La Sareb, el conocido como 'banco malo' que se creó en 2012 para dar salida a los activos tóxicos de la banca, ingresó en 2024 un total de 3.060 millones de euros, con los que ha podido amortizar 1.230,3 millones de esa parte del rescate bancario. Según las cuentas de la entidad, aprobadas por la junta de accionistas, se trata de unos ingresos “récord”, que suponen un incremento del 11% respecto al ejercicio anterior, pero que no salvan a la compañía del pozo de números rojos en el que lleva años inmerso. En el último año ha sumado pérdidas por 2.826 millones, un 28,6% más que en 2023.

El banco malo arrancó en 2012 con una deuda senior de 50.781 millones de euros, avalada por el Estado, y el mandato de deshacerse de todos los activos tóxicos procedentes de las cajas de ahorro que recibieron ayudas públicas durante la crisis financiera. El objetivo era vender esas casas, locales o solares para repagar la deuda, pero hace tiempo que la compañía ha asumido que no podrá devolver toda la deuda antes de 2027, porque sus activos se tasaron muy por encima de su valor real actual.

Según los últimos datos, hasta marzo de 2025, Sareb había repagado el 44,5% de la deuda, unos 28.183 millones de euros. Quedan pendientes 22.598 millones, de los que el Estado es avalista y que, previsiblemente, deberá asumir en 2027. De hecho, en 2021, Europa obligó a España a incluir al banco malo en sus cuentas, lo que elevó la deuda pública en 35.000 millones.

A principios de 2022, el Estado se hizo con más del 50% de su capital, tomando el control de la entidad. Ese año, a la actividad desinversora se le sumó un mandato social, que ha revertido en 9.000 alquileres sociales aprobados en 2024. El 1 de julio, el Consejo de Ministros aprobó la cesión a la nueva empresa pública de vivienda de 40.000 inmuebles de la Sareb. “Es una bolsa de inmuebles que se financió con dinero público y que ahroa vamos a devolver a la gente”, aseguró la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez. Aunque se habló de una “donación”, ese paquete, que incluye suelos y está valorado en 5.900 millones de euros, no podrá venderse y, por tanto, reducir la deuda avalada por el Estado.

En 2024, Sareb ingresó 1.753 millones por la venta de activos inmobiliarios, un 6% más que el año anterior, lo que atribuye a “la buena marcha de las ventas de activos terciario y obras paralizadas”. En total, el año pasado vendió 8.900 viviendas particulares, una actividad que en 2025 se paralizó tras la decisión de la junta de accionistas el 20 de marzo, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en enero, de su intención de destinar estos activos al parque público de vivienda.

En el apartado de desarrollo inmobiliario, ingresó 588 millones de euros. Aquí se incluyen los 414 millones de su promotora Árqura Homes, que se creó para construir y comercializar promociones en aquellos suelos propiedad de la Sareb y a los que no se daba salida. En 2024, la promotora entregó 1.650 viviendas, frente a las 1.620 del año anterior.

Nunca se aclaró a dónde habían ido a parar los 1.345 millones de pesetas (más de seis millones de euros) en préstamos que desaparecieron en la Caja Rural de Cantabria entre 1977 y 1981. Tampoco nadie pagó por ello: ni se devolvió el dinero ni hubo responsables. Los 25 procesados echaron la culpa a un muerto: el propio director de la entidad, Tomás Mier, oportunamente fallecido para los intereses de los acusados seis años antes del juicio.

Una inspección del Banco de España destapó un escándalo mayúsculo en Cantabria en 1981. La entidad tenía unas deudas de 1.345 millones de pesetas incobrables por la ligereza con la que se habían autorizado créditos sin exigir avales. Algunos de ellos, además, a políticos, como los diputados de UCD Justo de las Cuevas y su familia –que recibieron 600 millones de pesetas en préstamos– y Roberto Sáez, un constructor y exdirigente de la CEOE, junto a empresarios locales y hasta dos cooperativas agrarias que nunca existieron, pero, aun así, recibieron 200 millones de pesetas. La Unión Territorial de Cooperativas del Campo (Uteco) también se benefició con 250 millones de pesetas. Su gerente era el propio director de Caja Rural, Tomás Mier. Todos recibieron el dinero, pero no lo fueron devolviendo en cuotas como hubiese correspondido.

Para denunciar los hechos se creó una Comisión de seguimiento de las irregularidades integrada por los sindicatos agrarios, las centrales sindicales de Cantabria y por tres partidos políticos: PSOE, PCE y el PRC de Miguel Ángel Revilla, que presentaron una querella criminal contra el director de la entidad.

La entidad tenía unas deudas de 1.345 millones de pesetas incobrables por la ligereza con la que se habían autorizado créditos sin exigir avales. Algunos de ellos a políticos

Mientras, el Banco de España cesó a todo el Consejo de Administración y despidió al director, quien presentó una reclamación por despido improcedente en la que pedía una indemnización de 30 millones de pesetas que fue desestimada. La entidad quedó intervenida por el Consorcio Nacional de Cajas Rurales, que tampoco hizo nada por recuperar los créditos impagados.

Posteriormente, se decidió elegir otra directiva de la entidad. Pero, tras una inspección, el Ministerio de Trabajo consideró que 15 de las 34 cooperativas socias de la Caja Rural de Cantabria no podían participar en la elección del consejo rector porque eran sociedades fantasmas utilizadas para cubrir algunas de las irregularidades cometidas por los anteriores gestores de la entidad.

Como presidente se eligió al exdiputado de UCD y entonces militante socialista, Ciriaco Díaz Porras, para sanear la entidad. Años más tarde el Tribunal de Cuentas descubrió que durante cuatro años estuvo cobrando 20.000 pesetas diarias en dietas indebidas, incluso después de ser requerido por el Banco de España para que dejara de hacerlo y reintegrase el dinero.

Tiempo después, en 1985, el Gobierno de Cantabria decretó la intervención de Caja Rural y Díaz Porras se negó a entregar la documentación a los funcionarios regionales y el asunto acabó en el Tribunal Constitucional. Un proceso que se enmarca en las luchas de poder que sostenían los partidos políticos por el control de la Caja.

Dos años después, en 1987, el Banco de España intervino la entidad –aún presidida por Díaz Porras, que para entonces ya era a la vez presidente del Consejo de Administración del periódico ALERTA– y planteó su disolución o venta. Más tarde llegó al rescate el Banco de Crédito Agrícola para resucitar a una entidad quebrada que seguía perdiendo depósitos de sus clientes ante la falta de confianza que generaba. Finalmente, Caixa y Caja Madrid compraron Caja Rural de Cantabria y un mes después se disolvió, en enero de 1988, después de haber recibido 3.225 millones de fondos públicos insuficientes para mantenerla con vida.

Proceso judicial

La justicia se lo tomó con más calma. Pasó año y medio hasta que fueron procesados el director y el presidente del Consejo, Amós Fernández, junto a otros cuatro directivos, acusados de delitos de falsedad y apropiación indebida. Les pidieron fianzas millonarias para no entrar en la cárcel y un depósito solidario de 300 millones de pesetas.

Pocas horas después de que declarasen en el juzgado, tres altos directivos de Caja Rural agredieron al presidente del comité de empresa de la entidad bancaria, Javier Mena. Le golpearon y tiraron al suelo en el vestíbulo de Caja Rural al finalizar su jornada de trabajo. Minutos antes, otro grupo de directivos, entre los que se encontraba el director de la oficina de Torrelavega y alcalde de Cabuérniga, José María Mier, habían estado visitando a los otros denunciantes para amenazarlos verbalmente.  

Tres altos directivos de Caja Rural agredieron al presidente del comité de empresa de la entidad bancaria, Javier Mena. Le golpearon y tiraron al suelo en el vestíbulo de Caja Rural al finalizar su jornada de trabajo

El fiscal procesó a 27 personas y solicitó para Justo de las Cuevas, entonces presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados durante el mandato de UCD, cuatro años de prisión menor por un delito de apropiación indebida y otros dos por falsedad en documentos públicos. Le consideró el verdadero promotor de la operación, con la connivencia del director de la Caja, Tomás Mier, que le permitió financiar las empresas de su grupo a costa del patrimonio de aquella entidad. Lo hacían a través de créditos nunca satisfechos.

Al fin, todo quedó en nada. El único condenado de los 25 acusados fue el entonces alcalde del Ayuntamiento de Ramales, Fermín Gómez Seña. Le condenaron a dos meses de cárcel por obtener 28 millones de pesetas en créditos que no devolvió. El escándalo que ocupó portadas y páginas de periódicos durante años quedó liquidado sin resolverse quiénes eran los responsables de los préstamos que, en realidad, fueron dinero regalado para algunos influyentes beneficiados de la élite política y empresarial de Cantabria.

El sector bancario español lleva meses mirando a la oferta de compra de BBVA por Banco Sabadell que puede derivar en la fusión de dos de las grandes entidades españolas y a la que se opone el Gobierno porque puede acentuar aún más la falta de competencia en el sistema financiero local. Pero en Europa esta operación corporativa, a la que le quedan meses por delante, ha pasado a un segundo plano. El protagonismo se lo ha quedado el banco italiano Unicredit que en un movimiento que muy pocos esperaban se ha hecho con el control del 9% de la entidad alemana Commerzbank, lo que daría lugar a la quinta mayor entidad bancaria de Europa.

Unicredit se ha hecho en las últimas semanas con el 9% de Commerzbank. Por un lado, ha ido comprando acciones en el mercado y, por otro, se ha quedado con cerca del 4,5% de las acciones del banco que estaban en manos del Estado germano. Ambos pasos los ha dado a través de un banco local que ya posee, HypoVereinsbank, más pequeño que Commerzbank y que controla desde 2005.

Hace poco más de una semana, el Ejecutivo federal anunció que iba a poner a la venta parte de su participación, que arrastra desde la gran crisis de 2008. Entonces tuvo que rescatar el banco –metió más de 18.000 millones de euros– y se convirtió en accionista de referencia. Este mes de septiembre, el Gobierno de Olaf Scholz ha querido hacer caja con la venta de un 4,5%, aunque aún le queda el 12% del banco. 

El Gobierno alemán justificó la privatización porque “Commerzbank vuelve a ser una institución estable y rentable”, aseguró el secretario de Estado de Finanzas, Florian Toncar. “El Gobierno venderá paso a paso sus acciones. La reducción de la participación federal en el Commerzbank es una señal de su fortaleza y la de Alemania como centro financiero”. Ahora, ese plan de vender, puede frenarse en seco porque no se esperaban un comprador transalpino.

La cabeza pensante de esta operación es Andrea Orcel, un viejo conocido del panorama financiero español. En septiembre de 2018, Santander eligió al exconsejero delegado del banco de inversor UBS para que llevase el timón de la entidad española. Una elección que duró meses. En enero de 2019 desistió de la contratación de Orcel por el coste “inaceptable” que suponía su fichaje, estimado en 60 millones de dólares (el equivalente actual a 54 millones de euros). La contratación fallida acabó en los tribunales, porque Orcel exigió una indemnización por no salir adelante su contrato.

Reacciones en contra

Lo relevante del movimiento de Unicredit es que, si además de ese 9% sigue comprando acciones –ya ha dicho que esa es su intención– la compra de Commerzbank podría derivar en la primera gran fusión entre dos entidades europeas de diferentes países y, además, sistémicas por el peso que tienen en la zona euro. Es decir, en la primera gran fusión bancaria de ámbito europeo. Pero no está tan claro que eso acabe sucediendo por la fuerte oposición que ha levantado en Alemania, donde Commerzbank controla más de un tercio de los pagos del comercio exterior alemán, tiene cerca de 25.000 empresas entre sus clientes y suma más de 42.000 empleados, según los datos publicados por Reuters. 

Las primeras suspicacias parten del propio Gobierno de Scholz, al que no le habría gustado la falta de comunicación por parte de Unicredit sobre sus intenciones de hacerse con el 9% de Commerzbank, como primer paso para controlar la entidad, según las informaciones publicadas por la prensa germana. Tampoco a la oposición, que espera que el Gobierno reaccione y no siga vendiendo acciones de la entidad. 

Los representantes de los trabajadores también se han manifestado en contra. El sindicato Ver.di, que agrupa a los profesionales del sector servicios, ha asegurado que se opone “con uñas y dientes” a “una posible fusión en todos los órganos de decisión”. “Si es necesario, también organizaremos protestas públicas”, han manifestado sus dirigentes en declaraciones que recoge FT. Esta oposición es relevante porque las empresas alemanas que cotizan en bolsa cuentan con un consejo de supervisión, en paralelo al consejo de administración, en el que están los sindicatos y que tiene que opinar sobre las decisiones estratégicas de las empresas.

En medio de este tira y afloja, surge una alternativa: intentar una integración entre Commerzbank y Deutsche Bank. Esa fusión ya se buscó en 2019. Perseguía que Alemania tuviera una megaentidad bancaria más fuerte y con capacidad, precisamente, de liderar un posible baile de fusiones europeo. Sin embargo, fracasó porque los reguladores avisaron de la posición de dominio de mercado que podía suponer y porque los sindicatos tampoco eran favorables por los despidos que iba a provocar. Ahora vuelve a sonar Deutsche Bank como comprador del 12% de Commerzbank que aún tiene el Estado, pero hay que recordar que Deutsche tampoco está en su mejor momento y ha vivido situaciones complicadas en los últimos años, entre otros motivos, por su alta exposición a la banca de inversión. 

Y el BCE, a favor

Quien sí está claramente a favor de una operación es el Banco Central Europeo, no porque hasta ahora no haya habido integraciones de bancos de diferentes países de la zona euro, sino que estas no han permitido la creación de grandes entidades capaces de competir con las estadounidenses o asiáticas. “Un acuerdo satisfaría a quienes esperan fusiones transfronterizas”, dejó caer la pasada semana la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en un mensaje que evidencia que el organismo supervisor no va a poner trabas.

