La mercantil Eventos El Espino SL, de la que el presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, posee el 33% de las acciones, tenía una caja B, una contabilidad paralela para repartir dinero negro entre los socios. Así se desprende de una serie de correos electrónicos a los que ha tenido acceso elDiario.es y de las declaraciones que han hecho dos exsocios de la empresa, que confirman esa forma de operar y que la denunciaron en un juzgado.

Tal y como publicó este periódico en exclusiva, Eventos El Espino ha recibido una docena de contratos del Ayuntamiento de Burgos, donde Suárez es edil. Sólo una vez publicada esa presunta ilegalidad, tanto Suárez como la alcaldesa solicitaron un informe al secretario municipal que determinó que los contratos eran nulos y que Suárez debió elegir entre el acta o la mercantil. Recomendaba además elaborar un “protocolo” para evitar situaciones similares en el futuro. Suárez sigue siendo concejal y accionista de la empresa.

Laura Gazpio y José Manuel Varas fueron trabajadores y socios de Eventos El Espino junto a Koldo Madariaga, en ese momento presidente de la empresa y ahora administrador solidario, Daniel Madariaga, que era secretario y actualmente es administrador solidario, y Borja Suárez. La empresa se creó en 2008 y Gazpio fue la última en entrar como accionista, con un 10%, frente al 22% del resto de socios. Según Gazpio, en Eventos El Espino “estaba la caja A y la caja B”.

Un reparto en metálico que se hacía tras una cena

“De la caja B se hacía reparto a final de año, quedábamos en casa de Koldo Madariaga. Daniel Madariaga Fuente era quien administraba las dos cajas y llevaba un poco las cuentas de las sociedades –además de Eventos El Espino SL está El Granero de San Francisco SL– y nos hacía una exposición de cómo se había desarrollado el año. Cenábamos, picábamos algo y repartíamos en metálico. Bueno, repartía Daniel Madariaga, él se encargaba de hacer el reparto. Estábamos los cinco socios entre los que se encontraba Borja Suárez”. Gazpio se incorporó a las reuniones cuando entró en la sociedad: “Creo que fue en 2017. Era la forma habitual de reparto de dividendos de ellos desde que la empresa empezó a dar beneficios. Nosotros [Gazpio y Varas] dejamos de participar en esas reuniones en 2020, cuando salimos del día a día de la empresa como trabajadores y únicamente nos quedamos como socios. Ahí ya se nos sesga la información y ya no participamos más”, asegura.

Varas confirma el relato de Gazpio: “Siempre ha habido dos contabilidades, la A y la B”, ratifica. “Nos lo repartiamos a finales de año o a principios del siguiente. Solíamos quedar en casa de Koldo a cenar, y alguna vez recuerdo que en el Monasterio [un espacio con un antiguo monasterio y un granero americano que construyeron para acoger bodas]”, explica Varas. “Cuando Dani tenía los repartos hechos tanto lo A como lo B, estábamos siempre los cinco y lo hacíamos desde que la empresa pudo dar beneficios, los principios siempre son duros. En torno a tres o cuatro años nos hemos repartido el dinero en B. Dejamos de ser trabajadores y dejamos de estar en los repartos”, comenta.

El relato de los dos exsocios quedaría apuntalado por los emails remitidos en 2019 y 2020 por el secretario de la sociedad al resto de socios. En él aparecen en copia los correos electrónicos de Koldo Madariaga, Laura Gazpio, José Manuel Varas y Borja Suárez. En el primero, fechado el 21 de febrero de 2019, y con el asunto 'Cierre de cuentas 2018 EE y GSF' Madariaga les propone repartir ganancias. “Buenos días. Parece que andáis sobrados de tela y no queréis juntaros conmigo para hacer el reparto. Os adjunto los datos de cierre de cuentas de Granero (GSF) y El Espino (EE), estoy a vuestra disposición para aclarar dudas acerca de los mismos”, dice. “Si os va bien a todos quedamos mañana para comer o cenar y hacemos el reparto”, concluye.

El resultado “extracontable”

Hay otro correo de febrero de 2020 en el que Madariaga les manda los datos de cierre contable de Eventos El Espino de 2019 y en el que aportaba la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance de situación, balance de sumas y saldos, libro mayor... pero también menciona la “integración” de las dos “contas” (sic). En el apartado de pérdidas y ganancias aparece un resultado de 225.111,64 euros. El resultado contable era de 80.140,12 euros, de los que 20.035,03 indica que son para el pago de impuestos y el “resultado extracontable” era de 144.971,52. O lo que es lo mismo: en 2019 Eventos El Espino ganó más de 225.000 euros y declararía poco más de 80.000, un 64% menos. Los más de 144.000 que no se declaraban se repartían entre los socios.

Así, en el mail está la “propuesta de reparto” en la que Madariaga sugiere distribuir entre los socios sólo 100.000 de los 144.971,52 a los que se suman 4.000 de un préstamo y más de 1.900 de un “acumulado” de años anteriores, porque tienen un asunto en el juzgado. “Hay que protegerse de lo que pueda venir de esta causa”, justificaba. Así, correspondían 22.500 euros a cada uno de los cuatro socios con un 22% de acciones, entre los que estaba Borja Suárez, y 10.000 para Gazpio, que tenía el 10% de las acciones.

Según las cuentas de 2019 depositadas en el Registro Mercantil, el resultado de explotación fue de 80.168,61, una cantidad que difiere en unos euros a la que se dio en el mail, sin incluir el dinero B.

En esos años, Eventos El Espino se dedicaba fundamentalmente a la organización de bodas, y la cifra de negocio superaba el millón de euros. En concreto, y según las cuentas registradas de 2018, en ese ejercicio la cifra neta fue de 1.077.767,72 euros.

Borja Suárez: “Es falso, nunca se repartían dividendos”

elDiario.es ha contactado con Borja Suárez, quien niega la existencia de una contabilidad paralela a la oficial. De hecho, Suárez asegura que nunca ha cobrado dividendos y que lo único que ha recibido son “devoluciones de préstamos” que hizo a la empresa, y que las ganancias no se repartían sino que se reinvertían. “Es falso”, dice de un supuesto reparto de dinero negro. Además, niega la existencia de los emails a los que ha tenido acceso este diario. “No hemos repartido dinero negro”, repite. Aunque reconoce que uno de los correos que aparece en copia del enviado por Daniel Madariaga es el suyo, niega haber recibido nada así y haber estado en una cena con los socios en los que se repartieron dinero en metálico. “No se ha repartido nunca dinero en metálico, ni dinero en B, ni nada. Esa empresa tiene unos dividendos que están declarados”, zanja.

El entonces presidente de la mercantil y ahora administrador solidario, Koldo Madariaga, también ha atendido la llamada de elDiario.es. “Me suena un poco a chino, una cosa así no se me debería olvidar, me suena un poco a chino, la verdad, por email... porque nosotros no hemos juntado en las reuniones de las juntas generales”, comentó. Según explicó, la sociedad está formada por cuatro amigos y ha sufrido “un deterioro que va de la mano del trabajo y la amistad” y que todo ha acabado con la salida de dos de los socios “con sangre, sudor y lágrimas”.

“Ha sido una situación muy fea, desagradable, que seguramente tenga que ver con todas estas cosas e incluso con el propio crecimiento del accionariado, porque su salida –en 2025– condicionó el crecimiento de las participaciones y han sido dos años complicados porque no había acuerdo y todo eso pues siempre hace que se sufra, unos porque no pueden salir, otros porque no se termina con la situación. Estás siempre rodeado de entornos en los que no tienes costumbre de abogados y demás y a final de año se llevó a cabo esto”, precisa. Según Koldo Madariaga, el deterioro de la sociedad se produjo en 2020–2021 y estuvo vinculado a la crisis del covid. “Me suena extraño un email de 2019 y no puedo decir más porque no me acuerdo, me acordaría porque no es una cosa banal”, reconoce.

Sobre las declaraciones de los dos exsocios, ha añadido que ellos dirán “lo que haga falta”, porque incluso denunciaron al resto, y aunque desconoce en qué fase está el caso, sí sabe que en primera instancia se desestimó y lo recurrieron. Lo que reclamaban, dijo, eran “ciertas mejoras salariales” porque con su salida el resto tuvo que “arrimar mucho el hombro para salir adelante”. Según las cuentas de la empresa a las que ha tenido acceso elDiario.es, el total de los salarios de alta dirección que se pagaban rondaban los 140.000 euros anuales. Los exsocios no estaban de acuerdo con la subida salarial, algo “normal” que se produce en una salida en la que no hay acuerdo y en la que “buscan presión para que se consiga”, algo que considera “lícito” porque “están en su derecho”.

Sin embargo, sí apunta a que han utilizado “artimañas más que dudosas”. “Creo que esta es una de ellas, lo que pasa es que hay un político por medio [Borja Suárez] que no sé lo que conlleva, pero los que somos gente anónima, lo sufrimos un montón. Pero vamos es que me suena a chino. Me imagino que tendrán alguna prueba más que un correo, ¿no? Porque dos personas que salen de una sociedad y ahora cuentan eso suena un poco así, digo yo que tendrán pruebas, ¿qué base tienen?”, cuestiona. “El email tiene que ir sujeto a un soporte porque yo te puedo mandar un mail que diga barbaridades y tú según llega lo puedes exportar pero ahí se queda el email como enviado. Entiendo que tiene que haber algo más porque si no sería todo terrible”, argumenta. “Estamos hablando de dos personas enemigas, que han salido de la sociedad, nos han denunciado”, insiste. “No creo que sea muy difícil manipular una captura de pantalla, es que me suena a chino, no había uno, habría mil”, dijo.

“Esta llamada imagínate cómo me deja. La próxima es con mi abogado porque esto seguramente se tenga que judicializar y, si sale esta noticia, nosotros imagino que no nos quedaremos mirando. Me niego a aceptarlo, esto se tendrá que demostrar, porque si no es la hostia”, lamentó. Respecto a que Suárez, con más de dos décadas en política, forme parte de la empresa, Madariaga recuerda que la compañía se constituyó en 2008, “cuando Borja estaba un poco en el limbo”. Según la biografía que está publicada en la web de la Diputación de Burgos, Suárez fue director general de Juventud de la Junta de Castilla y León de 2003 a 2007 y de 2007 a 2019 fue concejal y portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Miranda de Ebro. “Es un soldado raso en el Ayuntamiento, en la Diputación, es un amigo de la infancia y es una época en la que todos tenemos edad de buscarnos las habichuelas. Y es verdad que cuando Borja es nombrado presidente de la Diputación (en julio de 2023) se pone encima de la mesa”.

“Se nos queda cara de tontos cuando nos enteramos de que es incompatible ser concejal y tener más del 10% de acciones”

Madariaga afirma que tuvieron “muchísimo cuidado” porque la empresa ha trabajado en Euskadi, La Rioja y Burgos y reciben solicitudes de todo tipo. “Teníamos mucho cuidado cuando llegaba una de la Diputación, porque les podíamos contestar de mil maneras pero nunca aceptando la solicitud, se tuvo cuidado, se ha tenido siempre”. Sin embargo, dice que desconocían que la participación de Borja, con un 22% de acciones al principio y un 33% desde 2025 les “privase de poder trabajar para otras administraciones”. “Parece que hemos descubierto, que puede sonar un poco así, pero es verdad, que no puede tener más de un 10% y se nos queda cara de tontos porque no hay nada peor que trabajar y parecer que no trabajas. Si trabajar en sí es jodido, imagina que parezca que te lo dan hecho”, asegura.

Con una facturación de dos millones de euros, Madariaga resalta que es una empresa que viene del medio rural, que contrata a un centenar de trabajadores entre fijos y discontinuos. “Es que es duro, y que vayas por la calle y digan es que se lo han dado hecho, para nosotros es tremendo, es un drama”, insistió. Además, repitió que Suárez desconocía la incompatibilidad de tener un cargo público y más de un 10% de acciones de una empresa que trabaja con administraciones. “Pues parece ser que el hombre no lo sabía, ni él, ni la administración que tiene que velar porque eso no pase, porque lo tenía en la declaración de bienes. Puede que cueste creerlo, pero esto ha pasado, no era consciente de la situación”, afirma.

Respecto a que Borja Suárez defendiese el 'txacoli burgalés' que elaboraba la empresa de bodeguera de su socio, Madariaga destaca que nunca recibió ayudas públicas y que Suárez hizo su trabajo. Recuerda, además, lo duro que fue enfrentarse a la administración vasca. “Somos trabajadores, habremos cometido errores y nos juzgará quien nos tenga que juzgar, pero fue algo que se nos ocurrió, recuperar la tradición del txacoli en Miranda”. La defensa dice, era “obligada” por parte de la Diputación y de la Junta. “Puede haber interpretaciones, pero verdad en esto del txacoli solo hay una”, zanja.

Daniel Madariaga, quien supuestamente remite los emails, también ha atendido a este diario y asegura que no reconoce los correos electrónicos. Además, precisa que los dos exsocios dejan la mercantil precisamente porque si durante tres ejercicios no se reparten, tienen la opción de salida. Pero recordó que siguen en la otra sociedad (El granero de San Francisco SL) y con un procedimiento judicial en marcha del que no puede hablar, si bien añade que han sufrido varios años de “chantajes” por parte de los denunciantes.

elDiario.es sí ha tenido acceso al procedimiento, una querella por un delito continuado de administración desleal y otro de apropiación indebida que se presentó contra los Madariaga (Koldo y Daniel) en los juzgados de Miranda de Ebro en mayo de 2024. Los dos exsocios argumentaron que estos, “prevaliéndose de su posición de poder como administradores y socios mayoritarios, lejos de velar por la empresa y el resto de socios”, realizaban “conductas lesivas para el patrimonio de la empresa y del resto de socios, a quienes con su actitud obstruccionista vetan la posibilidad de, ni siquiera, conocer la realidad de las circunstancias”. Entre otras prácticas, se mencionaba el uso de una doble contabilidad: “Lo cierto es que durante los primeros años de actividad de la mercantil, Eventos el Espino S.L., a través de sus administradores, generaba cantidades de dinero en B que aquellos repartían entre los socios de la empresa, ello hasta el año 2020, en el que a su propuesta se decidió regularizar tal situación, contabilizando a partir de entonces todos los ingresos y gastos de la empresa con el objetivo de llevar a cabo la gestión de la misma de forma transparente”, decía la querella.

“Nada de lo pactado se ha cumplido, pues mis representados han tenido conocimiento de que los querellados vienen manteniendo un sistema de cobro a los clientes en dos partes, mediante una factura 'oficial' cuya cuantía se debe ingresar en cuenta bancaria y con una 'nota' cuyo importe debe abonar el cliente en efectivo”, añadían. La querella iba acompañada de una extensa documentación que incluye mails con clientes y también entre los socios.

Sin embargo, el juzgado la archivó en septiembre de 2025. “No se ha acreditado la administración desleal ni la apropiación indebida dado que no consta probado un abuso de funciones ni una gestión de los administradores que haya causado de forma dolosa perjuicio patrimonial a la sociedad o a los socios, ni una disposición definitiva de los bienes de la sociedad en favor propio o de tercero”, decía el auto.

Un recurso ante la Audiencia Provincial

Los dos exsocios presentaron un recurso ante la Audiencia Provincial de Burgos en octubre de 2025. Entre otros argumentos, aluden un defecto formal en ese auto al “tener en consideración única y exclusivamente los medios probatorios aportados por la parte querellada”, mientras que la instructora no se pronunció sobre la prueba documental de los querellantes: “Prácticamente la totalidad de las pruebas propuestas por esta parte no se han admitido por la Instructora (ni inadmitido, pues no ha habido pronunciamiento alguno), de la documental aportada bien se puede determinar la existencia de indicios de comisión de los delitos imputados a los administradores de las sociedades Eventos el Espino S.L. y El Granero de San Francisco S.L”, expresan en el recurso en el que piden la nulidad del auto.

