Los padres de un joven de 20 años que falleció el pasado mes de marzo en un accidente de tráfico en el puerto de Lunada han recogido más de 30.000 firmas en Change.org solicitando al Gobierno de Cantabria la instalación inmediata de quitamiedos en la carretera en la que perdieron la vida su hijo y tres amigos.

“La última vez que hablé con mi hijo estaba muy ilusionado. Le quedaban dos horas de coche para llegar a la cabaña rural que había reservado con sus amigos para celebrar su 21 cumpleaños”, escribe Sonia García en su petición. “Pero no los llegó a cumplir. A 15 minutos de llegar a su destino su coche se salió de la carretera, se despeñó por una ladera de 400 metros de altura y murió. También los tres amigos que iban con él”.

Sonia García es la madre de Izán, una de las cuatro víctimas mortales del accidente que tuvo lugar el pasado marzo en el Puerto de Lunada. Su hijo cumplía 21 años unos días después del accidente y por eso él y sus amigos habían viajado desde Madrid para celebrarlo en una cabaña rural.

“Estamos destrozados. Nadie te prepara para despedirte de tu hijo pensando que volverá en unos días y que en una llamada te maten en vida diciéndote que no lo vas a volver a ver. Nadie te quita la rabia de pensar que murió porque donde debería haber un guardarraíl no hay ninguna protección”, señalan.

Los padres de Izán aseguran que la muerte de su hijo se podría haber evitado. Por eso han iniciado una recogida de firmas en Change.org/Guardarrailes pidiendo “la instalación inmediata de guardarrailes en la carretera CA-643-Puerto de Lunada (Cantabria)”. En menos de cinco días, su iniciativa contó con el apoyo de más de 25.000 personas, y este lunes superan las 26.000.

Según señalan, esta carretera es “peligrosísima”. “Esto fue hace casi dos meses, el pasado 15 de marzo. Pero ya habían fallecido allí más personas y los vecinos llevan años pidiendo guardarrailes. El Gobierno de Cantabria se comprometió a instalarlos pero no cumplió. Si esto se hubiera hecho antes, seguramente mi hijo estaría vivo. Sus amigos, todos de 20 y 21 años y con toda la vida por delante, también”.

Dirigen su petición al Gobierno de Cantabria, a quien preguntan “¿cuántas personas más tienen que morir en ese punto de la carretera para que ustedes reaccionen? Mi hijo ya no va a volver. Sus amigos tampoco. Pero para evitar futuras víctimas sí que estamos a tiempo. No nos mientan más, por favor. Actúen YA. Los guardarrailes salvan vidas”. Además, solicitan que esa carretera “tan peligrosa” esté mejor señalizada, se cierre en caso de climatología adversa y pase a ser de una sola dirección.

Otras recogidas de firmas

La de los padres de Izan no es la única recogida de firmas creada en Change.org estos días con ese objetivo. Una amiga de otra de las víctimas ha iniciado también una petición solicitando la instalación de estos quitamiedos. “Mi mejor amiga ha fallecido en un accidente de tráfico. Tenía 20 años y toda la vida por delante. Lo que me da rabia es saber que murió por culpa del sistema, porque si eso ha pasado (y no solo esta vez) es por no poner guardarraíles en el Puerto de Lunada, como prometieron que iban a hacer hace mucho tiempo. Pido por favor que no haya más tragedias y que pongan un guardarraíles ya”.

Con la misma urgencia reclaman los padres de Izán una reacción. “Actuemos antes de que haya que lamentar más muertes, por favor. Si hubieran instalado los guardarrailes cuando prometieron hoy no estaríamos haciendo esta petición, ni llorando la pérdida de Izan, Ana y Afra y Juan Ramón. No más muertes evitables, por favor. En nombre de sus familias y amigos: gracias por firmar y difundir”.

Tras conocer que el Gobierno de José Luis Sanz planea poner a la venta la parcela ubicada entre las calles Arrayán y Divina Pastora que el Ayuntamiento de Sevilla se había comprometido a destinar a un parque para los vecinos del centro, el colectivo Pulmón Verde ha puesto en marcha una recogida de firmas en el portal Change.org bajo el lema “el pulmón verde no se vende, se defiende”, que ha superado las 2.400 firmas en 24 horas y ya sobrepasa las 3.000.

La intención de incluir la parcela de 2.100 metros de la calle Arrayán en el nuevo Plan de Enajenaciones e Inversiones del Patrimonio Municipal de Suelo para el período de 2024 a 2027 hace peligrar las conquistas que ha ido alcanzando el colectivo vecinal a lo largo de los últimos cinco años. Así lo recuerda en su petición el colectivo vecinal que abandera esta reivindicación histórica de los vecinos del casco antiguo de Sevilla: “Desde el año 2019 venimos luchando para conseguir un parque en este solar y hemos dado muchos pasos, reuniones con la administración, quejas al defensor del pueblo, cartas al periódico, manifestaciones, carteles, mesas y más mesas en las calles del barrio”.

Por todo ello, los vecinos se muestran decididos a continuar batallando por hacer realidad el sueño compartido de contar con un espacio verde de ocio saludable en uno de los barrios más turistificados de la ciudad. “No podemos permanecer impasibles, no queremos otro pelotazo urbanístico”, concluyen en su recogida de firmas.

No sin contar “con el consenso de los vecinos”

Ante el “revuelo” que ha generado este jueves la noticia de la venta del solar de titularidad municipal, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que se “incorporará al plan de inversiones el solar de la calle Arrayán cuando esté definida la propuesta”, garantizando que “no se hará nada sin consenso vecinal”. El Gobierno del PP responde así a las acusaciones del grupo municipal socialista, que salió en defensa de los vecinos sosteniendo que “no vamos a consentir que Sanz lo venda al mejor postor para que, al final, se construya un nuevo complejo de apartamentos turísticos en el centro”.

En nombre del Partido Popular, De la Rosa reprocha al portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, que se dedique a “asustar a los vecinos con el único objetivo de paralizar y boicotear proyectos”. En ese sentido, el delegado de Urbanismo ha insistido en que “este equipo de gobierno no llevará a cabo ningún proyecto sin haberlo acordado con los vecinos”. Y ha añadido que “las prisas del PSOE le lleven a criticar un proyecto que no existe y no está aprobado, ya que el plan municipal del suelo no es para definir propuestas”.

Junto al edil socialista, la portavoz del grupo Podemos-IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha lamentado que el Gobierno de José Luis pretenda enajenar esa simbólica parcela, recordando que con su puesta en venta estaría quebrantando también el compromiso político que abanderó su partido en la legislatura anterior, cuando Antonio Muñoz prometió que mantendría la titularidad pública del solar para destinarlo a un parque para el barrio.

Para Hornillo, esta operación urbanística orquestada “de espaldas a los vecinos” del centro de Sevilla “huele a pelotazo urbanístico”. Y así lo ha denunciado este viernes en el salón de plenos durante la comisión de control al Gobierno municipal. En la bancada de enfrente, De la Rosa seguía apuntando que “el proyecto que se llevará a cabo en este solar contará con el consenso de los vecinos y no se hará nada a sus espaldas”.

El tortuoso camino hasta el pulmón verde

Al incluir los terrenos de 2.100 metros de la calle Arrayán en el borrador del plan de venta de solares y edificios adscritos al patrimonio municipal, se ponen en riesgo los pasos hacia el pulmón verde que ha ido conquistando el colectivo vecinal desde 2019. “En primer lugar, conseguimos que el solar fuera público al 100%, más tarde, tras la presión vecinal, se aprobó por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento el inicio del trámite para el cambio del PGOU (requisito indispensable para la construcción del espacio verde)”, recuerdan desde el Pulmón Verde en su petición de firma.

