Nuevas esperanzas para los familiares de las víctimas del franquismo. Quienes llevan décadas luchando por la exhumación de la fosa común de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, se han mostrado este jueves emocionados con el hecho de que la cata arqueológica realizada estos últimos días esté arrojando datos positivos. El sondeo ha confirmado que en la fosa se encuentran aún restos mortales, por lo que no fue vaciada como se temía. Además, los restos óseos están en buen estado de conservación. Su hallazgo, abre la puerta a una posible exhumación, a la espera del informe definitivo, para localizar a las personas que fueron fusiladas y enterradas en este lugar.

Estos apuntes, según explicó el arqueólogo Xavier Velasco, suponen una cierta garantía para que, en el caso de que aparezcan Juan Santana Vega (alcalde del entonces municipio de San Lorenzo) y el sindicalista Francisco González, los expertos sean capaces de hacer una reconstrucción forense de las causas y circunstancias de la muerte por heridas de bala y la posibilidad de extraer el ADN para una identificación.

Los restos mortales de estas dos personas son los que inicialmente se están buscando. Ambos fueron fusilados en 1937 en el campo de tiro de La Isleta, transportados hasta esta fosa común y enterrados en el cuartel seis de la fosa número dos, según la documentación. Francisco González, nieto del sindicalista fusilado, señala que su voluntad es que se puedan exhumar otras víctimas que fueron arrojadas a la fosa y que podrían ser en torno a 66, ya que también se enterraron en este lugar a los militares que servían en Sidi Ifni y que se mantuvieron fieles a La República.

Para González, se trataba de un día especial y acudió al acto de este jueves en el que se dieron a conocer los resultados de la cata arqueológica junto a su prima, también nieta del sindicalista fusilado. No obstante, lamentó que su padre, Diego, no pudiera estar presente ya que falleció hace solo dos meses, a los 92 años, después de estar toda la vida luchando por dar una sepultura digna a su padre Francisco. Su hijo recordó este día lo mucho que le habría gustado ver parte de la fosa abierta y comprobar que por fin las instituciones públicas hacían caso a su reclamo, que es de justicia.

La cata abre esperanzas

En esta primera cata realizada en la que se supone que es la fosa 2 del cuartel 6, se pudo constatar la presencia del cadáver de un hombre, así como los restos mortales de una persona menor, de entre ocho y diez años. Coincide este dato con el hecho de que en los documentos del Ayuntamiento se data que una niña de ocho años fue enterrada ahí en los años 50, aunque aún no se puede confirmar que se trate de la misma persona. Junto a ella, se ha hallado una botella, un objeto que solía utilizarse para identificar a las víctimas, ya que en su interior se escribía algún mensaje. En este caso, la humedad probablemente ha hecho que desaparezca este papel.

“La excavación ha sido positiva de cara a la planificación de una posible exhumación, en el caso de que continúen los indicios que nos permitan situar en este sector la fosa. Frente a las informaciones que teníamos sobre la exhumación de todo este cuartel para trasladarlo a otros cementerios, pues en principio sabemos que en esta esquina sureste no se produjo por los restos que se han localizado”, explicó Velasco.

Esta cata arqueológica, cuyo único propósito era conocer el estado de conservación, ha permitido confirmar además que las escorrentías y las filtraciones de agua de mar no han hecho desaparecer los restos mortales, y también se ha podido descartar que fuera usada como osario.

El trabajo completo de la comisión de investigación de la ULPGC liderada por el profesor Javier Márquez se prevé que pueda estar finalizada a finales de enero. Aparte de esta excavación, los expertos llevan meses analizando toda la documentación de la que disponen, así como testimonios orales. La cata supone un paso más para seguir avanzado ya que el objetivo final es exhumar e identificar a las víctimas.

Tanto el consejero de Cultura y Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Ruiz (NC), como el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital, Javier Doreste (LPGC Puede), se han mostrado partidarios de seguir financiando el proyecto y en su compromiso con la reparación de la víctimas.

Francisco González, que además es uno de los portavoces del Foro Canario de Víctimas del Franquismo, celebró este compromiso institucional tras 20 años de lucha y recordó cómo otras fuerzas políticas le cerraban las puertas al oír hablar de memoria histórica, en especial el anterior alcalde de la ciudad, Juan José Cardona (PP).

El estudio sobre la viabilidad de exhumar la fosa común de Vegueta sigue adelante. Tras analizar gran parte de la documentación de la que se dispone, la Comisión Técnica constituida por docentes de la ULPGC, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido este miércoles que, mientras haya al menos una posibilidad de que se puedan exhumar los restos mortales de las víctimas del franquismo que fueron enterradas en este cementerio, no se parará este proyecto. El siguiente paso será hacer una cata arqueológica, que esperan que se pueda realizar antes de finales de año si se consiguen todos los permisos pronto. Se trata de una reunión que se produce apenas un mes después de que falleciera a los 92 años Diego González, hijo de una de las víctimas del franquismo enterrada en esta fosa y que no pudo cumplir su sueño de recuperar los restos mortales de su padre.

El equipo de investigación está siendo coordinado por el profesor Javier Márquez y está compuesto por Xabier Velazco, como técnico especialista en arqueología, además de las profesoras Candelaria González y Beatriz Andreu, miembros de la ULPGC. Las primeras sensaciones señaladas por el coordinador son agridulces ya que, al haber transcurrido tanto tiempo hasta que se ha activado este proyecto, han fallecido los testigos que conocían mejor que nadie la historia del cementerio.

Los testimonios orales de los que disponen y la documentación que han analizado hasta hora dejan muchas dudas sobre la exhumación. Por un lado, no hay constancia del lugar exacto donde está la fosa número dos, donde fueron enterrados el alcalde del entonces municipio de San Lorenzo, Juan Santana Vega y el sindicalista Francisco González, cuya familia sigue liderando la lucha después de la muerte de Diego González, que falleció recientemente a los 92 años sin cumplir el sueño de encontrar los restos mortales de su padre.

Por otro lado, tampoco hay evidencias que confirmen que los restos mortales de estas víctimas del franquismo siguen en el cuartel seis de la fosa número dos, ya que las fosas se abrieron al menos dos veces después de que Juan Santana y Francisco González fueran enterrados en 1937. Existe la posibilidad de que puedan estar vacías. No obstante, ninguna hipótesis está cerrada y solo se despejará cuando se abra.

La intención de las partes es llegar hasta el final

La intención de las partes es llegar hasta el finalLa parte política de la Comisión, compuesta por Javier Doreste, como representante del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el consejero de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Ruiz y el director del Gabinete del Presidente, Marino Alduán, coincidieron en la necesidad de seguir avanzando en este proyecto mientras existan posibilidades de que se puede exhumar la fosa. Ambas partes ampliarán la financiación al proyecto si es necesario. De momento, los investigadores pedirán los permisos para intentar que antes de que acabe el año se pueda realizar la cata arqueológica.

