El Tribunal Supremo ha confirmado las penas mínimas que impuso la Audiencia de Barcelona a tres neonazis, entre ellos el excoordinador de Democracia Nacional en Catalunya Alberto Bruguera, por la agresión que perpetraron a tres independentistas en 2018 en Balsareny al grito de “rojos, cerdos independentistas”.

En su sentencia, los magistrados desestiman los recursos de las defensas y ratifican la condena a un año y medio de cárcel y a una multa de 4.320 euros para cada neonazi por un delito de odio en concurso con un delito contra la integridad moral y un delito leve de lesiones. La Fiscalía llegó a pedir en el juicio hasta seis años de cárcel y multa de 11.880 euros.

Además de Bruguera, los condenados son otros dos conocidos elementos de la extrema derecha catalana: Alba S., autodenominada Hanna Reitsch, y Antonio Castellón, condenado por atacar un 'casal' de Nou Barris durante la campaña de acoso contra una mezquita. En el juicio no ocultó que lleva tatuadas las palabras “nazi” y “skin” en los dedos de su mano. El resto de tinta nazi de su cuerpo –cuatro esvásticas y la cara del mismo Adolf Hitler– quedaron escondidos bajo la ropa.

Los hechos probados se remontan al año 2018. Tras participar en una marcha de Democracia Nacional en apoyo a un ultra del municipio, decidieron ir a por los parroquianos de un bar de Balsareny,. El motivo, el “profundo desprecio” que los tres neonazis sentían “hacia las personas del independentismo catalán y de izquierdas”, según reflejó la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

El año y medio de cárcel resulta de la suma de la pena mínima por cada uno de los tres delitos de odio, en concurso con otro contra la integridad moral (hubo tres víctimas), impuesta por la Audiencia de Barcelona. Los neonazis también deberán indemnizar a las víctimas con un total de 2.575 euros por daños morales y las lesiones causadas.

El Supremo confirma todos los razonamientos judiciales y concluye que los neonazos actuaron “con ánimo de menoscabar la integridad física y perturbar la tranquilidad y seguridad” de los tres independentistas, a quienes “amedrentaron, increparon, escupieron” y vejaron con insultos como “independentistas de mierda, rojos, rojas de mierda, cerdos independentistas, hijos de puta, guarros, asquerosos”.

Con referencias a sentencias de agresiones de independentistas a contrarios a la secesión, el Supremo expresa su rechazo a “ataques a las personas por su condición de españoles para excluirles de un territorio de la propia nación España”.

“Tampoco cabe hacer exclusión social de los pertenecientes a un determinado territorio o comunidad autónoma, como si fueran de inferior categoría y postulando esa exclusión social que se pretende con los delitos de odio, donde se atenta a la igualdad de todos los ciudadanos en su territorio y en la nación”, agrega el tribunal, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro.

Un excandidato neonazi defendiendo una moción municipal a favor de la Constitución española de 1978. Es la escena que se ha vivido este miércoles en el pleno del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig (Alicante). El concejal Pablo Quintana García se ha encargado de defender la moción presentada por el PP y Vox en defensa de la Carta Magna y en oposición a la ley de amnistía. Quintana, al frente de la concejalía de Intervención y Tesorería del consistorio, en el que el PP gobierna junto con Vox, fue candidato de varias formaciones neonazis, tales como Democracia Nacional y España 2000.

El actual edil de Vox, fue número dos de la lista de España 2000 al Congreso de los Diputados por la provincia de Alicante, en la cuota del Movimiento Social Republicano, según el Boletín Oficial del Estado. Pablo Quintana abandonó el partido liderado por José Luis Roberto y se pasó a Democracia Nacional, un grupúsculo neonazi entonces liderado por Manuel Canduela.

De esta formación fue el número ocho en la lista a las elecciones al Parlamento Europeo de 2004, que encabezaba Canduela. Aquel año también fue cabeza de lista del grupúsculo neonazi por la provincia de Alicante en las elecciones al Congreso de los Diputados. 

La moción ha sido aprobada gracias a los 14 votos que suman PP y Vox. “Nunca me imaginé, la verdad, cuando me presenté a concejal que me vería en un pleno municipal discutiendo una moción de este tipo pero creo (...) estamos obligados a defender las libertades aquí y en todos los ámbitos”, ha dicho el edil durante su turno en el pleno municipal.

Quintana asegura que la ley de amnistía “busca la humillación del Estado”. “Se amnistía al golpista y al terrorista y se persigue a la Guardia Civil y a la Policía”, ha manifestado.

Por su parte, la edil popular Mercedes Torregrosa, ha afirmado que “muchos socialistas no están de acuerdo con la amnistía”. “Junts son ultraderecha pura, el PP se le queda a la izquierda de Junts. El PNV tiene una política económica muchísimo más de derechas de lo que nos califican a nosotros”, ha dicho la edil del PP.

Torregrosa ha asegurado que “dentro del PP” hay militantes que “perfectamente” podrían “ser socialdemócratas”, una afirmación que ha provocado carcajadas entre las filas de los partidos de izquierda. “El PSOE de Felipe González es un PSOE que no se parece en nada al PSOE de Pedro Sánchez.

“Mensajes de odio”, según el PSPV-PSOE

La portavoz socialista, Asun Paris, ha replicado que la ley de amnistía “busca garantizar la convivencia democrática y servirá para cerrar heridas y superar un conflicto político existente, para devolver a la política lo que nunca debió salir de ella”.

Asun París ha afirmado que “PP y Vox se han estado dedicando a boicotear la convivencia en el país, especialmente en Catalunya” y ha destacó que ambos partidos promueven “mensajes de odio y actos de agitación y propaganda” con la moción.

“Los cientos de personas que han acudido a las sedes del PSOE a protestar, no lo han hecho por iniciativa propia o ciencia infusa, son ustedes, PP y Vox, los que los han convocado y dirigido en contra de la legitimidad de la mayoría”, sostiene la concejala del PSPV-PSOE.

Por su parte, el concejal Alberto Beviá, de Esquerra Unida-Podem, ha lamentado el relato “de la derecha y de la extrema derecha” que considera ilegítimo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Igualdad es seguir aumentando el salario mínimo interprofesional y que las pensiones se actualicen con el IPC”, ha afirmado.

Uno de los casos recientes del odio que esparce la extrema derecha está a punto sellarse con un pacto. El líder neonazi catalán Alberto Bruguera y otros 13 ultraderechistas que atacaron y hostigaron en 2017 a una mezquita del distrito barcelonés de Nou Barris ultiman un acuerdo con la Fiscalía y el Ayuntamiento de Barcelona que les evite su entrada en prisión.

Ante la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado este martes una vista preliminar en que Bruguera y otros 13 de los 15 acusados han expresado ante el tribunal su propósito firme de abonar una indemnización a la mezquita y reparar así el daño ocasionado a la comunidad musulmana de Nou Barris con su campaña de hostigamiento, según ha podido saber elDiario.es.

Solo uno de los 15 acusados no se ha presentado este martes. Los ultras tienen ahora diez días de plazo para abonar su parte de la indemnización, inicialmente fijada en 30.000 euros de forma solidaria, pero que se rebajará en parte y se individualizará para que cada acusado pague conforme su participación en la campaña de hostigamiento y acoso a la mezquita.

De todos los acusados, Bruguera, excoordinador del partido ultraderechista Democracia Nacional en Catalunya, es el que deberá afrontar una mayor indemnización ya que fue el que participó en más actos de acoso contra el centro religioso.

Si todo transcurre según lo previsto y los acusados abonan parte de sus indemnizaciones en diez días, el tribunal celebrará el próximo 2 de noviembre una vista que servirá para ratificar de forma definitiva el acuerdo.

Como suele ocurrir en las conformidades, los términos del acuerdo implican que los acusados reparen el daño (en este caso, pagar las indemnizaciones a la mezquita, además de participar en un curso de igualdad de trato y no discriminación) a cambio de evitar su entrada en prisión.

Una vez los acusados abonen el dinero en la cuenta del juzgado, el próximo día 2 de noviembre la Fiscalía confirmará que rebaja las penas inicialmente solicitadas (hasta diez años de cárcel en el caso de Bruguera) y se sellará una condena firme que evite la entrada en la cárcel de todos los acusados.

Cabe recordar que Bruguera está condenado en primera instancia (ha recurrido la sentencia) por la agresión que perpetró junto a otros dos ultraderechistas a tres independentistas en 2018 en Balsareny.

Además de Bruguera, en la causa están acusados otros conocidos neonazis catalanes, como Juan de Haro, responsable de las juventudes de Democracia Nacional y que fue juzgado y absuelto de acosar y amenazar a periodistas que cubrían una concentración de la extrema derecha en Barcelona durante el 12 de octubre. 

