Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Toledo deja entrever que el Gobierno de Dolores de Cospedal podría haber incurrido en acciones “constitutivas de un delito de prevaricación”.

El magistrado se expresa en estos términos en sentencia referida a la denuncia formulada por la empresa Cemusa Corporación Europea de Mobiliario Urbano SA., por impago de una factura de 50.615 euros en concepto de servicios publicitarios en el año 2015, por parte de la Fundación para la Promoción de Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Cospedal realizó “un supuesto contrato a nombre de una Fundación de gestión pública, sin conocimiento del personal de esta última, soslayando la normativa administrativa sobre contratación y adjudicación de contratos y a instancias de quienes en ese momento ostentaban el cargo de consejero en el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha”, en referencia a los entonces consejero de Presidencia, Leandro Esteban y al de Educación, Marcial Marín.

El magistrado falla en contra de la empresa al no constar contrato con la Fundación para la Promoción de Castilla-La Mancha, pero ha decidido informar a la Fiscalía de Toledo. El contrato, según dice la sentencia, tenía como objeto  la campaña de promoción del IV Centenario de la publicación de la segunda parte de El Quijote y debía desarrollarse en siete aeropuertos españoles entre enero y junio de 2015.

El contrato, según se describe en la demanda, se realizó a través de María de las Cortes Sotos, jefa de Gabinete de la Presidencia de la Junta, quien declaró ante el juez “aunque con ciertas vacilaciones”, dice la sentencia,  que “negoció y contrató”  y que si lo hizo fue “porque se lo encomendaron quienes eran consejeros de Presidencia (D.Leandro Esteban) y de Educación (D. Marcial Marín)”.  

La campaña se desarrolló en siete aeropuertos pero la Fundación no pagó las facturas y el personal de esta entidad comunicó a Cemusa Corporación que “no sabían nada del contrato de publicidad en cuestión”.

Otro de los testimonios en el caso fue el del director comercial del área aeroportuaria de Cemusa quien manifestó que contactaron con la Fundación a través de AENA y que “si bien AENA les exige normalmente presentar los contratos publicitarios por escrito, en este caso no se lo requirió”. A pesar de todo, declaró que “solicitaron en varias ocasiones a la fundación que les firmara el contrato, lo que, finalmente, no se efectuó”.

En la sentencia se apunta también que, una vez constatados los impagos, la propia jefa de Gabinete sugirió a la empresa que emitieran sus facturas a nombre de otra fundación dependiente de la Junta, denominada Fundación para la Cultura y el Deporte de Castilla La Mancha, “cuyo personal les manifestó que tampoco sabían nada del contrato”.

Además, en su declaración, la jefa de Gabinete del consejero de Presidencia admitió que en una anterior ocasión “negoció y contrató todas las condiciones de la primera campaña publicitaria que Cemusa realizó en relación con el Greco”.

El magistrado refleja en su sentencia que no consta contrato alguno sino “únicamente constan dos correos electrónicos: uno remitido desde Aena y otro enviado por la jefa de Gabinete a Cemusa ”donde se sugiere que la compaña se pudiera desarrollar en varios aeropuertos“.

“Tampoco se ha aportado prueba nítida y precisa a los autos sobre el modo en que se ejecutó el supuesto contrato”, dice la sentencia, entre las razones para desestimar la demanda.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha concedido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al albaceteño Marcial Marín. Así lo ha publicado el Boletín Oficial del Estado con fecha 7 de septiembre. Dicha distinción tiene como objetivo premiar los méritos de carácter civil adquiridos por el personal dependiente de alguna de las Administraciones Públicas, por lo que se suele conceder a altos cargos de la Administración, Generales de los Ejércitos y de la Guardia Civil, o a personas relevantes tanto españolas como extranjeras.

La de Marcial Marín ha sido una figura polémica en Castilla-La Mancha ligada a los recortes durante su periodo al frente de la Consejería de Educación. De hecho, las decisiones del antiguo consejero de Educación de Castilla-La Mancha fueron las que más polémica y oposición levantaron ante la sociedad civil de la región. Los recortes que se llevaron a cabo en el sector dieron pie a una situación de deterioro que ha sido ampliamente denunciada por sindicatos y asociaciones en favor de la Educación Pública, un deterioro que se mantiene con ratios en las aulas denunciadas como ilegales y falta de profesorado, entre otros problemas.

Marín impulsó también polémicos programas como ‘Abriendo Caminos’ que suponía la oferta de clases de apoyo de las materias de Matemáticas y Lengua a alumnos de 4º de la ESO que no las hubiesen superado y no hubieran titulado en junio. Algunos sindicatos la tacharon de “demagógica y populista, un parche para enmascarar la política de recortes del PP”, como la supresión del 20% de la plantilla de profesorado, la masificación de las aulas y la no cobertura de las sustituciones durante el curso. El programa fue aprobado por el gobierno del PP a pesar de la oposición de los centros educativos y sin haber negociado las condiciones laborales del profesorado que lo impartiría. Finalmente fue anulado por la justicia.

Cinco años sin oposiciones

Frente a su gestión en la Consejería siempre tuvo en contra a profesores e interinos, a lo que se suman cinco años sin oposiciones para Educación Secundaria. Por otro lado, el ‘popular’ también fue conocido por la importancia que concedió a la tauromaquia al impulsar, entre otras iniciativas, el I Congreso Internacional de Tauromaquia de la región.

Su gestión al frente de Educación en Castilla-La Mancha le valió, toda vez que Cospedal no consiguió repetir en el gobierno de la Junta, el nombramiento de Secretario de Estado de Educación, cargo que ocupó hasta hace apenas unos meses, cuando prosperó la Moción de Censura que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno Central.

Marcial Marín, nacido en 1968, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia y posee el título de Técnico Superior en Riesgos Laborales por la Universidad Empresa. Tiene además un Máster en Gestión y Dirección de Empresas para profesionales con experiencia en IESE por la Universidad Pontificia de Navarra. Comenzó su trayectoria política en el año 2007, cuando fue elegido diputado autonómico por la provincia de Albacete.

Cuando María Dolores de Cospedal dejó de ser presidenta de Castilla-La Mancha, cesaron con ella los consejeros de su Ejecutivo regional, quienes tiempo después encontraron acomodo en la Administración central. Después se convirtió en ministra de Defensa y el ‘reclutamiento’ aumentó con nuevos fichajes para este departamento y sus organismos. Ahora, tras el cambio de Gobierno, y mientras Cospedal lucha por hacerse con el poder del PP en sustitución de Mariano Rajoy, se ha ido produciendo el cese progresivo de algunos de esos ex altos cargos, que han visto repetida la experiencia, mientras que otros esperan su destitución en breve y alguno más puede mantenerse en el puesto durante algún tiempo.

Agustín Conde, aunque no fue consejero del Ejecutivo castellano-manchego, es de las personas más cercanas a Cospedal y también de los primeros en perder su puesto tras la llegada de Pedro Sánchez. La ex ministra de Defensa lo acogió como secretario de Estado de Defensa después de que Conde se quedara fuera del Congreso por desplazarse su puesto en las pasadas elecciones generales. Precisamente, el motivo fue que la ex secretaria general del PP pudiera obtener su escaño en la Cámara Baja. Después fue recompensado en el Ministerio de Defensa pero ahora, no solo ha sido cesado, sino a que ha vuelto a la palestra pública por la decisión del Consejo de Europa de prohibirle de por vida el acceso a cualquier sede de la organización. El veto se extiende a otros trece antiguos parlamentarios por “vulnerar el código de conducta” del Consejo.

La comisión de Reglamento de esta institución europea señala que Conde violó “seriamente” tres códigos de conducta, en relación a los ponentes y a las comisiones de seguimiento. En dicho documento, se le acusaba de actuar en favor de Azerbaiyán dentro del caso llamado “caviar diplomacy”, mientras acudía como observador a las elecciones parlamentarias y como ponente de la Comisión de Seguimiento. Pese a todo, ahora ha sido nombrado representante de la candidatura de la ex secretaria general del PP en las primarias del partido.

En el Ministerio que dirigía Cospedal ha cesado también en su puesto Arturo Romaní, subsecretario de Defensa y otrora consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha. Según las fuentes consultadas por eldiarioclm.es, Romaní ha cesado en los últimos días. Antes de este último puesto fue el artífice de las cuentas públicas del Ejecutivo del PP en Castilla-La Mancha, en una época en que los recortes sociales fueron la principal tónica de Gobierno.

Quien todavía se mantiene en el puesto es el que fuera portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Leandro Esteban. Es adjunto civil al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), es decir, un puesto de libre designación que no tiene rango de alto cargo, pero que también es posible que pierda en las diferentes líneas de sustituciones que está realizando el nuevo Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles. Leandro Esteban fue el portavoz del Gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha y también consejero de Administraciones Públicas. En este último cargo mantuvo un encendido enfrentamiento con los empleados públicos de la Junta que acabó en varios procedimientos judiciales.