El historiador Javier Márquez destacó que aún queda trabajo documental por analizar. Por el informe elaborado por la ARDF Desaparecidos que recogió el testimonio del hijo del sepulturero de aquellos años, hay una referencia de dónde está la fosa número dos, pero no hay datos empíricos que lo confirmen. No obstante, ese será el lugar elegido para realizar la cata arqueológica.

Además, según los registros del cementerio, fueron enterrados en la fosa 118 personas hasta 1955. Se desconoce si se vaciaba la fosa, si se enterraban unos cadáveres encima de otros, o si se produjeron traslados de restos óseos. Otro de los datos destacables es que el ritmo de enterramientos entre 1937 y 1946 fue muy intenso, pero luego empieza a decaer.

Otro de los apartados que preocupa a las personas que participan en la investigación es el deterioro del subsuelo de la fosa. Por la documentación que disponen se trata de un suelo agrícola en el que es fácil de cavar hasta los 3 metros, pero luego se endurece. Podría ocurrir que el suelo del cuartel número seis haya sufrido filtraciones importantes de agua especialmente por el cauce del barranco y podrían dar como resultado un estado de conservación problemático. También habría que valorar los daños causados por las obras públicas que se hicieron en ese cuartel, ya que alrededor de la fosa se han abierto zanjas y se ha empleado maquinaria pesada.

El arqueólogo Xabier Velazco especificó que las catas van a permitir fundamentalmente conocer los límites de la fosa número dos, constatar que hay restos mortales y en qué estado se encuentran, si están en un estado en el que puedan ser posteriormente identificados.

El nieto de uno de los fusilados de San Lorenzo y que lleva el mismo nombre que su abuelo, Francisco González, destacó que en todas las investigaciones sobre fosas del franquismo surgen complicaciones y subrayó que las hipótesis también eran pesimistas para los pozos de Tenoya y finalmente encontraron en ese lugar al padre de la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas, Pino Sosa. Todas las partes concluyeron que ahora disponen de más información que hace seis meses y que seguirán hasta donde sea posible con el objetivo de intentar recuperar al menos a estas dos víctimas del franquismo.

Diego González ha fallecido este miércoles a los 92 años. Fue víctima del franquismo y durante toda su vida no perdió la esperanza de poder localizar los restos mortales de su padre para poder darle una sepultura digna. Era hijo de Francisco González, sindicalista que en marzo de 1937 fue fusilado junto a otros cuatro hombres en San Lorenzo, entonces municipio de Gran Canaria. Entre ellos se encontraba su alcalde, Juan Santana Vega, junto a quien fue enterrado en la fosa común del cementerio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria.

Sus familiares y amigos recuerdan a Diego como un hombre bueno y que a pesar de las penurias que pasó había sabido perdonar. No tuvo una vida fácil. Vio como las Brigadas del Amanecer al registrar su humilde vivienda asesinaban a su hermano Braulio, un bebé de apenas cuatro meses. Este terrible suceso marcó para siempre a su familia y fue lo que motivó a su padre Francisco a entregarse a los falangistas por miedo a más represalias contra su familia.

Cuando asesinaron a su padre, Diego pasó algún tiempo separado de su madre, Dolores, que además de perder a su marido sufrió el hecho de que le quitaran a sus hijos durante un tiempo. Diego vivió en la Casa del Niño hasta que, más tarde, la familia volvió a estar unida y, a pesar de las penurias económicas, logró superar los distintos obstáculos de la vida.

Pese a toda esta dura experiencia, Diego supo llevar con entereza todas estas vivencias. “Supo perdonar y vivir sin rencor”, señala ahora su hijo, Francisco González, uno de los portavoces del Foro Canario de Víctimas del Franquismo y la Plataforma de Fusilados de San Lorenzo, que ha abanderado la lucha para localizar los restos mortales de su abuelo y el de otras víctimas de la represión franquista.

Diego ha fallecido justo en el momento en el que se había reactivado el proyecto de exhumación de la fosa común de Vegueta, gracias al impulso del Cabildo de Gran Canaria. Los investigadores llevan meses estudiando las posibilidades y recopilando datos y documentos y habían dado esperanzas a esta familia.

En los últimos actos y reuniones, Diego no ha podido estar presente debido a su enfermedad, pero sí que ha estado su mujer Lola Tejera, que recordaba con nostalgia en uno de los últimos encuentros de la comisión investigadora para la exhumación de la fosa común cómo su marido ha vivido todos estos años con la esperanza de recuperar los restos mortales de Francisco González.

Hace dos años, Diego afirmaba en una carta difundida Foro Canario de Víctimas del Franquismo y la Plataforma de Fusilados de San Lorenzo que solo quería dar una sepultura digna a su padre, para que se hiciera así “justicia con un hombre bueno que defendía la democracia, la libertad y los derechos de la clase trabajadora canaria”.

El féretro se encuentra en el Tanatorio de San Miguel, donde se están acercando sus seres queridos a dar el pésame a la familia. Será enterrado este jueves a las 15.00 horas en el Cementerio de San Lorenzo.

Las familias que llevan años luchando por dignificar a las víctimas del franquismo enterradas en la Fosa Común de Vegueta sienten que su objetivo está más cerca de cumplirse. El Cabildo de Gran Canaria ya ha anunciado algunas fechas clave y los informes con las conclusiones del estudio estarán finalizados en los meses próximos. Lola Tejera es la mujer de Diego González, el hombre de 92 años que lleva toda la vida buscando a su padre, el sindicalista Francisco González, fusilado junto al alcalde del entonces municipio de San Lorenzo. Lamenta que su marido no pueda celebrar la noticia debido al alzhéimer que sufre, pero advierte de que ella seguirá luchando en su nombre.

La batalla de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo, junto a la de otras asociaciones de Memoria Histórica de Canarias como la de Arucas, Tenerife o La Palma, han sido este año reconocidas con la Medalla de Oro de Canarias, un premio que llega por su labor e insistencia en que las víctimas del franquismo no caigan en el olvido. Los avances de estos últimos meses hacen pensar que este será por fin el año de la justicia para los represaliados del franquismo en Canarias, en la misma línea que ha ocurrido con el hallazgo del padre de Pino Sosa en el pozo de Tenoya después de toda una vida dedicada a encontrarlo. El próximo mes de septiembre, los investigadores de la ULPGC tendrán ya un primer informe sobre la localización de los fusilados de San Lorenzo que fueron enterrados en la fosa, y en diciembre se prevé otro con conclusiones de las acciones a seguir, siempre con el objetivo de localizar, exhumar e identificar.