Los hechos de Nou Barris se remontan al año 2017, cuando la comunidad musulmana se disponía a abrir una mezquita en el distrito tras conseguir todos los permisos. Grupos de extrema derecha como Democracia Nacional, Frente Nacional Joven, Generación Identidad, Frente Visigodo y Legión Catalana, aprovecharon las protestas vecinales contra el centro para convertirlas en “una interesada campaña de acoso y hostigamiento hacia el colectivo musulmán”, según describe la Fiscalía en su escrito de acusación

Los ultras organizaron caceroladas y realizaron pintadas y ataques a la mezquita para exaltar a los vecinos y aumentar las protestas y estereotipos contra la mezquita, además de amedrentar a la comunidad islámica del barrio para que no pudiera abrir el centro religioso y, según recalca la Fiscalía, “perturbar su legítimo ejercicio del derecho a la libertad religiosa”.

La estrategia de la extrema derecha se tradujo en protestas casi semanales de los ultras durante un año contra la mezquita y en ataques al centro como pegadas de adhesivos con los lemas “mezquita no”, “España cristiana no musulmana” así como lanzamientos de pintura roja y pintadas con las siglas “SS”, bloqueo de sus candados y la colocación en la entrada del centro de embutidos de cerdo. Los ataques solo cesaron después de que el juez, en 2018, dictara una orden de alejamiento de los ultras de la mezquita.

En paralelo a los ataques físicos, varios de los acusados emprendieron una campaña en redes sociales con contenidos para generar animadversión, prejuicios y estereotipos contra los musulmanes.

Vox ha colocado de asesor en el Ayuntamiento de Alicante a un excandidato del grupúsculo neonazi Democracia Nacional. Se trata de Diego Ramón del Castillo, candidato del partido de Santiago Abascal en Benidorm. El concejal de Recursos Humanos, el popular Julio Calero, ha asignado al asesor de Vox una retribución bruta mensual de 1.431 euros (a razón de 644 euros de sueldo base y 786 euros en retribuciones complementarias) para la prestación de sus servicios a media jornada. Además, también se embolsará dos pagas extraordinarias, tal como detalla el edicto del consistorio publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

La formación de extrema derecha, que obtuvo cuatro concejales en Alicante en las pasadas elecciones municipales del 28M, ha recuperado de asesor al cabeza de lista por Benidorm que sustituyó a David Pérez Bridigo tras conocerse su condena por violencia machista.

Diego Ramón fue candidato de Democracia Nacional, un grupúsculo neonazi fundado en 1995. El asesor de Vox en Alicante figuraba en las candidaturas registradas en el BOE y en el Boletín de las Corts Valencianes por la circunscripción de Alicante para las elecciones autonómicas de 2003 y las generales de 2004 de la formación extremista. También ha sido coordinador provincial de Vox en la provincia de Alicante.

Junto a Diego Ramón del Castillo, figuran como asesores Jaime Rozalén Romo, suplente en la lista de Vox al Senado en las últimas elecciones generales, y Josué Alfredo Escudero Fernández, responsable de las juventudes del partido ultra en Alicante y candidato al Congreso. Rozalén es el único de los tres asesores de Vox que presta sus servicios a jornada completa, con una retribución bruta mensual de 2.862 euros.

No es el primero de los responsables de Vox vinculados a formaciones a la derecha del partido de Santiago Abascal. El diputado más joven del partido ultra en las Corts Valencianes, Jose Muñoz Salvador, de 29 años, participó en actos de exaltación falangista en Alicante, vestido con la camisa azul, en homenaje a José Antonio Primo de Rivera.

Penas mínimas a tres neonazis. La Audiencia de Barcelona ha condenado a tres ultraderechistas, entre ellos el excoordinador de Democracia Nacional en Catalunya Alberto Bruguera, a un año y medio de cárcel y a una multa de 4.320 euros por la agresión que perpetraron a tres independentistas en 2018 en Balsareny al grito de “rojos, cerdos independentistas”. La Fiscalía pedía hasta seis años de cárcel y multa de 11.880 euros.

Además de Bruguera, los condenados son otros dos conocidos elementos de la extrema derecha catalana: Alba S., autodenominada Hanna Reitsch, y Antonio Castellón, condenado por atacar un 'casal' de Nou Barris durante la campaña de acoso contra una mezquita. En el juicio no ocultó que lleva tatuadas las palabras “nazi” y “skin” en los dedos de su mano. El resto de tinta nazi de su cuerpo –cuatro esvásticas y la cara del mismo Adolf Hitler– quedaron escondidos bajo la ropa.

La sentencia de la sección 7ª de la Audiencia de Barcelona, a la que ha tenido acceso elDiario.es, no deja lugar a dudas: los tres condenados, tras participar en una marcha de Democracia Nacional en apoyo a un ultra del municipio, decidieron ir a por los parroquianos de un bar de Balsareny. El motivo, el “profundo desprecio” que los tres neonazis sienten “hacia las personas del independentismo catalán y de izquierdas”.

El tribunal explica su decisión de imponer la pena mínima por el delito de odio debido a “la escasa gravedad de los hechos”, que consistieron en el abordaje de la decena de personas que estaban en la terraza de un bar entre gritos e insultos por parte de los neonazis para acto seguido agredirles físicamente, sin causarles lesiones de gravedad pero sí secuelas psicológicas.

El año y medio de cárcel resulta de la suma de la pena mínima por cada uno de los tres delitos de odio, en concurso con otro contra la integridad moral (hubo tres víctimas), a los que han sido condenados los acusados. La multa de 4.320 euros, correspondiente a los dos delitos anteriores más otro leve de lesiones, se ha fijado como “proporcionada y asumible por cualquier ciudadano medio” al no alegar los condenados “que vivieran en la indigencia o sin medios económicos”, indica el tribunal. Los neonazis también deberán indemnizar a las víctimas con un total de 2.575 por daños morales y las lesiones causadas.

Insultos, patadas y puñetazos

Primero fueron los insultos y después, los golpes. La sentencia narra que los neonazis empezaron a increpar a los congregados en el bar con gritos de “independentistas de mierda, rojos, rojos de mierda, cerdos independentistas, hijos de puta, guarros, asquerosos”. Después, Castellón dio una primera patada contra uno de los independentistas, que la logró esquivar, sin poder hacer lo mismo con el puñetazo posterior. No fue la única agresión.

Alba S., abunda la sentencia, insultó a la propietaria del bar –“roja, separatista, gorda, hija de puta”– mientras Castellón le propinaba una bofetada, provocando que la mujer cayera al suelo. El resto de agredidos intentaron refugiarse en el interior del bar, momento en el que Bruguera aprovechó para llamar “catalán de mierda” a un hombre, al que también espetó: “Te vamos a rajar y vendremos de aquí a dos horas”.

A renglón seguido, Castellón dio una patada al mismo hombre al que Bruguera había amenazado y le golpeó en la cabeza con el mástil de una de las banderas que llevaba, causándole heridas leves. Las tres víctimas de la agresión, concluye el relato de hechos probados, han sufrido “sentimientos de miedo, inseguridad y temor a ir solos por la calle” a raíz del hostigamiento.

El tribunal tiene claro que la versión exculpatoria de los tres acusados no se sostiene. Los tres neonazis se mostraron retadores y chulescos para responder a las preguntas del fiscal. “Me parece insultante que me acuse con testigos que no son reales y que no existen”, llegó a decir Alba S., lo que le valió una reprimenda del tribunal.

Sobre la agresión, negaron la mayor y limitaron su presencia en Balsareny a la marcha en favor de otro ultra del municipio por un supuesto acoso independentista –aunque en realidad era para apoyarle por su condena por robar dinero y hachís a un traficante. 

“La negativa rotunda y clara de los tres acusados sobre su participación en los hechos que se les imputan no tiene corroboración objetiva alguna”, resuelven los togados, que en cambio sí ven avalado el relato de las víctimas por los testigos que se encontraban en el bar, las fotografías de los hechos y los partes médicos de lesiones.

Los jueces resaltan la “falta de relevancia” del testimonio de la mossa d'esquadra que custodió la marcha ultra y negó que en ella participaran “personas de ideología ultranacionalista”, como sí había alertado otro agente del servicio de información. De hecho ninguno de los mossos que vigiló la manifestación vio la agresión posterior.

La sentencia es rotunda en determinar que los acusados perpetraron la agresión debido al “odio” hacia la “identidad catalana” de las víctimas. “La agresión se cometió por el mero y simple hecho de ser catalanes las víctimas y pretendidamente los acusados defender la españolidad”, concluyen los jueces.