Santos Cerdán recibió del PSOE 65.099 euros como gastos de representación en los cuatro años que fue secretario de Organización del PSOE. La media de lo percibido supera ligeramente los 16.200 euros anuales, con una periodicidad y cuantía irregulares; José Luis Ábalos recibió en un periodo similar (2017-2021) hasta 38.259 euros, 9.500 anuales de media. Estas cifras son inferiores a las pagadas por el PP a sus directivos por “gastos de representación”. Los miembros del Comité de Dirección que preside Alberto Núñez Feijóo declaran cantidades anuales que en ocasiones superan los 30.000 euros y que son percibidas de forma recurrente, mes a mes. Su cuantía exacta y la forma en la que se paga es uno de los secretos mejor guardados por el hoy primer partido de la oposición.

Los datos de los ingresos del que fuera ‘número tres’ del PSOE hasta que la Guardia Civil lo situó en el centro de una presunta “organización criminal” para cobrar mordidas a cambio de obras públicas, fueron aportados por el propio partido a requerimiento del juez del Tribunal Supremo que investiga esta supuesta trama corrupta.

El PSOE asegura que todos los pagos a Cerdán por gastos de representación están justificados por facturas, un sistema que también empleó su predecesor, José Luis Ábalos, implicado en el mismo caso que investiga el Supremo. El primero recibió los ingresos principalmente en metálico. Luego se modificó el sistema y, desde 2020, se opta mayoritariamente por la transferencia bancaria, siempre según la información oficial del PSOE consultada por elDiario.es.

Los ingresos de ambos por este concepto no son homogéneos. Ábalos, por ejemplo, recibió 38.259 euros. De ellos, la mitad en ‘cash’, y buena parte con gastos agrupados en torno a hitos electorales, como las negociaciones alrededor de la moción de censura de 2018 o la formación de Gobierno en 2019. Algo parecido ocurre con los gastos reembolsados a Cerdán, que se incrementaron en los meses próximos a las elecciones de 2023, con importes cercanos a los 4.000 euros.

La UCO ha advertido algunos descuadres en las cantidades declaradas y las efectivamente abonadas, según los mensajes intervenidos a los investigados y las pruebas recabadas. Pero la Guardia Civil ha dado básicamente por buenas las cuentas del PSOE. Sí ha detectado que los implicados recibieron otros ingresos opacos, muy superiores, por vías aún sin clarificar y cuyo origen se desconoce.

Feijóo informa de sus ingresos… de 2022

El PSOE no es el único partido que cubre los gastos adelantados de algunos de sus dirigentes. El PP también lo hace, aunque utiliza un sistema diferente. 

El partido de Feijóo transfiere a sus altos cargos una cantidad en concepto de “gastos de representación”, tal y como está reflejado en las declaraciones de bienes y rentas que exigen los congresos y parlamentos para los que han sido elegidos. Algunos de ellos las refieren de carácter “mensual”; otros consignan la suma anual.

Los últimos datos publicados para la mayoría de los dirigentes del PP son los de 2022, incluido Feijóo. La legislación obliga a diputados y senadores a informar de los ingresos ajenos a las Cortes Generales del ejercicio anterior. Los cargos electos rellenan una declaración de bienes y rentas al comienzo y al final de cada legislatura.

Entre abril y diciembre de 2022, por ejemplo, el PP repartió en sobresueldos 203.806 euros entre los miembros del Comité de Dirección. La mayoría, como “gastos de representación”. 

El que más se llevó fue el propio Feijóo, quien se embolsó 71.110 euros, además de su sueldo de senador. En gastos se anotó 39.260 euros. Con los datos disponibles se puede calcular un aumento patrimonial de 600.000 euros.

Pero con 2025 ya en su tramo final, es imposible saber cuánto ha ingresado el líder del PP en 2023 ni en 2024 por estos conceptos.

La información salarial del PP es secreta porque el partido incumple la ley de transparencia, que mandata a informar de los sueldos de sus dirigentes. Feijóo tampoco actualiza, como debería, su declaración pública de bienes y rentas. La normativa exige que los diputados y senadores informen de los cambios que se produzcan, pero el líder del PP no ha actualizado los datos que figuran en la web del Congreso.

Hay dos opciones. La primera, que la información de la declaración inicial no haya sufrido cambios y Feijóo reciba cada año exactamente la misma cantidad como “gastos de representación”, lo que podría indicar que no es un reembolso de gastos concretos sino una asignación fija.

Una posibilidad que podría ser ajena a la ley porque los diputados y senadores tienen exclusividad en sus funciones, y solo una declaración expresa e individual del Pleno de las cámaras permite compaginar la labor de representación de los españoles en las Cortes Generales con otros trabajos remunerados. 

La segunda, que cada año sea un dato diferente y Feijóo haya optado por ocultarlo. En su declaración de actividades, Feijóo dice percibir “gastos de representación” como presidente del PP, lo cual sí está permitido.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el PP para intentar confirmar los detalles de este sistema de cobro de gastos de representación. El PP ha declinado responder a ninguna de las preguntas.

Diferentes cantidades. Diferentes casillas. Diferentes conceptos

Quien sí ha presentado una modificación de su declaración de bienes es el ‘número dos’ del partido, Miguel Tellado, para informar de que se ha comprado una vivienda en A Coruña. Pero el secretario general ha optado por no actualizar los emolumentos que ha recibido del PP.

Así, los datos salariales que hay disponibles sobre Tellado son también de 2022. Ese año se anotó 22.720 euros como “gastos de representación”. 

Pero los dos dirigentes anotan las cantidades en casillas diferentes. Mientras Feijóo se lo anota en la casilla de “Percepciones netas de tipo salarial, sueldos, honorarios, aranceles y otras retribuciones, cualquiera que sea su denominación”, Tellado opta por el espacio reservado a “Otras rentas o percepciones de cualquier clase”.

No es el único que lo hace así. El vicesecretario de Hacienda y Vivienda, Juan Bravo, se anota los 22.720 euros que percibe como “gastos de representación” en la misma casilla. Es, por cierto, la misma cantidad que cobró aquel año Miguel Tellado, quien también ejercía entonces como vicesecretario, aunque ahora haya sido ascendido a secretario general.

Elías Bendodo, sin embargo, sigue la senda de su jefe y se anota sus 14.500 euros en la misma casilla que Feijóo. Eso sí, el hoy vicesecretario autonómico del PP especifica que es una cantidad en “neto”.

Sin apenas datos actualizados

La legislación española declara, de forma general, exentos de IRPF los pagos para cubrir gastos propios de trabajadores de cualquier organización.

Por ejemplo, la cantidad abonada por una comida con un proveedor o un posible cliente será reembolsada por la empresa o institución sin que haya que declararlo a Hacienda ni pagar impuestos de la renta. Siempre y cuando se justifiquen debidamente. Es decir, si se presenta un ticket o factura que permita comprobar la veracidad del gasto en todos sus extremos. Además, el gasto tiene que quedar registrado en la contabilidad. 

La falta de información impide hacer una radiografía completa sobre el sistema de abono de gastos del PP. Al silencio total del partido, que no ha respondido a las preguntas de elDiario.es, se suma que la buena parte de los dirigentes actuales entraron a la ‘ejecutiva’ de Feijóo en 2023 o después, lo que les ha permitido esquivar la obligación legal de informar de los ingresos que perciben del partido.

Ni el Congreso ni el Senado verifican la información que aportan los cargos electos. Tampoco se ha establecido ningún régimen sancionador de ningún tipo que les obligue a ser veraces ni a actualizar los datos cuando hay cambios.

Así, no existe información sobre cuánto perciben como gastos dirigentes como la nueva portavoz parlamentaria, Ester Muñoz; la vicesecretaria de Políticas Sociales, Carmen Fúnez; o el de Igualdad, Jaime de los Santos.

Sí están actualizadas las referencias ante el Parlamento Europeo, mucho más incisivos a la hora de controlar los bienes y rentas de los eurodiputados. De hecho, fue allí donde primero se arrojó algo de luz sobre los actuales sobresueldos del PP, cuando Esteban González Pons reflejó el que recibía él mientras Feijóo ocultaba el propio.

Pons declara ante el Parlamento comunitario de Bruselas como “actividad profesional” o de “pertenencia” en los tres años anteriores unos ingresos como “gastos” de 2.900 euros. El hoy vicepresidente de la Eurocámara anota que los recibe con una periodicidad “mensual”.

Pero el hoy portavoz del PP en Bruselas señala que actualmente no percibe ningún ingreso por su pertenencia al Comité de Dirección del partido.

También la recientemente designada como vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, es eurodiputada. Cuando recogió el acta, en 2024, no formaba parte de la dirección, y en su primera declaración no aparece ningún ingreso por gastos. Pero las normas de transparencia en Bruselas son más efectivas, y este mismo mes de septiembre actualizó el documento para incluir precisamente los gastos como vicesecretaria: 2.000 con periodicidad “mensual”.

Las divergencias en la forma de declarar estos ingresos no son nuevas. Incluso en el pasado se demostró que los “gastos de representación” eran en realidad una suerte de sobresueldo encubierto para sortear la exclusividad que tienen diputados y senadores.

Pablo Casado, predecesor de Feijóo, reconoció en 2019 percibir del PP un sueldo de 47.720 euros netos. El anterior presidente del partido, Mariano Rajoy, declaró entre 2006 y 2011 unos ingresos del partido extras de entre 146.000 y 200.000 euros brutos al año.

Antes de eso, y desde la refundación capitaneada por José María Aznar a partir de 1989, el PP pagaba un sobresueldo a sus dirigentes camuflados como “trabajos extraordinarios” (entre 1990 y 1993), o “gastos de representación” (desde entonces). La característica de estos ingresos es que eran cantidades mensuales fijas, y el doble en julio y diciembre. Esta información solo fue desvelada cuando el PP tuvo que entregar toda su contabilidad a la Justicia que investigaba su financiación ilegal.

Menos fraude. Ese es el objetivo principal de una ley, aprobada y que va entrando en vigor con sus respectivos plazos, con el que se pretende que empresas y autónomos no usen un software “de doble uso”, es decir, programas informáticos que permiten a los usuarios llevar una contabilidad paralela a la oficial.

Y es que la Ley 11/2021, coloquialmente conocida como Ley Antifraude, prevé abordar múltiples reformas de las leyes fiscales vigentes. Y uno de los cambios afecta al software de facturación o la parte de facturación del software de gestión y contabilidad, que deberá adaptarse a una serie de requisitos. Pero, ¿cómo saber si uno, autónomo o máximo responsable de una empresa, está adaptado para dichos cambios? Esto es lo que deberías revisar para adaptarte lo antes posible.

No confundirse de ley

La conocida como Ley Antifraude no hay que confundirla con la Ley Crea y Crece, que establecerá la obligación de emitir y recibir facturas electrónicas entre empresas y que todavía está pendiente de reglamento.

Con qué sistema trabajas

Si no usas un software de facturación adaptado (que tu proveedor o fabricante ya te ha dicho que estará adaptado a la normativa), es que tal vez uses papel (talonarios o libreta), Excel o incluso un software de facturación… obsoleto. Ten en cuenta con qué sistema trabajas antes de dar los siguientes pasos. Las especificaciones técnicas del software que sí podrás usar ajustándote a la nueva ley están precisamente contempladas en el reglamento. El software tiene en todo caso que disponer, de forma visible, de una declaración responsable del desarrollador, lo que exime de responsabilidad al usuario en caso de alguna irregularidad en el programa.

Audita tus procesos de facturación

Revisa cómo lo estás haciendo hasta ahora. Si tienes en cuenta que la fecha que prevalece en la factura y que queda en el registro es la de la emisión de la factura, cómo haces las facturas rectificativas, si llegas a anularlas en ocasiones o si haces ventas al pormenor con ticket de caja, ya que en este caso debes saber que cada ticket es una factura.

“Existe cierta reticencia al cambio, debido precisamente a esta auditoría de las prácticas internas en las empresas. Sin embargo, un software adaptado te asegura que, lo que está prohibido, no lo podrás hacer. Podemos ver en esto la oportunidad de digitalizar nuestras empresas y trabajar mejor”, asegura Víctor Bernués, consultor en Esofitec, empresa especializada en soluciones tecnológicas de facturación, contabilidad, gestión y recursos humanos.

¿Conoces Verifactu?

El sistema Verifactu es una manera de enviar de manera automática e inmediata cada factura a la Administración Tributaria. Es un sistema de adhesión voluntaria, cada factura llevará su propio código QR con tus datos identificativos y así no solo cumples con la ley, sino que lo haces de manera verificada.

Adaptarse, la mejor solución

La Ley Antifraude te permite seguir trabajando con papel, al menos hasta que no entre en vigor la Ley Crea y Crece y estés obligado a emitir y recibir facturas electrónicas. Pero si usas un software no adaptado a los requisitos, una vez entre en vigor para ti (para sociedades, el 1 de enero de 2026; para autónomos, el 1 de julio de 2026) te podrías enfrentar a sanciones desde 50.000 euros por ejercicio. Además, a partir del próximo 29 de julio de este año, las empresas de software no podrán vender un programa de facturación que no cumpla con la ley.

Parece que, ahora sí, las Cortes de Castilla y León están dispuestas a abordar las retribuciones de sus parlamentarios, un debate que se ha reabierto después de que los ya exprocuradores de Vox reclamaron el pago correspondiente a enero que les debía el grupo de Vox. El presidente del parlamento, Carlos Pollán (Vox), anunció la semana pasada que ya se había reunido el grupo de trabajo integrado por PP, PSOE y Vox para regular las incompatibilidades y acabar con la “excepcionalidad” que convierte a este parlamento en el único de España donde no todos sus integrantes tienen retribución por su trabajo, una reivindicación en la que coinciden todos los partidos.

En Castilla y León, los procuradores rasos (diputados autonómicos) solo cobran las dietas por acudir a las comisiones y plenos. 220 euros por cada actividad parlamentaria a la que acuden, por lo que los sueldos pueden oscilar entre unos 200 o 500 euros y unos 2.000 euros al mes, en función de a cuántas sesiones acuda. Tras las quejas por la falta de transparencia para conocer los cobros de estos procuradores no liberados, ahora sí se han publicado las indemnizaciones que cobra cada procurador. Entonces, el grupo de Vox decidió pagar una “bonificación” a sus procuradores para que se dedicaran en exclusiva a trabajar como representantes públicos, dejando sus trabajos principales de lado durante esta legislatura.

El grupo parlamentario abona a sus siete procuradores rasos otros 2.025 euros netos que se suman a las dietas que puedan percibir por asistencia, como se ha desvelado después de que los dos exprocuradores expulsados reclamaran que el grupo les debía 2.000 euros correspondientes a enero, una cantidad que pretenden después donar a una asociación o fundación sin ánimo de lucro. Según aclara Vox a este medio, tributan el 19% de IRPF, con un “rendimiento de trabajo” bruto de 2.500 euros.

Ante esta situación, Vox ha intentado reabrir el debate sobre las retribuciones de los representantes públicos que no tienen esa dedicación exclusiva, que solo tienen los miembros de la Mesa de las Cortes, los portavoces del grupo y algunos otros cargos que designan los grupos. En teoría, estos representantes tienen una dedicación exclusiva no deberían poder tener otra fuente de ingresos. Sin embargo, el eurodiputado y exportavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, declaró el pasado verano que cobraba 40.000 euros anuales como “abogado”, algo que justificó a preguntas de elDiario.es porque consideró que sí estaba permitido el “desarrollo de actividades económicas de carácter profesional” como la abogacía.