Los Cinco de San Lorenzo (Juan Santana Vega, alcalde comunista; Antonio Ramírez Graña, secretario municipal; Manuel Hernández Toledo, jefe de la Policía Local; Matías López Morales y Francisco González Santana, sindicalistas de la Federación Obrera y del Frente Popular) fueron fusilados el 29 de marzo de 1937 tras haber sido juzgados en un Consejo de Guerra ilegítimo y sin garantías.

Los testimonios orales que se manejan hasta ahora apuntan a que tanto el sindicalista Francisco González como el alcalde del entonces municipio de San Lorenzo Juan Santana se encuentran enterrados en el cuartel seis, en la fosa número dos. No obstante, el equipo de investigación se encuentra inmerso en recopilación de datos, testimonios… que permitan esclarecer lo que ocurrió en ese cementerio, símbolo de la represión franquista.

Un camino lleno de obstáculos

Lola Tejera ha asistido recientemente a la reunión de la comisión técnica para la exhumación de esta fosa común. Las ansias de su marido por encontrar los restos mortales de su padre antes de morir le empujan a liderar ella la causa. No lo hace sola, sino acompañada de su hijo Paco González, que a través de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo y del Foro Canario de Víctimas del Franquismo ha trabajado por este fin.

La familia se llegó a encontrar con la negativa de dirigentes políticos del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que hicieron caso omiso a sus reclamaciones, algo de lo que se acuerda bien la también nieta del sindicalista Pino González. Tras las elecciones de 2015, los González Tejera vieron una nueva oportunidad en los cambios de gobierno. No obstante, se han quejado en numerosas ocasiones de la lentitud del proceso, especialmente cuando a principios del año pasado el Consejo Asesor de la Memoria Histórica de la capital grancanaria acordó, después de valorar dos informes, no exhumar la fosa hasta que aparecieran nuevos datos.

El objetivo de exhumar volvía a desvanecerse hasta que en septiembre del año pasado el Cabildo de Gran Canaria intermediaba y lograba reactivar el proyecto creando una comisión técnica. Tras resolver algunos problemas jurídicos, el equipo de investigación ya está trabajando gracias a un convenio firmado con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y para el que se cuenta con 30.000 euros de presupuesto inicial, 15.000 por parte de la Corporación Insular y otros 15.00 del Ayuntamiento.

Pino González asegura que después de tanto tiempo, saber que ya hay un convenio firmado sobre la mesa, que se está trabajando y hay un equipo de arqueólogos estudiando llena a su familia de aliento, aunque sí tiene la tristeza de que su objetivo se cumpla tarde, cuando Diego González se encuentra hospitalizado con problemas de salud. En los últimos actos públicos de homenaje a las víctimas siempre mostraba entre sus manos el retrato de su padre. Recordaba el horror que se vivió en su casa cuando las Brigadas del Amanecer se lo llevaron y asesinaron a su hermano Braulio, con apenas un mes de vida arrojándolo contra la pared. Un relato que su hijo Paco González ha reflejado en el libro Tormenta en la memoria, cuyos relatos fueron aportados en la querella argentina.

Lola Tejera también fue víctima de la represión por partida doble. Este miércoles, a la salida de la reunión de la comisión técnica que estudia la exhumación de la fosa, narraba que su padre también fue encarcelado cuatro años por sus ideas políticas. Dejó a su madre sola con cuatro niños pequeños, el menor tenía solo dos años. “A mi suegro no lo conocí, pero mi pobre marido lleva intentando recuperar sus restos mortales toda la vida”, lamenta.

El equipo de investigación está siendo coordinado por el profesor Javier Márquez y compuesto además por Xabier Velazco, como técnico especialista en arqueología, además de las profesoras Candelaria González y Beatriz Andreu, todos ellos de la ULPGC. El Cabildo de Gran Canaria asegura que no pondrá límites económicos ni de tiempo en esta causa.

Estos días comenzarán a realizarse también pruebas de ADN de otras personas que sospechan que sus familiares fueron enterrados en esta fosa común. Entre ellos hay personas que prestaban sus servicios militares en Sidi Ifni y que fueron condenadas a pena de muerte en Gran Canaria. Ejemplo de ello es la familia de de Jesús Moreno, que trabajaba como adjunto civil en la Delegación del Gobierno de La República en Sidi Ifni en 1936 y fue fusilado por un delito de “rebelión”, según se recoge en el Consejo de Guerra. Su hija Iyo Moreno tiene hoy día 82 años y está ansiosa por hacerse estas pruebas y por comprobar si su padre fue enterrado en este cementerio.

Los investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tendrán listo en septiembre un primer informe sobre la localización de los fusilados de San Lorenzo que fueron enterrados en la fosa común de Vegueta. Los testimonios orales que manejan hasta ahora apuntan a que tanto el sindicalista Francisco González como el alcalde del entonces municipio de San Lorenzo Juan Santana se encuentran enterrados en el cuartel seis y la fosa número dos.

La comisión técnica que trabaja por lograr el objetivo de exhumar estas víctimas se ha reunido este miércoles. El director general de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Marino Alduán, ha subrayado que, con ese informe inicial de septiembre, se valorará si se prorroga el convenio entre la Corporación Insular, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad para el año 2019, algo que a priori estima que sí que se hará, ya que una vez esclarecida la localización de los fusilados de San Lorenzo, hay otras personas que fueron represaliadas y que “merecen también esa investigación”.

El estudio definitivo, con todas las acciones, se calcula que estará finalizado en el mes de diciembre. “Si el informe técnico así lo dice no se va a parar hasta que se esclarezca lo que es una necesidad democrática”, afirmó Alduán. Además, insiste en que la Corporación Insular no pondrá límites de dinero y tiempo para dignificar a las víctimas del franquismo que fueron arrojadas a esta fosa común.

El equipo de investigación está siendo coordinado por el profesor Javier Márquez y compuesto además por Xabier Velazco, como técnico especialista en arqueología, además de las profesoras Candelaria González y Beatriz Andreu, todos ellos de la ULPGC. En estos momentos se encuentran en una fase intensiva de recopilación de datos, analizando testimonios orales que ya tenían, entrevistas, documentos… a fin de elaborar este primer informe.

Cuentan con un presupuesto de 30.000 euros, la mitad abonado por el Cabildo de Gran Canaria y la otra por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, además de un convenio con la universidad que permite liberar a estos profesores para su trabajo de investigación.

“El cementerio de Vegueta fue un lugar donde se escondió la represión y hay que esclarecerlo, hasta tarde llegamos”, resaltó Alduán. En este sentido, recordó toda la línea de investigación en la que ha trabajado el Cabildo de Gran Canaria en materia de memoria histórica, como el pozo de Tenoya…Considera que esta fosa debe ser un espacio donde ya no haya tabú y “podamos reparar la situación que se ha padecido durante décadas y desde luego a la sociedad grancanaria que esclarezca lo que era una vergüenza”.

