El personal –profesorado y administrativo– del Instituto Superior de Danza Alicia Alonso (ISDAA), que gestiona el grado universitario oficial de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en Artes Visuales y Danza, lleva siete meses sin cobrar su nómina. Esta situación es la última consecuencia de un conflicto que se viene arrastrando desde 2020 a raíz del convenio que firmó décadas atrás la universidad con el centro, privado, para que gestionara ese grado, una disputa que se ha enquistado en los tribunales en los últimos años tras el intento (fallido) de la URJC de retomar el control sobre los estudios.

Fuentes de la URJC explican que no pueden pagar el casi millón de euros que cada año venían abonando al centro porque el convenio no está vigente y no hay ningún soporte para realizar ese pago de dinero público a un instituto privado, razón por la que el Consejo Social (una entidad que fiscaliza los presupuestos universitarios) ha paralizado el abono. Alberto García Castaño, director del Alicia Alonso, replica que la Justicia ha dictaminado en reiteradas ocasiones que mientras no resuelva sobre el fondo (si la universidad puede recuperar la gestión de los estudios y cuándo) no cambia la situación (que la URJC debe abonar el canon anual). Lo inequívoco, admitido por ambas partes, es que la URJC no ha pagado y, consecuentemente, 32 trabajadores del IDAA no cobran desde que arrancó el curso, allá por septiembre.

Un conflicto de cinco años

Aunque la URJC ya llevaba al menos un año intentando resolver la situación a su favor, el origen de este conflicto se remonta a 2020. Ese año la universidad, inmersa en pleno escándalo Cifuentes, intentó poner orden en su estructura. Entonces el rectorado decidió que el convenio que había firmado en 2002 Gustavo Villapalos, mandatario de la universidad en aquel momento, con el ISDAA para que este instituto gestionara su grado oficial de Artes Visuales y Danza y dos másteres era excesivamente opaco y oneroso (960.000 euros al año), por lo que la URJC se haría cargo del mismo a partir de ese momento.

“La Universidad no quiere seguir poniendo el dinero, sin controlarlo, en un instituto que es el único que opera dentro de sus instalaciones, con un título que es de la propia Universidad”, explicaron fuentes oficiales del centro en su momento. Dado que el espacio físico que ocupa el instituto es de la universidad, la mayoría de ese dinero –que el ISDAA recibe en concepto de “precio de servicio”, porque las tasas que paga el alumnado se las queda la URJC– se destina a las nóminas del profesorado y el resto del personal.

La URJC ofreció al instituto convertirse en centro adscrito, según su propia versión, para que pudiera conservar su oferta formativa privada bajo el paraguas de la universidad, pero ya sin los estudios oficiales. Sin embargo, según el rectorado, el ISDAA no aceptó. García Castaño replica que el instituto ofreció a la Universidad dar por finalizado el convenio, pero ajustándose a la ley, lo que implicaba un periodo de seis años, lo que dura el proceso de extinción de un título para que el alumnado que lo está cursando lo pueda finalizar.

No hubo acuerdo y la universidad que dirige Javier Ramos emitió una resolución por la que requería al centro privado que abandonara el aulario IV del campus de Fuenlabrada que viene ocupando y le retiraba la gestión de los títulos oficiales.

Pero la Justicia rechazó la decisión del rector al considerar que había “prescindido total y absolutamente” de todos los trámites legalmente establecidos y declaró la nulidad del procedimiento. Además, adujo el juez, con el curso académico ya comenzado no se podía andar tocando el grado porque se perjudicaría el estudiantado. El Instituto de Danza Alicia Alonso podía seguir impartiendo las titulaciones de la URJC.

Al año siguiente la universidad volvió a la carga. Comunicó al ISDAA que retomaba el control de su grado, y como tal empezó a actuar incluida la contratación de personal para impartir las materias. Pero el Alicia Alonso no estaba de acuerdo y se acabó llegando a una situación en la que durante unos días de octubre, en la URJC se estuvieron impartiendo dos grados paralelos de Artes Visuales y Danza, destinados ambos a obtener el mismo título. Luego se pasó de dos grados a ninguno, dejando a 400 alumnos tirados. En algún momento se llegó al extremo de que se ofrecieran dos asignaturas el mismo día a la misma hora y en la misma clase con distinto profesor, uno de la universidad y otro del instituto, según denuncian los alumnos.

Cada año un poco más tarde

La Justicia volvió a dar la razón al ISDAA, que mantuvo el control sobre los estudios, situación que se ha mantenido hasta este curso. El director del instituto denuncia que cada año que ha pasado se han postergado más los pagos. “En 2021 nos pagaron en enero, en 2022 en febrero, el año pasado el 5 de marzo y este el pago brilla por su ausencia”, explica.

García Castaño asegura que tienen 19 autos y una sentencia que les dan la razón. Que la URJC no puede hacerse cargo de los estudios porque el plan está aprobado por el Consejo de Ministros con una determinada estructura (el ISDAA imparte el 90% de la docencia, la URJC el 10%; la universidad ingresa las tasas y a cambio le paga un “precio por servicio” al ISDAA de 960.000 euros anuales, una cuota que se calcula a partir del coste de las matrículas más una compensación) y que solo el mismo Consejo de Ministros puede cambiar si no hay acuerdo entre las partes, como es el caso.

García Castaño sostiene que no pagarles es “una estrategia de acoso” porque el ISDAA, que es un centro sin ánimo de lucro, no tiene fondos propios y por tanto no ha podido abonar las nóminas del personal y además está incurriendo en deudas con Hacienda.

La situación ahora es que el Instituto Superior de Danza Alicia Alonso ha pedido medidas cautelares al juzgado para recibir el dinero que, creen, les corresponde. Cinco años después, el conflicto está exactamente en el mismo sitio, los juzgados, que serán los que acaben dirimiendo quién tiene razón. Mientras tanto, 32 profesionales están trabajando gratis y 400 estudiantes cursan unos estudios de futuro incierto.

El 21 de marzo de 2018 la ola feminista del 8M más multitudinario, el que marcó para siempre el movimiento en España, todavía no había decaído. Faltaban dos años para que toda la población estuviese confinada en los días más duros de la pandemia, y algo más de dos meses para que una moción de censura (y la corrupción del PP) tumbasen el Gobierno de Mariano Rajoy y auparan a Pedro Sánchez a la Moncloa. Pablo Iglesias y Albert Rivera aún lideraban los partidos que habían cuestionado los cimientos del bipartidismo. En un tiempo en el que Isabel Díaz Ayuso todavía no copaba titulares, el futuro político de una de sus predecesoras al frente de la Comunidad de Madrid comenzaba a resquebrajarse. Y con él se torcía también, o al menos sufría algún bache, el de miles de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Cuando elDiario.es comenzó a publicar las informaciones sobre las notas falsificadas en el máster de Cristina Cifuentes, el alumnado se vio sumido en una mezcla de vergüenza, indignación, resignación y en algunos casos hasta reafirmación personal de aquello que ya intuían sobre su propio centro de estudios. Porque aunque estudiantes que conversan con Somos Madrid reconocen el “injusto estigma” que les acarreó, hay quienes no consideran que se trate de un caso aislado, aunque sí “excepcionalmente grave, mediático y dantesco”.

Así lo define Álvaro (26 años), que por aquel entonces cursaba tercero de Periodismo y Comunicación Audiovisual en el campus de Vicálvaro. El centro del escándalo, ya que en él se ubicaba el polémico y ya desaparecido Instituto de Derecho Público. Ahora prepara unas oposiciones al cuerpo de funcionarios del estado, alejado del ámbito en el que se formó.

Es una de las personas que comparten para este medio su visión sobre lo ocurrido hace un lustro y un balance sobre cómo les ha influido en estos cinco años. Álvaro recuerda que, pocos días antes de que saltaran las primeras noticias, entrevistó junto a un amigo al rector, Javier Ramos, para un trabajo de la carrera. El contraste entre las loas a la gestión universitaria del dirigente y el día a día que ellos experimentaban ya le resultó “chocante” de entrada, pero le resultó particularmente evidente cuando se conoció el máster con notas falsificadas de Cifuentes.

Alumnos “vilipendiados” con la eterna “coña del café”

Álvaro creía por entonces, y no ha cambiado de opinión con la perspectiva del tiempo, que el caso Máster “no es más que el síntoma de toda una institución podrida”. Y añade: “Probablemente lo estén muchas universidades de nuestro país y del mundo, pero eso no le quita importancia y gravedad, no es ninguna excusa. Además, creo que la nuestra lo está con especial énfasis. Nos hacemos un flaco favor si usamos eso para restarle peso a las diversas corruptelas que la URJC en particular hizo (y hace). En el resto de mi experiencia universitaria, tanto en la Universidad de Cádiz como en la Universidad Carlos III, el panorama era muy distinto, sobre todo en algo tan básico como sentir que, como alumno, no eres continuamente vilipendiado”.

Menciona otras controversias previas en la Rey Juan Carlos, como la concesión del título honoris causa a Rodrigo Rato (y las reticencias para retirárselo) o los plagios académicos que provocaron la dimisión del anterior rector. Pero nunca hubo tantos focos sobre los campus de la URJC como aquel marzo de 2018. La frase “esta tarde salgo en la tele” dejó se ser excepcional en las aulas. Se convirtió en habitual ver a periodistas alrededor de las instalaciones, microfonando estudiantes que respondían preguntas con rabia, aunque sin dejar de tomárselo con humor: “Nos llegan memes, pero el verdadero meme somos nosotros”, es una de las grandes frases que dejó aquello. Que todavía perdura.

Habla de ello Guillem (27), que por entonces cursaba cuarto de Matemáticas e Informática (grados de los que era representante estudiantil) en Móstoles, otro foco de atención ya que en ese campus se encuentra rectorado: “Con los compañeros de trabajo siempre está la coña cuando tomamos el café”. A nivel puramente profesional dice “tener suerte”, ya que supone que “en muchos sitios donde se preocupan por la imagen pública te descartan más fácilmente”.