La absolución del líder de Falange, Manuel Andrino, y el jefe de Alianza Nacional, Pedro Pablo Peña, por las amenazas que vertieron en Barcelona contra el procés el 12 de octubre de 2013 fue arbitraria, irracional y generó una “grave indefensión” a la Fiscalía. Así lo ha concluido la Audiencia de Barcelona, que ha ordenado a la jueza de la penal volver a sentenciar el caso.

Andrino, a día de hoy en prisión para cumplir condena por el asalto a Blanquerna, y Peña se sentaron en el banquillo por sus manifestaciones durante la marcha de la ultraderecha en Barcelona por el 12-O, solo un mes después del ataque a la librería de la Generalitat en Madrid. Entre otras amenazas, Andrino llamó a “matar por España” para evitar en procés y Peña avisó de que no habría independencia si no era “a base de mucha sangre”. Todo ello entre aplausos de la concurrencia ultra a la marcha.

El fiscal contra los delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, pedía para ambos tres años de cárcel. Pero la jueza Marta Navarro absolvió a los dos neonazis. Entendió la magistrada que, pese a que Andrino y Peña habían proferido las amenazas, toda la causa debía anularse porque provenía de una denuncia basada en un cartel falso del colectivo Ultra Sur y La España en Marcha.

Esta prueba ilícita hacía que el resto, aunque fueran vídeos grabados durante la manifestación al aire libre, estuvieran “contaminados”, según la magistrada. Es la denominada teoría del árbol envenenado. La Audiencia de Barcelona corrige a la magistrada y estima el recurso del fiscal, que recurrió la absolución al considerar que la motivación de la sentencia era “arbitraria” e “irracional” al omitir los vídeos y los testigos del juicio debido al cartel falso.

“No alcanzamos a entender el razonamiento de la juzgadora”, resuelve la Audiencia de Barcelona sobre la mala aplicación de la teoría del árbol envenenado. Según los magistrados de la sección 22ª, la magistrada extendió esa teoría a pruebas que no tenían “relación alguna” con el cartel falso y que fueron obtenidas debidamente, sin vulnerar derechos, habida cuenta de que se juzgaba a Peña y Andrino por discursos pronunciados en la calle, tras la marcha ultra.

“La falsedad o no de la denuncia inicial es totalmente irrelevante ante la posible comisión de delitos en la vía pública”, concluyen los magistrados, que recuerdan además que Andrino y Peña realizaron sus discursos “de forma libre y voluntaria” y que las grabaciones de los mismos se obtuvieron sin vulnerar derechos fundamentales.

La marcha de la ultraderecha de 2013 fue convocada por La España en Marcha, un intento de aglutinar los distintos grupos de la extrema derecha en un momento ante los primeros pasos del proceso soberanista. Los Mossos d’Esquadra permanecieron en alerta por los potenciales actos violentos del acto ultra y registraron a 126 personas que llegaron en autocares desde Madrid, una cuarta parte de los cuales tenían antecedentes violentos.

En la marcha se profirieron varios cánticos contra los migrantes, anarquistas y contra el entonces president Artur Mas (“Artur Mas, cámara de gas”). Andrino pidió a la Guardia Civil que acudiera a casa de la entonces presidenta del Parlament, Núria de Gispert, por una resolución independentista aprobada por el Parlament y que, además de detenerla, “debía de haberle obligado a que se comiera hoja por hoja esa declaración de independencia, para que con un poco de suerte se hubiera asfixiado”. “Que no lo duden, estamos dispuestos a morir, pero también a matar por España, faltaría más”, agregó Andrino. Ahora la jueza deberá volver a redactar una sentencia valorando todos los discursos que omitió en su primer fallo.

La irrupción y consolidación de la ultraderecha es una realidad en España, pero más desconocido es el origen de Vox. El periodista Xavier Rius Sant (Barcelona, 1959) lleva décadas investigando la extrema derecha, lo que le ha comportado querellas y amenazas que no han frenado sus trabajos. En 'Els ultres son aquí' (Pòrtic), Rius Sant elabora la genealogía de la extrema derecha española y catalana y proporciona las claves sobre los personajes que conforman el elenco ultra.

Los ultras ya están aquí, y con cada vez más fuerza. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?

El Estado español presentaba a finales del siglo XX una diferencia respecto a países de su entorno. Las fuerzas políticas que irrumpieron en muchos países, los verdes y los ultras, aquí no aparecían. En Catalunya teníamos a IC-Verds, pero no había un partido verde en el resto del Estado. En el campo de la ultraderecha había franquistas, pero enfrascados en luchas cainitas, sin un gran partido. Durante años el racismo no daba suficientes votos, y la ultraderecha irrumpe debido a la cuestión de la unidad de España –el famoso 'España una y no cincuenta y una'– y por una escisión del PP después de que el Gobierno de Mariano Rajoy no revirtiera la ley del aborto y el matrimonio homosexual.

Una vez han irrumpido a los parlamentos y ayuntamientos, ¿pueden irse o tenemos ultraderecha para años?

Vox se hace fuerte porque el PP los normaliza y legitima, y cuanto más los legitima el PP, más fuerte se hace Vox. El votante de Vox sabe que no tira su voto y que vota a un partido útil, y en consecuencia Vox seguirá creciendo. Vox ha venido para quedarse, porque además de complementarse con el PP, gracias a su posición dura contra el procés ha atraído a gente que no es incluso radicalmente contraria al matrimonio homosexual o al aborto.

¿Por qué el PP no es capaz de hacer un cordón sanitario a la ultraderecha como los conservadores alemanes?

Mientras en Alemania y Francia está claro que el cordón sanitario debe hacerse a la ultraderecha, en España no lo está, porque algunos dicen que debe hacerse a Bildu o a los independentistas catalanes. Vox recoge a muchos electores que consideran que el PP les ha abandonado porque Rajoy fue demasiado tibio, y empieza a poner temas en la agenda como los cazadores y las armas, además de la cuestión de Catalunya, que va más allá del procés y de opciones políticas. Es un discurso contra la diversidad y la plurinacionalidad, que se lo copiaron a Albert Rivera.

Hay una anécdota gráfica: Dolores Martín, una de las primeras militantes de Vox en Barcelona, va a un acto con las casas gallegas y ve que hablan gallego y se sube por las paredes. Creen que el catalán o el gallego hay que hablarlo en casa y ya está. No entienden la plurinacionadlidad lingüística al margen de la opción política, y eso buena parte del PP se lo ha copiado porque en el fondo les une la misma aversión a la plurinacionalidad del Estado, además de coincidir en varios asuntos económicos. Alberto Núñez Feijoo está de acuerdo con el estado autonómico, pero hay otro sector del PP que está de acuerdo con el discurso de Vox. Pablo Casado le dijo 'hasta aquí hemos llegado' a Santiago Abascal durante la moción de censura del 2020, pero después le ha copiado el discurso.

Repasa en el libro los movimientos de Ortega Smith y Vox en los juzgados contra el procés, así como su repercusión en los medios. ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en el auge de Vox?

Cuando Manos Limpias desaparece, Javier Ortega Smith va de juzgado en juzgado y consigue su cuota de telediario. Cuando el programa FAQS de TV3 invita a Ortega Smith por primera vez, él está contento porque piensa que el enemigo lo reconoce. Aquí dirán que son los medios 'de Madrid', pero TV3 los invitó varias veces, si bien es cierto que la crónica judicial del procés no podía simplemente obviar a Vox porque era una parte de la causa. Mi crítica va más dirigida a que el PP copie el discurso de Vox con el procés.

¿Por qué a Vox no le pasa factura el apoyo financiero que le brindó un grupo iraní en sus inicios?

Como suele ser habitual, este tipo de escándalos pasan factura a las izquierdas pero a las derechas no. Vox dice que las izquierdas también roban y roban más, y a otra cosa.

De la evolución de Vox en Catalunya destaca que es capaz de unir a personajes provenientes de varias ramas a veces enfrentadas de la extrema derecha. ¿Cómo lo consiguen?

Porque la gente se apunta a los vencedores, y al ver que Vox va en ascenso todas estas personas se suman. El partido ha aceptado a casi todo el mundo salvo algunos militantes con pasado neonazi, con la excepción de Jordi de la Fuente. Ha entrado gente de muchos sectores, y de momento como no han gobernado no se han roto. ¡Pero ojalá que no gobiernen nunca!

Ello no ha evitado que en Barcelona ya hayan tenido peleas internas.

Vox se cargó a la gente que había trabajado durante años cuando el partido no era nada y que vivieron una travesía del desierto. De cabeza de la lista para las elecciones al Parlament de 2021 ponen a Ignacio Garriga, del Opus Dei, que entra en Vox tras dejar el PP por el matrimonio homosexual y el aborto. Su número dos es otro ex del PP, Antonio Gallego, que hasta entonces no había militado en Vox, y la tres es la ex de Plataforma per Catalunya (PxC) Mónica Lora, que hizo que en las municipales de dos años antes se cargaran al coordinador de Vox en el Maresme. Su portavoz en el Parlament es Joan Garriga, primo de Ignacio y que es uña y carne desde hace años con el ahora eurodiputado Jorge Buixadé, y tras el fracaso de la operación de Montserrat Nebrera para liderar el PP y montar un partido entra en PxC.

