La defensa de uno de los responsables de la 'Gürtel', Álvaro Pérez 'El Bigotes', ha reivindicado este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones a una de las empresas de la trama la “influencia” del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps para que la misma “pudiese llegar” a la administración autonómica.

La sesión de este martes ha arrancado con la exposición del informe final por parte de Gustavo Galán, el letrado del propio Pérez y también de Isabel Jordán, administradora de algunas de las empresas de Gürtel. Durante su intervención, el abogado ha calificado de “llamativo” que la representación de Camps haya querido “negar” la “relación de amistad” del expresidente con 'El Bigotes'.

“¿Cómo una persona que ha estado trabajando en Madrid va a ir a Valencia, cambiar toda su vida, si no tiene un proyecto que puede ser considerado como sólido y seguro? Nadie va si no tiene una especie de garantía”, ha señalado el abogado, que ha incidido en que fue Camps la “persona” que le dijo a Pérez que se desplazase a la comunidad autónoma, donde iba a “estar bien y tener calidad de vida”.

Galán, que ha defendido que estas cuestiones “han sido corroboradas” entre otros por el líder de la Gürtel, Francisco Correa, ha criticado que el ahora expresidente valenciano califique a Pérez como un trabajador para el Partido Popular.

“Esto no es en lo que coinciden y corroboran personas como el señor Crespo”, ha apuntado, en relación a la declaración en sede judicial del 'número dos' de la trama. En esta línea, el letrado también ha puesto el foco en la asistencia de Camps a la boda de la hija de 'El Bigotes' para destacar la relación entre ambos.

La defensa de Pérez ha continuado señalando, en esta ocasión, la declaración como testigo del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa. “Vino a responder que había una relación de confianza y amistad. El señor Pérez tenía acceso a muchas personas, a varios vicepresidentes y al propio conseller”, ha apuntado.

Sin competencia “para contratar”

Este martes también ha servido para escuchar el informe final del letrado de Dora Ibars, la que fuese directora general de Promoción Institucional, que ha solicitado la absolución para su representada al considerar que no ha quedado demostrado que “negociara o concretara nada con ningún representante de Orange Market”, la empresa de la Gürtel manejada por 'El Bigotes'.

“Ibars no acordó contratar nada y no tuvo relación o intervención con el expediente del ahora denominado grupo Correa. Mi defendida dio el visto bueno a tres facturas únicamente. Pero no consta que diese el visto bueno a tres facturas intervenidas en el registro a las empresas del grupo Correa”, ha sostenido.

En esta línea, el letrado de Ibars ha aseverado que su representada “no contrató y no tenía competencia para contratar”. “Si mi mandante actuó mal en una contratación decidida por su superior, producida durante su embarazo de riesgo y donde se limita a dar visto bueno a unas facturas porque se indica que se ha prestado servicio no lo hizo conscientemente y con ánimo de fraccionar o evitar procedimientos de contratación”, ha añadido.

Así las cosas, el abogado ha zanjado señalando que “la intervención de Ibars se limitó a reunirse en 2008” con el que fuera gerente de Orange Market, Cándido Herrero, para analizar la propuesta de diseño del stand de grandes proyectos. “Y el diseño le pareció inadecuado”, ha recordado.

El policía Manuel Morocho, responsable de la investigación del caso Gürtel', ha desglosado en el juicio de la Audiencia Nacional la estructura de la trama y su vinculación directa con el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, acusado en la causa. El investigador ha confirmado la “dinámica de actuación” de la red con facturación ficticia de actos electorales de Camps con cargo a empresas privadas y con la caja B.

Morocho ha explicado, a preguntas de la fiscal anticorrupción, que hubo una “relación prolongada en el tiempo y continua con responsables políticos de esas administraciones para captar negocio, que al final es lo que interesa”. “Hay que hacer 'business', como decía Correa”, ha apostillado.

El policía ha detallado los regalos navideños que la trama enviaba a sus contactos en la Generalitat Valenciana y cómo “maquillan los conceptos para dificultar la identificación de los posibles beneficiarios”. El inspector jefe ha recordado las “compras continuas en establecimientos de lujo” de presentes para dirigentes populares como Camps, Ricardo Costa o David Serra, todos acusados en la causa. También para los padres del expresidente de la Generalitat Valenciana y sus suegros.

Con los regalos, “buscan que que vean a Álvaro Pérez como a alguien de confianza que es cercano, que no sólo les hace el evento sino que, a la vez, les resuelve problemas o que les escucha cuando tienen problemas”, ha dicho Morocho. El policía también ha destacado la “concentración” de regalos en el periodo navideño y cómo los responsables de la trama “singularizan” los presentes, incluidos bolsos de Loewe a Isabel Bas, esposa de Francisco Camps, o un “producto tecnológico puntero” a uno de los hijos de ambos.

El inspector ha analizado la dinámica de la facturación en B de actos encargados por el PP valenciano a la trama y ha destacado uno en concreto: la presentación de Camps como candidato en sendos eventos celebrados en 2002 y 2003. Los costes de los servicios prestados por proveedores los asume el “Congreso de la Internacional Democratacristiana en Corfú” o empresas privadas. 

La fiscal anticorrupción ha repasado las conversaciones telefónicas intervenidas, por orden judicial, por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en las que Álvaro Pérez 'El Bigotes' intenta negociar un calendario de cobros, tanto en A como en B, además de una suerte de regulación en la obtención de adjudicaciones públicas en el marco de la competencia con otras empresas del sector.

El investigador ha repasado el papel del Bigotes como delegado de la trama en Valencia y ha destacado una conversación intervenida con Francisco Correa, jefe máximo de la red. “Correa es muy claro, Álvaro Pérez trabaja para el presidente [Francisco Camps], no para el PP de la Comunidad Valencia, lo centran mucho en la persona”.

La caja B de 'Gürtel'

La trama siguió la misma estrategia en Madrid y en Valencia: “La estructura Correa característica es la introducción dentro de los órganos directivos de la formación política para hacer algo tan importante como la campaña, en términos de creatividad, con el objetivo de conseguir la victoria en los procesos electorales”. “Eso”, ha agregado Morocho, “va en paralelo a generar una relación de confianza que permita la captación de negocio en el ámbito de la contratación pública”. Además, la red 'Gürtel' también intervenía en procesos urbanísticos o en la adjudicación de operaciones inmobiliarias, ha recordado el testigo perito.

La caja B de la trama delataba dos momentos “relevantes”: entre 2001 y 2003 con un “tope de ingresos” por su actuación en la Comunidad de Madrid y en 2007 con otro pico “máximo” como consecuencia de la “vasculación” de la estructura empresarial hacia el Palau de la Generalitat. La red consiguió con su traslado a Valencia “mantener su cifra de negocio”, ha explicado el inspector Morocho.

El policía también ha afirmado que en la caja B “se observa perfectamente una punta de ingresos que obedece al aumento [de sus actividades] en Valencia y a los cobros por las campañas al PP de la Comunidad Valenciana”.

“Con Álvaro Pérez no tenía ninguna relación, era gente totalmente distinta a él”. Así ha negado Mateo Castellar, asesor del gabinete de Francisco Camps, la amistad entre el expresidente popular de la Generalitat Valenciana y el delegado de la trama 'Gürtel' en Valencia durante la sesión de este mates en el juicio por la pieza separada 5 de la causa que se celebra en la Audiencia Nacional. El testigo ha asegurado que tuvo “algún trato” con amigos personales de Camps y ha negado que 'El Bigotes' se enmarcara en el perfil de amistades del expresidente autonómico. “Es un personaje muy pintoresco”, ha dicho en referencia a Álvaro Pérez. “El tipo de amigos del presidente es un perfil de gente mucho más discreta”, ha agregado.

La declaración del testigo contradice de plano la confesión de Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, según la cual presenció encuentros entre El Bigotes y Camps en el Palau de la Generalitat. El expresidente autonómico matizó su relación con Álvaro Pérez y la enmarcó en el ámbito estrictamente “profesional”, a pesar de las cariñosas conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía en las cuales le dice “te quiero” al Bigotes hasta en ocho ocasiones. El Bigotes declaró ante el tribunal que Camps le ayudó y confirmó la amistad entre ambos.

Por su parte, Costa especificó, a preguntas del letrado de Francisco Camps, que había comido con el expresidente autonómico y el delegado de la trama Gürtel en Valencia, en el salón dorado del Palau de la Generalitat “en varias ocasiones”. Sin embargo, el penalista Pablo Delgado ha aprovechado la declaración de Mateo Castellar, testigo a petición de la defensa del exdiputado del PP también acusado David Serra, para tratar de debilitar la confesión de Ricardo Costa, con la que Anticorrupción pretende apuntalar la acusación.

El testigo ha explicado que en 2009, tras las detenciones y los registros del 'caso Gürtel', repasó la agenda de Camps: “Ese ejercicio busqué [en la agenda] a Correa y a Álvaro Pérez y esa gente que iba saliendo en prensa y me extrañó porque nunca vi que se hubieran pasado por Presidencia en el tiempo que yo estuve”. También ha cuestionado que el expresidente comiera con Costa y El Bigotes hubieran comido en el salón dorado del Palau de la Generalitat. “En el salón dorado es imposible, es como montar una mesa en un campo de fútbol, no tiene ningún sentido, no había comidas allí, estaba reservado para actos institucionales”, ha afirmado.

El Bigotes “no pasaba desapercibido”

Mateo Castellar ha reconocido que vio a Álvaro Pérez en los actos del PP valenciano. “Estaba más en la parte organizativa del partido trabajando y viendo que toda la escenografía funcionara”, ha relatado. El testigo ha especificado que El Bigotes se encargaba de los “micros, altavoces y la megafonía” de los actos de la formación. “Era un personaje que no pasaba desapercibido”, ha apostillado.

Además, ha afirmado que no recibió ninguna instrucción “ni directa ni indirectamente” para contratar o favorecer las empresas de la red Gürtel. El testigo también ha negado haber recibido “ninguna presión” para contratar a Orange Market para los eventos como el Open de Tenis mientras fue director general de Deportes del Gobierno de Camps. Castellar ha indicado que su departamento tan solo gestionó facturas menores correspondientes a las ediciones del 2006 y del 2007 del evento deportivo.

El testigo, además de asesor del gabinete de Francisco Camps y de alto cargo de su Gobierno, también ha formado parte del despacho Sánchez de León Abogados, vinculado a la exportavoz y exvicepresidenta del Ejecutivo popular, Paula Sánchez de León. Ésta última, durante su declaración como testigo en el juicio del 'caso Gürtel', también negó que Camps mantuviera amistad con El Bigotes.

Las declaraciones de los testigos de segunda o tercera fila en el juicio de la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional no suelen aportar demasiadas claves sobre la presunta trama. Sin embargo, a veces, revelan valiosas pinceladas sobre la red y su estrecha relación con Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de dos años y medio de prisión, además de inhabilitación para cargo público durante una década, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración pública.