En el resto de mi experiencia universitaria el panorama era distinto, sobre todo en algo tan básico como sentir que, como alumno, no eres continuamente vilipendiado

Guillem trabaja como científico de datos mientras prepara su tesis (en la Universidad Carlos III). Cree que al buen discurrir de su trayectoria profesional que ha contribuido su máster de inteligencia artificial (en la Escuela Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid). “No quise repetir en la Rey Juan Carlos para prevenir”, reconoce. Es, al igual que Álvaro, una encarnación de la sangrante pérdida de alumnado de másteres en la URJC, que alcanza el 40% desde el Caso Cifuentes.

El lugar donde cuecen “todavía más habas”

Con la perspectiva que le otorga haber pasado por otras dos universidades, Guillem sostiene que “en todos los sitios cuecen habas”, aunque en la Rey Juan Carlos “todavía más”. En su memoria lo ocurrido “fue bastante más gordo de lo que se ve en otras partes”, pero coincide con Álvaro en que “llegado un momento no te sorprende nada” porque “había muchas movidas muy turbias en la universidad”.

Asegura que “no le extrañó a nadie que dieran ese paso más de directamente regalar másteres”, en referencia también al caso de Pablo Casado. Lamenta que la gente empezara a conocer el nombre de la universidad, algo diluido entre la oferta formativa de la Comunidad de Madrid, a raíz de estas maniobras. La URJC quedó ligada para siempre, o al menos para un tiempo que alcanza ya los cinco años, a la corrupción y la falta de esfuerzo.

Álvaro no quiere olvidarse de todo el profesorado y el personal “que intenta hacer su trabajo lo mejor posible”, pero considera que es una universidad “oscura” ya desde su origen. Surgió por iniciativa del entonces dirigente autonómico, Alberto Ruiz-Gallardón, que se materializó en 1996. Por aquel entonces era consejero de Educación Gustavo Villapalos, exrector de la Complutense y precisamente un amigo personal de Cristina Cifuentes.

Entre 2002 y 2013, el rector de la URJC fue nada menos que Pedro González-Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional hasta el pasado diciembre, durante su etapa más polémica y turbulenta entre acusaciones de injerencia del poder judicial en el legislativo. “Nombres propios surgidos de nuestra universidad como el de González-Trevijano han llegado incluso a denigrar, aún más si cabe, instituciones como el Tribunal Constitucional, y con ello la Rey Juan Carlos”, explica Álvaro.

La URJC después de la tormenta

Javier Ramos revalidó su cargo como rector en marzo de 2021, tres años después de vivir sus días más complicados al frente del puesto. Aunque en un principio respondió con tibieza en una controvertida rueda de prensa donde defendió la integridad de la expresidenta de la CAM y los responsables de la falsificación, pronto inició una investigación interna y acabó confirmando el fraude.

Pese a ello, en su mandato la URJC ha atravesado turbulencias, comenzando con una huelga de estudiantes contra las “prácticas mafiosas de la universidad” en el curso 2018-19, en la que el alumnado llegó a ocupar el edificio de rectorado. Destacan además un caso de acoso sexual en el que no se aplicaron los protocolos oportunos, el enfrentamiento legal con el Instituto de Danza Alicia Alonso o las críticas a la gestión de las clases durante la pandemia, con una importante supresión de la docencia presencial en el curso siguiente al confinamiento también para los estudiantes de primero. Esto dificultó enormemente su introducción en la vida universitaria.

Precisamente en otoño de 2020 Clara (20) comenzó sus estudios en el doble grado de Ciencia Política y Gestión Pública con Periodismo. Su día a día transcurre en la Facultad de Políticas y Jurídicas de Vicálvaro, esa misma que era un auténtico hervidero hace ya cinco años en torno la estatua del Cervantes (ideal para una situación tan quijotesca).

Cuenta que eligió estudiar aquí porque le pilla bien desde su casa y porque le interesaba compaginar esas dos carreras (lo de la URJC con los dobles grados es una historia de amor que empieza a torcerse). Sin embargo, no niega que una tormenta mediática como la del caso Cifuentes “te hace pensar y replantearte cosas”. Afirma estar satisfecha de momento, “especialmente con los compañeros”, aunque “todo se puede mejorar”. Que así sea, siempre que no haya falsificaciones mediante.

El juicio a Cristina Cifuentes sigue sin arrojar una sola prueba consistente de que realizara el máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Llegados al ecuador de la vista no hay constancia de que realizara un solo trabajo, no aflora una explicación de por qué pagó la tasa final cuatro meses después de concluir el máster, ni hay rastro de su presencia en la universidad el 2 de julio de 2012 para defender el trabajo final. La falsificación del documento acreditando esa supuesta defensa presencial es la que tiene sentada en el banquillo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que se arriesga a cuatro años de cárcel por esa maniobra para intentar salvar su carrera política.

Además de apuntar a la URJC como responsable de la falsificación, la expresidenta cambió durante la declaración en el juicio su versión sobre la defensa del máster, que pasó a ser una breve exposición de las “líneas generales” de ese trabajo; y confirmó que aprobó el posgrado sin ir a clase, sin hacer exámenes y sin conocer a sus profesores, únicamente entregando unos trabajos que no ha podido localizar como consecuencia de la vida “complicada” que ha tenido en los últimos años, con cinco cambios de despacho y dos de domicilio.

Estas condiciones tan ventajosas las pactó con el fallecido Enrique Álvarez Conde, el catedrático que dirigía el Instituto de Derecho Público que ofertaba su posgrado, y al que todos los miembros de la Universidad, testigos y acusados, han ubicado en el epicentro de la trama. Entre ellas, las tres profesoras que constan en el acta falsificada, que relataron ante el tribunal la relación de “jerarquía muy marcada” que tenían con él, una persona de carácter “difícil” y al que era muy complicado decirle que no. También el rector apuntó al catedrático, que en un primer momento le dijo que Cifuentes había hecho su máster “con normalidad” a pesar de las “inconsistencias” y “errores administrativos graves” que la URJC encontró después.

Álvarez Conde era también el único interlocutor de Cifuentes en el máster, según afirmó la expresidenta. A él le enviaba físicamente los trabajos a través de personas de su gabinete o mensajeros porque no le gustaba comunicarse por email. La profesora Clara Souto, que intervino después de la expresidenta, negó sin embargo que Álvarez Conde tuviera problemas con que los trabajos le fueran enviados a través de correo electrónico.

La manera en que Cifuentes obtuvo el título no era habitual en la URJC, según declararon varias docentes que comparecieron como testigos. Souto también desmintió que la defensa del TFM fuese un acto breve. Según declaró, se reservaba un aula, se conformaba un tribunal y se avisaba con “cierto tiempo” a los alumnos, que tenían unos diez o quince minutos para su exposición inicial y luego se sometían a las preguntas de los profesores. Lo normal es que el trámite se alargase hasta una hora. Nada que ver, por tanto, con la breve exposición de la que habló Cifuentes. 

Souto es una de las profesoras del máster que aparece como componente del supuesto tribunal que estuvo en su defensa de TFM junto a Alicia López de los Mozos y Cecilia Rosado. Esta última, también acusada, afirmó haber falsificado el acta que acreditaría esa defensa por presiones de Álvarez Conde y de Maite Feito, que entonces era asesora en su Gobierno. En su interrogatorio declaró que había fijado el 2 de julio como fecha en la que habría tenido lugar esa lectura por orden del catedrático. Ante el tribunal, las tres profesoras han negado que estuvieran presentes el día que la expresidenta afirma que entregó y defendió brevemente ese trabajo. De hecho, no hay hasta el momento ninguna evidencia de que Cifuentes acudiera con ese propósito a la Universidad el 2 de julio de 2012.

Hasta ahora solo la copia de la agenda electrónica que Cifuentes incorporó en la primera jornada de la vista habla de su presencia ese día allí. La fiscal, Pilar Santos, quiso preguntar a la expresidenta cómo es posible que no incorporara esa prueba antes y lo haga tres años después de que salte el escándalo, pero el presidente del tribunal, Luis Carlos Pelluz, no lo permitió alegando que la ley permite al acusado incorporar elementos en su descargo en cualquier momento del proceso y que ya valorará el tribunal su relevancia. La pericial de parte señala además que la cita se introdujo con tan solo 24 horas de antelación, el 1 de julio.

En estos tres años tampoco ha aparecido ninguna de las personas ante las que Cifuentes dice que expuso las “líneas generales” de su trabajo y entre las que se encontraba un hombre, según declaró en fase de instrucción. Cuando se le ha preguntado a la acusada si no le extrañó que ningún hombre firmara el acta de defensa de TFM que esgrimió, Cifuentes ha respondido que pensaba que unas personas la escucharon y que el tribunal que evaluaba era otro.

La expresidenta tampoco supo explicar otras irregularidades, como el pago de las tasas del TFM cuatro meses después de, supuestamente, haberlo entregado y defendido. Arrojó luz sobre esta cuestión la profesora Pilar Trinidad, jefa de Inspección de Servicios de la URJC y responsable de la investigación interna sobre el caso. En su declaración como testigo afirmó que no se exigen tasas universitarias a quien ya ha presentado su TFM. “Para qué se va a demandar el pago de un trabajo que ya está entregado y calificado”, aseveró. 

Previamente, durante su interrogatorio, Cifuentes no había sabido explicar por qué pagó las tasas para defender el TFM en noviembre de 2012 cuando supuestamente ya lo había defendido meses antes, en julio. La expresidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que le llegó el requerimiento para que pagase y así lo hizo, sin preguntarse a qué se debía. Como era una cantidad tan pequeña, afirmó, no le dio más importancia. La profesora Souto también afirmó después que las tasas se pagan siempre antes de presentar el TFM.

El beneficio de la falsificación

La inducción a la falsificación de la que acusa la Fiscalía se ha topado con la declaración de la asesora de la Consejería de Educación en aquel momento, María Teresa Feito, que se defiende asegurando que su interés en los hechos el 21 de marzo en la Universidad era únicamente “personal” y no instruida ni aleccionada por el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, ni por la propia Cifuentes.