En paralelo, entidades educativas y vecinales del barrio han realizado diversas actividades para darle uso al solar, tejiendo barrio hasta el momento de poder contar con el anhelado “pulmón verde” que le falta al casco antiguo. Después de todos esos esfuerzos, el delegado de Urbanismo alimentó las esperanzas de los vecinos en un pleno celebrado el pasado mes de enero, en el que afirmó “que ya quedaba poco tiempo para que se procediera al proyecto para el parque en el solar”, a preguntas de la presidenta del colectivo Pulmón Verde, Sandra Camps.

Desde ese momento, han continuado manteniendo reuniones con diversos responsables políticos. La última tuvo lugar la semana pasada con la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, como asevera la propia Sandra Camps. “Nos han mentido”, deploran ahora los vecinos. Y, después de todo este camino, se declaran “hartos” de mentiras y de que “una vez más nuestra salud quede relegada a un segundo plano, apostando por sacar tajada de un terreno público, en vez de ofrecer opciones de ocio saludable y un espacio verde para compartir entre distintas generaciones”.

A pesar del hartazgo, aseguran que van a mantenerse firmes en su lucha por un “pulmón verde” para el barrio; de ahí que traten de sumar fuerzas en la petición de firmas con la que pretende demostrar que son muchos quienes defienden que “el pulmón verde no se vende”.

Además de la definición canónica del Diccionario de la RAE –“abajo firmante: persona que firma un escrito”–, hay un término netamente español, el abajofirmante (que no reconoce el DRAE), que define a quien firma al pie de un escrito, proclama o manifiesto reivindicativo que juzga digno de compartir.

Aunque no todos lo sean, dignos: no hace mucho, en los 80, vecinos del barrio madrileño de Moratalaz recogieron firmas para que se derribaran los Poblados de Absorción construidos para acoger a los chabolistas gitanos habitantes del terreno antes de la urbanización del barrio. El alcalde, el socialista Juan Barranco, no hizo, naturalmente, ni caso, pero quizá recodaría con nostalgia que esos mismos vecinos habían firmado en 1976 contra la estafa continuada de la mafia panificadora franquista, la “guerra del pan” y protagonizado la primera y mayor manifestación desde la guerra civil: obreros desclasados que cambiaron de chaqueta y de firma.

Pero, en general, los escritos, manifiestos o proclamas son dignos; suelen ser nobles, generosos y solidarios.

El, en este caso, arribafirmante ha sido un conspicuo abajofirmante desde los remotos tiempos del franquismo: los periodistas progresistas prorrateamos el precio de una esquela en memoria del suicidado/asesinado presidente chileno Salvador Allende, que insertamos en La Hoja del Lunes de Madrid el 13 de septiembre de 1973; yo también aborté, con nombre, apellidos y DNI, en 1979 con motivo de la campaña contra el procesamiento de las “Once de Basauri”, diez mujeres y el médico que les practicó el aborto, y en la actualidad no hay causa que me parezca loable que no firme de las que me pasan Change.org, Amnistía Internacional, World Wide Fund (WWF), Greenpeace, Movemos Europa y todo el etcétera imaginable de plataformas de ciberactivismo (participación, movilización...) ciudadano.

En la mayoría de las ocasiones, es un inútil combate. Pero, a veces, la firma del abajofirmante es una palanca que mueve la suciedad de la sociedad y del mundo. Las Once de Basauri, por ejemplo, fueron condenadas en 1982 –de manera casi simbólica por las numerosas atenuantes que consideró la Audiencia Provincial de Bilbao, entre ellas la “extrema necesidad”, que enfrentaba las doctrinas reinantes, la eclesiástica y la posfranquista–, indultadas en 1983 por el primer gobierno del PSOE y antesala de la despenalización del aborto que impulsó el gran jurista Fernando Ledesma en 1985.

Sin la presión de los abajofirmantes, la guerra de Irak no habría despertado la ira mundial, e infructuosa, que se opuso al invasor; el 15M español no habría cobrado dimensión e imitación universales y el #MeToo habría sido considerado una pataleta feminista y no hubiera dado lugar a las legislaciones y a la nueva moral sexual igualitaria y respetuosa que se está imponiendo en la sociedad... en casi todas: Amnistía Internacional mantiene actualmente una campaña contra la inhumana ley anti-homosexualidad aprobada por el Parlamento de Uganda.

Y sin ir tan lejos, el pasado día 13, el movimiento musulmán madrileño 'Por un entierro digno' entregó al Defensor del Pueblo unas modestas quinientas firmas para que haga valer su derecho a un enterramiento de rito islámico –que exige contacto directo de la parte derecha del cuerpo con la tierra y orientación a La Meca–, pues desde que el Ayuntamiento aprobó en 2022 una moción del PSOE para ceder una parcela de 10.000 metros cuadrados en el Cementerio Municipal de Carabanchel Sur para cementerio islámico, las 'abnegadas autoridades' representadas por el alcalde Martínez Almeida no han movido un dedo por implementar la decisión. Y eso que este país no es racista... Y a pesar de estar obligado por tres leyes: la de Enterramientos en Cementerios Municipales, la orgánica de Libertad Religiosa y la Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Es, en general digo, un inútil combate, pero el número de causas conseguidas, importantes o no, son suficientes para animarse a seguir firmando.

Avaaz, palabra indoeuropea de donde se deriva la castellana ‘voz’, es una organización civil norteamericana cuyo objetivo es “movilizar a los ciudadanos del mundo para cerrar la brecha entre el mundo que tenemos y el mundo que la mayoría de la gente quiere”, y atribuye a la influencia de los millones de firmas que recoge en todo el mundo desde el Acuerdo por el Clima de París, la creación de grandes reservas marítimas o la ley Ficha Limpa de Brasil, que supuso la destitución del corrupto Eduardo Cunha, presidente de la Cámara Baja y que Le Monde calificó como “una espectacular victoria política y moral para la sociedad civil”. La lucha contra los glisofatos de la todopoderosa Monsanto, la masacre japonesa de ballenas, la ley antimutilación genital femenina de Somalia o que Arabia Saudí dejara de bombardear las escuelas de Yemen, entre otras muchas, figuran en su palmarés.

De los logros conseguidos por otras grandes organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, defensa de los derechos humanos; WWF, en la promoción y en la conservación del medio ambiente o Greenpeace, que lucha desde por el conservacionismo al desarme, tenemos noticias en la prensa todos los días en sus respectivos campos.

El caso de la popular Change.org, es algo peculiar, pues no se trata de una ONG sino más bien de una empresa estadounidense “cuyo negocio se basa en la venta de publicidad en su propia plataforma, peticiones patrocinadas y micromecenazgo” y se dedica a recopilar firmas que apoyen causas, en muchos casos pequeñas y personales, para conseguir que las cosas cambien, como predica su nombre. Así, entre sus peleas recientes, encontramos desde la petición de justicia por el abandono y muerte de 20.000 ancianos en las residencias geriátricas durante la pandemia del coronavirus, especialmente las de Madrid, y también para Shireen Abu Aqleh, la periodista palestina asesinada en 2022 por el ejército israelí. O parar la mina a cielo abierto de cuarzo metalúrgico destinado a Noruega que destrozará 2.785 hectáreas de Duruelo y Cerezo de Abajo, Segovia. O contra la imposibilidad de conseguir cita previa en la Seguridad Social, también especialmente en la Comunidad de Madrid; los refugiados ucranianos; rebautizar el aeropuerto de Palma como Aeropuerto Internacional Rafael Nadal o buscar al torturador con fuego del perro Tintín, sustraído en Torreiglesias, Segovia, que volvió malherido a su hogar... Sin olvidar la petición a WWF España para que el rey emérito Juan Carlos I deje de ser su presidente de honor, por ser, o era, un conspicuo depredador de animales en peligro de extinción, como los elefantes.