Permanece igualmente en su puesto del mismo ministerio Eliseo García Velasco, subsecretario del Régimen de Interior y ex secretario general de Hacienda en Castilla-La Mancha. Aunque sí tiene un alto cargo, su situación es similar a la de Leandro Esteban en cuanto a las probabilidades de su cese. Fue el último en ser ‘reclutado’ por Cospedal para el departamento y después protagonizó una polémica judicial al reclamar el cobro de la parte correspondiente a la paga extra de 2012 que fue retirada ese año por el Gobierno del PP en la región. El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha aseguró que no existían “fundamentos jurídicos” que justificaran esa petición y no solo se desestimó su recurso, sino que además le impuso a Gómez Velasco costas por valor de 1.500 euros.

Ceses materializados o inminentes

Fuera de la segunda línea del Gobierno central ha quedado asimismo Marcial Marín, ya cesado como secretario de Estado de Educación, una de las primeras ‘recolocaciones’ de Cospedal cuando perdió el Gobierno regional. Marín fue su consejero de Educación, uno de los cargos que más ampollas levantó en la región debido a sus decisiones. Los decretos de recortes en educación aprobados en septiembre de 2011 por su departamento fueron el pistoletazo de salida de un progresivo deterioro de la educación pública en Castilla-La Mancha. También como responsable regional de Cultura, realizó una decidida apuesta por la tauromaquia.

Otro cese inminente, según las fuentes consultadas, será el de Carmen Casero. Todavía es directora general del Trabajo Autónomo y de la Economía Social en el Ministerio que ahora dirige Magdalena Valerio. Será cesada en breve porque además cambia toda la estructura del ministerio y se crean nuevos departamentos. Y de hecho, la nueva ministra socialista tuvo el mismo puesto que el de Casero con Cospedal, en su caso con el Gobierno castellano-manchego de José María Barreda.

Al margen de los altos cargos, hay dos puestos de los antiguos consejeros castellano-manchegos cuyo cambio no parece al menos inminente. María Luisa Soriano fue consejera de Agricultura en esta comunidad autónoma y ahora es responsable de Educación y Cultura de la Embajada de España en Roma, dependiente del Ministerio de Educación. Estos puestos los designa directamente el embajador, y en principio no se contemplan cambios en el cuerpo diplomático.

Tampoco Mar España será cesada en breve como directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La que fuera viceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha (número dos de Leandro Esteban) fue elegida en 2015 por el Consejo de Ministros por un periodo de cuatro años. Este cargo en la AEPD se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia y es previsible que pueda cambiar en 2019.

El último de los miembros del Gobierno del PP en esta comunidad autónoma es José Ignacio Echániz y es el caso más diferente. Después de cesar en su puesto como consejero castellano-manchego de Sanidad y Bienestar Social, regresó como diputado nacional al Congreso y ha marcado distancias con Cospedal hasta el punto de que, tras abrirse el proceso de primarias por el relevo de Rajoy, ha mostrado su apoyo público Pablo Casado, uno de los rivales de la ex ministra de Defensa.

“No lo permitiremos”. Con estas palabras han respondido las principales entidades del sector educativo catalán a la insinuación del Gobierno de introducir una casilla para el castellano en los formularios de las preinscripciones escolares para el curso que viene. Una vez más, sindicatos, asociaciones de familias y estudiantes han cerrado filas en torno al modelo de inmersión lingüística que garantiza el catalán como lengua de uso por defecto en las aulas.

“El modelo lingüístico es una linea roja y responderíamos con toda la contundencia, con movilizaciones, huelgas o desobediencia si hace falta”, asegura Ramon Font, portavoz del sindicato mayoritario en la escuela pública, USTEC·STEs. De forma parecida se expresan desde CCOO, cuyo responsable de educación, Manel Pulido, que afirma que harán “todo lo que haga falta” para impedir una medida que, añade, modifica el sistema educativo sin contar con el suficiente consenso.

Las alarmas han saltado en la comunidad educativa catalana cuando el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, ha afirmado ser “sensible” a las peticiones de algunas familias para que se introduzca una casilla para el castellano en las preinscripciones escolares. Marín ha confirmado además que ya están trabajando en la orden que regula las preinscripciones, que se suele publicar en Catalunya por estas fechas, aunque no ha dejado claro si incluirán la medida. 

Hasta ahora, los documentos de preinscripciones escolares -que se reparten en colegios y en la Administración- recogen en un pie de página la posibilidad de pedir que los niños reciban atención “individualizada” en castellano en su primer curso, de acuerdo con la ley de educación catalana. Lo que podría introducir el Gobierno es una casilla más visible pensada para escoger lengua para toda la escolarización, lo que desmantelaría el actual sistema de inmersión en catalán.

Aun así, los profesores insisten que no se lo pondrán fácil. “Ya pensaremos cuál es la fórmula para boicotearlo, consensuándolo con la comunidad educativa”, adelanta Pilar Gargallo, presidenta de la federación catalana de Movimientos de Renovación Pedagógica. Esta maestra insiste en que la escuela en catalán es “el medio a través del cual todos los alumnos pueden dominar ambas lenguas al acabar los estudios”.

“Decidir idioma en clase no es un derecho”

La principal asociación de AMPA de Catalunya, FaPaC, también ha cargado contra la idea deslizada por Marín, al proclamar que sus afirmaciones corresponden a “una politización de la lengua y de la educación”. Desde esta federación rechazan que las familias deban escoger entre catalán o castellano para las clases de sus hijos.

“Decidir idioma en clase no es un derecho, hay decisiones que sobrepasan la libertad individual y que son colectivas, para las que no vale aquello que puede interesarte más a ti, sino al conjunto”, sostiene la presidenta de FaPaC, Belén Tascón. En la actualidad, la ley establece que el catalán es la lengua vehicular en los colegios, aunque da libertad a los centros para que elaboren sus proyectos educativos y lingüísticos, hasta el punto que un 14% ya da clases en castellano (más allá de la de Lengua Castellana) y otros muchos más en inglés.

Lo que temen también las entidades y sindicatos, que desconfían de la utilización del 155 por parte del Gobierno, es que una hipotética casilla del castellano sirva para avanzar hacia un modelo en el que se separe a alumnos por lengua. “Nunca segregaremos por idioma”, desafía Gargallo, afirmación a la que se suman la práctica totalidad de sindicatos de profesores y estudiantes.

Clases en castellano, el fracaso de Wert

Si finalmente el Gobierno acaba facilitando la elección del castellano como lengua de uso en clase, se tratará de un nuevo intento por parte del PP para conseguir que esta sea también lengua vehicular en Catalunya. El partido de Rajoy lo ha intentado por diversas vías, pero hasta ahora nunca lo ha logrado. 

La gran operación para conseguirlo fue la LOMCE, la reforma educativa aprobada 2013 solo con los votos de los populares en la que se deja claro -sin especificar porcentajes- que el castellano no puede ser excluido como lengua escolar. Si esto sucede, las familias que quieran pueden matricularse en un colegio privado que si de clase en castellano y pasar la factura a la Generalitat. Sin embargo, con los últimos datos disponibles de 2016, solo 150 familias lo habían solicitado. 

La llamada ley Wert también ofreció un mejor cobijo a aquellas familias que ya habían iniciado procesos judiciales contra la Generalitat para conseguir educación bilingüe. Desde 2014 se han sucedido sentencias que ordenan a los colegios impartir el 25% de clases en castellano si un alumno lo solicita. A principios de curso eran solo una docena los centros que estaban en esta situación. 

Los integrantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública han pedido este lunes la dimisión del número dos del Ministerio de Educación, Marcial Marín por criticar la huelga educativa que han convocado para el jueves.

Los integrantes de la también llamada Marea Verde —los principales sindicatos del sector y asociaciones de padres, docentes y estudiantes— han explicado que Marín les llamó “irresponsables” durante un encuentro con empresarios en Palma de Mallorca por convocar una nueva jornada de paros, unas declaraciones que recogió la prensa local.

Un portavoz del Ministerio de Educación ha negado sin embargo que Marín llamara irresponsable a nadie. “No es cierto, ni a la Plataforma ni a ninguno de sus miembros”, explica la fuente. “Lo único que ha dicho respecto a la huelga es que hay una convocatoria que respeta pero no comparte. No tiene sentido convocar un paro cuando se está trabajando en la subcomisión del Congreso para lograr un pacto”, argumenta.

Pero desde la Plataforma insisten en que ha ocurrido y exigen la dimisión de Marín. “Ahora negarán a la prensa, que lo recogió”, sostiene el presidente de la Confederación de Padres de la Ceapa, José Luis Pazos, quien ha asegurado este lunes que si Marín no dimite o es cesado “de forma inmediata” por parte del ministro por “faltar al respeto” a la Plataforma, el máximo dirigente de Educación será el próximo objetivo.