El testimonio del rector, Javier Ramos, ha abierto otro agujero en la declaración de Feito al explicar que la tesis que defendió el mismo día 21 en rueda de prensa de que no había irregularidades fue inducida por Enrique Álvarez Conde y por la propia Feito, que se presentó sorpresivamente en su despacho a primera hora de la mañana, según ha contado.

Los indicios de que las presiones con el acta procedían de la Comunidad de Madrid han crecido cuando Ramos dijo que el propio consejero Van Grieken le había pedido “reiteradamente” el acta el día 21 por la tarde, si bien lo hizo después de que él y Álvarez Conde anunciaran en rueda de prensa que tal documento existía.

Cifuentes, sin embargo, había afirmado por la mañana que no había dado instrucciones a ninguno de sus colaboradores de que solicitaran el acta porque ni siquiera sabía que había un documento específico que recogiera la defensa del Trabajo de Fin de Máster y que fueron otros los que solicitaron a sus colaboradores que “recabaran”.

La falta por ahora de pruebas acerca de que Cifuentes diera instrucciones para la falsificación del acta no afecta a que pueda ser condenada por inducción o falsificación de documento. Como recogía la instructora del caso, Carmen Rodríguez-Medel, en su auto de pase a procedimiento abreviado, basta con que se beneficiara de esa falsificación para que pueda ser condenada por ella. “Desde el punto de vista de la prueba de acción se ha sostenido que la tenencia de un documento falsificado por quien lo utiliza en su propio plan delictivo justifica la inferencia de, al menos la autoría o la inducción para la ejecución de la falsedad”, escribió Rodríguez-Medel de acuerdo a una sentencia de 2008 del Tribunal Supremo.

El rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, tuvo que retirar del orden del día del último Consejo de Gobierno la modificación de las condiciones económicas de un título propio en el que él figura como profesor. Fuentes universitarias presentes en esta reunión aseguran que las dudas de un consejero sobre el incremento del beneficio de la compañía que lo organiza – en detrimento de las arcas de la URJC – provocaron que se apartase este asunto de los temas de debate. Por su parte, desde la universidad achacan a un “error administrativo” que se incluyese este documento en el orden del día.

La adenda que generó esta polémica, y que tras esta decisión todavía no se ha aprobado, pretendía modificar las condiciones económicas de esta certificación académica, denominada “experto en análisis de datos y aprendizaje automático en el sistema sanitario” y que organiza la universidad junto a la empresa Clover Soluciones Globales de Marketing. Fuentes oficiales confirman que este curso ya se está impartiendo, aunque no han aportado más información sobre el transcurso del programa.

Esta formación se imparte online y está previsto que se extienda desde septiembre hasta mayo, según figura en la memoria académica presentada para solicitar la autorización para desarrollar el título propio. En ese documento, el rector figura en el claustro de docentes.

Ramos es catedrático en el departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, que organiza junto a Clover este programa. A pesar de que su nombre aparece en la documentación remitida a los miembros del Consejo de Gobierno en la última reunión, desde el gabinete de prensa de la URJC aseguran que desconocen por qué aparece como profesor. “El rector no está dando clase en ningún sitio. No sé por qué está ahí”, responden desde el equipo de comunicación.

Las condiciones económicas de este curso se plantearon en el convenio firmado el pasado 6 de marzo entre Ramos y el representante de la compañía Clover Soluciones Globales de Marketing. El acuerdo establece que el precio de la matrícula es de 1.510 euros por alumno, que “la gestión y matriculación de los alumnos” depende de la universidad y que “Clover se encargará de la captación de recursos para la ejecución de los títulos”.

Dudas sobre la gestión económica

Sin embargo, en la adenda con la que proponía la modificación de condiciones que presentó la universidad en el Consejo del 26 de octubre – documento al que ha accedido eldiario.es – se planteaba que se limitase la cantidad transferida a la URJC a 750 euros por alumno. El texto recogía que Clover ingresaría esa cuantía “en el plazo máximo de 10 días a contar desde la fecha de inicio” a las arcas de la universidad. ¿Qué sucedía con los 760 euros restantes que abona cada uno de los estudiantes? ¿quién los iba a recibir? Fuentes universitarias presentes en esa reunión aseguran que tras la pregunta de un consejero, los representantes del rectorado no supieron contestar y “por eso lo retiraron”.

Por su parte, desde el gabinete de prensa del rectorado no aportan información sobre el documento y se limitan a plantear que su contenido no es relevante porque “la adenda está retirada”. Sin embargo, las fuentes consultadas por esta redacción presentes en la reunión aseguran que si uno de los consejeros no hubiese alertado de esta situación “esto [en alusión a esta modificación de de las condiciones] iba para delante”.

Un portavoz del equipo de comunicación de la Rey Juan Carlos mantiene que debido a “un error administrativo” aportaron este documento al último Consejo de Gobierno. Asimismo defienden que la adenda iba incorporada a un convenio que se había retirado previamente porque “la negociación de la revisión del acuerdo no está resuelta”.

“Negociación sin resolver”

Sin embargo, un informe del área económica de la URJC no dice lo mismo. El 10 de octubre la vicegerente de este departamento apoyó este documento ratificando que “informa favorablemente” sobre la adenda. En las observaciones no se alude a un nuevo convenio que pudiese cambiar las condiciones ya acordadas, como afirman desde el gabinete de prensa del rectorado.

La vicegerente se limita a plantear que “es de interés realizar modificaciones con respecto” a este título sobre lo ya firmado en marzo. Además, avala que esta empresa pueda ser la “responsable” de “la captación de alumnos y de recursos económicos para la ejecución del título”, así como que transfiera 750 euros por alumno a la URJC. Hasta entonces, el convenio en vigor responsabiliza de “la gestión y matriculación de los alumnos” a la universidad.

Según las estimaciones económicas realizadas en la memoria académica, el título propio se programó para que contase con una media de 50 alumnos. Por lo tanto, esta adenda generaba dudas sobre dónde iban a parar los 38.000 euros restantes que no se ingresaban en la URJC, siempre haciendo los cálculos teniendo en cuenta que se preveía la inscripción de medio centenar de estudiantes.

No se detalla el beneficio de la empresa

Algunas fuentes universitarias relatan que sospechaban que este texto, que finalmente no se aprobó en el Consejo de Gobierno, podría haber abierto la puerta a que esa cantidad se la pudiese embolsar directamente la empresa, en detrimento de las arcas universitarias. eldiario.es ha tratado de plantear esta cuestión al director general de la compañía, ha asegurado que no contaba con información para responder a las preguntas realizadas. La Rey Juan Carlos tampoco ha querido aclarar esta cuestión. 

A pesar de que en la documentación a la que ha accedido eldiario.es no se alude a la cantidad que recibirá Clover, la adenda sí que cuenta con un desglose económico de los 37.500 euros que la compañía ingresará a la universidad (una estimación teniendo en cuenta que se matriculasen 50 personas y abonasen por cada uno de ellos 750 euros planteados).

Cuestionada la URJC sobre la fecha en la que podría haber entrado en vigor esta adenda, desde la universidad dudan de que este documento pudiese aplicarse ya en el curso en vigor y sobre las matrículas de 1.510 euros, sin embargo el texto presentado al Consejo de Gobierno, y que contó con un informe favorable del equipo económico, contemplaba que iba a tener “una vigencia de un año a contar desde la fecha de la firma de la misma”.

“En 2012 yo no tenía ninguna responsabilidad sobre el Instituto de Derecho Público”. El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, prácticamente desaparecido desde hace meses, ha hablado. En una entrevista con la Cadena Ser, se ha desligado de cualquier responsabilidad sobre el escándalo de los másteres con privilegios de políticos que salpica a la URJC. “No pienso dimitir”, ha zanjado. “No creo que sea lo mejor en estos momentos”.

Tras el caso del máster de la exministra Carmen Montón y con el posgrado del presidente del PP, Pablo Casado, todavía coleando, ha repetido que no tenía culpa y que “vamos a buscar responsabilidades en el pasado”. Ramos ha mostrado como víctima a toda la comunidad de la URJC: “Sé quiénes han sido las víctimas: nuestros estudiantes, familias, profesores y sociedad en su conjunto. Hemos tenido que pasar una experiencia dura”.

Y ha añadido que “aprovecho para pedirles perdón. Han trabajado duro. Han acudido a sus clases, a sus laboratorios. Profesores que necesitan décadas para crear prestigio y personal de administración que atiende con cariño a nuestros estudiantes se han visto cuestionados por la falta de honestidad de unos pocos”.

Porque lo que el rector ha intentado hacer es acotar el problema al instituto dirigido por el catedrático Álvarez Conde. “Caraduras” ha llamado a los responsables del IDP. Sí ha tenido que arrepentirse de salir rápidamente a defender el curso de Cristina Cifuentes, pero ha justificado que “no tenía toda la información, sino sesgada y errónea. Salí a defender el buen nombre de la universidad y dos profesores y tenía información sesgada”.

Ramos ha admitido de nuevo que durante la jornada en la que eldiario.es desveló la manera en la que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, obtuvo su máster en esa universidad, miembros de su Ejecutivo se pusieron en contacto con el centro. Desde la asesora Maite Feito, “no me extrañó especialmente que estuviera allí”, hasta el consejero de Educación (y catedrático y exvicerrector de la Rey Juan Carlos) Rafael van Grieken: “No me presionó. Me pidió información muchas veces. Pero no me sentí presionado. Soy calmado y racional”.

Sobre el máster del presidente del PP, Pablo Casado, Ramos ha despachado el asunto por estar, parciamente, en el Tribunal Supremo. Una salida fácil: “El Alto Tribunal está dirimiendo. Un rector no puede opinar sobre una cuestión tan extraacadémica. La Fiscalía del Supremo está tratando sobre un presunto delito sobre el que la Universidad no puede opinar”.

