Izquierda Unida y Teruel Existe han comparecido este jueves para anunciar la presentación de un recurso ante la Mesa y Junta de Portavoces y, si no hay rectificación, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el recorte en la financiaicón que han sufrido sus partidos en las Cortes de Aragón. Ambas formaciones han visto reducida la partida de personal en un 54%, lo que ya ha causado un despido en Teruel Existe e impide la contratación de nadie por parte de IU.

“Ya dijimos que esto que han pactado PP, PSOE y Vox es un atentado a la pluralidad política que se supone que representan estas Cortes de todos los aragoneses. Es la primera vez en democracia, y esto lo quiero subrayar, que se rompe el consenso para que todos los partidos políticos con representación parlamentaria estén lo suficientemente dotados económicamente como para poder defender a los ciudadanos que les han votado”, ha declarado Tomás Guitarte, portavoz de Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón. “Mediante la insuficiente dotación económica para personal, se está indirectamente violando el derecho a la participación política. Por eso hemos presentado un recurso ante la Mesa y Junta de Portavoces para que reconsideren la posición.”

Por su parte, la coordinadora general de Izquierda Unida Aragón, Marta Abengochea, ha señalado que “esto supone una rotura del consenso histórico. Estos partidos llevan dos meses en conversaciones para formar gobierno y no hay manera, y en dos minutos se ponen de acuerdo incluso con la oposición para repartirse el dinero. Este reparto no es una cuestión técnica, sino una decisión política que recorta derechos democráticos y limita la capacidad de quienes representamos a una parte importante de la mayoría social para hacer nuestro trabajo en condiciones dignas”.

Guitarte ha subrayado además “la tremenda hipocresía de los partidos mayoritarios, PP y PSOE, que son incapaces de pactar nada que sea constructivo para los ciudadanos, pero que se han puesto de acuerdo para repartirse el dinero de estas Cortes de Aragón. Eso no vamos a permitir que se olvide cuando vuelvan a escenificar sus desacuerdos ideológicos. Parece que el dinero es el pegamento más eficaz cuando se trata de llegar a acuerdos”.

En este sentido, Abengochea ha advertido de que “aplicar un criterio aparentemente proporcional sin garantizar mínimos suficientes lo que hace es impedir que los grupos pequeños puedan desarrollar su labor, vaciando de contenido el pluralismo democrático y reforzando a quienes ya tienen más poder institucional”.

Guitarte ha explicado, además, su intención de “ir hasta el final”: “Si este recurso no prospera, seguiremos por otras vías. Si la Mesa y Junta de Portavoces ante esta queja no reconsideran su posición, presentaremos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Lo que han hecho es romper un consenso que viene de las primeras Cortes de esta democracia, y todo por el dinero”. Abengochea ha insistido en que “es un ataque al pluralismo político, porque además, en las agrupaciones pequeñas la carga de trabajo es proporcionalmente mayor”. 

Respecto a la justificación de que el recién aprobado reparto refleja mejor los resultados de las urnas, según Guitarte, “negamos la mayor. PP y PSOE perdieron diputados tras las últimas elecciones y, aun así, se reparten más dinero. Izquierda Unida mantiene la misma representación y se le ha reducido la partida para personal drásticamente. Las cuantías totales son las mismas, no hay ahorro, lo que cambia es que ahora los partidos más grandes han decidido quitar recursos a los partidos más pequeños. Esa es la única verdad detrás de todo esto”. 

PP, PSOE y Vox han llegado a un acuerdo respecto a las asignaciones económicas a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón en concepto de subvenciones para gastos de funcionamiento y gastos de personal que “estrangula a los grupos pequeños”. Así lo han denunciado este martes Teruel Existe e Izquierda Unida, que ven reducida la partida de personal en un 54%, lo que, en el caso del segundo “impide contratar a una persona a jornada completa”.

Las asignaciones, aprobadas por los tres principales grupos de la Cámara, se han diseñado —según critican los grupos minoritarios— sin mantener el criterio aplicado en legislaturas anteriores, que incorporaba mecanismos de corrección para garantizar un mínimo de recursos a las formaciones con menor representación. Según ha explicado Tomás Guitarte: “En estas Cortes siempre que ha habido un grupo con una representación inferior a 14 diputados, estas formaciones tenían una serie de recursos mayores que los que corresponde a su proporcionalidad porque el reglamento así lo recoge, son recursos mínimos para que puedan ejercer su función”.

El nuevo reparto se produce en un contexto de reconfiguración parlamentaria tras las últimas elecciones. El PP ha perdido dos diputados, el PSOE cinco, Vox ha pasado de siete a 14, CHA de tres a seis, Teruel Existe ha pasado de tres a dos diputados e Izquierda Unida mantiene un escaño. La Cámara cuenta además con dos grupos menos tras la desaparición de Podemos y el PAR.

Pese a esta nueva aritmética, los grupos minoritarios denuncian que el reparto de recursos no se ha ajustado de la forma proporcional en función del número de escaños y las variaciones respecto a la legislatura anterior. En el caso del PP, la asignación de personal aumenta un 22% pese a la pérdida de diputados. El PSOE apenas varía su dotación. Vox ha visto duplicada la partida a personal. Algo que no se corresponde con lo que ha ocurrido con Chunta Aragonesista, que también duplicó su representación y cuya partida ha aumentado solo en un 36%. Jorge Pueyo ha mostrado su apoyo acompañando a Abengoechea y Guitarte en la rueda de prensa conjunta que estos han dado.

