombraron consejero a un histórico del sector, Miguel Ángel Panduro, también oriundo de Toledo y actual consejero delegado de Hispasat, el operador de satélites cuya compra a Redeia (también participada por SEPI) prevé aprobar la junta de accionistas de Indra prevista para este viernes.

Conexión conquense

Algunas fuentes sitúan en Castilla-La Mancha algunas de las conexiones políticas y empresariales de los Escribano, con lazos familiares con un pueblecito de Cuenca a tiro de piedra de Uclés, localidad natal del general Sanz Roldán. En ese debate con el presidente de EM&E, organizado por la consultora de comunicación PROA, el ex director del CNI y jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2004 y 2008 reconoció a EM&E el “mérito” de haber “vendido a otros países muchas cosas que nuestro propio ejército no tiene”.

Javier Escribano lo resumía así: “Nos han comprado sistemas países menos avanzados que nosotros” y “no tenemos un producto que nos hayan quitado de las manos ingleses o americanos; hemos ido a vender donde nos compraban”. Lo han hecho con “mucho éxito” en el Sureste asiático, en Oriente Medio o el Norte de África. 

Gracias a esa fuerte internacionalización cuando eran una compañía muy pequeña, el exterior llegó a superar el 90% en las ventas de Escribano hace una década. En 2019, antes de que su facturación empezara a dispararse, el extranjero aportaba todavía el 80% de su cifra de negocios, que ese año fue de 44,25 millones, frente a los 500 millones que espera ingresar este año.

Una cifra que la empresa ni soñaba con alcanzar en 2021, cuando, explicaba en sus cuentas anuales, confiaba en “poder llegar en los próximos cinco años a la consolidación de una cifra de negocios superior a los 100 millones de euros con una plantilla de más de 500 personas”.

Los datos muestran que su crecimiento en España en los últimos años ha llegado gracias a decenas de contratos adjudicados sin competencia (sobre todo por el Ministerio de Defensa). Esta práctica es común en este sector, en buena medida, porque la normativa europea permite desde hace años una excepción de las obligaciones de concurrencia que exige la normativa de contratación, por razones de seguridad nacional. 

Los datos disponibles en el portal de Contratación del Estado reflejan que desde 2018 EM&E se ha adjudicado, por sí sola o a través de filiales, uniones temporales de empresas o compañías en las que participa, más de 60 contratos por un total de 2.480 millones. En la inmensa mayoría el adjudicatario era el único oferente. A esta cifra se suman millones en subvenciones y en los préstamos al 0% para los programas especiales de modernización (PEM) que Defensa (a través del Ministerio de Industria) ha adjudicado en los últimos meses a dedo al sector, con Indra, Escribano, Navantia o Airbus como principales beneficiarias.

No todo el dinero de esos contratos va a ir a la caja de Escribano, dado que los más cuantiosos se los ha adjudicado con otras empresas. Es el caso del acuerdo marco para fabricar el blindado 8x8 Dragon, encargado por 1.736 millones en agosto de 2020 al consorcio Tess Defence, formado ese año por Indra, Escribano, Santa Bárbara (de la estadounidense General Dynamics) y la vasca Sapa (esta última, también accionista Indra y reacia a esa integración de EM&E). Este contrato acumula importantes retrasos, lo que ha llevado a Indra a tomar la mayoría del consorcio desde este año y ha propiciado una inusual reprimenda pública de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Otro megacontrato a EM&E, de 576 millones, fue para suministrar el sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM). Encargado en diciembre de 2023 por Defensa a una UTE del grupo madrileño y Expal, de la alemana Rheinmetall, la adjudicación [vinculada a tecnología israelí] se anuló en septiembre, en el marco del plan de desconexión tecnológica militar con Israel por el genocidio en Gaza.

EM&E recibió un gran espaldarazo cuando, en lo peor de la pandemia (abril de 2020), se adjudicó un contrato de emergencia de 30 millones para fabricar respiradores portátiles para el Ministerio de Sanidad, en un momento de lucha encarnizada para conseguir suministros sanitarios. El primer contrato que consta en el portal de Contratación del Estado se lo adjudicó en noviembre de 2018 la Dirección General de Armamento y Material de Defensa por poco más de 41.000 euros por el procedimiento negociado sin publicidad. El adjudicatario “es una pyme”, dice la documentación del expediente.

Una realidad muy distinta a la actual. Actualmente, solo en su planta de Alcalá de Henares EM&E tiene ya 1.300 personas trabajando. En la que ha montado recientemente en Córdoba, más de 200. Este año esperan alcanzar 1.800 efectivos, frente a los 1.379 de 2024, los 740 de 2023 y los 569 de 2022. Los Escribano llevan meses repitiendo que, si sale adelante la operación Indra, no habrá efecto en el empleo: al contrario. Y si no prospera, no hay “plan B”. EM&E seguirá su camino sin analizar otras operaciones.

Tampoco una venta a un tercero, aunque les pongan sobre la mesa “miles de millones”, en expresión de Javier Escribano. Como explicaba la semana pasada el presidente de la empresa, en la actualidad España es su principal cliente. “Y hacemos todo por él, pero este es un mercado mundial” y Escribano quiere ser “global”. Hace unos cinco años, la compañía abrió por primera vez oficina en Bruselas.

El copropietario de EM&E y actual presidente de Indra ha negado que tras su ascenso esté una especial relación con el presidente del Gobierno. En aquella entrevista en El Debate, todavía como CEO de EM&E, Ángel Escribano afirmaba: “No somos amigos de Pedro Sánchez porque no le conocemos más que de la televisión. No me importaría conocerle. He conocido a Feijóo, a Rajoy, a Zapatero, a todos los ministros de Defensa desde hace quince años. No somos afines a nadie, ni de izquierda, ni de derecha. El primer edificio que tenemos aquí lo inauguró Esperanza Aguirre; el segundo, Pedro Argüelles y Jaime García-Legaz (ambos del PP). A este edificio vino María Dolores de Cospedal, y si mañana hacemos un edificio nuevo y está de ministra Margarita Robles, la llamaremos”.

“La sangre no da el talento; siempre nos hemos rodeado de gente más inteligente que nosotros, porque no hace falta que seas el dueño y también el mejor”, explicaba hace unos días el presidente de EM&E. “Somos una compañía que se mueve rápido, que es ágil y con gente muy motivada. Como siempre hemos dicho mi hermano y yo: que la suerte te pille trabajando”.

Empresas y lobbies relacionados con el sector de la defensa en España han fichado ya a unos 50 militares, políticos y ex altos cargos como consejeros, asesores o directivos desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022. 

El sector está de moda y es un hervidero de fichajes, contratos y anuncios en los últimos meses, en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica y gasto público multimillonario para cumplir las exigencias de la OTAN.

El trasvase desde lo público, habitual desde hace décadas, se ha acelerado en los tres últimos años. El cómputo alcanza las 70 personas desde que en marzo de 2020 el Covid puso el mundo patas arriba y puso en primer plano la autonomía estratégica.

El último nombramiento que acaba de recoger el Portal de Transparencia es el de José Antonio Bayón. Exdirector de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y ex consejero delegado de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), adscritas al Ministerio de Industria, el ex secretario general del PSOE en Segovia recibió en agosto permiso de la Oficina de Conflictos de Interés para incorporarse a Santa Bárbara Sistemas, de la estadounidense General Dynamics, donde es director de Relaciones Institucionales.

El gigante Airbus incorporó en abril el general Francisco Javier Fernández, representante militar ante el Comité Militar de la OTAN y de la UE en Bruselas. En enero, al diplomático y ex embajador Juan Sell, entre otros cargos director de gabinete de Trinidad Jiménez en Exteriores. En febrero de 2024 la Oficina de Conflictos dio permiso para asesorar al consorcio aeronáutico europeo al segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA) hasta noviembre de 2023, Fernando de la Cruz.

En octubre Telespazio Ibérica, joint venture de la italiana Leonardo y la francesa Thales en el negocio de geoinformación y navegación por satélite que aspira a facturar un 80% más en dos años, anunció el fichaje del general de división del Ejército del Aire y del Espacio retirado José María Juanas como consejero estratégico.

Otra empresa de capital francés, Europavia, especializada en logística y mantenimiento aeronáutico (su dueña es la francesa Adit, cuyo vicepresidente es Bruno Delaye, ex embajador de Francia en España), nombró este año responsable de Desarrollo de Negocio en Oriente Medio a Ángel Gómez, Jefe de Cooperación del Mando Conjunto de Ciberdefensa hasta 2016 y agregado en el Ministerio de Defensa en Corea del Sur hasta julio de 2024.

En Telespazio obtuvo permiso para ejercer como asesor hace un año Francisco González-Espresati, que tras cesar como jefe del Mando Aéreo de Combate en septiembre de 2024 también recibió autorización para asesorar a la madrileña ITE y a Indra.

La cotizada, convertida en punta de lanza de este sector, y con la que el Gobierno intenta forjar un gran operador nacional, concentra cerca de una decena de fichajes desde febrero de 2022. 