Change ha recogido, desde su fundación en 2007, las firmas habituales de 500 millones de personas; tiene más de 12 millones de usuarios activos y en su expansión compró la española Actuable, dedicada a los mismos menesteres, como que el Instituto Madrileño del Menor y la Familia devolviera a Habiba a su bebé, que se lo arrebataron con la excusa de que le daba de mamar durante demasiados meses. O que la Yago School sevillana dejara de discriminar a los hijos de familias homoparentales...

Una fórmula distinta, muy interesante, es la de la española Osoigo, fundada en Donostia en 2014 por Eneko Agirre, una plataforma en la que 630 políticos de 40 partidos políticos están comprometidos a responder las preguntas de los ciudadanos si vienen avaladas por cierto número de firmas interesadas en la respuesta.

La firma tiene un precio

Pero firmar escritos, manifiestos o proclamas tiene un precio: no es lo mismo soltar un denuesto en las redes sociales, generalmente enmascarado por un pseudónimo, que plantar nombre, apellidos y DNI y otros datos personales al pie de un escrito que, seguro, va a molestar a alguien. Lo primero, o lo segundo, que hacen los ofertantes de empleo es rastrear las huellas digitales del solicitante...

El caso del prestigioso economista Antonio Cabrales es emblemático. Catedrático de la universidad madrileña Carlos III, le duró unas horas su puesto de consejero del Banco de España, las que tardaron en averiguar que su firma figuraba, junto a otros acreditados economistas y académicos, en una carta dirigida al rector de la universidad escocesa de Saint Andrews para recomendar la contratación de la prófuga nacionalista catalana Clara Ponsatí, amiga con la que había trabajado en la universidad Pompeu Fabra. Pues el economista Cabrales no sólo no era independentista sino que había sido propuesto por el PP y aceptado por el gobierno socialista... Y es que scripta manentk, dice el periodista Ignacio Vidal-Folch, que a raíz de este hecho, decidió pasar de abajofirmante a “no firmar nada que no haya redactado yo mismo”: lo escrito permanece, le dijo Cayo Tito al senado romano.

Otros, en cambio, reivindican su condición: “Cuando llegamos a acuerdos y somos los abajofirmantes es porque estamos pensando en la ciudadanía”, dijo Luis Manuel Monforte, secretario general de la UGT en Castilla-la Mancha, y “estamos acostumbrados a que nos llamen abajofirmantes”, recalcó Ángel Nicolás, presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-la Mancha. Ambas partes, que han firmado 25 acuerdos que no se verán afectados por las elecciones, presumen de “orgullo abajofirmante”.

Yo también.

La Fundación internacional Franz Weber (FFW) ha recogido hasta este jueves más de 77.000 firmas en la plataforma Change.org reclamando el fin de la caza para los menores. Así, esta organización animalista se ha amparado en las estadísticas de la Guardia Civil para demostrar que “al menos” 21 menores de edad sufrieron lesiones o fallecieron en España durante las batidas entre 2007 y 2020, lo que evidencia el “peligro” de la exposición de los más jóvenes en la práctica cinegética.

Precisamente, y a pesar de que un niño de cualquier edad puede acudir como espectador a una cacería y de que la caza juvenil está permitida en todo el Estado, elDiario.es contó en febrero de este mismo año que algunas comunidades como Cantabria, Castilla La Mancha, Andalucía o Madrid habían decidido, además, ofrecer la gratuidad total o mayoritaria del permiso de caza a los menores que tengan más de 14 años. Una apuesta firme de algunos gobiernos autonómicos por mantener el relevo generacional en una práctica en plena decadencia, tal y como lo corroboran los datos que emitió el Ministerio de Transición Ecológica en 2019 y que contemplan los registros desde 2005, donde se apunta a que en 14 años el porcentaje de personas que cazan ha bajado alrededor de un 30%.

Ahora, casi diez meses después de que FFW criticase a Cantabria por unirse a la lista de comunidades en las que hay gratuidad en las licencias de los menores, la fundación ha hecho aún más firme su propuesta reprobando, directamente, que los menores tengan permitido acudir a las cacerías, y lo han hecho a través de esta petición en Change.org que pretende alcanzar las 150.000 firmas.

Además, también han exigido la prohibición amparándose en dos leyes: por una parte, la Ley del Menor de 1996; y, por otro, la recientemente aprobada Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. De esta forma, han cargado directamente contra la normativa actual por exponer a los menores “a riesgos mortales”, y han explicado que, según diversos estudios, existe una vinculación entre la exposición a la violencia durante la niñez y adolescencia y el desarrollo de problemas de salud mental: “La participación durante estas edades en actos de maltrato animal es un marcador importante para las actitudes antisociales y conductas agresivas”, han aseverado.

Asimismo, han indicado que la propia Ley del Menor establece que es “un deber” de todo niño y adolescente “respetar a los animales”, algo que, para ellos, difiere de la estrategia de los gobiernos que ponen facilidades para cazar. “Pretenden promocionar la participación de niños y adolescentes en cacerías a través de su presencia física en las mismas, e incluso bonificando las tasas públicas asociadas a la obtención de la licencia de caza”, han declarado desde la fundación.

De igual forma, han mencionado también a la nueva Ley de Educación, la LOMLOE por establecer entre sus objetivos “que los niños conozcan y valoren a los animales, y se adopten modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado” algo que para los ecologistas no se sostiene con el fomento de la actividad cinegética.

Sobre ello, los naturalistas consideran que el supuesto “relevo generacional” no debería ir “por encima de la integridad de los chavales”: “Defendemos cambios normativos urgentes para impedir que un solo menor resulte lesionado como consecuencia del interés de padres, hermanos o abuelos”, han aseverado antes de asegurar que es una “irresponsabilidad” permitir que personas que no tienen capacidad de votar o conducir porten armas de fuego. “Las balas 'rebotadas', las distracciones o los accidentes son habituales, con el consiguiente riesgo de muerte”, han añadido.

Cabe recordar que la normativa española permite a los niños de cualquier edad ser espectadores en las cacerías a pesar de que no es hasta que cumplen 14 años cuando pueden participar activamente en las mismas, así como obtener una autorización especial para disparar armas de gran calibre. De igual forma, tal y como indica el Reglamento de Armas, en vigor desde hace casi 30 años, el permiso para portar un arma no llega hasta los 16 años: “El Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas ya ha expresado su preocupación por el uso de armas de fuego en menores de 18 años, y si ahí se sitúa la mayoría de edad para otras cosas no entiendo por qué aquí no”, aseveró hace unos meses la representante de la Federación de Defensa Animal de Cantabria (DEAN), Victoria Cedrún en una entrevista con este periódico.

No obstante, más allá del relevo generacional, el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, el regionalista Guillermo Blanco, insistió en su momento en que el motivo “principal” que había llevado al Consejo Regional de la Caza a tomar la determinación de dar la licencia gratis a los mayores de 14 años, era atender a “una vieja reivindicación” como es la seguridad jurídica que se les proporciona a aquellos que pretenden llevar a sus hijos o nietos como acompañantes a las cacerías. Y es que Blanco recordaba que si los menores no están inscritos y, por tanto, no tienen licencia, Seprona puede denunciar a los adultos que le acompañan. Sobre ello, Cedrún alegó que “la seguridad jurídica no implica seguridad en su integridad física”, por lo que esta medida “solo es una manera de legalizar una situación que ya existe”. “Lo único para lo que sirve es para que el seguro les cubra en caso de que ocurra algo, así que me da la sensación de que lo que quieren es escudarse en que si un menor tiene un accidente o lo provoca, ya no tengan que pagar ellos sino el seguro”, sentenció la animalista.