¿En el Congreso hay los mismos perfiles?

En el Congreso hay más presencia de altos funcionarios, jueces y, sobre todo, militares. Vox tiene a tres militares de diputados. La presencia de altos funcionarios se explica porque en ese colectivo hay mucha gente de orden desencantada con el PP. Para hacer presupuestos y enmiendas, Santiago Abascal entiende que no puede enviar al Congreso al perfil de ultracatólico que va a misa y luego a la manifestación de Vox, que era el perfil de gente que había al principio. Abascal quiere a abogados del Estado y ha profesionalizado la extrema derecha, aunque esto ha provocado que se descompongan muchos grupos locales originales.

Cuenta en el libro que antes de las elecciones andaluzas de 2018 Vox hace 'castings' para evitar que se cuelen en las listas miembros con pasado neonazi destacado.

Vox no se iba a presentar a las elecciones andaluzas de 2018 que al final suponen su catapulta. Pero hay un acto en Barcelona en la plaza de Sants con más de 1.000 personas tras la moción de censura a Rajoy, Ciudadanos retira el apoyo a Susana Díaz y se precipitan los hechos. Vox puso a unos 'hombres de negro' para hacer las listas para que no se les colaran 'frikis' o personajes con un pasado neonazi. Por ejemplo al abogado José María Ruiz Puerta, defensor de Josep Anglada (PxC) y de Manos Limpias, no lo quieren porque había sido de la organización neonazi Cedade, aunque igualmente se les cuelan muchos neonazis y en Catalunya es donde aceptan a más.

¿Hasta qué punto Vox puede articular un frente común con los diversos grupos de ultraderecha en Europa?

En el Parlamento Europeo Vox está en un grupo distinto que el Frente Nacional francés, que está a favor del aborto. Vox está con los ultras polacos, ha decidido estar en el grupo de ultracatólicos, de aborto cero y contra los derechos de las mujeres y las minorías. Aunque Vox quiera salir de ahí y unificar ambos grupos, sencillamente no puede. ¿Cómo juntas a Vox y a los ultras polacos con la líder de Alternativa por Alemania, lesbiana declarada? Todos los partidos de extrema derecha intentan tejer un denominador común de soberanía nacional, control de fronteras contra los 'burócratas' de Bruselas, pero tienen muchas contradicciones difíciles de salvar.

¿Qué ha sido de Plataforma por Catalunya (PxC)?

PxC dice que se disuelve cuando se cierran las listas para las municipales en febrero de 2019. Intentan hacer un pacto con Vox en línea con el de Actúa Baleares, pero Vox lo rechaza y exige que entren uno a uno al partido. En realidad PxC no se disuelve, dejan de dirigentes a la pareja del histórico concejal de El Vendrell August Armengol y al padre de Mónica Lora. En paralelo sale la sentencia por la que Anglada debe devolver 180.000 euros a PxC. ¿Dónde va el dinero? ¿Quién audita las cuentas de PxC cuando se disuelve? El entorno de Anglada ironizaba sobre si se lo había quedado algunos de los que ahora entán en Vox.

¿Qué hará Josep Anglada?

Josep Anglada prepara la campaña para las municipales de 2023. Como ya no está inhabilitado, dice que volverá a entrar en Vic. En Barcelona se dice que, junto a Armando Robles de Alerta Digital, planean poner de candidato a un actor de películas porno caseras.

¿Hay una ultraderecha catalana independentista?

Sí. Uno de los motivos de la desaparición de Anglada y PxC fue porque el tema identitario dejó de bascular ente 'los de casa y los de fuera' para pasar al procés. Anglada sacaba 3.000 votos en las municipales pero en las autonómicas 1.000 porque, resumiéndolo con un estereotipo, sus votantes en las locales votaron en 2010 a Convergència para echar a Montilla de la Generalitat. Anglada baraja hacerse independentista, pero sus bases son lo que son.

A día de hoy hay Som Catalans, de Esther Gallego, que en las últimas municipales presentó lista en Vic y sacó 55 votos. Está también el Front Nacional de Sílvia Orriols, que logró ser concejala de Ripoll. Siguiendo las luchas cainitas de la ultraderecha, Gallego también se presentó en Ripoll e impidió a Orriols sacar otro concejal. Luego Orriols se peleó con el Front Nacional y creó Aliança Catalana, que ahora está haciendo campaña en Vic. Existen, pero afortunadamente no han arrancado.

¿Los otros grupos de la ultraderecha al margen de Vox –Democracia Nacional, Falange, etc.– se pueden llegar en el partido de Abascal?

Vox en teoría no los quiere en bloque porque no quiere aceptar a gente con tatuajes nazis, aunque hace excepciones. A Nacho Mulleras, que había sido delegado en Catalunya de Democracia Nacional, y a otros elementos, sí los acepta. Ahora Democracia Nacional está con muy poca militancia y su líder, Pedro Chaparro, deberá entrar en prisión por el caso Blanquerna. Vox se les ha llevado la militancia. El único grupo emergente ha sido Bastión Frontal. Las dos Falanges ahora van juntas, pero muchas de sus bases, sobre todo la gente que no tiene antecedentes, se han ido a Vox.

Antonio Castellón lleva tatuadas las palabras “nazi” y “skin” en los dedos de su mano. La ropa oculta el resto de tinta nazi de su cuerpo: cuatro esvásticas y la cara del mismo Adolf Hitler. Este jueves sin embargo se ha definido como un mero “simpatizante” del partido de extrema derecha Democracia Nacional e integrante de su servicio de orden en manifestaciones. La edulcorada carta de presentación responde a la petición de seis años de cárcel que la Fiscalía reclama para Castellón por agredir a un grupo de personas en un bar de Balsareny (Barcelona) en 2018 tras una manifestación ultra. 

Junto a Castellón, en el banquillo de la Audiencia de Barcelona se han sentado este jueves otros dos conocidos neonazis, Alba S., autonombrada Hanna Reitsch, y Alberto Bruguera, excoordinador de Democracia Nacional en Catalunya. Los tres han negado la agresión y han limitado su participación en los hechos a la manifestación. Según su versión, la marcha era para apoyar a unos vecinos de Balsareny frente al “acoso independentista”. En realidad era una concentración para arropar a un ultra del municipio, Raül Macià, condenado por robar dinero y hachís a un traficante. 

Castellón es un viejo conocido de la Justicia. En 2020 fue condenado por atacar un 'casal' popular en el distrito de barcelonés Nou Barris, en el marco de la campaña de acoso y hostigamiento de Democracia Nacional contra la mezquita que sea abrió en el barrio.

Chulesco y retador en sus respuestas al fiscal, Castellón ha mantenido que estaba “en primera línea” de la manifestación, pero ha dicho no recordar que se hubieran producido cánticos neonazis o “Puigdemont, a prisión”. “¿Qué pasó al final de la manifestación?”, ha inquirido al fiscal contra los delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar. “Pues que cada uno a su casa y ya está”, ha espetado Castellón.

Ante la repregunta sobre la agresión, Castellón ha vuelto a negar incidente alguno y ha redoblado su arrogancia: “Pregunte a los Mossos d'Esquadra, que fueron los que nos acompañaron a los coches”. “No tengo necesidad de llamar nada a nadie”, ha apostillado cuando el fiscal le ha inquirido sobre si llamó “independentistas de mierda”, “hijos de puta” y “guarros” a las víctimas.

Alba S. ha seguido la misma línea de desvincularse de los hechos y de confrontarse con el fiscal. “Me parece insultante que me acuse con testigos que no son reales y que no existen”, ha dicho, lo que le ha valido una reprimenda del tribunal. También ha negado que sus tatuajes de 1 y 8 estén vinculados a la simbología nazi y a Adolf Hitler. “No hubo percance alguno”, ha resumido Bruguera.

Las víctimas han explicado los hechos de forma muy distinta. Según su versión, cerraron el bar en el que estaban por miedo a la manifestación ultra. Vieron que el furgón de los Mossos d'Esquadra que cerraba la marcha pasaba, y volvieron a abrir, tras lo que aparecieron un grupo de una decena de personas, entre las que se encontraban los tres acusados, y les propinaron la agresión.

“Alba vino con el tambor, gritándome a la cara, decía 'viva España', 'guarros', 'rojos, cerdos separatistas', 'gorda', 'hija de puta'”, ha recordado la propietaria del bar. “Me sentí muy humillada”. El segundo testigo ha explicado que Castellón primero intentó darle un puñetazo que pudo esquivar, algo que no logró con el segundo, que impactó en su cara. “No se me ha olvidado nunca”.