Los familiares del sindicalista Francisco González han acudido a esta reunión de la que han salido esperanzados. Lola Tejera, la mujer de Diego González (de 92 años y que se encuentra ingresado por problemas de salud) lamenta que su marido no haya podido celebrar este día ya que sufre alzhéimer. Recuerda con nostalgia cómo su marido ha vivido todos estos años con la esperanza de recuperar los restos mortales de su padre.

Pino González, su sobrina, también confiesa haber salido de esta reunión más esperanzada que nunca ya que por fin hay un convenio firmado, un equipo trabajando y todo hace indicar que este será el año en el que se dignifique a su abuelo. En la misma línea se muestra Paco, portavoz de la Plataforma de Familiares Fusilados de San Lorenzo y que ha abanderado esta lucha durante tantos años.

No obstante, recuerdan que en la fosa se estima que fueron enterradas otras víctimas de la represión franquista. Una de ellas es Jesús Moreno, que trabajaba como adjunto civil en la Delegación del Gobierno de La República en Sidi Ifni en 1936 y fue condenado a pena de muerte por un delito de “rebelión” y fusilado en Las Palmas de Gran Canaria.

En cuestión de días, el Cabildo espera que se hagan las pruebas de ADN a aquellas familias como la de Jesús Moreno que han solicitado hacérselas para que los investigadores dispongan de un banco del que cotejar muestras.

La larga lucha de los familiares de las personas que fueron fusiladas en San Lorenzo durante la represión franquista en el año 1937 empieza a ver la luz. El Cabildo de Gran Canaria ha reactivado el proyecto para exhumar la fosa común de Vegueta, donde se estima que fueron enterrados el alcalde del entonces municipio de San Lorenzo, Juan Santana Vega y el sindicalista Francisco González, además de decenas de represaliados. La Isla sigue así en la senda de la recuperación de su memoria histórica.

Técnicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se encuentran ya en la fase de recopilación de documentos que permitan la localización de los restos mortales de las víctimas. La Corporación Insular ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que cada administración ponga 15.000 euros con el objetivo de localizar, exhumar y realizar las pruebas de ADN que permitan identificar a los represaliados. Una cuantía que será prorrogable si los trabajos lo requieren.

Según explican fuentes del Cabildo de Gran Canaria, el primer modelo de convenio entre las administraciones redactado el pasado mes de octubre no pasó el filtro de los servicios jurídicos porque tenía algunos inconvenientes. Durante los últimos meses, la Corporación Insular ha trabajado para subsanar todas las dudas jurídicas con el objetivo de que el proyecto salga adelante sin ningún tipo de irregularidad.

De momento, las mismas fuentes no se atreven a poner una fecha concreta de la apertura de la fosa ya que el trabajo de documentación es minucioso. No obstante, sí adelantan que el proceso será el mismo que se ha llevado a cabo en el pozo de Tenoya.

Un equipo técnico de prestigio

El convenio firmado entre Cabildo, Ayuntamiento y la Fundación Parque Científico y Tecnológico de la ULPGC permitirá contar con la parte técnica del proyecto. Las partidas abonadas se destinan a la “contratación de especialistas”. El coordinador del equipo de técnicos será Javier Márquez, en un proyecto en el que además formará parte el arqueólogo Xavier Velasco, ambos con una amplia y prestigiosa trayectoria.

Para la Corporación Insular se trata de un “acuerdo histórico” que reafirma su compromiso con las víctimas del franquismo. Como prueba de ello recuerda los trabajos realizados en el pozo de Tenoya recientemente, donde se han localizado los restos mortales de 14 represaliados de los que ya se han identificado dos (entre ellos el padre de Pino Sosa, fundadora de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas y que perdió a su padre cuando ella solo tenía 40 días de vida). 

El Cabildo garantiza que tiene voluntad en que las víctimas recuperen a sus familiares y que, por su parte, no habrá limitaciones económicas o políticas. Señala que la reparación de la memotia histórica era una asignatura pendiente con la que había que cumplir y agradece a los concejales Javier Doreste y Sergio Millares que, tras las objeciones iniciales, hayan aceptado esta fórmula y que ahora sean los expertos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria quienes marquen el ritmo de los trabajos.

Los familiares celebran que 2018 sea el año de la reparación 

Francisco González, portavoz de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo y nieto del sindicalista asesinado con el mismo nombre en el entonces municipio capitalino, celebra que al fin se haya acelerado este proyecto y agradece “la intervención de Antonio Morales que ha sido quien ha desbloqueado esta situación enquistada”.

Esta asociación y el Foro Canario de Víctimas del Franquismo han reprochado en varias ocasiones al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que el proyecto para abrir la fosa se haya dilatado tanto en el tiempo. En el año 2016, el consistorio estudió dos informes sobre la viabilidad de exhumar la fosa (uno era favorable y el otro no) y finalmente el Consejo Asesor de la Memoria histórica recomendó no exhumar la fosa, al menos con la documentación que se disponía hasta el momento no era posible sacar adelante este proyecto.

Las víctimas del franquismo pidieron entonces una comisión técnica experta que evaluara la posibilidad de abrir la fosa. Para lograr este objetivo ha sido fundamental la intermediación del Cabildo de Gran Canaria, que se comprometió a buscar una solución y que finalmente ha reactivado el proyecto gracias al convenio con la ULPGC. 

Además de las víctimas de San Lorenzo, se estima que en este cementerio fueron enterrados otros represaliados así como militares que defendieron el orden republicano en las colonias españolas del África occidental y fueron juzgados y condenados a la pena capital en esta ciudad. Al no tener familiares que reclamaran sus cuerpos en Canarias fueron llevados a la fosa común.

Este mismo miércoles se cumplen 81 años del fusilamiento de los cinco de San Lorenzo ( el alcalde comunista Juan Santana Vega; el secretario municipal, Antonio Ramírez Graña; el inspector jefe de la policía municipal, Manuel Hernández Toledo además de los sindicalistas y dirigentes del Frente Popular, Matías López Morales y Francisco González Santana) y serán homenajeados en Tamaraceite a las 18.30 horas, en un año en el que se espera que sea de “reparación y justicia” para las víctimas. El acto está organizado por el Comité Popular por la apertura de la Fosa Común de Vegueta, del que forman parte asociaciones, colectivos y partidos políticos. 

El Foro Canario de Víctimas del Franquismo y la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo han anunciado este jueves nuevas movilizaciones ante la “parálisis” del proyecto para exhumar la fosa común de Las Palmas.

La últimas noticia al respecto, según el Cabildo de Gran Canaria, era que se encargaría un estudio a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a fin de que se analizara la viabilidad de exhumar. Sin embargo, los familiares denuncian que pasan los meses y continúan sin noticias.