En una de estas declaraciones secundarias ha aflorado, de nuevo, la farmacia de Isabel Bas, esposa del expresidente autonómico del PP. La 'farma', tal como se conocía al establecimiento en la jerga interna de la trama, según se desprende de las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía, se convirtió en una suerte de lugar de encuentro entre Álvaro Pérez 'El Bigotes', delegado de 'Gürtel' en Valencia, y la esposa de Camps.

A pesar de que el expresidente valenciano rebajó su relación de amistad con Álvaro Pérez y la enmarcó en una vinculación estrictamente “profesional”, la trama se encargó de buscar a un diseñador para la remodelación de la fachada de la farmacia, que se había quedado algo anticuada.

Cristina T. trabajó en el departamento financiero de la empresa Juan Sanz SL, una de las proveedoras de Orange Market, la filial de Gürtel en Valencia. La mujer, que comparecía como testigo en la vista celebrada este martes, ha recordado que conoció a Álvaro Pérez “cuando se estaba preparando el congreso del PP” en Feria Valencia en 2008. Al año siguiente, la empresa Juan Sanz SL fue la proveedora de Orange Market para el 'stand' de la Generalitat Valenciana en la feria Fitur.

“Cuando venía Álvaro, hablaba con Juan en la sala de juntas [de la empresa]”, ha relatado la testigo. El diseñador Juan Sanz era el decorador de cabecera de El Bigotes.Tanto es así que se encargó de un proyecto para el diseño de la remodelación de la céntrica farmacia de Isabel Bas, esposa de Francisco Camps.

En 2008, según ha declarado Cristina T., el delegado de Gürtel en Valencia recurrió a la empresa para encargar un diseño. “No sé más que fue Álvaro Pérez y creo, por lo que a mí me contaron, que Francisco Camps, pero no vinieron allí y dijeron 'vamos a hacer este proyecto' y se lo encargaron directamente a Juan Sanz”, ha afirmado a preguntas de la fiscal anticorrupción.

El proyecto era de una entidad menor —“muy pequeño, no llegaba ni a 1.000 euros”, ha dicho la testigo— y consistía en “remozar” la fachada del establecimiento, situado en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. “También sé que nunca se nos planteó la obra, se desestimó luego”, ha agregado. La testigo ha asegurado que vio un “plano del alzado” y ha asegurado que se trataba de un proyecto “muy básico” que probablemente incluyó un 'render'.

Durante las sesiones del juicio no ha quedado claro quién debía encargarse del abono del diseño. Mientras que El Bigotes aseguró que Isabel Bas y su socia se harían cargo del pago, el propio diseñador de cabecera de Álvaro Pérez afirmó que el proyecto, que nunca se llegó a ejecutar, lo tenía que pagar Orange Market. El acusado Pablo Crespo declaró que la esposa de Camps simplemente le “pidió consejo” al Bigotes, quien “tiene mucho gusto para el diseño”.

El delegado de 'Gürtel' en Valencia pasaba por la farmacia a dejar algún recado para el presidente autonómico, tal como explicó en su declaración. Para molestar lo mínimo a Camps, aprovechaba su amistad con Isabel Bas para comunicarle los problemas de Orange Market en materia de cobros y adjudicaciones. “Si podía tomarme un café con Isabel y decirle: mira tengo este problema, si tienes un hueco y se lo puedes comentar a Paco”, explicó.

Francisco Camps, por su parte, matizó su relación con Álvaro Pérez y, en relación con las visitas del delegado de 'Gürtel' a la farmacia de Isabel Bas, arguyó que se trata de “un lugar público”. “Mi mujer es una farmacéutica que está detrás del mostrador, no le puede decir que no venga”, manifestó Camps en referencia a las conversaciones telefónicas en las que Isabel Bas invitaba a Álvaro Pérez a pasar por su establecimiento.

César Martín Morales, condenado en la pieza del 'caso Gürtel' relativa a la trama en Boadilla del Monte (Madrid), ha confirmado que la red que dirigía Francisco Correa envió a Álvaro Pérez 'El Bigotes' a Valencia para iniciar negocios con la administración pública debido a su amistad con el expresidente autonómico Francisco Camps. Martín Morales, conocido como El Santo, fue una pieza clave del desembarco de la trama en la localidad madrileña cuando estaba al frente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte durante el mandato de Arturo González Panero, El Albondiguilla.

En el juicio por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel', Martín Morales ha declarado como testigo en su condición de asesor jurídico de las empresas de Francisco Correa en materia de contratos, entre otros, con la empresa pública de la Generalitat Valenciana Vaersa. A preguntas del letrado que ejerce la defensa de Álvaro Pérez 'El Bigotes', César Martín ha relatado cómo fue el desembarco de la trama Gürtel en Valencia.

Así, Francisco Correa le comunicó “varias veces” que “mandaba” al Bigotes a Valencia “porque había trabado amistad con Francisco Camps”. “Querían ampliar sus actividades porque no les adjudicaban suficientes contratos públicos en Madrid”, ha declarado. También se ha referido a la amistad del delegado de la trama con la esposa del expresidente, Isabel Bas.

El letrado de Álvaro Pérez le ha preguntado si le llamó la atención que, en 2004, Orange Market se instalara en Valencia y apenas un año después obtuviera un contrato público para la feria Fitur. “No me llamó la atención porque Correa ya dijo que mandaban a Álvaro a Valencia para hacer negocios en la comunidad, como consecuencia de su amistad con Camps”, ha contestado el testigo.

El letrado del expresidente autonómico ha pedido a Martín Morales que precisara cuándo le dijo Correa que El Bigotes era el enviado de la trama a Valencia. El testigo ha respondido que fue hasta en “dos o tres ocasiones”, en el marco de comidas y reuniones. Francisco Correa “lo manifestaba con total normalidad”, ha aseverado el asesor jurídico de las empresas de la red Gürtel.

Actos para “congraciarse” con Camps

En la misma sesión del juicio, ha declarado como testigo la exdirectora general de la Mujer Clara Abellán durante la etapa de la acusada Alicia de Miguel como consellera de Bienestar Social. El departamento organizó dos actos, mediante contratos menores adjudicados a empresas de la trama, para “congraciarse” con Camps en el marco de las batallas internas del PP y continuar en la siguiente legislatura, según declaró su jefe de gabinete. Alicia de Miguel, por su parte, acusó a su exjefe de gabinete de haber mentido y le responsabilizó de la contratación de la red Gürtel.

La exdirectora general ha explicado que durante el periodo en que se contrató el primero de los actos a Orange Market estaba de baja y que se limitó a firmar las facturas, previamente validadas, cuando se reincorporó a su puesto. También ha recordado su aflicción con la creación de la Fundación Tolerancia Cero, que organizó los actos contratados a la red Gürtel: “Me sentaba muy mal que estuviera la fundación porque me estaba solapando el trabajo, estaba disgustada”.

En un acto celebrado el 25 de enero del 2007 y contratado a la red Gürtel, la exalto cargo ni siquiera tenía un sitio reservado. “Se levantó una persona de una asociación de mujeres para cederme su sitio porque no me habían guardado ni sitio”, ha recordado. Sin embargo, también ha declarado que Alicia de Miguel “nunca” le ordenó contratar a una empresa en concreto.

Adoración R., secretaria general administrativa del mismo departamento durante la etapa de Alicia de Miguel, también ha negado haberse sentido presionada por la entonces consellera de Bienestar Social. “Nunca he tenido ningún problema con Alicia de Miguel, siempre ha estado de acuerdo con el criterio técnico”, ha afirmado. El funcionario José Javier M. también ha negado que la exconsellera popular o su jefe de gabinete le ordenaran contratar a empresas en concreto.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de siete acusados y ha confirmado las penas para los cabecillas de la Gürtel y al exdirector de 'Canal 9' por irregularidades en la visita del Papa. La Audiencia Nacional había impuesto en 2020 condenas de hasta 15 años de prisión a 19 de las 23 personas que se sentaron en el banquillo acusadas en esta pieza separada de la trama Gürtel de corrupción.

En la vertiente empresarial de la trama, Francisco Correa fue condenado a 13 años y siete meses de prisión, con Álvaro Pérez 'El Bigotes' condenado a seis años y nueve meses. Pedro García, exdirector de la Radio Televisión Valenciana, fue condenado a la misma pena de cárcel.

Los jueces declararon probado en esa primera sentencia que la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a València en 2006 durante el V Encuentro de la Familia estuvo plagado de irregularidades y sobrecostes con un botín millonario para la trama. Un botín de más de tres millones de euros salido de un contrato adjudicado a la empresa Teconsa por parte de la televisión pública por más de siete millones de euros. Contrato para suministrar pantallas, sonido y megafonía para acompañar la visita del pontífice que escondía sobreprecios y comisiones y que se adjudicó de manera irregular.

Fue “claramente ilegal”, dijo la Audiencia Nacional, porque antes de adjudicarse los colaboradores de Francisco Correa y el director general de RTVV ya habían decidido quién iba a cobrar, pagar y organizar todo. Era Teconsa, una constructora, “no tenía capacidad técnica para llevar a cabo los trabajos necesarios” y subcontrató toda la organización generando unos sobrecostes millonarios para las arcas públicas valencianas.

Se trata de la quinta sentencia firme en la que el Tribunal Supremo condena la actividad corrupta de la Gürtel al amparo del control que el Partido Popular tenía en las administraciones públicas locales, regionales y estatales en las que gobernaba. La última fue dictada el año pasado cuando confirmó las condenas impuestas por la actividad de la trama corrupta en la localidad gaditana de Jerez. Previamente el Supremo también ha firmado sentencias firmes en el caso de AENA, la actividad de la trama en la Generalitat Valenciana de Francisco Camps, y la primera época de la trama corrupta.

En una de estas sentencias del Supremo, los jueces de lo penal confirmaron la condena como partícipe a título lucrativo del Partido Popular, aunque la formación de Alberto Núñez-Feijóo es el denominador común del protagonismo que la trama tenía en aquellas administraciones públicas donde gobernaban. En el caso de 'Época I', el Supremo consideró probado en firme que el PP se benefició económicamente de la actividad de la trama en varios municipios de Madrid donde gobernaban por un valor total de 245.492,80 euros.

Francisco Camps en estado puro: por momentos histriónico, siempre grandilocuente y con una retórica desafiante hacia la adversidad judicial. “Sólo doy gracias a Dios por la vida que he tenido”, ha afirmado. La declaración del expresidente valenciano en el juicio por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional, se ha convertido en una suerte de elogio de su carrera política y ha supuesto un constante tira y afloja con la fiscal anticorrupción, Concepción Nicolás. El presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora Alarcón, ha insistido al acusado en multitud de ocasiones para que se limitara a contestar a las preguntas de la representante del Ministerio Fiscal. Porque Camps se ha dedicado constantemente a repreguntar a la fiscal y a reprocharle una supuesta persecución judicial que acabó con su trayectoria al frente del Ejecutivo autonómico del PP. “Me segaron mi carrera política”, ha lamentado.