La plataforma llama a la huelga porque la LOMCE aún sigue en pie, contra los recortes, que no se han revertido, para protestar porque se esté tratando el pacto educativo en una subcomisión del Congreso “integrada por tres partidos” en la que las asociaciones sociales no pintan “nada” y porque el Gobierno recurrió en los tribunales la Proposición de Ley que aprobó el Congreso, con los votos en contra del PP, para derogar la LOMCE.

Será el primer paro general en la educación contra el actual ministro, Iñigo Méndez de Vigo, aunque ya ha sufrido unos cuantos paros parciales, y el primero convocado por todos los sectores educativos desde 2013. Su antecesor, José Ignacio Wert, sufrió al menos siete convocatorias de diversa índole.

“No hay una situación que exija una huelga”

El propio ministro ha pedido a los convocantes que desconvoquen la huelga en más de una ocasión. Méndez de Vigo considera que “no hay una situación que exija una huelga” y pone como ejemplo de la, según él, buena voluntad de Educación el hecho de que tumbara las reválidas que ellos mismos habían aprobado.

El número dos de Educación, nombrado por el actual ministro, no se ha granjeado las simpatías del sector en este año y medio que lleva en el cargo. Ya su mero nombramiento levantó cierta polémica por la gestión que había venido realizando al frente de la Consejería de Educación de Castilla La Mancha cuando María Dolores de Cospedal era la presidenta.

De aquellos años queda su enfrentamiento con los docentes por los recortes —fue la región que más recortó el presupuesto—, por llevar las ratios en las aulas al borde de la legalidad y porque estuvo cinco años sin convocar elecciones. En las últimas semanas se ha dedicado a “vender en Bruselas un país que no existe”, según Pazos. “Son toda una serie de situaciones” las que les llevan a pedir el cese de Marín, cierra.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado un recurso contencioso-administrativo y ha anulado el acuerdo del Consejo de Gobierno presidido por María Dolores de Cospedal del pasado 24 de abril de 2014 por el cual se declaró la urgente ocupación de bienes afectados por las expropiaciones a la que dio lugar la ejecución de la obra denominada Ciudad de Vascos, impulsada por la Diputación de Toledo, también comandada por el PP con Arturo García-Tizón a la cabeza.

La sentencia explica que el recurso, presentado por una de las personas a las que se le expropió parte de este terreno, planteaba una serie de hechos y cuestiones que según la parte demandante justificaban la petición de nulidad de la declaración de urgencia en estas expropiaciones. Se alegaban defectos formales por no haberse podido presentar alegaciones al proyecto, además de que dichas alegaciones “ni tan siquiera habían sido contestadas”. Igualmente, reclamaba la expropiada que no se le había permitido el acceso a toda la documentación incorporada al expediente.

En relación con el fondo del asunto, se cuestionaba en el recurso la urgencia, ya que no solo ya existía un acceso a Ciudad de Vascos en Navalmoralejo, sino que además “tampoco se dan los requisitos de excepcionalidad y justificación de la urgencia”. El anterior Gobierno contestó a este recurso aseverando que se habían respetado todas las garantías del procedimiento expropiatorio, y justificaba la urgencia indicando que estaba suficientemente motivada.

La obra “no se dirige a atender servicios esenciales”

En sus fundamentos de derecho, la sentencia explica que la obra, destinada a poner en marcha un centro de interpretación de un yacimiento arqueológico con un embarcadero, no supone un “servicio estimable como esencial para la comunidad como podría ser un hospital, un mercado, obras de abastecimiento de aguas o de electricidad”.

“Se trata de fomentar y difundir un bien de interés cultural y favorecer a una comarca deprimida. No se alcanza a entender que para llevar a cabo ese proyecto de difusión se exija la urgente necesidad de ejecutarlo de manera inmediata cuando ya existe un centro de interpretación operativo en Navalmorejo que ya ha cumplido esas funciones”.

A Cospedal le choca la sentencia

La presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que “hablar de política en una sentencia, es una cosa que llama la atención”, en referencia al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que anula la expropiación en el yacimiento de Ciudad de Vascos.

“Respetando las resoluciones de los tribunales, lo único que tengo que decir es que es un proyecto muy importante para el desarrollo de Talavera y su comarca”, ha indicado a preguntas de los periodistas durante el desayuno informativo que ha mantenido este martes con los medios de comunicación en Talavera de la Reina (Toledo).

En este sentido, la presidenta del PP regional ha añadido que es una zona deprimida desde hace mucho tiempo, aunque están trabajando “mucho” para incentivar que “vengan empresas a sentarse en Talavera y a crear nuevas oportunidades laborales”. A pesar de ello, Cospedal ha defendido el proyecto que califica de “bueno” y confía en que el proyecto “pueda salir adelante”, pese a la “paralización” a la que está sometida la Diputación provincial de Toledo.

Sobre la sentencia que plantea que pudo existir desviación de poder por la urgencia de un procedimiento expropiatorio “con el fin de conseguir un rédito de tipo electoral de cara a las elecciones de 2015, presentándolo como éxito político”, Cospedal ha afirmado que no le deja de “chocar esta valoración en una sentencia”, porque “hablar de política en una sentencia, es una cosa que llama la atención”. Si bien, la secretaria general del PP ha reiterado que si hay algo que no se hizo acorde con el ordenamiento jurídico, lo que “tienen que hacer es corregirse”.

Álvaro Gutiérrez: es “la punta del iceberg”

El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha asegurado que la sentencia es “sólo es la punta del iceberg” de un expediente “absolutamente escandaloso y bochornoso”. Gutiérrez, en declaraciones a los medios este martes tras asistir al minuto de silencio convocado en la Plaza del Ayuntamiento toledano por el atentado de Orlando, ha asegurado que la sentencia “muestra un escándalo de gran magnitud” y ha explicado que la misma “viene a matar al proyecto y anular todo lo que allí se ha hecho”.

El presidente ha hecho hincapié en que la sentencia “dice textualmente” que la urgencia del proyecto “es una falacia con fines electoralistas y que la única urgencia del proyecto son las elecciones de 2015”. Asimismo, ha señalado también que la sentencia “habla de la posible comisión de un delito de desviación de poder con fines electoralistas” y por ello ha insistido en que el proyecto es “un caso de extrema gravedad”.

“Dijimos que este proyecto era un disparate no sólo en su concepción sino en las formas”, ha continuado Gutiérrez, comentando que el proyecto de Ciudad de Vascos estaba valorado en siete millones, de los que el anterior Gobierno de la Diputación “ya se había gastado una buena parte”.

Estudiando el expediente

Álvaro Gutiérrez también ha explicado que la Diputación de Toledo continua estudiando el expediente de Ciudad de Vascos y ha manifestado que “antes de que acabe la semana” ofrecerá “más datos que confirman que esto sólo ha sido la punta del iceberg de un escándalo mayúsculo”.

Respecto al coste económico que ha tenido el proyecto en las arcas de la Diputación, el presidente ha afirmado que “ha habido una zona que declararon de urgente ocupación de manera irregular y sobre la que se hizo un gasto que va a costar a los ciudadanos de la provincia de Toledo mucho dinero”.

Sin embargo, ha asegurado que el equipo de Gobierno estudiará “cómo se resarce ese daño a las arcas de la Diputación y, si hay que pedir responsabilidades, a lo mejor se tienen que pedir”. De igual modo, ha comentado que el barco y el centro de interpretación “son los dos mayores gastos” y ha señalado que “ascienden al millón y medio de euros”, adelantando que también están estudiando “qué se va a hacer con él”.

María Dolores de Cospedal perdió la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha en las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo y con ello el Ejecutivo regional tras una única legislatura. Después de tomar posesión el nuevo Gobierno, la mayoría de todos aquellos que formaron parte del Ejecutivo, y que también protagonizaron diversas polémicas, han encontrado acomodo en el sector público y privado y en puestos de diferente índole, mientras que la también secretaria general del PP sustituía el Parlamento castellano-manchego por un escaño en el Congreso de los Diputados, aunque se mantiene como presidenta del PP en la región.

Una de las primeras ‘recolocaciones’ en hacerse públicas fue la del, hasta entonces, consejero de Educación, Marcial Marín, que no estuvo ni un día sin ser cargo público. Se convirtió en secretario de Estado de Educación en la pequeña remodelación de Gobierno que Mariano Rajoy realizó en verano. Fue uno de los consejeros de Cospedal que más ampollas levantó en la región debido a sus decisiones. Los decretos de recortes en educación aprobados en septiembre de 2011 por su departamento, fueron el pistoletazo de salida de un progresivo deterioro de la educación pública en Castilla-La Mancha que incluso permanece hasta la actualidad, tal y como han denunciado desde la comunidad educativa y desde  los sindicatos de enseñanza.

A los méritos de Marín se une asimismo el haber decidido realizar, también como responsable regional de Cultura, una decidida apuesta por la tauromaquia. Obra suya y de Cospedal fue una de las primeras medidas que adoptó el ahora gobierno saliente: declarar la Fiesta de los Toros como Bien de Interés Cultural en la región. Después, organizaron el I Congreso Internacional de Tauromaquia, celebrado en Albacete.