El portavoz de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo, Paco González, lamenta que a la exhumación de los restos mortales de su abuelo (sindicalista que fue enterrado en esta fosa junto al alcalde del entonces municipio de San Lorenzo, Juan Santana) no pueda estar presente su padre Diego, que supera ya los 90 años y tiene problemas de salud.

Las familias que componen ambas asociaciones afirman sentirse una vez más “engañadas” por la administración pública ya que no han recibido respuesta ni ha habido comunicación sobre cómo va la Comisión Técnica constituida para hacer este estudio y que “vergonzosamente no se ha firmado el convenio con la ULPGC”.

También subrayan que perciben un trato diferente al de otras asociaciones de memoria histórica, que como la de Arucas, sí han conseguido que salgan adelante sus peticiones, como la exhumación de los pozos de Tenoya en este mandato. Aunque afirman que se alegran de que se haya conseguido este propósito, exigen el mismo trato con la Fosa Común de Las Palmas.

En un comunicado recuerdan que ya se enfrentaron al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria porque consideraron que se había dilatado este proyecto demasiado tiempo. De hecho, el Comité Asesor de la Memoria Histórica del Consistorio recomendó no exhumar la fosa. Ahora, con la implicación del Cabildo “pensábamos que sería la solución a esta justa demanda democrática, pero es más de lo mismo”, señalan.

Por ello, anuncian que se reactivará el Comité Popular por la Exhumación de la Fosa Común del cementerio de Las Palmas, integrado por miembros de diferentes colectivos sociales, sindicales, políticos y culturales.

Organizaciones vecinales, sociales, culturales, políticas, sindicales y del movimiento obrero canario han constituido el Comité Popular por la Exhumación de la fosa común del Cementerio de Las Palmas. El objetivo es recuperar los restos mortales de las personas asesinadas durante la dictadura y enterradas en este lugar.

El Comité reprocha la “dilación” que ha sufrido este compromiso que adquirió el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El mes pasado, el Consejo Asesor de la Memoria Histórica recomendaba no exhumar esta fosa, de momento, al sostener que no existen indicios exactos de dónde se encuentran las personas asesinadas durante el franquismo.

Según el colectivo, en este cementerio capitalino están enterrados más de 120 antifascistas, asesinados a partir del golpe de estado del 36 “por defender la libertad y los derechos de la clase trabajadora de las islas”.

El objetivo que se ha marcado el Comité será el de desarrollar una campaña indefinida con todo tipo de acciones y movilizaciones, hasta la consecución del objetivo “democrático y justo de exhumación de este agujero del horror fascista”. También lucharán por la identificación de los restos, la creación de un banco de ADN y por la entrega a las familias de las víctimas de cada hueso para darles sepultura digna.

La apertura de esta fosa ha enfrentado a dos asociaciones de memoria histórica con el Consistorio. Concretamente, el Foro Canario de Víctimas del Franquismo y la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo se han mostrado muy críticos con la actuación del concejal del área, Sergio Millares.

Francisco González, nieto del sindicalista de mismo nombre fusilado y enterrado en esta fosa común ha reiterado en numerosas ocasiones que su padre, Diego González, de 90 años, no quiere morir sin recuperar los restos de su padre.

Ese apoyo te lo valoramos mucho y nos creímos que se haría realidad por tu procedencia de organizaciones de la izquierda canaria, además de por tradición familiar, por tener un padre comunista, ya fallecido, defensor de los derechos de los trabajadores como abogado laboralista. Nos lo creímos también porque gran parte de los llamados “Ayuntamientos del cambio” están exhumando fosas y cunetas en toda España.

Pasaron los meses y llegó tu elección en mayo de 2015 a través de un pacto del PSOE con Las Palmas GC Puede y Nueva Canarias, lo cual nos alegró muchísimo, porque vimos las puertas abiertas a la apertura de esta fosa común, la posterior identificación de los restos y la sepultura digna de estas personas asesinadas por defender la democracia y la libertad.

Algunos de estos compañeros enterrados en ese agujero del horror eran militantes de tu propio partido socialista, alcaldes, sindicalistas, dirigentes obreros, abogados, médicos, jornaleros, militares republicanos y un largo etcétera de nombres al que las familias nos resistimos a olvidar, a que se queden para siempre en esa fosa de la vergüenza, en esta supuesta democracia que parece obviar el genocidio franquista en Canarias y resto del estado español.

Tras las malas experiencias con la anterior corporación del PP y su alcalde Cardona, por su negativa a la exhumación, humillación a las familias y persecución política, nos encontramos como todo lo que nos dijiste en ese mensaje de Facebook no se ha cumplido, como el concejal que lleva el tema de esta fosa común nos ha cerrado todas las puertas a la exhumación, burlándose de nuestra memoria, de nuestro dolor, de nuestra lucha de más de 30 años, la que sufrieron mis padres cuando vieron que asesinaban a sus familiares.

Casi dos años después de que fuiste elegido alcalde, vemos como la fosa común sigue ahí abandonada, sin posibilidad de que se excave, algo vergonzoso y que vulnera claramente la Ley de Memoria Histórica que aprobó un gobierno de tu partido, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El Cabildo donde también gobierna tu organización política junto a Podemos y Nueva Canarias, se ha comprometido a generar vías para exhumar, solo faltaría que te sentaras con ellos, con el presidente Antonio Morales, que desbloquearas un claro boicot del concejal Sergio Millares Cantero, que pretende colocar un monolito sobre los más de cien republicanos asesinados y enterrados en este vertedero de memoria, seguir ocultando lo que sucedió, el genocidio franquista en Canarias.

Por todo esto no entendemos Augusto que no hagas nada, que no hables ya con el Cabildo, para al menos si tu no quieres exhumar, facilites los permisos en este suelo de propiedad municipal para que el Cabildo de Gran Canaria lo pueda hacer.

No es tan difícil, solo tienes que hablar con dicho presidente insular, romper este silencio cómplice que nos taladra el alma y la conciencia a las familias, que mi padre Diego González García con 91 años, testigo directo del asesinato de su padre Francisco González Santana y de su hermano el Bebé Braulio González García, no entiende, no comprende, como un alcalde progresista y de izquierdas que públicamente en varias ocasiones, en distintos actos de memoria, ha dicho que esta fosa se exhuma, que has mostrado tu voluntad y que vemos con tristeza como no lo haces, como no facilitas ese convenio, ese acuerdo o lo que sea con el Cabildo para que los huesos de estos héroes de nuestro pueblo trabajador puedan ser identificados y enterrados dignamente.

Desde estas humildes letras que igual ni leerás o dejarás en manos de tus asesores, te volvemos a pedir que cumplas este compromiso de justicia, memoria y reparación, lo contrario sería una injusticia histórica de la que jamás nuestro pueblo te absolvería.