La fiscal, por su parte, ha mantenido en todo momento el decoro y, con infinita paciencia, ha logrado cerrar el interrogatorio más esperado del juicio, tras las confesiones de los jefes de la trama 'Gürtel', que situaron a Francisco Camps como amigo de Álvaro Pérez 'El Bigotes' y enlace de la red corrupta en el Palau de la Generalitat Valenciana. “Llevamos 14 años diciendo lo mismo, señora fiscal”, le ha espetado el acusado en un momento del interrogatorio. Anticorrupción pide para el expresidente valenciano una pena de dos años y medio de prisión y una década de inhabilitación por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la Administración. 

Camps, quien ha aludido a sus “problemas gürtelianos”, se ha centrado en desligarse de la trama y, singularmente, de su amistad con Álvaro Pérez, con quien ha dicho que mantenía una relación puramente profesional, a pesar de las cariñosas conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía y de que asistió a su enlace nupcial. “No fuimos amigos, era un colaborador del partido”, ha dicho sobre El Bigotes.

El expresidente valenciano ha situado su primer encuentro con Álvaro Pérez en 2003 pero ha descargado la responsabilidad de adjudicarle las campañas del PP en la sede nacional de la calle Génova de Madrid. “Venía decidido de la gran instancia, el comité nacional de campaña de España, nuestro partido está centralizado en su totalidad, no es un partido federado”, ha agregado. Así, la red Gürtel era “adjudicataria por el PP de España”, ha dicho Camps.

El acusado ha mantenido que ni siquiera sabía qué era la empresa Orange Market hasta que “saltó todo este lío”. Cuando la fiscal ha sacado a colación la primera información periodística sobre la empresa de la red Gürtel, publicada por el diario Levante-EMV antes de la operación policial que desmanteló la trama, Camps ha negado haberla leído en su momento, argumentado que se trata de “una noticia menor”. “Desde luego que no lo sabía, no tenía manera de saberlo porque no me pasaron esta noticia”, ha asegurado.

El expolítico del PP también ha argumentado que la imagen era la menor de sus preocupaciones: “Fíjese si he perdido pelo y no me preocupa en absoluto”, ha afirmado. Camps ha reivindicado su longeva militancia en el PP: “La lealtad y la disciplina en el partido significa que a mí no se me ocurre jamás preguntar quién está haciendo los actos del partido”.

Sobre las famosas conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía entre Camps y El Bigotes, el expresidente valenciano ha argumentado que “se han sacado de quicio y la vida es así”. Francisco Camps asegura que estaba “exultante” tras haber mantenido una reunión con el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa sobre la financiación autonómica. Así, la nochebuena del 2008 empezó una lista de llamadas “para felicitar la Navidad” pero ha indicado que a Álvaro Pérez lo llamó en su condición de “colaborador del partido”.

La fiscal le ha recordado que en las conversaciones telefónicas ambos interlocutores se dicen “te quiero” hasta en ocho ocasiones, según el recuento del Ministerio Público. “Eso es muy de partido”, ha respondido Camps, que ha enmarcado el diálogo en el “concepto político” de la “lealtad”. “Este señor tenía una relación política conmigo, por eso hablamos de lealtad”, ha afirmado.

“Estoy aquí libérrimo”

También ha dicho que El Bigotes tenía su teléfono por los actos del PP de los que se encargaba Orange Market. “Mi teléfono lo tienen millones de personas”, ha apostillado. Y sobre la relación del delegado de la trama 'Gürtel' con su esposa, Isabel Bas, ha recordado que El Bigotes la visitaba en su farmacia, “un lugar público”. “Mi mujer es una farmacéutica que está detrás del mostrador, no le puede decir que no venga”, ha dicho en referencia a las conversaciones telefónicas en las que Isabel Bas invita a Álvaro Pérez a pasar por su céntrico establecimiento.

“No me debe nada ni yo le debo a él, estoy aquí libérrimo, libre de cualquier tipo de esclavitud”, ha abundado Camps, en tono grandilocuente, sobre su vinculación con el delegado de la trama 'Gürtel' en Valencia. El expresidente ha asegurado que su familia devolvió los regalos navideños de Álvaro Pérez y, como muestra de que no eran tan amigos, ha dicho que El Bigotes dejaba los presentes en la conserjería de su edificio: “Para nuestra tranquilidad, nunca ha venido a mi casa”.

El acusado ha argumentado que no era amigo de Álvaro Pérez porque éste ni siquiera le presentó a sus jefes, Francisco Correa y Pablo Crespo. “¿Es absurdo o no es absurdo”?“, le ha preguntado a la fiscal. ”No tengo opinión“, le ha contestado Concepción Nicolás.

El poder y la amistad

El expresidente valenciano ha desglosado su concepto de la amistad en un contexto de ejercicio del poder. A preguntas de uno de los letrados de las defensas, Camps ha asegurado que “nunca” mantuvo una relación de amistad con “ningún” conseller de su propio Gobierno, ni mucho menos con los altos cargos. “Incluso con mis amigos de antes, como Esteban González Pons o Juan Cotino, nunca tuve relación de amistad porque eran mis subordinados”, ha afirmado. “Un Gobierno no es un grupo de amigos, un Gobierno es una cosa muy seria”, ha añadido.

El acusado ha imputado a la Fiscalía Anticorrupción una supuesta persecución sistemática contra su carrera política. Tras su dimisión por el 'caso Gürtel', acaecida el 20 de julio del 2011, se le “ha impedido hacer tarea política alguna”, ha deplorado el expresidente valenciano. “Me gustaría que retirara la acusación”, le ha dicho a la fiscal en tono medio amistoso, “porque me pondría en campaña ahora mismo”.

“Deje de tratar así a la Fiscalía y al tribunal”, le ha pedido el magistrado. “Me he dejado llevar por la ilusión”, se ha disculpado Francisco Camps.

El expresidente valenciano Francisco Camps, el último de los 26 acusados que ha declarado en el juicio por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional, ha negado que fuera el anfitrión de la trama Gürtel. Camps, en tono altivo, se ha desligado de las empresas de Gürtel y ha explicado que la contratación de Orange Market para la organización de los actos del PP en Valencia venía marcada por la sede nacional de la calle Génova de Madrid.

Aunque ha reconocido que sabía que Álvaro Pérez 'El Bigotes' se encargaba de los actos del PP valenciano, tanto cuando era candidato a las autonómicas del 2003 como cuando ya era presidente de la Generalitat Valenciana. “No lo voy a negar ni lo he negado nunca”, ha dicho.

El acusado, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación y fraude, ha justificado la vinculación orgánica del PP valenciano con la trama: “Cuando el aparato de un partido ve que alguien lo está haciendo bien, para qué cambiar”, ha afirmado Camps.

Camps se ha negado a contestar a las preguntas de las defensas de los acusados de las empresas de Gürtel, aunque sí que ha respondido a la representante de la Fiscalía Anticorrupción, a su letrado y el resto de defensas.

“Problemas gürtelianos”

El expresidente valenciano ha negado que El Bigotes formara parte de su equipo: “Este señor era el que montaba los actos del partido”. Francisco Camps ha lamentado sus “problemas gürtelianos” y ha negado incluso haber sabido que era la empresa Orange Market la que organizaba lo actos del partido.

La declaración de Camps se produce tras las confesiones de los jefes de la red 'Gürtel' que lo señalaron como el enlace de la trama ante el Palau de la Generalitat Valenciana. El expresidente valenciano ha intentado reprochar al inicio de su declaración al PSPV-PSOE su personación en las causas del 'Gürtel' y ha criticado que el Ministerio Público ha estado “constantemente” intimidándole con las fotografías en las que aparece junto con Álvaro Pérez.

El acusado ha negado en todo momento que diera instrucción para contratar a las empresas de la trama desde la Administración valenciana. Camps ha matizado su relación con El Bigotes. Durante su declaración, en varias ocasiones, se ha referido al “Partido Socialista” hasta que el presidente del tribunal le ha pedido que se centre en las preguntas del Ministerio Fiscal: “Dejemos aparte las cuestiones políticas”, le ha espetado el magistrado.

La relación entre el Ejecutivo autonómico de Francisco Camps y la red de empresas de la trama Gürtel era tan cercana que incluso se producía el fenómeno de la puerta giratoria.

José Manuel Vidal Vidal, uno de los acusados en la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' que juzga la Audiencia Nacional, ha reconocido que entró a trabajar en la empresa Orange Market, filial de la trama en Valencia, tras haber sido jefe de prensa y de gabinete del vicepresidente Víctor Campos, condenado por soborno en la causa de los trajes de la que Camps fue absuelto. El acusado venía encadenando cargos de responsable de prensa en diversos departamentos de la Generalitat Valenciana desde que en 1997 fuera nombrado personal eventual de la Conselleria de Bienestar Social, durante el Gobierno de Eduardo Zaplana.

José Manuel Vidal aterrizó en la empresa de la red Gürtel el 8 de mayo del 2008 al haber sido fichado para llevar la comunicación de la institución Feria Valencia, según ha relatado a preguntas de la fiscal anticorrupción. El acusado abandonó Orange Market en febrero del 2009, cuando la Policía Nacional registró la oficina de la firma en Valencia al inicio de las pesquisas del 'caso Gürtel'.

El Ministerio Público solicita para Vidal una pena de seis meses de prisión y una multa de 50.000 euros por la elaboración de un video en formato 3D para la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva), una empresa pública dependiente de la entonces Conselleria de Industria.

José Manuel Vidal ha reconocido que sabía que Orange Market “trabajaba fundamentalmente con el PP” y que la mercantil “habría hecho algún contrato con la administración valenciana”. “Es una empresa de comunicación y todo el mundo intenta trabajar con la administración”, ha explicado. Vidal ha declarado que desconocía que la firma de 'Gürtel' fuera de reciente creación. “No sé cuándo se constituyó ni cuándo llegó a Valencia, me he enterado de que tenía filiales aquí [en el juicio], no sabía que en Madrid tenía cinco o seis empresas”, ha afirmado.

Durante el tiempo que trabajó en Orange Market no presenció ninguna llamada entre Álvaro Pérez y Francisco Camps, según ha dicho a preguntas del letrado del expresidente valenciano.

Al incorporarse a Orange Market, el acusado ha reconocido que conocía a Álvaro Pérez 'El Bigotes' “de los actos del partido”. “Se hacía notar, Valencia no es tan grande y su aspecto era el que era, circulaba en una moto de tres ruedas amarilla”, ha rememorado José Manuel Vidal. Aunque en un principio se iba a encargar de tareas de comunicación para Feria Valencia, al no haber firmado la empresa de Gürtel el contrato con la entidad, El Bigotes le encomendó la elaboración del video promocional de presentación del 'Plan de desarrollo de los parques empresariales' para el Sepiva, que costó a la empresa pública 69.900 euros.

Enrique Bort, el exjefe del gabinete técnico de la firma pública que ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, reconoció que el expediente de contratación se orquestó después. Bort también reconoció que su superior, la directora del Sepiva, Inmaculada García-Pardo (también acusada en la causa), estaba “al corriente” de la irregularidad.