Sin embargo, más allá de que las licencias sean gratuitas o no, desde Franz Weber insisten en que los poderes públicos tienen la “corresponsabilidad”, junto con las familias, de desarrollar “medidas para proteger a las personas menores de edad, y de crear un entorno saludable, que les garantice valores éticos y educativos adecuados en cada una de sus etapas”. Por ello, consideran que dejar que estos puedan cazar o participar en la actividad “es una aberración desde todo punto de vista”.

La palmera Susana Pérez ha iniciado una petición en la plataforma change.org en la que solicita a las compañías aéreas que tomen las medidas oportunas para que las personas con capacidad puedan viajar con comodidad.

“Soy una mujer con discapacidad a la que le gusta mucho viajar. A lo largo del tiempo he podido comprobar, con tristeza y cierta rabia, como cada vez se nos hace más complicado, a las personas con movilidad reducida, el acceso a los aviones. Es cierto que existe un servicio de Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (AENA) que nos proporciona una gran ayuda, pero también siento que las compañías aéreas cada vez tienen menos en cuenta las posibles necesidades que podemos tener, obligándonos a sentar en asientos que, al ser cada vez más estrechos, y dependiendo de la dificultad de movimiento que tengamos, se nos puede hacer una tarea muy complicada. Todo ello sin añadir que en caso de emergencia nos veríamos atrapadas o que ante la necesidad de ir al wc, por ejemplo, sería misión imposible”, asegura.

“Entiendo que las compañías aéreas quieran sacar el máximo rendimiento a sus vuelos, pero también me gustaría que se tuvieran en cuenta a todas las personas. Creo que en el mundo en que vivimos, y con los avances que tenemos, no sería difícil adaptar los asientos para que pudiéramos acceder a ellos con mayor comodidad. No sólo hablo de distanciar las filas, otras soluciones podrían ser dejar los respaldos abatibles, permitir que se puedan desplazar sobre rieles, de forma que pueda haber más espacio para el momento de la entrada y salida del avión, etc.”, expone.

“Solicito a las compañías aéreas se tengan en cuenta estas necesidades y se tomen las medidas oportunas para facilitarnos los viajes a todas las personas, ya que las que tenemos una discapacidad lo pagamos igual que el resto”, concluye.

Se puede firmar la petición en el siguiente enlace: http://chng.it/z7Wmm7k8

Más de 100 periodistas y ciudadanos se han sumado ya a la petición lanzada en Change.org contra una licitación de un servicio de comunicación lanzada desde la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias en la que la remuneración se sitúa por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).

En un escrito lanzado el pasado sábado y dirigido a Ana Isabel Solórzano Hernández, secretaria general técnica de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, los firmantes critican que el Gobierno espere contar con un servicio de comunicación de más de 20 profesionales por un precio total de 3.400 euros al mes, tal y como viene recogido en los pliegos de la licitación de este servicio. Por ese motivo, solicitan que el Gobierno de Canarias rectifique el pliego de condiciones.

Los firmantes indican a la Consejería de Hacienda que “no parece un precio razonable esperar por 3.400 euros al mes” contar con los servicios de “un ”periodista con dedicación exclusiva y disponibilidad 24 horas x 365 días, especializado en información económica y experiencia, un documentalista con dedicación exclusiva y disponibilidad 24 horas por 365 días, un fotógrafo con opción a viajar en Canarias y España, un diseñador web, expertos en publicidad, editores de vídeo, traductores y mecanógrafos para transcripciones“.

A ojos de la Consejería de Hacienda, esa misma cantidad económica debe ser suficiente para compensar, además, un servicio de seguimiento de medios, una tarea para la que es necesario disponer de un amplio equipo técnico y humano para poder escuchar y seleccionar todas aquellas noticias de interés para la Consejería y que aparezcan en todas las cadenas de radio, televisión y prensa (tanto on line como de papel). Ese servicio ha de funcionar, además, de lunes a domingo y tener, a solicitud de la Consejería, cobertura en toda Canarias, España y alcance internacional.

Los promotores de este escrito reflexionan sobre el hecho de que “la persona que firma el pliego administrativo de la licitación -el jefe de Gabinete de la Consejería de Hacienda- tiene una retribución que supone 5.000 euros de coste mensual para el contribuyente canario. Esto es un 50% superior al coste total que se espera remunerar a un conjunto de al menos 20 personas que deberá aportar el licitador para cumplir con las condiciones del pliego”.

La carta, que se puede firmar en Change.org, explica que “estos requerimientos han hecho que licitación tras licitación las empresas del sector de comunicación en Canarias (salvo una muy muy conocida) no se hayan presentado”. “No parece que se esté promoviendo la concurrencia, si nos atenemos a los resultados reales de estos años en Economía/Hacienda”, concluyen los periodistas y ciudadanos firmantes, que solicitan que “por favor, revisen el precio y/o las condiciones del pliego, antes de su vencimiento, el 20 de marzo de 2019”.

Coste real de la licitación

En un vídeo explicativo, la plataforma de profesionales que promueve esta campaña, ICC Network y la cuenta @salaperiodistas en Twitter (con 2.300 seguidores), ha realizado un desglose de los costes derivados de la licitación, y llegan a la conclusión de que para ajustar los requerimientos al precio ofrecido, la remuneración de un periodista especializado en economía y con experiencia demostrable tendría que rondar los 750 euros al mes, con dedicación exclusiva y plena disponibilidad, 24 horas todos los días, incluidos festivos. Esto supone percibir un sueldo inferior al salario mínimo interprofesional.

Esta licitación -que resulta de desdoblar en dos la histórica contrata de asistencia en comunicación a la Consejería de Economía y Hacienda, una vez que se separasen a principios de esta legislatura en dos departamentos diferentes, ha sido adjudicada siempre a la “agencia de cabecera de este Gobierno”, denuncian los firmantes.

Los promotores concluyen en el vídeo que explicar cómo puede ser rentable una licitación de estas condiciones a esta empresa “es muy complicado en un documento público”, por lo que solicitan que, una vez expuestos los datos, “suyas son las conclusiones”, citando a la periodista Ana Pastor.

La organización de consumidores Facua ha alertado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de un supuesto fallo de seguridad en la plataforma de solicitudes de firmas Change.org. La brecha permitía, según Facua, suplantar la identidad de los usuarios de Change.org para firmar y comentar peticiones en su nombre tan solo conociendo el correo electrónico con el que estaban registrados en su base de datos. La plataforma ha reconocido el error y afirma haberlo subsanado.

“Con sólo introducir un nombre, un apellido y una dirección de correo electrónico en cualquiera de sus peticiones y pulsar el botón para firmarla, Change.org identificaba si el mail pertenecía a una de las millones de personas dadas de alta en la plataforma y daba por válida la firma. Así, aunque el nombre y apellido introducidos fueran falsos, la supuesta adhesión a la petición por parte del titular de la cuenta pasaba a ser pública sin solicitarle antes que la validase”, ha detallado Facua. 

El fallo permitía un al suplantador un acceso casi total a la cuenta del usuario suplantado. Podía conocer el nombre y apellidos vinculados a la dirección de correo electrónico que había introducido, su localidad, profesión y fotografía de perfil. A partir de esa primera firma, la suplantación podía continuar desarrollándose firmando un número ilimitado de peticiones y publicando comentarios en ellas. “De esta manera, cualquier usuario de Change.org podía aparecer vinculado a peticiones relacionadas con reivindicaciones que resultasen incluso contrarias a sus creencias u opiniones políticas”, continúa la organización.