Sabemos que para ti y para tu gobierno municipal no es urgente sacar los restos de unos demócratas de una fosa común, que para esta ciudad existen otras prioridades: inversiones, obras, proyectos urbanísticos, acuarios, etc., pero te solicitamos desde premisas democráticas, de fraternidad universal y derechos humanos que intervengas de una vez por todas, que dediques unos minutos a dar las órdenes oportunas, las directrices precisas para que el proceso de exhumación se inicie sin que nadie lo pueda parar.

Esperamos tu respuesta y que te sientes con mis padres y resto de familias para darnos esa grata noticia. Saludos cordiales.

El Cabildo de Gran Canaria se suma al reclamo de las víctimas del franquismo por recuperar los restos de sus familiares que fueron asesinados y enterrados en la fosa común de Las Palmas. La Corporación se compromete a buscar un acuerdo con el Ayuntamiento de la capital de la Isla, titular del cementerio, para sacar adelante este proyecto.

Según indica el consejero de Cultura de la Institución, Carlos Ruiz (NC),de acuerdo a la Ley de de 27 de septiembre de 2011, donde se establece el protocolo para la exhumación de fosas comunes, es necesario en primer lugar, pedir autorización al titular del terreno. Por ello, queda pendiente que en las próximas semanas hablen con el Consistorio para poder alcanzar un consenso.

La exhumación de esta fosa es una causa que llevan años defendiendo las familias afectadas, especialmente a través de la Plataforma de Familiares Fusilados de San Lorenzo y el Foro Canario de Víctimas del Franquismo, que han pedido en diversas ocasiones celeridad al Consistorio en este asunto. Por este motivo, presentaron al Cabildo un informe de la ARDF Desaparecidos, elaborado por Santiago Carcas donde se concluye que se trata de un proyecto viable.

El presidente de la Corporación Insular, Antonio Morales y el consejero de Cultura, Carlos Ruiz, tras recibir este informe, se reunieron con el portavoz de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo, Francisco González. Un encuentro que tuvo lugar el pasado 27 de octubre y donde el Gobierno Insular manifestó su voluntad de contribuir en esta causa.

Ruiz expone que el técnico del Cabildo Javier Velasco redactó un informe, teniendo en cuenta el elaborado por la ARDF Desaparecidos, y estimó que la exhumación podría ser viable. No obstante, también precisa que es necesario elaborar un proyecto más completo en el que se establezca un protocolo y se incluyan más datos documentales.

El consejero explica que en el informe se recoge que hace 18 años se abrió la fosa y se llevaron restos mortales al cementerio del Puerto, algo “que habría que documentar”, indica. No obstante, Santiago Carcas matiza que estos fósiles que se extrajeron no afectaron al cuartel número seis de la fosa, donde se fueron enterrados represaliados.

En este sentido, Ruiz añade que es necesario pedir autorización a las familias, ya que en la fosa no sólo se encuentran familiares de represaliados del franquismo, por lo que habría que publicar los nombres en los boletines oficiales, por ejemplo, y contactar con ellos. No obstante, la Ley de memoria histórica recoge este punto como ayuda a las familias.

“Nuestra voluntad es seguir trabajando por la recuperación de la dignidad de estas personas”, insiste Ruiz, que comprende la “urgencia” a la que han apelado las asociaciones de memoria histórica sobre este asunto. De hecho, Francisco González, también autor del libro Tormenta en la memoria, ya ha explicado en más de una ocasión que su padre, Diego González, de 90 años, mantiene la ilusión de poder recuperar el cuerpo de su padre, Francisco González, sindicalista de San Lorenzo fusilado y que se encuentra en esta fosa común junto al alcalde del entonces municipio de Gran Canaria.

El portavoz de la Plataforma de Familiares Fusilados de San Lorenzo se ha mostrado muy crítico con el hecho de el Ayuntamiento de la capital grancanaria no haya sido más contundente en este asunto. Actualmente, el Consejo Asesor de la Memoria Histórica del Consistorio sigue valorando dos informes que se han presentado por esta causa, el de Santiago Carcas, partidario de abrir la fosa y otro del Foro Estatal de la Memoria Histórica, que opta por otra vía.

Según el concejal de Participación Ciudadana, Sergio Millares, la decisión de este órgano servirá sólo para asesorar al Ayuntamiento, pero no tiene la última palabra. También añade que pronto se conocerá la valoración. No obstante, este asunto ha alejado al Foro Canario de Víctimas del Franquismo y la Plataforma de Familiares Fusilados de San Lorenzo de dicho Consejo y del edil, ya que temen que finalmente se decanten por el segundo informe.

El Cabildo afirma que se suma a la lucha de estas personas que creen de “justicia” su reclamo. Por ello, también quieren bajar a la Sima de Jinámar, símbolo de la represión franquista en la Isla, y posteriormente hablar con los propietarios sobre una posible futura exhumación de los cuerpos de represialiados que fueron arrojados a este agujero volcánico. También se manifestó en esta reunión la posibilidad de hacer un homenaje a las víctimas en este punto y de otro en la Marfea.

Injusticia es, que después de 80 años de torturas, violaciones, vejaciones, asesinatos y crímenes en general, por parte de los fascistas españolistas, ahora vengan los nuevos supuestos progresistas a decir lo mismo que los genocidas, que no se deben recuperar los represaliados canarios. Este concepto, es inadmisible, antidemocrático y denunciable cuando se trate de un servidor público, ya que las leyes estatales amparan a las víctimas del franquismo a la hora de recuperar a sus seres queridos, como es el caso de los de San Lorenzo, inhumados en el cementerio de la Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria.

No se debe pensar de la misma forma que los que generaron un golpe de Estado en España el 17 de julio de 1936, provocando su deseada guerra civil declarada a los cuatro días del comienzo del genocidio de falange española y los seguidores de Franco, ya que tenían previsto de antemano el genocidio y la guerra, contando con sus amigos asesinos de Alemania (nazis), y fascistas italianos, con el armamento más sofisticado del momento y hombres.

Pensar que una exhumación contiene “muchos huesos que sacar, y es muy cansina semejante tarea”, tal y como se pretende dar a entender por parte de alguno/s, demuestra un nivel más crítico o indeseable si cabe, por la falta de respeto hacia las victimas vivas y represaliadas a pie de fosa.

Son muchos los que han querido malversar fondos públicos con la colocación de monolitos, antes de llevar adelante las exhumaciones de los represaliados, porque estas últimas no daban ganancia alguna, y todos fueron destituidos hace tiempo, tal y como ocurrió en el 2009 con el responsable del programa Amarga Memoria JAIME V. R. del PSOE, y tantos otros en muchos lugares más y partidos distintos, sobre todo los provenientes del comunismo, donde siguen anteponiendo piedras encima de las fosas comunes a las exhumaciones, es una obsesión maléfica el pretender tapar los crímenes del franquismo con estas acciones lo que tienen algunos.