“Ni idea” de la contratación

Para José Manuel Vidal fue el “primer encargo de Álvaro Pérez”, recién incorporado a Orange Market. Sin embargo, como El Bigotes no le dio instrucciones sobre los contenidos del video, Vidal contactó con Bort (a través de Paula de Cubas, también encausada, a quien conocía de la vicepresidencia de la Generalitat Valenciana). Así, concertó una reunión en la que también estaba presente Inmaculada García-Pardo, además de Bort. “En la reunión me dicen que es un video en 3D”, ha declarado. Se trata del mismo formato, novedoso en la época, que el video encargado a la trama por la Conselleria de Sanitat para el acto de presentación, celebrado en 2008, de la ampliación del Hospital Clínico de Valencia.

El acusado ha negado que supiera si había un pliego de contratación y ha dicho no tener “ni idea” sobre el presupuesto. “De la contratación no tengo ni idea absolutamente de nada”, ha abundado Vidal, quien también ha asegurado que no le preguntaba a El Bigotes sobre los contratos. Era Cándido Herrero, según ha afirmado en referencia a uno de los responsables de Orange Market, quien se encargaba de los presupuestos. “Era celosísimo” de los presupuestos y lo hablaba con Pablo Crespo“, ha agregado.

Vidal ha asegurado que “jamás” se encargó de la contratación pública durante su etapa en Orange Market. “He sido jefe de prensa la mayor parte de mi tiempo, jamás en mi vida he hecho un contrato o he sabido de contratos”, ha explicado. El acusado ha concluido su declaración asegurando que el video para el Sepiva se realizó: “Lo pasaron en un acto al que no asistí, sé que quedaron muy contentos”.

El undécimo episodio de la mítica serie Los Soprano se titula 'Nadie sabe nada' (Nobody Knows Anything, en inglés). Algo así ha pasado con las declaraciones de varios exconsellers y antiguos altos cargos del Gobierno de Francisco Camps en las últimas sesiones del juicio por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional.

Alicia de Miguel y Manuel Cervera, exconsellers de Bienestar Social y de Sanidad, respectivamente, defendieron que tenían delegadas las competencias para la contratación. David Serra, exresponsable de la empresa pública que abonó pagos a la trama 'Gürtel' por varias ediciones del Open de Tenis, se excusó en que se limitó a conformar las facturas y que la orden de pagar le vino del gabinete del entonces conseller popular Alejandro Font de Mora.

Y Rafael Peset, alto cargo del departamento de Sanidad, dijo a preguntas de la fiscal anticorrupción que en un corrillo de subsecretarios le sugirieron que la empresa Orange Market trabajaba bien, sin dar más detalles. En general, todos los acusados que no han pactado con el Ministerio Fiscal alegaron que la decisión de contratar a la red Gürtel vino avalada por funcionarios y minimizaron los importes abonados en relación con el presupuesto global autonómico. Además, negaron haber recibido órdenes de Francisco Camps para adjudicar contratos menores a su entonces “amiguito del alma”, Álvaro Pérez 'El Bigotes'.

En la causa hay dos bandos claramente diferenciados. La cúpula y el segundo escalón de la trama, tras largas temporadas en prisión de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, han pactado con Anticorrupción y han confesado que el enlace de la red en la administración valenciana era su máximo responsable, el entonces presidente autonómico, Francisco Camps.

Además, Enrique Navarro, jefe de gabinete de la exconsellera Alicia de Miguel entre 2003 y 2007 declaró que la decisión de contratar con Orange Market era una manera de “congraciarse” con el campismo —en el contexto de la guerra interna del PP con los últimos zaplanistas— de cara a repetir en la siguiente legislatura.

En su turno, Alicia de Miguel contraatacó y acusó a su exjefe de gabinete de haber mentido “vilmente” y lo responsabilizó de las contrataciones con 'Gürtel'. “No dijo que yo maté a Manolete porque no se lo preguntaron”, señaló la expolítica del PP. Una referencia, la de la muerte de Manolete, que ha aflorado también en alguna otra declaración de los acusados, quejosos de los pactos de algunos compañeros de banquillo con la Fiscalía.

El bando que defiende la pulcritud de las contrataciones con la trama ha desfilado esta semana ante el tribunal de la Audiencia Nacional. Una de las declaraciones que más benefician a la defensa del expresidente fue la de Dora Ibars, que a pesar de su cargo de directora general de Comunicación en el Palau de la Generalitat aseguró no haber mantenido “ningún tipo de relación profesional ni personal” con Camps. “Lo he conocido más estos días en los pasillos [de la sede de San Fernando de Henares de la AN]”, apostilló.

Sin embargo, algunos acusados han reconocido algo obvio: que conocían perfectamente que El Bigotes organizaba los actos del partido. “Por su fisionomía y su lenguaje corporal se le veía fácil”, dijo Alicia de Miguel. Arantxa Vallés, exgerente de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana, se refirió a sus “características peculiares” y concluyó: “Con que lo vieras una o dos veces no te pasaba desapercibido”. “Un señor con un bigote impresionante”, fue la descripción de Álvaro Pérez que dio al tribunal el exconseller Manuel Cervera.

David Serra, exdiputado autonómico del PP que había sido señalado como uno de los políticos más cercanos al delegado de 'Gürtel' en Valencia argumentó que su presencia en la boda de El Bigotes fue más bien a título de “relleno”. Aunque Serra también reconoció que El Bigotes, del que dijo que era un “bravucón”, se ofreció a presentarle al encargado de una joyería que vendía relojes de alta gama para compartir los “descuentos” de los que disfrutaba Álvaro Pérez. Todos coinciden en atacar al enviado de 'Gürtel' a la capital valenciana y en retratarlo como un señor un poco pícaro que pasaba por allí. No en vano, el escrito de confesión de Álvaro Pérez, además de su contundente declaración, es una de las más comprometedoras pruebas para apuntalar la acusación.

La próxima semana el juicio encara las últimas declaraciones de los acusados, con Francisco Camps como estrella invitada.

Las declaraciones de los personajes secundarios del juicio de la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional denotan la introducción de la trama en el Gobierno autonómico de Francisco Camps para captar contratos menores, entre bambalinas.

Al acusado Rafael Peset, entonces subsecretario de la Conselleria de Sanitat, le encargaron la organización de los premios 'Salud y Sociedad' en 2006 y 2007. “A mi me generó un problema porque no estábamos preparado, la subsecretaría no tenía ni la experiencia ni la capacidad de realizar ese acto”, ha relatado en su declaración de este jueves. En los corrillos de una reunión de subsecretarios de la Generalitat Valenciana, comentó la problemática: “Recuerdo que varios compañeros me dicen que hay una empresa que se llama Orange Market y que me podía ser útil”. Así conoció a Álvaro Pérez 'El Bigotes', delegado de la trama 'Gürtel' en Valencia.

El evento tuvo un coste en su primer edición de 86.166 euros y de 30.190 euros en la siguiente del 2007. El acusado ha recordado que se dividieron en nueve contratos menores y tres negociados con publicidad, aunque se ha escudado en que procedimiento venía avalado por los servicios jurídicos y en que parte de los servicios no los contrató la subsecretaría directamente sino funcionarios del gabinete de la conselleria encargados del protocolo.

En su despacho se reunió con El Bigotes y le dijo: “Quiero que usted me haga un informe y una memoria valorada con todas las cosas que nosotros necesitamos para el acto”. “Necesito saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que contratar para realizar este evento”, agregó. Rafael Peset ha reconocido, a preguntas de la fiscal anticorrupción, que el encargo inicial se lo hizo verbalmente, en formato de contrato menor.

Sin embargo, la fecha de la celebración del evento en su primera edición del 2006 se fue retrasando y, además, se amplió el diseño de cara a un acto más potente que lo inicialmente previsto. A pesar de que Peset simplemente encargó una suerte de diseño preliminar del acto a Orange Market, en las facturas que firmó aparecieron otros conceptos nuevos e inicialmente imprevistos como la coordinación del evento o los servicios de azafatas, entre otros. El acusado ha matizado que conformó las facturas como subsecretario pero la tramitación correspondió a una unidad de comunicación de la conselleria.

Varias de las empresas de la red Gürtel cobraron los honorarios por la organización del acto celebrado en el Hemisfèric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, al que finalmente Francisco Camps no asistió. Algunos de los servicios que prestaron las firmas de 'Gürtel' fueron “sobrevenidas”, según ha dicho, al tratarse de un acto más amplio.

La red Gürtel “pretendía cobrar un trabajo que no se había hecho”

La funcionaria Paz Aviñó, también acusada en la causa, detectó que la trama intentaba colar una de las facturas por servicios que no se habían prestado con conceptos “muy genéricos” como el personal auxiliar y técnico necesario. La fiscal le ha recordado de que, a pesar de haber frenado la factura dudosa, la funcionaria remitió un correo electrónico a Cándido Herrero, de Orange Market, con los “conceptos genéricos” que se abonaron finalmente.

El Ministerio Público sostiene que se produjeron irregularidades en la contratación. Por su parte, Peset ha afirmado que Orange Market “pretendía cobrar un trabajo que no se había hecho y devolvimos la factura”.

Rafael Peset se ha escudado en que los servicios contratados fueron propuestos por los responsables de protocolo del gabinete del conseller. “Me dicen que hay que contratar a Easy Concept [empresa de la red Gürtel] y yo lo firmo”, ha declarado. La fiscal le ha preguntado si conocía que todas las mercantiles a las que facturaba por el acto formaban parte del grupo, algo que ha negado el acusado.

“Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez: todos han dicho lo mismo, que crearon estas empresas con administradores diferentes con el objeto de engañar a la administración, esto ha quedado claro”, ha defendido Peset. La representante de Anticorrupción le ha recordado que el único interlocutor con la administración era Cándido Herrero. También que no se hizo propuesta formal alguna a otras empresas para la contratación negociada sin publicidad.

“La forma de expresarse de Camps”

En el turno de preguntas del letrado de Francisco Camps, el acusado le ha echado un capote a la defensa del expresidente valenciano. Rafael Peset ha relatado que, siendo director general de drogodependencias, conoció a Camps por primera vez cuando éste le encargó un acto en el año 2000 que no ha sabido precisar si era en el marco de alguna campaña electoral. El evento “salió muy bien” y Francisco Camps le dijo a Rafael Peset, según ha rememorado: “Te estaré eternamente agradecido y contarás con mi amistad para toda la vida”.

“Era la forma de expresarse de Camps”, ha dicho el acusado en referencia a una frase calcada a las famosas expresiones que se intercambiaba el expresidente valenciano con El Bigotes. “Es la manera que tiene el señor Camps de expresar sus sentimientos, un poco exagerados pero es así”, ha abundado. Rafael Peset también ha negado que Francisco Camps o su conseller de Sanitat Vicente Rambla le dieran indicaciones para contratar con la trama 'Gürtel'.

Si te he visto, no me acuerdo. Esa ha sido la tónica de la declaración de David Serra, exalto cargo del PP del Gobierno de Francisco Camps, en el juicio por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional (AN). Serra era uno de los cargos del PP más cercanos a la red Gürtel, según declararon los responsables de la trama que han alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, David Serra ha mantenido que Álvaro Pérez 'El Bigotes' “tuvo la capacidad de engañar a muchísima gente”. El acusado, vicesecretario general del PP desde 2007, ha reconocido que mantenía una relación profesional con Álvaro Pérez al ser el organizador de los actos del partido en Valencia.