Javier Ramos se ha esforzado por desmarcarse de su antecesor en el puesto Fernando Suárez, famoso por plagiar numerosos artículos. ¿Es un hombre de Suárez? “No”. Y también ha eludido hablar del exrector y magistrado del Constitucional, Pedro González-Trevijano, a pesar de las grabaciones sobre un trato a un opositor interno del futuro integrante del constitucional. “Cualquier audio sacado de contexto se puede malinterpretar. Queda claro que está descontextualizado y que estaba ironizando”.

Total, que con las investigaciones de los plagios y del caso Cifuentes paralizadas porque hay procesos judiciales en marcha, según su analisis, Ramos ha asegurado que gracias a sus reformas en la Universidad “no pueden aparecer casos por las acciones que se están llevando a cabo. A fecha de hoy no puede pasar”.

La Fiscalía del Área de Móstoles ha archivado las diligencias de investigación abiertas tras la denuncia interpuesta por Podemos contra el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, al entender que no existe delito de prevaricación ni tráfico de influencias en lo relativo al convenio de cesión del hangar de la institución a la compañía European Airline Training Center (EATC).

Así lo detalla el Ministerio Público en un escrito, en el que decreta el archivo de la investigación “sin perjuicio de la posibilidad del denunciante de reiterar su denuncia ante el órgano judicial competente”.

La Fiscalía entiende que, al examen de la documentación aportada, el citado convenio “ni tan siquiera fue firmado por el actual rector” y por ello considera que hay “inexistencia de delito de prevaricación y tráfico de influencias, ni de cualquier otra infracción penal”.

El Ministerio Fiscal abrió en junio diligencias tras la denuncia interpuesta contra Ramos por el diputado de la formación morada Eduardo Fernández Rubiño, que apuntaba a posibles delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, malversación o violación de secretos, en lo relativo al convenio del hangar de la institución en Fuenlabrada.

Sostenía que utilizó “información y posición privilegiada” dentro de la URJC para fomentar un convenio con las personas que figuran como los administradores de esta empresa.

La Fiscalía apunta que la jurisprudencia marca el rechazo de la admisión de querellas y denuncias cuando “las mismas se apoyan únicamente en informaciones periodísticas, sin que se acompañen de datos objetivos relativos a la participación de la persona denunciada y que carezcan de cualquier apoyo probatorio”.

Por su parte, relata que la asesoría jurídica de la URJC aportó documentación, entre ella el propio convenio y diversos certificados e informes de los correspondientes órganos competentes sobre este asunto.

Informe a favor

En concreto, se documenta que la Comisión para el Estudio y Coordinación de Convenios de Colaboración informó favorablemente respecto a este acuerdo en diciembre de 2015, que fue aprobado en el Consejo de Gobierno el 22 de diciembre de ese año, aspecto certificado por medio del Secretario de esa comisión. También se aporta el acta del Consejo de Gobierno que aprobó por unanimidad el citado convenio.

La Asesoría Jurídica también informó de la “legalidad del convenio” al concluir que “queda clara la justificación del empleo de la fórmula del convenio como mecanismo jurídico para la finalidad pretendida y que el mismo es adecuado para la finalidad pretendida”.

Además, se adjunta un informe del letrado del Consejo de Estado sobre la “legalidad formal y del convenio, y la adecuación de la finalidad del convenio”. El rector Javier Ramos aseguró a finales de mayo que el convenio de gestión con la compañía European Airline Training Center 2015 (EATC) para utilizar un hangar de la institución en Fuenlabrada, es “legal” y negó cualquier vinculación accionarial o económica con esta empresa.

Así lo expuso entonces en el seno del Consejo de Gobierno de la URJC haciendo referencia a la información publicada por el diario El País, que aludía a que habría creado esta empresa junto a otros socios y que tiene suscrito un convenio con la universidad para el uso de esas instalaciones.

Convenio firmado con el rector anterior

Ramos explicó entonces que este acuerdo entre la URJC y la empresa EATC (posteriormente Aviation Group) fue rubricado por el anterior rector Fernando Suárez y no por él, detallando que se siguió el “procedimiento legal vigente en su momento para este tipo de convenios”.

También aludió a un informe interno a la Asesoría Jurídica de la Universidad y otro de carácter externo a un despacho de abogados especializado en el ámbito del Derecho Administrativo para recalcar que “ambos coinciden en la legalidad del convenio y la adecuación del mismo para los fines que perseguía”.

El rector insistió en negar “rotundamente cualquier vinculación accionarial o interés económico” con la empresa con la que la URJC tiene firmado un convenio, para agregar también que solicitó un “peritaje” para cuantificar el valor de los equipos que ya están disponibles en las instalaciones del EIATA y ordenar la reducción de la duración del convenio vigente para que pase de 25 a 4 años.

Frente a esta visión, el diputado Eduardo Fernández Rubiño señaló tras interponer la denuncia que las informaciones publicadas recogían correos entre Ramos y varias personas con accionados en esta empresa, que a su juicio revelaban hechos “muy graves” que podrían ser constitutivos de delitos con penas de seis años de prisión y 12 de inhabilitación.

“Estamos hablando de delitos graves que deben ser investigados por la Justicia” aseguró el parlamentario para recalcar que Podemos, como partido “comprometido con la transparencia y la limpieza en las universidades”, le correspondía presentar esta denuncia para que se investigue, “caiga quien caiga” y que la universidad no se viera “manchada” con un asunto que “huele muy mal”.

A las 6.50 horas, la portada del 21 de marzo de eldiario.es abría con el titular: Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas. Lo que ocurrió entre ese momento y la medianoche siguiente queda plasmado en los testimonios de los principales protagonistas del caso máster, a los que la jueza Carmen Rodríguez-Medel ha ido citando en los últimos dos meses.

Durante horas de testimonios emergen las amenazas a las profesoras desde el entorno más próximo a la presidenta madrileña, las relaciones de poder en la Universidad, sus odios larvados durante años y, finalmente, la patraña del acta falsificada… Todo ello configura el relato de las 18 horas que siguieron a la exclusiva de eldiario.es, el día en que la presidenta madrileña, la aspirante a liderar el PP nacional, comenzó a descender la última pendiente de su fracaso político.

La asesora del Gobierno de Cifuentes Maite Feito contactó con casi todos los implicados en el caso Máster el día que se publicó la primera información. Pasó el día en la Universidad Rey Juan Carlos, habló con el rector y el responsable del posgrado, y mantuvo varias llamadas telefónicas con una de las profesoras de Cristina Cifuentes. Cecilia Rosado dice que en esas conversaciones Feito, en aquel momento colaboradora de la presidenta, la amenazó, pero esta niega esa versión aunque no sabe precisar de qué hablaron en algunas de las llamadas que se produjeron durante aquellas frenéticas horas en la Universidad, después de que eldiario.es publicase la exclusiva sobre el máster de Cifuentes.

Feito declaró el pasado 25 de junio y eldiario.es ha tenido acceso al vídeo de su comparecencia como imputada. La jueza Carmen Rodríguez-Medel la citó después de que la propia Rosado describiese las presiones y amenazas que recibió de ella para que localizase el Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cifuentes o lo elaborase si no lo encontraba.

“¿Le dijo en algún momento la señora Feito si le estaba trasladando su opinión o que le estuviera trasladando la opinión de la señora Cifuentes?”, pregunta la jueza en un momento del interrogatorio. Y Rosado contesta: “No me dijo en ningún momento eso, pero es verdad (…) que en un momento me dice que si no enviamos el acta del Trabajo de Fin de Máster, que Cifuentes nos va a matar, no solo a nosotros sino también dice del rector”.

Feito, entonces asesora de la consejería de Educación que dirige Rafael van Grieken, estuvo desde el principio en contacto con los responsables del máster, aunque asegura que solo se interesó por lo que ocurría. Durante su declaración, negó tajantemente que hubiese amenazado a Rosado.

Sí reconoce varias llamadas con la profesora, pero asegura que las primeras fueron únicamente para preguntar si sabía dónde estaba el TFM. Rosado le dice que no está en su departamento y que no sabe dónde puede estar. Hablan más veces, pero la profesora le dice que solo atenderá al rector.

Sin embargo, se producen nuevas llamadas. Feito dice que a veces ella llama a Rosado, pero a veces es Rosado quien hace la llamada: “Hay más llamadas por la tarde, ella también me llama, lo que esta claro es que no pueden ser amenazantes”.

Feito dice que en esa conversación no amenaza a Rosado, ni le reclamaba que elabore un TFM o que le busque bibliografía. La jueza le pregunta entonces de qué hablaron. “No recuerdo, no debía ser nada fundamental porque no lo recuerdo”, dice Feito. “Me sorprende que usted hable por la tarde con ella y ahora no recuerde de qué hablaron”, le reprocha la jueza, a lo que Feito insiste en que no debía de ser “trascendente”.

La magistrada le preguntó entonces por qué creía que Rosado le acusaba de haber proferido esas amenazas. “Como yo le llamo, es verdad, pues dirá, 'bueno, ya tengo otra a quien echar la culpa', pero ella sabe que no es verdad”, responde Feito, que añade que no sabe por qué Rosado tiene miedo a que ella cierre el Instituto de Derecho Público, como dijo, porque eso es competencia del rector.

Durante su declaración, Feito también niega que hablase ese día con Cristina Cifuentes, con Marisa González (jefa de gabinete de Cifuentes, con la que si habló la víspera) ni con su jefe, Rafael van Grieken. Este, según declaró el rector Javier Ramos, estaba realizando insistentes llamadas para tratar de conseguir el acta del TFM.

Feito también dijo que no llegó a hablar con Ramos, aunque este da una versión distinta. Declaró que esta exasesora lo tranquilizó, le dijo que no había nada irregular en el máster de Cifuentes y que todo era “un ataque contra la presidenta”. Lo hizo durante su visita a la Rey Juan Carlos, en la que habló con los responsables del máster, estuvo entrando y saliendo del despacho del rector, pero afirma que no trató nada relacionado con el máster de Cifuentes ni presionó para tapar el escándalo.