En el Congreso, los diputados 'rasos' pueden tener otra ocupación distinta de la pública siempre que no se solapen o entren en contradicción previa autorización. En las Cortes de Castilla y León, todos los procuradores —salvo que tengan dedicación exclusiva— pueden trabajar en su puesto habitual.

PP y PSOE también pagan a sus procuradores

Según ha podido confirmar elDiario.es, los procuradores que no tienen dedicación exclusiva también reciben pagos de los grupos Popular y Socialista. Los procuradores 'populares' cobran otros mil euros mensuales —además de sus dietas por asistencia— que el Grupo hace en dos pagos, según confirman fuentes consultadas por elDiario.es. Prácticamente la mitad del dinero que maneja el Grupo se gasta en sueldos y salarios (651.034,75 euros) y en cargas sociales (36.294,53 euros). El portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, asegura a este periódico que la cantidad “no llega a los mil euros” aunque “fluctúa” entre procuradores por “cuestiones internas”.

El Grupo Socialista también hace un pago de 710 euros mensuales a los procuradores rasos y de 891 a los que son portavoces en las comisiones del parlamento. “Es una paga con retención de IRPF del 35% y consta en la declaración de la renta, no es un sobresueldo”, sostiene el número 2 del PSOE, Daniel de la Rosa. La semana pasada, el nuevo secretario general, Carlos Martínez, insistió en la importancia de que el parlamento autonómico pagara a los procuradores por su trabajo para que los procuradores tengan “medios materiales y retributivos suficientes” y se deje atrás el actual “régimen de voluntarios”. El Grupo Socialista gastó en 2023 461.373,4 euros en personal (396.892,27 en sueldos y salarios y 64.481,15 en cargas sociales).

El personal eventual del parlamento

Además, las Cortes de Castilla y León cuentan con trabajadores eventuales que son nombrados por el presidente del parlamento autonómico, Carlos Pollán, a iniciativa propia, a petición de los miembros de la Mesa o de los grupos parlamentarios. Los salarios de este tipo de personal —compuesto por siete trabajadores dependientes de Presidencia, nueve que dependen de los miembros de la Mesa y cinco que son asesores del grupo parlamentario— depende directamente del Presupuesto del Parlamento.

Según confirma el parlamento a elDiario.es, es este órgano el que se encarga de las retribuciones de este personal. Entre estos asesores, cuyo sueldo las Cortes se negó a desvelar hace ya unos meses, se encuentran cargos políticos como el presidente de la UPL (Carlos Javier Salgado), el concejal de Administración Local de Ávila (Héctor Sastre), el presidente de Vox Palencia (Matías Recio) o el exprocurador socialista Óscar Álvarez.

Los fondos que luego van al partido político

Ni PP ni PSOE detallan en sus cuentas cuánta partida de sus presupuestos va destinada a financiar el partido. Según su contabilidad de 2023, Vox dio 55.000 euros, UPL y Soria ¡YA! recibieron 149.100 euros cada uno por prestar varios servicios a los procuradores, Por Ávila cobró 50.000 euros, mientras que Podemos recibió 30.240 euros; Izquierda Unida, 17.640; y Alianza Verde, 2.520 euros.

Sin embargo, la información relativa a los gastos presupuestados y ejecutados por los Grupos Parlamentarios no obra en poder de las Cortes de Castilla y León, puesto que los grupos parlamentarios son “los exclusivos titulares” de estos datos y “quienes deciden si abren dicha información o no al conocimiento público”. Con carácter general, todos los grupos publican su contabilidad, aunque no todos con el mismo detalle.

La contabilidad relativa a 2024 aún no está disponible en la web del parlamento, que se actualizó en junio de 2024 con los datos del ejercicio anterior. El Grupo Socialista fue el que más tardó en registrar su contabilidad en el registro de las Cortes. Mientras que el PP, UPL-Soria ¡YA! y el Grupo Mixto lo entregaron en enero de 2024; Vox, en febrero, los socialistas lo registraron a mediados de junio del año siguiente al que correspondían las cuentas.

El parlamento da unas subvenciones a los grupos parlamentarios para su funcionamiento en base al número de representantes. En 2024, la Mesa de las Cortes estableció una subvención fija de 2.890 euros y una variable de 3.660 euros por procurador mensuales. En total, los grupos tuvieron acceso a 3,7 millones de euros que fueron repartidos en función de su tamaño.

Esto significa que el Grupo Popular, que tiene 31 procuradores, recibió 1.396.200 euros ese año. El Grupo Socialista (28 diputados autonómicos), 1.264.400 euros. Por detrás, Vox (que entonces tenía 13 representantes) recibió 605.640 euros y el grupo parlamentario que componen UPL-Soria ¡Ya! (6 diputados) obtuvo 298.200 euros en concepto de subvención. El Grupo Mixto, compuesto por un procurador de Podemos, otro de Por Ávila y el exvicepresidente autonómico, Francisco Igea, tuvo 152.568 euros.

Una página de contabilidad del PP

El Grupo Popular solo publica su cuenta de resultados: una página en la que figuran sus ingresos y gastos, pero no detalla quién percibe esos sueldos o cuáles son los “servicios exteriores” que ha contratado el grupo. Los 'populares' ingresaron casi 1,4 millones de euros en 2023, todos procedentes de esa subvención que concede el parlamento para sus gastos de funcionamiento.

Prácticamente la mitad de ese dinero se gasta en sueldos y salarios y en cargas sociales, pero no se especifica quién cobra qué cantidad. Según el portavoz, el grupo tiene cinco trabajadores propios. También se desglosan otros gastos de la actividad ordinaria: servicios exteriores (204.266,57 euros), tributos (143,88) y otros gastos de gestión corriente (225.000). Además, se incluyen 6.759 euros de la amortización del inmovilizado. En total, en 2023 hubo unos 272.000 euros que quedaron sin consignar a ninguna partida.

El PSOE registra 795.140 euros como “otros gastos”

El Grupo Socialista que hasta ahora capitaneaba Luis Tudanca explica un poco más su contabilidad: en tres folios en vez de en uno, y porque solo se incluye una tabla en cada página. El grupo parlamentario ingresó en 2023 los 1,3 millones de euros previstos y gastó en personal 461.373,4 euros (396.892,27 en sueldos y salarios) y 64.481,15 en cargas sociales.

Desde el partido confirman que la cifra de trabajadores es “variable”, puesto que en 2024 fueron “cinco o seis personas” aunque “actualmente” hay destinadas cuatro.

Al igual que los 'populares', los socialistas también han contratado servicios exteriores, aunque tampoco se detalla a qué empresa (111.677,26 euros). El apartado tributario es idéntico al del PP: 143,88 euros. Al Grupo Socialista le 'sobraron' 67.091 euros sin ejecutar en 2023, según su informe de contabilidad, que se quedan en las arcas para el siguiente ejercicio. También gastaron 795.140,62 euros en el cajón de sastre que es 'otros gastos de gestión corriente'. El año anterior, en 2022, estos 'otros gastos' supusieron un millón de euros para el Grupo Socialista.

El activo del Grupo Parlamentario incluye 46.558 euros entre el no corriente (15.569,72) y el corriente (30.988 euros). También tenían un crédito con una entidad por valor de 12.773 euros, según el informe de contabilidad; unas deudas a corto plazo de 50.682 euros y 8.738 euros de “acreedores varios” y otras cuentas a pagar.

Ocho empleados en Vox y los “complementos” para sus procuradores

Vox tiene el informe más extenso, en el que concreta algunos de los conceptos que los otros grandes grupos no abordaban. Los ingresos del Grupo son esos 605.640 euros, de los cuales se gastaron 412.371 euros en sueldos y salarios. El grupo de Vox tenía ocho trabajadores para su funcionamiento ordinario: un jefe de prensa, un asistente de Comunicación Audiovisual una jefa del área jurídica, dos jefes del grupo de las áreas jurídica y económica, dos asistentes y un asesor jurídico. Vox incluso detalla el sexo de este personal contratado: seis hombres y dos mujeres.

De tesorería, Vox tenía 180.814,65 euros en 2023. El patrimonio neto era de 95.328 euros. El pasivo corriente (de acreedores y otras cuentas a pagar) era de 85.485 euros. Según explicó la semana pasada el grupo Vox, se planteó que todos sus representantes recibieran una cantidad neta de 2.025 euros mensuales si se dedicaban en exclusiva a la “labor de representación”. Es una asignación que llaman “complemento por rendimiento”.

También se gastaron 76.077 euros en “servicios profesionales independientes” como los de gestoría laboral, 64.205 euros por la Seguridad Social a cargo de la empresa, 2.906 euros en gastos de viajes y 1.196 euros en “otros gastos y servicios” asociados a los viajes del grupo. Por debajo del millar de euros hay conceptos como los servicios bancarios (864,6 euros) y la manutención (691,5 euros en un año). Esto significa que hubo 7.672 euros sin ejecutar.

El convenio entre el grupo y el partido político Vox se formalizó en noviembre de 2023: el grupo abonó 55.000 euros al partido político para la “prestación de servicios”. La cuenta bancaria corriente del Grupo Vox empezó el año con 128.831 euros y lo terminó con 180.814 euros.

149.100 euros para los partidos UPL y Soria ¡Ya!

El grupo integrado por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya! se divide a partes iguales los 298.200 euros que reciben del parlamento autonómico. Y todo va íntegramente a las arcas del partido y la agrupación de electores, con conceptos como el uso de la sede del partido, el asesoramiento jurídico, la gestión de medios o la manutención.

La Unión del Pueblo Leonés cobra a sus procuradores 22.260 euros al año por utilizar su sede para sus reuniones. El asesoramiento jurídico que proporciona UPL de manera “puntual” suponen otros 13.440 euros al año, así como la elaboración de documentos que ayuden a los procuradores: otros 30.00 euros. UPL cobra otros 30.000 euros a UPL por la elaboración, envío y gestión de comunicados de prensa. También hay otros gastos como la difusión de la gestión de los procuradores (14.400 euros), los gastos en medios con publicidad (20.400), la gestión de la web (14.400) y los gastos de manutención (4.200 euros) de las reuniones que al menos tendrán lugar una vez a la semana con los cargos públicos de las tres provincias que integran la Región Leonesa.

Soria ¡YA! replica el modelo de UPL, aunque las cuantías varían. Así la agrupación ofrece el uso de su sede por 35.780 euros anuales, el asesoramiento jurídico y técnico (27.738), la elaboración de documentos como ayuda a los trabajos (27.738), la elaboración y envío de comunicados de prensa (27.738 euros), la difusión de la gestión de los procuradores (11.040 euros), el mantenimiento de la web (11.040 euros) y la manutención (8.026 euros) de las reuniones con cargos públicos y representantes de asociaciones, fundaciones y colectivos.

El Grupo Mixto

El Grupo Mixto está integrado solo por tres procuradores (Pablo Fernández, Pedro Pascual y Francisco Igea) y recibe anualmente 152.568 euros para los gastos de su funcionamiento. De estos, 46.461 euros se van en gastos de personal (35.182 en sueldos y 11.279 para la Seguridad Social). También hay otros gastos de gestión corriente (100.800 euros) que son las aportaciones a los partidos y coaliciones a las que pertenecen los procuradores. Podemos recibió 30.240 euros según la contabilidad, en la que también figuran los ingresos a Izquierda Unida (17.640 euros) y Alianza Verde (2.520), las tres formaciones que integran Unidas Podemos y a las que representa Pablo Fernández. Por Ávila recibió 50.400 euros por parte del Grupo Mixto. Además, hay servicios de gestoría y auditoría (1.118), los servicios de profesionales independientes (318 euros) y los servicios bancarios (240).

Las universidades españolas tienen tres meses escasos para acabar de implantar (algunas ya lo han puesto en marcha, otras están en ello) un nuevo método contable que les permitirá conocer al céntimo cuánto les cuesta cada servicio que ofrece. La contabilidad analítica, una herramienta de la que se lleva hablando años en el sector, debe ser una realidad en todos los campus españoles para marzo de 2025, según establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Con este método de contabilidad detallada, los rectorados pueden saber con detalle el coste que les supone un estudiante de un determinado grado en un campus específico, cuánto cuesta una hora de docencia de un profesor, una asignatura, cuánto una hora de investigación, mantener abierto un edificio un día, una plaza en una residencia universitaria, una hora de uso de un pabellón deportivo, qué facultad es más eficiente en el uso de la electricidad o el agua o cualquier otra cuestión que entre en las competencias universitarias.

Por ejemplo, la Universidad de Zaragoza (Unizar), uno de los referentes en esta cuestión, conoce ya que un graduado en Medicina le cuesta 9.517,3 euros al año en el campus de Zaragoza, de los que 8.630,4 corresponden a la docencia. Sin embargo, la Unizar también sabe que ese mismo estudiante tiene un coste de 11.509,3 euros en el campus de Huesca (9.907,4 euros en docencia).

Disponer de esa información permitirá a los rectorados tomar decisiones más informadas, explican expertos en la herramienta. También para compararse con otros centros y conocer dónde están en eficiencia. Por ejemplo, explica Juan Hernández Armenteros, profesor titular jubilado de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y uno de los mayores expertos en la materia, “si la producción de un titulado está en torno a 40.000 euros de media en el sistema público, y a una universidad según su contabilidad analítica le cuesta 28.000 euros y a otra 72.000 (son cifras realistas), ¿cómo se explica esa diferencia? ¿Cuáles son las razones para que una tenga valores tan distantes de la media?”. La contabilidad analítica permite conocer con detalle todos los factores que componen ese gasto (el coste del profesor, de la instalación, de los suministros, etc.) y estudiar qué sucede y cómo mejorarlo.

Pero no debe utilizarse como único factor a la hora de tomar decisiones. Volviendo sobre el caso de la Unizar, que el estudiante de Medicina en Huesca cueste un 21% no significa necesariamente que la universidad deba cerrar el grado que le sale más caro. “En la universidad pública la rentabilidad no tiene por qué ser solo económica, también puede ser social [tener un campus en Huesca articula el territorio, fija población, crea empleo...]. Dicho esto, el gasto público debe responder a los criterios de eficiencia y eficacia”, valora Amparo Navarro Faure, rectora de la Universidad de Alicante y presidenta de la sectorial de Gerencia de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), el órgano que se ha encargado de elaborar un modelo de contabilidad analítica para ponerlo a disposición de los centros que lo deseen.

Aumentar la confianza en el sistema

Pero si la herramienta en sí no es novedosa –el sector privado, más pendiente de la competitividad, la aplica hace tiempo–, ¿por qué ha tardado tanto en implantarse en la universidad? “Esto no gusta necesariamente, no todo el mundo está de acuerdo”, expone una de las razones Javier Ferreira, gerente de la Universidad de Santiago. “Es como hacer un striptease de la institución”.

También influyó, tercia Hernández Armenteros, que la contabilidad analítica no servía para lo que se pensó que iba a ser útil. Y se desinfló un poco el globo. Las universidades creían que con este método contable podrían, conocido el coste real de sus servicios, establecer sus necesidades de financiación pública, pero, según coinciden tanto Ferreira como Hernández, esta aplicación está bastante limitada.

“La contabilidad analítica puede servir para establecer un coste de referencia del servicio que sea y que cada universidad vea lo cerca o lejos que está de ese coste. Pero el financiador [las comunidades autónomas] no te dice que tengas que estar por debajo de ese coste en cada apartado. Se hace un cálculo global, de manera que una universidad puede exceder el coste en un servicio y compensarlo quedándose corto en otro”. Pero para eso hace falta tener la información y usarla, algo que no estaba pasando.