Facua comunicó el error a la plataforma, que lo subsanó el pasado 21 de noviembre, según ha explicado en un comunicado. No obstante, niega que el agujero se haya explotado masivamente: “Desde 2017 hemos recibido menos de 20 mensajes de nuestros usuarios – representando un 0.00001% de los mismos – solicitando eliminar su firma porque no habían firmado una petición en concreto”.

Change.org también ha comunicado el error a la AEPD, como le solicitó la organización de consumidores. “Hemos solicitado su asesoramiento sobre las medidas adicionales que pudieran ser necesarias para garantizar el respeto de los derechos de nuestros usuarios”, expone la plataforma, que no ha hecho ningún requerimiento de seguridad nuevo a sus usuarios.

El director de Change.org de 2011 a 2017, Francisco Polo, fue nombrado por secretario de Estado para Avance Digital del Gobierno de Pedro Sánchez cuando el PSOE entró en el Gobierno.

Se ha presentado un manifiesto en change.org en el que se pide una regulación a la hora de proceder a la restauración de vías antiguas en Riglos, Peña Rueba y Agüero. En el texto que reproducimos a continuación se exponen las causas de esta petición, así como diversas recomendaciones y directrices. La petición completa se puede leer aquí.

“Tras una reunión en Riglos el 29 de septiembre de 2018, se acordó formar un colectivo de escaladores formado por aperturistas, escaladores locales, equipadores de la zona, técnicos en equipamiento y escaladores con gran experiencia en estas paredes, bien conocedores de sus Mallos, vías, éticas y estilos de escalada y con gran experiencia en restauraciones de vías antiguas y con el objetivo de regular los re-equipamientos o restauraciones que se llevan a cabo en vías antiguas. Desde hace años ha proliferado un estilo de restauración bastante distinto al que había establecido. Las restauraciones actuales han modificado las graduaciones, el compromiso, la exposición e incluso el itinerario original, desvirtuando por completo vías que se realizaron en su época, y transformándolas en algo totalmente distinto. Este estilo de restauración se caracteriza por la abundancia de seguros fijos que facilitan al escalador/a subir por cualquier pared. Antes había que amoldarse a la roca y entrenar, tanto física como mentalmente, ahora con este estilo es al revés, modificamos la roca a nuestro nivel gracias a la cantidad de anclajes fijos que nos reducen su exposición y nos facilitan una ascensión con garantías de triunfo. La falta de respeto hacia nuestros antecesores, que abrieron y escalaron estas vías con un estilo muy limpio, hace que la comunidad escaladora de la zona tome medidas. Las vías son de todos y es herencia de toda la comunidad escaladora, donde el respeto y el trabajo de los escaladores locales siempre ha sido respetado, no solo aquí, sino en cualquier zona de escalada de España. En otros puntos de nuestra geografía han ocurrido problemas similares, por ejemplo: Montserrat, La Pedriza, Picos de Europa, Peñón de Ifach, Ponoig, Cuenca, Rocas del Masmut, que pueden ser modelos a seguir, muchos de ellos regulados, o incluso más cercanos como: Sierra de Guara, Ordesa, Calcena, Trasobares...todos ellos en Aragón.

También hay que tener en cuenta que la proliferación de este estilo de restauraciones aumenta el impacto sobre el medio natural, ya que facilita la ascensión a muchas vías a escaladores/as que antes ni se planteaban el hecho de escalar determinada vía por su exposición, equipamiento o graduación. La agresión que sufre por la erosión y el impacto visual, por la cantidad de anclajes, hace que este estilo de restauración sea muy agresivo.

Otro factor a tener en cuenta es la falta de formación técnica de algunos escaladores-restauradores a la hora de elegir o colocar anclajes mecánicos modernos, con ayuda de taladros a batería. Esto hace que tengamos muchos anclajes, sin homologación y de baja calidad, donde su ubicación y colocación deja mucho que desear, reduciendo su carga y su vida útil.

Por todo esto descrito anteriormente, queremos que se tenga constancia de nuestro buen hacer, respeto, protección, conservación y visión sostenible de nuestros Mallos, que son de todas y todos, y que el futuro es la conservación y la protección, para que las futuras generaciones disfruten lo más posible del medio que nos rodea. En nuestra mano está protegerlo y, de alguna manera, todos somos responsables.

Recomendaciones previas a la restauración de una vía

1. Evalúa antes de comenzar si vas a estar a la altura de la realizar la restauración en condiciones más que aceptables, tanto mental como físicamente y con los conocimientos técnicos necesarios para la elección de anclajes y su perfecta colocación. Todos estos parámetros influirán a la hora del resultado final. Si ves que te supera, bájate, deja la vía, pide ayuda, se humilde.

2. Tómate tu tiempo en realizar la restauración. No hay prisa, lleva así mucho tiempo, por un poco más no pasa nada. Párate a pensar. Primero ¿cómo hacerlo? ¿qué tiempo libre tengo para dedicárselo a la vía? ¿qué material a utilizar? ¿qué anclajes voy a poner? ¿cuántos vas a utilizar? ¿dónde conseguirlos? ¿cuánto te va a costar? o ¿dónde podemos sacar alguna ayuda de asociaciones, clubes de montaña, subvenciones…?

3. No hay que olvidar que todas las vías antiguas son un legado de todas y todos, que anteriores escaladoras/es pasaron por ahí antes que tú y, casi seguro que con peores medios. Así que respeta la vía, el itinerario, los grados y el número de seguros fijos y estilo. Respeta el criterio de los aperturistas o aproxímate lo más posible a él. Piensa antes de actuar, intenta no dejarte llevar por el ego.

Directrices previas a la restauración de una vía

1. Ponerse en contacto con el colectivo de escaladores de la zona y avisar de la actuación que queremos realizar. El colectivo está para ayudar y para que cualquier actuación dentro de los parámetros establecidos sea de buen agrado. Pide ayuda, asesoramiento, se ayudará en todo lo posible.

2. Pide permiso a los aperturistas de la vía a restaurar. Si te lo dan, pues perfecto. Si los aperturistas fallecieron ya hace tiempo, coméntalo con el colectivo de escaladores de la zona, a ver qué les parece la idea, pide segundas opiniones y luego actúa. Si los aperturistas no te dan permiso, no hagas nada.

3. Consigue toda la información necesaria de la vía: croquis nuevos y antiguos, material fijo, grados, itinerario. Pregunta a los escaladores locales.

4. El restaurador ha de ser capaz de realizar la vía desde abajo, asegurando, de esta manera, un perfecto conocimiento de la misma y de sus emplazamientos, para en un futuro poder restaurarla con criterio. Se aconseja sacar fotos de la vía, por tramos o largos, ayuda mucho a la hora de trabajar en casa. Sacar fotos de los anclajes antiguos y tener documentación, para luego contrastar con el trabajo realizado.

5. Muy importante. Marcar, balizar, señalar el pie de vía donde se vaya a re-equipar. Bloquear accesos con carteles señalizando el peligro que tiene estar debajo, andar o pasar por posibles caídas de piedras desde gran altura. Marca una buena zona de seguridad. Evita accidentes, somos muchos por la montaña y el responsable directo, de todo lo que haces, eres tú. Actúa con responsabilidad.