Indra, gran beneficiaria de los 14.223 millones en préstamos al 0% que el Ejecutivo ha concedido a dedo al sector para los programas especiales de armamento adjudicados por Defensa a través de Industria, fichó en abril a Carmen Pérez, directora del Departamento de Información Internacional en Moncloa. En febrero logró permiso para asesorar a Indra Fernando García, jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra hasta diciembre de 2024. 

En julio de 2023 Indra nombró vicesecretario de su consejo al abogado del Estado David Santos, secretario general Técnico en Defensa con María Dolores de Cospedal, y designó director de Estrategia al inspector de Hacienda en excedencia Pedro Fuster, con 16 años de experiencia como asesor y subdirector de Gestión de Programas en Defensa. Ese mes Indra también contrató como asesor al capitán Juan Carlos Sánchez-Garrido, hasta entonces jefe de la Oficina de Programas del ministerio en San Roque (Cádiz).

Indra ultima la compra de Hispasat, en la que es consejero desde julio David Cierco, ex director de Red.es y responsable de la oficina en Madrid de Acento, la consultora del exministro socialista José Blanco y el popular Alfonso Alonso. Desde diciembre de 2023 el presidente de Hispasat es Pedro Duque. El exministro de Ciencia y exastronauta, que antes de su etapa en política fue directivo de Deimos Space y trabajó para GMV, también es consejero desde 2022 de la suiza Destinus, que acaba de completar con éxito un sistema antidrón para el Ejército de Tierra y fabrica el misil Ruta, con tecnología española y que ya se utiliza en combate en Ucrania. 

Inteligencia competitiva

En febrero, Indra nombró director de Inteligencia Competitiva al general de División Francisco Rosaleny, director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas hasta septiembre de 2019. Procedía del primer accionista privado de Indra, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), cuyo copropietario, Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra desde enero, plantea una polémica fusión con la cotizada para la que se baraja una valoración de 2.000 millones, pese a que EM&E factura menos de 400 millones y en 2019 no ingresaba ni 50 millones.

EM&E, que ha multiplicado su negocio tras recibir numerosas adjudicaciones sin competencia de Defensa, contrató hace un año como asesor a Fernando García González-Valerio, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa hasta julio de 2024. Su director de Seguridad Corporativa desde mayo de 2022 es el coronel Ángel Francisco Moreno, jefe de Coordinación en una Subdirección del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas hasta diciembre de 2021.

El consorcio Sistemas de Misiles de España (SMS), de EM&E, GMV, Instalaza y Sener, acaba de dar poderes ejecutivos al teniente general Ignacio Bengoechea. A finales de 2023 fichó como responsable de Seguridad al coronel Álvaro Barón, jefe de Infraestructuras y Mantenimiento del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) hasta marzo de 2022.

Bengoechea, nombrado presidente no ejecutivo de SMS en marzo de 2024, fue segundo jefe del Estado mayor del Ejército de Tierra (JEME) hasta febrero de 2023 y asesoró hasta hace unos días de la consultora Acento. También recibió permiso para asesorar a Ela Aviation, Airbus y Brok-Air Aviation Group. En esta última, líder en mantenimiento aeronáutico en la Península Ibérica, participa el fondo Hyperion, especializado en defensa y ciberseguridad y lanzado en enero de 2024 por el anterior líder del PP, Pablo Casado, y Ricardo Gómez-Acebo Botín, sobrino de Ana Botín.

En el consejo asesor de Hyperion figuran Anders Fogh Rasmussen, ex secretario general de la OTAN y ex primer ministro danés; Michèle Alliot-Marie, exministra de Defensa, Interior, Justicia y Asuntos Exteriores de Francia; y Paula Dobriansky, ex subsecretaria de Estado para asuntos globales de EEUU.

El managing partner de Hyperion, Joaquín Ortiz, exasesor en Defensa con Pedro Morenés (ex consejero de Instalaza y presidente de Amper), fue director de Estrategia de Sapa, otro accionista de Indra, y receloso de esa fusión con EM&E.

El grupo de la familia Aperribay fichó en febrero como director de Estrategia a Raül Blanco, ex secretario general de Industria y ex presidente de Renfe. En mayo de 2024 nombró presidente de su filial en EEUU, Sapa Transmission, al general de división retirado Darren Werner, que en 2020 fue nombrado por el Ejército de EEUU Comandante General del Comando de Automoción y Armamento (TACOM), responsable de gestionar la cadena de suministro de equipo terrestre de las fuerzas armadas.

En el fondo de Casado y Botín es socio José Antonio Bartrina, ex secretario general de una de las principales patronales del sector, TEDAE, que preside desde 2020 Ricardo Martí Fluxá (secretario de Estado de Seguridad con José María Aznar) y que forma parte junto a Defensa de la Fundación Feindef, entidad público-privada que organiza la mayor feria del sector en España. 

En junio de 2024, Feindef nombró presidente a Ángel Olivares, secretario de Estado de Defensa hasta junio de 2020, en sustitución del exministro Julián García Vargas, muy vinculado al sector hace años.

Otro lobby vinculado a empresas de defensa es la Asociación Atlántica Española. Dedicada a “apoyar los esfuerzos de la Alianza del Atlántico Norte, encaminados al desarrollo de las relaciones pacíficas internacionales y a la defensa de los principios de Libertad, Democracia y Estado de Derecho, así como a configurar, dentro de la Alianza del Atlántico Norte, una Comunidad Europea”, tiene entre sus “miembros institucionales” a Indra, Escribano, Airbus, Hisdesat o Lockheed Martin.

La entidad nombró presidente en febrero de 2022 al abogado del Estado en la Audiencia Nacional Adolfo Menéndez, ex subsecretario de Defensa o Fomento con Aznar y ex consejero de Indra. Su vicepresidenta es la ex secretaria de Estado de Seguridad y ex diputada del PSOE Ana Botella. Como vocales, figuran el diplomático Alejandro Alvargonzález, secretario general de Política de Defensa hasta noviembre de 2016, y dos tenientes generales: el ex JEMA Javier García Arnáiz y Juan Carrasco, ex Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa.

Otra patronal del sector es Aesmide (Asociación de Empresas Contratistas Con las Administraciones Públicas de España y Otros Estados). Su director Técnico desde julio de 2024 es el general de brigada Santiago Camarero, ex Teniente Coronel en el Estado Mayor de la Defensa y exsubdirector de Suministros y Servicios del Mando de Apoyo Logístico, entre otros cargos. 

Entre los socios de Aesmide está ASCH, que a finales de 2023 nombró consejero asesor a Alejandro Monedero, hasta entonces secretario general del Mando de Apoyo Logístico (MALOG), el órgano del Apoyo a la Fuerza bajo la dependencia directa del JEMA, responsable de la dirección, gestión, administración y control del recurso de material y del apoyo logístico. Otra socia de Aesmide, la empresa de logística BeSS, contratista habitual de la Armada, fichó en octubre de 2023 como asesor al coronel de Intendencia Fernando Izquierdo.

Ese mes cesó el anterior director del Departamento de Seguridad Nacional en Presidencia del Gobierno, el general de brigada Miguel Ángel Ballesteros, del que constan permisos para asesorar a Iberdrola, GAM, Oesía (es miembro de su comité de Estrategia), la consultora de Iván Redondo (ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez) o Llorente & Cuenca, que en abril de 2023 creó una nueva oficina de Seguridad a la que incorporó al ex secretario de Estado de Defensa Constantino Méndez (fallecido poco después) y al general de brigada Pedro Méndez de Vigo, ex Subdirector General de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Armamento y Material y hermano del exministro popular Íñigo Méndez de Vigo.

Varias a la vez

Varios ex mandos militares asesoran a varias empresas. En ITP es consejero desde junio de 2023 Salvador Álvarez, general de División del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire. Subdirector General de Gestión de Programas de la Dirección General de Armamento y Material hasta marzo de 2020, desde 2021 es director de Estrategia de Oesía. 

En marzo de 2024 recibió permiso para asesorar a esta empresa (aunque no llegó a incorporarse) Francisco de Paula Bisbal-Pons. Teniente general retirado y ex director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), es consejero de Iberdrola Energía Internacional y asesor de GAM.

Oesía, que ha descartado una fusión con Indra, ha fichado a más de una decena de exmilitares y cargos en la última década. En 2024 contrató como director de Seguridad a José Morales, ex de FCC que entre 1997 y 2013 fue responsable de Dirección y Planificación en el Ministerio de Defensa; y en 2023 incorporó a su Comité de Estrategia al teniente general Miguel Martín Bernardi, Segundo JEMA hasta octubre de 2021.

De ITP (de la que Indra tiene un 9,5%) fue presidente el exministro Josep Piqué, que en enero de 2023, poco antes de fallecer, fue nombrado presidente de la filial española del consorcio de misiles europeo MBDA, formado por Airbus (de la que fue consejero), Bae Systems y Leonardo.