En la Universidad de Santiago, cuenta Ferreira, llevan años haciendo informes con contabilidad analítica, pero no le sacaban partido. “Teníamos la información, pero hasta el curso 2017-18 no se le daba mucho uso. Se tenía y se publicaba, sin más”. Poco a poco se le está encontrando utilidad para mejorar el funcionamiento del centro. “Nosotros tenemos una gran capacidad de captación de fondos de investigación”, pone otro ejemplo Ferreira. “La contabilidad analítica nos permite ahora identificar al céntimo los gastos que realizan los diferentes centros para captar fondos. Entonces incentivamos a los más eficientes: a los que más captan con un menor gasto les devolvemos una parte de sus costes”.

La contabilidad analítica sirve para informar a la opinión pública de cómo y a qué coste funcionan las universidades que mantiene con sus impuestos. Cuánto cuesta una titulación o un estudiante y qué parte pagan el interesado y cuál el estado, aumentando así la transparencia y la confianza en el sistema

También sirve para informar a la opinión pública de cómo y a qué coste funcionan las universidades que mantiene con sus impuestos, explica José Andrés Dorta Velázquez, director de Contabilidad Analítica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aumentando así la transparencia y la confianza en el sistema. “Hemos comprobado a través de un contador de acceso que la ciudadanía consulta los informes en las fechas en las que los medios de comunicación o la propia universidad notifican que se han publicado dichos informes. La ciudadanía sí tiene cierto interés por la contabilidad analítica, y dar acceso a dicha información aumenta la confianza que puedan tener sobre las universidades”.

En este apartado, la curiosidad ciudadana suele dirigirse al coste de los estudios. “Normalmente centra su atención en conocer el coste de las diferentes titulaciones o el coste por estudiante. Esto sugiere que, aunque el acceso directo a la contabilidad analítica no sea una práctica común, hay un interés latente en aspectos específicos que afectan directamente a los estudiantes y sus familias”. Y se puede saber –y valorar– que un egresado tiene un coste que en promedio está entre 45.000 y 50.000 euros para los 5,2 años de media que se tarda en cursar un grado, de los que el estudiante aportará unos 5.000 euros, explica Hernández Armenteros.

Esta información, continúa Dorta, sirve para concienciar a los estudiantes, “quienes pueden observar que sus matrículas solo cubren una parte del coste total, siendo el resto aportado por ingresos públicos”, pero también a los profesionales de la institución del coste de las materias que imparten. Lo mismo que sucede cuando los sistemas sanitarios emiten facturas del coste de sus servicios, aunque no las cobren.

En el apartado de poner en valor y rendir cuentas, Dorta destaca también cómo afectará positivamente a la investigación. “Investigar tiene un alto coste, en el que las retribuciones del personal juegan un papel crucial. Además, es importante considerar los costes indirectos que la universidad incurre para que los proyectos de investigación se puedan desarrollar, como el mantenimiento de infraestructuras, servicios administrativos y otros recursos necesarios. Esta herramienta de gestión permite a las universidades demostrar el valor y la importancia de sus actividades de investigación, justificando la inversión y destacando su impacto en la sociedad. Esto no solo mejora la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también puede atraer más financiación y apoyo para futuros proyectos de investigación.

Al final, coinciden las fuentes consultadas, se trata de saber. De tener más y mejor información sobre las universidades, cuánto cuestan sus productos y por qué, de manera que puedan tomar decisiones más informadas y quirúrgicas.

Este martes ha arrancado en la Audiencia Provincial de Guadalajara el juicio que ha sentado en el banquillo de las acusados al ya exalcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, por malversación de dinero público y prevaricación, y a otras cuatro personas, M.A.J.B., A.M.C.C., M.C.J. y A.V.R.

Una vista en la que el Ministerio Fiscal pedía inicialmente en sus conclusiones provisionales para el antiguo alcalde, una pena de 10 años de cárcel mientras que el resto de los acusados, entre los que se encuentra el director del Centro de Formación y Vivero de Empresas, A.V.R.; la secretaria interventora del Ayuntamiento, A.M.C.C.; M.A.J.B., madre del jefe de Protección Civil; o su hijo y responsable de Protección Civil, M.C.J., entre 2 años y medio y cinco años de prisión.

Peticiones de pena que previsiblemente se verán modificadas a petición de la Fiscalía y en base a la reforma del Código Penal que afecta al concurso de los delitos de malversación y administración desleal, que venían recogidos en el escrito del Ministerio Fiscal.

Un juicio que surge a raíz de la denuncia de varias trabajadoras del Ayuntamiento ante la sospecha de que el alcalde y varias personas más se pudieran estar quedando dinero del Consistorio, bien de los ingresos en metálico por conceptos como las fiestas, comidas o piscina, que o bien se quedaba el alcalde o repartía con otros en connivencia de la secretaria interventor; o por gastos que pasaba presentando facturas de que no eran reales y simulando cursos de formación que no llegaron a impartirse, uno de herrería y otro de albañilería, falsificando la firma de alumnos asistentes y cobrando por ello la subvención de la Diputación.

“No había otra manera de parar la situación”

Un juicio en el que la primera en declarar ha sido una de las dos denunciantes, Marta R., administrativa y funcionaria del Ayuntamiento desde 2004, quien, junto con Eva C., presentaban en 2019 documentación para avalar su denuncia, al tener “claro” que tenían que hacerlo porque “no había otra manera de parar la situación”, según ha declarado la propia Marta R.

Así, tanto Marta como Eva han negado en su declaración que detrás de su denuncia hubiera algún tipo de motivación política. “En absoluto. Lo niego totalmente”, ha apuntado Marta, declaraciones apostillada posteriormente también por Eva C., quien ha remarcado que vieron que había “una serie de irregularidades en el tema contable” y decidieron que tenían que denunciar.

Afirmaciones realizadas a preguntas del Ministerio Fiscal teniendo en cuenta que la Defensa basa esta denuncia precisamente en razones políticas, recordándose este martes en la vista que Marta fue la número 7 en la lista de Unidas por Cabanillas. “Se me intenta vincular como que es cuestión política y yo he tenido alcaldes de todo tipo. La anterior alcaldesa --en Fontanar-- era del PP. Nada más lejos de pensar eso”, ni tampoco ningún interés en que fuera otra persona, en este caso, Erica (PSOE). “Me hubiera dado igual”.

Y a preguntas sobre si por la fecha en la que decidió presentar la denuncia pudo influir el resultado de las elecciones, también lo ha negado, asegurando que lo hicieron coincidiendo con un día que no tenían trabajo en el Ayuntamiento.

Según Marta, llegó un momento en el que decidió que “viendo lo que estaba viendo, no podía callar porque sería como ser cómplice” de lo que estaba pasando y no quería seguir observando sin hacer nada que el dinero que se recaudaba en el Ayuntamiento no coincidía con lo que entraba en la cuenta.

Según Marta, a raíz de observar esto, por su propia decisión se empezó a realizar una contabilidad paralela escondida para conocer lo que en realidad se estaba recaudando porque ya “sospechaba” que el dinero recaudado a los vecinos por el pago de fiestas, polideportivo o campamentos de verano, no coincidía con lo que entraba en el banco, con diferencias en momentos concretos de más de 5.000 euros. “Nuestra única manera de controlar era apuntándolo en un papel”, ha declarado.

Facturas firmadas por él, de “su puño y letra”

Así, según ha remarcado Marta en su declaración, el alcalde hacía determinados pagos con su dinero que luego se indexaba al Ayuntamiento y “continuamente traía facturas firmadas por él, de su puño y letra” donde ponía: “endosar a Víctor”, algo que a su juicio no tenía necesidad porque el Consistorio tenía cuenta.

“Yo no veía motivo para tanto endoso en conceptos de bicis, informática o muchísimos alimentos”, asegurando, además, que “casi nunca” presentaba justificante de pago, y llegando a cobrar también algún endoso de algún viaje que no realizó. Además, el propio alcalde, según la denunciante y testigo, le llegó a admitir, “riéndose”, que uno de los cursos de formación solicitados no se había hecho “pero lo vamos a cobrar”, le dijo.

“Él me decía 'endósame esta factura' y había cosas que podía parar y las paraba, pero con otras no podía hacer nada”, ha remarcado, sospechando que el dinero que se estaba recaudando no se estaba ingresando en la cuenta del Ayuntamiento, llegando a decirle algo al propio alcalde. Hechos que a su juicio, si bien la secretaria conocía, cree que “había sido engañada”, no constándole que ella se quedara con ningún dinero.

“Víctor es muy controlador”

En ningún momento Marta ha mostrado dudas de que aunque no había cadena de custodia en el dinero, el exalcalde lo cogía y se lo llevaba porque “se recaudaba y no se ingresaba”. “Víctor es muy controlador”, ha remarcado.

Una vista en la que Eva C., la otra denunciante y responsable de Recursos Humanos, así como de las contrataciones de nóminas, talleres y planes de empleo en el momento de los hechos, ha reafirmado su decisión de denunciar porque “vimos una serie de irregularidades en el tema contable”.

Al igual que Marta, también ha negado que detrás de esta denuncia hubiera razones políticas e interés para que se presentara como alcaldesa la que luego sería candidata del PSOE tras echar la formación a San Vidal. “La denuncia la decidimos Marta y yo, independientemente de Erica --candidata del PSOE y concejala--”, ha subrayado.

Un juicio en el que durante esta primera jornada han pasado por la sala, como testigos, otros trabajadores del Ayuntamiento y que continuará mañana con otra jornada intensa que este martes se ha prolongado por más de seis horas y media.

Adela Suñer es economista, formada en la escuela de negocios ESADE, y tiene más de 30 años de experiencia profesional en empresas, primero como controller y luego más orientada hacia la consultoría estratégica. Es una de las pioneras en España de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que en su caso acabó derivando en la necesidad de asumir un cambio mucho más de fondo para comprometer a las empresas con un modelo más humano y consciente de sus impactos sociales y medioambientales.

La Gran Recesión de finales de 2000 llevó a Suñer hacia el nuevo movimiento de la Economía del Bien Común, fundado por el austriaco Christian Felber, que va mucho más allá de la RSC y que proporciona herramientas y métricas para avanzar hacia un nuevo paradigma económico que ponga en el centro a las personas y el planeta y no la lógica del beneficio privado, una vía que facilita muchas más intersecciones entre las empresas mercantiles convencionales y la economía social.

Suñer es una de las referencias de la Economía del Bien Común en España, donde se ha ido consolidando una red de activistas y consultores, tanto para la investigación -incluso con una cátedra específica en la Universidad de Valencia-como para la investigación académica como para que sus principios y herramientas penetren en la organización de las empresas y también de las administraciones públicas. “El balance ético debería ser obligatorio para las empresas, al mismo nivel que el balance patrimonial y la cuenta de resultados”, sostiene Suñer. Y añade: “Está perfecto que una empresa tenga beneficios; muy bien, ¿pero cómo lo ha hecho para conseguirlo? Es importante saberlo”.

En esta videoentrevista con Alternativas económicas y ElDiario.es, la economista detalla los objetivos y la metodología de la Economía del Bien Común, así como de otro tipo de balances, que sugiere situar al mismo nivel de importancia que la economía convencional otorga a la contabilidad y las auditorías centradas en la rentabilidad para el inversor, con el objetivo de avanzar así de verdad hacia un modelo más sostenible. El objetivo es incluso es invertir la lógica misma de la economía: “La ortodoxia dice que mejorando la economía se reducirá la pobreza, pero en realidad es al revés: ¡invierte en acabar con la pobreza y mejorará la economía!”, subraya.

En su opinión, existe ya suficiente evidencia científica que demuestra que una economía más inclusiva y consciente de su impacto social mejora la economía en su conjunto -incluso en los parámetros convencionales- y está convencida de que la ciudadanía tiene mucho más poder del que imagina para precipitar cambios en esta dirección si asume su potencial en tanto que consumidores conscientes.

La videoentrevista a Adela Suñer es la sexta y última entrega de la primera temporada de Economía fuera del carril, una serie para dar voz y visibilidad a tradiciones económicas alejadas de la ortodoxia neoliberal, que a menudo suele ser presentada como la única existente y posible. Esta serie ha sido coproducida por Alternativas económicas, ElDiario.es y Locky Produccions gracias al apoyo del programa de Proyectos Singulares para la economía social de la Generalitat de Catalunya. Las otras entregas, con el mismo formato y cada una de en torno a una hora de duración, están accesibles en el canal de Alternativas económicas y han puesto el foco en la economía marxista (con Miren Etxezarreta), la economía social (Eloi Serrano), la ecológica (Enric Tello), la feminista (Carmen Castro), y la política monetaria (Susana Martín Belmonte).

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha vuelto a revisar al alza el dato de crecimiento de la economía española en 2021. Este miércoles, publicó un avance de los resultados de la Revisión Estadística 2024 sobre las Cuentas Nacionales en el que se comunicó el impacto que este nuevo cálculo tendrá sobre el PIB nominal en 2021, el año de referencia de las nuevas series que se publicarán próximamente. Aunque esta revisión tiene características distintas de las realizadas hasta le fecha, no deja de sorprender que de nuevo haya una subida sustancial del PIB, modificando una vez más la interpretación que de la salida de la pandemia se había hecho hasta el momento.

En una inesperada y escueta nota de prensa, el INE ha anunciado otra revisión al alza de las estimaciones del PIB. El cambio se limita por el momento al PIB de 2021, cuya magnitud ahora se cifra en un 1,1% superior hasta alcanzar el nivel de 1.235 mil millones de euros. Puede parecer una pequeña magnitud, pero ésta es la tercera revisión al alza. Para valorar correctamente este cambio debe ponerse en relación al crecimiento originalmente estimado y al efecto de las revisiones posteriores. En el gráfico adjunto se recoge este proceso.

En su primera estimación, a inicios de 2022, el INE cifraba el crecimiento nominal en un 7,2%. Las siguientes revisiones han aumentado esta tasa, primero de forma tímida (una subida del 0,7% en septiembre de 2022) y en los siguientes dos años, añadiendo un 1,3% en septiembre de 2023 y un 1,1% ahora. En total, 3,2 puntos más del PIB en 2021: equivalen a 32.480 millones de euros que, hasta ahora, el INE no había medido correctamente.

Aunque esta última revisión obedece a otras razones distintas de la mera disponibilidad de nueva información, como se ve, el INE ha seguido un camino largo y tortuoso para finalmente cifrar en un 10,4% el crecimiento nominal de la economía en un año tan decisivo como 2021. Conviene recordar que en aquel momento nuestro país estaba saliendo de los efectos del confinamiento provocado por la crisis del COVID y estaba en el aire saber si España iba a ser capaz de recuperarse rápidamente de una caída inédita en la actividad. Con las cifras publicadas entonces era difícil no caer en el pesimismo. Un crecimiento 3,2 puntos superior recoge ya un panorama bien distinto. Y eso de momento. porque aún habrá que ver la serie completa que se publicará el día 18 de septiembre. Es posible que la subida sea aún mayor.

La revisión constituye, por tanto, una confirmación de nuestras tesis, tal como hemos venido señalando en innumerables artículos en elDiario.es. Como se refleja también en el gráfico, desde enero de 2022 uno de nosotros ya adelantó que las cifras del INE eran imposibles de casar con el cuadro macroeconómico que se obtenía con otras fuentes, principalmente las relacionadas con las bases imponibles de los principales impuestos. Al lector interesado en revisar las hemerotecas le recomendamos leer lo publicado en aquel momento: estimábamos en un 11,8% el crecimiento nominal, lo cual parecía totalmente descabellado frente al 7,2% que proporcionaba el INE en esos momentos. En aquel momento, ningún otro medio de comunicación cuestionaba el cuadro económico que ofrecía la Contabilidad Nacional del INE y a lo sumo solo había algunos analistas que apuntaban a determinadas incongruencias. Las instituciones públicas independientes que han estado tradicionalmente encargadas del análisis económico (el Banco de España y la Airef) no realizaron entonces, ni tampoco durante estos dos años, objeción alguna. 