6. Una vez terminada la restauración, probad la vía. Siempre se puede hacer algún cambio, quitar, añadir o reubicar algún seguro. Estar abiertos de mente hacia las críticas es el camino a seguir, es imposible contentar a todo el mundo y siempre es bueno otros puntos de vista. Una vez terminada realiza un croquis con toda la información posible: itinerario, grados, longitud de cada largo, material necesario para realizar la vía, descenso, horario estimado...etc.“

La web Palmeros en el Mundo que administra Fernando Rodríguez Sánchez ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org para “evitar la destrucción en El Césped de Santa Cruz de La Palma”. Dice que “en tan solo 24 horas desde que se activó en la sociedad palmera la idea del Cabildo Insular de La Palma de destruir un espacio tan emblemático para todos los palmeros y canarios como es El Césped para la construcción del nuevo edificio público, la web que Palmeros en El Mundo se ha colapsado de mensajes”. “Solicitan información sobre la idea de destruir el jardín que da la bienvenida a miles de cruceristas cada año y que guarda un cariño especial en el alma de toda nuestra sociedad”, asegura Rodríguez Sánchez.

Recuerda que “en los años 60 del siglo pasado, edificios singulares como el Teatro Chico, Castillo de Santa Catalina y casas con historia propia de toda la ciudad quisieron ser destruidas con el fin de edificar una ciudad moderna imitando a islas capitalinas y que gracias a personas amantes de su tierra estos atentados contra el patrimonio fueron frenados”.

“Santa Cruz de La Palma posee lugares donde edificar grandes infraestructuras como es la entrada por la zona sur junto a las oficinas de la jefatura de Tráfico, las Explanadas o Avenida del Puente”, afirma, y añade que “la voz de un pueblo unido es más fuerte que toda la ley”.

La petición de Palmeros en el Mundo puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.change.org/p/excmo-cabildo-insular-de-la-palma-no-a-la-desaparici%C3%B3n-del-c%C3%A9sped-de-santa-cruz-de-la-palma/share_for_starters?just_created=true

Los vecinos de Socuéllamos, Pedro Muñoz y Mota del Cuervo han emprendido una campaña de recogida de firmas en charge.org para salvar a la encina milenaria 'Ruli', un ejemplar único que se encuentra en una finca privada de la localidad conquense de Mota del Cuervo y que sufrió algunos daños por las nevadas el pasado mes de febrero.

Unidos bajo el nombre de 'Amigos de Ruli', estos vecinos ya han actuado colocando palés para sujetar a esta carrasca a la que se quebró una de sus enormes ramas pero, según han señalado en las redes, “no es suficiente”.

Por ello, han dirigido su campaña, que ya lleva cerca de 50.000 firmas, a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural para reclamarle que intervenga “urgentemente” para catalogar a Ruli como especie singular y garantizar así su protección y su continuo mantenimiento.

“Nuestra encina ha sufrido un gran daño en su estructura, pero se mantiene con vida y estamos a tiempo de salvarla. Si se llevan a cabo sencillas, pero inmediatas y continuadas operaciones, podrá mantenerse en buen estado”, afirman.

'Los Amigos de Ruli' lamentan por otra parte que desde la Junta y desde el Ayuntamiento de Mota no se haya actuado para mejorar su estado desde que el 6 de febrero sufriera los daños que además se han visto incrementados por los fuertes vientos de marzo.

Por eso, han insistido en que “este árbol forma parte de nuestra historia, nuestra cultura y nuestro paisaje desde hace más de doce siglos y no podemos permitir que muera debido a temporales y falta de mantenimiento por parte de los responsables y la lentitud e inactividad de los organismos políticos”.

La encina Ruli es el ser vivo más anciano de Castilla-La Mancha con más de 1.200 años. Con una copa de diámetro de 35 metros, es la segunda más gruesa de toda España.

Francisco Javier Rabal Segura ha hecho entrega, en el Servicio Murciano de Salud, de 116.000 firmas en contra del recorte de un 30% del presupuesto en terapias respiratorias. Además, ha solicitado una reunión con el Consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas García, o con el Director Gerente del SMS, Asensio López Santiago.

Hace unos meses, Fran se enteró de que el Servicio Murciano de Salud iba a sacar a concurso público los servicios de terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación asistida, que él necesita para vivir al sufrir la enfermedad neuromuscular degenerativa de Duchenne, con un recorte de un 30% en su presupuesto.

Por este motivo, decidió comenzar una recogida de firma en Change.org. Su objetivo es claro: frenar el recorte en las terapias respiratorias. Hoy ha registrado en el SMS más de cien mil firmas, tras pocas semanas de la puesta en marcha de la campaña.

Bajar la financiación de este servicio supondría, por un lado, “que los nuevos pacientes les pongan aparatos de respiración de menor calidad”, algo que no ha descartado que también harían con los actuales. Por otra parte, ha indicado que los  materiales que se darían, como mascarillas y filtros bactereológicos, “serían de menor calidad y en cantidades reducidas”.

Asimismo, esta reducción implicaría “menos personal y menos visitas” de los técnicos para chequear que los equipos de ventilación mecánica y oxígeno funcionen correctamente. “La comprobación del estado de las máquinas es importantísima para los 2000 pacientes en Murcia que necesitan usar estos equipos para, literalmente, poder vivir”

El SMS tuvo que sacar a concurso público los servicios de terapia respiratoria dos veces, al declararse desierto en su primer intento. La segunda vez, se presentaron Ferrovial en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Sanivida, Acciona Healthcare Services en UTE con la compañía Orthem, y Contse, en solitario.

A comienzos de esta semana, las dos empresas constructoras fueron descalificadas de otro concurso para gestionar oxigenoterapia en Castilla-La Mancha por falta de solvencia, según informó el medio especializado redacción médica.

Entrega de las firmas en Change.org contra los recortes en las terapias respiratorias

Francisco Javier Rabal Segura, aguileño de 27 años, sufre la enfermedad neuromuscular degenerativa de Duchenne. Cuando un paciente con su cuadro médico necesita de ventilación mecánica constantemente es porque ya está totalmente inmóvil, y con solo algo de movilidad en las manos. De esta forma es dependiente de otras personas para cualquier actividad cotidiana como comer o ducharse.

Hace unos meses, Fran se enteró de que el Servicio Murciano de Salud iba a sacar a concurso público los servicios de terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación asistida, que él necesita para vivir, con una bajada de un 30% en su presupuesto. Por este motivo, decidió comenzar una recogida de firma en Change.org. Su objetivo es claro: frenar el recorte en las terapias respiratorias. Su petición ha superado las 100.000 firmas en pocas semanas, y no tiene pensado parar.

Francisco, que se ha comunicado con este medio por correo electrónico, al serle complicado hablar por teléfono dado su estado, ha señalado que bajar la financiación de este servicio supondría, por un lado, “que los nuevos pacientes les pongan aparatos de respiración de menor calidad”, algo que no ha descartado que también lo hagan a los actuales.

Por otra parte, ha indicado que con un 30% menos de presupuesto, los materiales que se darían, como mascarillas y filtros bactereológicos, “serían de menor calidad y en cantidades reducidas”. Asimismo, esta reducción implicaría “menos personal y menos visitas” de los técnicos para chequear que los equipos de ventilación mecánica y oxígeno funcionen correctamente. “La comprobación del estado de las máquinas es importantísima para los 2000 pacientes en Murcia que necesitan usar estos equipos para, literalmente, poder vivir”.

La constructoras Acciona y Ferrovial, candidatas a ofrecer el servicio

El SMS tuvo que sacar a concurso público los servicios de terapia respiratoria dos veces, al declararse desierto en su primer intento. La segunda vez, se presentaron Ferrovial en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Sanivida, Acciona Healthcare Services en UTE con la compañía Orthem, y Contse, en solitario. A comienzos de esta semana, las dos empresas constructoras fueron descalificadas de otro concurso para gestionar oxigenoterapia en Castilla-La Mancha por falta de solvencia, según informó el medio especializado redacción médica.