En esta pasión por los espectáculos taurinos también destacó la exconsejera de Agricultura, María Luisa Soriano, tal y como anunció en una de sus últimas decisiones: mejorar las plazas de toros dentro de las cuestiones prioritarias del Plan de Desarrollo Rural (PDR). Ahora, Soriano es presidenta en el Liceo ‘Cervantes’ de Roma, dependiente de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Otra figura controvertida del Ejecutivo de Cospedal fue la de Leandro Esteban. Fue consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno regional y mantuvo un encendido enfrentamiento con los empleados públicos de la Junta que acabó en varios procedimientos judiciales. Actualmente forma parte de la Fundación de las Cámaras de Comercio. Curiosamente, uno de sus últimos anuncios como portavoz de la Junta un anteproyecto de ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios para fortalecer el sector empresarial. Esteban también está ahora pendiente de una demanda del Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros, antiguos encargados del proyecto del nuevo Hospital de Toledo, debido a unas declaraciones públicas en las que el exconsejero los calificó como “personas de mala entraña que pretenden paralizar la construcción de un hospital”.

Al gabinete de Esteban pertenecía Mar España. Fue viceconsejera de Presidencia y Administraciones públicas y ahora es directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de cuyo Consejo Consultivo ya era vocal con anterioridad.

Otro peso fuerte en el anterior Gobierno de Castilla-La Mancha fue la anterior consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero. Ahora es directora general del Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las empresas, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Al igual que en el caso del consejero saliente de Educación, Casero dejó un legado cuestionable en Castilla-La Mancha, con una crecida de 15 puntos en el desempleo entre menores de 25 años desde el primer trimestre de 2011 hasta el mismo periodo de 2015. Cuando dejó su puesto, la región se encontraba en su récord absoluto de deuda: 12.865 millones al final del primer trimestre de este año.

En esta labor también cumplió un papel primordial el que fuera consejero de Hacienda, Arturo Romaní. Protagonizó un traspaso de funciones muy polémico con el consejero actual, Juan Alfonso Ruiz Molina, y llegó a presentar ante notario las cuentas del Ejecutivo saliente con una desviación de un 76% que atribuyó a la falta de fondos del sistema de financiación autonómica. Romaní ha regresado a la Agencia Tributaria donde trabaja como enlace con Francia.

Por otra parte, junto a Cospedal ha encontrado también su hueco en el Congreso el exconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz. En un perfil muy parecido al de Marcial Marín, Echániz llevó a cabo recortes progresivos en materia sanitaria, tanto en hospitales públicos como en personal, así como en materia social, tal y como denunciaron las plafatormas en defensa de la sanidad pública y los trabajadores sociales. Recientemente, con motivo de su escaño en la Cámara Baja, ha sido nombrado presidente de la Comisión parlamentaria de Empleo y Seguridad Social.

Las recolocaciones también beneficiaron a la exconsejera de Fomento, Marta García de la Calzada, que obtuvo destino en la Abogacía del Estado del Tribunal Supremo, donde también es vocal su marido, Gerardo Martínez Tristán. De hecho, hasta 2011 era vicepresidenta del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, que presidía Esperanza Aguirre.

El último dato en conocerse del antiguo núcleo duro de Cospedal ha sido el de Agustín Conde. No formó parte de su Ejecutivo pero sí fue una de sus personas de confianza. Ha fichado por Red Eléctrica Española (REE), donde ocupará un puesto de carácter independiente. El exdiputado del PP en el Congreso de los Diputados ya ha encontrado acomodo en el sector empresarial, después de que se quedara sin escaño en las pasadas elecciones generales tras desplazarse su puesto hasta el número 3 de la lista por Toledo para que la encabezara María Dolores de Cospedal. El PP solo sacó dos escaños por esta circunscripción, la mitad de los comicios anteriores, por lo que Conde se quedó fuera.

Ex altos cargos y personal de confianza del anterior Gobierno de María Dolores de Cospedal todavía disponen de los móviles y tablets (en su mayoría modelos Ipad o Iphone) que les fueron entregados para el desempeño de sus funciones públicas. El Gobierno de Castilla-La Mancha les pidió por carta a finales de septiembre que devolvieran estos dispositivos al ser cesados de sus cargos, recordándoles que si no los remitían de vuelta en un plazo de 15 días, supondría una apropiación ilegítima de bienes públicos.

Según detalla la Cadena Ser, la mayoría de ellos contestó a la carta devolviendo el material, como es el caso del exconsejero de Hacienda, Arturo Romaní, mientras que otros como Marcial Marín, ex onsejero de Educación y actual secretario de Estado; o Leandro Esteban, el que fuera portavoz de Cospedal, aún no han realizado el envío.

La ex presidenta también ha respondido a esta tanda de misivas, pero para afirmar que nunca estuvo en su poder y que no ocasionó gasto en su facturación durante los cuatro años que duró su mandato. Según apunta en su escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es/clm, Cospedal dice que no consta en los archivos documento de recepción del mismo, y que tal extremo lo pusieron de manifiesto verbalmente desde su Secretaría al entonces secretario general de Presidencia, Carlos Corroto, cuando se solicitó al Departamento de Informática la relación del material que estuviera a nombre de la expresidenta. No obstante, aunque devuelve un Iphone 4, insiste en que “nunca” utilizó ningún terminal ni ocasionó gasto teléfono de móviles con cargo a la Junta de Castilla-La Mancha.

Uno de los casos más significativos es el del exconsejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, al que la Junta reclama hasta tres móviles Iphone y dos tablets. En su respuesta, Echániz explica que quiere comprar esos dispositivos en vez de devolverlos y le pide al Gobierno regional que calcule su valor de segunda mano. Argumenta además que los técnicos le informaron de que había dificultad para borrar todos los datos, la información y los contactos de esos terminales.

Otros ex altos cargos alegan en sus respuestas que se les han roto o que no los encuentran como excusa para no devolverlos. Es el caso del exdelegado de la Junta en Ciudad Real, Antonio Lucas Torres, que alega que tanto su móvil como su tablet estaban tan deteriorados que los dio de baja.

Se da la circunstancia de que en agosto de 2011, poco después de ganar el PP las elecciones en la región, el Gobierno de Cospedal pidió también por carta a los altos cargos y personal de confianza del expresidente José María Baarreda que devolvieran hasta 113 smartphones entregados para sus funciones públicas.

Finalmente, el controvertido expresidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, concurrirá de nuevo en las listas del PP para el Congreso de los Diputados. Ocupará el número dos de la candidatura por Toledo, tras la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y seguido del actual portavoz adjunto del Grupo Popular, Agustín Conde, que también repite. La lista por esta provincia es prácticamente la misma que hace cuatro años, salvo por la inclusión de Cospedal como número uno, lo que ha hecho que se desplacen los puestos de 2011, quedando así Francisco Vañó en cuarto lugar.

Esto significa que García-Tizón finalmente ha conseguido uno de sus objetivos tras perder la Diputación de Toledo por el pacto de Ciudadanos con el PSOE. No ha influido en la decisión de Mariano Rajoy ni en la del Comité Provincial su polémica gestión al frente de la institución provincial, ni su supuesta vinculación con la caja B del partido desde su fundación, tal y como publicó eldiario.es.

Esta situación contrasta con la decisión de los ‘populares’ de prescindir del actual alcalde de Guadalajara, Antonio Román, en la lista al Congreso por esta provincia, donde hace cuatro años concurrió como número uno. Ese puesto lo ocupa ahora la exdirectora general de Familia, Menores y Promoción Social de Castilla-La Mancha durante el Gobierno de Cospedal, Silvia Valmaña. Además, vuelve a concurrir de número dos Ramón Aguirre, que salió elegido diputado hace cuatro años, pero abandonó el escaño para presidir la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Así, mientras que Román abandona el Congreso, Rosa Romero, que perdió la Alcaldía de Ciudad Real en los pasados comicios, vuelve a encabezar la lista a la Cámara Baja por esta provincia, seguida de nuevo por Carmen Quintanilla  y el exalcalde de Malagón José Alberto Martín-Toledano.

Otro de los cambios destacados se produce en Albacete. Encabeza la lista al Congreso Carmen Navarro, coordinadora de la Ruta Social del PP. Con ello, el PP prescinde de la diputada Maravillas Falcón, cuyo nombre trascendió tras la reconversión en regadío de los terrenos de secano de su hermano, un total de 862 hectáreas ubicadas al sur de Hellín, una operación que fue calificada de “pelotazo hídrico” por parte del PSOE.  Francisco Molinero, de la Ejecutiva provincial del PP, repite no obstante en la lista, esta vez como número dos.