Desde entonces, el procedimiento de revisión ha estado lejos de seguir un cauce transparente y a la altura de las circunstancias. En un primer momento sus responsables se excusaron en razones técnicas de dudoso valor para no utilizar los registros tributarios referidos a salarios, beneficios empresariales o ventas. Después, la revisión se ha acometido dando una de cal y otra de arena: se negaba cualquier razón de quienes cuestionaban sus cifras, pero después se introducían los cambios sin autocrítica. Incluso en fecha tan reciente como abril de este año, la responsable de cuentas nacionales anunciaba en el Congreso de los Diputados ante un auditorio de casi 100 personas que “no habría una revisión significativa” en septiembre. Las cifras de hoy desmienten esta afirmación y confirman el mal camino emprendido por el INE durante estos años. 

Todo este asunto no pasaría de ser una pequeña disputa académica si no fuera por la enorme trascendencia política y social que tienen las cifras del PIB. Todavía en vísperas de las elecciones de julio de 2023, la opinión pública de nuestro país era sometida al martilleo de que España era el último país en haberse recuperado de la crisis del COVID, el peor de toda Europa. El mayor crecimiento en la recaudación fiscal era interpretado en el mejor de los casos como un extraño afloramiento de la economía sumergida y, en el peor, como una prueba del “infierno fiscal” impuesto por las autoridades. Hoy todas esas interpretaciones quedan en gran medida cuestionadas o invalidadas por los datos, pero las percepciones económicas de la ciudadanía tardarán más tiempo en actualizarse. 

Aunque el ciclo económico es ahora notablemente mejor, lo ocurrido constituye un importante aviso sobre la salud de las cuentas nacionales de nuestro país. En unas semanas conoceremos las cifras definitivas del crecimiento real (es decir, descontando el efecto del aumento de los precios), pero hoy podemos adelantar una primera idea importante: la revisión de 2021 es la mayor que, para un año en particular, ha realizado el INE en su historia más reciente. Esta conclusión podemos afirmarla con los registros disponibles en su web para los últimos veinte años, pero posiblemente haya que remontarse hasta principios de la década de 1980 para encontrar un cambio de igual magnitud.

Ante un escenario inédito, la transparencia del INE ha estado siempre por debajo de las expectativas. A modo de ejemplo, en la revisión publicada este miércoles, el INE despacha la revisión del 1,1% en un par de líneas, señalando que son el resultado de una revisión por partida doble. La incorporación de nuevas fuentes estadísticas, como los datos del Censo de 2021, aumenta los niveles en un 0,7%. Por otro lado, el nuevo procedimiento de clasificación de determinadas partidas del gasto contribuye a un incremento del 0,4%. Este mutismo palidece con la revisión mucho más detallada y transparente que proporcionó hace unos meses la Encuesta de Población Activa (EPA) también provocada por la revisión del Censo. Mucho nos tememos que el próximo 18 de septiembre, cuando se publiquen las series completas, el INE continuará con la senda habitual de publicar un escueto comunicado de prensa y seguirá sin rendir cuentas ante la opinión pública. 

Como conclusión, cabría recomendar a la Contabilidad Nacional del INE que se mantenga siempre atenta a la marcha de las bases imponibles de los impuestos que publica trimestralmente la Agencia Tributaria. Es un magnífico ejemplo del incalculable valor de la información que todos los contribuyentes, familias y empresas, declaramos a Hacienda. La base imponible agregada de los impuestos es una síntesis casi censal de la actividad económica española y el crecimiento que la AEAT publica al final de cada trimestre registra revisiones de magnitud muy reducida. A modo de ejemplo, en el informe mensual de octubre de 2021 las bases imponibles de los nueve primeros meses de ese año crecían un 12,4%, no muy lejos del 13,3% en que se cifra hoy el crecimiento de las bases en 2021. Si a principios de 2022 la Contabilidad Nacional del INE hubiera usado esta información, el PIB de 2021 casi habría recuperado el nivel de 2019 y todo el discurso económico postpandemia habría sido distinto, inyectando a la ciudadanía un merecido optimismo que entonces se le hurtó.

¡Buenos días!

¿Cómo ha ido la Semana Santa? ¿Qué tal la vuelta a los quehaceres diarios? Sí, ya sabemos que han sido unos días de mal tiempo y lluvia pero hacían mucha falta las precipitaciones. En esta semana de estación de penitencia, nuestra sociedad sigue cargando una cruz que es difícil de entender, los desahucios. 

Te pongo tres ejemplos recientes: hace un par de semanas, minutos después de ser desahuciado, Álex (70 años) se quitó la vida en Sabadell. Su mujer sufría movilidad reducida y, por un revés económico, llevaban meses sin pagar el alquiler. En València, el Ayuntamiento ha desalojado a Antonia y a sus tres hijos (de 3, 6 y 8 años). En Barcelona, Blanca, de 78 años, fue desahuciada de la vivienda en la que residió medio siglo por una deuda de solo 88 euros. ¿Qué está pasando?

Se trata de constante goteo de desahucios, a pesar de que la legislación puso en marcha un marco para frenar ese tipo de desalojos. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a lo largo de 2023 se produjeron 26.659 desalojos. La gran mayoría, el 75%, afectaron a personas que vivían en alquiler.

Ahora bien, esta lacra tiene otro reverso oscuro que no aparece en las estadísticas. Se trata de los desahucios silenciosos o invisibles, que afectan a inquilinos que tienen que dejar sus casas por un mercado del alquiler que no da tregua. 

¿Sirven para algo los instrumentos legales para frenar los desahucios? No lo parece. Recuerdo la cifra: 26.659 desahucios en 2023, es decir, 73 cada día, tres cada hora, una persona pierde la vivienda cada 20 minutos... Tenemos un Real Decreto, que aprobó el Gobierno en plena pandemia, por el que se suspendían los procedimientos de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Esa medida se ha ido prorrogando hasta 2025, tras el acuerdo entre el Ejecutivo y EH Bildu. Además, la Ley de Vivienda, que entró hace casi un año, recoge expresamente que en los desahucios “se amplía el ámbito de protección cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad”.

La realidad es que lagunas legislativas, el colapso administrativo y las decisiones judiciales que obvian las situaciones de vulnerabilidad nos muestran la verdadera cara del mercado de la vivienda: 26.659 desahucios oficiales en 2023. Muchas más información sobre la lacra de los desahucios en este reportaje.

El Gráfico

A la vez, los desahucios se compaginan con una situación económica bastante buena. Por ejemplo, ¿qué fue de los PIGS? Alguien se acuerda de los comentarios racistas, sarcásticos y denigrantes contra unos países que trataban de bandear una de las crisis más graves que sufrían, sobre todo, sus habitantes. Los 'PIIGS', el acrónimo que en inglés significa cerdos, estigmatizaba a Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España durante el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 y la gran crisis financiera que la siguió. Hoy, el cuento es otro. El Sur se han recuperado con más intensidad desde 2020 por el mayor peso del sector servicios y por la menor subida de los precios, sobre todo de la energía. Mientras, los socios del norte son el lastre, especialmente Francia y Alemania. Aquí tienes más información sobre cómo el escenario económico se ha dado la vuelta en la UE: el Sur lidera el crecimiento mientras el Norte se estanca. 

El Dato

20.901.967 trabajadores

Alcanzó el mercado laboral español en marzo. Se trata de 193.585 afiliados a la Seguridad Social más que en febrero y 525.414 más que hace un año. El paro bajó en 33.405 personas y se situó en los 2.727.003 desempleados, un 4,73% menos que en marzo de 2023. La Semana Santa cayó en marzo, lo que ha impulsado el empleo, que ya venía al alza en los ejercicios anteriores. En este enlace tienes más información, datos y gráficos sobre la buena marcha del mercado laboral español. 

Entrepreneur

Tener a una auditora trabajando en varias empresas no garantiza que mire para otro lado. Es el toque de atención que la auditora EY le ha a los Revoredo, dueños de Prosegur, por la falta de información sobre las inversiones en ladrillo en Estados Unidos que ha realizado la inmobiliaria de la familia, Proactinmo, en las cuentas de 2022. Las salvedades de EY están relacionadas con la falta de información sobre la filial Proactinmo US, Corp, que ha realizado inversiones en al menos cuatro sociedades inmobiliarias con sede en el refugio fiscal de Delaware desde 2021. Aquí tienes más información sobre cómo los dueños de Prosegur ocultan a su auditor datos de inversiones millonarias en inmuebles en Estados Unidos.

Si estos 'entrepreneurs' no te resultan suficientes, aquí va una información mucho más dura sobre el estafador, filántropo y neurodivergente Sam Bankman-Fried: las mil caras del magnate cripto que ha acabado condenado a 25 años a prisión. Una información a partir de la primera biografía del gran magnate de las criptomonedas, que arroja luz sobre el meteórico ascenso del joven que estafó 8.000 millones a sus clientes para distribuirlos a otras startups, políticos y ONG. Aquí más detalles sobre el cofundador de la bolsa de criptomonedas FTX que quebró de la noche a la mañana haciendo desaparecer 10.000 millones de dólares. 

 Letras que son un Tesoro

¿Qué es un PAU? Las siglas corresponden a Proyecto de Actuación Urbanística, pero como con casi todo lo que tiene que ver con vivienda y construcción hay muchísimas más implicaciones alrededor de este término. Esta semana os recomendamos el libro de Inés Gutiérrez Cueli titulado 'Venir de barrio. Estrategias familiares, espacio y clase en los PAU de Madrid', editado por Politeya, Estudios de Política y Sociedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Gutiérrez Cueli, doctora en Antropología Social e investigadora postdoctoral en la Universitat Oberta de Catalunya, apunta que un PAU no es “sostenible ecológicamente” por el uso de suelo, de energía y porque requiere de una “gran inversión pública en transporte, en dotaciones, en equipamientos”. Aquí tienes una entrevista con Inés Gutiérrez Gueli donde desgrana las consecuencias del desarrollo urbano de los PAU. 

Cada vez que habla sube el pan

A priori y quizá me arrepienta de dar esta información, no esperamos que la revisión de niveles sea significativa

María Antonia Martínez Luengo — Directora del departamento de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística

Las palabras de la representante del Instituto Nacional Estadística (INE) vienen a replantear la polémica sobre la correcta medición del PIB por parte del organismo estadístico, un tema que se ha convertido en un fuente de confrontación política ya que tanto el PP como Vox han insistido en la idea de que “la economía española es una de las peores economías en crecimiento económico en la Unión Europea en los últimos cuatro años”. Sin embargo, en las páginas de elDiario.es, desde 2021, los expertos Francisco Melis y Miguel Artola han advertido en reiteradas ocasiones sobre la subestimación del PIB por parte del INE en una serie de artículos que recogen otras fuentes estadísticas sobre los beneficios registrados por las empresas en la Agencia Tributaria, sobre las rentas, por sectores económicos, teniendo en cuenta el consumo privado, según la Estadística Estructural de Empresas, de los salarios, de las horas trabajadas, el  “fraude negativo” en el IVA o y otros datos del propio INE. En definitiva, un compendio de razones que ponen en duda la contabilidad realizada por el organismo público de estadística. En este enlace te explicamos cómo fue la jornada sobre “el futuro de las cuentas nacionales” y la posición contraria del INE a una nueva actualización del PIB tras la de septiembre de 2023.

Bien público

La Inteligencia Artificial (IA) ya está impactando en el mundo laboral. Su desarrollo en el mercado de trabajo está afectando a multitud de profesionales y de profesiones. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 28% de los puestos de trabajo en España están en riesgo de ser automatizados y el sindicato UGT estima que la IA influye en las tareas que realizan uno de cada tres empleados. El Parlamento Europeo ha aprobado un reglamento sobre esta tecnología, que incluye nuevas normas en materia laboral que los países miembros deberán asumir en un plazo de dos años, aunque en su aplicación real, la normativa europea no suaviza las implicaciones de la IA en las condiciones de trabajo. Aquí tienes el reportaje de David Noriega con testimonios de trabajadores a los que ya afecta la Inteligencia Artificial.

Nos gusta la competencia

Ahora te presentamos una seria de informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Esto es todo por este jueves. Nos vemos la semana que viene. Ya sabes que si tienes una propuesta o una idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. 

¡Buena semana!

La farmacéutica Grifols, protagonista de una grave crisis bursátil estos días tras el demoledor informe del polémico fondo especulativo Gotham, fichó como directivo a un ex socio de su auditora, KPMG, que se encargó de supervisar las cuentas anuales de la multinacional catalana durante seis ejercicios.

Se trata de David Ghosh, ex socio de la auditora KPMG, la firma que ha auditado a Grifols durante más de tres décadas, un plazo que hoy es totalmente inusual en el Ibex. Ghosh firmó los informes de auditoría de KPMG sobre las cuentas de Grifols de los ejercicios 2005-2010, ambos incluidos, todos ellos sin salvedades. El último informe, disponible en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo rubricó en febrero de 2011.

Posteriormente, y en una fecha que la compañía no precisa, Grifols fichó a Ghosh para un puesto directivo, el de Global Chief Compliance Officer. En un correo electrónico, un portavoz de la compañía indica que “actualmente no hay ningún David Ghosh en la plantilla de Grifols y tampoco nos consta con posterioridad a 2017, que es lo que hemos podido confirmar por el momento”. La empresa no facilita ninguna información sobre qué puestos desempeñó Ghosh. KPMG no comenta este asunto. 

Cuando Ghosh dejó de firmar sus informes de auditoría para Grifols, la ley vigente en ese momento prohibía a los responsables de la auditoría de una empresa fichar por ella como consejeros o directivos “durante el año siguiente a la finalización del trabajo de auditoría de cuentas correspondiente”. 

Ese plazo de incompatibilidad se redujo a un año con la ley aprobada en 2015. Fuentes del sector explican que Ghosh dejó KPMG con 62 años y que al incorporarse a Grifols ya había pasado ese plazo de incompatibilidad de dos años. 

El paso de Ghosh a Grifols fue, por tanto, legal, aunque bastante inusual en el Ibex. Un caso que se produjo más o menos por las mismas fechas fue el de Manuel Valls, ex socio de PWC hasta 2013 que auditó las cuentas de Banco Sabadell entre 2006 y 2012. Desde 2016 Valls es consejero de la entidad, con la calificación de independiente.

El trasvase de profesionales de las grandes firmas de auditoría a empresas privadas es una práctica habitual, especialmente, para convertirse en consejeros del Ibex ya en la recta final de sus carreras profesionales, en un sector en el que es habitual retirarse a los 55 años. Un ejemplo clásico es el de Manuel Soto, histórico del sector que fue fichado por Banco Santander en 1999, un año después de dejar Arthur Andersen, la actual Deloitte, auditora histórica del banco durante décadas (hasta 2015). En Santander es actualmente consejero Germán de la Fuente, que fue consejero delegado de Deloitte en España hasta 2021 y que en el pasado auditó a entidades como Bankinter.

El propio Alfredo Arroyo, actual director financiero de Grifols, fichado en 2007 como vicepresidente de Administración y Finanzas, también trabajó hace muchos años en KPMG. Arroyo fue uno de los encargados de dar explicaciones este jueves a los analistas de brókeres y bancos en una conferencia sin preguntas de la prensa para aclarar las dudas generadas con la contabilidad de la compañía por el informe de Gotham. 