La tercera víctima ha dado la misma versión: primero fue Alba S. la que increpó a los parroquianos con el tambor, y después empezó la agresión. “Castellón le dio una hostia a J., solo queríamos entrar al bar para evitar que nos pegaran”, ha relatado, tras lo cual ha recordado que Bruguera le impidió la huida y le dijo “rojo separatista de mierda”, al tiempo que Castellón le dio una patada en la espalda y le golpeó con un palo cuando intentaba resguardarse en el bar. “No vivo tranquilo y me da miedo ir solo a los sitios”, ha lamentado.

La principal baza de los acusados es que los Mossos d'Esquadra que custodiaban la manifestación no vieron la agresión, tal y como han admitido los agentes que han comparecido como testigos en el juicio. Sin embargo los agentes que llegaron al bar inmediatamente tras la agresión sí han confirmado que las víctimas estaban “muy alteradas”, y han coincido en señalar que los tres acusados llevaban “la voz cantante” de la manifestación y que profirieron varios cánticos como “independentistas de mierda”, “arriba España” o “separatista hijo de puta, el español con tu muerte disfruta”.

Frente al intento de los neonazis de desvincularse de los hechos, el fiscal Aguilar ha destacado en su informe final que los agresores están “plenamente identificados” por las víctimas. “Fueron a por ellos porque van contra el que no comparte sus ideas, son intolerantes y agresivos”, ha aseverado el fiscal, que pide seis años de cárcel y multa de 11.880 euros para cada uno de los acusados, bien por un delito de odio en concurso con un delito contra la integridad moral, bien por un delito de amenazas.

Los ultraderechistas condenados por el asalto a la librería Blanquerna en 2013 tendrán que entrar en prisión. La Audiencia Provincial de Madrid ha puesto en marcha los plazos para que elijan la cárcel en la que quieren cumplir sus condenas después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado sus últimos recursos. Entre los condenados hay líderes de partidos ultraderechistas como Manuel Andrino, jefe nacional de Falange Española, o Pedro Chaparro, líder de Democracia Nacional. Uno de los condenados está en paradero desconocido.

Los diez fueron condenados por coordinar un asalto violento a la librería Blanquerna el 11 de septiembre de 2013 en Madrid, donde diversas autoridades celebraban la Diada de Cataluña. Entraron con gritos de “No nos engañan, Cataluña es España”, patearon y rompieron una cristalera, tiraron cosas al suelo y empujaron a varios asistentes. Entre los asistentes estaba el entonces diputado Josep Lluís Sánchez Llibre y también fue agredido un cámara de televisión. Los ultras habían acordado el asalto previamente en diversos canales de comunicación, tal y como declaró probado el Tribunal Supremo.

A nivel judicial el caso ha dado muchas vueltas antes de terminar con la entrada en prisión de los culpables. En un primer momento la Audiencia de Madrid les condenó a penas inferiores a un año de prisión pero en 2017 el Tribunal Supremo elevó las penas por encima de los cuatro años en alguno de los casos. El Constitucional ordenó retirar la circunstancia agravante de discriminación ideológica y finalmente en 2020 el Supremo dejó las condenas firmes en más de dos años y medio.

Esta segunda condena firme tampoco implicó su ingreso inmediato en prisión para cumplir condena y los jueces han tenido que esperar a que el Tribunal Constitucional rechazase sus recursos. Los diez condenados tendrán que ir a la Audiencia de Madrid los días 25 y 29 de noviembre para recoger personalmente su mandato de ingreso voluntario, y tendrán diez días a partir de entonces para escoger una cárcel. Dos de ellos, además, han pedido un indulto y están a la espera de respuesta.

El asalto a la librería Blanquerna, las posteriores detenciones y la causa judicial que ahora concluye supusieron un revulsivo para estos partidos ultraderechistas y sus líderes. Seis de ellos se presentaron pocos meses después a las elecciones europeas bajo la marca 'La España en Marcha', que aglutinó en varias convocatorias a La Falange, Movimiento Católico Español y Alianza Nacional. Para cuando perpetraron el asalto a la librería Blanquerna, varios de ellos ya tenían antecedentes penales: Andrino, por ejemplo, había sido condenado por estafar a una anciana e Iñigo Pérez de Herrasti - cuñado del exministro Iñigo Méndez de Vigo y primo del exministro Pedro Morenés - por intentar un atentado contra familiares de presos de etarras.

Varios de ellos han tenido también encontronazos con la Justicia después de pasar por el banquillo por el asalto a Blanquerna. Andrino fue absuelto - una decisión recurrida por la Fiscalía - después de llamar a “matar por España” para hacer frente al procés soberanista catalán. Chaparro, por su parte, también fue condenado por incitar al odio contra el fotoperiodista Jordi Borràs.

Los plazos puestos en marcha por la Audiencia Provincial de Madrid implican que los condenados pasarán las próximas fiestas entre rejas. Uno de ellos, que estuvo en búsqueda y captura, ya fue arrestado y cumple condena en el Centro de Inserción Social Victoria Kent de Madrid mientras que otro “aún se encuentra en paradero desconocido”.

Querían hacer una rueda de prensa, pero el presidente del Parlamento Europeo, ante las críticas, consideró que no era apropiado con “la dignidad” de la institución. Antonio Tajani atendió a las quejas de quienes veían contradictorio ceder un espacio de la Eurocámara a quienes habían sido condenados por la propia Eurocámara en una resolución por sus homenajes a la dictadura de Franco.

Pero han burlado la prohibición.

Este martes, ADÑ, la coalición con la que concurrirán a las elecciones europeas Falange y Democracia Nacional, ha difundido en sus redes que los mismos portavoces que habían sido vetados por Tajani para dar una rueda de prensa en las instalaciones del Parlamento Europeo hacían uso de uno de los estudios de vídeo para grabar un debate sobre las nuevas “fuerzas patrióticas” con el eurodiputado ultra alemán Udo Voigt, anfitrión de la visita.

En tanto que para reservar ese estudio en el espacio audiovisual del Parlamento Europeo en Bruselas (VoxBox) sólo hace falta comunicar el nombre del eurodiputado que estará presente, se pueden añadir tantos espontáneos como se deseen sin filtro previo. Y en tanto que visitantes del eurodiputado no anunciados públicamente, habrán sido acreditados a la entrada sobre la marcha sin mayor problema.

Después de su debate en el Parlamento Europeo, han ido a Waterloo a fotografiarse ante la casa del expresident catalán Carles Puigdemont.

Tajani, que ya vetó hace un acto de Puigdemont en el Parlamento Europeo y tiene sobre la mesa otro de Vox sobre Catalunya para el próximo 6 de marzo pendiente de decidir, comunicó el jueves pasado que rechazaba la conferencia de prensa convocada por Falange y Democracia Nacional.

“A raíz de una propuesta hecha por la Dirección General de Comunicación”, explicaba el comunicado de Tajani, “el presidente del Parlamento Europeo ha decidido rechazar una conferencia de prensa organizada por el Sr. Udo Voigt [eurodiputado ultra del NPD] sobre 'El futuro de las fuerzas patriotas reales en España para la unidad y libertad' con la participación de varios miembros prominentes de Democracia Nacional y Falange de España, así como el ex eurodiputado [neofascista] Roberto Fiore”.

“El artículo 22 de las Reglas de Procedimiento internas del Parlamento”, proseguía el texto, “confiere al presidente los poderes necesarios para garantizar la seguridad general en los locales del Parlamento, para prevenir y detener cualquier perturbación del funcionamiento adecuado de las actividades parlamentarias y para salvaguardar la integridad de la institución”.

De acuerdo con el comunicado, “la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que involucra un caso presentado contra el Parlamento por el Sr. Voigt en 2015, confirmó que no existe un derecho incondicional de acceso a las instalaciones del Parlamento con fines de propaganda política y que el Parlamento no es el lugar donde nadie y todos los miembros del público pueden expresarse totalmente como lo deseen. Según confirmó el Tribunal de la UE, 'la legislación de la UE no otorga al público un derecho ilimitado de acceso a sus edificios para utilizarlos y expresar sus opiniones allí”.

Y finalizaba: “A la luz de esta sentencia (caso T-618/15), la amenaza a la integridad y dignidad del Parlamento y los evidentes problemas de seguridad que rodean a estas figuras controvertidas, se decidió aplicar la misma evaluación en el presente caso”.