En la filial española de la francesa Inetum es responsable de desarrollo de Negocio desde abril de 2024 Emilio Larriba, hasta entonces jefe del área de Inspecciones Industriales en el Ministerio de Defensa. En Thales España es director general de Defensa desde septiembre de 2024 Guillermo Roselló, ingeniero de la Armada que participó en complejos programas como el submarino S-80 y en 2016 fichó por Indra en México.

También en septiembre de 2024 Alfariver nombró presidenta a Rosa Aza, ex presidenta de Duro Felguera, vinculada al PSOE asturiano y expresidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón o la extinta Comisión Nacional del Sector Postal.

En julio de 2024, Sener anunció el nombramiento de Carlos Martínez de Bujo, oficial de carrera del Ejército de Tierra, como director corporativo de Seguridad, en sustitución del coronel José Manuel Prada.

Otro nicho de fichajes son las tecnológicas vinculadas al sector de defensa. En 2024 Miguel Bello, ex Comisionado para el PERTE aeroespacial y exdirector de la Agencia Espacial Española, fue nombrado presidente ejecutivo de la británica Orbex Space, tras recibir permiso para asesorar a Open Cosmos LTD, fabricante de satélites.

En 2024 Juan Ignacio Bidart, ex jefe de gabinete de Reyes Maroto en Industria, recibió el visto bueno para asesorar a Halo Space, dedicada al turismo espacial y en la que participa GMV. Y la multinacional tecnológica Izertis anunció el fichaje del oficial de la Armada Joaquín Castellón, coordinador de los trabajos técnicos de la Ley de Seguridad Nacional de 2015, para liderar su área de Defensa y Ciberseguridad. 

En septiembre de 2022, TRC, que suministra el sistema antidrón Cervus para el Ejército de Tierra y tiene una alianza con Escribano e Indra para el desarrollo de la solución C-UAS para contrarrestar drones, contrató como asesor de Seguridad al coronel de Caballería Emilio Rico, destinado hasta junio de 2022 en el Mando Conjunto de Ciberdefensa. 

Vinculada al sector tecnológico y el software está una desconocida empresa madrileña, Ainstein SL, con dos consejeros muy vinculados al ejército: Jaime Domínguez, JEME hasta 2017, y Manfredo Monforte, Subdirector General de Sistemas Terrestres del INTA. Sin relación con la empresa americana del mismo nombre que suministra radares a UAV Navigation (filial de Oesía), Ainstein está presidida por Miguel Molina, consejero delegado de la empresa de telemarketing Marktel, que no ha querido atender a elDiario.es.

La elevada incertidumbre geopolítica y el boom del gasto militar han puesto de moda al sector de la defensa, una industria que en España es eminentemente exportadora, compuesta en su mayoría por pymes y cuyo punta de lanza es la cotizada Indra.

El pasado 29 de octubre, la principal empresa española de tecnología punta, con la que el Gobierno está intentando armar un gran operador nacional, celebró un concurrido acto en Ifema, el recinto ferial madrileño cuyo comité ejecutivo preside su CEO, José Vicente de los Mozos.

En el evento (jamón ibérico a discreción, como en los tiempos de la burbuja inmobiliaria), Indra citó a 600 empresas, centros de investigación y universidades para “reafirmar su compromiso como empresa tractora y apoyarse en los Programas Especiales de Modernización [PEM] como palanca para reforzar la competitividad del sector y convertirlo en referente en la Europa de la Defensa”. 

El encuentro resume el momento del sector, con Indra como gran protagonista. Descartada la empresa pública de energía que el Gobierno socialista llegó a poner sobre la mesa en los albores de la crisis energética que provocó Rusia con la invasión de Ucrania, el Estado lleva tiempo incrementando su peso en el sector de Defensa, con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) e Indra como ejes vertebradores.

Superada su profunda crisis en época del polémico Javier Monzón (descabalgado en 2015 tras la entrada temporal de Telefónica en Indra), la compañía que preside desde enero Ángel Escribano, tras la marcha de Marc Murtra a la 'teleco', lidera las subidas del Ibex este año (sube cerca del 190%) y espera cumplir ya los objetivos que tenía para 2026.

Indra, que tradicionalmente obtenía no más del 20% de sus ingresos de la tecnología militar, ha sido la gran beneficiada de los más de 14.000 millones de euros en préstamos al 0% que el Gobierno concedió a dedo entre septiembre y octubre para los PEM del Ministerio de Defensa, al calor del Plan Rearm UE, dotado con 800.000 millones de euros. El grupo acaba de cifrar en 10.000 millones su cartera de pedidos en Defensa para 2026. 

“Nunca había visto una oportunidad como esta”, decía hace unos días el presidente ejecutivo de Indra, a su vez copropietario de su primer accionista privado (14,3%), Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), con el que Indra planea una absorción muy polémica por el evidente conflicto de interés que supone.

Escribano reconocía que en 30 años en el sector no había visto algo así. Ante las exigencias de la OTAN y el plan del Gobierno para incrementar el gasto en defensa al 2% del PIB, “las empresas tenemos que generar el conocimiento, las capacidades, y no dejar pasar esta oportunidad”.

Indra controla hace años la electrónica de muchas Administraciones (también los procesos electorales) y es líder mundial en tecnología de control del tráfico aéreo.

Entre otros proyectos, desarrolla radares para los ejércitos de España, Reino Unido, Francia, Alemania o Dinamarca, además de la OTAN; y es el coordinador industrial español del mayor programa de defensa colaborativo de Europa, el FCAS o Futuro Sistema de Combate Aéreo, llamado a competir con el F-35 estadounidense cuya compra descartó Defensa este verano. En el FCAS participa el gigante europeo Airbus, del que el principal accionista de Indra, la SEPI, tiene un 5%. 

Con más de 61.000 empleados y una facturación de 4.800 millones en 2024, aunque mucho más pequeña que los grandes gigantes del sector de defensa, Indra tuvo un origen vinculado al sector público, resultado de la absorción de la empresa privada Ceselsa por la estatal Inisel. En 2013, con la extinta Bankia en la UVI, la SEPI compró el 20% de la antigua Caja Madrid en el grupo. En febrero de 2022, dos días antes de la invasión de Ucrania, el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó al holding estatal a aumentar su participación hasta el 27% actual. 

Tras tantear su compra sin éxito, en 2023 Indra adquirió por 175 millones cerca del 10% de ITP Aero, referente mundial en motores aeronáuticos de aviación, que suministra los propulsores de Airbus. Con ventas de 1.612 millones en 2024, en ITP son accionistas el fondo estadounidense Bain Capital (77%), JB Capital, de Javier Botín (7%), y el Gobierno vasco (6%). 

Poco después de la entrada en ITP irrumpió en Indra la familia Escribano, con un 3,4% inicial que elevó progresivamente hasta el 14,3% actual. El próximo día 28, Indra aprobará en una junta extraordinaria sacar del consejo a dos consejeras independientes contrarias a la absorción de EM&E, operación que los Escribano quieren cerrar antes de fin de año y con la que podrían elevar su paquete en Indra a cerca del 30%. 

EM&E es una empresa de una dimensión muy inferior a la de Indra. Con unos 1.250 empleados, en 2024 facturó 355 millones (en 2019 sus ventas no llegaban a 55 millones). En los últimos años ha recibido adjudicaciones multimillonarias de Defensa, muchas sin concurrencia. En marzo, el presidente de EM&E, Javier Escribano, hermano de Ángel Escribano y consejero de Indra, confió en facturar unos 400 millones en 2025. En octubre, elevó la cifra a 480 millones.

Con sede en Alcalá de Henares (Madrid), EM&E suministra sus sistemas a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad de todo el mundo. Presente en más de 25 países, era semidesconocida cuando en 2019 fichó como asesor al ex secretario de Estado de Defensa Agustín Conde, que estuvo unos meses en el grupo fundado por el padre de los Escribano, tornero, como sus hijos.

EM&E tuvo entre 2015 y 2021 como accionista minoritario al fondo soberano de Omán. Copó titulares en 2020 al adjudicarse la fabricación de respiradores en los momentos más críticos de la pandemia. Meses después se creó el consorcio TESS Defence, en el que Indra tiene un 51% desde este año, y que debe fabricar los nuevos blindados 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra, que ya acumulan importantes retrasos, lo que ha provocado una reprimenda pública de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En TESS son socios los Escribano, la estadounidense General Dynamics, dueña de la española Santa Bárbara, que quiere aumentar un 70% su producción en España y en junio anunció un acuerdo de colaboración con Escribano “para desarrollar conjuntamente oportunidades en el sector de la Defensa”; y la vasca SAPA, a su vez dueña del 7,94% de Indra, ligeramente por encima del 7,24% de Amber Capital, del presidente de Prisa, Joseph Oughourlian.