El ministro Catalá, de 'paracaidista' en Cuenca

Cuenca es la provincia en la que Rajoy ha ‘colado’ al ministro de Justicia, Rafael Catalá, de origen madrileño, como número uno al Congreso, en el conocido como efecto ‘paracaidismo’, o lo que es lo mismo, la ubicación de miembros del Gobierno en provincias con las que los candidatos no mantienen ninguna relación. Con ello ha desplazado al número dos a la ya diputada y exalcaldesa de Tarancón María Jesús Bonilla. Se estrena en esta candidatura el alcalde de Huete, Fernando Romero.

En cuanto al Senado, destaca la inclusión del exconsejero de Educación y actual secretario de Estado, Marcial Marín, en la candidatura por Albacete. Por su parte, el exalcalde de Tomelloso Carlos Cotillas repite para el Senado, mientras que en la lista de Toledo aparecen la actual portavoz del PP regional, Carmen Riolobos, que renunció a su escaño en las Cortes castellano-manchegas; el ex delegado del Gobierno y actual portavoz del PP toledano, Jesús Labrador; y, repitiendo, Tomás Burgos Beteta.

Por último, un dato significativo en la lista a la Cámara Alta por Guadalajara, es que el PP haya incluido a Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, exalcalde de Pastrana y actual subdelegado del Gobierno. No repite por tanto Porfirio Herrero pero se mantienen Ana González y Juan Antonio de las Heras.

El nuevo secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, lo repitió al menos un par de veces. “La hoja de ruta pasa por orientar los estudios hacia las necesidades de las empresas. Desde Primaria a Secundaria y la FP”, afirmó. Con esta receta y elaborar un mapa laboral sobre las salidas que tienen los grados universitarios el Gobierno pretende mejorar el problema del desempleo o la precariedad laboral de los jóvenes (como un 19% de 'ninis' o un 22% que trabaja de forma involuntaria a tiempo parcial).

Marín ha presentado este martes el estudio de la OCDE Estrategias de Competencias de la OCDE, un proyecto en el que se embarcó España el año pasado de la mano del anterior equipo ministerial (José Ignacio Wert y Montserrat Gomendio) para adaptar las habilidades que se enseñan en la escuela a los retos del SXXI. Un exequipo ministerial que hoy, un año después, trabaja en París para la OCDE, el primero como embajador de España ante el organismo, la segunda directamente en la organización.

12 retos educativos

El trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo junto a seis ministerios y las Comunidades Autónomas ha detectado 12 retos que España debe afrontar para mejorar las competencias de sus alumnos. A falta de una mayor concreción, que se espera para el segundo año de trabajo tras dedicar el primero al diagnóstico, los retos pasan por generalidades, algunas más obvias y otras menos, como “mejorar las competencias de los alumnos en la enseñanza obligatoria”, “asegurarse de que alcancen un alto nivel de cualificación profesional”, “quitar las barreras regulatorias y fiscales a la contratación de trabajadores”, “reincorporar a los desempleados a través de políticas y estrategias de apoyo” o “mejorar y ampliar el acceso a una información de calidad sobre inserción laboral”.

¿Pero cuál es la hoja del ruta del Ministerio de Educación para afrontar estos retos?, se le preguntó a Marín. “Orientar los estudios hacia las necesidades de las empresas desde Primaria, Secundaria, con el refuerzo de los idiomas o a través de la FP Dual, afirmó. En esta línea se enmarca la LOMCE y los nuevos currículos de las dos etapas, además de la apuesta por la Formación Profesional Dual, con la que, según datos de Marín, el 85% de los jóvenes que la cursa se queda después en la empresa en la que ha realizado las prácticas.

También destacó, en consonancia con uno de los retos, que el Ministerio está elaborando, y pronto publicará, un “mapa laboral” que indique la empleabilidad que tienen los diferentes grados para que los futuros universitarios puedan elegir su orientación laboral con más información, igual que se ha hecho con la FP, una de las grandes apuestas de este Gobierno. Algo parecido al mapa de las licenciaturas que se hizo en su día y se ha quedado obsoleto por la transición al espacio superior europeo de educación.

Las declaraciones de Marín entroncan con los postulados que defendía el anterior equipo ministerial (nada se le ha oído al respecto al nuevo ministro, Iñigo Méndez de Vigo) sobre la orientación económica de los estudios, que llegaron a dejar negro sobre blanco en el preámbulo de la LOMCE pero retiraron después por las fuertes críticas recibidas.

Marín también sostuvo que la reforma educativa —alabada, junto a las reformas del Gobierno, en el resumen que repartió la OCDE junto al informe— ya está dando sus frutos en reducir el abandono temprano escolar, que estaba al 30% y ya ronda el 21%. Que la LOMCE lleve un año aplicándose y sólo en tres cursos de Primaria no es óbice para que esté funcionando a ese nivel, según debe pensar Marín.

El papel de María Dolores de Cospedal a nivel nacional, respaldada como secretaria general del PP por el presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, le ha permitido buscar ‘colocación’ a diferentes altos cargos de su legislatura como presidenta de Castilla-La Mancha. Tras las elecciones autonómicas y el cambio de signo en el Gobierno regional, hasta cuatro ex consejeros y viceconsejeros han conseguido puestos de alta responsabilidad fuera de la región, a pesar de las polémicas gestiones de algunos de ellos.

El caso más mediático ha sido el de Marcial Marín. Ni un día se quedó sin ser cargo público el que fuera consejero de Educación y Cultura en Castilla-La Mancha. Hombre de confianza de Cospedal, este político albaceteño ha sustituido a Montserrat Gomendio en la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Se trata de uno de los exconsejeros que más ampollas ha levantado en la región durante los últimos cuatro años debido a sus decisiones.

Los decretos de recortes en educación aprobados en septiembre de 2011 por su departamento, recién estrenado el Gobierno del PP, fueron el pistoletazo de salida de un progresivo deterioro de la educación pública en Castilla-La Mancha que ha permanecido hasta la actualidad, tal y como han denunciado desde la comunidad educativa y desde todos los sindicatos de enseñanza. Es más, durante el tiempo que estuve en funciones, se ha vivido también una gran incertidumbre en la educación pública, puesto que su Consejería apenas ha dado instrucciones de ningún tipo sobre cómo organizar el nuevo curso escolar. Pero sin embargo, con el pacto entre PSOE y Podemos ya cerrado para el cambio de Gobierno en la región, dio el visto bueno a la publicación del currículum de Secundaria y Bachillerato en aplicación de la LOMCE (de la que es firme defensor), añadiendo aún más caos al sector educativo.

El goteo de recolocaciones de consejeros salientes de Cospedal continuó a los pocos días. Al nombramiento de Marín se unió el de la exconsejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, como nueva directora general del Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las empresas, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Al igual que en el caso del consejero saliente de Educación, Casero deja un legado cuestionable en Castilla-La Mancha, que no parece haber influido en el criterio de Cospedal a la hora de buscarle nueva colocación. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) durante su gestión al frente de la Consejería de Empleo ha habido una espectacular crecida de 15 puntos en el desempleo entre menores de 25 años desde el primer trimestre de 2011 hasta el mismo periodo de 2015, liderando además el ranking de paro juvenil de toda España por comunidades autónomas.

Tampoco los datos económicos globales de la región, de los que también debía responder la recién nombrada directora general, son favorables a su gestión. La región se encuentra actualmente, con datos del Banco de España, en su récord absoluto de deuda: 12.865 millones al final del primer trimestre de este año.

La expresidenta de Castilla-La Mancha también ha encontrado hueco para Mar España, exviceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas, que ya ha sido nombrada como directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), de cuyo Consejo Consultivo era vocal. Fue número dos de la Consejería de Presidencia, dirigida en la legislatura anterior por Leandro Esteban. Este departamento ha sido uno de los que mayores conflictos judiciales ha mantenido con los trabajadores públicos del Ejecutivo.

La última noticia sobre estas recolocaciones ha sido la de la exconsejera de Fomento, Marta García de la Calzada, que ha obtenido destino en la Abogacía del Estado del Tribunal Supremo, donde también es vocal su marido, Gerardo Martínez Tristán. Hasta 2011 era vicepresidenta del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, que presidía Esperanza Aguirre, puesto que dejó por el de máxima responsable de Fomento de la Junta, percibiendo por ello la mitad del sueldo que en el citado Tribunal. Antes había sido secretaria general del Servicio de Empleo. 

El portal web Confilegal, que se ha hecho eco de esta última reubicación de un ex alto cargo de Cospedal, apunta que no es frecuente reingresar en la carrera, como ha ocurrido con García de la Calzada, en la Abogacía del Estado del Tribunal Supremo, “sin concurso ni nada”.

El Plan de Acción para el Empleo Juvenil aprobado en 2013 fue una de las medidas ‘estrella’ del Gobierno de María Dolores de Cospedal para combatir los altos índices de desempleo entre los jóvenes castellano-manchegos. El entonces consejero de Educación, Marcial Marín, se encargó de presentar esta iniciativa, que incorporaba ayudas de 1.000 euros para jóvenes desempleados de entre 18 y 25 años que concluyesen sus estudios y obtuviesen los títulos académicos en los cursos 2013-2014 y 2014-2015.