Protesta

Ante la convocatoria de Falange y Democracia Nacional, adelantada este miércoles por eldiario.es, los eurodiputados españoles Josep-Maria Terricabras (ERC); Jordi Solé (ERC); Ana Miranda (BNG); Ramon Tremosa (PDeCAT); Izaskun Bilbao (PNV); Ernest Urtasun (Catalunya en Comú); Miguel Urbán (Podemos) y Marina Albiol (IU) enviaron un escrito a Antonio Tajani.

En la carta, explicaban que “tanto la Falange como Democracia Nacional son partidos que periódicamente se reúnen en el Valle de los Caídos para homenajear la figura del dictador Francisco Franco”.

Y proseguían: “¿Es usted consciente de la ideología fascista y franquista de estos partidos? Asimismo, ¿es usted consciente que uno de los invitados a participar en la rueda de prensa, Pedro Chaparro, presidente de Democracia Nacional, está condenado por el Tribunal Supremo a una pena de cuatro años de prisión por el asalto el 11 de septiembre de 2013 del Centro Cultural Blanquerna de Madrid (que es la Delegación de la Generalitat en la capital española)? Ésta no es la única sentencia en su contra, pues la Audiencia de Barcelona le condenó a un año de prisión por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas por incitar públicamente a agredir al fotoperiodista Jordi Borràs en el curso de una manifestación ultraderechista en Barcelona”.

“Nos preguntamos”, concluían, “en base a qué argumentos se puede autorizar la presencia de Chaparro mientras se vetó esta misma semana la de los presidentes catalanes Quim Torra y Carles Puigdemont”.

El presidente del Parlamento Europeo ha tardado 24 horas en prohibir el acto de Falange y Democracia Nacional anunciado para el próximo lunes. Antonio Tajani, que ya vetó hace una semana uno de Carles Puigdemont y tiene sobre la mesa otro de Vox sobre Catalunya para el próximo 6 de marzo pendiente de decidir, ha comunicado este jueves que ha decidido rechazar la conferencia de prensa convocada.

“A raíz de una propuesta hecha por la Dirección General de Comunicación”, explica el comunicado de Tajani, “el presidente del Parlamento Europeo ha decidido rechazar una conferencia de prensa organizada por el Sr. Udo Voigt [eurodiputado ultra del NPD] sobre 'El futuro de las fuerzas patriotas reales en España para la unidad y libertad' con la participación de varios miembros prominentes de Democracia Nacional y Falange de España, así como el ex eurodiputado [neofascista] Roberto Fiore”.

“El artículo 22 de las Reglas de Procedimiento internas del Parlamento”, prosigue el texto, “confiere al presidente los poderes necesarios para garantizar la seguridad general en los locales del Parlamento, para prevenir y detener cualquier perturbación del funcionamiento adecuado de las actividades parlamentarias y para salvaguardar la integridad de la institución”.

De acuerdo con el comunicado, “la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que involucra un caso presentado contra el Parlamento por el Sr. Voigt en 2015, confirmó que no existe un derecho incondicional de acceso a las instalaciones del Parlamento con fines de propaganda política y que el Parlamento no es el lugar donde nadie y todos los miembros del público pueden expresarse totalmente como lo deseen. Según confirmó el Tribunal de la UE, 'la legislación de la UE no otorga al público un derecho ilimitado de acceso a sus edificios para utilizarlos y expresar sus opiniones allí”.

Y finaliza: “A la luz de esta sentencia (caso T-618/15), la amenaza a la integridad y dignidad del Parlamento y los evidentes problemas de seguridad que rodean a estas figuras controvertidas, se decidió aplicar la misma evaluación en el presente caso”.

Protesta

Ante la convocatoria de Falange y Democracia Nacional, adelantada este miércoles por eldiario.es, los eurodiputados españoles Josep-Maria Terricabras (ERC); Jordi Solé (ERC); Ana Miranda (BNG); Ramon Tremosa (PDeCAT); Izaskun Bilbao (PNV); Ernest Urtasun (Catalunya en Comú); Miguel Urbán (Podemos) y Marina Albiol (IU) enviaron un escrito a Antonio Tajani.

En la carta, explicaban que “tanto la Falange como Democracia Nacional son partidos que periódicamente se reúnen en el Valle de los Caídos para homenajear la figura del dictador Francisco Franco”.

Y proseguían: “¿Es usted consciente de la ideología fascista y franquista de estos partidos? Asimismo, ¿es usted consciente que uno de los invitados a participar en la rueda de prensa, Pedro Chaparro, presidente de Democracia Nacional, está condenado por el Tribunal Supremo a una pena de cuatro años de prisión por el asalto el 11 de septiembre de 2013 del Centro Cultural Blanquerna de Madrid (que es la Delegación de la Generalitat en la capital española)? Ésta no es la única sentencia en su contra, pues la Audiencia de Barcelona le condenó a un año de prisión por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas por incitar públicamente a agredir al fotoperiodista Jordi Borràs en el curso de una manifestación ultraderechista en Barcelona”.

“Nos preguntamos”, concluían, “en base a qué argumentos se puede autorizar la presencia de Chaparro mientras se vetó esta misma semana la de los presidentes catalanes Quim Torra y Carles Puigdemont”.

¿Puede impedirse un acto de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo por “motivos de seguridad” y permitir uno de Vox sobre Catalunya? ¿Y uno de Falange y Democracia Nacional sobre las “verdaderas fuerzas patrióticas españolas”? Esa es la pregunta que han hecho varios eurodiputados españoles a Antonio Tajani, dirigente de Forza Italia y presidente del Parlamento Europeo.

Tajani vetó el acto de Puigdemont por “motivos de seguridad”, se encuentra “analizando” el de Vox, y ya tiene sobre la mesa el de Falange y Democracia Nacional, anunciado para el próximo lunes, en el que está previsto que presenten su candidatura ADÑ junto con el neofascista italiano Roberto Fiore y el ultra alemán del NPD Udo Voigt, eurodiputado que ejerce de anfitrión.

Ante esta convocatoria, adelantada este miércoles por eldiario.es, los eurodiputados españoles Josep-Maria Terricabras (ERC); Jordi Solé (ERC); Ana Miranda (BNG); Ramon Tremosa (PDeCAT); Izaskun Bilbao (PNV); Ernest Urtasun (Catalunya en Comú); Miguel Urbán (Podemos) y Marina Albiol (IU) han enviado un escrito a Antonio Tajani.

En la carta, explican que “tanto la Falange como Democracia Nacional son partidos que periódicamente se reúnen en el Valle de los Caídos para homenajear la figura del dictador Francisco Franco”.

Y prosiguen: “¿Es usted consciente de la ideología fascista y franquista de estos partidos? Asimismo, ¿es usted consciente que uno de los invitados a participar en la rueda de prensa, Pedro Chaparro, presidente de Democracia Nacional, está condenado por el Tribunal Supremo a una pena de cuatro años de prisión por el asalto el 11 de septiembre de 2013 del Centro Cultural Blanquerna de Madrid (que es la Delegación de la Generalitat en la capital española)? Ésta no es la única sentencia en su contra, pues la Audiencia de Barcelona le condenó a un año de prisión por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas por incitar públicamente a agredir al fotoperiodista Jordi Borràs en el curso de una manifestación ultraderechista en Barcelona”.

“Nos preguntamos”, concluyen, “en base a qué argumentos se puede autorizar la presencia de Chaparro mientras se vetó esta misma semana la de los presidentes catalanes Quim Torra y Carles Puigdemont”.

El viernes pasado, cuando Antonio Tajani, líder de Forza Italia y presidente del Parlamento Europeo vetó un acto de Carles Puigdemont, quizá no se imaginaba las vueltas que iba a dar el asunto en tan pocas horas.

El lunes, el mismo día en que estaba previsto el acto de Puigdemont, que finalmente se celebró en un hotel de Bruselas, Vox anunciaba un acto para el próximo 6 de marzo en el Parlamento Europeo para hablar de Catalunya con el secretario general del partido y acusación particular en el juicio contra el procés, Javier Ortega Smith.

A raíz de eso, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, pidió que se impidiera el acto por “motivos de seguridad”, los mismo que usó Tajani para vetar el de Puigdemont, y los eurodiputados independentistas escribieron al presidente del Parlamento Europeo para denunciar “censura y falta de imparcialidad”. El presidente del Parlamento Europeo respondió: “En breve se analizará y se decidirá qué hacer con el acto”.

Y, 72 horas después, cuando Tajani aún no ha resuelto qué hacer con el acto de Vox, se anuncia otro acto de la extrema derecha, esta vez de la Falange y Democracia Nacional, para presentar el próximo lunes en el Parlamento Europeo su candidatura para las elecciones de mayo, ADÑ.

De acuerdo con la convocatoria, la rueda de prensa del próximo lunes es sobre “El futuro de las verdaderas fuerzas patrióticas en España para la unidad y la libertad”, a las 16.00 en una sala de prensa del Parlamento en Bruselas.