SAPA facturó 67 millones en 2024, un 23,5% más, con un beneficio de 2,89 millones, y prevé 800 millones de ingresos en 2032. El grupo vasco acaba de ampliar su alianza estratégica con General Dynamics para el desarrollo cooperativo de vehículos next gen del Ejército norteamericano, un hito para el sector español de defensa. SAPA está entre los accionistas de Indra reacios a la absorción de EM&E. Sus propietarios, Ibon y Jokin Aperribay (presidente de la Real Sociedad) se reunieron el pasado lunes en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la Junta del día 28, Indra prevé aprobar la compra de Hispasat, el operador de satélites que compró a principios de año a Redeia, otra participada de la SEPI, por 725 millones. Se hará así con un 43% de Hisdesat, operadora de servicios por satélite para clientes gubernamentales y de defensa, seguridad e inteligencia en la que ya tiene un 5%. En ella participan ISDEFE (tecnológica adscrita a Defensa, con un 30%), Airbus Defence & Space (15%), y Sener (5%).

Hisdesat es otra gran beneficiada por los PEM junto al gigante Airbus, que prepara la creación de un gigante europeo del espacio junto a la francesa Thales y la italiana Leonardo, que tendrá una de sus cinco filiales en España. En los PEM también participa Oesía, antigua IT Deusto, socia de Indra y SEPI en Epicom (antigua filial de Duro Felguera). Entre sus filiales están UAV Navigation, Cipherbit o Tecnobit, especializada en desarrollo y fabricación de tecnología de visión inteligente, simulación y comunicaciones tácticas.

En septiembre Indra aseguró que “a día de hoy” no mantenía conversaciones para adquirir Oesía, que en 2024 facturó un nuevo récord de 256 millones. El grupo que pilota Luis Furnells, con más de una decena de militares como asesores y consejeros, tuvo hace años entre sus socios minoritarios al recientemente fallecido Francisco de Borbón, Duque de Sevilla. 

Otra gran beneficiaria de los PEM, junto a Telefónica (de la que SEPI tiene un 10%) es Navantia, 100% de SEPI. Con ventas de 1.528 millones en 2024, los astilleros públicos llevan décadas en pérdidas (200 millones de números rojos en 2024), pero son un importante polo de empleo en Cádiz, Ferrol y Cartagena. Especialista en fabricar buques de guerra, Navantia es la primera empresa española en el ranking de 100 mayores compañías del sector que elabora Defense News. Está en el puesto 84. Indra (87) es la otra española en ese listado, copado por firmas estadounidenses.

También recibirá préstamos al 0% de los PEM la gallega Urovesa, fabricante de todoterrenos militares, contra incendios y de recogida de residuos urbanos. Con ventas de 125 millones en 2024, el 75% de su negocio procede de la pata militar. Empresa familiar, en ella es consejera Cecilia Sierra, concejala del PP en varias áreas del Gobierno local de Santiago entre 2011 y 2014. 

Otro nombre seleccionado para los PEM es la malagueña Aertec, que hace unos meses vendió a Indra su división de sistemas aéreos no tripulados, Aertec Defence & Aerial Systems (DAS). En 2024 facturó unos 40 millones.

Un clásico

Un clásico del sector es la ingeniera vasca Sener, accionista mayoritario de ITP hasta que en 2016 vendió su paquete a Rolls-Royce. Con más de 4.000 empleados, sus ingresos totales (Mobility, Aeroespacial y Defensa, Energía y la central de diseño de centros de datos, Quark) fueron de 710 millones en 2024. El 86% vino del exterior. 

La empresa de la familia Sendagorta, estrechamente vinculada al Opus Dei, creó en septiembre de 2021 el consorcio Sistemas de Misiles de España (SMS) junto a Escribano y la madrileña GMV, dedicada a espacio, aeronáutica, defensa y seguridad, ciberseguridad, sistemas inteligentes de transporte, automoción, sanidad, telecomunicaciones y tecnologías de la información para Administraciones y grandes empresas. GMV, vetada por el Banco Mundial en 2021 por prácticas corruptas en Vietnam, facturó 454 millones en 2024.

Al proyecto de SMS se sumó en febrero de 2023 el fabricante de armamento Instalaza. Con unos 48 millones de facturación en 2024, Instalaza era socia de la extinta empresa semipública de exportación de armas Defex, protagonista de un gravísimo escándalo de corrupción hace una década que salpicó a empresas como Deimos, que Elecnor, de varias familias de aristócratas, vendió a Indra en 2024.

En Defex era socia Maxam, cuya división de defensa, Expal, compró el gigante alemán Rheinmetall a finales de 2022. La operación, valorada en 1.200 millones, propició una multa de 13 millones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por aportar información engañosa sobre la fusión.

En Instalaza fue consejero Pedro Morenés antes de ser ministro de Defensa con Mariano Rajoy. Hoy preside Amper, que en 2024 obtuvo de la pata de Defensa, Seguridad y Comunicaciones el 20% de los 84 millones que facturó. En Amper es consejera Luisa Poncela, ex alto cargo en Economía con Luis de Guindos. Su vicesecretario, Miguel Crespo, ex de Bankia y ex colaborador de Rodrigo Rato, está imputado en el escándalo de Equipo Económico.

Varias empresas del sector han cambiado de manos recientemente. Alfariver, antigua Star Defence Logistics & Engineering (SDLE), fue vendida en 2024 tras ser sancionada en 2023 por la CNMC por repartirse con dos empresas licitaciones de Defensa valoradas en 60 millones relacionadas con el mantenimiento de vehículos militares (como los Centauro, Leopard, Pizarro, BMR, VEC y RG-31) y material de campamento. Con ventas de 54 millones en 2024, su presidenta es Rosa Aza, ex presidenta de Duro Felguera y vinculada al PSOE asturiano. 

Aciturri, fabricante de componentes de motor para clientes como Airbus, Boeing, Embraer, Dassault o Rolls Royce, vendió a finales de 2024 el 51% de su división de Aeroestructuras a la belga Sonaca, en una operación valorada en unos 500 millones. Este año prevé superar los 260 millones en ventas.

El sector atrae desde hace años el interés de los fondos. Alguno tan mediático como Hyperion, especializado en defensa y ciberseguridad y lanzado en enero de 2024 por el anterior líder del PP, Pablo Casado, y Ricardo Gómez-Acebo Botín, sobrino de Ana Botín. Acaba de anunciar otro fondo de hasta 500 millones para 2026, tras captar 150 millones de los que el 40% ya ha destinado a empresas como la industrial catalana Gutmar, las aeronáuticas Brok-air y ATS Aviation y las espaciales Pangea Aeroespace y Sateliot. 

Otro ejemplo es Towerbrook, primer accionista de la vitoriana Aernnova Aerospace, suministrador de la industria aeronáutica que surgió en 2006 de la adquisición de la división aeronáutica de Gamesa. En 2017 lo compró al fondo Springwater, especialista en empresas en dificultades, junto a Torreal (de la familia Abelló) y Península, de Borja Prado, expresidente de Endesa o Mediaset.

Indra ha cifrado este jueves en “más de 10.000 millones de euros” su cartera de pedidos en Defensa para 2026 tras ser la gran ganadora en la adjudicación, sin concurso público y en las últimas semanas, de los préstamos del Gobierno al 0% para Programas Especiales de Modernización (PEM), con más de 7.800 millones concedidos.

“Creo que 10.000 millones es una cifra conservadora para todo lo que viene en Europa”, ha dicho a los analistas el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, que ha dicho que “la mayoría” de esos 10.000 millones procederá de los PEM pero ha afirmado que la compañía va a mirar “no solo a España, también a Europa” para lograr nuevos contratos en materia de defensa.

El grupo de tecnología y defensa ha comunicado este jueves un beneficio neto de 291 millones en los nueve primeros meses del año, un 58% más, y un incremento de los ingresos del 6,2%, hasta 3.611 millones.

De los Mozos se ha felicitado por la gran revalorización bursátil de Indra solo este año, de más del 180%, y ha avanzado que la “aceleración del mercado, con un aumento importante de la inversion en Defensa, junto con el progreso sostenido del plan estratégico” colocan a Indra en una “posición excepcional” para que a cierre de 2025 alcance “prácticamente” los objetivos que se había fijado para 2026, “con un año de anticipación”.

Por áreas, la división de Defensa, cuya cartera a septiembre era de 4.745 millones, un 59,5% más, sigue ganando peso y aportó el 21,15% de la facturación del grupo en los nueve primeros meses de 2025, con 764 millones (un 13,5% más). La cifra de negocio de Tráfico Aéreo (ATM) alcanzó los 364 millones (un 16,6% más), la de Movilidad mantuvo su facturación en 258 millones y Minsait volvió a liderar los ingresos con 2.226 millones, un 3,1% más y el 61,64% del total.

La cartera de pedidos se situó en 9.512 millones, un 14% más, excluyendo su participada Tess Defence, mientras que el beneficio bruto operativo (Ebitda) creció un 10%, hasta 405 millones.

La compañía, que espera cerrar este trimestre la adquisición de Hispasat e Hisdesat, adquirida por 725 millones a Redeia (dueña de Red Eléctrica), ha reafirmado “todos los objetivos financieros para 2025”, que contemplan lograr más de 5.200 millones en ingresos, y ha anunciado un Capital Markets Day en el segundo trimestre de 2026 para presentar, un año antes de lo previsto, la segunda fase del Plan Estratégico “Leading the Future-Scale Up”.