Las operaciones que ha cuestionado Gotham en su informe se concentran sobre todo en el año 2018. Ghosh habría dejado la farmacéutica justo antes de ese año. El periodo en el que auditó sus cuentas es también previo a esas supuestas irregularidades, que siguen provocando dudas en el mercado. Grifols se despeñó otro 16,17% este jueves tras esa conferencia con analistas, convocada para tratar de despejar las dudas sobre su relación con su accionista el holding holandés Scranton. Grifols ha reconocido que la CNMV le ha pedido información sobre este asunto y le ha dado un plazo de diez días para responder.

El caso de Ghosh levanta interrogantes éticos sobre la relación de Grifols con KPMG, en un momento en el que la compañía está en el foco por el informe de Gotham, la firma especulativa que hundió a Gowex, contra la que Grifols ha anunciado acciones legales. KPMG ha auditado a la multinacional catalana de manera ininterrumpida durante 33 años. Solo a partir de este ejercicio se va a encargar esa labor, por obligación legal, a otra firma, Deloitte. 33 años es un plazo muy inusual desde que la entrada en vigor de la Ley de Auditoría de 2015 estableció la obligación de rotar de auditor periódicamente.

Ahora, la media de permanencia ininterrumpida de una misma firma de auditoría en las empresas del Ibex es de algo más de 6 años seguidos. En ninguna otra firma del selectivo ese plazo superaba en 2022 los 10 años, según los últimos datos de la CNMV.

Durante los años en que Ghosh auditó a Grifols, la compañía acometió importantes hitos, como empezar a cotizar en el mercado continuo español (en 2006) y desembarcar en el Ibex 35 (en 2008). En 2011 realizó la adquisición de la estadounidense Talecris Biotherapeutics, que le permitió dar el gran salto en la industria global del plasma, convertirse en el tercer fabricante mundial e iniciar su cotización en el NASDAQ estadounidense. 

El nombre de Ghosh aparece en un informe sobre el funcionamiento del comité de auditoría de Grifols correspondiente al ejercicio 2015 que ya no está disponible en la web de la farmacéutica. En concreto, entre las “actuaciones más relevantes” del ejercicio se recogía una “presentación del Sr. David Ghosh, Chief Compliance Officer a los miembros del Comité sobre los acontecimientos más relevantes en relación con el programa Grifols Ethics and Compliance Program”. El puesto de Global Chief Compliance Officer en Grifols se creó en 2011, según contaba Expansión en julio de 2016.

En aquellas fechas, el puesto de director de Cumplimiento había ganado peso en las empresas, tras la reforma del Código Penal que entró en vigor en 2015 e introdujo en la legislación española la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Un ex socio de KPMG que trabajó con Ghosh en esos años le define como “serio y buen profesional” y destaca que su puesto en Grifols no debió ser cómodo: el chief compliance officer es una especie de policía dentro de la organización, una suerte de “pepito grillo” que debe dar la voz de alarma en caso de detectar alguna irregularidad. “No es un puesto ejecutivo, sería más chocante si se hubiera convertido en director financiero, dice este ex de KPMG.

El IVA representa el 26% de los ingresos por impuestos en los países de la Unión Europea y un 28% en España. Es también un importante recurso propio de la Unión, dado que los países transfieren una parte de la recaudación para financiar el presupuesto común. Debido a su importancia, la Comisión Europea publica todos los años un informe que compara la brecha del IVA en los países de la Unión, siguiendo una metodología común. En el último informe, publicado este último mes de octubre, España aparece con una brecha prácticamente nula en 2021. Ya avisamos en un artículo del 2 de enero de 2023 que este escándalo iba a producirse, razón que motiva que en este artículo repasemos todos los ingredientes que dan lugar a un titular tan sorprendente como anómalo.

Al igual que en otros impuestos, con el IVA se puede aproximar el grado de cumplimiento utilizando agregados macroeconómicos (en una metodología top-down). Básicamente, existen dos métodos para estimar el fraude en el IVA. El primero, que es el utilizado en el Informe de la Comisión Europea que acaba de publicarse, usa los datos de la Contabilidad Nacional y otras fuentes estadísticas para estimar el gasto final sujeto a IVA, aplica a cada producto el tipo impositivo vigente y obtiene así un tipo medio ponderado. Con estas cifras, se estima la recaudación teórica, es decir, si todo el sistema funcionara a la perfección, y, después, se compara con el IVA efectivamente recaudado. La diferencia es la brecha del IVA (VAT gap, en inglés), un concepto que aproxima las pérdidas “debido a fraude fiscal, evasión fiscal, prácticas de optimización y elusión fiscal, quiebras, insolvencias financieras, así como errores de cálculo y administrativos”.

El otro método es el declarativo. En este procedimiento se compara directamente el gasto final sujeto a IVA de la Contabilidad Nacional (también llamado gasto contable), con el procedente de las declaraciones de los contribuyentes (o gasto declarado). La diferencia recoge la infradeclaración en las bases imponibles por las mismas razones antes aducidas. Este procedimiento es el más robusto, ya que no requiere estimaciones del tipo impositivo de cada actividad (o producto) para obtener como resultado un tipo medio de IVA. El método declarativo exige, sin embargo, que los países cuenten con estadísticas detalladas en las que los contribuyentes reflejen sus compras y ventas. España es uno de los pocos países que mantiene este tipo de registros y, por ello, fue este el procedimiento usado por nosotros en artículos anteriores.

En aras de la transparencia y el debate, en este artículo presentamos los resultados obtenidos con ambos métodos. Pero la primera conclusión relevante es que, en el caso español, los resultados no cambian en lo fundamental si se opta por uno u otro. Como muestra el gráfico, ambos coinciden en señalar una reducción inédita en la brecha del IVA entre 2019 y 2021. En el resto del artículo analizamos, punto a punto, los factores que podrían estar motivando este cambio para terminar señalando los déficits en las cifras actuales del PIB.

La brecha en la recaudación

El último informe de la Comisión Europea recoge el fraude en la recaudación del IVA para España en los últimos años. En el periodo de 2017 a 2019 se estimaba en torno al 7,5%, en 2020 la brecha se reduce al 5,5% y desaparece prácticamente en 2021 (un 0,8%). En cifras absolutas el cambio resulta impresionante: en 2019 el fraude en IVA se estimaba en 6.800 millones de euros y en 2021 sólo en 662 millones. ¡Una prodigiosa reducción del 90%!

Los resultados del caso español son más relevantes si se ponen en relación con los otros países de la Unión. En el siguiente gráfico se muestra el tamaño de la brecha en IVA en 2021. Según esta comparación, España se situaría, junto con Finlandia y los Países Bajos, entre los países con mayor grado de cumplimiento. Por el contrario, economías más parecidas a la española por su marco institucional y nivel de desarrollo, como son Portugal o Italia, muestran niveles muy superiores de fraude. Incluso las dos grandes economías de la eurozona –Francia y Alemania– saldrían con una brecha superior en la recaudación de IVA.

En la Europa de los 27, la brecha del IVA también se ha reducido de forma notable durante estos años. Para toda la Unión, se ha pasado del 10,7% en 2019 al 5,3% en 2021. Las reducciones, en términos porcentuales, han sido muy importantes en España, Holanda, Alemania, Italia, Polonia, y Chequia. Parte de este fenómeno puede deberse a la infraestimación del PIB. De hecho, los datos utilizados en el informe no recogen la última revisión realizada para el caso español, ni tampoco modificaciones importantes para otros países (Italia, Chequia, Chipre, etc.). A fecha actual, sabemos que la revisión del PIB en España fue bastante tímida y puede afirmarse que con los nuevos datos el IVA teórico se elevaría dos puntos aproximadamente. La brecha del IVA en nuestro país seguiría siendo increíblemente baja: 2.100 millones de euros, o un 2,5% de la recaudación teórica.

Otra razón sería la mejora en los niveles de cumplimiento. En este caso, cabe destacar que si España figura, desde hace tiempo, entre los países de reducida brecha del IVA es debido a la existencia de las declaraciones de operaciones con terceros. Desde 2017, además, con la implantación del sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) que obliga a las grandes empresas al envío diario de las facturas de compras y ventas, este control es más eficaz. Pero estas mejoras no eliminaron el fraude antes de 2019 y, resulta muy dudoso, que aumentaran su eficacia en estos años. Las autoridades también han señalado que el fraude podría haberse reducido por un mayor uso de tarjetas de crédito en los últimos años. El problema de este argumento es que obvia que no todas las compras (sea con tarjeta o en efectivo) se registran por igual a efectos del IVA. Todavía en la actualidad ocurre que importantes colectivos de contribuyentes (empresarios en módulos y los pequeños comercios regentados por personas físicas) tienen unas ventas declaradas en el IVA determinadas por sus compras (u otros indicadores), y no por sus ingresos reales. Como señalamos en la nota metodológica, la importancia relativa de estos grupos no se ha reducido. Además, el fraude puro y simple sigue ahí. De acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Fiscales, casi una tercera parte de las personas reconoce que le han ofrecido no incluir el IVA al pagar algún producto o servicio.

La extraordinaria caída de la brecha del IVA en 2020 y su práctica desaparición en 2021 debe atribuirse, sin ninguna duda, a la subestimación, por parte de la Contabilidad Nacional del gasto final sujeto a IVA en 2020 y 2021. Para entender el alcance de este fenómeno, resulta más útil analizar los puntos clave desde la perspectiva de las bases imponibles.

Gasto declarado y gasto contable

La comparación del gasto sujeto a IVA requiere establecer una referencia homologable entre las bases imponibles declaradas y la base teórica que se desprende de las cuentas nacionales. En España, el cálculo de la base imponible teórica lo realiza el propio INE para obtener la base uniforme del IVA que exige la Unión Europea y para la construcción del indicador para el reparto de la recaudación del IVA entre las Comunidades Autónomas. Desgraciadamente, la breve nota metodológica que publica el INE solo recoge el reparto territorial, pero no la base imponible teórica que elabora. Como alternativa, hemos calculado una base teórica con los últimos datos de la Contabilidad Nacional, según se detalla en la nota metodológica. Este indicador puede después compararse con el gasto final sujeto recogido en las estadísticas de la Agencia Tributaria si se tienen en cuentas las diferencias territoriales (es decir, entre el territorio nacional y el administrado por la AEAT que excluye País Vasco, Navarra y Canarias). Los datos que subyacen a estas estimaciones están asimismo disponibles para los lectores interesados.

El hecho más importante se reproduce en el siguiente gráfico, que compara esta base teórica sujeta a IVA y las bases imponibles declaradas a Hacienda. Entre 1995 y 1997 la diferencia entre el gasto contable y el declarado rondaba el 18%, en línea con los índices de fraude superiores al 20% que estimaba el Instituto de Estudios Fiscales en la primera parte de esa década. Pero desde 1998 a 2016 se ha mantenido en torno al 10% del gasto contable y en el trienio 2017-2019 anterior a la pandemia se cifra en un 8,5% o unos 50.000 millones de euros anuales. En 2020 se reduce a un 3% y en 2021 y 2022 se hace negativo, de manera que el gasto declarado a Hacienda supera el estimado por la Contabilidad Nacional, lo que es imposible. El fraude negativo no puede darse porque el PIB recoge actividades informales e ilegales que, por definición, no aparecen en las estadísticas tributarias (aunque sea ocioso señalarlo, los narcotraficantes no presentan declaraciones de impuestos). El tratamiento generoso que se hace en términos fiscales de determinadas ventas (como señalábamos antes sobre empresarios en módulos y pequeños comercios) empujarían de forma adicional a que esta diferencia fuese positiva. En suma, para corregir esta anomalía, la Contabilidad Nacional debería elevar el gasto sujeto a IVA en 2020 en unos 30.000 millones de euros y en 2021 y 2022 en unos 60.000 millones de euros. De lo contrario, España seguirá apareciendo como un imposible fraude negativo en 2021 y 2022 como se observa en el gráfico.

¿Suben o bajan los impuestos?

La discusión sobre las cuentas nacionales y el gasto en el IVA debe continuarse, pero también es cierto que para muchos ciudadanos este tema siempre resultará lejano y complejo. Sin embargo, los datos que se utilicen también deben responder a preguntas relativamente sencillas como, por ejemplo, si los impuestos han subido o bajado en los últimos años. Con las cifras anteriores (ver la nota metodológica para más detalles) se puede calcular un tipo medio de gravamen en el IVA de acuerdo con la Contabilidad Nacional y con los registros de la Agencia Tributaria. Los resultados aparecen en el gráfico adjunto.

El hecho decisivo está en las tendencias relativas. Si nos atenemos a los datos del PIB del INE, en España se ha producido un aumento muy considerable del tipo implícito en el IVA. Este habría pasado de estar en torno al 13,5% entre 2015 y 2019 al 15,2% en 2021. Una subida de 1,8 puntos en apenas dos años en los que no se han producido cambios normativos relevantes resulta un misterio se mire como se mire, ya que es casi tan fuerte como la que se produjo a partir del incremento de tipos de septiembre de 2012, cuando el tipo general pasó del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10%. Por el contrario, los informes de recaudación de la Agencia Tributaria indican que en 2020 el tipo medio de IVA no varía y en 2021 se registra un descenso de una décima de punto fruto de una primera bajada del tipo de la electricidad de los hogares (desde el 21% al 10%), que compensa sobradamente la subida en el tipo de las bebidas azucaradas. La tendencia descendente se acentúa en 2022 al añadirse la bajada adicional del tipo de la electricidad, junto con otras en el gas natural, la madera y los pellets.

¿Es la brecha fiscal una brecha estadística?

Esta breve nota sobre la situación del IVA y el alcance del fraude ponen de nuevo de manifiesto el desajuste entre las cuentas nacionales y las estadísticas tributarias en nuestro país. La razón última de esta diferencia se debe a un problema latente y no resuelto en sistema europeo de cuentas nacionales. En la Unión Europea, el cálculo del PIB y del resto de las magnitudes macroeconómicas debe hacerse según una serie de reglas comunes. Estas reglas vienen acompañadas de unas recomendaciones en las que se hace explícito el uso de los registros fiscales (referidos al valor añadido, salarios o beneficios) como una posible fuente de información. Sin embargo, lo cierto es que los institutos estadísticos de cada país gozan de un considerable grado de autonomía para operar con las fuentes que convengan. También existe un margen considerable para detallar con mayor (o menor precisión) el sentido de sus estimaciones.

En el caso español, el INE dispone desde la década de los 90 de información fiscal para realizar sus estimaciones, pero no se conoce cómo se emplean estos registros. El documento metodológico clave de las cuentas nacionales (la llamada guía-inventario) no es público y en su lugar solo disponemos de referencias parciales en donde sí se menciona al uso de fuentes fiscales como, por ejemplo, las ventas declaradas a Hacienda. No es cierto, como algunos han querido señalar durante el último año, que las bases imponibles declaradas a Hacienda sigan una lógica propia que les hace inservibles para tomar el pulso a la economía. Lo que sí ha sucedido es que, en España, nadie se ha preocupado de hacer un ajuste adecuado entre ambos registros que explique las diferencias y la evolución de estas en el tiempo. El gran shock económico de 2020 hizo saltar por los aires las pequeñas diferencias que existían hasta entonces y todavía tres años más tarde estamos preguntándonos por cuestiones básicas sobre la salud de nuestra economía y el verdadero alcance de la presión fiscal.