Pablo Casado aprobó su máster sin ir a clase, sin hacer exámenes y convalidando 18 de 22 asignaturas. La jueza investiga su posgrado en una pieza separada del caso Máster e interrogó al respecto al rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Javier Ramos. Este admitió que sus convalidaciones pudieron ser irregulares y que necesitaba un permiso para saltarse las clases que no pidió.

La titular del juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, citó a Ramos para preguntarle, sobre todo, por las irregularidades del máster de Cristina Cifuentes. Pero aprovechó también para preguntarle por Pablo Casado, aunque al principio no le mencionó, y solo dijo que iba a centrarse en las promociones del posgrado desde 2008. El ahora aspirante a presidir el PP lo cursó ese año.

La jueza comienza preguntándole sobre los trámites para conseguir la autorización que permite a un alumno no ir a clase. Casado no las pisó. Ramos explica que es necesaria una dispensa académica, que el alumno debe solicitar por escrito con una argumentación. La Universidad también debe contestar por escrito, aunque el rector afirma que no sabe si se guarda copia de esos trámites.

Tras ello, la jueza se adentra en las convalidaciones. Pregunta al rector si se aplicaba el Real Decreto de 2005 sobre convalidaciones, pero Ramos dice desconocer qué norma concreta estaba vigente, si esa o el Real Decreto de 2007. Alega en varias ocasiones que él no era rector en esa época.

La jueza le pide entonces que lea el Real Decreto de 2005 y le pregunta si, aplicada esa norma, pudo Casado convalidar 60 créditos. Ahora ya le cita con nombre y apellido. Ramos concluye que no, porque la norma deja claro que tienen que cursarse un mínimo de 60 créditos del posgrado y luego convalidar el resto.

“Leyendo esto, entiendo que este Real Decreto es el que se le aplicaba, si he entendido bien lo que acabo de leer, no se le pudo convalidar nada, es irregular”, concluye Ramos ante la jueza.

Rodríguez Medel le pide entonces que se ponga en la situación de que se aplicaba el Real Decreto de 2007, que exige una defensa pública del Trabajo de Fin de Máster. “¿Le consta si en la edición del señor Casado hubo defensa del Trabajo de Fin de Máster?”, pregunta la jueza. “Lo desconozco”, contesta Ramos, que tampoco sabe precisar en qué año se exigió este requisito.

La jueza, ante la falta de respuestas, le informa de que requerirá toda la información a la Universidad. Así lo hizo, aunque ha tenido problemas para recabar alguna documentación por parte de la URJC.

Dos alumnos del mismo máster, Francisco José Valentín Ruiz y Mariana López Hurtado, contradicen los argumentos clave de Casado para defender que el modo en que obtuvo el título fue correcto, según publica El País. “Al final tuvimos que hacer un trabajo de fin de máster, un trabajo de investigación dirigido por un profesor y que debíamos defender ante un tribunal de tres profesores. Era un requisito para acceder al doctorado, una asignatura más con créditos” explican.

Rodríguez Medel continúa con la investigación del máster de Casado, que el candidato a presidir el PP aprobó entregando cuatro trabajos y sin hablar con sus profesores. Solo trató con el catedrático Enrique Álvarez Conde, el mismo que dirigió el máster de Cifuentes. La jueza y la Fiscalía creen que puede haber un delito continuado entre ambos posgrados.

La crisis institucional de la universidad pública Rey Juan Carlos no cesa. Una vez abierta por el caso del máster de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, que desveló el ecosistema donde creció el Instituto de Derecho Público en el que cursó su posgrado, el rector Javier Ramos sigue acorralado. El sector crítico del claustro de la URJC va a exigir Ramos que convoque elecciones. “Suponemos que se va a negar, entonces intentaremos registrar una moción de censura”, apunta uno de los portavoces de la asociación de estudiantes URJC Crítica. El claustro es el único órgano de la comunidad universitaria con capacidad para echar al rector.

La representación de estudiantes en el claustro tiene claro que su objetivo es que Ramos abandone el cargo. Así lo anunciaron en la campaña electoral para entrar en este foro y ese es su primer (y casi único) objetivo. De hecho, si tienen éxito en su empeño, la moción desencadenaría la convocatoria de elecciones al claustro, lo que implicaría su disolución. Este miércoles tomarán posesión los nuevos miembros que salieron elegidos tras las elecciones celebradas hace un mes. En los últimos comicios, el sector más crítico con la gestión de Javier Ramos arrasó entre los estudiantes. URJC Crítica consiguió 38 representantes de los 61 puestos reservados al alumnado.

Aunque entre los puntos del día no figura ninguna revocación al rector, fuentes consultadas aseguran que solicitarán en el turno de “ruegos y preguntas” que se convoque elecciones. Ya lo han hecho en privado y ya han recibido la negativa de Ramos, explican las fuentes: “Vamos a solicitarlo públicamente, delante de todos los claustrales, para que nos dé su negativa en público”. Una vez realizado este paso, se registrará la moción. Pero será en septiembre, con toda probabilidad, para evitar que el verano eche por tierra el resultado por falta de claustrales.

Daño de imagen

Los representantes de la la asociación estudiantil Despierta URJC, que tiene 12 claustrales, también pedirán su dimisión. Este colectivo ha emitido un comunicado en el que justifican esta decisión. En él destacan que la gestión de Ramos del caso Cifuentes dejó “en evidencia su poca preparación para asumir cualquier crisis institucional”. Asimismo añaden que los problemas al aportar documentación a la jueza en la investigación del máster de Pablo Casado han dañado la imagen de la Universidad y lamentan que nombrase a Amalia Calonge, la funcionaria que modificó las notas de la expresidenta, como jefa del servicio de promoción de asociaciones. Si el rector no dimite, uno de sus portavoces asegura que “tal vez” se unirán a la moción.

Para registrar esta propuesta necesitan que sea apoyada por 100 de los 300 miembros del claustro. Según fuentes de URJC Crítica, el grupo de estudiantes con más representantes en el claustro, los opositores a Ramos ya tienen los 100 votos que necesitan para forzar la moción de censura. Entre ellos, los alumnos cuentan con casi 50 votos. La otra cincuentena vendría, aseguran, del pesonal docente y administrativo (los PDI y PAS).

Para que esta propuesta salga adelante se necesita el apoyo de dos tercios del claustro (200 personas). Si se llega a plantear la moción y más de la mitad del claustro la apoya, el rector quedará tocado. Si finalmente saliese adelante, según la normativa de la URJC, la aprobación de esta propuesta supondría el cese de Ramos y la disolución del claustro, procediéndose, en ese mismo acto, a la convocatoria de elecciones a rector y a claustro, que se celebrarán en la misma fecha.

¿Tienen votos suficientes los críticos para, además de forzar la votación de la moción, ganarla? “No lo sabemos aún”, admite un portavoz de la asociación. “Mucha gente no quiere firmar la moción porque las firmas en este caso son públicas y no se atreven para no poner en riesgo su puesto de trabajo”, añade en referencia a trabajadores temporales como profesores asociados o personal laboral, “pero luego la votación de la moción en sí es secreta”, añade. Esa es su esperanza de que salga adelante.

En cualquier caso, eso no ocurrirá en esta primera reunión, que solo es constituyente del claustro. Para provocar la moción, primero hay que pedirla a través del Registro de la URJC. A partir de aquí, el rector tiene un mes para convocar un claustro extraordinario en el que ya se sometería a votación la remoción en sí misma.

Fuentes consultadas entre el PDI y el PAS coinciden en que la primera reunión del claustro va a ser “tensa” en el turno de ruegos y preguntas. Los estudiantes pedirán elecciones y muchos profesores exigirán explicaciones, según admiten varios claustrales.

Relación de fuerzas

Pero realmente nadie sabe cómo está la relación de fuerzas en el claustro. La mayoría de los estudiantes son críticos. Un sector del Personal de Administración y Servicios (PAS), entre ellos la anterior gerente, Teresa Sánchez Magdaleno, despedida de su cargo por Ramos, también. Igual que muchos PDI. Pero nadie conoce el recuento aproximado, o al menos no lo dice.

El claustro es el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria y en él tienen cabida todos los sectores que la conforman. Está presidido por el rector y lo componen 300 personas divididas en cuatro grupos: el A lo forma el Personal Docente e Investigador (PDI) funcionarios o contratados y tiene 160 representantes; el B son los PDI que no cumplan los requisitos del anterior y tiene 45 miembros; el C son los estudiantes, que disponen de 61 plazas; y el D es el Personal de Administración y Servicios (PAS), al que le corresponden 34 representantes. Las elecciones se realizan cada cuatro años (excepto los estudiantes, que se renuevan cada dos) y cada colectivo vota únicamente a los suyos.

Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, hizo en su declaración un extenso -aunque poco detallado- relato de cómo vivió las horas posteriores a la publicación de la primera noticia sobre el máster de Cristina Cifuentes. Entre el caos de reuniones y llamadas que describió ante la jueza destacan las presiones que refirió del consejero madrileño de Educación, Rafael van Grieken. Le mencionó varias veces para dejar claro que le pidió “reiteradamente” que le enviase la documentación que la presidenta usó luego para defenderse.

Ramos declaró como testigo durante casi tres horas. En ese tiempo explicó ante la jueza que investiga el caso, Carmen Rodríguez-Medel, la crisis que se generó en la URJC tras la publicación de la exclusiva de eldiario.es. Lo hizo sin recordar muchos detalles, contestando a muchas preguntas con un “no lo sé” y llegando a desesperar a algunos letrados y a la propia jueza, que no entendían cómo no podía acordarse de lo ocurrido en un día tan crucial para la reputación de la Universidad. Así figura en el vídeo de la declaración al que ha tenido acceso eldiario.es.

En su relato emerge en varias ocasiones el nombre de Rafael van Grieken, actual consejero de Educación de la Comunidad de Madrid nombrado por Cristina Cifuentes. Ramos declaró que había recibido numerosas llamadas del consejero el día que se publicó la primera noticia, el 21 de marzo. Las primeras fueron para saber cómo iba a reaccionar la Universidad.