“Álvaro Pérez en aquella época era un bravucón o ejercería cierta chulería, yo creo que sacaba pecho de cosas que no eran ciertas”, ha declarado a preguntas de la fiscal anticorrupción. “Entre el mundo de lo real o irreal, él viviría”, ha apostillado.

David Serra, que también fue diputado autonómico del PP, ha reconocido que conocía una de las empresas de Francisco Correa desde principios de la década de 1990 cuando era uno de los líderes de las juventudes populares y el jefe de la red Gürtel servía los billetes de avión para desplazamientos desde su empresa de viajes. Serra está acusado en la causa por la contratación de la red de empresas de Gürtel en varias ediciones del Open de Tenis de Valencia, un evento del que ha sacado pecho ante el tribunal de la AN. Se trataba de una “apuesta estratégica del Gobierno [de Francisco Camps] por el tenis de alto nivel”, ha explicado.

La empresa Orange Market, filial de Gürtel en Valencia, ejercía una suerte de papel de seguro de los intereses de la Generalitat Valenciana en el Open de Tenis, un evento privado con patrocinio público a través de una empresa autonómica. A pesar de las disensiones con la firma organizadora, las empresas de Gürtel se encargaron de la zona 'hospitality' del torneo, ubicado en el elitista Club de Tenis de Valencia, del que la familia del expresidente valenciano era socia. De hecho, El Bigotes confesó en un escrito remitido a la AN que el propio Francisco Camps le comunicó, en una pausa de una sesión deportiva en el club, que su empresa se encargaría del evento.

La Sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva SA, de la que David Serra era responsable, era la patrocinadora formal del evento. El acusado ha responsabilizado a la empresa organizadora de haber propuesto a los proveedores, entre ellos Orange Market, una versión diametralmente distinta a la que ofreció El Bigotes.

Serra ha enmarcado el Open de Tenis en la política de grandes eventos impulsada por los gobiernos populares e incluso ha asegurado que, en algunos casos, se han seguido celebrando. “Se vio que era un gran legado para la Comunitat Valenciana”, ha dicho, independientemente de que se trate de un Gobierno “de centro liberal” o “social comunista”.

Serra abonó en 2006 de manera irregular 36.196 euros a empresas de la trama Gürtel en varias facturas, presuntamente fraccionadas, según ha recordado la fiscal anticorrupción. El acusado ha defendido que se limitó a conformar las facturas. Los documentos se los envió mediante correo electrónico Cándido Herrero, administrativo de Orange Market, a un jefe de servicio del departamento que dirigía Serra antes de registrarlas oficialmente.

El jefe de régimen económico le advirtió de sus suspicacias por el hecho de que su departamento hubiera de abonar las facturas. David Serra ha dicho que el gabinete del entonces conseller de Educación y Deporte, Alejandro Font de Mora, le obligó a abonar los gastos con la excusa de que la secretaria autonómica de Deportes había coordinado la presencia de la Generalitat Valenciana en el Open de Tenis. “Desde el gabinete del conseller me han llamado y me han dicho que hay que pagar estas facturas”, recuerda Serra que ordenó a sus subordinados reticentes.

Para la edición del evento en 2007 se abonaron facturas fraccionadas a cinco empresas de la red Gürtel por un monto total de 57.040 euros, tal como ha recordado la fiscal. La representante del Ministerio Público ha ahondado en los regalos que supuestamente recibió Serra de la trama. El acusado ha negado que recibiera unos gemelos de Orange Market en 2005. “No tengo conciencia de haber recibido unos gemelos de Orange Market, sí que puedo decir que he recibido otros regalos, no tengo problemas”, ha dicho.

Sin embargo, sí que ha reconocido haber recibido una manta de Orange Market, que todavía conserva y ha dicho estar dispuesto a poner a disposición del tribunal. Serra también ha reconocido que cuando nació su hijo pequeño, en 2008, Álvaro Pérez le hizo llegar un “regalo de cortesía” de El Corte Inglés con jabones y toallas.

“Establecimiento de joyería común”

El expolítico del PP, que ha lamentado haber sido “arrasado por un tsunami que se llamaba Gürtel por pasar por la calle”, ha intentado matizar su relación de amistad con El Bigotes. Cuando entró en la estructura del partido a finales del 2007, mantuvo cierta relación al ser Orange Market la empresa encargada de organizar los actos del partido. “Amistad de ser amigos yo no fui jamás amigo de Álvaro ni él mío, medir la amistad es muy difícil”, ha afirmado. También ha dicho que no se fiaba de Álvaro Pérez:  

“Comer con Álvaro recuerdo haber comido dos veces con él solos y algunas veces más con más gente. En 2008 hubo muchísimo contacto porque hubo una campaña y dos congresos del partido y trabajamos muchísimo”, ha abundado.

En ese momento, la fiscal anticorrupción le ha preguntado si recordaba que “tuvieran establecimiento de joyería común” en el que El Bigotes le mostraba los relojes de lujo que le gustaban a Serra. “Álvaro Pérez”, ha explicado el acusado, “tenía una joyería de referencia en la cual me ofreció presentarme al encargado para hacerme descuentos”. ¿Eran relojes de alta gama?, le ha preguntado la fiscal. “Fuesen los que fuesen”, ha contestado Serra.

Otra prueba comprometedora de la amistad de El Bigotes con Francisco Camps y David Serra, entre otros dirigentes populares valencianos, es el video de la boda de Álvaro Pérez, celebrada en 2008, en el que el novio desglosa un emotivo elogio hacia el expresidente valenciano. Serra, tal como ha reconocido, fue uno de los invitados al convite.

“La verdad es que fui pero tampoco sabía por qué estaba allá, era el típico evento social que piensas que vas de relleno y luego te das cuenta de que hay menos gente de lo que esperabas”, ha matizado Serra. El acusado ha contextualizado el elogioso discurso del Bigotes hacia el entonces presidente autonómico en una “relación de peloteo” y de “relación comercial”. “Mi mejor cliente, que es el PP, al jefe del PP le digo que es el tipo más alto del mundo”, ha resumido.

A preguntas del letrado defensor de Francisco Camps, el acusado ha aseverado que nunca presenció una conversación entre El Bigotes y el entonces presidente valenciano. “Las únicas veces que vi a Álvaro Pérez era cuando se hacía un hueco para estar cerca de Camps, ese tipo de gestos”, ha dicho en referencia a los actos que organizaba Orange Market para el partido. “Si me dice si he visto algún abrazo, a lo mejor al finalizar un acto que ha salido fenomenal, se le ha abrazado”, ha añadido, aunque ha matizado que “en política se abraza a muchísima gente”.

La “fisionomía” y el “lenguaje corporal” del Bigotes

La otra acusada que ha declarado este martes, la exconsellera zaplanista Alicia de Miguel, ha descargado la responsabilidad de contratar con la red Gürtel en su exjefe de gabinete, Enrique Navarro, que tras alcanzar un pacto de conformidad con Anticorrupción confesó que la adjudicación fue para “congraciarse” con el campismo de cara a continuar en la siguiente legislatura.

Además, Alicia de Miguel tampoco ha ahorrado calificativos a El Bigotes. La acusada ha dicho que no conocía de nada al delegado de la trama en Valencia pero ha reconocido que lo había visto en algún acto del partido. “Por su fisionomía y su lenguaje corporal se le veía fácil”, ha explicado. “Ni él tenía mi teléfono, ni yo el suyo”, ha apostillado.

También ha negado que recibiera regalo alguno de la trama y ha tildado de “ridículo”, “bobada” y “tontería” el hecho de que Álvaro Pérez tuviera la capacidad de mediar para que Camps le asegurara la continuidad en el Ejecutivo autonómico. Sobre si percibió algún tipo de relación de amistad entre expresidente valenciano y El Bigotes ha respondido tajante: “Nada, cero, en ningún momento”.

En definitiva, si te he visto, no me acuerdo.

Alicia de Miguel, consellera de Bienestar Social del Gobierno de Francisco Camps entre 2003 y 2007, ha cargado en su declaración contra su exjefe de gabinete, Enrique Navarro. “Ha mentido vilmente”, ha dicho en referencia a sus afirmaciones que señalaban a la expolítica del PP como la responsable de contratar tres actos con la trama Gürtel para “congraciarse” con Camps de cara a continuar en la siguiente legislatura. La exconsellera, en tono altivo, ha responsabilizado a su jefe de gabinete de la contratación de los tres actos con Orange Market, la sociedad en la que Álvaro Pérez 'El Bigotes' ejercía de delegado de la trama en Valencia.

La exconsellera popular ha tildado las acusaciones de su exjefe de gabinete de “mentiras”. “No sé nada de esas facturas ni de ninguna”, ha agregado. La acusada también ha deslizado que Enrique Navarro salió de la conselleria a trabajar en una empresa privada que había contratado con su departamento. “Pidió un año de excedencia y se fue a trabajar a una empresa que se llama Forja con la cual había trabajado mucho tiempo en la conselleria”, ha abundado. 

También ha especulado con que su exjefe de gabinete la señaló como responsable de contratar con Gürtel para librarse de una posible inhabilitación como funcionario público mediante un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. Enrique Navarro era, según ha afirmado, el “jefe operativo” de los contratos menores.

La acusada ha argumentado que Navarro cambió su versión exculpatoria cuando pasó de testigo a investigado a cambio de librarse de una posible inhabilitación. “No dijo que yo maté a Manolete porque no se lo preguntaron”, ha agregado.

Alicia de Miguel se ha escudado en la delegación de competencias para negar que tuviera algo que ver con la contratación de su departamento, del que ha destacado que manejaba un presupuesto de 2.100 millones en los cuatro años de legislatura.

La acusada ha explicado que la contratación menor de un acto resultaba “multidisciplinar” en el marco de la Conselleria de Bienestar Social. La exconsellera de tendencia zaplanista ha reconocido que conocía al Bigotes de los “actos del partido” de los que se encargaba Orange Market. “Era muy amistoso”, según ha descrito a Álvaro Pérez.

Su exjefe de gabinete aseguró que en la Conselleria de Bienestar Social “a Álvaro Pérez no lo conocía nadie, apareció allí de la nada”. “Entiendo que lo conocía la señora consellera porque acceder a un conseller no es sencillo, hay muchos filtros”, apostilló. 

“De 400 actos [de la conselleria en una legislatura] hicieron tres actos, no llegan a 70.000 euros”, ha defendido Alicia de Miguel en una declaración repleta de enfrentamientos dialécticos con la fiscal anticorrupción. A preguntas del letrado de Francisco Camps, ha negado tajantemente haber recibido órdenes del expresidente valenciano para contratar a Orange Market.

Contexto de guerra entre zaplanistas y campistas

Enrique Navarro declaró que los contratos menores a la red 'Gürtel' eran una manera de “congraciarse” con Francisco Camps y con Ricardo Costa, entonces secretario general del PP valenciano, de cara a “continuar en la siguiente legislatura” en el contexto de la guerra interna entre zaplanistas y campistas.