Renovaciones pospuestas

El consejo de administración, reunido el miércoles, pospuso hasta la próxima junta de accionistas de Indra la decisión sobre renovar o no los mandatos de las consejeras independientes Coloma Armero, Olga San Jacinto, Virginia Arce y Belén Amatriain, además del también independiente Bernardo Villazán y del dominical Juan Moscoso del Prado, representante del primer accionista de Indra, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI, 28% de las acciones). 

La posible no renovación de varios de esos consejeros cobra importancia de cara a la fusión que Indra proyecta con Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), la empresa de su presidente ejecutivo, Ángel Escribano, una operación polémica por el evidente conflicto de interés que conlleva, y que tiene el visto bueno del Gobierno, en su afán por crear un gran campeón nacional de la Defensa.

En el sector se especula con la no renovación de Coloma Armero, una de las independientes que habían expresado dudas sobre la integración de EM&E. También se espera que otra vocal reciente a la fusión, Belén Amatrian, renueve su mandato. Amatrian, ex directiva de Telefónica, preside la comisión ad hoc que, con el asesoramiento del bufete Garrigues, analiza la eventual compra de Escribano, y que se anunció tras dimitir el pasado julio una de las vocales independientes (Ángeles Santamaría), en lo que se interpretó como un rechazo de la ex directiva de Iberdrola a la integración de EM&E. 

La comisión ad hoc todavía no ha presentado su dictamen sobre la operación y ha contratado a Morgan Stanley y el despacho Latham & Watkins, de cara a la valoración de la empresa familiar de los Escribano que daría inicio al proceso de negociación para la integración. Está formada por Amatriain y otros dos independientes, Eva Fernández y Josep Oriol. Un cuarto independiente que también tiene su mandato vencido desde el pasado martes, Bernardo Villazán, dimitió de esa comisión el 29 de agosto por “razones personales”.

El 30 de septiembre Indra cubrió la vacante de Ángeles Santamaría con el nombramiento de Teresa Busto, exvicepresidenta de Airbus en España y considerada cercana al Gobierno (hace unos meses Busto fue nombrada consejera de la estatal Renfe).

El pasado 21 de octubre, el presidente y copropietario de EM&E, Javier Escribano (hermano del presidente de Indra y también consejero de la cotizada), confió en alcanzar un acuerdo para la fusión “antes de final de año”, en una operación que prometió que no va a implicar ningún ajuste de plantilla, “sino todo lo contrario”. 

En pleno boom del sector de Defensa, Indra espera contratar 3.000 empleados en los próximos dos años y solo este año su plantilla en el área de Defensa ha crecido un 35%: “Se pueden imaginar que en los próximos meses y años se van a disparar al mismo ritmo”, ha dicho De los Mozos, que se ha mostrado convencido de que el caso de Indra se va a estudiar dentro de un par de años en las escuelas de negocio como muestra de cómo “dar la vuelta” a la situación de una empresa, que esta tarde va a presentar su nueva división de inteligencia artificial, IndraMind.

El miércoles, el CEO de Indra señaló en un evento sectorial que la compañía “no tiene prisa” en cerrar la operación de integración con la empresa de su presidente. “Yo creo que la fusión con Escribano nos genera tres elementos. Un ADN industrial que ellos tienen muy profundo y que puede acelerar nuestra transformación, competencias y también el conocimiento de ciertos mercados”, agregó, informa Europa Press.

La operación “nos va a complementar capacidad de producto” en Defensa y va “a acelerar” la consecución de los objetivos de la compañía, ha insistido este jueves De los Mozos a los analistas.

A la espera del informe de esa comisión ad hoc, la fusión, que despierta recelos de otro accionista de Indra, la vasca SAPA (dueña de casi un 8%), se haría sin aportación de efectivo y a través de un canje de acciones.

La ecuación determinará cuántas acciones recibirían los Escribano (que actualmente controlan el 14,3% de Indra) y la participación final que tendrían los hermanos, tras la correspondiente ampliación de capital de Indra, en la que también es accionista el fondo Amber Capital (7,24%), del presidente de Prisa, Joseph Oughurlian. EM&E ha contratado como asesores en esta operación a Santander y JP Morgan, mientras que Indra cuenta con Goldman Sachs y AZ Capital, entre otras entidades.

Con más de 61.000 empleados (EM&E no llegaba a los 1.000 a cierre de 2024), Indra es la empresa de tecnología punta más importante de España. Con una facturación de 4.800 millones en 2024 (EM&E confía en alcanzar este año los 480 millones), desde hace años Indra controla la electrónica de muchas Administraciones (también los procesos electorales) y tradicionalmente había obtenido no más del 20% de sus ingresos de la tecnología militar, pero con el Plan Rearm UE ha visto una enorme oportunidad de negocio. 

Pese al boom bursátil de este año, Indra tiene una capitalización que está muy lejos de los grandes del sector. No vale en bolsa ni 9.000 millones, frente a los 239.000 millones de dólares de la estadounidense RTX, los 127.000 millones de la francesa Safran o los 80.000 millones de la alemana Rheinmetall.

El Gobierno ha repartido a dedo (sin concurso público) en mes y medio 14.223,8 millones de euros en préstamos al 0% de interés a una decena de empresas de la industria militar para financiar el desarrollo de 32 programas de armamento. Los créditos, a un interés del 0% no revisable, no exigen garantías para librar los fondos, con carácter general, y se liberarán conforme se cumplan determinados hitos en anualidades que en algún caso alcanzan hasta 2032.

Estos préstamos se han triangulado a través del Ministerio de Industria, aunque los destinatarios los ha elegido Defensa, en el marco del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa que lanzó el Ejecutivo de Pedro Sánchez en abril, en respuesta a la amenaza rusa, el complejo contexto geopolítico internacional, la aparición de nuevas amenazas híbridas y “el replanteamiento de la alianza atlántica”.

Ese plan contemplaba un compromiso de invertir en Defensa 10.471 millones para 2025 para alcanzar el objetivo del 2% del PIB adquirido ante la UE y la OTAN hace años, que España elevó al 2,1% para este año. Muy lejos del 5% que exige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en las últimas semanas ha redoblado la presión a España por no suscribir ese compromiso, que el Gobierno considera inasumible.

Entre las medidas de ese plan industrial, que según el Gobierno “tendrá efectos positivos en el empleo e impulsará una nueva ola de innovación tecnológica y desarrollo industrial”, están los nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM), que Industria prefinancia con esos préstamos, habituales en el sector hace décadas. Con ellos, se evita la financiación bancaria, que encarece el multimillonario coste de estos programas, y los créditos no computan como déficit en las cuentas públicas. Se canalizan a través de Industria al tener un componente de I+D.

Pere Ortega, presidente honorario del Centro Delàs de Estudios por la Paz, recuerda al teléfono que esos créditos al 0% se lanzaron en época de José María Aznar para financiar los programas de armamento de los cazas Eurofighter, los aviones A400M o los blindados Leonard y Pizarro. Este experto los define como “un sistema de creatividad contable” para prefinanciar a la industria y plantea dudas sobre la recuperación de esos importes en algún caso, teniendo en cuenta experiencias pasadas. Recuerda las continuas pérdidas de los astilleros estatales Navantia, uno de los principales beneficiados, que solo en la última década han perdido 1.720 millones y llevan en números rojos desde 2007.

El importe adjudicado en las últimas semanas con esta fórmula no tiene precedentes, si se compara con las cifras de los últimos ejercicios (ver gráfico). Los decretos de adjudicación de estas ayudas, aprobados por el Consejo de Ministros entre el 3 de septiembre y el 14 de octubre, aluden a “razones de interés público” para no hacerlo por concurso. “La necesidad de proteger intereses esenciales de la defensa y seguridad nacionales y dirigirse a actuaciones de naturaleza militar”, según el Gobierno, “dificultan efectuar una convocatoria pública de las ayudas”. Además, “las entidades beneficiarias han sido consideradas por el Ministerio de Defensa como aquellas capaces de proveer la alternativa óptima para cada uno de los programas”.

El Ejecutivo se ampara en el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que exime a los Estados miembros de algunas obligaciones, especialmente en lo relativo a la seguridad nacional, la producción y el comercio de armas, y les permite tomar medidas para proteger sus intereses esenciales de seguridad, incluso si eso implica excepciones a las normas del mercado único, especialmente en contratos de defensa.

El Gobierno asegura que ha atendido “a los principios de buena regulación” y apela a “razones de interés general, dada la necesidad de garantizar a las Fuerzas Armadas unas capacidades renovadas”. Afirma también que cada decreto “cumple con el principio de transparencia habiéndose efectuado los trámites de consulta pública previa y audiencia al interesado”. Las memorias justificativas de estos decretos no son públicas.

Ese dinero no se entregará de una tacada. El 31% de esa cifra, unos 8.500 millones, se ha comprometido para 2025 y el resto se irá repartiendo progresivamente entre 2026 y 2032, especialmente, en el primer cuatrienio (a razón de unos 2.200 millones por ejercicio), a medida que se vayan cumpliendo los hitos establecidos. De incumplirse ese calendario, el Consejo de Ministros deberá aprobar las correspondientes adendas a los contratos. Estos deberán formalizarse en las próximas semanas.