El presupuesto de este proyecto, cofinanciado con fondos europeos y estatales, fue de 26 millones de euros. Esta acción educativa preveía impartir formación en los centros oficiales, con profesorado específico, para que los jóvenes desempleados obtuvieran las titulaciones académicas de ESO, Bachillerato y Formación Profesional para “mejorar su empleabilidad”.

Se previeron en total 6.164 plazas vacantes en el curso 2013-2014 y otras 1.836 en 2014-2015 hasta llegar a las 8.000. Sin embargo, y según la resolución definitiva de beneficiarios publicada en el Diario Oficial y firmada el pasado 9 de julio por el todavía consejero, solo son 261 los subvencionados para el presente curso. Es decir, las ayudas se han quedado en un 14,2% de lo previsto. Es una circunstancia aún peor que la se produjo en la convocatoria del curso anterior, cuando apenas si se cubrieron la mitad de las plazas ofertadas, un total de 936 alumnos.

Desde el Gobierno anterior nunca se detalló si el resto de alumnos, hasta el total de previsiones de las que habló el ahora secretario de Estado de Educación, habían abandonado el programa, habían suspendido, no habían obtenido el título o bien seguían estudiando.

Es posible que la medida ‘aliviara’ de alguna forma las listas del paro juvenil registrado, ya que por norma se excluye a quienes, pese a constar como demandantes de empleo, estén cursando estudios de enseñanza oficial reglada, siempre que sean menores de veinticinco años. Pero las últimas cifras de la EPA sobre desempleo juvenil ni siquiera reflejaron esa tendencia. El desempleo entre jóvenes castellano-manchegos menores de 25 años ha subido 15 puntos desde el primer trimestre de 2011 al mismo periodo de 2015, situándose la tasa en el 63,7%, la más alta de toda España.

Continúan las ‘recolocaciones’ de altos cargos pertenecientes al que fuera el gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Mar España, exviceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas, ha sido propuesta como directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), de cuyo Consejo Consultivo ya era vocal.

La decisión fue adoptada en el último Consejo de Ministros, dentro del proceso iniciado el pasado 3 de julio para la renovación de este organismo. La exviceconsejera deberá ahora comparecer ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, requisito antes de su nombramiento por Real Decreto, que será para los próximos cuatro años.

Por el momento, son tres los ex altos cargos de la secretaria general del PP que han desembarcado en Madrid desde el cambio de signo político del Gobierno de Castilla-La Mancha. Primero fue el polémico consejero de Educación, Marcial Marín, nombrado secretario de Estado de Educación del Ministerio del ramo incluso antes de su cese. Y seguidamente, Carmen Casero, que pasó de consejera de Economía del Gobierno de Cospedal a directora general del Trabajo Autónomo, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Mar España ha sido la número dos de la Consejería de Presidencia, dirigida en la legislatura anterior por Leandro Esteban, que también ejercía labores de portavoz del Gobierno regional. Este departamento ha sido uno de los que mayores conflictos judiciales ha mantenido con los trabajadores públicos del Ejecutivo.

Cuando en 2012 la entonces presidenta regional, María Dolores de Cospedal, decidió derogar el artículo 128.3 de la Ley castellano-manchega de Educación, provocó una reacción en cadena en el sistema educativo rural de Castilla-La Mancha. Este artículo establecía una ratio mínima de cuatro alumnos para mantener abierta una escuela unitaria rural y con su eliminación, se abrió el camino para la supresión progresiva de muchas de ellas: unas 70 en la actualidad en toda la comunidad autónoma. La mitad solo en la provincia de Cuenca, la zona más afectada por esta decisión, que también generó pérdida de docentes, de calidad educativa y despoblamiento.

Desde el Foro de la Escuela Rural de Castilla-La Mancha confían ahora en que el nuevo Gobierno de Emiliano García-Page proceda, o bien a la recuperación de ese articulado o bien a la aprobación de un decreto que vuelva a las ratios anteriores. En los últimos tres años, el número de alumnos mínimos necesarios para mantener abierta un aula ha sido de 11 por clase, casi tres veces más que los anteriores. Volver a la base de cuatro alumnos por aula, es decir, a la situación anterior, sería suficiente para que los Colegios Rurales Agrupados (CRA) volvieran a la normalidad tras su ‘mutilación’.

Desde el Gobierno anterior ni siquiera se reguló por decreto el establecimiento de una nueva ratio para las escuelas rurales. La cifra de estos 11 alumnos mínimos que ahora se necesitan para activar las unidades procede de los cálculos que se han hecho en los propios centros, puesto que se dejó en manos de las instrucciones de uso interno de cada colegio de cara a las negociaciones de las plantillas.

Los efectos en estos tres años han sido el cierre de 11 escuelas rurales en Albacete, cinco en Ciudad Real, 9 en Guadalajara, nueve en Toledo, y casi 40 Cuenca, según estimaciones de STE Intersindical. En esta última provincia, el efecto ha sido devastador para numerosos pueblos y pedanías, con un notable descenso de la población debido a las incomodidades producidas por los cierres. En los casos concretos de las unidades conquenses de Hontanaya y La Pesquera, ambas están cerradas jurídicamente aunque mantienen los cupos. Mientras, la última previsión es el cierre del aula rural de Alcañizo, en Toledo, que ya ha recibido la comunicación al respecto.

Cospedal y Marín justificaron los cierres en la falta de calidad educativa

El exconsejero de Educación y ahora secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, justificó estos cierres cuestionando la idoneidad de los centros rurales y afirmando que no garantizaban “la misma calidad e igualdad”. En el Foro de la Escuela Rural siempre han condenado tal afirmación y afirman que hay numerosos estudios que demuestran que las mejores notas se obtienen en este tipo de colegios.

“Cospedal y Marín utilizaron argucias legales, falacias y mentiras para defender una medida que lo único que hizo fue obligar a niños de dos años a desplazarse hasta 70 kilómetros todos los días”, afirman desde este colectivo. Explican que el Gobierno del PP “solo tuvo en cuenta criterios economicistas y no de calidad”, puesto que más de la mitad de los pueblos de la región tienen menos de 500 habitantes, y “había que adaptar la educación a esa realidad y no al revés, provocando el despoblamiento”.

La puntilla para las escuelas rurales públicas vino también de la mano de la aprobación de un mayor número de plazas para los colegios concertados, y de la fijación de ratios “diferenciadas” para estos últimos. “Un modelo de ideología de la enseñanza”, afirman desde el Foro, confiando en que el nuevo Gobierno tome cartas en el asunto, devuelva “la vida” a estos pueblos“ y solucione esta cuestión, para lo que todavía, antes del inicio de curso, ”hay tiempo“.

Tras la marcha de José Ignacio Wert y Montserrat Gomendio del Ministerio de Educación, el nuevo ministro Íñigo Méndez de Vigo, del que se vendió su actitud “dialogante”, está elaborando su nuevo su gabinete. Este martes tomará posesión del cargo el polémico Marcial Marín, el nuevo secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.

Durante esta última legislatura Marín ha sido consejero de Educación en el gobierno de María Dolores de Cospedal. Tiene un perfil diferente al de Méndez de Vigo; su gestión no ha pasado desapercibida en Castilla La-Mancha. Al igual que Wert, ha sido muy criticado por la comunidad educativa. Sobre todo por los recortes acometidos durante sus años de mandato que consiguieron que esa Comunidad Autónoma liderase el ranking de las regiones que han ejecutado mayores recortes educativos. Los docentes han sido los que más han sufrido la tijera, ya que se despidió al 20% de la plantilla –en total 6.000 profesores interinos se han quedado en la calle– y se han cerrado 70 escuelas rurales, según los datos del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza.

Una política de recortes y de despidos que han sufrido las interinas que se quedaban embarazadas. Varias afectadas entendieron que ese cese estaba motivado por su futuro alumbramiento y lo llevaron ante los tribunales. La justicia les dio la razón y la Consejería les tuvo que indemnizar. “Cuando los juzgados nos comenzaron a dar la razón lo dejaron de hacer. Pero las compañeras han tenido un miedo enorme a tener hijos”, apunta Laura Torres, representante de Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Castilla-La Mancha.

Uno de los primeros retos a los que tendrá que hacer frente el exconsejero de Cospedal tras tomar posesión de su cargo pasará por conseguir la implantación de la LOMCE en el mayor número de comunidades autónomas. Pero antes de emprender camino a Madrid, se aseguró de que Castilla-La Mancha fuese una de las primeras en aprobar esta normativa. Con un gobierno en funciones, liderado por la secretaria general del PP, decidieron dar luz verde a la aplicación de esta legislación en Educación Secundaria y Bachillerato. Esta decisión fue publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma desoyendo la opinión del nuevo presidente de la Junta, el socialista Emiliano García Page, que anunció que si llegaba al gobierno regional paralizaría la norma.