En un principio, tal como declaró El Bigotes, los departamentos de la Generalitat Valenciana controlados por el zaplanismo, en plena transición hacia el campismo, estaban vetadas para Orange Market, aunque Álvaro Pérez mantenía una buena relación con Alicia de Miguel. Cuando Camps desbloqueó las reticencias de la consellera para contratar con la firma de 'Gürtel', su departamento les encargó un par de actos.

En un listado de regalos de Orange Market aparece el nombre de Alicia de Miguel vinculado a uno de los presentes de la red. Sin embargo, Alicia de Miguel ha negado haber recibido el regalo. La exconsellera también ha lamentado el “dolor” que ha supuesto su enjuiciamiento en el 'caso Gürtel' para su círculo familiar. “Esto ha acabado con la carrera política de una serie de personas que lo hacíamos bien”, ha concluido.

Francisco Camps cierra una semana terrible en términos judiciales. El expresidente valenciano, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide dos años y seis meses de prisión e inhabilitación para cargo público durante una década por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración pública en el juicio por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel', ha escuchado desde el banquillo de los acusados las confesiones de los jefes de la trama, del segundo escalón e incluso de algunos antiguos altos cargos del Gobierno que presidió entre 2003 y 2011. 

Camps ha protagonizado constantes incidentes en la Audiencia Nacional (AN). Tras un encontronazo con Francisco Correa en los pasillos de la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la AN, el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora, tuvo que pedir “calma” y “respeto institucional”. En la sesión del pasado martes, el exjefe del Ejecutivo autonómico fue reprendido por el magistrado, una persona de carácter afable, tras haber denunciado el abogado de Álvaro Pérez que lo había llamado “miserable”.

El letrado Gustavo Galán denunció la “incontinencia verbal” de Camps, que fue trasladado momentáneamente a la primera fila de la sala, en una escena más propia de una reprimenda a un alumno desobediente en un aula escolar. Hasta que logró sentarse al lado de su abogado, el letrado Pablo Delgado, el acusado no pudo evitar aparecer brevemente en el primer plano del amplio banquillo de los acusados, a pesar de que desde el inicio del juicio se había posicionado en la última fila.

Las declaraciones de esta semana, en tono de confesión, han sido demoledoras para Francisco Camps. Los primeros en confesar fueron Francisco Correa y Pablo Crespo, jefe y número dos, respectivamente, de la red corrupta. Ambos coincidieron en señalar al entonces presidente autonómico como el enlace de la trama en el Palau de la Generalitat Valenciana.

Si la red se trasladó a Valencia fue precisamente por la amistad de Álvaro Pérez 'El Bigotes' con su antaño “amiguito del alma” Francisco Camps. Quien tiene un amigo, tiene un tesoro y, más aún, si preside un Gobierno autonómico. Pablo Crespo hizo un resumen, en tono empresarial, del chollo de la empresa Orange Market en tierras valencianas: “Nuestra ventaja comercial era la buena relación de Álvaro Pérez con Camps”, dijo a preguntas de la fiscal anticorrupción, Concepción Nicolás. “Había química con Francisco Camps”, había declarado Crespo en una sesión anterior.

El segundo escalón de la red de empresas de Gürtel, formado por la extrabajadoras Isabel Jordán y Mónica Magariños, también confirmó que Camps fue el anfitrión de la trama en Valencia. “Camps le dijo a Álvaro que allí [en Valencia] iba a tener trabajo”, declaró Magariños. “Todo el mundo sabíamos que se iba Álvaro a Valencia porque tenía una amistad con Camps”, agregó en la misma línea Jordán.

Por su parte, Francisco Correa también detalló que fue el expresidente autonómico quien 'vendió' a Álvaro Pérez a su llegada a Valencia en 2004. Sin embargo, ambos jefes de la trama no estaban sobre el terreno. Su enviado especial era un peculiar personaje que ha pasado a la historia de los rostros más famosos de la corrupción ibérica por su llamativo bigote, ya rasurado.

El “jefe”

La declaración clave era la de un hombre que ha pasado seis años entre rejas y a quien Camps llamaba “amiguito del alma” y a quien decía querer “un huevo”, en una legendaria conversación telefónica pinchada por la Policía que el expresidente tuvo que escuchar de nuevo en la sala de la AN.

La declaración de Álvaro Pérez fue demoledora. Detalló la relación de amistad con Camps y con su familia, especialmente con su mujer, Isabel Bas. En la sala también se escucharon las tres lacrimógenas conversaciones telefónicas que mantuvo El Bigotes tras el registro policial de su oficina con Pedro García, entonces director de la televisión autonómica Canal 9; el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y el vicepresidente Vicente Rambla.

El delegado de Gürtel en Valencia insistía a sus tres interlocutores en que tranquilizaran al “jefe”. Cuando la fiscal anticorrupción le preguntó quién era el “jefe”, El Bigotes indicó que se trataba de Camps. Álvaro Pérez también desglosó cómo se movía entre la administración autonómica, dirigida en aquella época con total hegemonía por el PP valenciano. En los departamentos del Gobierno que estaban vetados a la trama —dada la adscripción zaplanista de sus titulares— era el propio Camps quien desbloqueaba el veto.

El Bigotes, “relaciones públicas” en las altas esferas

Fue el caso, tal como relató El Bigotes, de la Conselleria de Bienestar Social, dirigida entre 2003 y 2007 por la zaplanista Alicia de Miguel. El exjefe de gabinete de la consellera, Enrique Navarro, aseguró que contrataron a la empresa de Gürtel, a pesar de sus reticencias, como una manera de “congraciarse” con Francisco Camps de cara a continuar en su Gobierno en la siguiente legislatura.

“Álvaro tenía una amistad importante con Ricardo Costa y una proximidad con Camps”, le dijo Alicia de Miguel. “Estábamos en un momento en que podíamos continuar en la siguiente legislatura y era una manera de hacer llegar a estos señores [Camps y Costa] lo bien que trabajábamos”, declaró. Enrique Navarro definió los vínculos de su exjefa con El Bigotes como de “relaciones públicas” en las altas esferas del poder autonómico.

La Fiscalía Anticorrupción ha logrado apuntalar en las primeras sesiones del juicio la relación de amistad del representante de Gürtel en Valencia con Camps. También la mecánica habitual de fraccionamiento de los contratos que obtuvo la red. Varios de los acusados, tanto de la trama como de la administración autonómica, confirmaron que se fraccionaban los contratos enjuiciados, por un valor global de 1,8 millones de euros.

María del Carmen Díaz Quintero, gerente de la Fundación La Luz de las Imágenes, se negó en un principio a abonar facturas a Orange Market pero una llamada desactivó sus reticencias iniciales. “La orden venía de la vicepresidencia de la Generalitat Valenciana”, es decir de “Vicente Rambla”a.

Tras el registro policial de la oficina de Orange Market en Valencia, el 6 de febrero del 2009, Álvaro Pérez 'El Bigotes', delegado de la trama 'Gürtel' en la ciudad, efectuó tres llamadas telefónicas. Entre sollozos, El Bigotes pidió a sus tres interlocutores —Pedro García, entonces director de la televisión autonómica Canal 9; el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y el vicepresidente Vicente Rambla— que advirtieran al “jefe” de que todo iba bien. ¿Quién era el “jefe”?, le ha preguntado la fiscal anticorrupción durante su declaración en el juicio por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional (AN). “Paco Camps”, ha contestado tajante Álvaro Pérez, que ha alcanzado un pacto de conformidad con el Ministerio Público. 

La confesión del Bigotes supone un duro lastre para la defensa de Francisco Camps, para quien Anticorrupción pide una pena de dos años y seis meses de prisión, además de inhabilitación para cargo público durante una década, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración pública. Al día siguiente de aquel registro, ordenado por el entonces juez de la AN, Baltasar Garzón, se celebraba el bautizo de la hija de Álvaro Pérez. “De los ciento y pico invitados vinieron 20, mi familia y poco más”, ha explicado. El padrino ni siquiera se presentó pero Pedro García, uno de los pocos amigos del PP que sí que acudió, ejerció como tal.

“Me han jodido la vida, estoy destrozado”, lamentaba en las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía. Sin embargo, El Bigotes insistía a sus tres interlocutores para que tranquilizaran al “jefe”. “Porque le conocía y sabia que estaría tremendamente preocupado”, ha explicado en el juicio de las adjudicaciones, por 1,8 millones de euros, del 'stand' de la feria Fitur y de contratos menores a la trama por parte del Ejecutivo valenciano que presidía Camps.

La operación policial dio al traste con la vida de Álvaro Pérez en Valencia. El Bigotes había empezado a trabajar en los albores del siglo XXI en la red de empresas de Francisco Correa, quien la definió en la anterior sesión del juicio como un “brazo del PP”. Cambió la imagen del PP y modernizó el diseño de los mítines de los populares, ha dicho.

Sin embargo, a partir del 2003 la vinculación con la sede nacional de Génova se resquebraja (las relaciones con Mariano Rajoy eran “pésimas”, ha dicho). “No estaba para nada a gusto con mi trabajo, en un hotel de Madrid me encontré con Camps, estuvimos charlando, le dije que estaba harto y fue la primera vez que me propuso que me fuera a Valencia a trabajar”, ha relatado El Bigotes. “Vais a tener trabajo, vas a estar bien y a tener calidad de vida con tu familia”, le dijo Francisco Camps, heredero en el Palau de la Generalitat Valenciana de Eduardo Zaplana.

Dicho y hecho, el jefe de la red 'Gürtel' autorizó la creación de una filial en Valencia bajo la marca de Orange Market. Con un pie en la ciudad, El Bigotes le pidió a su amigo Camps que le recomendara algún periodista experto en comunicación y marketing para dirigir la oficina. Francisco Camps le propuso un nombre: Ignacio Blanch, “un amigo suyo de la infancia y de la juventud muy bien relacionado en Valencia”, ha explicado el acusado.

En 2004, El Bigotes ya es un vecino más de la acogedora ciudad. Con la particularidad de que se ocupa de todos los actos del PP valenciano, que en aquella época —y hasta 2015— disfrutaba de una total hegemonía electoral y gobernaba en todas las instituciones y en las tres grandes capitales de provincia. Sin embargo, el objetivo de la red era conseguir contratos públicos de la administración autonómica, tal como detalló Correa en su declaración.

“Hacíamos sólo actos del PP y empecé a preguntar y a pedir, sólo tenia una persona de referencia para que me ayudara: la misma persona que me dijo que fuera a Valencia”, ha dicho El Bigotes en referencia a Francisco Camps. Un hecho en el que ha ahondado Pablo Crespo en la misma sesión del juicio: “Nuestra ventaja comercial era la buena relación de Álvaro Pérez con Camps”.

La relación de amistad del Bigotes con el entonces presidente valenciano y con su esposa, Isabel Bas, fue a más. El acusado ha declarado que llegó a hacer regalos a los padres de ambos (“unos revisteros y unas mantas muy bonitas”), con quienes también comió en alguna ocasión. “Había mucha gente en Valencia que sabía cuál era mi relación con Camps”, ha dicho a preguntas de la fiscal anticorrupción, Concepción Nicolás. También ha recordado un viaje a Roma con Juan Cotino en el que estuvo con Francisco Camps.