Los participantes anunciados son: el eurodiputado y anfitrión Udo Voigt (del partido ultra alemán NPD); Manuel Andrino, presidente de la Falange; Pedro Chaparro, president de Democracia National; Gonzalo Martín, vicepresident de Democracia National; y el exeurodiputado ultra italiano Roberto Fiore, presidente de la Alianza por la Paz y la Libertad.

La Guardia Urbana ha detenido a seis personas en la madrugada de este martes por los presuntos delitos de pelea tumultuaria y desórdenes públicos tras un ataque fascista al ateneo independentista Tres Voltes Rebel del distrito barcelonés de Nou Barris. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación sobre los hechos.

En un comunicado, el ateneo ha explicado que su local y otros equipamientos municipales sufrieron pintadas de simbología neofascista –firmadas por las siglas de la organización neofascista Democracia Nacional Joven– y desperfectos la noche del lunes por parte de grupos neonazis, por lo que el martes convocaron una manifestación de rechazo en el barrio. La marcha se inició en la plaza Eivissa y finalizó en el casal, donde, según el casal, varios neonazis les estaban esperando. Allí se inició una pelea.

La policía ha detenido a seis personas: cinco ultras y un miembro del ateneo participantes en la pelea. El ateneo ha alertado de que la extrema derecha está llevando a cabo “acciones en todo el barrio, incluidas amenazas a jóvenes” y ha lamentado que han intensificando su “ofensiva” en el barrio, por ejemplo con la campaña de acoso y hostigamiento a la comunidad musulmana y a la mezquita del distrito.

En una entrevista en TV3, el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha asegurado que Catalunya no puede acoger ataques fascistas y ha subrayado que los Mossos siempre investigan estos incidentes. Pese a la alarma social que generan, el conseller ha asegurado que los ataques fascistas han ido a la baja en los últimos años.

Por su lado, la CUP ha pedido la comparecencia extraordinaria del conseller Buch en el Parlament “por el aumento de las agresiones fascistas y la impunidad con que la extrema derecha se mueve en Catalunya”. Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido a la conselleria de Interior y a la Fiscalía “actuar con toda la contundencia contra estas expresiones de odio en la ciudad”.

Prohibido acercarse a la mezquita. El juez de Barcelona que investiga a siete dirigentes y simpatizantes del partido neofascista Democracia Nacional por acosar a los miembros de la comunidad islámica del distrito barcelonés de Nou Barris ha prohibido a los ultras aproximarse a menos de 300 metros del centro de culto.

En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona ha estimado las dos peticiones del fiscal contra los delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar: la orden de alejamiento de la mezquita contra los ultras y el cierre de varias páginas web y perfiles de redes sociales donde los denunciados difundían su discurso islamófobo. Ambas decisiones han sido confirmadas por la Audiencia Provincial tras el recurso de los imputados (investigados, según la nueva denominación).

El juez prohíbe a los investigados acercarse a la mezquita o comunicarse con los que acuden a ella “a fin de evitar males mayores”, tras recabar indicios de su implicación en los daños provocados en el centro religioso gracias al visionado de las cámaras de vídeovigilancia del recinto. Esta medida cautelar, añade el juez, durará hasta que se dicte sentencia, es decir, durante toda la instrucción y el eventual juicio de la causa.

Además, el magistrado advierte a los siete investigados de que si incumplen la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la mezquita les podrá imponer otras medidas cautelares “que impliquen mayor limitación de su libertad personal”.

Los ultras están investigados por un delito de incitación al odio y otro de coacciones en concurso con un delito contra los sentimientos religiosos. El fiscal acusa a los siete imputados de “manipular” y “exaltar” a los vecinos del barrio para incrementar el rechazo hacia la comunidad islámica así como de “amedrentar” a los musulmanes para que no abrieran la mezquita, impidiendo así el libre ejercicio del derecho a la libertad religiosa.

La querella del fiscal enumera varias acciones contra la mezquita cometidas el año pasado por los miembros de Democracia Nacional, entre ellos su responsable de organización en Catalunya y el líder de sus juventudes en la comunidad. Por ejemplo, la pegada de adhesivos en la fachada del local que alberga la mezquita que rezaban eslóganes como “mezquita no”; “España cristiana no musulmana”; o “6 millones de parados, 6 millones de inmigrantes a su casa, recuperemos nuestro país”.

También se colgaron embutidos de cerdo en la puerta –carne considerada impura por la religión musulmana–, se lanzó pintura roja contra la mezquita y se inutilizaron los candados del centro de culto con silicona y cola.

El juzgado de lo penal 26 de Barcelona ha condenado al vicepresidente del partido fascista Democracia Nacional, Pedro Chaparro, a un año de cárcel y a una multa de 1.800 euros por un delito contra el ejercicio de libertades fundamentales por incitar al odio contra el fotoperiodista Jordi Borràs, que tuvo que abandonar la manifestación del partido ultra en 2015 en Barcelona que cubría como informador.

No obstante, la jueza ha absuelto tanto a Chaparro, pendiente de entrar en prisión por el asalto a la librería Blanquerna en 2013, como al responsable del servicio de orden en las manifestaciones del partido neonazi, Jorge Del Valle, de los delitos de coacciones y amenazas de los que estaban acusados. A Chaparro la magistrada también le prohíbe acercarse a menos de 1.000 del fotógrafo y asistir a manifestaciones ultras en Catalunya.

Ante las versiones contradictorias que neonazis y fotoperiodista mostraron durante el juicio, la magistrada concluye que no existen pruebas suficientes para condenar a ambos ultras por el delito de coacciones y de amenazas del que estaban acusados por la Fiscalía y Borràs.

El fallo considera probado que en los parlamentos que se realizaron después de la marcha el vicepresidente de Democracia Nacional se refirió en estos términos al fotoperiodista: “Hemos visto por aquí esa rata, Jordi Borràs. Os pido en todos que miréis a vuestro lado, y si está, le dais una capón, no muy violento, no sea que os vayan a detener, pero una buena hostia y que se vaya”.

La jueza resalta que el acusado reconoció durante el juicio que estas palabras fueron “desafortunadas”, pero que esta pseudisculpa no es un atenuante para considerarlas una incitación al odio y a la discriminación contra el fotoperiodista.

Por contra, la sentencia destaca que no ha quedado suficientemente probado que Chaparro jaleara a los asistentes a la manifestación ultra al grito de “ahí está el hijo de puta de Jordi Borràs”, como tampoco considera acreditado que Del Valle se aproximara al fotoperiodista “en actitud desafiante con peligro para su integridad física”. No obstante, el fallo sí recoge que el fotoperiodista tuvo que abandonar la manifestación.

El fiscal y la acusación particular que ejerce Borràs, representado por la abogada Eva Labarta, reclamaban las mismas penas para Chaparro: cinco años de prisión –tres por el delito de coacciones y dos por el delito relativo al ejercicio de libertadas fundamentales–, así como una multa de 3.240 y la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de Borràs y comunicarse con él durante 5 años.

Respecto a Del Valle, las acusaciones pedían condenar al ultra a tres años de prisión por un delito de coacciones, y la misma prohibición que a Chaparro de acercarse a Borràs, asistir a manifestaciones ultras y a dar clases o entrenar a menores. A ambos neonazis las acusaciones les reclamaban una indemnización de 10.000 euros por daños morales.

Concentración en el barrio de Gràcia, en Barcelona, de dos movilizaciones contrarias. Más de trescientas personas del grupo Moviment Popular de Gràcia y la CUP Barcelona se han encontrado este sábado por la mañana para dar respuesta a una movilización convocada por el partido ultraderechista Democracia Nacional.

El grupo de extrema derecha había convocado esta mañana la manifestación para protestar en contra del cierre de la librería Europa, precintada a finales de julio por presuntamente producir y distribuir material que fomenta el odio y la discriminación. Democracia Nacional también se manifestaba este sábado en contra de la pena de prisión que podría caerle a su vicepresidente, Pedro Chaparro, por las amenazas al fotoperiodista Jordi Borràs que hizo durante la manifestación del pasado 12 de octubre.

Este viernes pasado la CUP y Moviment Popular de Gràcia ya habían anunciado que llevarían a cabo una serie de acciones en contra de la movilización y en de su autorización. Según la Agencia Catalana de Noticias (ACN), Maria Jose Lecha, portavoz de la CUP Capgirem Barcelona, ha dicho que la responsabilidad de todo es del Departamento de Interior por no prohibirlo. Lecha considera intolerable que “actos que niegan el relato del holocausto, incitan el odio y justifican actos fascistas puedan manifestarse en la ciudad de Barcelona”.