“Llama para interesarse de qué esta pasando y qué vamos a hacer”, explicó Ramos, que también refiere varias llamadas con la jefa de Gabinete de Cifuentes, Marisa González. Con ella habla sobre si van a dar una rueda de prensa: “Yo no lo tenía claro, fue un error, se demostró luego”. González le dejó claro que la presidenta no iba a comparecer en rueda de prensa. “Eso influyó en que nosotros teníamos que hacerla”, añadió Ramos.

Insiste en que él nunca llama a Van Grieken, siempre es el consejero quien le llama a él. Vuelven a hablar tras la rueda de prensa. Van Grieken comenzó entonces a presionar al rector para que le enviase información y documentos, en concreto, el acta de defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM) que Cifuentes usó más tarde para defenderse en un vídeo.

“Me pidió reiteradamente que se la enviara, diría que con bastante insistencia. Tanto es así que creo, lo miré, yo llamé en dos ocasiones a Álvarez Conde -responsable del máster-, y la secretaria del consejero llamaba insistentemente a mi secretaria con la solicitud de que le enviáramos ese acta”, explicó Ramos. La jueza le preguntó si trasladó esa presión a Álvarez Conde: “Con cierta calma, las llamadas de Rafael van Grieken y de su secretaria fueron bastante numerosas, yo solo llamé en dos ocasiones a Álvarez Conde”.

En este punto, Ramos niega que le pidiese al catedrático que elaborase el acta del TFM. También negó que Cifuentes o su entorno le presionara “para que reconstruyese el acta”. “Estrictamente fueron -las llamadas para- que enviara el acta”, añadió.

El papel de la asesora de Van Grieken

En la mañana “caótica” que se vivió en el rectorado del URJC, y más concretamente en el despacho de Ramos, este menciona en varias ocasiones a Maite Feito, asesora de Van Grieken y amiga personal de Cifuentes. Ella reconoció ante la jueza que se presentó en la Universidad, pero dijo que era por otro asunto y dijo que apenas intervino en el improvisado gabinete de crisis que se formó aquella mañana.

Ramos, sin embargo, le da más importancia al papel de Feito aquel día. “Recuerdo bien que María Teresa Feito ya estaba allí”, en la puerta de su despacho, cuando él llegó. “Era asesora de la Consejería de Educación, profesora de mi Universidad, había un problema con un máster, pues tampoco me llamó mucho la atención”, añadió.

Aseguró que no recuerda el literal de la conversación que mantuvieron, pero sí las ideas principales. “La idea era tranquilizar, que todo era correcto y que todo era un ataque contra la presidenta de la Comunidad de Madrid”, explica Ramos que le dijo Feito. Fue esta asesora quien explicó al rector todos los detalles del máster y el contenido de la información de eldiario.es.

En esa ajetreada mañana, Ramos explica que la gente sale y entra de su despacho, donde varios responsables de la URJC abordan la crisis. La jueza le preguntó en este punto si Feito era de una de esas personas que entraban y salían. “Seguramente, no lo recuerdo, pero con alta probabilidad”, responde. En otro punto de la declaración, Ramos explica que Feito llegó a usar el ordenador de una de sus secretarias para imprimir los mails enviados por los profesores Álvarez Conde y Pablo Chico de la Cámara con su versión sobre lo ocurrido con el máster.

“La situación se pone muy tensa”

La declaración de Ramos describe una situación que a él le parece poco preocupante -“no le doy mayor importancia, como de vez en cuando salen noticias criticando cosas de la Universidad Rey Juan Carlos, no le doy mayor importancia”- pero que se torna en una auténtica crisis cuando es consciente de la trascendencia de la noticia: “La situación se pone muy tensa, desde mi ventana se ve cómo van llegando unidades móviles, pensaba que era anecdótica y se vuelve caótica”. Refiere también varios mensajes de profesores preocupados que le hacen que se alarme.

Ramos explicó también que se presentó a la rueda de prensa creyendo que todo estaba correcto, pero que tras ella decidió abrir una investigación interna: “En algunas de las preguntas detecte inconsistencias”. La jueza le reprochó más tarde que ni antes, ni después de la rueda de prensa, hablase con Alicia López de los Mozos o con Clara Souto. Solo se comunicó con Cecilia Rosado, algo que le tuvo que recordar la jueza porque el se equivocó en esas respuestas.

El rector desesperó a algunos abogados, que le reprocharon que tuviese una “memoria selectiva” para recordar algunos detalles concretos y no otros. La jueza también le reprochó que la URJC no investigase si hubo irregularidades con otros alumnos, como ha ido destapando la investigación.

Los responsables de estudios de posgrado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) han presentado este jueves su dimisión en bloque, según adelanta el diario 'El País'. Se trata del equipo de confianza de José María Monzoncillo, que fue cesado el miércoles como vicerrector de Posgrado de esta institución.

Se trata, por tanto, de los cargos orgánicos de los que depende la documentación de los estudios de máster de la URJC; entre ellos, los polémicos posgrados del candidato a liderar el PP, Pablo Casado, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Concretamente, han dejado sus cargos el director de la Escuela de Máster, Carlos María Alcover, el coordinador de Posgrados Internacionales, Guillermo de Haro, y la secretaria académica de Posgrado, Marina Santín. Según el citado periódico, no se descartan más dimisiones.

Todos estos movimientos en la cúpula directiva de la URJC se producen días después de que el propio rector, Javier Ramos, informara a su Consejo de Gobierno de que se había localizado información “adicional” en los archivos “propios” del Instituto de Derecho Público que habían permitido “completar” el expediente de los estudios que cursó Casado.

“Si bien, y así se ha hecho saber, no toda la información constaba en el servicio de posgrado, se ha encontrado información adicional en los propios archivos del Instituto de Derecho Público, lo que ha permitido completar el expediente”, relataba Ramos el pasado viernes.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel trata de averiguar si la Universidad Rey Juan Carlos utilizó una norma favorable a Pablo Casado en la obtención de su máster a pesar de que ésta no fuera la que debía estar vigente en su momento. Por este motivo, la magistrada ha solicitado aclaraciones a la propia universidad pública y un pronunciamiento al respecto del Ministerio de Educación, a través de la Agencia Nacional de Evalucación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

En juego está determinar si a Casado se le convalidaron de forma correcta 18 de las 22 asignaturas del Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local en el curso 2008/09 y si es posible que no tuviera que realizar un Trabajo de Fin de Máster (TFM) para obtenerlo. Hasta ahora, la Universidad y el propio Casado han justificado el modo en el que consiguió ese título por lo estipulado en un Real Decreto del año 2005. Pero en una providencia de este jueves, a la que ha tenido acceso eldiario.es, la magistrada recuerda que ese Real Decreto fue derogado por otro de 2007 que modificaría radicalmente los criterios para la obtención del máster.

La clave está en si la Universidad Rey Juan Carlos puede acreditar que “los procedimientos de autorización” para la implantanción en el curso 2008-2009 de Programas Oficiales de Postgrado se iniciaron antes o después de la entrada en vigor del Real Decreto de 29 de octubre de 2007. Si arrancaron con anterioridad al día siguiente a la promulgación del Real Decreto, éste mismo indica que el máster debía acogerse a lo estipulado en la norma precedente, la de 2005.

En caso contrario, Casado debería haber realizado un TFM que nunca presentó y no se le hubieran podido convalidar 18 asignaturas por su título de Derecho en un máster que no disponía de más de 60 créditos (se le convalidaron 40). Por este motivo, la magistrada quiere saber si, ya fuera aplicable el Real Decreto de 2005 o el de 2007, el máster de Casado debió enmarcarse en la categoría de estudios de máster o estudios de doctorado.

El interés de la jueza por esta cuestión quedó de manifiesto en la declaración como testigo de Javier Ramos, el actual rector de la URJC, este jueves 21 de junio, fecha que conta en la providencia que ha dictado la instructora solicitando aclaraciones por escrito a la Universidad y la ANECA. De hecho, Ramos no dio una respuesta determinante a la pregunta de la jueza por el Real Decreto que debió regir el máster de Casado, cuando él no era rector. Javier Ramos señaló que de ser aplicable la normativa de 2007 se habrían producido “irregularidades”, según fuentes presentes en la declaración.

En una primera parte de la providencia, la jueza traslada ahora estas cuestiones a la Universidad, toda vez que persisten las dudas tras el escrito que le remitió el pasado 24 de mayo, y le vuelve a dar un plazo de siete días para contestar. En un segundo apartado del escrito, la jueza se dirige a la ANECA y le pregunta directamente si en el curso 2008-2009 “resultaba obligatorio defender públicamente el trabajo de fin de máster para lograr la obtención del título Máster Oificial en Derecho Autonómico y Local de la URJC o si, por el contrario, no era necesario y los motivos”.

Pablo Casado exhibe un escrito de convaliaciones a cargo de una Comisión de Adaptaciones y Convalicaciones de la URJC. La universidad ha trasladado oficialmente a la jueza que no le consta ese tribunal de convalidaciones ni quién lo formó después de haber consultado en su archivo informático, según desveló eldiario.es. Ahora, la magistrada le pregunta a Educación si esa comisión era “el órgano competente para el reconocimiento de créditos o convalidaciones” en el curso 2008-2009. Ante la respuesta dada por la URJC, la jueza también se dirige a la ANECA para preguntarle “si les consta la composición” de la citada Comisión.

La magistrada quiere saber si, como consta en el certificado académico personal de Pablo Casado, la media del máster se realizó correctamente excluyendo los créditos reconocidos.

El rector ha enviado este viernes un documento a los alumnos de la URJC en el que, además de sobre otras cuestiones, informa sobre el avance de la investigación judicial. En concreto, se refiere a la información de eldiario.es sobre que la Universidad no había encontrado el acta de convalidaciones de Casado ni la composición del tribunal que las aprobó.