Amistad con la familia Camps

Por la farmacia de Isabel Bas, situada en la céntrica plaza del Ayuntamiento, se pasaba Álvaro Pérez a dejar algún recado para el presidente autonómico. Como quería molestarlo lo mínimo, aprovechaba su amistad con Isabel Bas para comunicarle los problemas de Orange Market en materia de cobros y adjudicaciones, según ha declarado. “Si podía tomarme un café con Isabel y decirle mira tengo este problema, si tienes un hueco y se lo puedes comentar a Paco”, ha explicado.

El antiguo “amiguito del alma” de Francisco Camps también se ofreció a colaborar con Isabel Bas en un proyecto, que finalmente no llegó a realizar, de “limpiar la cara” y reformar su farmacia (aunque ha matizado que la intención era que la esposa de Camps y su socia sufragaran los gastos).

El Bigotes también intentó hacerle algún favor a Estrella Camps, hermana del expresidente, para un “proyecto parecido al festival de Eurovisión”, tal como se desprende de una conversación telefónica con Pedro García reproducida en el juicio en la que califican la propuesta de “mierda” y de “marroncete”. “Le pidió su hermano que viniera a verme y me contara el proyecto”, ha afirmado Pérez en el juicio.

La fiscal, además de las ya míticas conversaciones navideñas entre Camps y El Bigotes (“te quiero un huevo”), también ha reproducido un fragmento del discurso de Álvaro Pérez en su boda celebrada en Valencia. “Siempre me ha dado cosas buenas, siempre se preocupa de mí, es cojonudo como persona y como amigo, no falla jamás y eso es la hostia”, decía ante los invitados sobre el entonces presidente autonómico. El Bigotes, que ha asegurado que “hablaba con el corazón”, ha dicho: “Me parecería obsceno negar lo evidente”, en referencia a su amistad con Camps.

“Influencia jerárquica y moral”, según Crespo

Si el Ministerio Público ha logrado apuntalar la íntima relación de amistad entre ambos acusados, tampoco se ha quedado corto con la mecánica de los amaños de las adjudicaciones públicas que recibió la trama. Pablo Crespo ha resumido la operativa: “No es lo mismo llegar a puerta fría que ir introducido por una persona que tiene influencia jerárquica y moral”, ha dicho en referencia a Camps. “Esa es la esencia, no decidimos ir a Valencia porque fuera una región extraordinaria en todos los sentidos, lo hicimos porque teníamos esa facilidad”, ha agregado.

Uno de los contratos más sonados fue el del stand de la feria Fitur del 2009. “No tienes que preocuparte de nada, te llamarán”, le dijo el entonces vicepresidente Vicente Rambla. “Con Vicente era una de las personas, junto con Ricardo Costa, a las que más lloraba para que se me pagara”, ha recordado El Bigotes.

Otro de los contratos que obtuvo Orange Market fue la elaboración de la Guía de Comunicación, un pen drive de la Generalitat Valenciana que costó 58.580,96 euros. “Lo hace Ignacio Blanch por su amistad con Esteban González Pons [actual eurodiputado del PP] y Paco Camps”, ha dicho Álvaro Pérez. El acusado ha insistido en que las instituciones para las que trabajaban pedían sistemáticamente a la red de empresas de 'Gürtel' que fraccionaran las facturas, una mecánica común en todas las adjudicaciones enjuiciadas. 

Sin embargo, la alargada sombra del zaplanismo se proyectaba en algunos departamentos del Ejecutivo autonómico. El Bigotes ha puesto el ejemplo de la entonces consellera de Bienestar Social Alicia de Miguel, también acusada. “Había una serie de consejeros con los que yo podía tener acceso y otros, como Alicia, que eran mucho mas fieles a Zaplana que a Camps, yo no trabajaba con esa consejerías que ya tenían empresas de cabecera”, ha explicado. A pesar de la intensa guerra entre zaplanistas y campistas, Álvaro Pérez tenía “muy buena sintonía” con la expolítica del PP, a quien “siempre le gastaba bromas” y le decía: “¿Cuándo me vas a dar trabajo?”.

Orange Market pretendía adjudicarse tres actos organizados por Bienestar Social: “Se lo dije a Camps: habla con Alicia”. La intervención de Francisco Camps desactivó las reticencias: “Me llamó Alicia y me dijo: ya me has convencido”. “Claro, porque ya te ha llamado el jefe”, ha apostillado en el juicio.

En otros contratos, como unos actos adjudicados por la Conselleria de Educación y Deporte, Camps también sirvió para agilizar trámites: “Vuelvo a recurrir a Paco Camps para que llame [al entonces conseller Alejandro] Font de Mora y me los dan”, ha declarado. Una operativa similar ocurrió con la celebración del Open de Tenis en Valencia. Una llamada de Camps “solucionó” los problemas que habían surgido con la empresa organizadora, ha dicho Pablo Crespo.

Camps: “Es una absoluta mentira. ¿No se dan cuenta?”

Tras nueve años y dos meses en prisión, Crespo ha expresado su “sentimiento de vergüenza”. “Me he dado cuenta de que hemos actuado de una forma que no se debe de hacer y estoy pagando lo que me toca pagar”, ha dicho ante el tribunal. Álvaro Pérez, por su parte, se ha pasado seis años entre rejas.

Al fondo de la sala, Francisco Camps se revolvía por momentos en su asiento en el banquillo de los acusados, cuando interrumpía la lectura de un libro sobre el Papa recientemente fallecido Benedicto XVI. En un momento de la declaración, el presidente del tribunal le ha llamado la atención: “Señor Camps, guarde silencio y respeto a la sala”, le ha espetado el magistrado José Antonio Mora. 

El expresidente valenciano ha negado, a la salida del juicio, su relación de amistad con Álvaro Pérez y la ha limitado a lo “estrictamente profesional”. “Todo esto es un montaje espectacular que no hay por donde cogerlo”, ha dicho en declaraciones recogidas por Europa Press. Francisco Camps ha contextualizado la famosa conversación telefónica navideña en una “tarde” en la que “la gente con tranquilidad y el absoluto relax del hogar puede decir este tipo de cosas”.

Camps también ha respondido sobre la relación que El Bigotes mantenía con algunos de sus familiares. “Que diga eso me parece un escándalo absoluto; es absurdo. Es una absoluta mentira. ¿No se dan cuenta?”, ha preguntado el expresidente valenciano, quien también ha criticado a la fiscal anticorrupción.

El delegado de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez 'El Bigotes', ha declarado en el juicio por la pieza separada 5 en la Audiencia Nacional que aterrizó en la capital del Turia en 2004 gracias a su relación de amistad con el entonces presidente Francisco Camps. El Bigotes ha resumido su vinculación con el expresidente valenciano: “Yo le pedía a Paco Camps que me ayudara y él me ayudaba”, ha declarado.

El propio Camps propuso al periodista Ignacio Blanch para la oficina inicial de la trama en Valencia, en la empresa Orange Market, según el acusado. “Me empecé a encargar de todos los actos del partido en la Comunidad Valenciana”, ha relatado Pérez, quien ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.

El Bigotes ha contado que el objetivo de la red corrupta era, en paralelo de los actos del PP valenciano, conseguir adjudicaciones públicas de la administración autonómica. “Hacíamos solo actos del PP y empecé a preguntar y a pedir, solo tenia una persona de referencia para que me ayudara: la misma persona que me dijo que fuera a Valencia”, ha dicho en referencia a Francisco Camps, para quien el Ministerio Público solicita dos años y seis meses de prisión, además de inhabilitación para cargo público durante una década, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración pública.

La última pieza del 'caso Gürtel' juzga las adjudicaciones, por 1,8 millones de euros, del 'stand' de la feria Fitur y de contratos menores a la trama por parte del Ejecutivo valenciano que presidía Camps.

Aunque Álvaro Pérez ha lamentado que otras empresas de comunicación en Valencia obtenían el grueso de las adjudicaciones públicas, también ha indicado: “Yo lo pedía y me lo daban”, en referencia a algunos contratos como el stand de Fitur, entre otros. “Algunos altos funcionarios me conocían perfectamente”, ha abundado.

En el juicio también se ha reproducido el emotivo discurso de Álvaro Pérez en su boda, a la que asistió Camps y su esposa, Isabel Bas. “Siempre me ha dado cosas buenas, siempre se preocupa de mí, es cojonudo como persona y como amigo, no falla jamás y eso es la hostia”, decía ante los invitados. El acusado ha reconocido en el juicio que “hablaba con el corazón”.

La fiscal anticorrupción también ha ahondado en la relación personal, incluso familiar, entre Pérez y Camps. El Bigotes ha explicado que, a veces, hacía llegar mensajes al expresidente valenciano a través de su esposa, con quien también tenía una magnífica relación y a la que visitaba en su farmacia, situada en la céntrica plaza del Ayuntamiento. “Había mucha gente en Valencia que sabía cuál era mi relación con Camps”, ha remachado El Bigotes.

Este lunes se reanuda el juicio de la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional (AN) con la declaración estelar de Álvaro Pérez El Bigotes, el antiguo responsable de la trama en Valencia que ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.

La última pieza de 'Gürtel' juzga las adjudicaciones, por 1,8 millones de euros, del stand de la feria Fitur y de contratos menores a la trama por parte del Ejecutivo valenciano que presidía Camps.

El Bigotes ya confesó en un escrito remitido a la AN los presuntos tejemanejes de Camps con Orange Market, filial de Francisco Correa en Valencia, además de su relación de amistad.

“Aunque después de todo, Paco Camps reniegue de mí y de lo que me ayudó, me protegió y me cuidó. Así como yo también lo hice con él”, afirma Álvaro Pérez en el escrito.

El Bigotes, tras un total de seis años en prisión, ha pasado de ser el “amiguito del alma”, según la famosa expresión captada en las escuchas policiales, a transformarse en el principal testimonio que apuntala la acusación de Anticorrupción contra Camps.

Las primeras declaraciones en el juicio dejaron claro que Álvaro Pérez era el enlace de la trama con la administración autonómica del PP, convirtiendo su testimonio en una de las claves más relevantes del proceso.

El Ministerio Público solicita para Camps dos años y seis meses de prisión, además de inhabilitación para cargo público durante una década, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración pública.

Francisco Correa confirmó que cuando Álvaro Pérez aterrizó en 2004 en Valencia sólo conocía a Francisco Camps y que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana le fue presentando a dirigentes y a altos cargos de su Gobierno.

Correa definió su antigua red de empresas como “un brazo del PP” pero reconoció que tras su ruptura con la sede nacional de la calle Génova, la trama desplazó su objetivo a Valencia con El Bigotes como enviado especial.

El objetivo de trasladar a Álvaro Pérez a la capital del Turia era introducirse en el mercado de las adjudicaciones públicas mientras, en paralelo, Orange Market se encargaba de los actos electorales del PP valenciano.

Francisco Correa también confirmó la buena relación de la red corrupta con cargos como Ricardo Costa, entonces secretario general del PP valenciano, Pedro García, presidente de Radio Televisión Valenciana (RTVV) o el exdiputado David Serra, entre otros.