En algunas empresas españolas del sector ha causado malestar el reparto de ese dinero, superior al gasto mensual en pensiones contributivas (13.620 millones en agosto de 2025), y que ha ido a parar a un número muy reducido de empresas, con Indra como mayor beneficiaria. Más de la mitad de esos préstamos (6.754 millones) se han adjudicado a programas en los que participa esta empresa del Ibex, cuyo mayor accionista es el Estado (28%) a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El porcentaje que ha recibido Indra alcanza el 60% si se tiene en cuenta a Hisdesat, filial de Hispasat (empresa que presidió Jordi Hereu hasta su nombramiento como ministro de Industria), cuya compra a Redeia (dueña de Red Eléctrica) pactó Indra en febrero pasado por 725 millones, operación que la compañía confía en que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorice en las próximas semanas.

En varios de esos programas subvencionados por Industria Indra se ha aliado con su primer accionista privado (14,3%), Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), con la que prepara una controvertida fusión, dado que los propietarios de esa empresa madrileña son el presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano, Javier Escribano, presidente de EM&E y a su vez consejero de la cotizada, lo que supone un claro conflicto de interés.

Una unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano se ha adjudicado los programas que más fondos reciben: 1.821 millones hasta 2031 para la “Fabricación Avanzada en Movilidad Terrestre Sostenible II-ATP CADENAS, que supone la adquisición de 6 grupos de artillería, 109 obuses, 109 vehículos de municionamiento, 56 vehículos de mando y control, 6 vehículos de recuperación y 6 vehículos de mantenimiento”. Y 1.181 millones para la “Fabricación Avanzada en Movilidad Terrestre Sostenible II-ATP RUEDAS, que implica la adquisición de un sistema obús autopropulsado (ATP) de ruedas a fin de mejorar las capacidades de artillería, rapidez, movilidad y precisión en los desplazamientos y despliegue de la artillería”.

Esa UTE también se ha adjudicado un préstamo al 0% de 150 millones para desarrollar un Sistema Integral de Proyección Anfibia Eficiente: 34 Vehículos Anfibios de Combate de Infantería de Marina (VACIM) sobre ruedas 8x8, en cuatro configuraciones distintas. Y otros 17 millones para un sistema “crítico” para proporcionar a las Fuerzas Armadas la capacidad “de detección, identificación, rastreo y neutralización de drones no autorizados tanto en la zona de operaciones como para la protección de infraestructuras críticas”.

En solitario, Indra se ha adjudicado ocho préstamos por 2.000 millones. Destacan 820 millones para un programa de “Conectividad Multidisciplinar en Seguridad Aérea-Sistema Centro Operaciones Artillería A/A (COAAAS)”; y 768 millones para un Sistema Conjunto Radio Táctica-SCRT, “cuyo objeto es la obtención un sistema que garantice el intercambio fiable y seguro de información requerido en las operaciones nacionales e internacionales”.

Con Telefónica, que preside desde este año el anterior presidente de Indra, Marc Murtra (y en la que la SEPI es primer accionista con el 10%), el grupo que preside Ángel Escribano se ha garantizado otros 380 millones de financiación al 0% para desarrollar un sistema de Conectividad Multidisciplinar (MC3) “que responde a la necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas de capacidades operativas y unificarlas en un único sistema e incluirá la adquisición de estaciones de transmisiones, plantas de energía y cifradores”.

788 millones ha recibido el consorcio Tess Defence, en el que Indra es primer accionista desde este año (51%) junto a Escribano y Santa Bárbara Sistemas (de la estadounidense General Dynamics), responsable de la fabricación de los nuevos blindados 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra, que acumulan importantes retrasos.

El objetivo es desarrollar el Vehículo de Apoyo Cadenas, que “responde a una necesidad operativa prioritaria de las Fuerzas Armadas”: dotar al Ejército de Tierra “de una familia de vehículos cadena multipropósito capaz de llevar a cabo las misiones operativas y logísticas que actualmente realiza el Transporte Oruga Acorazado (TOA) que han superado ampliamente su ciclo de vida previsto”.

Y otros 67 millones ha recibido otra UTE formada entre Cipherbit (del grupo Oesía) y Epicom, cuyos socios son la SEPI, Indra y la propia Oesía, protagonista de más de una decena de fichajes de ex cargos del Ejército en los últimos años, en plena explosión del gasto militar. Esa UTE se encargará de un programa de Capacidad Cripto Multipropósito y Multidominio (CCMM) que desarrollará un cifrador nacional embarcado sobre plataformas aéreas, en cooperación con el Centro Criptológico Nacional.

Subcontratación

Indra ha destacado que la subcontratación de estos encargos (que no puede asumir por sí sola) “movilizará a la industria nacional y generará más de 3.000 empleos directos de alto valor añadido” como resultado de estos préstamos. Con una red nacional de proveedores actualmente compuesta “por un variado ecosistema en el que un 65% son pymes, startups, y centros tecnológicos o de investigación”, Indra ya está subcontratando en la actualidad cerca del 77% de sus encargos a la industria nacional.

Según la compañía, “gracias a los PEM, Indra ampliará notablemente su cadena de valor, contribuyendo a desarrollar tecnologías innovadoras y modernas capacidades de producción que fortalecerán la defensa nacional y europea”. “Las estimaciones iniciales apuntan a que Indra ampliará el ecosistema actual de más de 1.000 colaboradores con otras 200 nuevas incorporaciones entre proveedores y socios industriales distribuidos por toda la geografía española”.

Otro nombre muy destacado es el gigante aeronáutico europeo Airbus, del que la SEPI tiene un 5%. En solitario se ha adjudicado 3.680 millones en préstamos al 0% para el desarrollo de seis de estos programas, y otros 80 millones para uno que desarrollará con Indra. A continuación figuran la estatal Navantia (2.292 millones), 100% de la SEPI y, ya con cifras mucho menores, otras empresas como General Dynamics, Aertec y Urovesa.

Navantia se ha adjudicado el tercer programa que más fondos recibe, 1.280 millones para el desarrollo de “Nuevas Tecnologías Aplicadas en Plataformas Marítimas (Modernización Media Vida F-100), consistente en la modernización de las Fragatas de la clase Álvaro de Bazán (F-100), que entraron en servicio entre 2002 y 2006, y que requieren la actualización de sus capacidades operativas para extender su vida operativa, al menos, durante veinte años”.

Pedro Sánchez ha llegado a Bruselas con anuncio bajo el brazo que le permite salir al paso de las críticas que Donald Trump vierte sobre él por su negativa a disparar el gasto militar hasta el 5% del PIB: España comprará armamento a EEUU para enviar a Ucrania como parte del programa que ha puesto en marcha la OTAN. El presidente ha confirmado la información adelantada por El País antes de una reunión con los líderes de la UE en la que también participa Volodímir Zelenski, a quien en una conversación telefónica esta semana le prometió la ayuda en lo que “necesita en cada momento”. Y lo que Ucrania pide a sus aliados es ayuda para armamento.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha agradecido públicamente a España la compra de armamento americano a través del programa PURL para Ucrania durante la rueda de prensa que ha dado tras su encuentro con los líderes de los 27 países de la UE, que están celebrando una cumbre en Bruselas.

Zelenski ha explicado que el Ejército ucraniano necesita fondos para principios del año 2026, ya que ahora les ha llegado tres veces menos, una vez que EEUU dejó de pagar armamento para Ucrania. Sobre la utilización de los activos rusos congelados para financiar armas para Ucrania, el presidente ucraniano ha declarado que es un mecanismo complicado, pero que espera que la UE encuentre una solución para utilizar ese dinero en el incremento de la producción de armas en Ucrania y la compra de armamento ucraniano y de Estados Unidos, informa Rodrigo Ponce de León.

“Tuve ocasión con Zelenski de hablar esta semana. Hemos estado estudiando cuáles son las compras conjuntas que podemos hacer. España es un país comprometido con la alianza atlántica y también con la defensa y el apoyo a Ucrania en todos los niveles”, ha dicho Sánchez, que se ha referido a la energía, con el envío este viernes de 70 generadores de electricidad, la ayuda humanitaria y los refugiados y también “el aspecto militar”. No obstante, Sánchez se ha quedado al margen del núcleo de apoyo a Ucrania. Esta semana los principales líderes europeos rubricaron un comunicado de apoyo a Zelenski en contra de la intención de Trump de que Ucrania ceda territorio a Rusia al que Sánchez se sumó más tarde, junto con el primer ministro sueco.

Varios países de la alianza han anunciado ya su intención de sumarse al programa PURL de compras conjuntas de armamento para Ucrania impulsado ante la intención de EEUU de cortar el grifo de la ayuda a ese país. En el caso de España, la compra de armamento se suma a los 10.000 millones de ayuda anuales que Sánchez suscribió en mayo de 2024 con Zelenski en una reunión en Madrid. Ese acuerdo tenía die años de vigencia y el compromiso de ayudar en la reconstrucción del país.