Hay muchas voces que llevan años abogando por esas fusiones transnacionales, sin que ninguna entidad haya recogido el guante. Por ejemplo, la del vicepresidente del BCE y exministro de Economía, Luis de Guindos. “Estamos a favor de la consolidación en Europa, con una visión muy favorable a las consolidaciones transfronterizas, entre bancos de diferentes nacionalidades de origen”, aseguró hace unos meses.

No hay fusiones, entre otros motivos, porque no existe un fondo de garantía de depósitos a escala de la eurozona, porque los Estados no se han puesto de acuerdo para crearlo. Es decir, si vienen mal dadas, cada país es el que garantiza un mínimo de fondos a los depositantes de sus bancos locales. En España, hasta 100.000 euros. Y si no hay un marco compartido –como sí ocurre con la supervisión bancaria– es complicado que los bancos muevan ficha. Ahora Unicredit ha dado el paso, pero la decisión va a depender del Gobierno germano. Este tiene por delante elecciones generales en 2025, en pleno auge de la extrema derecha, y llegar a ellas con un banco rescatado que pasa a manos de una entidad italiana no parece un punto a favor.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha actualizado sus perspectivas de la economía mundial y ha aprovechado para pedir a los estados que preparen un 'colchón' de dinero ante el riesgo de nuevas turbulencias bancarias. El organismo advierte de que “el susto” de marzo de este año, tras el colapso del Silicon Valley Bank de California y el contagio a otras entidades estadounidenses, hasta alcanzar al Credit Suisse en Europa, podría repetirse durante los próximos meses.

“La turbulencia en el sector financiero podría retornar conforme los mercados se adaptan al nuevo endurecimiento de la política [monetaria] por parte de los bancos centrales”, advierte el organismo en el informe publicado este martes, en referencia al agresivo ciclo de subidas de los tipos de interés que los bancos centrales empezaron hace algo más de un año para luchar contra la inflación.

El FMI observa que los mercados financieros [bolsas, mercados de deuda pública y privada...] “siguen previendo una política monetaria menos restrictiva de lo indicado por las autoridades [por los propios bancos centrales: el BCE en la eurozona, la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco de Inglaterra en Reino Unido...]”.

Es decir, esperan menos subidas de los tipos de interés o que empiecen a bajarlos en la primera parte de 2024, “lo que agrava el riesgo de que si se anuncian datos de inflación desfavorables —como en el primer trimestre de 2023— se desencadene un aumento repentino de las expectativas sobre los tipos de interés y una caída en los precios de los activos”, continúa el FMI. Exactamente, tal cual pasó en marzo de este año.

“Estos movimientos podrían hacer aún más restrictivas las condiciones financieras y generar tensión en los bancos y las instituciones financieras no bancarias cuyos balances siguen siendo vulnerables al riesgo de tipo de interés, en especial los que tienen fuertes exposiciones en el mercado inmobiliario comercial [oficinas, centros comerciales...]”, incide el organismo.

“Cabe esperar efectos de contagio y una fuga hacia activos de alta calidad [por ejemplo, deuda pública de Estados Unidos o de Alemania], con una consiguiente apreciación de las monedas de reserva [el dólar, principalmente], y con repercusiones negativas para el crecimiento y el comercio mundiales”, añade el FMI.

Más supervisión y herramientas para inyectar liquidez

La doble tarea que el organismo encomienda a los estados desarrollados no es fácil: “Preservar la estabilidad financiera y prepararse para la tensión”. Según aconseja, “es necesario reforzar la supervisión y vigilar los riesgos para anticiparse a episodios” como los de marzo, cuando todo el sector bancario volvió a estar en cuestión.

“La intensidad de la supervisión tiene que ser proporcional a los riesgos y la importancia sistémica de los bancos, y es esencial subsanar las deficiencias de supervisión en el sector financiero no bancario”, recalca. “En caso de tensiones en el mercado, con el uso de herramientas que aporten liquidez de forma oportuna y contundente, y que mitiguen el riesgo moral, se limitaría el contagio”, prosigue.

Y, según concluye, “dado que los bancos centrales no están equipados para hacer frente a problemas de insolvencia, es importante que los gobiernos recompongan el espacio fiscal [es decir, que reduzcan el déficit o desequilibrio entre gastos e ingresos] en caso de que sea necesario movilizar recursos reales [en otras palabras, rescatar bancos u otras entidades]”.

El riesgo moral al que se refiere el FMI es el concepto económico según el que un actor, en este caso los directivos y gerentes de los bancos u otras entidades financieras, asume más riesgos si sabe que va a ser rescatado con fondos públicos o si cree que las pérdidas que podrían generar sus decisiones no tendrán consecuencias.

Tras la caída del Silicon Valley Bank, el 'gigante' JPMorgan absorbió el First Republic y las autoridades de EEUU anunciaron una ventanilla de emergencia para inyectar liquidez a otras entidades en problemas para apaciguar una crisis que ya resonaba en Europa, y también en España, y que acabó con el rescate de Credit Suisse, que en su caso fue engullido por UBS.

Mejora la previsión de España

En su informe de perspectivas, el FMI ha elevado la previsión de crecimiento de España del 1,5% al 2,5% en 2023, “ante la mayor solidez de los servicios y el turismo”. Se trata del mayor incremento entre las grandes economías desarrolladas y se une a las mejoras previas de la Comisión Europea, la OCDE o el Banco de España.

El organismo espera que el PIB (Producto Interior Bruto) de la eurozona apenas avance un 0,9% este año y que la economía de Alemania se contraiga un 0,3%. En 2024, nuestro país mantendrá un ritmo del 2%, frente al 1,5% del conjunto de países que comparten el euro, según las mismas estimaciones.

El último informe del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE o ESM, por sus siglas en inglés) lanza un claro mensaje para el Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio: que la economía española “siga así”. Este organismo, creado por el Consejo Europeo en 2011 para vehicular los rescates durante la crisis de deuda (y cuyos 'auditores' fueron conocidos como los “hombres de negro”), señala que no observa “riesgos” para nuestro país a corto plazo. También destaca que el crecimiento será mayor frente a la media de la eurozona en 2023 y que la inflación bajará.

Este MEDE fue el fondo europeo intergubernamental que desde 2012 financió los rescates de España y Chipre, y la segunda fase del de Grecia. Antes, en 2010, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF, por sus siglas en inglés) intervino en Irdanta, Portugal y también en el país heleno. En total, prestó cerca de 300.000 millones y condenó a una década de políticas de austeridad a estos estados que recibieron el dinero tras ser asediados en los mercados financieros.

Actualmente, relegado a un segundo plano como mecanismo de financiación, sobre todo tras los programas de compras de deuda del Banco Central Europeo (BCE) y la creación del TPI en 2022 (Instrumento para la Protección de la Transmisión de la política monetaria), sigue realizando un informe anual sobre estas cinco economías.

El de 2022 lo publicó este jueves, coincidiendo con la última subida de los tipos de interés oficiales del BCE, hasta el 4%, un máximo de 2008, con el objetivo de encarecer la financiación y ahogar la actividad (el consumo de las familias, o la capacidad de invertir y gastar de empresas y Administraciones) de la eurozona para luchar contra la inflación.

En el informe, el MEDE admite que la situación actual de España es muy diferente a la de 2012. “Se prevé que [el PIB] crezca a un ritmo notablemente más lento que en 2022, pero por encima de la media de la UE en un contexto de desaceleración global”, recalca. “Está previsto que la inflación disminuya gradualmente en 2023”, continúa.

En el plano de las finanzas públicas, el informe reconoce que han mejorado “gradualmente”, pero advierte que “la deuda pública se mantiene elevada”. Eso sí, se detiene en que “el Gobierno ha avanzado en la implementación de la agenda de reformas asociada con los fondos 'Next Generation EU' [el Plan de Recuperación]” y en que, además, “se ha llegado a un acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones, aumentando los ingresos para el sistema de seguridad social”.

“Mantener este impulso es crucial para impulsar el crecimiento y fortalecer la posición fiscal”, concluye el MEDE. El fondo de los 'hombres negro' resalta también que “España mantuvo un acceso favorable al mercado”, pese a las subidas de los tipos de interés.

“El vencimiento medio de la deuda española sigue siendo relativamente largo, en torno a los ocho años, lo que limita su sensibilidad a los movimientos de los tipos de interés del mercado”, comenta. Y añade: “El Tesoro español puede hacer frente a los pagos de su deuda, incluidos los pagos del préstamo al MEDE”.

A medio y largo plazo, “pueden surgir desafíos para la sostenibilidad de la deuda pública y su capacidad de pago debido al alto nivel de deuda, el gasto público relacionado con el envejecimiento de la población y la baja productividad”, finaliza.

Fuente del Gobierno admiten que uno de los grandes objetivos del último año ha sido que nadie pueda vincular a España con Italia si se eleva la tensión en los mercados financieros. Sobre todo, tras el agresivo ciclo de subidas de los tipos del BCE para luchar contra la inflación, que encarece directamente la factura de intereses a la que hacen frente los países cada año.

En definitiva, es crucial evitar que los desequilibrios de Italia arrastren a España a tener dificultades para financiarse, en un momento en el que las necesidades de cubrir el gasto público que no alcanzan los ingresos (el déficit) siguen siendo muy elevadas. Porque de llegar esas dificultades, irían acompañadas de recortes precisamente en el gasto y los servicios públicos (pensiones, sanidad...). Como ocurrió en la crisis de deuda de hace una década; y aunque las nuevas reglas fiscales que se están debatiendo en la Unión Europea (UE) sean más flexibles que las de entonces.

“La Comisión Europea anticipa que en 2024 España entrará en el grupo de países (del que forman parte también Alemania, Francia y Portugal) que no presenten desequilibrios macroeconómicos, por primera vez desde 2012”, presumían el pasado 24 de mayo desde el Ministerio de Asuntos Económicos de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

El endeudamiento es el primer indicador que se observa para medir la sostenibilidad financiera de un país. Depende tanto del numerador (la deuda) como del denominador (el PIB). Por eso, aunque la deuda pública total sigue aumentando, el endeudamiento disminuye por el crecimiento económico.

“La responsabilidad fiscal del Gobierno y las previsiones de crecimiento de la economía española garantizan la sostenibilidad de las cuentas públicas en los próximos años. El Programa de Estabilidad [aprobado ya por la Comisión Europea] recoge el adelanto a 2024 de la reducción del déficit al 3% del PIB y la deuda por debajo del 110% del PIB”, recuerda el Ministerio de Asuntos Económicos.

El órgano ejecutivo de la UE incluso sitúa la tasa de España por debajo de la de Francia en 2024 [109,1% frente al 109,5%, respectivamente]. El endeudamiento de España no caía por debajo del de nuestros vecinos desde 2012.

Unidas Podemos teme un verano caliente con las renovaciones anuales de las hipotecas del próximo mes, cuando se cumple un año de la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo que desde entonces ha disparado las cuotas de los préstamos variables. Por ello, el grupo va a registrar en los próximos días una proposición de ley en la que propone entre otras cosas la creación de un fondo de responsabilidad del sector que sirva para ayudar a las familias vulnerables que como consecuencia de esta política monetaria no puedan hacer frente a sus mensualidades.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este miércoles en un mitin en Tarragona la iniciativa, que el grupo parlamentario está ultimando y registrará en el Congreso en pocos días. “Es indecente que las familias trabajadoras de este país estén viendo cómo su hipoteca sube 100, 200 o 300 euros al mes. Es impagable para una familia que el principal gasto que tiene en el mes suba de esta manera”, ha criticado la ministra de Derechos Sociales en un acto con la líder de En Comú Podem en Catalunya Jéssica Albiach.

El partido de Belarra tratar de resituar con iniciativas como esta el debate sobre la vivienda. Para abordar el problema del alquiler, las fuerzas de la izquierda cuenta con la recién aprobada ley que permitirá regular el precio de las viviendas en zonas tensionadas, pero de momento no hay ninguna iniciativa en marcha vaya a poner una solución a la subida de las hipotecas variables, a pesar de que, con esta, ya son hasta cuatro las medidas que Unidas Podemos ha planteado en los últimos meses. El problema, sostienen, puede explotar en las próximas semanas mientras la banca registra beneficios récord. En el primer trimestre del año, 5.700 millones, un 14% más que en el mismo periodo del año anterior.

Esta nueva ley es, según fuentes del grupo, una propuesta más ambiciosa que las ideas que han ido lanzado hasta ahora. Hace poco más de diez días, el grupo registró una proposición para duplicar el impuesto temporal a la banca y destinar ese dinero a financiar la subida de las cuotas. A principios de año, el grupo había propuesto poner directamente un tope a las hipotecas variables, una medida que la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, rechazó de plano en aquellos días, en los que pidió esperar a ver el recorrido del código de buenas prácticas voluntario que puso en marcha a finales del año pasado.

La propuesta, que llevará el nombre de Ley de responsabilidad social del sistema financiero, tiene dos objetivos. El primero es coyuntural: poner una solución a los incrementos disparados de las cuotas hipotecarias por la subida de tipos, en algunos casos de más del 100%, y evitar una eventual “oleada” de ejecuciones hipotecarias derivadas de esos impagos. El segundo tiene un carácter compensatorio: que el sector devuelva el dinero que recibió como parte del rescate bancario derivado de la crisis financiera del 2008. El texto que prepara el grupo plantea, además de la creación de este fondo, un compendio de medidas para incorporar la dación en pago o poner un tope a la subida de las hipotecas en función de la renta de las familias.

“Vamos a registrar una ley para crear un fondo de responsabilidad social, para que la banca empiece a devolver el rescate bancario que todavía nos deben. 60.000 millones de euros que tienen que empezar a devolver nutriendo ese fondo para que las familias puedan pagar esa hipoteca”, ha defendido Belarra este miércoles en un discurso en el que ha pronosticado una “epidemia de impagos hipotecarios en los próximos meses”. “Ya sabemos cómo acaba esto. No nos lo podemos permitir. Tenemos que ser capaces de dar a esta crisis una respuesta mejor que la que dimos a la crisis de 2008”, ha insistido Belarra.