Sin embargo, los grandes damnificados de esta propuesta son Teruel Existe e Izquierda Unida. Este último aún más, ya que mantiene la misma representación que en las últimas elecciones y, a pesar de ello, pierde el 54% de la financiación en personal. Teruel Existe ha perdido un diputado y ha visto reducida la cuantía en el mismo porcentaje que IU. Los dos partidos denuncian un “cambio de criterio” que rompe el consenso histórico de la Cámara y “pone en riesgo su funcionamiento”. La situación es especialmente llamativa cuando en esta legislatura hay dos grupos políticos menos: “Había más dinero a repartir”, destaca la diputada de Izquierda Unida, Marta Abengoechea.

Sostiene además que la propuesta de Vox, PP y PSOE aplica un criterio “arbitrario de proporcionalidad pura” que resulta “profundamente injusto” y deja a los grupos minoritarios con su funcionamiento “gravemente comprometido”. Abengoechea afirma que el grupo mixto ha presentado hasta cuatro propuestas alternativas que no han sido aceptadas y critica que, con menos diputados en la Cámara, los grandes grupos “salen ganando” mientras los pequeños “pierden pese a mantener su representación”: “Con unos 30.000 euros asignados no se puede ni mantener una jornada completa”, ejemplifica Abengoechea.

“El PSOE, perdiendo diputados, gana recursos; no responde a ningún criterio democrático”, sostiene. También acusa al PP de “plegarse a las exigencias de Vox” en un acuerdo que, en su opinión, supone un “mercadeo” entre los grupos mayoritarios a costa de los minoritarios.

Abengoechea también ha destacado que la carga de trabajo de los grupos minoritarios es alta, ya que, en su caso, solo es una persona la que acude a las comisiones: “Vamos a ver gravemente comprometido nuestro funcionamiento tanto de actividad parlamentaria como de representación de la ciudadanía”.

“Un intento de estrangular a los grupos pequeños”

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ratifica este diagnóstico y sostiene que la decisión supone una ruptura con la práctica habitual de las Cortes, que hasta ahora garantizaban “recursos mínimos suficientes” para el funcionamiento de los grupos con menor representación. Guitarte denuncia que la aplicación de un reparto estrictamente proporcional hace “inviable” el cumplimiento de las funciones parlamentarias básicas y “vacía de contenido” el artículo 51 del reglamento de la Cámara.

El portavoz de Teruel Existe acusa además a PP, PSOE y Vox de actuar de forma coordinada para repartirse los recursos: “Son grupos incapaces de llegar a acuerdos en otras materias, pero se ponen de acuerdo para repartirse las subvenciones”. También hace referencia a las cantidades que el PSOE y el PP tendrían que reducir de sus partidas: “Con una financiación total de 1.100.000 euros se niegan a ceder 27.000 en el caso del PSOE o 58.000€ el PP, que cuenta con un millón y medio de euros. Para ellos son cantidades irrisorias que permitirían el correcto funcionamiento de los grupos minoritarios. Aparte de injusto es incomprensible”.

Ambos portavoces agradecen el apoyo de CHA y defienden que el conflicto trasciende lo ideológico. “No es una cuestión política, sino de defensa de la democracia”, subraya Abengoechea. Guitarte concluye que la decisión compromete el derecho de los diputados a desarrollar su labor con garantías: “Se está actuando por la vía de los hechos, limitando la capacidad de trabajo de los grupos minoritarios”.

Tizona Comunicación S.L. —bautizada con el mismo nombre que una de las dos espadas del Cid Campeador— es una pequeña empresa que se creó en 2018 al calor del crecimiento de Vox y que ha hecho trabajos de consultoría y comunicación para el partido ultra. Vox empezó a contratarla en 2019, como han constatado fuentes oficiales del partido. Detrás de esta pyme están dos personas del círculo íntimo de Santiago Abascal: Kiko Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza. El primero es la sombra de Abascal, ha llegado a pactar en autonomías y ha tenido un papel esencial en las reuniones con el PP, aunque no tiene ningún cargo orgánico en el partido. El segundo es hijo del empresario de comunicación Julio Ariza, alineado con Vox en sus planteamientos y dueño de Intereconomía. Ariza hijo también asiste al líder del partido en viajes internacionales.

A partir de 2019, esta consultora “ofreció servicios de asesoría en comunicación; diseño y producción de materiales audiovisuales; la gestión de la página web; proveyó a los cargos de Vox de resúmenes diarios de prensa y se encargó de la formación de candidatos (oratoria; entrevistas; preparación de debates electorales...)”, según ha publicado en un comunicado el partido. Ese año, el Tribunal de Cuentas pidió documentación a la empresa ante las dudas que suscitaron facturas por valor de medio millón de euros. La pregunta que hacía el máximo órgano fiscalizador de España era qué trabajos exactamente había hecho y por qué se habían confiado todos a la misma empresa. Tizona, según ha podido saber elDiario.es, aportó decenas de correos y documentación para sostener en qué consistían concretamente esas consultorías y trabajos por los que había cobrado.