Ramos indica en ese escrito que “se ha encontrado información adicional en los propios archivos del IDP, lo que ha permitido completar el expediente”. No aclara, eso sí, de qué documentación se trata, si es la que la URJC había dicho a la jueza que no encontraba. “La URJC está colaborando, como no puede ser de otra manera, con la justicia y, cumpliendo con nuestro deber, hemos hecho llegar al juzgado puntualmente la información requerida”, añade Ramos.

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha declarado este jueves ante la jueza del caso Cifuentes durante más de tres horas. En su relato del tiempo que pasó entre la publicación de la exclusiva de eldiario.es y la defensa en rueda de prensa del máster de la entonces presidenta de Madrid ha confesado cómo el entorno de Cifuentes participó en todo momento en la preparación de la versión que se iba a dar. Y ha añadido un nuevo nombre en sus contactos aquel día, el de Marisa González, jefa de gabinete y mano derecha de la entonces presidenta. 

Tres personas del entorno de Cifuentes se dedicaron con intensidad a participar en la construcción de esa versión. Como adelantó eldiario.es, la asesora de la Consejería de Educación Maite Feito se desplazó en persona a la universidad desde primera hora. Según la versión que ella ofreció a este medio, lo hizo para participar en una charla sobre feminismo. Pero el rector ha dicho este jueves en el juzgado que participó desde las nueve de la mañana en una reunión y que a él no le extrañó su presencia porque era “asesora de la Consejería”. “Esto es un ataque contra la presidenta”, ha asegurado Ramos que le trasladó Feito. 

La jueza, Carmen Rodríguez- Medel, se ha interesado por si habló con Feito el día anterior a la publicación de eldiario.es, el 20 de marzo, cuando este medio contactó con el entorno de la presidenta y la Universidad para contrastar la información. Ramos ha asegurado que no lo hizo porque su móvil no registra intercambio de llamadas con Feito ese día 20. Con sorpresa de la jueza ha intentado explicar que tampoco puede comprobar si lo hizo por correo porque su “outlook” borra los contactos cada cierto tiempo, precisan las fuentes consultadas.

En cualquier caso, Ramos ha admitido que conoció lo que iba a publicar al día siguiente eldiario.es, pero que se fue a dormir “muy tranquilo” porque le pareció “otra tontería más” acerca de la universidad. 

Asimismo, el rector ha reconocido un intercambio intenso de llamadas con el consejero de Educación de Cifuentes, Rafael Van Grieken. Este se interesó por si el rector iba a dar una rueda de prensa reaccionando a la exclusiva de eldiario.es, siempre según la versión ofrecia hoy por Ramos ante la jueza. 

Ramos ha desvelado una tercera intervención, la de Marisa González, jefa de Gabinete de Cifuentes y auténtica mano derecha de la presidenta. Según el rector, llegó a poner la llamada de Marisa González en manos libres a sus colaboradores. En esa conversación, González le informó de que la presidenta no iba a salir en rueda de prensa.

Aún quedaban horas para que comparecieran el rector y el director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, a defender ante los medios el máster de la presidenta. Con Marisa González habló en al menos tres ocasiones, según ha relatado. 

Fuentes jurídicas presentes en la declaración aseguran que ésta ha estado plagada de contradicciones por parte de Ramos, como cuando se le ha recordado que en rueda de prensa dijo haber hablado antes con las tres profesoras del falso tribunal que examinó a Cifuentes. En un momento de su testimonio ha dicho que habló con Clara Souto, quien no falsificó su firma, pero al corregirle la jueza y proponerle el nombre de Cecilia Rosado, autora de la falsificación, Ramos ha rectificado y ha admitido que sí, que fue con Rosado con quien habló. Ramos ha atribuido este error a los “nervios” que le causaron su primera participación en una rueda de prensa. 

La jueza pregunta por Casado

La jueza ha introducido el tema del máster de Pablo Casado en un momento de la declaración del actual rector. Éste ha dicho que si se hubiera aplicado el Real Decreto de 2007, el máster del responsable político hubiera sido “irregular” porque no hizo una defensa ante tribunal del mismo. Sin embargo, Ramos no ha sido taxativo sobre si el Real Decreto que se debió aplicar en el caso de Casado fue ese o el de 2005, que no incluía la citada exigencia. 

Asimismo, Ramos ha adjudicado al profesor Pablo Chico de la Cámara la orden impartida a la funcionaria Amalia Calonge para rectificar las notas de Cifuentes y ha reconocido que no existe en la universidad un protocolo escrito o verbal para la rectificación de las actas. 

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha declarado esta tarde como testigo ante la jueza que investiga el máster de Cristina Cifuentes. Ha dicho desconocer muchos detalles del caso, pero ha incidido en que siempre pensó que los documentos que exhibió la expresidenta para tratar de demostrar que había completado el máster, y que le proporcionó la propia Universidad, eran verdaderos.

La magistrada Carmen Rodríguez-Medel le ha citado en el Juzgado de Instrucción número 51 justo después de la secretaria general de la universidad, Pilar Charro Baena, y el vicerrector de Planificación, Andrés Martínez Fernández. Ramos ha declarado durante casi tres horas en las que le han preguntado todos los abogados personados en la causa.

Según fuentes jurídicas, durante su declaración, Ramos ha dicho desconocer muchos detalles del caso y ha respondido a otras tantas preguntas con un “no me acuerdo”. En otras, cambiaba su versión cuando los abogados le iban recordando detalles de lo ocurrido, como las profesoras que figuraban como firmantes de las actas de convalidación de alumnos.

La situación ha llegado a sorprender a la propia jueza del caso, que en un momento dado le ha mostrado su sorpresa porque, siendo el rector de la Universidad, afectado directamente por este caso, diga que no recuerde muchas de las cosas que le preguntaban. Su respuesta ha sido que tiene muy mala memoria.

Durante su declaración le han preguntado por el acta del Trabajo de Fin de Máster que la Universidad proporcionó a Cifuentes el mismo día que se destapó el escándalo, y que la expresidenta usó para tratar de contrarrestar las informaciones. Dos profesoras declararon más tarde que sus firmas habían sido falsificadas en ese documentos.

Ramos se ha desvinculado de ese montaje, que reconoció el responsable del máster, Enrique Álvarez Conde. Según le ha dicho a la jueza, el siempre pensó que ese documento era verdadero.

Al rector también le han preguntado sobre las llamadas que, en un escrito enviado al juzgado, dijo haber recibido del Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, para que proporcionase los documentos necesarios para responder a la información de eldiario.es. Según fuentes presentes en el interrogatorio, no ha sabido explicar con claridad este extremo.

De hecho, a la salida del interrogatorio Ramos ha negado que el haya hablado de “presiones” por parte de Van Gireken, y no ha querido contestar a los medios sobre las llamadas que recibió. Ha hecho una breve declaración ante las cámaras y se ha marchado sin contestar a las preguntas de los periodistas.

En su breve declaración, Ramos ha dicho que los hechos son “muy anteriores” a su toma de posesión como rector y que “la gran perjudicada es la Universidad”, por lo que están colaborando con la investigación.

La querella que ha dado origen al caso Cifuentes señala al propio Ramos y al director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde. Ante la jueza, la profesora Cecilia Rosado, presunta autora material de la falsificación de las firmas del acta del tribunal del Trabajo de Fin de Máster, señaló a Maite Feito. Según su declaración, la asesora del consejero de Educación y amiga personal de Cifuentes le dijo: “Arreglad esto o el rector y la presidenta os matan”.

La propia Cifuentes dirigió una carta a Javier Ramos en la que le responsabiliza de la falsificación del acta de su TFM. Como recordaba la entonces presidenta en la carta, el acta del TFM con las firmas falsificadas salió de una dirección electrónica del Rectorado que dirige Javier Ramos.

La Fiscalía de Móstoles ha abierto diligencias de investigación para esclarecer la denuncia que interpuso Podemos contra el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, al que acusa de prevaricación y cohecho en lo relativo al convenio de cesión del hangar de la institución a la compañía European Airline Training Center (EATC).

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio Público para detallar que fue ayer cuando la Fiscalía de Móstoles acordó la apertura de las diligencias tras recibir la denuncia de la formación morada.

En el escrito de denuncia, al que tuvo acceso Europa Press, se alude también a posibles delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, malversación o violación de secretos, al entender que utilizó “información y posición privilegiada” dentro de la URJC para fomentar un convenio con las personas que figuran como los administradores de esta empresa.

Además, la formación morada sospecha que Ramos interpuso a una tercera persona de su “confianza” en esta sociedad como una “protección adicional” para evitar ser identificado en la misma con intención de beneficiarse de la actividad de la empresa mediante este convenio, al que aportó un trato “diferenciado” y “privilegiado”.

La denuncia solicita al Ministerio Público que se tome declaración con la apertura de diligencias la propio Javier Ramos y al exrector de la institución Fernando Suárez, que ocupaba el cargo cuando se impulsó el convenio. También se cita a una arquitecta que elaboró en el proyecto de hangar situado en Fuenlabrada y al gerente de la empresa concesionaria.

Estos presuntos delitos, en caso de demostrarse, implican una pena de prisión de seis años y otros 12 de inhabilitación para ejercer cargo público.

El promotor de la denuncia, el diputado de Podemos en la Asamblea Eduardo Fernández Rubiño, ha valorado de forma positiva que la Fiscalía haya decidido investigar este convenio, que puede ser otro posible “foco de corrupción” en esta universidad.

Rubiño ha considerado, en declaraciones a Europa Press, que es “alarmante” la apertura de otro frente judicial en relación a actuaciones en la URJC y ha enfatizado que su partido ya dijo que “iba a llegar hasta el final” en este asunto porque su compromiso es que la universidad pública esté libre de corrupción.

EATC, la empresa presuntamente creada por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier  Ramos –según ha informado El País,– y a la que la institución académica cedió la gestión de sus instalaciones aeronáuticas a dedo por 25 años, participó en la organización de un máster precisamente sobre accidentes aeronáuticos promovido por una escuela privada que no llegó a materializarse a pesar de cobrar por matrículas, según ha detallado uno de los afectados. La figura de EATC, estrechamente ligada a la URJC, se tradujo en que el curso se publicitara como  universitario, con un título expedido por la Universidad y con el sello de la URJC, como muestra la documentación que se hacía llegar a los candidatos. 