El núcleo de la ley es ese citado fondo de responsabilidad social del sector financiero, que podría funcionar como el fondo de garantía de depósitos o el de garantía salarial que ya existen. La idea que maneja Unidas Podemos es que esté integrado de forma obligatoria por todas las entidades financieras que desarrollen su actividad en España, y que esté nutrido con aportaciones de alrededor del 0,15% de su volumen de crédito total (aprox 1.500 millones al año“¡)”. El desarrollo de este punto se encomendará a una “comisión gestora” pública, con representantes de ministerios y también del Banco de España.

“La comisión gestora, con ayuda del Banco de España, establecerá la fórmula de cálculo de dotación del dinero para ese fondo por parte de las entidades bancarias. Para esto, se establecerán criterios como el tamaño del banco, de la cartera de clientes, riesgo crediticio y una previsión o estimación de posibles contingencias y externalidades negativas del sector financiero”, indican fuentes de ese espacio político.

Limitar la subida anual de las hipotecas

Los tipos de interés del Banco Central Europeo están ya por encima del 3%, después de más de una década en niveles mínimos. La estrategia de la institución que dirige Christine Lagarde para frenar la inflación en toda la zona euro, causada entre otros factores por la guerra en Ucrania, ha disparado las cuotas. En estos momentos, la hipoteca media en España se ha encarecido 3.000 euros al año como consecuencia de esta política. Quienes tengan que actualizar el precio de su hipoteca experimentarán un aumento de las cuotas mensuales de casi 300 euros para un préstamo de 150.000 euros, tal y como puedes comprobar en la calculadora de elDiario.es.

Para impedir que este tipo de políticas coyunturales creen situaciones no solamente injustas, que deriven en esas oleadas de ejecuciones hipotecarias, sino también peligrosas para la estabilidad de sistema ante los impagos, Unidas Podemos tiene previsto incluir un límite anual a las subidas de las hipotecas variables vinculado al nivel de ingresos familiares. Por ejemplo, un límite anual del 10% para familias a las que la mensualidad de la hipoteca les suponga más del 30% de sus ingresos por mes. En esta línea, el texto también plantea que las familias puedan renegociar los contratos en función de estas características. “Los préstamos bancarios fallidos acaban suponiendo pesos muertos para el sistema”, advierten.

Restringir la responsabilidad de los deudores

La propuesta en la que trabaja Unidas Podemos recoge también algunas peticiones históricas de los colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Una de ellas es que cuando una familia o particular firma una hipoteca, la responsabilidad en caso de impago, ahora “universal e ilimitada” quede restringida al bien inmueble.

“Para paliar las situaciones injustas y para evitar que se condene a la población a deudas perpetuas que acarrean situaciones injustas y con riesgo de exclusión social, esta ley responde a la necesidad de limitar esta responsabilidad del deudor hipotecario al importe del bien hipotecado”, en este caso, la vivienda. Este punto es similar a la llamada dación en pago, que ahora mismo funciona pero como un mecanismo voluntario al que las entidades se pueden acoger pero que Unidas Podemos quiere blindar con su ley.

La ley que está ultimando Unidas Podemos incluye un punto para que la firma del Código de Buenas Prácticas al que el sector puede adherirse ahora de forma voluntaria tenga efectos vinculantes. El más importante: que una entidad no pueda efectuar una ejecución hipotecaria en el caso de incumplimiento de es código. “Ante casos de ejecución hipotecaria sobre los que previamente se hubiese puesto una demanda del deudor por cláusulas abusivas, dicha ejecución se deberá paralizar hasta que el procedimiento previo de cláusulas abusivas termine y su sentencia sea vinculante para dicha ejecución”, sostienen las mismas fuentes.  

La factura para España del rescate bancario sigue aumentando año tras año cuando se van a cumplir 15 desde el estallido de la crisis financiera de 2008. Eurostat acaba de actualizar el gasto de los países europeos en los programas de apoyo al sector financiero desde entonces y hasta el cierre de 2022. El organismo ha cifrado en más de 74.000 millones de euros el déficit acumulado por España en este periodo por la diferencia entre lo que inyectó en el sector y lo que ha ingresado por ello. Es el mayor desfase absoluto registrado en Europa y el sexto si se pone en relación con el PIB del pasado año.

Eurostat, el organismo estadístico de la Comisión Europea, emitió hace unos días el informe anual de evolución de deuda y déficit de los países europeos que incluye un capítulo concreto para analizar la evolución de los programas de apoyo al sector financiero que se han realizado desde 2008. El informe cifra en algo más de 89.700 millones de euros el gasto que ha tenido que asumir entre 2008 y 2022 España por los programas de inyección al sector financiero, siendo el grueso, el de 2012. Aquel fue el año, entre otros, del rescate de Bankia, CatalunyaCaixa o Banco de Valencia. Esta cifra absoluta también incluye lo destinado a la Sareb, que fue registrado en 2021 como deuda pública. En este proceso, el Estado solo ha ingresado 15.475 millones. De ahí el resultado del desfase de más de 74.000 millones.

España se mantiene así a la cabeza de los países de la UE en términos absolutos. Está por delante de los 49.000 millones de Irlanda o de los 48.000 millones de desfase en Alemania. Sin embargo, el informe de Eurostat da unos datos llamativos respecto a un pequeño grupo de países que ha logrado obtener superávit entre lo que gastó en inyecciones al sistema bancario y lo que ha recuperado por los ingresos y comisiones que ha percibido por aquellos instrumentos de ayuda a la banca. Destaca especialmente Francia, con más de 2.000 millones de saldo positivo o los 1.500 millones de Dinamarca.

España arrastra todavía los efectos de un delicado rescate bancario, cuyos efectos siguen generando gastos para el erario público. El Gobierno del PP de Mariano Rajoy puso en marcha este proceso de reestructuración bancaria asegurando que no le costaría ni un euro a los contribuyentes. La envergadura del gasto acumulado por España, los más de 89.000 millones, es difícilmente comparable con el de Francia, cuyo desembolso acumulado apenas supera los 10.000 millones, según el propio estudio de Eurostat. Fue esta agencia la que en 2021 obligó al Estado español a hacer propia la deuda de la Sareb, ya que estaba completamente avalada por las cuentas públicas.

Este año se cumplen tres lustros desde que el colapso de Lehman Brothers diera inicio a la mayor crisis financiera de las últimas décadas. Los estados realizaron fuertes desembolsos durante los años siguientes con distintas estructuras de rescate al sector bancario para evitar que se contagiara al conjunto del sistema. La caída del sector en España se produjo unos años más tarde, en 2012 y acabó con un rescate europeo con fondo de hasta 100.000 millones de euros.

El Estado, a través del FROB, inyectó miles de millones de euros en cajas de ahorros que fueron obligadas a fusionarse y a convertirse en bancos, algunas de ellas acabaron siendo absorbidas por entidades de mayor tamaño. Esto produjo un rápido proceso de concentración, que se ha cerrado recientemente con las operaciones de CaixaBank y Unicaja, y fuertes pérdidas para el Estado. Actualmente, el FROB solo cuenta con dos grandes activos para tratar de reducir su coste del rescate: el 17% de CaixaBank y algo más del 50% de la Sareb, el conocido como banco malo.

¿A qué se han destinado estos 89.000 millones de gasto en España? La parte principal del gasto se produjo en apenas cuatro ejercicios. Fueron las inyecciones de capital, las que sumaron más de 47.700 millones de euros entre 2011 y 2014. Aquí se encuadran los rescates propiamente dichos, las tomas de control en grupos como Bankia o BMN. El resto se reparte entre compras de activos, como el caso de la Sareb, que pese a que nació como entidad privada ya es considerada pública, o el pago de intereses.

Países en superávit

La agencia estadística europea aterriza estas grandes cifras en un aspecto más comparativo entre estados, el peso respecto al PIB de cada país en 2022. Según este estudio, Eurostat asegura que correspondería a un déficit acumulado (de 2008 a 2022) del 5,6% del PIB que alcanzó España el pasado año. Aunque el grueso del gasto se hizo hace una década, seguiría teniendo impacto en el déficit del pasado año, incrementándose en una décima.

En este caso, España deja en este caso de ser el país con mayor déficit acumulado por las ayudas al sector financiero. Le superan Chipre (15,8%), Grecia (14,7%), Irlanda (9,8%), Portugal (9,7%) y Eslovenia (8,7%). Cuatro países tienen superávit acumulado, de entre el 0,1% y el 0,4% respecto a sus respectivos PIB. Es el caso de Francia, Luxemburgo, Dinamarca y Suecia. Eurostat señala que esto se puede explicar por las rentas en comisiones que han recibido estos países por las garantías concedidas a las entidades financieras, pero también por las rentas que han percibido por la propiedad de instrumentos financieros adquiridos por estos gobiernos o, incluso, por ingresos a través de impuestos específicos sobre el capital, o la reventa de activos no financieros por encima del precio de adquisición.

La mayor parte de los países, por tanto, cuentan con un saldo negativo entre lo que han gastado desde 2008 en ayudas a la banca y lo que han ingresado por ello. Sin embargo, si se atiende al último año exclusivamente, son minoría los que siguen engordando este déficit. Y entre la media docena que lo hace, se encuentra España.

El conjunto de los países de la Unión Europea tenían a cierre de 2022 una deuda vinculada al rescate bancario de casi 430.000 millones de euros, según la estimación realizada por Eurostat. Durante el pasado ejercicio se ha producido un importante recorte de casi 30.000 millones. Este ajuste se ha debido fundamentalmente en Alemania. Sin embargo, Eurostat también destaca la evolución en España, que ha reducido su deuda en este apartado en casi 6.500 millones de euros. La agencia de datos achaca este descenso a la venta de activos improductivos de la Sareb durante el año pasado. El pasivo de España por el rescate quedó 78.700 millones en 2022 y, solo por esta sociedad de gestión de activos, España mantiene una deuda de 30.000 millones al cierre de 2022.

Pese a que el grueso de la crisis bancaria se produjo entre 2008 y 2013, hay países que siguen aumentando su deuda. Ha sido el caso del último año de Polonia, Irlanda o Portugal, todos ellos aumentando en más de 1.000 millones de euros. Estos dos últimos países, con Chipre y Grecia son los que tienen un mayor peso de su deuda pública vinculado al rescate bancario. Entre una quinta y una cuarta parte del pasivo de estos estados se debe a la crisis financiera de 2008 y sus impactos posteriores.

España se encuentra en un segundo escalón de países en los que más del 5% de la deuda pública está vinculada con el rescate bancario. Alemania, Bélgica o Países Bajos se encuentran este bloque. “En la mayoría de países se está produciendo una reducción del impacto durante los años más recientes”, asegura el informe de Eurostat. En Francia, Dinamarca, Suecia o Finlandia, el rescate bancario apenas tiene presencia en su deuda pública.

Dividendos, la principal fuente de ingresos

Eurostat señala que España sigue aumentando su déficit, aunque este aumento se ha frenado en el último año. En concreto, el pasado ejercicio sumó 967 millones al cálculo que hace la agencia estadística sobre el desfase en las cuentas que han generado las ayudas al sistema financiero, el nivel más bajo desde que el Estado entró en tromba en entidades como Bankia o Banco de Valencia. Fue el resultado de un gasto que superó los 1.400 millones y unos ingresos de algo más de 440 millones.

La principal fuente de ingresos que el Estado mantiene, a falta de desinversiones, como herencia del rescate están siendo los dividendos que recibe de CaixaBank y que antes percibía de Bankia. Durante el pasado año fueron 190 millones los que el FROB ingresó procedente del beneficio del grupo catalán, donde ha aumentado su participación hasta superar el 17%. Se espera que este año esta vía de ingresos aumente hasta los 250 millones. Desde 2013, el Estado ha ingresado 1.600 millones por dividendos de su participación bancaria.

La agencia estadística europea también estima el valor de las acciones que mantiene el Estado en bancos, en este caso en CaixaBank. Lo cifra en 4.778 millones de euros a cierre de 2022, un valor ligeramente superior a cómo cotizaban estas acciones este lunes en Bolsa. Esta valoración sigue lejos del rescate inyectado en Bankia y BMN y cuyas acciones se convirtieron en CaixaBank tras la fusión. De aquella inyección de capital quedan pendientes más de 20.000 millones de euros.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) avala que los inversores paguen las quiebras bancarias y no los contribuyentes, como ha ocurrido ante las úlitmas cáidas de entidades financieras en Estados Unidos y en Suiza, aunque con distintas prioridades, y como contempla la regulación europea.

Según afirma el organismo internacional en un informe publicado este mismo martes, “la absorción de pérdidas por parte de accionistas y tenedores de otros instrumentos de capital es un hecho positivo”. Pero, según continúa, “lograr que se absorban más pérdidas entre las distintas categorías de acreedores antes de poner en riesgo fondos públicos está resultando ser una tarea más difícil”.

“La comunidad internacional tendrá que hacer un balance de estas experiencias y sacar conclusiones sobre la eficacia de las reformas de los mecanismos de resolución tras la crisis financiera mundial”, recomienda el FMI.

Recientemente, el modelo de las autoridades suizas de gestión del colapso de Credit Suisse provocó un terremoto en los mercados financieros. El Banco Central de Suiza y el Gobierno rompieron con el llamado orden de prelación que estaba en vigor en Europa y en otros mercados. Este es el orden por el cual los inversores van perdiendo su dinero en caso de colapso bancario. 

En Europa, como se vio con Banco Popular, los primeros que perdieron su dinero fueron sus accionistas, y tras ello fue el turno de los bonistas. El objetivo es ir capitalizando de nuevo la entidad sin que haya una inyección de capital público. En Suiza, sin embargo, los primeros que perdieron su dinero han sido los bonistas, los ya célebres CoCos. Las autoridades optaron por dejar a cero el valor de estos activos, mientras que los accionistas sí recibirán dinero, aunque sea una parte pequeña de su inversión.