En la concentración también se ha podido ver las diputadas de la CUP Eulàlia Reguant o Mireia Vehí, y también Josep Garganté de Capgirem Barcelona. Los grupos anti-fascistas ha comenzado a llegar entre las 11 y las 12 de la mañana. Alrededor de las 12, cuando los miembros de Democracia Nacional se han plantado arriba del todo del Paseo de Gracia con banderas españolas y de su partido, los dos grupos se han enfrentado verbalmente, momento en el que estaban separados sólo por un cordón policial de los Mossos d'Esquadra.

Ha sido entonces, hacia las 12 del mediodía, cuando se han empezado a intercambiar insultos y cánticos y ha aumentado la tensión. Aún así las concentraciones han terminado un rato después sin ningún tipo de incidente. Finalmente los miembros de Democracia Nacional han decidido retirarse. Durante los enfrentamientos verbales los miembros del partido ultraderechista gritaban: “viva España” o “terroristas” dirigiéndose al grupo de antifascistas. Por su parte, los miembros de Moviment Popular de Gràcia han optado por proclamar: “fuera fascistas de nuestros barrios” o “libertad de expresión, nazis no”.

Concentració als jardinets de Gràcia, al barri barceloní, de dues mobilitzacions contràries. Més de tres-centes persones del grup Moviment Popular de Gràcia i la CUP Barcelona s’han trobat aquest dissabte al matí per donar resposta a una mobilització convocada pel partit ultradretà Democràcia Nacional.

El grup d’extrema dreta havia convocat aquest matí la manifestació per protestar en contra del tancament de la llibreria Europa, precintada a finals de juliol per presumptament produir i distribuir material que fomenta l’odi i la discriminació. Democràcia Nacional també es manifestava aquest dissabte en contra de la pena de presó que podria caure-li al seu vicepresident, Pedro Chaparro, per les amenaces al fotoperiodista Jordi Borràs que va fer durant la manifestació del passat 12 d’octubre.

Aquest divendres passat la CUP i Moviment Popular de Gràcia ja havien anunciat que durien a terme una sèrie d’accions en contra de la mobilització i en contra de la seva autorització. Segons l’Agència Catalana de Notícies (ACN), Maria Jose Lecha, portaveu de la CUP Capgirem Barcelona, ha dit que la responsabilitat de tot plegat és del Departament d’Interior per no prohibir-ho. Lecha considera intolerable que “actes que neguen el relat de l’holocaust, inciten l’odi i justifiquen actes feixistes puguin manifestar-se a la ciutat de Barcelona”.

En la concentració també s’hi ha pogut veure les diputades de la CUP Eulàlia Reguant o Mireia Vehí, i també Josep Garganté de Capgirem Barcelona. La concentració dels grups anti-feixistes ha començat entre les 11 i les 12 del matí. Al voltant de les 12, quan els membres de Democràcia Nacional s’han plantat a dalt de tot del Passeig de Gràcia amb banderes espanyoles i del seu partit, els dos grups s’han enfrontat verbalment, moment en el qual estaven separats només per un cordó policial dels Mossos d’Esquadra.

Ha sigut aleshores, cap a les 12 del migdia, quan s’han començat a intercanviar insults i càntics i ha augmentat la tensió. Tot i així les concentracions han acabat una estona després sense cap tipus d’incident. Finalment els membres de Democràcia Nacional han decidit retirar-se. Durant els enfrontaments verbals els membres del partit ultradretà cridaven “viva Espanya” o “terroristes” dirigint-se al grup d’antifeixistes. Per la seva banda, els membres de Moviment Popular de Gràcia han optat per proclamar: “fora feixistes dels nostres barris”o “llibertat d’expressió, nazis no” .

Les amenaces del vicepresident del partit d'extrema dreta Democracia Nacional, Pedro Chaparro, al fotoperiodista Jordi Borràs estan més a prop de no quedar impunes. El Fiscal per delictes d'odi i discriminació de Barcelona ha demanat cinc anys de presó per Chaparro per un delicte de coaccions i un altre contra l'exercici de drets fonamentals. Els fets es remunten al Dia de la Hispanitat del 2015 a Barcelona, quan en el transcurs de l'acte que celebren diverses forces ultres, Chaparro i el seu guardaespatlles van proferir insults i amenaces contra Borràs.

“Hem vist per allà aquesta rata, Jordi Borràs, us demano a tots que si el veieu li doneu una bona hòstia”, va dir Chaparro, tal i com va explicar Catalunya Plural. Borràs s'ha convertit en un dels objectius dels grups d'extrema dreta pels seus treballs d'investigació, especialment després de la publicació l'any passat del llibre Plus Ultra. Una crònica gràfica de l'espanyolisme a Catalunya. El fotoperiodista havia acudit a la concentració ultra del 12 d'octubre per fer la seva feina: fer fotografies.

En el seu escrit, avançat per Europa Press, el Fiscal també sol·licita tres anys de presó per coaccions pel militant de Democracia Nacional i que aquell 12 oct exercia de cap de seguretat, Jorge del Valle. Segons l'escrit que el Fiscal ha remès al Jutjat d'Instrucció 23 de Barcelona, després el fotoperiodista va patir una campanya de fustigació a Twitter, a més de localitzar-se pintades en llocs freqüentats per ell amb les sigles de Democracia Nacional.

A la manifestació del 12 d'octubre de l'any passat, convocada per grups ultradretans i que va desfilar des de plaça Espanya fins a Montjuïc, Chaparro va cridar als assistents megàfon en mà quan estava acompanyat per Del Valle: “Aquí hi ha el fill de puta de Jordi Borràs”, assenyalant-lo amb el dit, i dirigint-se els dos acusats cap al fotoperiodista, que va haver d'escapar-se.

Poc després i ja a Montjuïc va continuar exaltant els dos centenars d'assistents: “Us demano a tots que mireu al vostre costat i, si hi és [Jordi Borràs], que li doneu una clatellada, no molt violenta, no serà que us detinguin, però doneu-li una bona hòstia i que se'n vagi ”.

Pere Chaparro ja va ser condemnat per l'Audiència Provincial de Madrid per l'assalt al centre cultural-llibreria Blanquerna que la Generalitat té a Madrid, on va irrompre un grup d'extrema dreta durant l'acte de commemoració de la Diada. També va ser candidat a les eleccions municipals de 2015 per aquesta formació.

Las amenazas del vicepresidente del partido de extrema derecha Democracia Nacional, Pedro Chaparro, al fotoperiodista Jordi Borràs están más cerca de no quedar impunes. El Fiscal para delitos de odio y discriminación de Barcelona ha pedido cinco años de prisión para Chaparro por un delito de coacciones y otro contra el ejercicio de derechos fundamentales. Los hechos se remontan al Día de la Hispanidad de 2015 en Barcelona, cuando en el transcurso del acto que celebran varias fuerzas ultras, Chaparro y su guardaespaldas profirieron insultos y amenazas contra Borràs.

“Hemos visto por allí esta rata, Jordi Borràs, os pido a todos que si le veis le deis una buena hostia”, dijo Chaparro, tal y como explicó Catalunya Plural. Borràs se ha convertido en uno de los objetivos de los grupos de extrema derecha por sus trabajos de investigación, en especial tras la publicación el año pasado del libro Plus Ultra. Una crónica gráfica del españolismo en Catalunya. El fotoperiodista había acudido a la concentración ultra del 12 de octubre para hacer su trabajo: tomar fotografías.

En su escrito, avanzado por Europa Press, el Fiscal también solicita tres años de prisión por coacciones para el militante de Democracia Nacional y que aquel 12 de octubre ejercía de jefe de seguridad, Jorge del Valle. Según el escrito que el Fiscal ha remitido al Juzgado de Instrucción 23 de Barcelona, después el fotoperiodista sufrió una campaña de hostigamiento y amedrantamiento en Twitter, además de localizarse pitadas en lugares frecuentados por él con las siglas de Democracia Nacional.

En la manifestación del 12 de octubre del año pasado, convocada por grupos ultraderechistas y que desfiló desde plaza Espanya hasta Montjuïc, Chaparro jaleó a los asistentes megáfono en mano cuando estaba acompañado por Del Valle: “Ahí está el hijo de puta de Jordi Borràs”, señalándolo con el dedo, y dirigiéndose los dos acusados hacia el fotoperiodista, que tuvo que escapar.

Poco más tarde y ya en Montjuïc continuó exaltando a los dos centenares de asistentes: “Os pido a todos que miréis a vuestro lado y, si está [Jordi Borràs], que le deis un capón; no muy violento, no va a ser que os vayan a detener, pero darle una buena hostia y que se vaya”.

Pedro Chaparro ya fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid por el asalto al centro cultural-librería Blanquerna que la Generalitat tiene en Madrid, donde irrumpió un grupo de extrema derecha durante el acto de conmemoración de la Diada. También fue candidato a las elecciones municipales de 2015 con esta formación.