Al año siguiente, Vox casi triplicó las facturas pagadas a la empresa: 1,3 millones que fueron a parar a Tizona, según adelantó El País y han confirmado a elDiario.es fuentes cercanas a la cúpula del partido. ¿Por qué esa importante subida en la cantidad de dinero? Según el comunicado, “a Tizona se le encargó también la redacción de posicionamientos políticos, análisis estratégicos y geopolíticos y la redacción de discursos para los cargos políticos (...)”. La carga de trabajo que asumió Tizona para poder dar estos servicios le llevó a mantener una plantilla en los años 2019 y 2020 que oscilaba entre los 20 y los 25 profesionales de todos los ámbitos de la comunicación“, decían en redes este martes para justificar los pagos.

Las cuentas de Tizona enviadas al registro no dicen lo mismo. En 2019 reflejan una media de 6 empleados. Al año siguiente, en 2020, reflejan 11 trabajadores fijos y uno “no fijo”. Con los años, los empleados se han reducido hasta cero trabajadores, que son los que la empresa admite en sus cuentas de 2024. De hecho, en su comunicado de esta semana, el partido admitía que ha ido absorbiendo en su cuenta de gastos los salarios de muchos de estos empleados de Tizona: “A medida que el partido fue creciendo y ganando músculo, algunos de los trabajadores de Tizona se fueron incorporando a la estructura del propio partido incluso en puestos de relevancia pública dada su demostrada valía e implicación con Vox”. Es decir, reconocían un trasvase de empleados. Gracias a esa operación, los costes en personal de Tizona han pasado de 526.000 euros en 2020 a cero euros en 2024, últimas cuentas disponibles.

En 2020, el año en que Vox decidió pagar 1,3 millones a la empresa —que tiene como administrador único a Méndez-Monasterio y como socio único a Kalma Lectura, de la que fue administrador Gabriel Ariza— el partido reflejó 14,9 millones de ingresos (de los cuales 9,8 procedían del Estado).

En esa partida se incluye el dinero que el partido matriz recaudó de sus 'sucursales' gracias a un sistema que algunos líderes que se marcharon de Vox consideraban una cuota forzosa e injusta. En 2020, Vox implantó unos convenios por los cuales los grupos municipales debían mandar dinero a la sede de Madrid a cambio de servicios de consultoría o asesoría en redes, marketing o contabilidad, un funcionamiento parecido al de las franquicias comerciales. elDiario.es ha tenido acceso al audio en el que la directiva de Vox explicó a líderes locales estos trasvases al partido nacional, justificando que les dan materiales o les asisten en sus dudas y les hacen publicidad en redes. Estos convenios generaron malestar en varios territorios y críticas entre algunos líderes, que no renovaron candidatura, que veían cómo su caja propia menguaba en favor de la directiva de Santiago Abascal, que ingresaba en sus cuentas el dinero y luego lo administraba como quería. Además, era de dudoso encaje legal según la ley de Bases de Régimen Local.

En las cuentas de 2020, el partido admite que ha recibido 75.000 euros de doce grupos de Vox que consiguieron representación en ayuntamientos españoles y 994.000 de cinco instituciones parlamentarias —incluidos Congreso y Senado— en concepto de “aportaciones por los servicios prestados” desde la sede nacional, admiten las cuentas. Entre esos grupos parlamentarios está también el de la Comunitat Valenciana —que aportó a Vox 132.000 euros—, Andalucía —que transfirió 250.000— y Aragón —62.000—. Es una cifra parecida a la que el partido destinó ese mismo año a la empresa de los asesores de Abascal.

Según sus cuentas, Tizona obtuvo unos ingresos ese año de 1,4 millones, es decir, prácticamente todo su negocio como empresa está en el dinero que consiguió de su cliente Vox. Esta sociedad también ha trabajado y facturado para el sindicato Solidaridad y para la Fundación Disenso, aunque nunca se ha revelado cuántas facturas ha emitido o por qué conceptos. De hecho, ese mismo año 2020 es cuando se constituyó el think tank de Vox, que lanzó también Méndez-Monasterio. Los lazos entre la empresa y Vox se cruzan en las sedes. Tizona ocupó el local del partido, que estaba en la calle Nicasio Gallego de Madrid, cuando este se mudó a un local más grande, en la calle Bambú de la capital.

Precisamente la relación del partido con los asesores, las transferencias millonarias a Disenso o los 63.000 euros anuales que El Confidencial publicó que le pagó a la esposa de Abascal, una empresa con vinculación indirecta con Ariza, son las críticas centrales de los disidentes de Vox, que piden transparencia y conocer las facturas y proveedores del partido —que se financia con fondos públicos y cuotas de militantes—. De momento, la formación de Santiago Abascal no ha hecho pública su cuenta de proveedores, pero sí ha iniciado trámites para expulsar a críticos como Iván Espinosa de los Monteros o a Ortega Smith, este último ya fuera del partido.

Vox no ha respondido a las preguntas de elDiario.es enviadas por escrito hace una semana, pero fuentes oficiales sí han admitido que a la empresa Tizona se le pagaron 1,3 millones de euros en el año 2020.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la pieza principal del caso Hispano Almería, en concreto la pieza separada que investigaba presuntas contrataciones irregulares de obra pública a través del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. La juez da así carpetazo a un caso que cuya investigación se inició en 2014, al considerar que no se aprecian indicios suficientes sobre la comisión de delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos, entre otros.

