Condenado un exalto cargo de Canal 9 por abuso sexual a tres trabajadoras

El exsecretario general de RTVV, Vicente Sanz, con traje gris, a su llegada a la Audiencia de Valencia

Vicente Sanz, exsecretario general y exjefe de recursos humanos de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), ha sido condenado a 87 meses de multa (15.660 euros en total) y 210.000 euros de indemnización por seis delitos sexuales (tres de abuso y tres de acoso) contra tres trabajadoras de Canal 9, la antigua televisión pública valenciana.

Fiscalía pide 20 años de cárcel para Sanz por abusar de 3 periodistas de Canal 9

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Sanz, que fue expresidente del PP en Valencia, eludirá la prision. La Fiscalía solicitaba 20 años de cárcel contra el -las acusaciones hasta 24- pero las partes han pactado la condena. Finalmente, ésta será de 21 meses de multa por cada uno de los tres delitos de abusos sexuales y otros 24 meses por los otros tres delitos de abusos sexuales. El condenado no podrá acercarse a menos de 500 metros de las víctimas durante cinco años.

Una de las víctimas será indemnizada con 60.000 euros y las otras dos con 75.000 euros por cabeza. RTVV, como responsable civil subsidiaria, abonaría las compensaciones si Sanz no lo hiciera, aunque el impago de las multas llevaría a éste a prisión. Los hechos ya juzgados se produjeron  entre 2007 y 2010. Entonces, el responsable de personal de la televisión, valiéndose de su cargo, amenazó y coaccionó a las víctimas para abusar de ellas, tanto en las instalaciones de la televisión como en otros lugares.

Los abogados de las trabajadoras han asegurado que sus clientes estaban "satisfechas" con la pena contra Sanz. Y han dejado entrever que las víctimas deseaban evitar la vista oral, en la que se iban a airear en presencia de la prensa los detalles de los abusos sexuales. "Necesitaban cerrar este tema y poder seguir con sus vidas", han asegurado. La defensa del exdirectivo ha insinuado, a la salida del juzgado, que el pacto ha sido alcanzado a instancias de las acusaciones. Fuentes juridicas explican que la Fiscalía -que de 20 años ha pasado a confomarse con la imposición de una multa- suele respaldar los acuerdos impulsados por las víctimas en casos de esta naturaleza .

"Estoy en política para forrarme"

Sanz, de 70 años, fue durante 15 años unos de los directivos con más poder en Canal 9, donde llegó de la mano de Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat y exministro. Frustrada su carrera política tras transcender unas grabaciones célebres -"estoy en política para forrarme", dijo- fue aupado en 1995 por el PP a la cúpula de RTVV. Allí era conocido su inmenso poder, sobre todo en materia de personal. Se jactaba en público de contratar trabajadores a su libre albedrío.

Su caída en desgracia se produjo en 2010, cuando tres trabajadoras le denunciaron por abusos sexuales. Según la fiscalía y las acusaciones, Sanz, abusando de su cargo, las sometió a vejaciones de todo tipo. El exresponsable de recursos humanos siempre había negado los cargos. Este mismo martes, a su entrada en la Audiencia de Valencia, dijo que las relaciones sexuales existieron pero fueron "consentidas". Poco después reconoció su culpabilidad ante el tribunal, donde entró entre abucheos y gritos de "a la cárcel" de extrabajadores de Canal 9.

El acuerdo alcanzado entre las defensas y las acusaciones frustra las declaraciones previstas de otros exaltos cargos de RTVV, casos de José López Jaraba, exdirector general, y Lola Johnson, exdirectora de Canal 9 y exconsellera de Cultura de la Generalitat. Los sindicatos acusaron a la dirección de RTVV de no actuar con diligencia en el asunto. "Miraron hacia otro lado", ha dicho este martes un representante de Intersindical.

Imputado por el caso Gürtel

Sanz está imputado en una de las ramificaciones del caso Gürtel en la Comunitat Valenciana. La policía sostiene que la trama robó al menos 4.4 millones de euros contratando, a través de Canal 9, la cobertura de audio y vídeo de la visita del Papa a Valencia con una empresa sin experiencia en el sector, la constructora leonesa Teconsa. Él y otros cargos vinculados al PP están siendo investigados por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y cohecho.

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Publicado el
27 de octubre de 2015 - 08:49 h

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