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El FMI avala que los inversores paguen las quiebras bancarias y no los contribuyentes

En la caída de Credit Suisse, las autoridades suizas han situado como primeros damnificados a los propietarios de bonos, y en segundo lugar a los accionistas.

Daniel Yebra / Diego Larrouy

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) avala que los inversores paguen las quiebras bancarias y no los contribuyentes, como ha ocurrido ante las úlitmas cáidas de entidades financieras en Estados Unidos y en Suiza, aunque con distintas prioridades, y como contempla la regulación europea.

Según afirma el organismo internacional en un informe publicado este mismo martes, “la absorción de pérdidas por parte de accionistas y tenedores de otros instrumentos de capital es un hecho positivo”. Pero, según continúa, “lograr que se absorban más pérdidas entre las distintas categorías de acreedores antes de poner en riesgo fondos públicos está resultando ser una tarea más difícil”.

“La comunidad internacional tendrá que hacer un balance de estas experiencias y sacar conclusiones sobre la eficacia de las reformas de los mecanismos de resolución tras la crisis financiera mundial”, recomienda el FMI.

Recientemente, el modelo de las autoridades suizas de gestión del colapso de Credit Suisse provocó un terremoto en los mercados financieros. El Banco Central de Suiza y el Gobierno rompieron con el llamado orden de prelación que estaba en vigor en Europa y en otros mercados. Este es el orden por el cual los inversores van perdiendo su dinero en caso de colapso bancario. 

En Europa, como se vio con Banco Popular, los primeros que perdieron su dinero fueron sus accionistas, y tras ello fue el turno de los bonistas. El objetivo es ir capitalizando de nuevo la entidad sin que haya una inyección de capital público. En Suiza, sin embargo, los primeros que perdieron su dinero han sido los bonistas, los ya célebres CoCos. Las autoridades optaron por dejar a cero el valor de estos activos, mientras que los accionistas sí recibirán dinero, aunque sea una parte pequeña de su inversión.

Esta decisión generó inquietud en los inversores, que llevaron a nuevas caídas al sector bancario. Tuvo que salir al paso el Banco Central Europeo (BCE). El organismo garantizó que en caso de crisis bancaria se seguiría el orden de prelación ya fijado: primero perderán su dinero los accionistas y, después, los bonistas.

En su informe, el FMI no entra en el orden de prelación. Sí que admite que las actuales turbulencias financieras han sido originadas por las rápidas y coordinadas subidas de los tipos de interés de los bancos centrales.

“La cuestión fundamental a la que se enfrentan los participantes del mercado y las autoridades es si estos hechos recientes son un preludio de más tensión sistémica que pondrá a prueba la resiliencia del sistema financiero mundial —una señal de alerta— o simplemente una manifestación aislada de las dificultades que provoca el endurecimiento de las condiciones monetarias y financieras tras más de diez años de abundante liquidez”, expone el organismo.

“Casi no cabe duda de que los cambios regulatorios adoptados desde la crisis financiera mundial, en especial en los bancos más grandes, han dotado al sistema financiero de mayor resiliencia en general; sin embargo, todavía preocupan las vulnerabilidades que podrían estar ocultas, no solo en los bancos sino en los intermediarios financieros no bancarios”, continúa.

Riesgo moral

Además, advierte de que “las tensiones surgidas en los mercados financieros están complicando la tarea de las autoridades monetarias”. Es la dicotomía entre estabilidad financiera y estabilidad de precios. Si las turbulencias “se intensifican considerablemente y se convierten en una amenaza para la solidez del sistema financiero en un contexto de alta inflación, podrían plantearse disyuntivas entre los objetivos relativos a la inflación y los relativos a la estabilidad financiera”, precisa.

Según recomienda el FMI, “a fin de contener los riesgos para la estabilidad financiera, es fundamental contar con requisitos mínimos de capital y de liquidez adecuados, incluso para instituciones más pequeñas que, individualmente, no se consideran de importancia sistémica. Las normas prudenciales deben garantizar que los bancos cuenten con capital para hacer frente al riesgo de tasa de interés y para protegerse de pérdidas ocultas que podrían materializarse abruptamente en caso de shocks de liquidez. En el entorno actual de inflación persistente y de altas tasas de interés, las autoridades deben prestar especial atención a la clasificación de los activos bancarios y a las provisiones, así como a las exposiciones a riesgos de tasa de interés y de liquidez”.

Y concluye: “Las medidas de apoyo a la liquidez de los bancos centrales deben abordar los problemas de liquidez, no de solvencia. Estos últimos incumben a las autoridades fiscales (o de resolución) pertinentes. Una parte significativa del riesgo debe permanecer en el mercado a fin de reducir a un mínimo el riesgo moral, y las intervenciones deben tener una fecha de finalización bien definida, para que las fuerzas del mercado vuelvan a actuar libremente una vez que se hayan disipado las tensiones agudas”.

El riesgo moral es el concepto económico según el que un actor, en este caso los directivos y gerentes de los bancos u otras entidades financieras, asume más riesgos si sabe que va a ser rescatado con fondos públicos o si cree que las pérdidas que podrían generar sus decisiones no tendrán consecuencias.

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