En su auto dictado el pasado 15 de enero, la magistrada Ana Belén Vico incide en el último informe policial emitido sobre las actuaciones urbanísticas y adjudicación de obras a la mercantil en Roquetas de Mar entre los años 2000 y 2010 sin que, del examen de los documentos realizado, se puedan determinar “graves irregularidades” en la contratación.

Del mismo modo, y conforme a la petición de archivo realizada por la Fiscalía, tampoco se han podido determinar plenamente la existencia de operativas por parte de los investigados para la “ocultación” de parte de las ganancias que se habrían obtenido con contratos amañados o posibles delitos contra la Hacienda Pública. Las acusaciones llegaron a pedir la imputación de Gabriel Amat, alcalde de Roquetas y que también fue presidente tanto de la Diputación como del PP almeriense.

La juez llega a subrayar el giro radical dado por la Fiscalía en este caso, tanto que en un último informe –“cuyos fundamentos son íntegramente compartidos por esta Instructora– concluye ”modificando sustancialmente“ sus denuncias anteriores. Tanto, que subraya ahora que ”no se han detectado graves irregularidades“ que puedan ser constitutivas de delito.

Un caso que arrancó en 2014

Las actuaciones se iniciaron en 2014 con base en una serie de recibís, facturas y una libreta de anillas aportadas ante la Fiscalía, que habrían sido encontradas en un contenedor de basura, en las que se recogían supuestos pagos a técnicos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar a cambio de la adjudicación de obras públicas.

Estos indicios llevó al Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de Málaga a realizar un primer informe policial en el que se detectaron “irregularidades” en la tramitación de los 62 procedimientos, aunque el mismo informe apuntaba “la falta de documentación en varios de estos expedientes”, que fue solicitada al Consistorio roquetero. El informe recordaba que en 2003 hubo elecciones municipales, constando la entrega de 36.000 euros asociados a la “campaña electoral Roquetas de Mar”.

Pero con la documentación adicional, la UDEF emitió un segundo informe sobre actuaciones urbanísticas relativos a la adjudicación de obras a la mercantil Hispano Almería en Roquetas de Mar sin que, a raíz de la misma, se apreciaran irregularidades sobre los delitos investigados. A estos informes se unen las “múltiples diligencias de investigación practicadas” entre las que se incluyen las declaraciones de investigados y testificales, además de otras pruebas documentales.

Recibís sin firmar

En este sentido, la jueza incide en que si bien destaca la existencia de unos recibís con la supuesta entrega de cantidades de dinero por los investigados, los mismos “no se encuentran firmados por ninguno de los supuestos receptores”. “Es evidente que es un indicio de delito, pero no se ha podido acreditar, suficientemente, la efectiva entrega/recepción de esas cantidades”, expone la juez, quien además apunta que ninguno de los informes policiales al respecto “acredita con claridad dicho extremo”.

Abunda además en el estudio de la documentación de la diversas sociedades, lo que tampoco ha permitido acreditar “fuera de toda duda” la existencia de esa supuesta entrega de dinero. “Es cierto que alguno de los investigados percibió cantidades de dinero con origen en la mercantil Hispano Almería, pero también lo es que lo fueron, al menos en apariencia, por prestaciones profesionales o negocios que estaban autorizados a realizar”, distingue la instructora.

La juez incide en la “compleja instrucción” llevada a cabo no sólo por la “profusa documental” practicada sino por la toma de declaraciones a investigados, técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, quienes “niegan categóricamente los hechos”.

Sin la “gravedad necesaria”

De este modo, asevera que de lo investigado no se ha podido acreditar, por una parte, irregularidades en la tramitación de los expedientes; y, por otra parte, el supuesto cobro de comisiones desde el Ayuntamiento roquetero para “favorecer a cualquiera de las empresas investigadas en la adjudicación de obras públicas”.

De todo ello, la juez concluye que “no concurren los requisitos expresados para estimar acreditado siquiera indiciariamente que por persona alguna determinada se haya cometido un presunto delito de prevaricación o de cualquier otro ilícito penal, no adoleciendo las posibles irregularidades que pudieran derivarse de los expedientes analizados, de la gravedad necesaria para ser relacionadas con una posible actividad criminal”.

El PSOE responde a la polémica generada por la investigación judicial sobre todas las liquidaciones de gastos que cargos públicos y trabajadores pasaron al partido por comidas, hoteles o kilometraje en los últimos siete años con un informe técnico que acredita que el dinero con el que se abonaron esas liquidaciones procedía de su cuenta oficial y que esos pagos en metálico estaban respaldados por recibos. El documento, encargado a dos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, disipa la sospecha sobre la financiación irregular de los socialistas alentada por el PP, aunque asume que el PSOE pagó algunos gastos “improcedentes” que la Secretaría de Organización que dirigía José Luis Ábalos justificó con facturas. 

El informe, de 108 páginas, analiza el funcionamiento de la caja del PSOE en el citado período, así como los pagos por valor de 126.858 euros abonados en metálico al “Equipo de Organización” entre 2017 y 2020, cuando ese departamento estaba dirigido por Ábalos, ahora en prisión. Según el informe, el PSOE llegó a manejar en su caja ese período 940.388 euros en metálico. Es un dinero que procedía “fundamentalmente” de las reposiciones de efectivo realizadas desde la cuenta operativa del partido en el BBVA, tal y como acreditan los justificantes bancarios. Esa información ya fue aportada al Tribunal Supremo por el partido el pasado octubre. 