“Me parece inaceptable e intolerable que estas dos empresas no hayan sido expulsadas aún del concurso, como sí han hecho en Castilla-La Mancha”, ha criticado Francisco. De hecho, esta semana, el Ayuntamiento de Murcia aprobó sancionar a la empresa Ferrovial por falta de limpieza en los colegios que tiene adjudicados por contrato, según informó La Opinión.

Por otra parte, Fran ha lamentado que ni desde sindicatos, asociaciones o partidos políticos se hayan puesto en contacto con él. Tampoco se ha encabezado ningún tipo de acción en contra de este recorte. “Yo sí he enviado la petición varias veces a muchas asociaciones murcianas de diferentes enfermedades. Solo tres asociaciones, que yo sepa (al contarme que lo hicieron), la publicaron en su web o redes sociales y/o enviaron la información a sus socios”, ha comentado Francisco.

Un vecino de la urbanización Benahoare de Santa Cruz de La Palma ha iniciado una petición en la plataforma ciudadana change.org dirigida al Ayuntamiento de la capital, al Cabildo y al Partido Socialista para acabar “con la plaga” de los gallos y gallinas que impiden el descanso de los habitantes de esta populosa zona de la ciudad. “Es desquiciante que una noche sí y otra también te despierte el cantar de los gallos en la ventana desde cualquier hora de la madrugada (normalmente desde las tres) y es imposible dormir ya que no paran en toda la noche”, asegura este ciudadano. “¿Dónde está el derecho al descanso?”, se pregunta, y a continuación reclama “una solución a esta plaga ya”.

El estudiante palmero de la Facultad de Medicina de la ULL Anthony Carballo ha presentado ante el registro del Cabildo de Tenerife más de 2.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org con el fin de que el llamado Abono Joven (por ahora destinado a residentes en Tenerife con menos de 30 años, con un coste de 35 euros y que permite viajar de forma ilimitada en guagua y tranvía) para transporte público de la Corporación insular se extienda a los chicos de otras islas que reciben formación en Tenerife y, por lo tanto, viven al menos de forma temporal en ella.

“Esta es una causa de todas y todos, con el fin de exigir nuestros derechos”, señaló el promotor de la iniciativa en una nota remitida a los medios, en la que sostiene que los estudiantes piden “respuestas rápidas para poder subsanar el grave error que cometió el Cabildo al expulsarlos de esa convocatoria”.

Los impulsores de esta petición colectiva mantienen abierto el proceso de firmas a través de la citada plataforma online, con el objeto de seguir recabando apoyos. También prevén desarrollar otras acciones de protesta o de presión, siempre con el propósito de que el Cabildo y otras administraciones públicas locales atiendan las que consideran que son sus legítimas reivindicaciones.

Desde el Cabildo tinerfeño ya se han comprometido a estudiar la propuesta y se han establecido contactos con el Gobierno de Canarias y el resto de los cabildos para estudiar nuevas fórmulas de financiación del Abono Joven, según informó la agencia Europa Press.

Algunos partidos de la oposición en el Cabildo, como el PP y Podemos, han pedido importantes cambios en el Abono Joven. Los populares han solicitado una rebaja de su precio, de los 35 euros actuales a 20, mientras que Podemos ya había reclamado al Gobierno insular que permitiera que ese abono para transporte público además beneficiara a estudiantes en Tenerife que residen en otras islas, tal y como ahora se demanda a través de las mencionadas 2.000 firmas.

La buenas expectativas que ha generado durante los últimos meses el concierto estrella del Año Jubilar Lebaniego se desvanecieron el pasado sábado cuando el protagonista, Enrique Iglesias, decepcionó a sus fans tras una actuación que culminó con una pitada generalizada y gritos de '¡Manos arriba, esto es un atraco!'.

Y es que según los asistentes que acudieron a los campos de sport de El Sardinero, el espectáculo empezó con media hora de retraso y duró menos de lo esperado -tan solo hora y media-, acabó sin los habituales bises y sin que el artista se despidiera. El enfado de los aficionados se trasladó esa misma noche a las redes sociales y en la mañana del domingo, medios nacionales e internacionales se hicieron eco del descontento que provocó el popular artista en su público.

El último capítulo de este revuelo en torno al único concierto de Enrique Iglesias en España, se escribe en la plataforma de peticiones change.org donde cerca de 2.000 personas solicitan la devolución del precio que pagaron por las entradas.

“Ni cantó, ni bailó, ni se veía el concierto en las pantallas, no se presentó, ni se despidió.... LAMENTABLE”, subrayan los firmantes indignados. “He pagado 90 euros por una entrada premium en la cual no hemos tenido ninguna diferencia con la normal, salvo el pack de comida”, denuncia uno de los asistentes en esta web.

“No es un tenor”

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que acudió al concierto, ha ofrecido una valoración de la actuación y ha calificado el final como “lamentable”. Ha recalcado que Enrique Iglesias “no es un tenor y de voz no anda muy sobrado”, al tiempo que ha apuntado que “tendrá que meditar si quiere seguir tendiendo actuaciones de este tipo, dejando un mal sabor de boca a sus fans”.

“Hay dos maneras de entender el trato con el público”, ha reconocido Revilla, que cree que para los artistas hay algo que debe ser “sagrado”, ser “un poco generosos” con los seguidores. A pesar de ello, ha querido poner en valor la “repercusión” y el “éxito” de asistencia del evento.

Según los datos aportados por el Gobierno, el 60% de los asistentes al concierto procedían de distintos puntos de España y del mundo. Muchos llegados desde las comunidades limítrofes a Cantabria como Castilla y León, País Vasco y Asturias.

Asimismo, se vendieron, tal y como señala el Ejecutivo cántabro, un gran número de entradas en Madrid y Comunidad Valenciana, especialmente. A Santander también han viajado para asistir al concierto público procedente de distintos puntos de Europa, además de Israel, Estados Unidos y México, según el Gobierno.

El debate sobre si Valencia debe dedicar o no una calle o una plaza a la exalcaldesa Rita Barbera, fallecida el pasado miércoles 23 de noviembre en un hotel en Madrid víctima de un infarto, ha llegado a la red. Concretamente a la plataforma change.org, donde se han iniciado sendas campañas de recogida de firmas -una a favor y otra en contra-.

De este modo, el pasado jueves 24, se lanzaba una campaña -dirigida al ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat Valenciana- a través de la cual solicitan una calle principal o una plaza dedicada a la exalcaldesa y a su trayectoria, “por los 24 años de dedicación a Valencia y a los valencianos. Por todo el trabajo, empeño, amor y admiración que, durante toda su carrera política ha dedicado a la ciudad de Valencia”. La iniciativa, hasta el momento, lleva poco más de 10.000 adhesiones.

Por el contrario, el viernes 25, se ponía en marcha otra campaña en sentido contrario que, por ahora, lleva acumulados más apoyos pese a llevar menos tiempo (más de 11.600 firmantes). En esta ocasión, su promotora solicita “impedir que algo en Valencia lleve el nombre de Rita Barberá”, ya que considera “injusto” ponerle su nombre “a cualquier calle, avenida, parque, plaza, puente o aeropuerto de Valencia”.

La solicitud explica que se puede honrar la memoria de la que fue senadora “sin necesidad de faltar el respeto a todas esas personas a las que Rita Barberá hizo tanto daño durante sus 24 años como alcaldesa de Valencia”. En este sentido, hace referencia la petición a los familiares de las víctimas del metro, “de los que Rita Barberá se burló públicamente”, a los vecinos del barrio del Cabanyal, “a los que Rita Barberá quiso destruir sus casas para ampliar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar”, a los extrabajadores de RTVV “que se quedaron en la calle”, y también “a todos esos niños que se ven obligados a estudiar en barracones porque no tienen colegios”.