La empresa Escuela Politécnica Superior Europea (EPSUE) aprovechó el sistema de privatización de cursos aeronáuticos impartidos en instalaciones públicas instaurado en la Universidad Rey Juan Carlos para lanzar en 2016 un “máster universitario en investigación de accidentes e incidentes aeronáuticos” en asociación con la empresa EATC. Esta última aportaría el material para las prácticas: “Colaboración y aviones para prácticas. EATC”, explicaba la escuela. 

Otros detalles que presentaban el curso con el aval universitario eran las referencias metodológicas que incluían “conferencias en Universidad, instalaciones de EPSUE, EATC, entre otras.” Y sobre la admisión de candidatos explicaban: “Si son admitidos por el Comité Científico-Técnico de EPSUE-EATC-Universidad Rey Juan Carlos de Madrid”. Con esa apariencia captaba alumnado al que se informaba de que la matriculación se podía realizar on line o bien en la “Universidad Rey Juan Carlos”, aunque remitía a la empresa EATC, otra relación con la sociedad que fuera creada por Ramos.  

Además, en algunos de los correos electrónicos intercambiados por EPSUE y futuros alumnos, para informar sobre la disponibilidad de becas, la empresa contaba que “solo hemos podido conseguir estas [becas] dado que el precio oficial del curso son 18.000 euros y ahora los patrocinadores no ayudan mucho (...). Espero unas horas para enviarlo al resto de compañeros y a EATC”.

A pesar de que EPSUE recibió ingresos por apuntarse a este posgrado, según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, el curso como tal no se ha impartido, ha confirmado alguno de los alumnos afectados. De hecho, eldiario.es ha podido ver una conversación escrita de este afectado con la directora del curso de 21 de mayo de 2018 en el que le pide que espere a una carta certificada para darle opciones ante sus quejas. 

Preguntada la empresa EPSUE sobre si se ha impartido el máster o si ha recibido la queja de algún alumno, una persona se ha limitado a decir insistentemente: “Algo no cuadra”. Un portavoz de la Universidad Rey Juan Carlos ha afirmado que “no tenemos nada firmado con la empresa EPSUE”, en referencia a convenios de colaboración.

Consorcio asociado a la Universidad

EATC, la empresa con la que la URJC firmó ese convenio de gestión de instalaciones aeronáuticas, está ahora absorbida en un consorcio denominado Aviation Group cuyos responsables son los mismos. Ninguno ha querido atender a las llamadas de eldiario.es para explicar este caso.

Este consorcio es heredero de la vinculación de EATC con la Universidad. Aviation Group desarrolla el máster de diseño de fabricación aeronáutica para la Rey Juan Carlos en colaboración con el Instituto Europeo de Formación y Acreditación Aeronáutica de la URJC (EIATA): un instituto universitario de investigación de similares características al Instituto de Derecho Público que se ha hecho famoso por albergar el máster de la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes. El actual rector, Javier Ramos, fue director del EIATA.     

El periplo de este supuesto posgrado se prolongó en el tiempo: EPSUE, la escuela privada que aparece asociada a la empresa EATC, retocó a posteriori la denominación del curso y lo nombró “máster europeo de accidentes e incidentes aeronáuticos”. Así se podía ver en su página web hasta el 22 de mayo de este año. Su presentación señala como “centro colaborador docente” a otra universidad pública, esta vez, la Universidad de Lleida. Y de nuevo publicitaban titulaciones superiores.

Sin embargo, la Universidad de Lleida ha contestado a eldiario.es que “el máster de referencia nunca fue evaluado por nuestra Universidad”. Y añade “nuestra relación con EPSUE data de 2013 con dos convenios para cursos de formación continua”. No fueron renovados y terminaron en 2014 (dos años antes de promocionar la primera versión que se ligó a la URJC). Aducen baja satisfacción del alumnado (se apuntaron pocos) y algún problema de pago. La UdL recibe el 18% de los ingresos de la matrícula de estos cursos. EPSUE no ha contestado sobre este uso del nombre de la UdL.

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha negado que tenga ahora un interés económico o “relación accionarial” con la empresa EATC, una sociedad en cuya formación participó, según ha informado El País, y a la que la URJC cedió la gestión gratuita de sus instalaciones aeronáuticas en 2015.

“El convenio suscrito, no firmado por mí, sino por el anterior Rector, siguió todo el procedimiento legal vigente en su momento para este tipo de convenios”, ha dicho Ramos en el Consejo de Gobierno universitario y se ha apoyado en, ha añadido, dos informes jurídicos (uno interno y otro de un bufete externo) que “avalan” el acuerdo, según sus explicaciones. Con todo, Ramos ha ordenado la reducción del convenio de 25 a cuatro años.

Además, en la sesión, el rector ha defendido la contratación de varios arquitectos como funcionarios que seguían en activo en sus estudios y ha especificado que “para poder realizar dichas contrataciones se modificó, con el acuerdo de la representación sindical y el informe de los Servicios Jurídicos, la relación de puestos de trabajo, incluyendo cinco puestos de carácter técnico. Dicha modificación se presentó y se aprobó en Consejo de Gobierno de la Universidad”. Según su criterio, esta fórmula “permite un ahorro económico y el cese de la relación laboral una vez que las necesidades de espacio y edificación se vieran satisfechas”.

Sobre el máster sobre derecho autonómico en el que se matriculó el diputado del PP, Pablo Casado y que está siendo investigado por la jueza Rodríguez Medel, Ramosse ha limitado a comunicar que la Universidad ha abierto un proceso para “constatar que los estudios se han desarrollado con regularidad”.

Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, puso en marcha junto a seis socios un negocio que ahora utiliza de manera gratuita y por un periodo de 25 años un hangar aeronaútico propiedad de la universidad que dirige, según ha revelado el diario El País.

A través de la empresa European Airline Training Center 2015 (EATC) y que ahora ha sido renombrada como Aviation Group, Ramos y sus socios consiguieron firmar posteriormente un convenio con la Rey Juan Carlos. Para crear la compañía aportaron un capital inicial de 126.000 euros a los que Javier Ramos no aportó. Según el material difundido por El País, se debió a un acuerdo alcanzado entre los interesados, al considerar uno de ellos que “Javier nos va a aportar muchas más cosas y de muchísimo más valor que la parte en metálico”.

Tras las firmas de los acuerdos entre la EATC y la Universidad Rey Juan Carlos, para los que Javier Ramos fue clave, este introdujo a un nuevo socio al que definió como “un amigo de mi entera confianza”. Se trataba de un bombero que se convirtió en el único accionista que, pese a su relación con Ramos, carecía de experiencia previa en el sector aeronaútico.

Las instalaciones de las que posteriormente ha hecho uso la EATC debieron de salir a concurso público, pero gracias al tipo de acuerdo firmado entre ambas partes, mediante un convenio de colaboración formativo, la empresa creada por Javier Ramos usa gratis el hangar aeronáutico.

La magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha citado en calidad de testigo al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos. El máximo responsable de la universidad donde obtuvo su máster Cristina Cifuentes comparecerá el próximo 21 de junio justo después de la secretaria general de la universidad, Pilar Charro Baena, y el vicerrector de Planificación, Andrés Martínez Fernández, según una providencia a la que ha tenido acceso eldiario.es.

La querella que ha dado origen al caso Cifuentes señala a Javier Ramos y al director del Instituto de Estudios Públicos, Enrique Álvarez Conde. Este último ya estaba citado como investigado. La profesora Cecilia Rosado, presunta autora material de la falsificación de las firmas del acta del tribunal del Trabajo de Fin de Máster (TFM), ha declarado ante la magistrada que una asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Maite Feito, le trasladó: “Arreglad esto o el rector y la presidenta os matan”.

La propia Cristina Cifuentes le dirigió una carta a Ramos antes de dimitir, filtrada a los medios, en la que le responsabiliza de la falsificación del acta de su Trabajo de Fin de Máster. Como recordaba la entonces presidenta en la carta, el acta del TFM con las firmas falsificadas salió de una dirección electrónica del Rectorado que dirige Javier Ramos.

En una comparecencia ante los medios horas después de la exclusiva de eldiario.es, tanto Álvarez Conde como el rector intentaron salvar a Cristina Cifuentes defendiendo la regularidad de su máster. Ante la avalancha de evidencias, el rector rectificó y acusó al director del Instituto de Derecho Público y al profesor Pablo Chico de la Cámara, también imputado, de engañarle para hacer creer que se había actuado correctamente

Entrevistas radiofónicas

En la misma providencia en la que cita a Ramos, la magistrada reclama a Onda Cero el audio de la entrevista a Álvarez Conde en la que éste acusó al rector de estar detrás de la “reconstrucción” del acta del supuesto examen de Trabajo de Fin de Máster de Cifuentes. El director del Instituto de Estudios Públicos dijo que dicha “reconstrucción” fue llevada a cabo por una de sus “discípulas” y que había “una decisión del rector de proceder a eso”.

“Procedí a la reconstrucción porque entendí que había una decisión del rector”, se justificó Álvarez Conde, que remarcó que el acta original “debería estar en los servicios de administración de la universidad”, donde se enviaban “por correo interno porque no había sistema informático”. El director del máster señaló que es la primera vez que recibe un “requerimiento de la autoridad universitaria para reconstruir un acta”.

La magistrada Rodríguez-Medel también requiere a la cadena Ser para que le remita el audio de la entrevista realizada el 9 de abril al profesor Rodrigo Martín Jiménez, imputado en la causa. En esa entrevista, Martín aseguró que Cifuentes sí asistió a clase: “En mi caso sí. El sistema que teníamos eran prácticas periódicas cada 15 días y luego un examen final que creo recordar que era un caso práctico. Si tiene un 9 es porque hizo las prácticas y porque hizo el examen. Si no, habría sido suspendida o no calificada”.