La investigación realizada ha detectado algunos “ingresos atípicos” en esa caja por una suma total de 7.283 euros. Se trata, dice el informe, de “operaciones esporádicas y plenamente identificadas”. A saber: ventas de merchandising, los ingresos obtenidos tras llevar a empresas de chatarra material inservible o 1.000 euros percibidos en 2023 por diez décimos del número 89.374 premiados en la Lotería de Navidad del año anterior. 

Los expertos sostienen que la revisión realizada “muestra un sistema de caja coherente, cerrado y verificable, en el que todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos, y todas las salidas están correctamente documentadas”. “No se detecta movimiento alguno que pueda considerarse ajeno al circuito ordinario de tesorería, ni indicio de fondos no declarados o no trazados”, concluyen el catedrático Félix Vega y el profesor César Martínez, especializados en Derecho Financiero y Tributario.  

Respecto a las salidas de efectivo, el informe apunta que los importes contabilizados “se ajustan al funcionamiento ordinario del sistema de anticipos y reembolsos”. Ese sistema consiste en que la persona adelanta un gasto vinculado a una actividad del partido, presenta la correspondiente liquidación y se le reintegra el importe justificado. Eso explica, prosigue el análisis, que el partido no haya practicado retención de IRPF, pues no se trata de rendimientos del trabajo ni de la actividad profesional, sino de “simples reembolsos de gastos soportados en interés de la organización”. 

Los expertos han analizado una muestra consistente en 18 de las 190 hojas de liquidaciones de gastos que Ábalos, Koldo García y el equipo de Organización pasaron al partido entre 2017 y 2020. Cada una de esas hojas incluye decenas de tickets y facturas, por un importe total cercano a los 65.000 euros. Se han analizado todas las liquidaciones iguales o superiores a 2.000 euros, aunque en algunos casos había un “número relevante” de comprobantes ilegibles total o parcialmente, debido al desgaste de la tinta por el paso de los años.

Gastos “notoriamente improcedentes”, en “pocas ocasiones”

La “mayoría” de esos gastos corresponden a “gastos de restauración usuales: menús, bebidas y cafés” realizados en restaurantes “situados en el eje Madrid-Valencia”, precisamente los enclaves por los que se movía Ábalos, que es diputado por Valencia, ahora suspendido de sus funciones tras decretar el juez prisión provisional para el extitular de Transportes. Los expertos constatan que en la práctica totalidad de los comprobantes de gasto no consta el destinatario de esos abonos. Pero, en los que aparece, figuran “de forma mayoritaria” Ábalos, Koldo García y Eduardo Cantos, chófer del exministro. El informe destaca que “en pocas ocasiones constan gastos notoriamente improcedentes”, como menús infantiles en restaurantes. 

El análisis realizado también constata que en los años 2017, 2018 y 2019 son “reducidos” los gastos que superan el umbral de 60 euros por comensal, por lo que el informe no considera que puedan ser gastos “suntuarios o excesivos”. Sin embargo, el examen de los gastos de 2020 sí refleja que una de cada cuatro comidas superaron ese importe. El informe toma como referencia la cifra de 60 euros por comensal dado que la dieta de manutención para los funcionarios del Grupo A1 es de 53,54 euros. Esa cifra no ha sido actualizada desde 2005, por lo que los autores optan por redondearla a los 60 euros.

Así, el informe recoge, por ejemplo, una factura de “un menú” en la marisquería La Chalana de Madrid por un importe de 332 euros. Además, ese día se registraron otras dos facturas seguidas en el mismo día y en el mismo restaurante “cuya explicación no resulta evidente”. La Chalana, una marisquería madrileña cercana al Santiago Bernabéu, a unos 10 minutos andando del Ministerio de Transportes, era la base de operaciones de Ábalos y Koldo García. 

En ese mismo año figuran otros recibos de comidas que rondan los 300 euros para tres comensales en restaurantes ubicados en las inmediaciones del Ministerio, así como en el Barrio de Salamanca de Madrid. También consta un recibo de “un menú del día” en un restaurante de Aranda de Duero por un importe de 193 euros. Es un gasto “extraordinario” y que “no se compadece con el coste por comensal propio de un menú del día habitual”, dice el informe.

El PSOE cambió a partir de 2020 el procedimiento de liquidación de gastos y pasó a efectuar casi todos los abonos por vía bancaria, a excepción de algunos de los gastos adelantados. El informe acredita que, a pesar de ello, el PSOE siguió manejando elevadas cantidades de efectivo a partir de esa fecha para gastos distintos a los de representación que pasaban sus cargos orgánicos.

Fuentes socialistas explican que se trata de la primera parte de la “auditoría externa” a la que Pedro Sánchez se comprometió el pasado junio, cuando salieron a la luz las grabaciones en las que sus dos últimos secretarios de Organización aparecían hablando del reparto de mordidas. La segunda parte, indican estas fuentes, analizará en detalle si esos gastos que Ábalos y su asesor Koldo García pasaron al partido —en ocasiones en nombre de otros miembros del equipo de Organización— corresponden con actividades propias de la formación. 

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes una propuesta del PSOE por la que se insta al órgano fiscalizador a realizar una auditoría específica de las cuentas de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, entre 2020 y 2025. La iniciativa ha salido adelante con los votos de PSOE, PP, Sumar y el PNV y el único voto en contra de los de Santiago Abascal.