Prosigue el texto asegurando que Barberá no fue una buena alcaldesa, “puede que hiciera cosas buenas por la ciudad, pero también hizo muchas cosas malas por las personas que vivimos en ella”. “Ya basta de santificar a alguien cuando se muere. La muerte no te hace buena persona”, explica la promotora, quien considera que sería “muy injusto que algún elemento llevara el nombre de Rita Barberá en su honor”. “El honor y el respeto es algo que hay que ganarse, y ella hizo muchas cosas durante 24 años para no merecerlo”, concluye.

El palmero Francisco David Carballo Ventura ha iniciado una petición en change.org, la mayor plataforma ciudadana de peticiones del mundo, en la que solicita una ambulancia para Santa Cruz de La Palma. Las firmas que se recojan en esta petición se entregarán al Gobierno de Canarias, al Cabildo de La Palma y al Ayuntamiento de la capital. “Queremos, exigimos y necesitamos una ambulancia en Santa Cruz de La Palma”, dice.

Solicita que “el Gobierno de Canarias convoque cuanto antes el concurso autonómico de ambulancias de esta Comunidad Autónoma para que se dote a Santa Cruz de La Palma de una ambulancia de soporte vital básico”. Justifica esta demanda al tratarse de “la capital insular y tener 18.000 habitantes”. Asimismo, pide a los consejeros del Cabildo y del Parlamento de Canarias y a los diputados nacionales que “se pongan de una vez las pilas y que en la ciudad, y en cada pueblo, haya como mínimo una ambulancia”. Recuerda que “ahora existen dos, una en Las Breñas y otra en Mazo que cubren los cuatro municipios de la comarca”. La petición puede firmarse en Change.org

Una petición en la plataforma Change.org dirigida al Partido Popular, Mariano Rajoy y el Gobierno de España pide que se cancele “de manera urgente” la designación del exministro José Manuel Soria como candidato a director ejecutivo del Banco Mundial.

La iniciativa, promovida por el concejal socialista del Ayuntamiento de La Laguna Javier Abreu, señala que este nombramiento es “una tomadura de pelo” por parte del Partido Popular ya que Soria es “una persona que no representa los valores de este país, pero si los más oscuros intereses de su organización política”.

El texto recuerda que este nombramiento se hizo justo minutos después de la fallida investidura de Mariano Rajoy  como presidente del Gobierno de España.

“Un exministro que tuvo que abandonar su cargo por, entre otras cuestiones, turbios asuntos financieros, mentiras y estar dentro de los famosos ”Papeles de Panamá“. Jose Manuel Soria, el que puso un ”impuesto al sol“, quien subió el precio de la luz a cuotas históricas... y al que ahora se le premia con una remuneración anual de 226.500€ (libres de impuestos)”, recoge el escrito de Javier Abreu.

Una petición popular en la plataforma Change.org pide que las navieras que hacen trayectos regulares entre las islas cuenten con personal médico para que puedan atender a los pasajeros en caso de accidentes dentro de los barcos.

La carta, remitida al Director Gerente de Puertos Canarios, Gustavo Santana; al Director General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Juan Francisco Padrón; a la Secretaria General Técnica de Obras Públicas y Transportes, Blanca Méndez; el Director General de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias; Bernardo Macías; y al Director General de Salud Pública, Ricardo Redondas; la firma Baude González, que cuenta que el pasado 17 de julio en una travesía entre Gran Canaria y Tenerife con Naviera Armas, sufrió una caída a los diez minutos de zarpar en la que se fracturó ocho costillas, se dañó el pulmón y se le desplazó el diafragma.

González explica que “ya que las navieras no están obligadas a disponer de personal médico”, le dejaron en una camilla de enfermería durante las tres horas que dura el trayecto hasta Tenerife, en los que estuvo acompañado por el segundo oficial.

Este ciudadano narra que le “asusta” pensar “que pude fallecer, sin tratamiento ni valoración” y que “los técnicos de la ambulancia me recogieron en el barco, donde por cierto no cabía una camilla hasta donde yo estaba, e ingrese en Urgencias de Hospiten Rambla a las 00.10 del día 18, lo cual quiere decir que me vio un médico cuatro horas 30 minutos después del accidente”.

Así, por su caso personal, González recuerda que las líneas marítimas regulares son transitadas con mucha frecuencia, por lo que considera que sería necesario un servicio de personal sanitario que las atendiera “para evitar que alguna desgracia vuelva a ocurrir”.

Por ello, pide al Gobierno de Canarias que establezca un plan para garantizar atención sanitaria en los barcos y que este obligue a las navieras a costear un servicio médico a bordo por ley.

“Se trata de rutas interinsulares muy transitadas, por temas comerciales, turísticos, industriales, o por mero tráfico de habitantes canarios que se desplazan por otros motivos. Cualquier tragedia puede ocurrir y tenemos que estar preparados para emergencias de todo tipo”, indica González.

Una iniciativa registrada en la plataforma Change.org por el músico y empresario Enrique Mateu el pasado domingo ya recogía a primera hora de este martes más de 600 firmas de apoyo a la visión del Festival de Música de Canarias impulsada por su nuevo director, Nino Díaz, que da mayor protagonismo a las agrupaciones locales frente a las grandes sinfónicas internacionales.

Esta iniciativa recuerda que la 33 edición del Festival Internacional de Música de Canarias, presentada el pasado 22 de julio, da un giro que se concreta en un gasto público “más contenido, optimizado y transparente” para evitar las “escandalosas pérdidas” de los últimos años y en una presencia “más equilibrada” de creadores, artistas y empresas canarias del sector, hasta la fecha “meramente simbólica”.

Además plantea “más actividades y más descentralizadas”, llegando a las ocho islas y a diversos núcleos poblacionales, “una oferta más amplia y diversificada en cuanto a estilos y épocas”, y unos precios que tengan en cuenta la realidad económica.

Mateu asegura que hasta esta edición nadie se había atrevido a reformar el festival debido a “los poderes fácticos y lobbies que intervienen, los intereses sobrevenidos de intermediarios y sus consecuencias políticas”.

El promotor de esta iniciativa rechaza “las presiones, los insultos y las descalificaciones personales” del “reducido núcleo de personas que desde sus tribunas han venido moviendo los hilos del festival durante estos 30 años” y que defienden un modelo que “consume una importante parte de los recursos económicos de la inversión en cultura del Gobierno de Canarias solo para tener un capricho al que asiste una reducida élite que disminuye cada año por razonez obvias”.

Según Mateu, este lobby están haciendo peligrar la concepción “más justa, equilibrada, amplia y sostenible” que se propone para este año. “Nunca el Festival de Música de Canarias había tenido tanta repercusión mediática y había conseguido tanto interés y apoyo en las redes sociales”, agrega.

El texto que acompaña a la iniciativa de recogida de firmas incide en que este lobby tiene a su alcance “medios de comunicación poderosos y amistades peligrosas” que abogan por un festival “anacrónico, agonizante, sin ninguna proyección nacional e internacional, y con muy poca repercusión local en comparación con el tremendo gasto” y que, para ello, “está presionando a los estamentos públicos y privados, incluida la Presidencia del Gobierno, para imponer su criterio solicitando cortar las cabezas de los que no opinan como ellos y para colocar así a quienes les sirven sin rechistar”.

La iniciativa reclama no sólo el apoyo a la nueva concepción del Festival de Música de Canarias sino también el respaldo a “una política cultural general en la que los creadores, artistas y empresarios de las Industrias Culturales y Creativas de Canarias tengan presencia razonable junto con las propuestas foráneas (ya que no se trata, en absoluto, de impedir que se programen eventos nacionales e internacionales, lo que sería igual de disparate que lo que defiende este lobby)”.