Esta decisión generó inquietud en los inversores, que llevaron a nuevas caídas al sector bancario. Tuvo que salir al paso el Banco Central Europeo (BCE). El organismo garantizó que en caso de crisis bancaria se seguiría el orden de prelación ya fijado: primero perderán su dinero los accionistas y, después, los bonistas.

En su informe, el FMI no entra en el orden de prelación. Sí que admite que las actuales turbulencias financieras han sido originadas por las rápidas y coordinadas subidas de los tipos de interés de los bancos centrales.

“La cuestión fundamental a la que se enfrentan los participantes del mercado y las autoridades es si estos hechos recientes son un preludio de más tensión sistémica que pondrá a prueba la resiliencia del sistema financiero mundial —una señal de alerta— o simplemente una manifestación aislada de las dificultades que provoca el endurecimiento de las condiciones monetarias y financieras tras más de diez años de abundante liquidez”, expone el organismo.

“Casi no cabe duda de que los cambios regulatorios adoptados desde la crisis financiera mundial, en especial en los bancos más grandes, han dotado al sistema financiero de mayor resiliencia en general; sin embargo, todavía preocupan las vulnerabilidades que podrían estar ocultas, no solo en los bancos sino en los intermediarios financieros no bancarios”, continúa.

Riesgo moral

Además, advierte de que “las tensiones surgidas en los mercados financieros están complicando la tarea de las autoridades monetarias”. Es la dicotomía entre estabilidad financiera y estabilidad de precios. Si las turbulencias “se intensifican considerablemente y se convierten en una amenaza para la solidez del sistema financiero en un contexto de alta inflación, podrían plantearse disyuntivas entre los objetivos relativos a la inflación y los relativos a la estabilidad financiera”, precisa.

Según recomienda el FMI, “a fin de contener los riesgos para la estabilidad financiera, es fundamental contar con requisitos mínimos de capital y de liquidez adecuados, incluso para instituciones más pequeñas que, individualmente, no se consideran de importancia sistémica. Las normas prudenciales deben garantizar que los bancos cuenten con capital para hacer frente al riesgo de tasa de interés y para protegerse de pérdidas ocultas que podrían materializarse abruptamente en caso de shocks de liquidez. En el entorno actual de inflación persistente y de altas tasas de interés, las autoridades deben prestar especial atención a la clasificación de los activos bancarios y a las provisiones, así como a las exposiciones a riesgos de tasa de interés y de liquidez”.

Y concluye: “Las medidas de apoyo a la liquidez de los bancos centrales deben abordar los problemas de liquidez, no de solvencia. Estos últimos incumben a las autoridades fiscales (o de resolución) pertinentes. Una parte significativa del riesgo debe permanecer en el mercado a fin de reducir a un mínimo el riesgo moral, y las intervenciones deben tener una fecha de finalización bien definida, para que las fuerzas del mercado vuelvan a actuar libremente una vez que se hayan disipado las tensiones agudas”.

El riesgo moral es el concepto económico según el que un actor, en este caso los directivos y gerentes de los bancos u otras entidades financieras, asume más riesgos si sabe que va a ser rescatado con fondos públicos o si cree que las pérdidas que podrían generar sus decisiones no tendrán consecuencias.

Miércoles 20 de julio de 2011. Un eufórico Rodrigo Rato hacía sonar la campana que daba el pistoletazo de salida a la cotización de Bankia en la Bolsa de Madrid. “Hace más fuerte a la entidad y consolida su liderato”, decía el exministro de José María Aznar tras brindar por el futuro del banco surgido de la unión de siete cajas de ahorros. Dimitió menos de un año después, Bankia necesitó 24.000 millones de rescate de dinero público y la entidad terminó por desaparecer, absorbida por Caixabank.

En los últimos días, el Tribunal Supremo ha sentenciado en firme que tampoco habrá responsables por la vía penal. Una resolución que también supone un aval definitivo al papel que jugaron los supervisores del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un proceso que terminó con una inyección de miles de millones de dinero público que, tal y como reconoció la propia Bankia poco antes de echar el cierre, no hay perspectiva de recuperar para las arcas de todos los españoles.

El caso nació en la Audiencia Nacional un año después del tañido de la campana de Rato después de que la extinta Unión, Progreso y Democracia (UPyD) presentara una querella. Por el banquillo del juzgado pasaron los máximos responsables de la entidad y todos lanzaron el mismo mensaje: pusieron la operación en marcha con el visto bueno de los supervisores bancarios y los folletos que publicitaron la salida a bolsa para captar inversores también tenían luz verde del Banco de España y la CNMV y reflejaban la realidad de sus cuentas.

Durante un breve espacio de tiempo a lo largo del año 2017 el caso Bankia vivió un espejismo cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al juez Fernando Andreu a imputar a los supervisores de la operación. Tanto del Banco de España, con su entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñéz a la cabeza, como de la CNMV, que entonces presidía Julio Segura. Ambos formaron la lista de investigados.

Pero, tiempo después, esa misma Sala cerró las puertas del banquillo de los acusados al Banco de España y la CNMV con unos argumentos que se han mantenido incólumes hasta la sentencia absolutoria firme conocida hace unos días. Las cuentas supuestamente falseadas, dijeron entonces los jueces, eran una “ficción” en la que “no interviene el Banco de España”. Si había un auditor externo que supervisaba las cuentas, dijo también, “no parece razonable exigir a la CNMV que constatara por sus propios medios que los estados financieros que se presentaban junto al folleto representasen la imagen fiel de la entidad”.

En definitiva, hace ya un lustro los jueces dijeron que no había responsabilidades que exigir a las autoridades que supervisaron la operación más ruinosa de la historia de la banca española. “La ley penal no castiga la ausencia de actividad de la autoridad económica”, afirmaron entonces.

Una década después de la apertura del caso, el Tribunal Supremo ha certificado en firme que no hay reproches penales para Rodrigo Rato y el resto de directivos de la entidad hoy absorbida por Caixabank, y tampoco para la actuación de los organismos que supervisaron todo. “Las normas contables no dejan de resultar, como todas las otras, susceptibles de diversas interpretaciones, sin que la opción por una de ellas, máxime avalada por el Banco de España, pudiera reputarse aquí como en sí misma delictiva”, dice la sentencia del Alto Tribunal.

Unos argumentos exculpatorios que, una vez descartada la responsabilidad penal del Banco de España y la CNMV, han servido también para exonerar a los que sí tomaron directamente las decisiones. Ya dijo la Audiencia Nacional, en una sentencia que sólo recurrieron algunos accionistas minoritarios, que las decisiones sobre la salida a bolsa “fueron resoluciones enteramente contempladas por el Banco de España, que además las aprobó después de calibrar las ventajas y los inconvenientes”.

Todo, dijo la Audiencia, fue “intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la Autoridad Bancaria Europea (ABE), contando en definitiva con la aprobación de todas las instituciones”. La Fiscalía, después de pedir cárcel para los acusados, renunció a recurrir y sólo lo hicieron dos accionistas minoritarios, víctimas económicas de la debacle de Bankia.

El aval del Banco de España

La absolución generalizada que ahora ha sellado el Tribunal Supremo vino por una doble vía: por entender que las acusaciones atribuían hechos poco concretos a Rodrigo Rato y los otros 33 exdirectivos, pero también por el aval del Banco de España, la CNMV y el resto de supervisores a toda la operativa. Los jueces explican que ese aval no era una carta blanca para delinquir, pero reconocen que sí jugó un papel clave para que el caso terminara sin condenas.

Esta supervisión, dice el Supremo, “no comporta una suerte de sanación de raíz respecto de cualquier irregularidad o falsedad que las cuentas de las supervisadas pudieran contener, pasara o no desapercibida a las supervisoras”. Ni tampoco un “impedimento inamovible” para exigir responsabilidades. Pero, explican los jueces para cerrar el paso a cualquier acusación, “su intervención no resulta irrelevante”.

El papel del Banco de España y el resto de supervisores, cuestionado brevemente durante unos meses de 2017 por los jueces, se ha terminado convirtiendo en el pilar maestro, aunque no el único, de la absolución de los responsables directos de la operación.

El resultado es un punto y final definitivo por la vía ordinaria a exigir cualquier tipo de responsabilidad a los que capitanearon una salida a bolsa que terminó en un rescate público de 24.000 millones de euros, el más voluminoso de una serie de rescates bancarios cuya factura asciende a más de 70.000 millones. El propio presidente del FROB reconoció hace dos años la “escasa” capacidad para recuperar este dinero.

El folleto de la salida a bolsa

En la Justicia, las responsabilidades penales se tramitan por un camino pero, muchas veces, la vertiente exclusivamente económica se ventila por otra: la jurisdicción civil. Y en ese campo el Tribunal Supremo sí ha declarado que el folleto avalado por lo penal no tenía información precisa sobre la realidad económica de Bankia, su salida a bolsa y la oportunidad que suponía comprar acciones.

“Dicho documento contenía información económica y financiera que poco tiempo después se revela gravemente inexacta por la propia reformulación de las cuentas por la entidad emisora y por su patente situación de falta de solvencia”, afirmó la sala de lo civil del Supremo en 2016. Los pequeños inversores, dijo esa sentencia, se embarcaron en la compra de acciones de Bankia sin saber que la entidad, en realidad, estaba “al borde de la insolvencia, con unas pérdidas multimillonarias no confesadas (al contrario, se afirmaba la existencia de beneficios) y que tiene que recurrir a la inyección de una elevadísima cantidad de dinero público para su subsistencia”.

Esto, según la Sala de lo Penal del Supremo, no choca con una absolución por la vía penal. Ese caso estudió la inversión de dos minoristas y los jueces de lo civil fueron explícitos al subrayar que su condena a Bankia no implicaba que sus responsables tuvieran que responder penalmente. Son “órdenes jurisdiccionales diversos”, recuerda ahora la Sala Penal del Supremo, y uno no tiene por qué influir en el otro.

La Sala Civil afirmó que el folleto tenía “graves inexactitudes” que indujeron a error. Pero, por lo penal, la Audiencia Nacional dijo que la información del folleto era “más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando”. Y que, por encima de todo, se había elaborado siguiendo requerimientos del Banco de España y bajo la supervisión de la CNMV.

La ruinosa salida a bolsa de Bankia, que desembocó en un rescate bancario de 22.000 millones de dinero público, queda impune por la vía penal. El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la sentencia que absolvió a los 34 acusados de perpetrar la operación, entre los que se encuentran el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y el exministro Ángel Acebes. La Fiscalía Anticorrupción renunció a recurrir la sentencia absolutoria y los jueces del Supremo han estudiado los recursos de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) y de Bochner España, las únicas que recurrieron y a las que se adhirieron otras partes.

Los jueces de la sala de lo penal explican que la sentencia absolutoria de sus compañeros de la Audiencia Nacional no consiguió identificar “conducta falsaria ni, en consecuencia, defraudatoria en el proceso de salida a Bolsa” en cuanto a los exdirectivos de la entidad “apta para integrar las figuras típicas que conforman los ilícitos penales invocados por la acusación”. 

La Audiencia Nacional dictó en septiembre de 2020 la sentencia absolutoria que ahora confirma el Tribunal Supremo, más de dos años después. Una sentencia que absolvió a 34 acusados al entender que la operación de salida a bolsa de Bankia salió adelante con información “amplia y certera” en los folletos y con la aprobación de todos los supervisores: el Banco de España, la CNMV, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) e incluso la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Se trata de un proceso judicial del que también quedaron excluidos tanto la cúpula del Banco de España como también de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Tribunal Supremo avala estos argumentos y rechaza, por ejemplo, la responsabilidad del Banco de España. “Las normas contables no dejan de resultar, como todas las otras, susceptibles de diversas interpretaciones, sin que la opción por una de ellas, máxime avalada por el BdE, pudiera reputarse aquí como en sí misma delictiva”, explican en su resolución firme.

Para la Audiencia Nacional todas las decisiones sobre la salida a bolsa “fueron resoluciones enteramente contempladas por el Banco de España, que además las aprobó después de calibrar las ventajas y los inconvenientes” de las mismas. El proceso, además, fue “fue intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el FROB y la EBA, contando en definitiva con la aprobación de todas las instituciones”, dijo la Audiencia Nacional.

6 de mayo de 2012. Noche. En la sede del Ministerio de Economía y Competitividad se reúnen el entonces ministro, Luis de Guindos, y los cuatro principales banqueros del país: Isidro Fainé (La Caixa), Francisco González (BBVA), Emilio Botín (Santander) y Rodrigo Rato (Bankia). Es su segundo encuentro en 48 horas para valorar la situación del sistema financiero español, en este caso centrado en Bankia. La entidad heredera de Caja Madrid y otra media docena de cajas se encuentra al borde del colapso y Rato intenta defender su plan para reflotar y sanear el grupo. Al término de la reunión, el que fuera responsable del “milagro económico” del PP asume la realidad y anuncia su dimisión. 72 horas más tarde se producía la nacionalización de Bankia, el mayor rescate financiero de la historia de España.

Esta cena en una noche de domingo –“un modesto tentempié”, según el relato de Guindos en sus memorias– protagonizó una parte del juicio sobre la salida a Bolsa de Bankia y todos los implicados –salvo Botín, por su fallecimiento– tuvieron que dar sus versiones de lo allí ocurrido. En ocasiones, estos relatos han chocado sobre lo que realmente se dijo en ella. Lo que se ha dado como hechos probados, que aparece en la sentencia del caso Bankia, es que dos días antes, el 4 de mayo, Guindos convocó a los cuatro banqueros citados en su Ministerio. El objetivo era informarles de que se iba a aprobar un Real Decreto que obligaría a hacer mayores provisiones en la banca para afrontar las pérdidas. Rato, en el transcurso del encuentro, pide otra reunión, en este caso para centrarla en Bankia.