El presidente del Gobierno no ha llegado a concretar cuál será la cuantía de dinero que aportará al programa para comprar armamento de Estados Unidos para Ucrania, pero ha recalcado como prueba del compromiso de España con la seguridad europea y la OTAN que “dos cazas españoles en Lituania han tenido que repeler a una una incursión en zona aérea en espacio aéreo OTAN, en este caso en Lituania, a cazas rusos”.

Sánchez ha defendido la compra de armamento de Estados Unidos porque “a día de hoy el grueso de los componentes de defensa antiaérea que necesita Ucrania, los misiles Patriots o los Tomahawks, solo se fabrican en Estados Unidos”.

La participación de España en el programa de compras conjuntas de armamento para Ucrania da argumentos a Sánchez en su mensaje de que es un socio “confiable” de la OTAN después de la nueva arremetida de Donald Trump por la negativa del presidente español a disparar hasta el 5% del PIB el gasto militar. “Sabe que cumplimos con nuestras obligaciones”, le ha dicho el presidente al estadounidense en respuesta a los periodistas a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas. En ese sentido, ha reiterado que desde que llegó a Moncloa ha elevado el gasto en defensa hasta llegar al compromiso del 2% mientras que Mariano Rajoy lo dejó en el 0,9% del PIB. “Hemos cumplido con los incumplimientos que otras administraciones hicieron”, ha dicho.

Las palabras se producen después de que Trump repitiera las críticas contra España en una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. “Hay que hablar con ellos, no juegan en equipo”, dijo el presidente de EEUU.

“Somos un país confiable, somos un país que cumplimos con nuestros compromisos. Es verdad que nosotros hemos llegado en acuerdo con la OTAN en materia de capacidades, que realmente es lo importante, qué capacidades necesitamos para afrontar los desafíos comunes que tiene la alianza atlántica”, ha dicho Sánchez. La OTAN estableció los objetivos de capacidades de cada uno de los 32 estados miembros antes de la cumbre de La Haya del mes de junio. Sánchez sostiene que se pueden alcanzar esos compromisos con un gasto del 2,1% del PIB. Sin embargo, el secretario general lo pone en cuestión.

“He mantenido numerosas conversaciones con el presidente del Gobierno, el presidente Sánchez. Nos conocemos muy bien. España se ha comprometido a cumplir los objetivos de capacidades. Dicen que pueden hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5%. Yo les he dicho que no pueden, y muy pronto sabremos quién tiene razón”, dijo Rutte en la rueda de prensa en la Casa Blanca. Es lo mismo que dijo tras la cumbre de la OTAN, a pesar de haber dejado por escrito que España tendría “flexibilidad” para cumplir con sus compromisos con un gasto menor al 5%, que es lo que se pactó en el seno de la alianza.

Irene Montero acusa al Gobierno de mentir a la población española sobre el gasto que pretende dedicar a defensa. La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad aseguró este lunes en redes sociales que el Ejecutivo planea aceptar el 5% del gasto del PIB que pide la OTAN. “El Gobierno confirma que cumplirá con el objetivo de gasto militar asignado en la OTAN, el 5%”, dijo en un mensaje en sus redes sociales. “Someterse al líder de la extrema derecha mundial abre el camino al PP y VOX en España. Necesitamos una izquierda fuerte para defender la paz”, insistía.

Montero acompañó el mensaje de un vídeo del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hablando del tema en una entrevista para RTVE. “España ha incrementado de manera significativa su gasto de emergencia e inseguridad, más de un 40% este año”, se escucha decir al ministro al inicio del vídeo que ha colgado en X la dirigente de Podemos. “Hemos llegado al 2% del PIB [...] y esto ha sido muy bien recibido por todos nuestros socios, incluyendo también los socios norteamericanos”, continúa Cuerpo, antes de añadir: “En el marco de la OTAN, España va a cumplir, como el resto de socios, con los gastos que nos que nos han atribuido”.

Es esa última afirmación la que empuja y justifica la acusación de Montero al Gobierno de Pedro Sánchez —que, presuntamente, destinará un 5% a defensa para cumplir con la OTAN— y la que le lleva a denunciar que el Ejecutivo ha cedido ante el presidente estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, el vídeo que la eurodiputada ha utilizado se corresponde simplemente con un extracto de la entrevista completa a Cuerpo. En realidad, después de esa afirmación, Cuerpo procede a explicar el mecanismo por el cual la OTAN calcula el gasto que cada país debe aportar a la Alianza: “Miramos qué capacidades tenemos y cuáles tenemos que cubrir, es decir, cuánto gasto tenemos que hacer para ser capaces de enfrentarnos, y se reparte ese gasto entre todos”. “Nosotros estimamos que hacer frente a esos gastos supone, en porcentaje de PIB, un gasto en torno al 2,1%”, concluye.

Precisamente esa es la cifra con la que se ha comprometido Pedro Sánchez. “No vamos a aumentarlo al 5%. Sería desproporcionado e innecesario. Nos comprometemos al 2,1%. Ni más, ni menos”, dijo el presidente del Gobierno en junio de este año, enfrentándose a las demandas de Donald Trump, que exigía a España disparar al 5% el gasto en defensa bajo amenaza de expulsarla de la organización. Sin embargo, Sánchez se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pocos días después de afirmar que España no iba a firmar tal incremento. Después de horas de negociación, el Gobierno español llegó a un acuerdo con la Alianza Atlántica para reescribir las conclusiones de la cumbre de la OTAN y establecer una nueva suerte de excepción ibérica. Rutte otorgó a España la flexibilidad necesaria para determinar su propia vía soberana para alcanzar el objetivo de capacidad y los recursos anuales necesarios como porcentaje del PIB“.

Más Madrid ha criticado las declaraciones de Montero, y le afean que haya manipulado una entrevista televisiva para sacar de ello rédito electoral. “Mentir para intentar tumbar al gobierno de izquierdas”, dice el diputado Hugo Martínez Abarca. “Por mucho que se intente manipular, todo el planeta sabe que España se negó a ese 5% y por eso y por la oposición al genocidio Trump ataca a nuestro gobierno casi tanto como Podemos”, asegura, en otro mensaje en la red X que responde al de la eurodipitada.

También ha criticado las palabras de Montero el exdiputado socialista Manuel de la Rocha Rubí. “Irene Montero debe ser la única persona en el mundo que cree que el Gobierno de España ha asumido el 5% de gasto en defensa que piden Trump y la OTAN. Porque estos últimos amenazan a España y a Sánchez precisamente por lo contrario. La imaginación a veces es calenturienta”, denuncia. Ciertamente, Donald Trump ha condenado duramente la decisión de España y ha amenazado al Gobierno con imponer aranceles. “España es increíblemente irrespetuosa y habría que castigarlos. Son el único país que no ha aumentado su porcentaje al 5%, todos los demás países de la OTAN lo han hecho”, dijo la semana pasada.

Es cierto que, en el acuerdo que Sánchez consiguó con Rutte, se establece que “la rayectoria y el equilibrio del gasto en virtud de este plan se revisarán en 2029, a la luz del entorno estratégico y de los objetivos de capacidad actualizados de la OTAN”. Eso, sin embargo, no supone que el porcentaje del PIB vaya a incrementarse en unos años, ni mucho menos que el actual Gobierno haya decidido, unilateral y repentinamente, aumentar el gasto.

Pedro Sánchez ha reiterado que inversiones relacionadas con la lucha contra el cambio climático o las emergencias de protección civil deben computar como gasto en defensa. De hecho, en pleno debate sobre el rearme y la presión de Donald Trump sobre España para que dispare ese gasto al 5% del PIB como se comprometieron los países de la OTAN en junio, el presidente ha asegurado que el 13% del último incremento del gasto militar se dedica a esas partidas.

“El Gobierno de España ha sido bien claro. En el aumento que hacemos de más de 10.000 millones de euros para llegar este año al 2% del PIB en defensa estamos diciendo que un 13% se destine a todo lo que tiene que ver con la emergencia climática y la protección civil”, ha dicho el presidente en una rueda de prensa junto a los líderes de los países mediterráneos de la UE previa al Consejo Europeo que se celebra en Bruselas el jueves.

“En las políticas de adaptación tenemos que dar una respuesta a las inundaciones y a los efectos que tiene en el territorio la emergencia climática”, ha reiterado Sánchez antes de insistir: “El Gobierno lo tiene claro: se pueden contabilizar algunas de estas políticas vinculadas con la seguridad y la defensa y es lo que está haciendo España en consonancia con la UE y la OTAN”.

El acuerdo suscrito por los miembros de la OTAN en la cumbre de La Haya establecía que dispararán el gasto en defensa hasta el 5%. Esa cifra se divide en un 3,5% en gasto militar puro y duro mientras que el 1,5% restante se destinaría a un concepto más amplio de la seguridad (ciberseguridad, protección de fronteras, etc.). Y es en ese porcentaje en el que Sánchez sostiene se engloban algunas partidas de la lucha contra la emergencia climática.