El informe entregado hace ya tres meses al concejal D. Sergio Millares del Ayuntamiento de las Palmas de gran Canaria, y que sigue sin pronunciarse, es muy claro, se puede y se debe intentar exhumar a los represaliados de San Lorenzo, porque es de justicia social, porque es una deuda que tiene la sociedad con las víctimas del franquismo. Acaso a las otras víctimas del terrorismo vasco no se las resarció entregando los fallecidos a sus familias?, Sí, y acaso no ha sido la Administración quien ha cuidado de la familia en general y procurar una inhumación digna?, sí de nuevo. Los asesinados en marzo de 1937 por terroristas armados, tienen los mismos derechos que cualquier otra víctima que padezca crimen, venga de las manos que quien provenga, porque en caso contrario, estaremos ante dos justicias paralelas y chocantes en una democracia supuestamente avanzada.

No debe haber más excusas vanas.

Si alguien quiere poner un monolito encima de cualquier fosa sea común o individualizada, que lo haga tras las exhumaciones, aunque en el caso de la Vegueta debería realizarse un estudio arquitectónico y geológico con antelación sobre la posibilidad de colocar sobrepesos en los interiores de los cuarteles 5 y 6 del cementerio de la Vegueta, por la peligrosidad que ello conlleva.

Salvo excepciones, ningún profesional podrá asegurar lo que se va a hallar en el interior de la tierra, porque hasta que no se abra ésta, es imposible saber lo que puede albergar o no contener en su interior, pero para eso están los arqueólogos, y para investigar los documentalistas especializados, que revisan cada documento existente y posible, y entrevista a testigos y testimonios, acude a los archivos militares, provinciales, locales, obispados, etc. Y con todo ello se aclaran las conclusiones definitivas entre varios profesionales distintos. Se han dado casos en cementerios, donde los represaliados buscados, no se hallaban en el lugar en concreto que se pensaba, o que en la parte superior de estos, aparecen cientos de restos óseos que no corresponden a los buscados, es algo muy normal (ver los casos últimos acaecidos en Guadalajara, Málaga, Cádiz, etc.), pero eso no implica nada, se vuelve a excavar con todo el respeto hasta hallar los restos deseados si aparecen, aunque haya que remover los 2.205 restos mortales que hay en la parcela nº 6 en 28 fosas comunes en disposición distinta de inhumaciones a partir de 1937 y las nuevas a partir de 1942.

Los represaliados de San Lorenzo, el que fue alcalde de ese municipio, Juan Santana Vega y Francisco González, sindicalista, han sido investigados y ubicados en la fosa nº 2 del cuartel nº 6, la cuya fosa común contiene 122 restos mortales según los documentos investigados, siendo ellos de los primeros inhumados en la misma.

No hay ninguna duda, no existen malas intenciones, ni venganzas ni represalias contra nadie, tan sólo se pretende recuperar a los represaliados que su familia pide, y que con la Ley en una mano que les da todo el derecho, y el amor que siente por su familiar hasta de ahora desaparecido en la otra, piden una y otra vez justicia y exhumación de los suyos.

Con la exhumación siempre respetuosa, se extraerían los restos óseos que se hallasen por encima de los represaliados, para ello tenemos médicos forenses, antropólogos forenses, genetistas físicos y otros profesionales que se dedican a estas labores. Los restos óseos se irían introduciendo en cajas preparadas para tal efecto, colocados en su orden de extracción, numeradas las cajas en el exterior e interior, y devueltos a su lugar de origen una vez acabados los trabajos, si ese fuese el deseo del Ayuntamiento. Cabe la posibilidad, que las inhumaciones del 37 no coincidan con las generadas a partir del 42, pero es algo nada preocupante, ya que si el trabajo en principio es extraer 122 restos, y hubiese que excavar a un lado u otro según la disposición de las fosa, se llevaría a cabo de igual forma, en vez de tardar un mes en realizar los trabajos, se completarían con tres meses o lo que fuere necesario, ya que ni el tiempo, ni las prisas son apreciables en este tipo funciones profesionalmente hablando, todo ello sin alterar lo más mínimo la vida diaria que registra el cementerio de la Vegueta de la palmas de Gran Canaria.

El Foro Canario de Víctimas del Franquismo y la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo temen que el proyecto para exhumar la fosa común del Cementerio de Las Palmas, antigua necrópolis de Vegueta, no siga adelante y que finalmente se instaure sobre ella un monolito en recuerdo de las personas que fueron asesinadas y enterradas en este lugar.

Ambas asociaciones cargan contra la gestión del Ayuntamiento de la ciudad sobre este tema, puesto que es una reivindicación que llevan haciendo desde el inicio del nuevo mandato (formado por PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias). El Consistorio se comprometió a poner de su parte para que la iniciativa saliera adelante y, sin embargo, creen que se ha estado dilatando. “No entendemos a qué obedecen tantos obstáculos a la exhumación”, puntualiza Francisco González, portavoz de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha dicho públicamente que su intención es que la fosa se abra y que se encuentra a la espera de dos informes que se han encargado para determinar la viabilidad de proceder a la exhumación. Es en este punto donde estas plataformas encuentran diferencias, ya que consideran que el estudio que el Consistorio debe tener en cuenta es el que se ha ofrecido a realizar Santiago Carcas, presidente de la ARDF Desaparecidos, quien apuesta por la exhumación y creación de un banco de ADN para poder identificar a las víctimas. Sin embargo, Francisco González Tejera asegura que esta asociación no cuenta con la suficiente información y que se encuentra a la espera de que el Ayuntamiento le envíe más documentos tras la visita que hizo su presidente a la isla el pasado mes de abril.

Por el contrario, se manifiestan en contra de otro informe encargado a Pedro Alberto García Bilbao, miembro de la Federación Estatal de Foros de la Memoria Histórica, puesto que consideran que es “partidario de la instalación de monolitos y no de exhumar la fosa”. González Tejera sostiene que esta asociación “se rige por las directrices del PCE y recuerda que este partido firmó en 1977 la Ley de Amnistía”, señala.

El Consejo Asesor de Memoria Histórica de la ciudad, por su parte, indica que están a la espera de estos dos informes y que no se ha determinado una decisión sobre el asunto. Asimismo, la Federación Estatal de Foros de la Memoria Histórica se desmarca de tener vinculación con el PCE. Además, matizan que sí que están a favor de que se lleven a cabo exhumaciones de fosas comunes judicializadas.

“No queremos que la apertura de la fosa se politice”, insiste el portavoz de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo, quien asegura que su única intención y la de estas dos plataformas es recuperar los restos mortales de sus familiares, puesto que creen que este de “justicia” y que es un “derecho”. Además, según González Tejera, también autor del libro Tormenta en la memoria, donde se aborda la represión franquista en Canarias, el pasado 21 de mayo se celebró en Madrid una reunión de organizaciones de memoria histórica, y que en ella la Federación Estatal de Foros por la Memoria “se opuso a que se firmara una petición dirigida al Ayuntamiento de la capital grancanaria para exigir la exhumación de la fosa”.