En el mismo lugar y con los mismos presentes, pero cuarenta y ocho horas después, el que fuera vicepresidente del Gobierno defendió que el plan que había trazado para salvar a la entidad era suficiente y que no necesitaría más aportaciones por parte del fondo de rescate, el FROB. Todo ocurrió, según relató Rato, en “el despacho circular que está frente al despacho del ministro”. Según figura en la sentencia, “el señor ministro don Luis de Guindos, secundado por los presidentes del BBVA y Santander, señores González y Botín, consideró insuficiente el plan explicado por don Rodrigo de Rato, entendiendo que era necesario incrementar la cifra de ayudas públicas en una cuantía muy superior a los referidos 7.000 millones de euros, cercana a los 15.000 millones de euros, extremo que el señor Rato estimó inasumible y desproporcionado”. En ninguno de los dos encuentros estuvo presente Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, el supervisor del sector bancario.

Rato defendió en el juicio que fue una “encerrona” y que a él lo “cesaron”. Pero aquí es donde empiezan las versiones contradictorias. Guindos aseguró que “había desconfianza en el plan, pero no se entró en cuestiones personales”, y apuntó que fue Rato el que le sugirió que dimitiría. González, del BBVA, reconoció que “le dije que lo mejor era que dimitiera porque no podría conseguir ese capital. El señor Botín estaba de acuerdo y el ministro creo que también”. Fainé, según esta versión y la que él mismo planteó en el juicio, no habría presionado para su salida y habría visto con mejores ojos el plan de Rato.

Fuera como fuere el nivel de presión que recibió Rato, aquella reunión inició una cuenta atrás de 72 horas que acabó con el anuncio de la nacionalización de BFA, la entidad matriz de Bankia. Al día siguiente de la reunión, el que fuera director del Fondo Monetario Internacional anunció públicamente su dimisión con un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una dimisión de la que posteriormente se arrepintió, según reconoció Guindos en su intervención en el Congreso durante la comisión de investigación de la crisis financiera. “En ese momento sí le dije: usted dimite inmediatamente porque ya lo ha comunicado a la CNMV”, aseguró el hoy vicepresidente del BCE.

El día 9 de mayo fue un día intenso en la entidad. A las 13:00 horas Rato convocó un consejo de administración de Bankia, donde dimitió y propuso a José Ignacio Goirigolzarri para ponerse al frente del grupo. A las 18:30 horas, hizo lo propio en BFA, la matriz del banco. “En tal acto, todos los asistentes, consejeros de la entidad, mostraron su apoyo y efusivas felicitaciones a don Rodrigo de Rato por su actuación al frente de las entidades BFA y Bankia”, reza la sentencia del caso Bankia. A las 20 horas, el consejo, ya con Goirigolzarri en la presidencia, informa a la CNMV que prevé convertir en acciones las participaciones preferentes que tenía el FROB (el Estado).

Bankia ya había quedado nacionalizada. Sin embargo, unas semanas más tarde, el 25 de mayo, la nueva dirección del banco reconocías, tras haberse reformulado las cuentas, que la situación del banco precisaba de una mayor inyección de dinero público. La nueva petición fue de 19.000 millones.

Estos días se cumple, por tanto, una década de aquellas reuniones secretas en el Ministerio de Economía entre banqueros y de las jornadas posteriores que causaron un grave daño a las cuentas públicas. El juicio del caso Bankia dejó todo este proceso, que incluye la creación de Bankia, la salida a Bolsa y la reformulación de sus cuentas –pasando de ganancias a unas pérdidas millonarias–, sin responsables. Los 34 acusados, con Rodrigo Rato a la cabeza, quedaron absueltos y, judicialmente, el mayor rescate financiero de la historia de España ha quedado sin culpables. La Audiencia Nacional entendió que no cabía condenar a los acusados porque todo lo que se hizo contaba con el aval del Banco de España. Sin embargo, los supervisores no fueron juzgados.

¿Qué fue de quienes acudieron a aquella cita? Guindos dejó en 2018 el Gobierno y ahora es vicepresidente del Banco Central Europeo. González dimitió de la presidencia de BBVA en 2018, presionado por el escándalo de la supuesta contratación del excomisario Villarejo por parte del banco. Botín falleció en 2014. Rato ha protagonizado buena parte de la crónica judicial de los últimos años con casos como el de las tarjetas black, por el que cumplió dos años de prisión, y por el caso Bankia, donde fue absuelto; entre otras causas que siguen abiertas. Fainé es el único de aquellos banqueros que sigue siendo poderoso. Ya no desde la presidencia del banco, pero sí desde la Fundación LaCaixa, principal accionista de CaixaBank, que, precisamente, acabó absorbiendo hace un año a Bankia.

Una quinta parte del rescate

Diez años después, el Estado sigue teniendo una patata caliente sobre la mesa, al igual que ocurre con la Sareb, el banco malo. En lo que respecta a Bankia, se inyectaron 24.000 millones (sumando las ayudas que recibió BMN, posteriormente absorbida). Solo una pequeña parte de aquel millonario rescate ha sido recuperada. De ese total hay que restar unos 1.100 millones que el Estado recibió en dividendos de Bankia en los años en los que fue su accionista mayoritario. Además, ya realizó dos desinversiones en el grupo bancario en 2014 y 2017, que se tradujeron en unos 1.300 y otros 800 millones. Se añaden otros 210 millones que ha recibido de dos dividendos como propietario del 16% de CaixaBank en el último año. Pese a todo, el importe pendiente de recuperar sigue, una década más tarde, por encima de los 20.000 millones.

La actual participación del Estado en CaixaBank, al igual que ocurría con el 61% que tenía en Bankia, no sirve para cubrir ese importe. Cuando en agosto de 2020 se anunció la fusión de ambas entidades, las acciones que tenía el FROB en el banco rescatado tenían un valor de 1.939 millones. Un año después de anunciarse el acuerdo, el paquete accionarial, entonces ya en el banco catalán, equivalía a unos 3.400 millones. A día de hoy, el 16% de CaixaBank cotiza en Bolsa con un valor de algo menos de 4.000 millones de euros. De este modo, el banco tendría que incrementar por cinco su valor bursátil para que el Estado recuperara el rescate, algo que se antoja muy difícil a día de hoy.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el Real Decreto Ley que permite al Estado asumir una posición de control en la Sareb, conocida popularmente como banco malo. La norma, que entra en vigor este jueves, incluye más detalles sobre el cambio de estatus de esta sociedad que absorbió el ladrillo tóxico de la banca rescatada en 2012 y que ha provocado, casi una década después, que el Estado haya tenido que engrosar su deuda pública en 35.000 millones de euros. La principal cuestión que figura en la norma aprobada esta semana en el Consejo de Ministros es que, como ocurriera con Bankia, la Sareb seguirá siendo privada y no formará parte del patrimonio del Estado aunque este tenga el control del accionariado.

Lo que hace la nueva norma es corregir la de 2012 que creó la Sareb para permitir que el Estado, a través del fondo del rescate bancario (FROB), pueda superar el 50% de las acciones, algo que no era posible hasta la fecha. El Gobierno toma esta decisión después de que en marzo del año pasado se constatara, tras la obligación por parte de Eurostat, que la deuda que queda pendiente en el banco malo —35.000 millones de los 50.000 millones iniciales— es pública, ya que estaba respaldada por el Tesoro. También afecta el fiasco de esta herramienta llamada a limpiar los balances de los bancos afectados al déficit del Estado.

El FROB, accionista también del 16% de CaixaBank tras la absorción de Bankia, tiene el 45,9% de las acciones de Sareb, mientras que el resto está en manos del sector privado, tanto bancos (salvo BBVA) como aseguradoras. Con la nueva norma, se podrá superar el 50%, en una operación que el Gobierno defiende que no conllevará nuevos desembolsos ya que se hará con precios testimoniales. Pese a que esto supone, de facto, que el Estado controlará la sociedad, quiere evitar convertir a la Sareb en una empresa pública. “Se prevé que el FROB pueda llegar a una posición mayoritaria en el capital de Sareb sin que ésta adquiere la condición de sociedad mercantil estatal”, señala el preámbulo del Real Decreto aprobado el martes. “La sociedad se mantendrá sometida al ordenamiento jurídico privado”, subraya.

Esta situación recuerda a la de Bankia. También en 2012, el FROB desembarcó en el capital de la entidad bancaria y se hizo con la mayor parte del capital. Esta participación se redujo hasta el entorno de un 62% del banco, que nunca operó como una entidad pública. Sus propios gestores, con José Ignacio Goirigolzarri —hoy presidente de CaixaBank— a la cabeza, eludían esa posibilidad y funcionaron con independencia. El FROB, de hecho, ni formaba parte del consejo de administración.

La justificación que da el Gobierno para que la Sareb siga en el ámbito privado y no se convierta en una sociedad mercantil del Estado se basa en que se busca “garantizar que la potencial toma de control no suponga un cambio en su capacidad de actuación como instrumento de resolución”. Considera el Ejecutivo que es la mejor manera de que cumpla con sus objetivos de desinversión paulatina de los activos que tiene en su cartera procedentes de la crisis financiera.

El Real Decreto, sin embargo, sí habilita al Estado a controlar los salarios de la cúpula de la Sareb. Este tema ha sido en el pasado polémico en el seno de la sociedad que, aunque no era pública, sí que tenía al FROB como principal accionista. El asunto llegó al Congreso en preguntas parlamentarias, aunque el Gobierno, entonces del PP, las despachó justificando que los altos salarios de la sociedad —una media de 105.000 euros— correspondía a las remuneraciones del sector financiero e inmobiliario. Esa media entre costes de personal y número de empleados se ha moderado hasta los 94.000 euros. En el último ejercicio con las cuentas publicadas, 2020, el entonces presidente de la sociedad, Jaime Echegoyen, cobró 375.375 euros, aunque en algunos ejercicios su salario se acercó a los 500.000 euros. Echegoyen fue relevado en 2021 por Javier García del Río.

El Gobierno, de este modo, asimilará la remuneración de los altos cargos de la compañía a la de otras empresas estatales, inferiores a las que venían cobrando hasta la fecha. “Se considera necesaria y urgente la sujeción de las políticas remuneratorias de la compañía al principio de eficiencia presupuestaria”, señala el Real Decreto. Aunque se da tres meses a la Sareb para que se adapte a su nueva realidad societaria, el Ejecutivo hace que este apartado sea una realidad desde el mismo día en que entra en vigor la reforma de la norma, este jueves.

Cuestión de semanas

Por el momento no hay un plazo fijado para que el Gobierno comience a ejecutar la operación para asumir el control de la entidad. El Gobierno no busca hacerse con el 100% de las acciones, sino que el objetivo es superar el 50% para controlar la toma de decisiones. Actualmente tiene el 45,9%, por lo que precisa poco más del 4% para superar esa barrera. Fuentes del sector señalan que, aunque no existe urgencia por acometer estos traspasos, es cuestión de las próximas semanas.

El Ejecutivo pretende que esta operación no suponga un mayor coste para las arcas públicas, de ahí que se hable del precio “testimonial” de un euro. Al tiempo, las citadas fuentes del sector confían en que se puedan compensar fiscalmente la mayor parte posible de las pérdidas que han sufrido, y así amortiguar el impacto de estas operaciones. Este sería, apuntan, el asunto a negociar entre el Gobierno y los accionistas. Además del FROB, son accionistas de Sareb Banco Santander (22,3%), CaixaBank (12,24%), o Sabadell (6,6%). El resto de accionistas quedan por debajo del 3%. Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos descartan que se vaya a intentar alcanzar el 100% en esta toma de control.

El cambio de status para la Sareb llega más allá de la propiedad o del control de los salarios. El Gobierno explica en el Real Decreto que se habilita al banco malo para ceder viviendas a entidades públicas o entidades no lucrativas, “incorporando así la utilidad social dentro del objetivo de optimización de valor”. De este modo, se pretende “reforzar” una serie de cesiones que se habían producido en el pasado dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Sareb, convirtiéndola en una línea dentro de la estrategia. Organizaciones sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o partidos como Unidas Podemos han reclamado en el pasado que las viviendas propiedad de la Sareb pasasen al parque público de viviendas y sirvieran para alquileres sociales.

El decreto también modifica algunos aspectos formales de la Sareb. Por ejemplo, desaparece la comisión de seguimiento de la entidad. Esta comisión estaba formada por representantes de Asuntos Económicos, Hacienda, la CNMV o el Banco de España y controlaba que se cumplieran los objetivos estratégicos de la sociedad. “El seguimiento de la actividad de la sociedad y la comprobación del cumplimiento de sus objetivos se realizará directamente a través de los órganos de control de la sociedad” tras la toma de control por parte del FROB, apunta el Real Decreto.

Además, las decisiones del FROB sobre la gestión de las acciones, participaciones, etc. las tomará su comisión rectora en una composición reducida —sin el Banco de España y la CNMV—, con el objetivo de evitar “la participación de los supervisores en las decisiones estratégicas y corporativas de una entidad supervisada”. Estas decisiones serán tomadas por una comisión compuesta por la presidenta del FROB, Paula Conthe, tres representantes de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y dos del Ministerio de Hacienda.

Viernes 31 de agosto de 2012, primeras horas de la tarde. Palacio de La Moncloa. “La reestructuración bancaria se hace con un objetivo básico y fundamental: que no cueste un euro al contribuyente”. “Que esta sociedad —Sareb— no genere pérdidas es muy importante desde el punto de vista de minimizar el impacto del contribuyente”. Estas frases corresponden, respectivamente, a la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Economía Luis de Guindos.

El Consejo de Ministros acababa de aprobar las normas de reestructuración del sistema bancario español que incluían la creación de un “mal llamado” banco malo, como aseguraron entonces. Se convertiría a la postre en la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) y asumiría el ladrillo tóxico de la banca rescatada.

Martes 18 de enero de 2022, primeras horas de la tarde. Palacio de La Moncloa. El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto para que el Estado pueda tomar el control de la Sareb y superar el 50% de las acciones de la sociedad. La reforma no se menciona en la posterior rueda de prensa y se despacha con una nota de prensa. La decisión busca “adecuar la gobernanza a la nueva realidad contable e institucional”. Diez meses antes, Europa había obligado a España a asumir como propia la deuda de 35.000 millones de euros de la Sareb, lo que engrosó el dato de la deuda pública.