La experiencia de estos años ha puesto de manifiesto los errores que se producen cuando no se utilizan las estadísticas tributarias que proporcionan en España, con razonable rapidez, las magnitudes de salarios, rentas y gastos que declaramos la totalidad de los contribuyentes. Hace ya casi treinta años, Begoña Sanz, una experta en Contabilidad Nacional que trabajaba en el Instituto de Estudios Fiscales recordaba en un artículo titulado “Acerca de la exactitud de la Contabilidad Nacional” que las estadísticas tributarias constituyen, por su naturaleza, un suelo, una cuantificación mínima. En ese momento, el comentario venía motivado porque los salarios declarados a Hacienda en 1992 y 1993 superaban en un 7% los salarios publicados por la Contabilidad Nacional. El asunto llegó a ser publicado en El País, pero tuvieron que pasar varios años, con sucesivas rondas de revisión, para que el INE terminara por realizar el ajuste necesario.

¿Les suena este problema? Nuestros lectores habituales recordarán que durante los dos últimos años hemos puesto de manifiesto este mismo asunto con los salarios y que solo ha sido resuelto con la última revisión del PIB. Pero en el caso del gasto sujeto a IVA, que está estrechamente relacionado con el consumo de los hogares, la necesaria revisión está todavía pendiente. Un paso en la buena dirección sería que el INE publicara, como apéndice a sus estimaciones, la medida del gasto final sujeto a IVA que ya realiza para el reparto territorial de la recaudación. Otra medida, sin coste alguno, sería la publicación de la guía-inventario en donde los responsables de las cuentas nacionales detallan el sentido de sus estimaciones. Estas dos sugerencias van acordes a las recomendaciones de la AIReF en 2019 y las realizadas por una comisión de expertos en 2022. Esta mejora en la transparencia serviría para encauzar un debate sin tener que esperar a la próxima revisión de septiembre de 2024.

El economista, divulgador y profesor de la Universidad de Barcelona Josep Maria Gay de Liébana ha fallecido a los 68 años, según informa TV3. Padecía un cáncer de riñón con metástasis. El profesor, ganador del premio 'Economía' por la Asociación Española de Prensa Extranjera por radiografiar y denunciar la crisis española, se había especializado en el ámbito de la contabilidad y el análisis de la actualidad económica.

Conocido en los medios como el 'economista indignado', Gay de Liébana ejercía de profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Barcelona y era Académico Numerario de la Real Academia de Doctores. Autor de numerosos libros, participaba habitualmente como comentarista de actualidad económica en diversos programas de televisión y radio, y escribía en prensa, revistas y publicaciones especializadas, como la Cope, La Vanguardia y La Sexta.

Nacido en Barcelona en 1953, era un gran aficionado del RCD Espanyol. Entre sus obras destaca “España se escribe con E de endeudamiento” (Grupo Planeta, 2012), “¿Dónde estamos?: verdades, mentiras y deberes pendientes de la recuperación económica” (Grupo Planeta, 2015) o “La gran burbuja del fútbol: Los modelos de negocio que oculta el deporte más importante del mundo” (Penguin Random House, 2016).

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, asegura que una de las cosas que las que más orgulloso está es de la “transparencia” con la que gestiona el ente. Así replica al informe del Consello de Contas que detectó “defectos graves” en las cuentas de 2018 y sacó a la luz que el 80% de los contratos y subvenciones se dieron ese año a dedo y que el 70% de los contratos menores se entregaron a solo cinco empresas. Asegura que todas las administraciones utilizan estas vías y que la diferencia es que el organismo provincial que dirige es “tan transparente y abierto” que da datos al respecto.

Baltar asegura, en una entrevista con Europa Press, que sus prácticas están dentro de “la legalidad absoluta” y le resta importancia al trabajo del órgano fiscalizador, que reveló que en la Diputación de Ourense hubo en 2018 millones en créditos no presupuestados, facturas fuera de plazo, subvenciones sin control y contratos a dedo. “Como todo informe no es nada más que eso y admite alegaciones”, manifiesta e indica que ya las ha presentado.

Sus operaciones nunca se encontraron con “reparos” de la Intervención, sostiene. El trabajo de las cuentas lo hacen “profesionales de la casa” y cree que los rivales políticos que lo cuestionan están “atacando” a los funcionarios “con habilitación nacional” de la Diputación que son “responsables” de ese liderazgo en transparencia que dice que tiene Ourense. “Yo me limito a gestionar. Los resultados están ahí y la legalidad es absoluta. Otros se dedicarán a hacer barullo con esto”, insiste.

A pesar de los defectos relatados en el informe de Contas, Baltar asegura que la concurrencia competitiva es “una de las máximas” de la institución que preside. La Diputación concede ayudas a municipios “de todos los colores”, agrega.

Tras conocerse el documento sobre la gestión de la única diputación provincial gallega actualmente en manos del PP, el presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, también le restó importancia y evitó pronunciarse sobre las irregularidades: “Cuando algún alcalde es apercibido -por el Consello de Contas-, yo no tengo que interpretar cuál es la respuesta de ese alcalde. Le corresponderá a ese alcalde o presidente de una diputación responder”.

El informe que acaba de hacer público el Consello de Contas de Galicia sobre la cuenta de 2018 de la Diputación de Ourense es un muestrario del descontrol que campa a sus anchas por una institución que maneja anualmente más de 80 millones de euros. El documento, que se hizo público este martes, corre el riesgo de acabar olvidado en un cajón, ya que el órgano fiscalizador carece de competencias para iniciar un proceso en el que derivar responsabilidades contables. El Partido Socialista ha anunciado que estudia emprender acciones legales contra lo que denomina “una trama espúrea de intereses basada en los contratos a dedo de Baltar”.

El Consello de Contas ha enviado el texto al Parlamento de Galicia y al Tribunal de Cuentas. Será este último organismo el que decida si, en caso de percibir indicios de irregularidad, inicia diligencias de investigación. La auditoría sobre las finanzas de 2018 en los dominios de José Manuel Baltar (PP) revela una manera de hacer las cosas al margen de la ley de manera sistemática: millones en créditos no presupuestados, facturas fuera de plazo, subvenciones sin control y contratos a dedo, en su mayoría para cinco empresas privilegiadas.

Lo que sigue son las ocho principales advertencias que realiza el órgano fiscalizador en un documento de más de cien páginas y que podría acabar convertido en papel mojado.

No hay contabilidad que sirva

Los números presentados por la Diputación al Consello de Contas presentan defectos de tal calibre que “impiden considerarla como rendida” hasta que se sean subsanados. Dicho en otras palabras, lo que la institución ha enviado al órgano fiscalizador con apariencia de contabilidad no puede ser considerada como tal. Además, las cuentas se presentaron fuera de plazo por lo que el equipo de Baltar estaría desatendiendo los preceptos a los que obliga el artículo 223.2 de la Ley de Haciendas Locales.

A la hora de contratar personal, la Diputación de Ourense se ha olvidado de contratar funcionarios para ejercer las labores de autocontrol sobre el dinero público que maneja el organismo. Según reza en el informe del Consello de Contas, “la Diputación no cuenta con la suficiente estructura de personal para dar cobertura a las exigencias en materia de control financiero que regula el Real Decreto 424/2017”.

30 millones fuera de presupuesto

El dinero aparece en la Diputación de Ourense por medio de créditos que se improvisan durante cada ejercicio y sin que estos sean incorporados a la planificación presupuestaria de cada anualidad. En 2018 esos incrementos crediticios rozaron los 30 millones de euros, una tercera parte de toda la deuda prevista inicialmente.

A respecto de lo anterior, el Consello de Contas asegura: “Se produjeron modificaciones presupuestarias por valor de 29.546.687 euros, circunstancia que también se produjo en los cuatro ejercicios anteriores”. Se trata de dinero que no siempre se gasta en aquello para lo que se solicita “se detectó la existencia de aplicaciones presupuestarias con importantes incrementos de crédito en las que la ejecución no alcanzó el 25%”.

Sin red ante la ley

Otra de los defectos señalados por el fiscalizador es la ausencia total de previsiones ante la posibilidad de reclamaciones judiciales. “No se dota ninguna provisión para cubrir los riesgos que pudieran derivarse de la resolución de procedimientos judiciales”, reza el informe. O bien el equipo de Baltar da por sentado que siempre ganarán en los tribunales o alguien de su equipo se olvidó de incluir una provisión de fondos ante la posibilidad de que alguna vez un juez no les de la razón.

Facturas fuera de plazo

Durante el año analizado (2018), la Diputación reconoció en un acuerdo extrajudicial deudas por 282.824 euros correspondientes a 132 facturas del año anterior (2017). Para solucionar el agujero, el equipo que dirige José Manuel Baltar registró y conformó las facturas pendientes un año después de haberse realizado los trabajos con los que estas se correspondían. Todo ello, señala el Consello de Contas, “sin tramitar el correspondiente expediente de omisión de fiscalización previa”.

No saben lo que tienen

Otro capítulo destacado del examen financiero al que ha sido sometido el organismo tiene que ver con los bienes de los que la Diputación es propietaria. Según el Consello de Contas no se puede saber a ciencia cierta qué inmuebles son propiedad de la Diputación ni si están anotados en el Registro de la Propiedad. El informe lo relata del siguiente modo: “La entidad tiene un inventario provisional en el que no consta su fecha de aprobación y en el que tampoco se indica el valor de los bienes y si los inmuebles están inscritos en el Registro de la Propiedad”.

Subvenciones a dedo sin control

La manera más frecuente de otorgar subvenciones en la Diputación de Ourense es a dedo. El Consello de Contas ha calculado los porcentajes para concluir que el 84% de estas ayudas se han otorgado por ese método. Esta práctica choca con la Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.

Además se prescinde de cumplir con las obligaciones de transparencia y publicidad para este tipo de ayudas pagadas con fondos públicos. Según relata el documento, “no se cumple con la obligación de publicidad en las subvenciones nominativas”

La tarta de los contratos, en manos de cinco empresas

Ocho de cada diez contratos se conforman bajo el paraguas de “contrato menor”, mucho menos exigente en criterios de transparencia que otros modelos de mayor importe. Sin embargo, solo cinco empresas se llevan el 70% de esos contratos menores y al menos dos de ellas recibieron en un solo año más de un millón de euros sumando cada una de las pequeñas adjudicaciones recibidas.

Además, en 15 de los contratos analizados “se superó el límite cuantitativo establecido en la Ley de Contratos Públicos”.

El Consello de Contas pone en duda también la independencia de las personas que configuran las mesas de contratación del órgano provincial y señala que “no se ha firmado una declaración de ausencia de conflicto de intereses por las personas implicadas en los procesos de contratación”.

Mayoría absoluta de eventuales

Sobre el personal que dirige Baltar al frente de la Diputación, Contas denuncia la escasez de funcionarios cuyas labores realiza personal eventual. El informe asegura: “El personal funcionario representa solo el 29% del total del personal de la Diputación”, lo que dibuja un mapa laboral en donde dos de cada tres trabajadores dependen directamente de la familia Baltar, al menos desde 1987.

Además, del informe de fiscalización se deduce que en la Diputación de Ourense puede trabajar cualquiera, sin límites que colisionen con otras funciones y recibiendo pagas extra a voluntad de la dirección. El texto, que viaja ya camino del Parlamento de Galicia, asegura: “La entidad no dispone de regulación propia sobre los incentivos al rendimiento ni sobre régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses”.

Ocho de cada diez contratos y subvenciones movilizadas por la Diputación de Ourense fueron otorgadas a dedo. Y el 70% de los contratos menores a solo cinco empresas. Estos son algunos datos que se desprenden del informe del Consello de Contas sobre la contabilidad de la Diputación de Ourense en 2018. El documento constata “defectos graves” que “impiden considerarla como cuenta rendida” y pone el foco en que la institución provincial optó por vías distintas a la de la concurrencia competitiva a la hora de entregar en ese ejercicio la mayor parte de contratos y subvenciones.

La institución provincial, que dirige Manuel Baltar, del Partido Popular, presentó alegaciones en las que recuerda que sufrió un hackeo que afectó a sus sistemas y a la cuenta general de este ejercicio, y que no tenía “intencionalidad” alguna de ocultar documentación al órgano fiscalizador. Al respecto, el informe constata que ha repetido la rendición -recibida a 25 de enero de este año y aún no revisada. Así lo recoge el documento aprobado por el pleno del órgano fiscalizador el pasado 1 de marzo, que certifica que la institución provincial, que sí cumple con los plazos fijados para aprobar sus presupuestos anuales, no se ajustó al establecido para la rendición de la cuenta general de 2018 y que, además, presenta “defectos graves”, informa Europa Press.

Entre otras cuestiones, subraya que no se remitió información sobre la suscripción de cualquier tipo de convenio que supusiera compromisos económicos de más de 600.000 euros según se establece en la ley del régimen general del sector público. Sí se remitió al Tribunal de Cuentas y al órgano fiscalizador gallego la información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales contrarios a reparos formulados por interventores locales y anomalías detectadas en materia de ingresos.

Subvenciones y contratos

Con detalle incide Contas en el análisis de las áreas de subvenciones y contratación de la institución provincial. Así, reprueba que el procedimiento de concesión de subvenciones más empleado fue “la concesión directa nominativa” prevista en los presupuestos, que representa el 84% de las subvenciones concedidas en el ejercicio de 2018; además, durante el ejercicio se realizaron varias modificaciones presupuestarias para incluir nuevos beneficiarios y ayudas. Censura, del mismo modo, que la institución que dirige Manuel Baltar no cumple con la obligación de publicidad en la en la base nacional de subvenciones en relación con las ayudas nominativas.

Y en lo que respecta a los contratos, apunta que el 80% del volumen contratado en 2018 se realizó como “contrato menor”. Por este procedimiento se adjudicaron todos los contratos de obras del plan provincial de cooperación a obras y servicios municipales. Subraya que, de acuerdo con sus bases de ejecución, la competencia para la contratación de las obras del plan corresponde a la Diputación. Asimismo, se constata que el 70% del volumen de los contratos menores de obras se concentraron en cinco adjudicatarios; y entre las empresas adjudicatarias de contratos menores, dos superaron el millón de euros de facturación y seis los 100.000 euros.

Por otra parte, Contas incide en que hay contratos menores, como el servicio de reparación de vehículos que, por su objeto, tienen carácter recurrente y se van a repetir en años sucesivos, que podrían ser incluso considerados “contrarios a derecho” si el órgano de contratación es consciente de sus características cuando empieza a tramitarlos. Tanto en el caso de ayudas como de contratación, Contas recomienda dar preferencia a otro tipo de procedimientos asentados en la concurrencia competitiva.

Ofertas “anormalmente bajas” y personal

Contas también detecta una falta de criterios homogéneos “en la identificación de ofertas anormalmente bajas” y afea a la institución provincial que “no existe una planificación de la contratación a medio plazo” ni se firma una declaración de ausencia de conflicto de intereses por los implicados en los procedimientos de contratación. Asimismo, ratifica que el personal funcionario representa solo el 29% del total del personal de la Diputación. Y en el apartado de transparencia, insta a la Diputación a completar la información que tiene que ser publicada por “obligación legal”, incluyendo la revisión de la organización de la información y su actualización, empleando siempre formatos de archivos electrónicos reutilizables.

Sin personal para control financiero

Al tiempo, concluye que la Diputación “no cuenta con una suficiente estructura de personal” para dar cobertura a las exigencias en materia de control financiero. Asimismo, hace constar que, en el ejercicio analizado, se produjeron modificaciones presupuestarias por más de 29,5 millones, que representan más del 36% de los créditos iniciales, circunstancia que “también se produjo en los cuatro ejercicios anteriores”. En este sentido, se halló la existencia de aplicaciones presupuestarias con importantes incrementos de crédito en las que la ejecución no alcanzó el 24%.