De hecho, se ha referido específicamente a un 13% de los 10.000 millones que el Gobierno anunció hace unos meses para alcanzar el umbral del 2% del PIB en defensa al que se comprometieron los aliados en 2014, una cifra que la mayoría alcanzaron este año en plena carrera armamentística. La OTAN también ha confirmado que España ha llegado al 2% del PIB este año.

Sánchez también se ha pronunciado sobre los bombardeos que se han reanudado en Gaza, aunque no ha querido entrar en quién ha sido “responsable” en referencia a Hamás e Israel. “Queremos que se respete el alto el fuego, que se permita el acceso a la ayuda humanitaria y que podamos caminar hacia la coexistencia pacífica de los dos estados”, ha afirmado. Más duro ha sido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha advertido: “No puede volverse a repetir una violación del alto el fuego: bombardeos por parte de Israel de la Franja de Gaza y una suspensión de la entrada de ayuda humanitaria.Lo que vivimos en Sharm El-sheikh abre un camino de esperanza, pero estamos muy lejos de lo que nosotros deseamos, que es una paz definitiva”.

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, afirmó este martes que todos los estados miembros de la OTAN, incluida España, tienen que estar “a la altura” del compromiso cerrado en la cumbre de líderes aliados de este año en La Haya, en el que se acordó destinar el 5% del producto interior bruto (PIB) al gasto en defensa para el año 2035.

“Todo aliado, incluida España, necesitará estar a la altura del compromiso de defensa de La Haya. Sin excepciones. Cada aliado va a tener que hacer eso”, declaró el diplomático en una rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra este miércoles en Bruselas.

Whitaker se expresó en este sentido tras ser preguntado por si Washington va a proponer expulsar a España de la OTAN por no comprometerse a gastar el 5% de su PIB, tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en ese sentido la semana pasada.

Aunque en La Haya los aliados se comprometieron a destinar el 5% del PIB a la defensa (un 3,5% al gasto militar puro y otro 1,5% a inversiones relacionadas con la seguridad), el Gobierno español señaló que no necesitará alcanzar esa cifra para cumplir con los objetivos de capacidades que la Alianza le ha asignado y logró que la OTAN le confirmara por escrito que el pacto da flexibilidad a Madrid.

Según los cálculos de los militares españoles, bastará con gastar el 2,1% del PIB para cumplir con los objetivos de capacidades militares que solicita la Alianza Atlántica, algo con lo que el secretario general de la institución militar, Mark Rutte, ha dicho no estar de acuerdo en el pasado.

Trump sugirió la semana pasada que “quizás deberían expulsar” a España de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa de la Alianza. “No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente”, dijo Trump. “Deben llamarles (a España) y averiguar por qué están rezagados. Y además les va bien, por muchas de las cosas que hemos hecho”, apuntó.

Sin embargo, el mandatario bromeó este lunes con respecto a las discrepancias con España en relación al gasto en defensa durante su discurso final en la 'cumbre de paz' celebrada este lunes en Egipto y se refirió al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, presente en el acto, al señalar que estaban “trabajando para convencerlo” de la necesidad de aumentarlo.

En mitad de un largo e inconexo discurso en el que Trump felicitó uno por uno a los líderes que asistieron a la reunión por su papel a la hora de acercar la paz en Oriente Medio, el mandatario estadounidense se refirió de forma distendida y en claro tono amistoso a España.

Pocas horas antes, Sánchez y Trump protagonizaron un saludo cordial acompañado de sonrisas de ambos en el momento de la llegada del estadounidense a la Cumbre para la Paz de Gaza. En cualquier caso, el tratado fundacional de la OTAN no permite expulsar a un Estado miembro de la Alianza.

Whitaker dijo hoy que Estados Unidos espera que todos los aliados de la OTAN cumplan con sus compromisos de defensa y el objetivo de gasto del 5 %. “Todos los aliados acordaron hacer eso. No hubo excepciones. Todos los 32 aliados acordaron el mismo pacto”, insistió.

Agregó también que todos los miembros de la OTAN deben cumplir con el artículo 3 de la Alianza, “que dice que gastarán en su defensa individual y colectiva, se impulsará la innovación y la modernización en toda la Alianza y garantizará que nuestras fuerzas estén preparadas para las amenazas cambiantes”.

Whitaker explicó que la inversión colectiva en defensa “fortalecerá nuestro reparto de la carga equilibrado para seguridad y construirá una fuerza disuasoria creíble que proteja a los mil millones de personas que viven en el territorio de la OTAN”.

“Finalmente, la OTAN ha garantizado la paz en la Alianza durante 76 años, pero el mundo es demasiado peligroso como para dar por hecha la seguridad”, añadió en Bruselas.

Un 4% del gasto militar al año permitiría acabar con el hambre en el mundo en 2030. Con un proceso de rearme que ha disparado el gasto en defensa mundial hasta un récord de 2,7 billones de dólares en 2024 y se estima que la cifra alcance los 6,6 billones en 2035 –cinco veces más que al final de la Guerra Fría–, el secretario general de la ONU, António Guterres, alerta de que la carrera armamentística es “insostenible” y pone negro sobre blanco la incompatibilidad con los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas.

A instancias de los miembros de la ONU, Guterres ha elaborado un informe sobre las implicaciones del incremento del gasto militar y desgrana las cifras. Los 2,7 billones de euros gastados el pasado año -antes de que la OTAN decidiera llegar al 5% del PIB en los próximos ejercicios- supondrían 334 dólares por cada persona del planeta y representa el total del PIB de los países africanos y más de la mitad de los de Latinoamérica.

El gasto es, por supuesto, desigual: los diez países que más gastan, con EEUU a la cabeza, constituyen el 73% del total mientras que los países de África tan solo suponen el 2% del gasto, a pesar de que representan al 20% de la población mundial.

“La evidencia es clara: un gasto militar excesivo no garantiza la paz”, ha advertido Guterres, quien lidera la ONU en un momento de grandes conflictos abiertos, como la invasión rusa de Ucrania o el genocidio en Gaza, que está demostrando el doble rasero de la comunidad internacional.

Así, el informe rechaza el mantra de que el aumento del gasto en defensa es necesario para mantener la seguridad mundial y apunta a que otras inversiones, como la ayuda al desarrollo, es más efectiva a largo plazo para lograr ese objetivo. Por eso compara el gasto militar con lo que se podría lograr en otros ámbitos vinculados con ese propósito. Además, advierte de que hay una brecha de financiación de cuatro billones de dólares en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que la situación se ve “agravada” por el desvío de dinero al sector de la defensa en detrimento de la sanidad, la educación o la reducción de la pobreza.

“Por solo entre 230.000 y 280.000 millones de dólares al año, o alrededor del 10% de los 2,7 billones de dólares gastados en defensa el año pasado, el mundo podría eliminar la brecha de pobreza extrema a nivel mundial”, señala el informe: “Acabar con el hambre en el mundo para 2030 costaría alrededor de 93 000 millones de dólares al año. Esto supone menos del 3,5% de los 2,7 billones de dólares que se gastarán en defensa en 2024”.

Contra los mantras económicos

Con porcentajes ínfimos del gasto en defensa se podrían lograr otros avances vitales. La atención sanitaria básica podría llegar a todos los países subdesarrollados o en vías de desarrollo con el 14% del gasto militar del año pasado y con un 10%, se podría vacunar a los niños de todo el mundo. Con el 5% se podría garantizar el acceso al agua potable en 140 países.

También desmonta la teoría de que el gasto en defensa permite crear empleos y riqueza. “Un estudio estadounidense reveló que, si bien el gasto militar genera puestos de trabajo, otros sectores civiles pueden, en general, crear más puestos de trabajo con los mismos recursos. Por ejemplo, 1.000 millones de dólares en gasto militar pueden crear aproximadamente 11.200 puestos de trabajo en el ámbito militar, frente a los 26.700 en educación, los 16.800 en energía limpia y los 17.200 en atención sanitaria”, recoge el texto.

“Un fuerte aumento del gasto militar suele ralentizar el crecimiento económico de un país. El gasto militar es también uno de los principales factores que impulsan la deuda pública, una carga que limita las perspectivas de desarrollo futuro de los países”, apuntala.

Igualmente, alerta de que el incremento del gasto militar perjudica los esfuerzos en la lucha contra la emergencia climática, que es una de las principales amenazas mundiales. “El conflicto activo con el uso extensivo de armas convencionales exacerba la devastación medioambiental y de la vida silvestre, lo que puede tener efectos duraderos en el medio ambiente y en las personas mucho después de que haya terminado la lucha. Financiar íntegramente las necesidades de adaptación de todos los países en desarrollo por solo 387.000 millones de dólares al año, menos del 15% de lo que el mundo gastó en defensa el año pasado”, afirma.

“Los países más ricos gastan 30 veces más en sus ejércitos que en proporcionar financiación climática a los países más vulnerables del mundo. Por lo tanto, con solo reinvertir el 5% del gasto militar mundial se superarían los costes anuales iniciales de la adaptación al cambio climático en los países en desarrollo”, reprocha el informe.