En concreto, se urge al órgano que preside Enriqueta Chicano a realizar un informe de Fiscalización Especial de las cuentas de ingresos y gastos de Disenso de los últimos cinco años, “analizando la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, corrección de su contabilización y justificación”, según consta en el escrito recogido por Europa Press.

La iniciativa busca profundizar en las denuncias de varios exdirigentes de Vox en Balears que hablaban de un supuesto desvío de dinero de los grupos parlamentarios a la fundación de Abascal, a quien acusan de querer “forrarse”. Desde el partido subrayan que esas aportaciones de grupos institucionales son habituales en todas las formaciones y niegan toda irregularidad.

Una “paguita vitalicia” para Abascal

A esas denuncias se ha referido en su intervención el diputado socialista Ferran Verdejo, quien ha defendido que existe un “historial de sospechas sólidas” contra la contabilidad de esta entidad y ha recalcado que el verdadero “interés de Abascal es el dinero” y que han creado una fundación para que el líder del partido “tenga una paguita vitalicia”.

En la misma línea, Engracia Rivera, de Sumar, se ha referido a Disenso como “un chiringuito que desvía millones de euros de financiación pública para hacer contrataciones opacas y producir bulos y propaganda xenófoba”, y ha apoyado así mismo esta auditoría especial.

La iniciativa ha contado también con el respaldo del PNV, cuya senadora María Dolores Etxano confía en que esta fiscalización sirva para “despejar dudas” sobre si Vox está “desnaturalizando” la ley al desviar desde sus grupos autonómicos “ingentes cantidades de dinero” a una entidad que “reproduce casi de forma exacta las funciones de un partido”, pero sin estar sometida a los controles que rigen para las formaciones políticas.

Vox alega que no hay irregularidades

El diputado de Vox Juanjo Aizcorbe ha tachado de “barbaridades” las acusaciones de PSOE, Sumar y PNV, ha achacado la iniciativa socialista a su “obsesión de acosar a quien no controla” y ha avisado de que “volverán a estrellarse” como les ocurrió cuando el Tribunal Supremo anuló una de las tres sanciones que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a Vox, en concreto la multa de 233.000 euros por dos infracciones continuadas muy graves al recolectar donaciones finalistas para sufragar la querella que interpuso contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra.

Además, ha asegurado que Disenso ya ha sido fiscalizada sin haberse encontrado “ningún indicio de irregularidad” y ha añadido que Vox apoyaría esa fiscalización si se hiciera lo mismo con todas las fundaciones políticas “desde su nacimiento”.

Desde el PP, Luis María Beamonte ha indicado que pedir una fiscalización especial de Disenso o de todas las fundaciones “carece de sentido” porque su contabilidad ya es analizada por el Tribunal de Cuentas. No obstante, ha dado su apoyo a la iniciativa socialista. “Quien nada oculta nada teme y no tenemos ningún problema con la transparencia”, ha argumentado.

Eso sí, ha recalcado que el tribunal no puede “fiscalizar el objetivo ideológico de los gastos” y ha tachado de “hipócrita” que el PSOE se erija en garante con control financiero cuando la Audiencia Nacional tiene “una investigación abierta por sus pagos en efectivo que no declara” y fundaciones vinculadas al PSOE, como la Pablo Iglesias “se hunden”.

Un juez de la Audiencia Nacional envió en 2013 una bomba en forma de auto a la cercana sede del Partido Popular. El magistrado Pablo Ruz dio cinco días a la formación para aportar 20 años de documentos internos del partido: dinero en efectivo, cheques y donaciones. El magistrado investigaba entonces los papeles de Bárcenas, uno de los pilares del caso Gürtel. Esta semana ha sido otro juez, Ismael Moreno, el que ha puesto en marcha una diligencia similar por un asunto tan diferente como cuantitativamente inferior: ha solicitado al PSOE los detalles de todos los pagos en efectivo que ha hecho entre 2017 y 2024.

En el caso de los socialistas, la sospecha surge de los descuadres detectados por la Guardia Civil en abonos a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, que pasaron algo más de 60.000 euros al partido por gastos de comidas, hoteles, gasolina o kilometraje entre 2017 y 2021. La petición de información del juez Moreno impactó con fuerza en la calle Ferraz.

Los socialistas llevan meses enviando documentación al Tribunal Supremo sobre los pagos que hicieron a lo largo de los años a sus dos secretarios de Organización a medida que iban surgiendo las dudas y a medida que el juez Leopoldo Puente y la Guardia Civil encontraban números que no cuadraban: desde sus sueldos, hasta las donaciones que habían hecho al PSOE. Esta nueva vía, ya convertida en diligencias penales y no en aclaraciones, va mucho más allá.

El magistrado, a cargo de la pieza troncal del caso Koldo que estalló en febrero de 2024, reclama esta ingente cantidad de información a instancias del fiscal del caso, que considera que la documentación ofrecida por el partido “no es esclarecedora” y que es necesaria una investigación para “despejar las incógnitas existentes”.

El representante de Anticorrupción pidió que el PSOE aportara tanto las liquidaciones de esos siete años como sus justificantes para “determinar el modo y el motivo de los pagos en metálico”. Su tesis es que los descuadres en los abonos por parte del PSOE podrían deberse a un “blanqueo de capitales”, un “posible desfalco cometido contra el partido” u “otras eventuales irregularidades”. El instructor también recogió el guante del juez del Tribunal Supremo, que no quedó satisfecho con las explicaciones sobre cómo liquidaba gastos el partido con dinero en efectivo por gastos de sus empleados.