El informe de Contas sí concreta que se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto, de deuda y del periodo medio de pago; al tiempo que subraya que no dota ninguna provisión para cubrir los riesgos que pudieran derivarse de la resolución de procedimientos judiciales. En el ejercicio fiscalizado se agrega que se aprobó un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por casi 283.000 euros, correspondiente a 132 facturas del ejercicio de 2017 que se registraron o conformaron en 2018 y sobre las que consta que no se tramitó el correspondiente expediente de omisión de fiscalización previa.

Contas también incide en que la institución provincial tiene publicado un inventario provisional en el que no consta su fecha de aprobación o actualización, y en el que tampoco se indica el valor de los bienes y si los inmuebles están inscritos en el registro de la propiedad. Agrega que “no realiza” comprobaciones sobre el estado de conservación de los bienes de los que es titular.

Alegaciones de la Diputación

Por su parte, la Diputación presenta alegaciones en las que incide que se remitió la cuenta el 16 de octubre de 2019, solo dos días después de que finalizase el plazo; y alerta de problemas informáticos que afectaron a información relativa a las nóminas del personal y a movimientos contables. Del mismo modo, se apunta que el 5 de noviembre de 2019 se detectó “un error muy grave” en el pago de una lista de subvenciones destinadas a varias asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia; y que tras investigar y denunciar el asunto, se descubrió que un hacker había accedido a los sistemas informáticos de la Diputación --en su momento se hizo público este caso de hackeo para el desvío de fondos de ayudas públicas y hubo un detenido--.

La Diputación agrega que este hackeo también afectó a la cuenta y que nunca hubo “intencionalidad” alguna de omitir a Contas información relevante. Por otra parte, defiende que sí hace provisión para los riesgos que se pudieran derivar de la resolución de procedimientos judiciales por importe de 100.000 euros. Al tiempo, garantiza que los defectos de subvenciones quedarán subsanados en 2021 y justifica la vía por la que se opta para contratar. En concreto, subraya que cada contrato menor tiene como objeto prestaciones “cualitativamente diferentes” y, sobre la declaración de ausencia de conflicto de intereses por los implicados en los procedimientos, se concluye que esta existe desde 2020.

Al respecto de las alegaciones, Contas ratifica que, al margen de reflejar problemas de seguridad en los sistemas informáticos de la institución, no se aportan argumentos que rebatan lo expuesto en el informe, aunque se tendrá en cuenta en la revisión de la nueva rendición de la cuenta, remitida el 25 de enero de 2021 y no revisada al cierre de este informe de fiscalización.

Hace siete años, la que era entonces presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, eliminó varias instituciones y organismos autónomos de la comunidad autónoma, como el Consejo Económico y Social (CES), el Defensor del Pueblo y la Sindicatura de Cuentas. Este último, era el órgano fiscalizador del sector público regional, es decir, quien supervisaba y auditaba la contabilidad económica y financiera de las administraciones públicas de la región. Y renacerá en breve con otro nombre: Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha. Ya se ha sometido a información pública el proyecto de ley para su creación, donde se detallan sus objetivos, su funcionamiento y su alcance, con significativas novedades.

Desde que Castilla-La Mancha dejó de tener este órgano de supervisión, la auditoría de las administraciones públicas regionales la ha llevado a cabo el Tribunal de Cuentas, que tiene carácter estatal y que realiza esta labor en todas las autonomías sin órganos propios de control.

Con la creación de nuevo de este tribunal autonómico, la región recuperará su potestad para realizar la fiscalización externa de la actividad económica, financiera y contable del sector público de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas. Porque tal y como establece la doctrina del Tribunal Constitucional, el enjuiciamiento solo puede realizarlo el tribunal estatal, pero la fiscalización propia pueden llevarla a cabo las autonomías, aunque en colaboración y cooperación con este último.

Entre los motivos que el Gobierno esgrime en el anteproyecto para volver a poner en marcha este órgano, dependiente de las Cortes regionales y con autonomía funcional, se encuentran los cambios que en los últimos años han experimentado las administraciones, sobre todo en cuanto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y a la necesidad de dar respuesta a las demandas ciudadanas sobre transparencia. Según se establece en el anteproyecto, el objetivo fundamental de la futura Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha será impulsar la transparencia, la integridad y la buena administración en la gestión de los recursos públicos, prestando especial atención al análisis de los objetivos y resultados en materia de igualdad de género y sostenibilidad ambiental.

Concretamente, el nuevo órgano fiscalizará a la Administración regional, sus organismos autónomos, las Cortes autonómicas, la Universidad de Castilla-La Mancha, ayuntamientos, diputaciones, y también a las personas físicas y jurídicas beneficiarias de subvenciones o de cualquier ayuda pública procedente de las anteriores entidades, las empresas adjudicatarias de contratos del sector público, y los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones de electores exclusivamente en lo que se refiere a la gestión de subvenciones y asignación de gastos electorales procedentes del Presupuesto autonómico.

Entre las funciones que detalla el anteproyecto, es importante señalar que si en el ejercicio de su función fiscalizadora, la Cámara de Cuentas advirtiera de la existencia de indicios de responsabilidad contable, debe dar traslado de ello al Tribunal de Cuentas, por su exclusiva competencia para ello. De hecho, los informes que emita (de oficio o a petición externa con carácter excepcional) no tendrán carácter vinculante y su elaboración deberá llevarse a cabo en los plazos y por el procedimiento establecido en su reglamento.

Pero, ¿cuál será el alcance de esa función fiscalizadora? En el texto legislativo se establece que podrá auditar la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, es decir, su contabilidad, así como de todos los demás entes mencionados. También podrá fiscalizar los contratos del sector público, sea cual sea su naturaleza; evaluar la situación y variaciones del patrimonio público; examinar las cuentas de subvenciones y ayudas de las administraciones, así como los créditos extraordinarios que soliciten; y controlar la contabilidad electoral. Para ello, estará facultado para acceder a todos los expedientes y documentos del sector público -incluidas bases de datos- o requerir a toda persona natural física o jurídica que haya mantenido relaciones de tipo económico con las administraciones públicas que proporcionen toda clase de documentos, datos e informes.

Regulación, multas y composición

Para el ajuste y cumplimiento de estas funciones, será fundamental el procedimiento, cuya regulación también recoge el anteproyecto de ley. Así, la Cámara de Cuentas elaborará y aprobará un programa anual de fiscalización en el que se incluirán las actuaciones a desarrollar durante ese ejercicio. También podrá aprobar planes estratégicos de duración plurianual.

Otro aspecto significativo es que la falta de remisión de la información solicitada por este nuevo órgano o el incumplimiento reiterado de los plazos establecidos incluye multas coercitivas al personal o autoridades que resulten responsables. Las cuantías serán como mínimo de 300 euros y como máximo de 6.000 euros.  

En el proyecto de ley también queda fijada la composición de la nueva Cámara: la Presidencia (con un mandato de seis años, renovable por una sola vez), las Auditoras o Auditores de Cuentas y la persona titular de la Secretaría General. Con los auditores o auditoras se refiere a los cuatro miembros nombrados por la Presidencia entre profesionales con titulación académica superior y con más de seis años de experiencia acreditada en materia de contabilidad y análisis fiscal. Este personal es el que dirigirá las actuaciones de fiscalización; y supervisará los trabajos desarrollados por la diferentes unidades de análisis.

Finalmente, nada incluye esta normativa sobre el coste de la creación de este nuevo órgano. Explica que será la propia Cámara de Cuentas quien elaborará y aprobará su presupuesto y lo remitirá a las Cortes y a la Consejería de Hacienda, para su inclusión, como sección independiente, en los presupuestos autonómicos. Añade en disposiciones adicionales que, respecto a las actuaciones de fiscalización ya iniciadas  por el Tribunal de Cuentas, la Cámara castellanomanchega podrá asumir el conocimiento de los procedimientos de fiscalización en curso, previo acuerdo con el tribunal estatal y evitando la duplicidad de actuaciones.

El fiscal del caso Recinto Ferial ha concluido en un informe que existen “fundados indicios” de que el exjefe de Contabilidad y Administración de esa sociedad pública cien por cien del Cabildo de Tenerife Ignacio Castillo Melo (en la actualidad jubilado) “pudo apropiarse para sí, con ánimo de lucro”, de fondos que superan los 270.000 euros (el doble de lo inicialmente apuntado por la dirección de la empresa pública), por lo que sostiene que ese antiguo empleado público pudo haber cometido un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de falsedad documental.

Así lo señala la Fiscalía en la celebración de una comparecencia prevista en Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que ha sido notificada a las partes este miércoles, un documento oficial al que ha tenido acceso Tenerife Ahora.

El conocido como Recinto Ferial de Tenerife, que gestiona la empresa del Cabildo Institución Ferial de Tenerife, SA, está adscrito al área de Desarrollo Económico, bajo control del consejero insular de CC Efraín Medina (a su vez consejero delegado de la entidad mercantil, con Carlos Alonso de presidente de ese órgano). En la etapa en que ocurrieron los hechos descritos por la Fiscalía, el puesto de gerente lo ocupaba el hace poco fallecido Ignacio Pintado, un hombre puesto en esa ocupación por Coalición Canaria.

En su escrito, el Ministerio Fiscal aprecia “indicios fundados de que el investigado, aprovechándose del control absoluto que ejercía sobre la contabilidad y sobre la caja de la sociedad [Institución Ferial de Tenerife, SA], incluyendo los ingresos en efectivos provenientes de las taquillas, pudo apoderarse para sí, con ánimo de lucro” de cantidades que suman la referida cifra.

El desglose de los recursos económicos, según el reseñado informe del fiscal, de los que supuestamente se apropio el encausado es el siguiente: 8.160 euros que debía devolver y el fiscal cree que “con ánimo mendaz” simuló en la contabilidad haberlo hecho; 9.219 euros en importe en efectivo correspondientes a vales de caja; 6.088 euros en salidas de caja no justificadas; 104.561 euros en pagarés que figuran como pendientes de cobro; 128.770 euros en pagarés que no está acreditado que se hayan cobrado; 12.827 euros correspondientes al pagaré de Rider Producciones satisfecho a IFTSA; 574 euros de un pagaré de Fama Trauma Viva, SL, que se ha acreditado como satisfecho a la sociedad del Cabildo, y 354 euros por supuesto pago de impuestos personales con dinero público.

El grupo de Compromís del Ayuntamiento de València ha denunciado este jueves que “el PP continúa ocultando la contabilidad de su Grupo Municipal en el Ayuntamiento de València”.

Según la formación, “lo hizo hasta ahora, como se desprende de las investigaciones policiales y judiciales que han servido para apuntar hacia una financiación presuntamente irregular de sus campañas electorales de 2007, 2011 y 2015, y todavía continúa haciéndolo”.

Así, tras la medida impulsada como consecuencia de la Comisión de Investigación del Caso Taula, por la cual, los grupos municipales han publicado sus gastos, desde Compromís han asegurado que el PP no ha publicado que tenía dos cuentas en paralelo.

De hecho, según la formación valencianista, “han obviado su cuenta en B con ingresos fuera de la legalidad por la que están siendo investigados todos los concejales del grupo popular –excepto uno- en el juzgado número 18 de València, en el llamado caso Taula”.

Tal y como ha explicado el portavoz municipal de Compromís, Pere Fuset, “la cuenta en B que el Grupo Municipal Popular no quiere publicar, con la connivencia de Isabel Bonig y Mariano Rajoy, es la misma desde la que se pagaba a las empresas vinculadas con el entramado de Trasgos y Laterne, que a su vez recibían fondos de empresas contratistas del Ayuntamiento de València, así como de fundaciones y entidades financiadas con fondos municipales. El PP solamente publica su cuenta ‘oficial’ pero no la que quedaba fuera de toda legalidad. Una práctica de ocultación que parece bendecida por la estructura local del PP, en manos de Luis Santamaría, así como de la regional, con Isabel Bonig a la cabeza, y nacional, con un Mariano Rajoy que todavía no ha tomado cartas sobre el asunto de su corrupción en València”.

En esta “cuenta en B”, según Compromís, se ingresaban grandes sumas de dinero desde hacía años, con las que supuestamente el PP financiaba ilegalmente sus campañas electorales, y es en esa misma cuenta donde prácticamente todos los miembros del Grupo Municipal Popular hacían sus “peculiares” aportaciones de 1.000 euros que, según desvelaron algunos testigos, después les eran devueltos en dos billetes de 500.

“Atajar la corrupción en el Ayuntamiento ha sido un objetivo primordial del gobierno de Joan Ribó y por eso se constituyó una comisión de investigación en el consistorio valenciano”, entre cuyas conclusiones se propone “que haya mayor fiscalización de los gastos de los grupos, con documentación acreditativa, con la realización de fichas agrupadas por gastos y la publicación en la web municipal”, han explicado.

Compromís insta al Partido Popular a explicar los 69 apuntes que existen en su contabilidad en B en el Ayuntamiento de València desde el 13 de junio de 2015 (día de la constitución de la actual corporación) hasta el estallido de la operación Taula y que el Grupo Popular no ha publicado en la web municipal.

Fuset ha explicado: “en dicho periodo, el actual portavoz Eusebio Monzó ya formaba parte del Grupo Municipal Popular, y no entendemos qué está escondiendo y por qué”.

“Exigimos una explicación por la ocultación de los ingresos por lotería (18.000 euros), de las aportaciones a las agrupaciones del PP en toda la ciudad (se hacían periódicamente pagos de 825 euros a cada una de las agrupaciones), a qué corresponden los ingresos mensuales de 1.322 euros que figuran en su cuenta en B bajo el epígrafe de 'aportaciones PP', o a qué iban destinados sus cheques emitidos desde esa misma cuenta opaca”, tal y como se ha desvelado.

El partido Podemos informó este miércoles de que el Ministerio Fiscal ha solicitado a la jueza instructora de la causa abierta por la supuesta malversación de caudales públicos en la Institución Ferial de Tenerife (IFTSA), o sea, el Recinto Ferial de Santa Cruz, “la declaración de complejidad de la presente causa a los efectos de ampliar su instrucción por un periodo inicial de 18 meses, sin perjuicio de ulterior prórroga en caso de ser necesaria”.

Para el grupo insular de Podemos, esa solicitud “confirma la gravedad de los hechos que se están investigando en torno a las cuentas y la falta de controles económicos del dinero público que maneja esta sociedad dependiente del Cabildo de Tenerife”.

El “escándalo”, que ha derivado en esta investigación judicial que se instruye en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife, trascendió a mediados de 2016, cuando se jubiló el exjefe de contabilidad, Ignacio Castillo Melo, y quedó de manifiesto que las cuentas de la sociedad no cuadraban, destaca la formación morada.

El entonces gerente de la Institución Ferial de Tenerife, Ignacio Pintado, confirmó vía auditoría contable que había un agujero económico de un mínimo de 124.000 euros, e interpuso denuncia ante Fiscalía, gestión tras la que fue destituido por el presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC).

El pasado mes de marzo, tras investigar los hechos, el Ministerio Fiscal interpuso denuncia judicial contra el exjefe de contabilidad y administración por un supuesto delito de malversación de caudales públicos y, una vez admitida a trámite, el grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife solicitó personarse en el caso.

Como explica el consejero insular y representante de la formación en el consejo de administración de la Institución Ferial, Julio Concepción, “nuestra intención con esta personación, que ya ha sido aceptada, es colaborar en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de todas las responsabilidades, incluso las políticas, que puedan derivarse del desfalco constatado en esa sociedad pública, tal y como estamos haciendo en los casos Sinpromi y Carreteras, las otras dos causas en las que estamos personados como grupo político, y como intentamos hacer en la investigación judicial abierta en torno a la trama de peleas clandestinas de perros y apuestas ilegales detectada en la isla”.