Entre ambas citas han pasado algo más de nueve años. Casi una década de uno de los instrumentos más polémicos utilizados durante la crisis financiera iniciada en 2008, que en España se tradujo en el reventón de una colosal burbuja inmobiliaria. La Sareb se creó para limpiar el balance de los bancos rescatados de los activos tóxicos, como préstamos impagados o inmuebles adjudicados. El Estado, a través del FROB, asumió el 45,9% de las acciones de esta sociedad. El resto lo asumieron la mayoría de las grandes entidades bancarias, algunas aseguradoras y, posteriormente, la filial inmobiliaria de Iberdrola, con una participación testimonial.

Se creó con 50.000 millones de euros en activos y con el objetivo de llegar a 2027 con una desinversión completa de la misma, sin generar pérdidas y sin incrementar el coste del rescate bancario.

Su filosofía, según planteó entonces Guindos, era obligar a aquellas entidades que recibían un rescate por parte del FROB a que derivaran a la Sareb sus activos tóxicos, aquellos que eran incapaces de producir para el banco: préstamos impagados, créditos a promotores, suelo sin construir, viviendas adjudicadas, etc. El banco malo se encargaría de dar valor a estos activos y, finalmente, venderlos para recuperar la inversión. El objetivo, apuntaban, era que este proceso no dejara pérdidas ni para la entidad que traspasaba los activos ni para la Sareb.

El banco malo fue uno de los compromisos que asumía España con el rescate europeo, anunciado unas semanas antes. “El préstamo –como conoce perfectamente– se da en condiciones muy ventajosas y no se va a generar ningún coste para la sociedad, sino todo lo contrario”, había defendido previamente Guindos. Unas palabras compartidas por su superior, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. “El crédito es a la banca y lo va a pagar la banca”, señaló en el Congreso.

Sobre el papel, y a falta de conocer el destino final de esta sociedad, la conversión de Sareb en una sociedad pública ha aumentado la factura del rescate bancario en España. Según los registros del Banco de España, el sector bancario español recibió 64.000 millones, de los que unos 22.000 millones fueron cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos y el resto, 42.000 millones, a través del fondo del rescate bancario (FROB). La última estimación del organismo daba por perdidos más de 54.000 millones. A ello se suman, por el momento, los 35.000 millones de deuda que asume el Estado con la Sareb.

La sociedad todavía tiene un mandato de cinco años, por lo que el coste final de esta operación está todavía por verse. Además, se ha planteado la posibilidad de retrasar esa fecha con el fin de maximizar la recuperación de fondos, como ya ha ocurrido en tres ocasiones con la inversión del Estado en Bankia, ahora CaixaBank.

Aval del Estado

El banco malo nació como una entidad privada y, por tanto, quedaba fuera del perímetro de las cuentas públicas, que ese año cerraron con un déficit público (sin contar las ayudas a la banca) del 6,7%. Tenía naturaleza privada, pero la deuda que se emitió para cubrir la adquisición de los activos tóxicos de la banca estaba respaldada por el Estado. Así ha sido hasta marzo de 2021. Eurostat, el organismo europeo de estadística, obligó entonces al Gobierno a asumir como deuda del Estado los 35.000 millones de euros que quedan en el pasivo de la sociedad, al ser su responsable último pese a no tener el control de la sociedad.

Pese a que el Ejecutivo mostró a Bruselas su disconformidad con esta decisión, tuvo que asumir esta operación que no solo afectaba a la deuda sino también al déficit, al tener que sumar 9.000 millones del patrimonio negativo de la sociedad.

Puesto que las deudas y las pérdidas de la Sareb comenzaron a formar parte de las cuentas públicas, el Gobierno comenzó a gestar el movimiento de toma de control de la sociedad, para así tomar las riendas por completo de la misma. Según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos, esta operación se hará con un coste testimonial y no precisará de nuevos desembolsos. “La reclasificación de Sareb como unidad perteneciente al sector de las Administraciones Públicas, así como su situación patrimonial, hacen imprescindible modificar su régimen jurídico para adaptarla a la situación actual. Esta modificación tiene como objetivo adecuar de forma ágil la gobernanza a la nueva realidad contable e institucional”, ha señalado el departamento de Nadia Calviño.

Problemas con la valoración de los activos

La Sareb nació a finales de 2012. Arrancó ya con una deuda de 50.000 millones de euros, avalada por el Tesoro. Con este dinero se financió la adquisición de esos activos tóxicos pertenecientes a nueve entidades rescatadas (Bankia, Catalunya Banc o Banco de Valencia, entre otras). Este punto de arranque ya generó suspicacias posteriormente, ya que en repetidas ocasiones se ha dudado sobre si se dio una valoración excesiva a aquellos activos, algo que fuentes del actual Gobierno comparten.

Desde entonces se han ido realizando desinversiones, que era el objetivo principal de esta sociedad. A cierre de 2020, últimos resultados presentados, el nivel de la deuda —ya convertida en pública— se situaba ligeramente por debajo de los 35.000 millones.

La sobrevaloración inicial de los activos ha sido una de las principales rémoras que ha tenido el banco malo desde su arranque. El propio expresidente de la entidad Jaime Echegoyen, sustituido el año pasado, reconoció esta realidad en repetidas ocasiones. “Hubo un sobreprecio pagado en el momento de la adquisición de activos”, explicaba Echegoyen en una presentación de resultados de la compañía. “Sareb compró al precio que se le dijo y nada puede hacer para cambiarlo”.

Quienes determinaron estos valores fueron las auditoras Oliver Wyman y Roland Berger y el Banco de España. La gestión de los contratos con terceros —conocidos como servicers, que gestionan la cartera— o la contratación de determinados derivados financieros fueron otras decisiones tomadas por la sociedad que han sido ampliamente criticadas.

Pese a los avances que sí se han producido en las desinversiones, la sociedad no ha podido dejar nunca atrás las pérdidas, pese al compromiso que dio Guindos de que la sociedad “fuera viable” y “no generase pérdidas en su horizonte temporal”. Entre 2012 y 2020, según las cuentas publicadas por la propia Sareb, ha perdido más de 5.000 millones de euros. Los números rojos no solo no se han atenuado con el paso de los años sino que se han acelerado en los últimos ejercicios. El exministro y hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) ha seguido defendiendo la creación del banco malo todos estos años. “Por mi experiencia, es un instrumento poderoso”, aseguraba hace unos meses.

Por el momento, la toma de control del Estado en el accionariado de la Sareb no se ha producido. Lo que ha aprobado el Ejecutivo es dar cobertura legal a que el banco malo pueda tener una participación mayoritaria del Estado. Este segundo paso se iniciará ahora, aunque fuentes del Ministerio ya adelantan que alcanzar el 100% de las acciones no es el objetivo del Gobierno. Con esta capacidad para superar la barrera del 50% el Ejecutivo seguirá sondeando al resto de accionistas para que traspasen su participación a cambio de una cantidad “testimonial”.

El Ejecutivo tendrá así pleno control sobre una entidad que todavía guarda en su balance 15.300 millones de euros en inmuebles y otros tantos en préstamos, especialmente de promotores que ha ido convirtiendo en nuevos edificios. Actualmente tiene un mandato hasta 2027 para poder desinvertir en estos activos y reducir los 35.000 millones de euros de deuda.

Además, el Ministerio asegura que el hecho de alcanzar el control de la sociedad permitirá “reforzar su capacidad de colaboración con organismos públicos y entidades no lucrativas con experiencia y competencias en el ámbito de la vivienda social”. Está por ver si esto se traduce a futuro en el uso del catálogo de viviendas de Sareb dentro del parque público, como han defendido distintos colectivos habitualmente.

En julio se cumplió una década desde que un sonriente y confiado Rodrigo Rato, pulgar en alto, agitara la campana de la Bolsa de Madrid, dando comienzo a la cotización de Bankia. Aquella operación no salió bien, los problemas que se intentaron acallar se hicieron más patentes y acabó con un rescate multimillonario tras haber tenido que reformular unas cuentas que afloraban unas pérdidas abultadas frente a los beneficios anunciados inicialmente. Fueron 22.000 millones de euros, más otros casi 2.000 millones a BMN, absorbida años después por el banco público. El próximo 4 de septiembre se cumple un año desde que se iniciara el principio del fin del banco público, cuando CaixaBank y Bankia revelaban que negociaban una fusión.

Aquella operación fue defendida por el Gobierno, al menos por la parte socialista, y el FROB, sociedad a través de la cual el Estado era accionista de Bankia, como una forma de incrementar el valor de la participación pública en el negocio. Así ha sido. El anuncio de las negociaciones disparó el precio de los títulos del banco, aunque en las semanas siguientes fue moderándose. A final de marzo y principio de abril, una vez cumplidos todos los trámites de la operación, el Estado pasó de tener un 61% de Bankia a ser el segundo accionista de CaixaBank, con el 16%, frente al 30% de la Fundación La Caixa.

El 3 de septiembre de 2020, la víspera de conocerse la negociación, la participación pública en Bankia valía en Bolsa 1.939 millones de euros, frente a los 3.400 millones actuales. Es decir, en 12 meses, el valor de las acciones públicas en banca se ha disparado en torno a un 76%. La recuperación paulatina que está teniendo la banca este año —las acciones de CaixaBank se han revalorizado un 26%, Santander un 25%, BBVA un 40%, Bankinter un 45% y Sabadell un 70%—, así como el recibimiento en el mercado de las fusiones bancarias, han ayudado al Estado a incrementar esa valoración.

Sin embargo, el aumento sigue siendo insuficiente para lograr recuperar una parte significativa de las ayudas que el Estado inyectó en Bankia en 2012. La cuenta es como sigue. Son algo más de 24.000 millones de euros los que se destinaron a Bankia y BMN. De ese total hay que restar unos 1.100 millones que el Estado recibió en dividendos de Bankia en los años en los que fue su accionista mayoritario. Además, ya realizó dos desinversiones en el grupo bancario en 2014 y 2017, que se tradujeron en unos 1.300 y otros 800 millones. Con ello, la cifra pendiente de recuperar se sitúa por encima de los 20.000 millones, contando con que en primavera ya recibió su primer dividendo procedente de CaixaBank, que rondó los 34 millones de euros.

Con estas cifras sobre la mesa, los 3.400 millones que ronda actualmente la valoración de las acciones que tiene el FROB en CaixaBank, se antojan todavía muy lejanos hasta los más de 20.000 millones pendientes de recuperar del rescate. La participación estatal tiene un valor equivalente a algo menos de la sexta parte de aquel dinero que se inyectó en el banco que sacó a Bolsa Rato, que fue sustituido por José Ignacio Goirigolzarri, quien ha acabado presidiendo CaixaBank tras la fusión.

Para vender estas acciones existe un calendario, pero ha sido modificado ya en tres ocasiones. La última, en primavera, cuando el Gobierno prorrogó dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2023. Para esa fecha, el FROB debería haber vendido sus títulos en CaixaBank, aunque como ha pasado en el pasado, podría volver a retrasarse.

El FROB defendió desde el primer momento la operación. La actual presidenta, Paula Conthe, argumentó en el Congreso que el hecho de que el Estado dejara de tener una posición de control en el accionariado le facilitaba la posibilidad de vender pequeñas participaciones espaciadas en el tiempo. En el mercado se entiende habitualmente que cuando se venden grandes paquetes de acciones de una vez, se puede tener que realizar rebajas en el precio. “La operación genera valor y mejora las perspectivas de la estrategia de desinversión”, argumentó.

“Limitada o escasa” recuperación del rescate

Sin embargo, ni Conthe ni su antecesor, Jaime Ponce, han querido en sus intervenciones públicas hacer una estimación de cuánto puede recuperarse en CaixaBank. Preguntado en el Congreso por la fusión, Ponce aseguró que “nuestra capacidad de recuperar las ayudas es 'limitada o escasa', el adjetivo lo ponen ustedes [a los diputados]”. Conthe, meses más tarde, en la misma comisión, lo reconoció: “podemos decir cuánto hemos gastado pero es difícil decir cuánto vamos a recuperar”.

La propia vicepresidenta Nadia Calviño también defendió en el Congreso la operación sin avanzar una previsión de cuánto se puede recuperar para el Estado. “La conclusión es que esta operación sobresale como la que más valor genera de entre todas las posibles y que, por lo tanto, mejora las posibilidades de recuperar las ayudas públicas y defender, así, el interés de los contribuyentes españoles”.

Como referencia de cuánto se puede recuperar del rescate, sirva el documento anual que publica el Banco de España donde se desgranan las ayudas del rescate financiero y proyecta la posible recuperación de las mismas. El último fue publicado a finales de 2019, con datos hasta el cierre de 2018. Entonces, se confiaba en recuperar 9.560 millones. Este dato, dos años antes de la fusión con CaixaBank, supone casi el triple del valor actual de las acciones del Estado y menos de la mitad de lo pendiente por recuperar.

Además de las ventas de acciones, el Estado tiene en los dividendos otra vía para recuperar parte del dinero. Los citados 34 millones de la pasada primavera fueron una cuestión testimonial porque los bancos tenían limitado el dividendo que podían dar a sus accionistas. Ese límite se levanta a final de septiembre y CaixaBank ha sido una de las entidades que ha comprometido un mayor nivel de dinero para sus accionistas, suponiendo el 50% del beneficio. De ese capital, el 16% irá a las arcas del Estado.

Aunque no fue una desinversión —se cambiaba el 61% de una entidad mediana por el 16% de una grande—, la absorción de Bankia fue entendida por algunos como un cierre a la puerta de tener una banca pública en España, como señalaron en su momento desde Unidas Podemos. El socio de Gobierno del PSOE entendía que era “reprivatizar” Bankia y “una mala noticia” para la economía española.