Con la intención de aclarar este asunto y que se dé más información a los familiares sobre el proyecto de exhumación de esta fosa, ya han solicitado una reunión con Augusto Hidalgo. Y es que, estas dos asociaciones consideran que el alcalde de la capital grancanaria es el “único” interlocutor válido y arremeten contra la gestión del concejal Sergio Millares, del que creen que debe apartarse de este proyecto si no va a ponerlo en marcha o que incluso debe ser cesado. Por sus desacuerdos con la gestión, ambos colectivos se han desmarcado del Consejo Asesor de Memoria Histórica tras asistir a una primera reunión.

“No podemos esperar más”

El portavoz de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo recuerda que su padre Diego González, de 90 años, espera poder cumplir su sueño de recuperar los restos mortales de su padre, el sindicalista Francisco González Santana, que fue enterrado en esta fosa junto al que fuera alcalde del entonces municipio, Juan Santana Vega en marzo de 1937. En este sentido, explica que conoce el lugar exacto donde se encuentran sus restos mortales, a un metro y medio bajo tierra, por lo que no comprende que “no se facilite la exhumación”.

Asimismo, insiste en que si el Consistorio no quiere o no puede financiar esta iniciativa, se encargarán de buscar los recursos para ello y recuerda que el Cabildo de Gran Canaria también ha mostrado ya su apoyo para que se proceda a la exhumación.

En esta línea, el autor de Tormenta en la memoria también explica que en la visita de los expertos para examinar la posibilidad de exhumar la fosa, descubrieron en los archivos del cementerio que hay más víctimas del franquismo enterradas en este lugar de las que se ha estimado oficialmente. Por ejemplo, destaca a los “30 ahogados de La Laja”, ya que han constatado que en las fechas de la muerte no coinciden con ningún naufragio ocurrido en el lugar, pero sí que podría concordar con las personas que eran arrojadas a la Marfea.

A la campaña para que familiares de víctimas de la represión que hayan sido enterrados en esta fosa contacten con estas asociaciones a fin de proceder a la identificación de estas personas, se han sumado ya 28, aunque estiman que puedan ponerse en contacto muchas más. Hasta ahora, lo han hecho desde distintos puntos de la isla y de España.

González Tejera indica que si al agotar las vías con el Ayuntamiento no logran cumplir su objetivo, recurrirán a las acciones jurídicas en base a la Ley de Memoria Histórica y a las directrices internacionales en materia de derechos humanos y crímenes contra la humanidad.

Ante la noticia de que finalmente se pueda exhumar la fosa común del Cementerio de Las Palmas, antigua necrópolis de Vegueta en la que se encuentran enterradas al menos 60 víctimas del Franquismo, dos asociaciones de Memoria Histórica de Canarias iniciaron hace apenas unos días una campaña para tratar de localizar a más familiares de las personas que fueron fusiladas y sepultadas en este lugar. Tres días después de que se publicaran los nombres en distintos medios de comunicación y redes sociales, quince familias se han puesto en contacto con estos colectivos, con el objetivo de identificar a sus allegados.

Según explica el portavoz de Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo, Francisco González, a Canarias Ahora muchas de estas personas sabían que sus parientes habían desparecido, pero no conocían que habían sido enterrados exactamente en esta fosa. Por ello, cree que es un “gran avance” que se haya difundido los nombres y apellidos, algo que confía que ayudará a sumar a más familiares.

González, nieto de uno de los republicanos asesinados y cuyos restos mortales conoce que descansan en la fosa, recuerda que de las víctimas que se encuentran en este lugar, una gran parte eran militares que servían en Sidi Ifni y que murieron “por defender los valores democráticos de la república”. Muchos de ellos eran peninsulares, por lo que, aunque sus parientes conocen que fueron traídos a Gran Canaria y sometidos a Consejos de Guerra, luego no supieron en qué lugar donde se encuentran los restos mortales.

Tanto el Foro Canario de Víctimas del Franquismo como la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo, son partidarios de la postura de Santiago Carcas, presidente de la asociación estatal ARDF Desaparecidos que ya ha comentado a Canarias Ahora que su posición, defiende que se exhumen todos los huesos de la fosa para posteriormente crear un banco de ADN con la ayuda de la universidad, para proceder a la identificación. Dicho colectivo, se ha ofrecido a asesorar y ha compartir su experiencia con el Ayuntamiento de la capital grancanaria y al Cabildo de la isla para que el proyecto se inicie. De hecho, el próximo 13 y 14 de abril estará en la ciudad para reunirse con el Consejo Asesor de la Memoria Histórica y abordar este tema.

Fusilados por sus ideales

Hasta ahora, son cuatro las familias que han contactado desde la Península para tratar de identificar a sus allegados. Concretamente, proceden de Extremadura, Andalucía y una mujer de Teruel. Esta última, señala Francisco González, hija de un capitán del ejército en Sidi Ifni.

El resto de familiares que han llamado para interesarse son de distintos puntos de Gran Canaria. Afirma que hay de Agaete, Arucas, Las Palmas de Gran Canaria... y que por lo pronto no se han puesto en contacto de otras islas. El portavoz y también autor del libro Tormenta en la Memoria, aclara que es difícil que haya víctimas de otras islas, dada la documentación que manejan sobre los consejos de Guerra de la época.

González Tejera espera que poco a poco se sumen más personas a esta causa y que finalmente el estudio de exhumación de la fosa común de Las Palmas sea viable. De hecho, según recuerda, “al menos ya hay un inetrés por parte del Ayuntamiento y del Cabildo de la isla, que incluso se ha prestado a colaborar con sus técnicos”.

Y es que, desde diputados; alcaldes; concejales, sindicalistas; cuadros políticos de diversos partidos adscritos al Frente Popular; militares; delegados gubernativos; policías municipales; farmacéuticos; maestros; todos ciudadanos de diversas edades, aunque muchos de ellos muy jóvenes fueron asesinados por defender los ideales de la República.

Hasta ahora, sólo habían reclamado el cuerpo del alcalde del entonces municipio de San Lorenzo, Juan Santana Vega y el del abuelo del autor de Tormenta en la memoria, el sindicalista también llamado Francisco González y cuyo hijo, Diego González, de 90 años, ya ha expresado en más de una ocasión que le gustaría enterrar los restos de su padre.

Ahora quince familias más se han sumado a esta lucha, a la espera de la previa verificación por medio de la documentación de archivo de que se trata de sus familiares y no de personas con el mismo nombre. No obstante, el portavoz de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo subraya que es casi en un 80% de posibilidades de que sí que se trate de sus parientes.