Otra de las medidas controvertidas de Marín en Castilla-La Mancha fue la de destinar parte del dinero con el que los padres pagaban el comedor de sus hijos a hacer frente a los gastos generales de los centros (fotocopias, teléfono, folios, etc.). El gobierno regional permitió a los colegios realizar esas compras con el dinero excedente que se generaba por el pago del servicio de las cantinas escolares, sin informar de esta decisión a los progenitores de los alumnos.

Falta de ortografía en Twitter

Su nombramiento ha sido polémico también en redes sociales. Algunos tuiteros han recordado la falta de ortografía que cometió en abril al invitar a sus seguidores “ha visitar”, en vez de “a visitar”, una exposición en la catedral de Sigüenza. Después de ser avisado y criticado por los usuarios de Twitter optó por borrar ese mensaje, y meses después eliminó incluso su cuenta en esta red social.

Su mujer, María Fernanda Gómez Martínez, también ha protagonizado titulares. En 2013 se saltó la lista de espera del Hospital de Albacete para ser operada de una hernia discal. Consiguió ser atendida antes que los 300 pacientes que iban por delante de ella. Su esposa no asumió ningún error y amenazó con demandar a quienes filtraron la noticia por “violar sus datos médicos y atentar contra su privacidad”. 

Marcial Marín es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia y ha estudiado un programa de Dirección de Empresas en el IESE. Hasta que en el año 2007 entró en las Cortes de Castilla-La Mancha como diputado autonómico ha estado trabajando en la Asociación de Empresarios de Campollano (Albacete).

¡Qué poco dura la alegría! Celebramos que Monserrat Gomendio, la auténtica protagonista de los despropósitos legislativos del PP en educación, abandonara el Ministerio. Nos alegró que Wert, la cara y la voz de las políticas destructivas del PP, siguiera sus pasos. Pero enseguida empañó nuestra alegría que como premio a la faena realizada se les buscase a los dos, o al menos a ella, un hueco en la OCDE, ¡con responsabilidades en materia de educación!

Celebramos también que la victoria de las fuerzas progresistas de Castilla-La Mancha propiciase el cese de Marcial Marín, que en cuatro años ha hecho de la educación castellano.manchega un erial. Pero ahora nuestra sorpresa es que el premio, que no sabemos si su jefa Cospedal le hace por los servicios prestados, es ir en lugar de ella al Ministerio; aunque eso sí, en su caso como número dos, como el ‘experto’ que debe orientar a un nuevo ministro ajeno al mundo de la educación. No sé si será un premio para él, pero ¡vaya regalito para la educación!

Si algo sabemos quienes hemos vivido de cerca los cuatro años en los que Marín ha sido consejero de Educación en Castilla-La Mancha es que accedió a la Consejería con un desconocimiento absoluto del sistema educativo, aunque quizás haya sido ese desconocimiento lo que le ha permitido hacer las barbaridades que ha hecho sin descomponerse. Sabemos también que aprendió rápido, no parece que de educación, pero sí de despidos, de reducción de la duración de los contratos, de cierres de escuelas rurales, de supresiones y recortes varios: presupuestos, apoyos educativos, rutas escolares, becas de comedor, gratuidad de libros, derechos, salarios y un largo etcétera hasta ocupar un más que dudoso puesto de honor en el ranking de los recortes en educación según datos del propio gobierno del PP.

Y también aprendió a ir más lejos de lo que desde Madrid se imponía subiendo las ratios hasta el máximo y, en muchos casos, más allá, incrementando la jornada lectiva por encima de lo que el ministro decretaba, reservando para los representantes de la administración más de la mitad de los miembros de la comisión de selección de directores de centros, reduciendo el salario de los trabajadores enfermos por encima de lo que recoge la ley, etc. ¿Sería para hacer méritos?

Y todo esto sin descomponerse y con un desprecio absoluto a la negociación con los legítimos representantes de los trabajadores y con los usuarios del servicio público educativo. No es de extrañar que su actuación haya provocado las mayores y más numerosas movilizaciones que se recuerdan en la educación regional. Tampoco es de extrañar que su cese haya sido recibido con alivio y esperanza por la inmensa mayoría de los usuarios de la educación, de la comunidad educativa y de los trabajadores y trabajadoras de ‘su’ Consejería.

¿Y por todo esto se le ‘premia’ nombrándolo Secretario de Estado? ¿Qué hemos hecho para merecer este castigo? ¿No es posible acabar la legislatura del PP sin más sobresaltos? Porque, aparte de sorpresa, este nombramiento nos produce alarma. Si el número dos del Ministerio, presumiblemente el baluarte en el que el nuevo ministro habrá de apoyarse para suplir su desconocimiento del sistema educativo, es una persona con este bagaje, ¡estamos apañados! Si alguien tenía esperanzas de que con el relevo de la cúpula ministerial algo cambiaría para bien, hoy su esperanza debería ser mucho menor. La única esperanza que nosotros tenemos es que esta situación no dure más allá del mes de noviembre.

Ni un día se quedará sin ser cargo público el todavía consejero en funciones de Educación y Cultura en Castilla-La Mancha, Marcial Marín. Hombre de confianza de la secretaria general del PP y presidenta en funciones, María Dolores de Cospedal, este político albaceteño sustituirá a Montserrat Gomendio en la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Esta última abandonó el Ministerio en junio para incorporarse a la OCDE, poco antes del cese del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.

Se trata de uno de los consejeros de Cospedal que más ampollas ha levantado en la región durante los últimos cuatro años debido a sus decisiones. Los decretos de recortes en educación aprobados en septiembre de 2011 por su departamento, recién estrenado el Gobierno del PP, fueron el pistoletazo de salida de un progresivo deterioro de la educación pública en Castilla-La Mancha que ha permanecido hasta la actualidad, tal y como han denunciado desde la comunidad educativa y desde todos los sindicatos de enseñanza.

A las decisiones encaminadas a ampliar las horas lectivas de docentes y a aumentar las ratios en las aulas, con el consiguiente deterioro de la calidad educativa, se han ido sumando otras medidas como la apertura del ‘malogrado’ programa Abriendo Caminos (ya suspendido), la no contratación y pérdida de derechos de interinos y profesores, y cinco años en blanco sin oposiciones a los cuerpos docentes de Secundaria. La última convocatoria, cuyo examen se acaba de celebrar, se ha llevado a cabo ofertando la mitad de plazas que en 2010 y con un “caos organizativo” que ha caracterizado todo el proceso, desde la misma fecha de publicación hasta la constitución de tribunales y realización de los exámenes.

Durante el tiempo que ha estado en funciones, se ha vivido también una gran incertidumbre en la educación pública, puesto que su Consejería apenas ha dado instrucciones de ningún tipo sobre cómo organizar el nuevo curso escolar. Eso sí, con el pacto entre PSOE y Podemos ya cerrado para el cambio de Gobierno en la región, dio el visto bueno a la publicación del currículum de Secundaria y Bachillerato en aplicación de la LOMCE (de la que es firme defensor), añadiendo aún más caos al sector educativo.

A los méritos de Marín se une también el haber decidido realizar, también como responsable regional de Cultura, una decidida apuesta por la tauromaquia. Obra suya y de Cospedal fue una de las primeras medidas que adoptó el ahora gobierno saliente: declarar la Fiesta de los Toros como Bien de Interés Cultural en la región. Como valor añadido, también decidió impulsar el I Congreso Internacional de Tauromaquia, que se celebró en Albacete hace tan solo cuatro meses.

Ahora, el todavía consejero en funciones da el salto hasta el Ministerio de Educación en una estrategia que parece responder al deseo de Cospedal de ‘encontrar hueco’ a algunos altos cargos de su Gobierno saliente, después de que muchos de ellos ya hayan dimitido.

Biografía

Marcial Marín, nacido en 1968, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia y posee el título de Técnico Superior en Riesgos Laborales por la Universidad Empresa. Tiene además un Máster en Gestión y Dirección de Empresas para profesionales con experiencia en IESE por la Universidad Pontificia de Navarra. Comenzó su trayectoria política en el año 2007, cuando fue elegido diputado autonómico por la provincia de Albacete, y en las Cortes castellano-manchegas ha desempeñado los puestos de secretario general del Grupo Popular, la Portavocía de Ordenación del Territorio y Vivienda y la coordinación de Economía, Trabajo, Empresas Públicas e Industria.

También ha presidido el PP de Albacete desde 2008 hasta 2011, cuando el actual alcalde de Almansa y diputado regional Francisco Núñez le sucedió en el cargo. En la última legislatura fue designado por María Dolores de Cospedal como consejero de Educación, Cultura y Deportes, cargo que desempeña todavía en funciones hasta que el nuevo presidente autonómico, Emiliano García-Page designe a su Ejecutivo.