Lo cierto es que Bankia, pese a estar controlada mayoritariamente por el Estado, nunca funcionó como un servicio público o una herramienta de política económica. Su consejo de administración siempre operó con bastante independencia. Esto ha cambiado con la operación de CaixaBank. El Estado, ahora sí, tiene asiento en el consejo e hizo notar su voz en la primera junta de accionistas que tuvo la entidad tras la fusión, al votar en contra de la subida de sueldo de la cúpula mientras se estaba planteando el mayor ERE de su historia.

La Sareb genera un nuevo quebradero de cabeza al Estado. El conocido como banco malo guarda buena parte de los activos tóxicos de las entidades rescatadas en la anterior crisis financia y, aunque el Estado era el principal accionista, funcionaba como una sociedad privada, fuera del ámbito de las cuentas del Estado. Esta concepción cambia ahora y la deuda de esta compañía, nacida en 2012, pasará a formar parte de la deuda pública. En concreto, 35.000 millones de euros que eran deuda de Sareb serán interpretados desde el 31 de diciembre de 2020 como deuda pública.

Se trata de un cambio contable algo complejo. Es Eurostat, el organismo estadístico de la Unión Europea, el que ha obligado al Gobierno a incorporar dentro del perímetro de las cuentas públicas esta sociedad. Esto obedece a que cuando se creó, en 2012, existía una normativa contable dentro del organismo que permitía a los Gobierno que crearon instrumentos de este tipo no tener que considerarlo dentro de sus cuentas (deuda y déficit, fundamentalmente). Esta norma cambió años más tarde y desde entonces el Eurostat y el Gobierno español negociaban una alternativa para evitar que esto impactara de forma significativa en las cuentas del Estado, según señalan fuentes del Ejecutivo, pero la doctrina del Eurostat ha terminado por imponerse.

Para comprender bien esta situación hay que remontarse hasta el año 2012. En pleno rescate financiero, con el hundimiento de las antiguas cajas de ahorros y un sector financiero en el abismo, el Gobierno de Mariano Rajoy, con Luis de Guindos como Ministro de Economía, opta por la creación de la Sareb, una sociedad en la que incorporar los activos tóxicos de la banca española. De este modo, los bancos rescatados lograban limpiar sus balances y afrontar sus problemas con ese desahogo. Aquella sociedad nacía con una participación mayoritaria del sector privado, aunque el Estado se quedaba con el 45,9% del capital.

Para adquirir aquellos activos la Sareb emitió deuda que, a la postre, estaba avalada por el Estado. En aquel momento se entendía que se trataba de una empresa privada, sujeta a las normas contables privadas, y con una influencia del Estado limitada exclusivamente al peso que tenía en su accionariado. Era el primer accionista pero no tenía el control. De este modo, la contabilidad nacional no incorporaba en sus cuentas el impacto de esta operación, que, de haberlo hecho, se debería haber sumado a los más de 60.000 millones destinados a rescatar a las entidades en crisis tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Ahora el criterio de Eurostat es distinto. Al ser el Estado el responsable último de esa deuda, como avalista, el cambio en la normativa contable obligaba a que esos 35.000 millones de deuda que todavía tiene Sareb, pasasen a ser considerados como deuda del Estado. Es decir, lo que hasta ahora era considerada la deuda de una sociedad privada pasa a ser considerada como pasivo del Estado. Fuentes del Gobierno señalan que el Ejecutivo discrepa con esta decisión, al entender que se han cambiado las reglas a mitad de partido y que supone funcionar ahora con una normativa distinta a aquella con la que nació Sareb. Tras años de negociaciones, se ha tenido que acabar incorporando a las cuentas públicas. Con este cambio, la deuda de 2020 pasará de ser del 117,1% al 120%. Al fuerte impacto que ha tenido la crisis sanitaria se debe incluir ahora el de la reconsideración de Sareb.

Sareb nacía en 2012 con un mandato que llegaba hasta 2027. Para entonces, la empresa tendría que haber vendido todos sus activos. Las citadas fuentes señalan que el Gobierno abogaba por esperar a conocer la situación de la sociedad para aquella fecha, con el fin de abordar entonces los cambios contables necesarios. Señalan, por tanto, que este cambio de consideración de la sociedad no es algo repentino sino que se viene fraguando en los últimos años, aunque se haya hecho efectivo con fecha a 31 de diciembre de 2020.

Eurostat tuvo en cuenta en 2012, cuando se creó Sareb, una serie de condiciones para no considerarlo dentro del déficit y la deuda pública. En primer lugar, que tuviera capacidad de decisión autónoma del Estado, algo que se ha llevado a cambio en su forma de funcionar estos años. En segundo lugar, que no fuera participado mayoritariamente por el Estado, algo que también se ha seguido cumpliendo. El resto de condiciones, como que estuviera dedicada específicamente a la desinversión o que no generase pérdidas significativas, estaba contemplado en un inicio pero no ha terminado por cumplirse.

Más de 9.000 millones al déficit

Las pérdidas de la Sareb es el gran problema en la sociedad que ha derivado en este cambio de consideración. El banco malo nació con un proyecto de generar rentabilidad a futuro. Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta y las pérdidas año tras año han ido erosionando el capital con el que se creó la compañía. Esta situación hace que el Estado no solo tenga que asumir la deuda de Sareb sino también sus pérdidas, lo que se corresponderá a un aumento del déficit. Los ajustes contables tras las elevadas pérdidas han llevado a la sociedad a tener un patrimonio negativo que a cierre de 2019 era de 9.000 millones de euros.

Fuentes del Gobierno señalan que no está claro todavía cuál es el impacto de absorber esta situación en el déficit pero avanzan que será la suma de esos 9.000 millones con las pérdidas que haya tenido la Sareb en 2020, dato que se conocerá la próxima semana. En cualquier caso apuntan que tendrá la misma valoración para las autoridades europeas que el rescate financiero, por lo que confían en que no tenga un impacto en los procedimientos de déficit excesivos con los que las autoridades comunitarias controlan las cuentas de los Estados.

De este modo, ocho años después del rescate bancario, el Estado se ve obligado de nuevo a absorber en sus cuentas el resultado de aquella inyección de capital y de la creación del banco malo. En lo que respecta a la deuda y el déficit públicos procedentes de Sareb, su evolución dependerá fundamentalmente del valor en el que se puedan vender los activos que todavía mantiene en balance. En base a esas ventas se podrá reducir la deuda y los resultados negativos de la entidad. Las citadas fuentes evitan valorar cuánto podrá finalmente cubrirse y señalan que todavía queda hasta 2027 para realizar estas operaciones.

Sin embargo, ante el gran volumen de activos que quedan en el balance de Sareb y la importante cantidad de deuda pendiente de pago, en el Gobierno comienzan a reconocer que una posible alternativa será ampliar el periodo de vida del banco malo, para lo que se tendrá que negociar con Bruselas y con el resto de accionistas.

Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez y la ministra Nadia Calviño han evitado criticar públicamente este mecanismo, fuentes del Ejecutivo reconocen su incomprensión de algunas de las decisiones que se han tomado en el seno de Sareb. Así, apuntan que desde el comienzo se infraestimó las dificultades de que un instrumento de este tipo se iba a encontrar con el tiempo. Por ejemplo, señalan que la contratación de determinados derivados financieros, el uso de terceros para gestionar los activos (servicers) o los precios con los que se transfirieron los activos en un primer momento han agravado los problemas que tenía el banco malo.

La situación del banco malo ha resultado, finalmente, más negativa de lo que se previó en un primer momento para el erario público. Cabe recordar que en 2012 el entonces ministro Luis de Guindos trasladó al equipo económico del PP que esta operación “nunca” tendría un impacto en los costes para el contribuyente. A 31 de diciembre de 2020, ocho años después, se han incorporado 35.000 millones a la deuda pública española.

El Consejo de Ministros se reunió de urgencia un domingo. Fue tal día como hoy en 2009, justo hace 10 años. Sobre la mesa, la primera intervención de una entidad financiera en España sobrevenida por la crisis financiera mundial, que había estallado meses antes. Fue el entonces ministro de Economía Pedro Solbes el que anunció el rescate de Caja Castilla-La Mancha. Pero lo hizo con un mensaje de tranquilidad: “El sistema financiero sigue siendo enormemente sólido”. El tiempo no le dio la razón.

Las dudas en la economía eran crecientes desde que el año anterior se desplomó Lehman Brothers y se tambaleó el sistema financiero mundial. Pero fue con Caja Castilla-La Mancha cuando en España comenzábamos a escuchar la palabra ‘rescate’, que tan archiconocida se haría durante los años siguientes. Aunque en aquel primer momento se habló de intervención por parte del Banco de España para dar liquidez a la entidad, de la que se defendía por el organismo y por el Gobierno que era “solvente”.

El sistema fue algo distinto a los que después sucedieron, ya que todavía no existía el fondo del rescate, el FROB, que se creó meses más tarde. En primer lugar se sustituyó a la cúpula de la entidad, dirigida entonces por el exdiputado socialista Juan Pedro Hernández Moltó, por parte del Banco de España. Posteriormente, el Estado anunció una línea de avales de hasta 9.000 millones. A día de hoy, aparece cifrado, a través de distintos instrumentos, en 4.715 millones.

Fue la primera pero, desde luego, no la última. Desde entonces una quincena de entidades recibieron dinero público a través del FROB o ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos. En 2011 y 2012 se vivieron los años más difíciles con entidades como Bankia, la CAM, Banco de Valencia o Caixa Catalunya. En total, se destinaron 64.349 millones de euros, según los últimos datos del banco de España, para rescatar bancos.

A día de hoy, una década después de aquel primer rescate, se han recuperado apenas 4.477 millones de euros, según el Banco de España. El resto, salvo 9.857 millones que se prevén recuperables en una hipotética venta de Bankia, se dan por perdidos.

Precisamente este fue el mayor rescate. Junto con BMN, empresa que acabó absorbiendo, sumó una inyección de más de 24.000 millones. Continúa estando en manos del Estado, que controla más del 60% y que ha ido retrasando la fecha de venta de la entidad por las grandes pérdidas que se prevén de la operación, tal y como cotiza actualmente la empresa en Bolsa.

Caja Castilla-La Mancha fue la primera pieza del dominó de la cajas de ahorros que cayeron cuando estalló la burbuja inmobiliaria, por su alta exposición al ladrillo. En total, el Banco de España cuantifica en 15 entidades financieras las que recibieron o bien ayuda del FROB o bien del Fondo de Garantía de Depósitos.

¿A dónde fueron los 64.000 millones de euros del rescate financiero?

Distribución de las ayudas financieras a las entidades financieras rescatadas y destino final tras la reestructuración bancaria. Incluye las ayudas del FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos (2009-2017)

Fuente: Banco de España

¿Los responsables de todo aquello? Es algo hoy por hoy difuso. La comisión de investigación que trabajó esta legislatura en el Congreso acabó con una lectura un tanto complaciente de la influencia política en esta debacle, pese a que todas las cajas estaban gobernadas por políticos. “Queda desmentida”, aseguraba un documento que salió adelante por los votos de PSOE y PP. Este escrito apuntaba a “determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses particulares”. Dirigían a la vez su mirada al Banco de España y los problemas de supervisión.

Este fue el juicio político, pero las cajas han llegado también a la vía judicial. Decenas de banqueros se han sentado por distintos casos ligados con la debacle de las cajas, como los sobresueldos, las inversiones dudosas o las operaciones fallidas. Algunos, no todos, han sido condenados, aunque la mayoría no ha pisado la cárcel o lo ha hecho de manera breve. Con una gran excepción: Rodrigo Rato cumple condena por las tarjetas black de Caja Madrid y ahora se enfrenta a una nueva pena por la salida a Bolsa de Bankia. Los directivos de Caixa Penedés, de Caja Castilla-La Mancha, o de la CAM, que fueron condenados, no entraron en la cárcel y el presidente de Novacaixa Galicia salió a los meses, mientras que el resto de los directivos encarcelados disfrutaron de permisos un año después.

Un nuevo sector financiero

El panorama en el sector financiero hoy en día es bien distinto a aquel. Hablamos de un sistema más concentrado, con menos empleo, menos oficinas y una creciente desconexión con poblaciones rurales, que con la caída de las cajas vieron desaparecer las sucursales en sus localidades.

Uno de los ejemplos más evidentes del cambio es la concentración. Las más de sesenta entidades que había antes del estallido de la crisis, en la actualidad se han ido integrando con 11 bancos relevantes en España. Un número que puede verse incluso reducido si llega a buen puerto la fusión entre Unicaja y Liberbank que actualmente se encuentra en negociación, creando el sexto mayor banco de España.

Esta concentración se vio impulsada principalmente por la propia legislación para poder acceder a rescates. Se crearon los SIP (Sistema Institucional de Protección), que en la práctica suponía la fusión del negocio bancario de las cajas, creando grupos que en su origen se pretendía que fuesen más solventes, pero no siempre funcionó. Véase Bankia. De hecho, la comisión de investigación en el Congreso reconoce que fue un instrumento erróneo. Otros ejemplos fueron Banca Cívica, Liberbank, Caja 3, Kutxabank o BMN.

Entidades más grandes como BBVA, CaixaBank o Sabadell fueron absorbiendo estas cajas, que vieron en ello una oportunidad para ampliar su presencia en zonas donde no tenían una destacada posición. Además se incentivaban estas operaciones con los conocidos como EPA (Esquema de Protección de Activos), que eran garantías ante posibles pérdidas que daba el FROB. España pasa por ser, junto a Grecia, el país europeo donde más se ha concentrado el sector financiero. Pese a ello, parece que la concentración no se ha terminado.

De estas fusiones se sobrevino otro de los cambios, el adelgazamiento del sector. Según datos de sindicatos como CCOO desde el estallido de la crisis se han despedido a más de 83.000 personas hasta 2017. Pero el recorte continúa. Este año ya hemos visto el caso de CaixaBank, con el anuncio de un ERE que afectaría a más de 2.100 empleos, a los que se unirá también Banco Santander, tras ejecutar la fusión de la red de Banco Popular, con unas cifras que pueden ser igualmente altas.