El contraste con los millones del PP

La diligencia se mira en el espejo de las que puso en marcha Ruz cuando El País desveló que el Partido Popular tenía una contabilidad paralela, primero registrada por Álvaro Lapuerta y después por Luis Bárcenas como custodios de la fortuna B de la formación. Un flujo millonario e incontrolado de dinero que era bidireccional: los grandes empresarios hacían donaciones a esa caja y de esa caja salían los sobresueldos de los altos cargos del partido. Ocho millones en donaciones y unos sobresueldos nunca declarados a Hacienda.

Sobre todos estos pagos, que fueron reclamados masivamente por el juez Ruz, pesó siempre una sospecha principal: que los empresarios financiaban al PP a espaldas del fisco y a cambio de adjudicaciones en los territorios y administraciones que controlaba el partido. Los empresarios nunca fueron condenados y la investigación específica se archivó aunque el PP ha encajado ya varias condenas como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de la trama corrupta. La existencia de la caja B también terminó siendo un hecho probado en las sentencias del caso Gürtel.

Es el espejo en el que se mira la diligencia puesta ahora en marcha por el juez Ismael Moreno sobre los pagos en efectivo del PSOE a sus trabajadores cuando liquidaban gastos que previamente habían abonado ellos, o a solicitar un adelanto: taxis, restaurantes o billetes de tren, entre otros. Un dinero que, según ha explicado el PSOE, salía de sus cuentas bancarias fiscalizadas –en torno a un millón de euros en ese periodo de tiempo– y se entregaba a los empleados.

Este viernes, el PSOE pidió una aclaración ante una petición de tal magnitud. Los abogados de Ferraz se dirigieron al juez para pedir más detalles. Sobre todo, que explique si quiere examinar todos y cada uno de esos gastos en efectivo pagados a todos y cada uno de sus trabajadores, o si solo requiere los que tienen que ver con los imputados en las múltiples ramificaciones del caso: Ábalos, Cerdán y Koldo García. Exigir toda esa documentación, advierte el PSOE, se acerca al concepto ilegal de investigación “prospectiva” y, además, tiene un riesgo añadido: implica poner en manos de las acusaciones populares –PP, Vox y HazteOir, entre otras– datos personales de decenas de empleados del partido.

Los descuadres que halló la UCO

El magistrado de la Audiencia Nacional empezó a indagar en las liquidaciones del PSOE tras recibir un auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en el que planteaba la posibilidad de que el exministro y quien fuera su mano derecha utilizaran los gastos que pasaban al PSOE para blanquear el dinero de las mordidas que supuestamente cobraron de empresarios con intereses en el Ministerio de Transportes. 

Puente construyó esa hipótesis tras constatar los escasos controles existentes sobre unos reintegros que el PSOE abonó mayoritariamente en efectivo hasta 2020. Y puso el foco, especialmente, en el hecho de que el partido no comprobara si los pagos realizados por quien obtenía la devolución habían sido realizados en metálico o con tarjeta. 

El juez del Supremo derivó las sospechas sobre el blanqueo con tickets a la Audiencia Nacional tras haber interrogado, como testigos, al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una empleada de la Secretaría de Organización, Celia Rodríguez. La citación de ambos se produjo después de que un informe de la UCO hallara un descuadre de miles de euros en los pagos en efectivo al exdirigente socialista y a quien fuera su mano derecha. 

Como parte de la investigación patrimonial a Ábalos, el juez pidió al PSOE que informara de todas las cantidades abonadas o transferidas a Ábalos, así como de las posibles donaciones del exdirigente. El PSOE informó de que había pagado en efectivo 19.638 euros a Ábalos y 12.744 a Koldo García por liquidaciones de gastos entre 2017 y 2021. 

La UCO puso en contexto esa información con los mensajes y audios intervenidos a Koldo García, que adjuntaban fotografías de sobres con dinero. Y concluyeron que, en algunos de ellos, se aludía a supuestas entregas de dinero por parte del partido que no tenían “correspondencia” con las cifras que el PSOE había comunicado al Supremo. Se analizaron cinco años de pagos y se hallaron descuadres en 2018, 2019 y 2020. 

Ante este escenario, el PSOE intentó acreditar con documentación bancaria oficial su gestión financiera para descartar la existencia de una caja B, de financiación ilegal, o de descuadres sospechosos en los pagos en metálico que recogía periódicamente Koldo García. El partido documentó el origen del dinero en metálico —casi un millón de euros— que durante siete años utilizó para pagar gastos de todo el partido. Cogían ese dinero —12.000 euros de media al mes— de la cuenta corriente que tiene abierta el PSOE en el BBVA donde se ingresan las subvenciones públicas que recibe y las cuotas de sus afiliados.

Además, remitieron al juez todos los abonos en billetes —nunca de valor superior a 50 euros porque era lo que el BBVA les enviaba— que hicieron durante siete años a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, además de, sin especificar nombres, el área de Organización. En total, 189.000 euros repartidos entre Ábalos (19.859), Koldo García (11.291), Santos Cerdán (30.797) y los trabajadores de la Secretaría de Organización (127.738).