En la actualidad, está en excedencia en la Asociación de Empresarios de Campollano, donde hasta mayo de 2007 era director gerente. En esta entidad, dirigía desde agosto de 1998 un equipo multi-departamental encargado de materias como contabilidad, fiscal, laboral, comunicación e imagen, formación, nuevas tecnologías, prevención riesgos laborales, subvenciones, empleo, calidad y medio ambiente. Ostentó otros cargos de perfil directivo-técnico en organismos como FEDA-CEEI-Albacete, Cámara de Comercio e Industria de Albacete y Coordinadora Española de Polígonos (CEPE). También ha trabajado como técnico especialista de Riesgos en Banca de Empresas en Bankinter y en la dirección comercial y económica de JUMP Ordenadores en sus delegaciones de Albacete, Cuenca, Murcia y Cartagena.

Los votos han decidido que el ciclo de don Marcial Marín al frente de la Consejería de Educación haya terminado. Tras él queda una herencia que costará años volver a recuperar. Esta herencia, a modo de recuerdo, consiste en: subida de las tasas académicas en la Universidad, que han provocado que haya un 13% menos de alumnos en tres años; disminución de las becas de estudio, transporte y comedor; aumento de la ratio de alumnos por aula; una media de 300 euros mensuales menos en la nómina del profesorado; supresión de rutas de transporte y escuelas rurales; 7.000 profesores/as despedidos; más de 3.000 alumnos diarios sin atender porque no se sustituían las bajas del profesorado antes de 20 días; intento de generalizar una enseñanza bilingüe que ha sido una  ‘chapuza', sin el profesorado necesario, ni la formación adecuada y sin medios económicos; eliminación de la gratuidad de libros de texto; aumento del horario lectivo; supresión de la reducción horaria al profesorado mayor de 55 años; eliminación de desdobles y refuerzos para atender a los alumnos con problemas de aprendizaje; y, en definitiva, recorte en todo lo conseguido en igualdad de oportunidades a través de la educación.

Todo esto ha sido su política en estos cuatro años en lo referente a la Escuela Pública. En lo que cabe a la Enseñanza Concertada y Privada religiosa, su respeto y consideración han sido exquisitos y beneficiosos para ambas (ninguno de estos problemas les ha afectado).

Y como colofón de su gestión, le restaura a la comunidad educativa el Día del Maestro, reponiendo la festividad de San José de Calasanz (27 de noviembre), cuando en esta Comunidad llevamos celebrando más de 25 años el Día de la Enseñanza, sin connotaciones religiosas y sólo educativas. De golpe nos hace usted retroceder a esa época negra y oscura de sotana, alzacuello y sin libertades, conocida como  ‘Franquismo’. Se ve que “donde hubo, siempre queda”.

Esta es su herencia, señor Marín, así que ¡vaya usted con Dios!, que pocos le van a recordar.

El tramo final de las oposiciones a los cuerpos docentes de Secundaria en Castilla-La Mancha no para de sumar irregularidades. Primero ha sido el “desastre organizativo” denunciado por los sindicatos regionales de enseñanza en la publicación de las listas de opositores y en los actos de presentación, con poco tiempo de antelación, y ahora la Consejería de Educación, actualmente en funciones, se ha visto obligada a corregir las listas de asignación de opositores por tribunal, debido a los errores detectados en las mismas.

El primer listado fue publicado ayer, día 23, a las cuatro de la tarde, pero en el mismo se habían incluido los nombres de todos aquellos que finalmente no habían acudido al acto de presentación del pasado sábado o que no concurren a las oposiciones por otros motivos. Los sindicatos avisaron a la Consejería, que retiró las listas a las siete de la tarde. Ahora las ha vuelto a publicar con los nombres ya definitivos de los opositores.

Aunque el error, en principio, ha sido subsanado, los sindicatos no dan crédito. Desde el Sindicato libre de Enseñanza STE esta nueva irregularidad es solo una muestra más del “caos y la desorganización” que están caracterizando este proceso. Apuntan directamente al consejero Marcial Marín, por considerar que esto es el resultado final de su “ensañamiento” con la enseñanza pública con recortes en plantillas, cierre de unidades y centros, precarización de profesorado y falta de diálogo con los representantes del profesorado.

Consideran que ya no se trata solo de estos últimos errores, sino también de la publicación del currículum de la ESO y Bachillerato, en aplicación de la LOMCE, “con el rechazo de toda la comunidad educativa”; y de “mandar al paro” a miles de docentes interinos. “A este gobierno sólo le podemos decir que se vaya sin hacer más daño a la enseñanza pública de nuestra comunidad”, alegan.

El Gobierno de Cospedal “se ha reído” de los interinos

UGT también dirige sus críticas hacia la Consejería. Este departamento “se ha reído” de los interinos en la organización de los exámenes, apunta. “Ha mostrado que está más preocupada en preparar la salida de sus cargos, que de organizar el proceso de oposiciones docentes y dar un final adecuado al presente curso escolar”. Precisan que los participantes estaban convocados el sábado 20 de junio a un “inútil” acto de presentación por la mañana en distintas localidades de la región, “encontrándose con el mayor desbarajuste conocido en todos los procesos de oposiciones que se han convocado hasta la fecha”.

Desde la Federación de Enseñanza denuncian de esta forma el “disparate” de esta convocatoria de oposiciones a los cuerpos de Secundaria, “con una oferta pública de empleo insuficiente e impuesta, con una selección inadecuada de las especialidades convocadas, con un acto de presentación que solo pretendía eliminar candidatos, obligándolos a desplazarse de unas provincias a otras para nada. En definitiva, un autentico desastre, digno final de una pesadilla”.

Su denuncia se añade a la manifestada también desde CCOO. Todos exigen al nuevo gobierno de Castilla-La Mancha que asuma como urgente la recuperación del deterioro sufrido por la enseñanza pública en la región, y que adopte las medidas necesarias para que el próximo curso escolar se inicie con la mayor normalidad posible. De momento, desde el PSOE ya han anunciado que forzarán la paralización de la LOMCE y que se reunirán con la comunidad educativa para adaptar a las necesidades del sector los decretos aprobados por el Gobierno de Cospedal.

En el pasado mes de noviembre, la Consejería de Educación que dirige ahora en funciones Marcial Marín aprobaba los nuevos ratios de alumnos en Castilla-La Mancha. Estos ratios de alumnos por clase eran de 25 alumnos en el primer curso de segundo ciclo de Educación Infantil, 28 para el segundo y tercer curso de Educación Infantil y 30 para el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.

Estos ratios eran los que se fijaron para el curso 2015/2016, el que empezará el próximo septiembre. Sin embargo la Consejería de Educación ha publicado ahora una modificación de estos ratios por la que se elevan estos en un 10%, por lo que para cada uno de los niveles educativos anteriormente mencionados los ratios de alumnos por clase serán de 28, 31 y 33 alumnos respectivamente.

Según la propia Consejería, esto se hace “con el fin de facilitar la escolarización del alumnado, garantizar el derecho a la Educación y dar respuesta a las necesidades educativas del entorno donde se encuentren los centros”. Una decisión que ha enfadado a diversos miembros de la comunidad educativa que han visto cómo se han aprobado ahora unos nuevos ratios de alumnos por clase sin consultarse a los afectados, sin reuniones previas y por un gobierno en funciones por sorpresa. Esta publicación que se ha hecho este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hace que los ratios propuestos en noviembre por el propio Marín vayan a quedar sin efecto en ningún curso.

Esta modificación, aparte de un empeoramiento de la educación que recibirán los alumnos por clases más masificadas, como denuncian los sindicatos, también dará lugar a que haya menos clases en Castilla-La Mancha y con ello menos profesionales.

A ello se suma la denuncia que hacía Comisiones Obreras en la que en un primer lugar acusaba a la Administración Pública de primar a la educación privada al emitirles un comunicado en el que les instaba a matricular al 10% más de alumnos que lo que dicen los ratios. Se consideraba que era un apoyo a la educación de este tipo, pero sin embargo ahora se ha conocido que el aumento que se les ha permitido a estos centros es exactamente el mismo que el de los centros públicos, pero sí se les notificó antes de hacerse la propia publicación oficial. Es decir, que se ha informado a centros concertados de una medida antes incluso de su publicación oficial.

Además este cambio de la cifra de ratio se publica el mismo día que se publican la lista del alumnado para el próximo curso, que los centros públicos han hecho conforme al ratio de noviembre, pero que los concertados han elaborado ya conociendo esta modificación de la norma. En la práctica ello significa que los centros concertados van a escolarizar tres alumnos más en cada aula que el resto de los colegios –públicos y también algunos privados- que han planificado el curso 2015/2016 con la norma vigente hasta hoy.

“De la nueva norma sólo han podido 'beneficiarse' aquellos colegios concertados a los que previamente se puso sobre aviso; que son los únicos que se han planificado para captar hasta un 10% más alumnos que el resto de los centros educativos, públicos o privados. Determinados colegios concertados necesariamente han tenido que disponer de información privilegiada y anticipada sobre las intenciones de la Consejería”, según Alfonso Gil, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-CLM, que ha pedido la retirada inmediata de este cambio de la norma el mismo día de su puesta en vigor.