Por su parte, Pablo Crespo declaró que “había química con Francisco Camps”. Ambos responsables de la red Gürtel señalaron a Álvaro Pérez como el testimonio clave para responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción. El Bigotes pasa así de antiguo “amiguito del alma” de Francisco Camps a convertirse en el principal obstáculo de su defensa.

“Con respecto a mi relación de amistad con Paco Camps he de decir que se fue consolidando cada día más y más, hasta tener unos lazos importantes de amistad”. Así describe Álvaro Pérez El Bigotes, una de las caras más conocidas de la trama Gürtel, su estrechísima relación con el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps.

La amistad —“amiguito del alma”, lo llamaba el expolítico del PP en una famosa conversación telefónica navideña intervenida por la Policía— incluyó la asistencia de Camps a su boda, cenas, “paseos interminables después de mítines” y “encuentros cerca del portal de su casa por las noches o días de fiesta”, según la confesión de El Bigotes que su defensa ha aportado en el marco del pacto con la Fiscalía Anticorrupción en la pieza del 'caso Gürtel' relativa a los contratos menores de la trama corrupta. El responsable de Gürtel en Valencia reconoce que en piezas anteriores del caso, lejos de colaborar con la justicia, se dedicó a “proteger” a otros acusados y a “desgastar al tribunal faltando a la verdad”.

“Aunque después de todo, Paco Camps reniegue de mí y de lo que me ayudó, me protegió y me cuidó. Así como yo también lo hice con él”, apostilla Álvaro Pérez, a quien los seis años que ha pasado entre rejas le han llevado a “reflexionar” sobre las conductas “normalizadas” de la red Gürtel pero “absolutamente reprochables”. 

La confesión sintetiza las interioridades de la trama y la relación de compadreo con el Gobierno de Francisco Camps, quien tras la marcha de Eduardo Zaplana a Madrid como ministro, “necesitaba un posicionamiento o lanzamiento rápido, con una imagen fresca, dinámica y moderna”. “Adquirimos un compromiso de ayudarnos mutuamente, así como continuar con esa gran amistad que cada día iba creciendo”, agrega el escrito.

Entre 2004 y 2009, el PP valenciano contó con la empresa Orange Market en “todos y cada uno de los eventos” que organizaba: “Ese era mi trabajo, hacer llegar al ciudadano, al votante la imagen de Francisco Camps, ya que este era un hombre tímido, con una imagen poco conocida, poco empático y distante”. La confesión de El Bigotes no adolece de cierta nostalgia: su gran amigo “vivió sus mejores momentos de su mandato con una imagen íntegra, impecable, eso él sabía que yo lo podría conseguir”. “Yo conseguí lo que buscaba”, apostilla.

Álvaro Perez desgrana cómo la trama Gürtel consiguió numerosos contratos de la Generalitat Valenciana gracias a la intervención de dirigentes del PP valenciano de la época como, entre otros, los entonces consellers Vicente Rambla, Alejandro Font de Mora o Alicia de Miguel, y el diputado autonómico David Serra (con quien comparte “amistad”).

El Bigotes ubica un lugar clave para cerrar negocios en la ciudad en aquella época: el Club de Tenis Valencia. El recinto, una institución elitista de la burguesía valenciana fundada en 1905 y situada en una exclusiva zona a tiro de piedra de los Jardines de Viveros, contaba entre sus miembros con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps.

En 2004, tras una reunión para conseguir patrocinios con Luis Gómez y Juan José Gómez, presidente y secretario de la junta directiva del club, a los responsables de la red Gürtel se les abrieron de par en par las puertas del selecto lugar de encuentro de la burguesía valenciana, cuyas instalaciones también han aflorado en el sumario del 'caso Azud'. “A partir de estas reuniones, el presidente del club conoce a la empresa Orange Market”, cuyos responsables pasan a tener “acceso directo”.

Tras esta primera incursión, la red Gürtel aprovechó la afición al tenis de Francisco Camps. El escrito de confesión, con fecha del pasado 5 de octubre, detalla el papel de Orange Market en el tercera edición del Open de Tenis de 2005, patrocinado por la Generalitat Valenciana, tras un intento fallido el año anterior. “Se organizó un encuentro en el Club de Tenis de Valencia por parte de Paco Camps”, relata. El entonces presidente de la Generalitat Valenciana, que estaba “practicando deporte con su familia”, pidió a su amigo que se acercara y le dijo: “Lo haréis todo”.

“Paco me había adjudicado directamente la producción de todo el acto”, dice El Bigotes, que acto seguido comunica a sus jefes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, la feliz noticia: “La idea era muy clara, Orange Market trabajaría directamente para la Generalitat”. Sin embargo, en la siguiente reunión con David Serra e IMG, la empresa de marketing deportivo encargada del torneo, surgieron “tiranteces” e intercambios de “palabras mayores”. Álvaro Pérez relata que la firma les exigió que contrataran la empresa de catering del tenista Juan Carlos Ferrero. “Me enfadé muchísimo en esa reunión, ya que no era, ni mucho menos, lo que me había prometido el propio Paco Camps”, indica en su confesión.

La farmacia de la esposa de Camps

Así, se marchó en taxi a la céntrica farmacia de su “amiga” Isabel Bas, esposa de Camps, para contarle el “abuso” que estaba sufriendo Orange Market y transmitirle su sensación de que “todo estaba ya repartido”. Con esa conversación “algo cambió”, se “llegó a un acuerdo” y se rehizo el presupuesto en favor de Orange Market. “Todas estas afirmaciones se corroboran con los documentos que están en la causa”, señala El Bigotes.

La siguiente edición corrió a cargo de la firma Octagon Esedos SL, de un antiguo socio de Iñaki Urdangarín, aunque mantuvo al mismo representante que la empresa anterior, David Serrahima. Los trabajos de Orange Market fueron facturados a “diferentes instituciones” y “con diferentes empresas”, con el beneplácito de David Serra.

El papel de Orange Market en el torneo fue en aumento en las siguientes ediciones a medida que David Serra solicitaba “otros servicios adicionales” y aumentaba el número de espectadores. “Fue un buen escaparate” para Camps y sus consellers, admite Álvaro Pérez, que destaca la presencia del entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, en la edición de 2007. 

David Serra solicitaba las “facturas desglosadas y fragmentadas” y las autorizaba. En todas las ediciones, entre 2005 y 2008, “se estableció este sistema de facturación”. El Ejecutivo autonómico de Francisco Camps aprovechaba el control absoluto de la administración pública para centrifugar los encargos a la trama Gürtel. La Fundación La Luz de las Imágenes, cuya gerente María del Carmen Díaz Quintero también está acusada en la causa, encargó una exposición para la primera edición del Open de Tenis. Sin embargo, en otras dos ediciones “se facturó sin exponer ningún cuadro o fotografía”, simulando la prestación del servicio.

La confesión de Álvaro Pérez detalla los amaños de la red Gürtel con los contratos menores de la Generalitat Valenciana que juzga la Audiencia Nacional. La trama corrupta pescó hasta 1,8 millones de euros en la empresa pública Vaersa, en la Conselleria de Sanitat —gracias a una “relación casi familiar” con el entonces conseller Vicente Rambla—, o con el stand de FITUR, una adjudicación de la que la trama “tuvo información privilegiada”.

La presunta corrupción que acompañó a la visita del Papa Benedicto XVI a València en 2006 está cerca de ser vista para sentencia tras la colaboración con la justicia de varios de los principales acusados. Así, la Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones definitivas casi seis años de prisión, además de tres años de inhabilitación especial, para Álvaro Pérez, El Bigotes, y para el exdirector general de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales, fraude, falsedad en documento mercantil, cohecho, delitos contra la hacienda pública y blanqueo en el marco de las irregularidades en la visita del pontífice a València. Para García también pide una multa de 1,1 millones de euros mientras que a Álvaro Pérez le pide una multa de 821.859 euros por blanqueo de capitales y otra de 332.142 euros por delitos contra la hacienda pública.

La trama Gürtel ingresó una comisión ilegal de 3,2 millones de euros del contrato por el suministro de las pantallas y la megafonía vinculado a la extinta Fundación Valenciana V Encuentro Mundial de las Familias. “La cuantía blanqueada en este caso se referiría a todo el sobreprecio [de las pantallas], referido a la cantidad total de la comisión, 3.287.436 euros”, sostiene Anticorrupción. De la lista definitiva de acusados ha quedado excluido el fallecido exdirector general de la Policía con el Gobierno de José María Aznar y expresidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino. La Audiencia Nacional archivó la causa abierta contra Cotino y ha devuelto a la familia los bienes embargados (una planta baja y dos viviendas).

La fiscal Concepción Nicolás pide cinco años y diez meses de prisión para García y cinco años y nueve meses para El Bigotes, además de tres años de inhabilitación especial para ambos. El acusado Álvaro Pérez reconoció los hechos durante su declaración en el juicio oral y “explicó detalladamente la forma de actuar de la organización de Francisco Correa, su asentamiento en Valencia y la participación del resto de acusados”, recuerda la fiscal.

Al empresario Jacobo Gordon le pide una pena de nueves meses de prisión, 257.138,49 euros de multa y 117.300 euros de responsabilidad civil y para el presunto blanqueador de la trama, Ramón Blanco Balín, solicita once meses de prisión y una multa de 821.859 euros.

Cárcel para Vicente Sanz y otros cargos de la extinta Canal 9

Para tres exaltos cargos de la televisión pública valenciana Canal 9 (Vicente Sanz, Juan Prefaci y Antonio de la Viuda), el Ministerio Público solicita una pena de cuatro años y seis meses de prisión por malversación e inhabilitación absoluta durante ocho años. Vicente Sanz, expresidente del PP de València y exsecretario general de RTVV, ya fue condenado por abuso sexual a tres trabajadoras.

Ricardo Calatayud Darocas, exdirector económico y financiero de RTVV, y José Llorca Bertomeu, exdirector general de Canal 9, reconocieron su participación y la de otros acusados en los hechos. La Fiscalía pide para estos dos exaltos cargos de la televisión pública valenciana 11 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y dos años de prisión. Para Luis Sabater Balaguer, exjefe del departamento técnico de RTVV, la fiscal solicita las mismas penas en el caso de que en el ejercicio de su derecho a la última palabra reconociese su participación en los hechos“.

Para el empresario Vicente Torró Casanova, primo político de Pedro García, el Ministerio Fiscal solicita un año y dos meses de prisión y una multa de 243.600 euros, una cifra idéntica a la “cantidad blanqueada”. Al empresario Rafael Martínez Molinero, vinculado a la empresa adjudicataria Teconsa y que también confesó los hechos, le piden una pena de dos meses de cárcel, una multa de 317.614 euros y la “pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de cinco meses”. Además, a los hermanos Óscar y Carlos Ignacio Fragio Díaz, vinculados a una de las empresas que obtuvo contratos, la Fiscalía les pide, tras colaborar en el esclarecimiento de los hechos, una pena de tres años y nueve meses de prisión y una multa de 450.544 euros por cabeza.