Además, más de 18.000 sucursales han desaparecido en una década de crisis, el 40% de las que había en 2008. Las fusiones creaban duplicidades en una sola entidad que se saldaba con planes de cierres. Planes que se mantienen todavía a día de hoy con distintos programas para desprenderse de locales, agrupando su actividad en oficinas algo más grandes. Esto ha provocado problemas de exclusión bancaria, especialmente en el medio rural, y se estima que más de 4.100 municipios españoles ya no tienen oficinas financieras, según datos del IVIE.

Todos estos cambios han tenido efecto en un sector muy ligado hace una década con la banca: el inmobiliario. Si cuando estalló la burbuja los bancos se encontraron como los grandes propietarios de inmuebles, los fondos de inversión se han convertido gracias a la debacle de las cajas en los grandes dueños inmobiliarios del sector, comprando grandes carteras de activos con precios muy reducidos. Cerberus, Blackstone o Lone Star, nombres que hace una década desconocíamos, hoy son los grandes caseros en España.

De Caja Castilla-La Mancha a Banco Popular

Pero los rescates han seguido sucediéndose hasta hace bien poco, pese a la mejora que se le supone al sector financiero en España. Y es que en 2017 las autoridades comunitarias tuvieron que reconocer la inviabilidad de Banco Popular, que fue intervenida y colocada al Banco Santander.

Fue el primer ejemplo en España de una entidad rescatada desde las instituciones europeas, que desde 2014 son las que manejan la supervisión de gran parte del sector financiero español, en detrimento del Banco de España que apenas se ha quedado al cargo de pequeñas entidades y cooperativas de crédito.

Y además, su sistema fue distinto al de Bankia, por ejemplo. En este caso, se produjo lo que se conoce en jerga financiera como bail-in, que supone cargar sobre bonistas, accionistas y acreedores el rescate, frente al bail-out que supone la inyección de capital público. Pero este método todavía queda por ser examinado en los distintos casos judiciales que hay en España y en Europa impulsados por los afectados que perdieron el dinero de su inversión en Popular.

El Estado aportó directamente 54.353 millones de euros al rescate a la banca en los años de la crisis. Y la mayor parte de ese dinero de los contribuyentes no será recuperado. Lo han señalado varios informes de diferentes entidades, el último fue el Banco de España el 23 de noviembre, y este martes en Bruselas la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha compartido el diagnóstico del banco central español: sólo se recuperará lo que se saque de la venta de Bankia y se perderán por el camino 40.000 millones de euros.

“Las ayudas públicas a la banca sirvieron para garantizar la estabilidad del sistema financiero y conseguir que el sistema canalizara crédito”, ha explicado Calviño al término del Eurogrupo y el Ecofin este martes, quien ha añadido: “Tenemos un plan para abordar la privatización de Bankia, y el sistema financiero ha de contribuir a través del sistema fiscal a garantizar esa estabilidad y el aumento del bienestar”.

¿Dan por perdidas entonces las ayudas? “La privatización de Bankia será un instrumento fundamental para recuperar una parte de las ayudas. No doy nada por perdido, pero ha leído el informe del Banco de España como yo. El objetivo es recuperar al máximo las ayudas concedidas y los instrumentos son los que he mencionado”.

El informe del Banco de España recoge que apenas se han recuperado 5.150 millones de los aportados hasta el 31 de diciembre de 2017, y cifra en 42.017 millones el dinero que se perderá y no se recuperará.

Bankia y BMN, fusionadas el año pasado, suponen 24.000 millones de los 54.353 millones inyectados. Otros de los principales receptores fueron Catalunya Banc, con 12.000 millones, y Novacaixagalicia, con 9.000 millones.

El principal de estos rescates, el de Bankia, afronta el juicio sobre las responsabilidades de la cúpula de la entidad en su salida a Bolsa. El Banco de España calcula que de los 24.000 millones de euros inyectados por el FROB en la entidad, el “importe recuperable estimado” por su venta ronda únicamente los 9.800 millones.

Además de los 54.353 millones del FROB, la banca ha recibido otros 10.000 millones del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, la hucha de los bancos para crisis.

Salvaguarda bancaria

El Eurogrupo, después de 18 horas de reunión, ha acordado poner fecha al arranque de un sistema de salvaguarda bancaria: 2024 –aunque podría adelantarse si no hay riesgos en el sistema–. Eso sí, tanto la garantía de depósitos para los cuentacorrentistas como el seguro de desempleo comunitario han sido pospuestos. “La zona euro se ha hecho pasito a paso”, ha afirmado Calviño.

El mecanismo será una solución de emergencia para situaciones en las que los recursos del Fondo Único de Resolución (FUR) no son suficientes para hacer frente a una quiebra bancaria. Debe intervenir como último recurso para costear las intervenciones europeas de bancos en quiebra y evitar el rescate público.

El Eurogrupo, además, ha acordado reforzar las competencias del fondo europeo de rescate, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El refuerzo es para la supervisión económica y el diseño y vigilancia de rescates, tareas que compartirá con la Comisión Europea. Los países del euro con dificultades, además, podrán tener acceso a una línea preventiva de ayuda antes un eventual rescate, que estará sujeto a un “nivel apropiado de condicionalidad”.

No obstante, los ministros recordaron que el apoyo del fondo de rescate tiene que ser “el último recurso” e ir acompañado de “un nivel apropiado de condicionalidad”.

El Eurogrupo, no obstante, ha pospuesto la idea de un presupuesto para la eurozona que mejore la competitividad y convergencia de los países que proponen Francia y Alemania. Además, no hay consenso para que este presupuesto común se use también para estabilizar las economías de países que atraviesen crisis concretas o para incluir un sistema de seguro de desempleo europeo, medida que apoya España.

Tampoco han conseguido cerrar un plan para iniciar los debates políticos sobre el fondo único de garantía de depósitos (EDIS), el tercer pilar de la Unión Bancaria: los ministros constataron que “se necesita más trabajo antes de poder iniciar las discusiones políticas” para ponerlo en marcha, según explicó el presidente del Eurogrupo.

Medidas para España

Calviño, además, ha restado importancia a las medidas adicionales que el Eurogrupo ha pedido al Gobierno español para que el Presupuesto de 2019 cumpla con las reglas fiscales europeas: “Este tipo de documentos están bastante estandarizados. Se trata de una plantilla que se ha utilizado casi de forma similar para todos los países que están en la misma situación”.

A su juicio, se trata de una “recomendación estándar” que se ha dado a los cinco países cuyo plan presupuestario, según el análisis de la Comisión Europea, corre el riesgo de incumplir las provisiones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En la misma línea, ha apuntado que “nadie aprecia ningún tipo de riesgo” sobre la sostenibilidad de la deuda pública española a medio plazo. “No es un tema que se esté planteando, en absoluto”, ha zanjado.

Además, ha insistido en que los objetivos incluidos en el borrador presupuestario remitido a Bruselas “están dentro de los márgenes” del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y ve “normal” que la Comisión Europea tenga unas previsiones de ingresos de los nuevos impuestos menores con respecto a las que calcula el Gobierno.

Además de España, la Comisión Europea advirtió a Bélgica, Francia, Portugal y Eslovenia de que el borrador presupuestario que remitieron a las autoridades comunitarias de que sus planes económicos para el próximo año podría incumplir las normas.

“El Eurogrupo invita a todos estos Estados miembros a considerar a tiempo las medidas adicionales necesarias para atajar los riesgos identificados por la Comisión y asegurar que su presupuesto de 2019 cumple con las provisiones del Pacto”, ha pedido en una declaración pactada.

Con toda su anterior cúpula juzgada, y ahora condenada, por las tarjetas black, Bankia busca dejar atrás uno de los capítulos más oscuros de la compañía y del sector financiero español. Lo hace con la intención de ser un banco profesional, que se quite el sanbenito de aquella época. Pero no es el último terremoto que le queda a la entidad. La otra gran causa judicial, que investigará la salida a Bolsa a partir de noviembre, y la privatización marcarán el próximo año de la empresa que hoy preside José Ignacio Goirigolzarri.

La investigación de las black se inició por una información exclusiva de eldiario.es publicada el 13 de diciembre de 2013. Esa información destapada por eldiario.es durante la investigación de los correos de Blesa provocó una auditoría interna en la actual Bankia, que confirmó el escándalo y lo envió a la Fiscalía Anticorrupción. Los correos de Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid llegaron a la redacción de eldiario.es a través de una fuente anónima derivada por la plataforma ciudadana Xnet.

El Estado se mantiene como el accionista mayoritario del grupo, a través del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), que ostenta más del 60% del capital. Según el plan inicial, el organismo que gestionó el rescate financiero en 2012 debería salir del accionariado de la compañía a finales del próximo ejercicio.

El Gobierno inyectó 22.400 millones de euros en el rescate a la entidad financiera. De ese total, a través de dividendos y de dos ventas de participaciones, la última en diciembre de 2017, el FROB ha recuperado apenas 2.800 millones. Así, todavía faltan unos 19.500 millones por recuperar. Sin embargo, la participación del organismo en la entidad, apenas supone 6.848 millones.

El valor en Bolsa actual de Bankia es de 3,6 euros por acción, pero pese a haber encadenado unas semanas de subidas, todavía se encuentra por debajo de los más de 4 euros con los que empezó el año. La compañía ha sufrido, al igual que el resto del sector, un mal 2018 en el mercado por el retraso en las expectativas de las subidas de tipos de interés del BCE. Sin embargo, en el caso de Bankia hay una presión extra respecto a sus competidores. Los analistas consideran que el hecho de tener la nube de la privatización encima y ser una de las entidades que más está afectada a los tipos de interés bajos lastran todavía más su valor bursátil. Sin tener en cuenta los dividendos que reciba en este periodo, el Estado necesitaría que el valor por acción fuera de 10,40 euros, un nivel que nunca ha alcanzado la compañía.

Así, la ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoció este mismo mes que pese a que el objetivo es la privatización, “no es momento para planteárselo por los bajos precios” y que se tiene que trabajar por “maximizar la recuperación de las ayudas”. “Más que correr, lo importante es recuperar ayudas públicas”, aseguró.

Uno de sus predecesores en el cargo, Luis de Guindos, llegó a asegurar a comienzos de este año tras dejar el Ministerio, que había que privatizar Bankia “cuanto antes”. Sin embargo, tanto Calviño como Román Escolano, quien sustituyó a De Guindos, han mostrado más cautela, ya que en la situación actual las pérdidas para el Estado serían millonarias.

Pese a esta situación y a la intención de ampliar en la medida de lo posible la amortización del rescate, el Ministerio mantiene los planes de salida en 2019 y apunta que no se ha planteado todavía su ampliación.

En esta idea ha incidido también recientemente el propio presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, quien señaló que “no parece el mejor momento”. Sus rivales en el sector bancario apuestan sin embargo por una Bankia privatizada más pronto que tarde. “No creo en los bancos públicos, cuanto antes se privatice, mejor”, aseguró Francisco González, presidente de BBVA, en una entrevista con ABC hace unas semanas. En esta línea se han movido también otros directivos del sector.

En cuanto al negocio, Bankia es en la actualidad la quinta mayor entidad de España por volumen de activos, superando los 208.000 millones de euros, y la cuarta en capitalización bursátil, con unos 11.000 millones. La empresa se encuentra inmersa en la integración de BMN, entidad con la que se fusionó el pasado año, en una de las últimas operaciones de concentraciones financieras en España, y tras la cual tiene abierto un ERE para 2.000 personas.

La empresa se encuentra además desarrollando un plan estratégico hasta 2020, periodo en el cual pretende multiplicar el reparto de dividendos. De decidir Economía mantener su participación en Bankia, podría recibir 1.500 millones de euros, según las previsiones de la entidad. Otros de los puntos de esta estrategia supone dirigir a la empresa a nuevos nichos y reducir su exposición al mercado hipotecario, uno de sus principales lastres durante la crisis económica.

La Sociedad de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) ha amortizado de forma extraordinaria bonos senior por 857,5 millones de euros, con lo que el volumen total de deuda cancelada desde su creación en 2012 asciende al 25,4%, según ha informado el conocido como banco malo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La sociedad presidida por Jaime Echegoyen se constituyó en 2012 con la compra de 50.781 millones de euros en activos procedentes de las cajas de ahorro, que eran fundamentalmente préstamos al promotor. Para llevar a cabo esta actuación, la Sareb emitió deuda senior avalada por el Tesoro.

Del total, el banco malo ha cancelado, en términos absolutos, unos 12.835 millones de euros en casi seis años, con lo que aún queda por amortizar los 37.906 millones de euros. La Sareb se constituyó en 2012 con un  plazo máximo de 15 años de vigencia, durante el cual debería acometer las desinversiones en todos sus activos. Tendría todavía algo más de nueve años para amortizar casi el 75% de la deuda.

El Estado es el primer accionista de Sareb, a través del fondo de rescate bancario, el FROB, que mantiene en torno al 45% de las acciones. Recientemente este organismo anunció que se anotó en 2017 un deterioro de 947 millones en su inversión en el banco malo. El resto de los accionistas de la entidad son las principales entidades financieras.

Concretamente, la Sareb ha amortizado en esta ocasión un total de 8.575 títulos de bonos senior 2016-4, 2015-4, 2017-2 y 2016-2, equivalentes los dos primeros a un importe nominal global de 605,3 millones y el resto de 252,2 millones de euros, con lo que el valor total asciende a 857,5 millones de euros.

Fuentes financieras han aclarado a Europa Press que los intereses de la deuda vencen anualmente en diciembre y en febrero, y se vuelven a renovar, mientras que, dado el caso de que no pudieran cancelarse dichos títulos por no haber generado el suficiente efectivo, se tendría que activar el aval del Estado.

Los ingresos de la Sareb provienen de la venta de los inmuebles y carteras de créditos adquiridos, que son utilizados para financiar la propia actividad de la sociedad y las cancelaciones de deuda.