El juez Puente y el fiscal Alejandro Luzón revisaron esa documentación y escucharon las explicaciones del exgerente del PSOE, quien confirmó un supuesto descontrol a la hora de autorizar los pagos en metálico contra facturas. Pero el magistrado consideró que ni la documentación que le remitió el PSOE ni el interrogatorio a los trabajadores del PSOE habían aclarado sus dudas. El partido se encuentra ahora ante un nuevo frente de imprevisible desenlace.

El PSOE se ha dirigido por escrito al juez de la Audiencia Nacional para que sea más específico en su petición de información sobre todos sus pagos en efectivo entre 2017 y 2024. El partido entiende que es una solicitud “de carácter genérico” y supone que solo debe mandar los datos relativos a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, investigados en el caso, y no de todos sus empleados durante esos años ya que toda esa información acabaría en manos de las acusaciones populares: “Tampoco hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del Partido Popular, de VOX y de Hazte Oir, nada menos”.

El magistrado Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, recogió el guante del Tribunal Supremo cuando el juez Lepoldo Puente remitió una fracción del caso Koldo que aludía a los pagos en efectivo dentro del PSOE para liquidaciones de gastos. Según el magistrado, existe la posibilidad de que los imputados –dos de ellos secretarios de organización del partido– hubieran blanqueado sus mordidas a través de liquidaciones de gastos del partido que recuperaban en efectivo.

El magistrado de la Audiencia Nacional se dirigió recientemente a Ferraz para poner en marcha la investigación y solicitó todos los pagos en metálico del partido desde 2017 hasta 2024. Todas las liquidaciones y resguardos y, además, un encargo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para analizar si en los mensajes y grabaciones intervenidas a Koldo García haya información sobre desfases en los abonos de la formación.

El PSOE se ha dirigido al magistrado para solicitar algo más de concreción en su petición al considerar que pedir todos los datos de todos los pagos en efectivo a todos los trabajadores del partido desde 2017 hasta 2024 no solo vulnera la ley de protección de datos sino que “podría entenderse como prospectiva y carente de justificación” al extender las pesquisas “a hechos y personas sobre las cuales no recae sospecha alguna”.

A lo largo de ese periodo de tiempo, explica el PSOE, “han sido innumerables los cargos, los/las trabajadores/as, afiliados/as, simpatizantes o simplemente voluntarios que han colaborado adelantando al Partido gastos que luego les fueron compensados”. Toda esa información, que entienden irrelevante para la causa en su mayoría salvo lo que atañe a Ábalos, Koldo García y Cerdán, acabará además en manos de las acusaciones populares. “Dicho sea, con todos los respetos, no hay motivo en derecho por el cual todas estas personas deban ver revelada su identidad y su actividad a favor del Partido, como tampoco hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del Partido Popular, de VOX y de Hazte Oir, nada menos”.

Esta petición también revelaría la afiliación al PSOE, y por tanto la opción política, de cientos de trabajadores: “Infringiría el derecho de la libertad ideológica, que incluye el derecho a no declarar sobre la ideología, religión o creencias”. El PSOE expresa su máxima preocupación porque todos estos datos caigan en manos de las acusaciones populares, entre ellas PP, Vox y el grupo ultracatólico Hazte Oir, y pide incluso que todo esto se investigue en una pieza separada bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional.

“Hacen caso omiso a esta obligación legal de reserva, y airean en cuantos foros se les alcanzan (incluso el mismo Senado) el contenido de la instrucción, escritos, informes policiales reservados o el contenido de declaraciones”, reprocha el PSOE. Y si esa documentación se filtra, zanja en este escrito de aclaración, “el daño será irreparable: nadie lo reparará, nadie hará nada por repararlo”.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga una presunta organización criminal que supuestamente cobró comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia, ha acordado abrir una pieza separada sobre los pagos en metálico del PSOE al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Así figura en una providencia fechada este jueves 6 de noviembre.

El magistrado da este paso tras recibir un auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, en el que este planteaba la posibilidad de que el exministro y quien fuera su mano derecha utilizaran las liquidaciones de gastos que pasaban al PSOE por comidas, hoteles, gasolina o kilometraje para blanquear el dinero de las mordidas que supuestamente cobraron de empresarios con intereses en el Ministerio de Transportes.  

En la documentación enviada por el Tribunal Supremo y ahora incorporada a esta pieza, se incluyen las declaraciones prestadas ante el alto tribunal por al exdirector gerente del PSOE, Mariano Moreno, la empleada del partido, Celia Rodríguez, así como la de la empresaria Carmen Pano. Adjunta igualmente la parte del informe de la UCO del pasado 8 de octubre que analiza los hechos, así como la información facilitada por el PSOE sobre dichos pagos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 ha acordado dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa de la apertura de la pieza separada y de la documentación.

El juez Puente construyó esta hipótesis tras constatar los escasos controles existentes sobre unos reintegros que el PSOE abonó mayoritariamente en efectivo hasta 2020. Y ponía el foco, especialmente, en el hecho de que el partido no comprobara si los pagos realizados por quien obtenía la devolución habían sido realizados en metálico o con tarjeta. La sospecha del instructor es que Ábalos y Koldo García pudieron abonar comidas, transportes u hospedajes con dinero procedente “de una actividad ilícita o, incluso delictiva” y que, después, blanquearon su procedencia cuando el partido les compensó esos gastos. 

Este supuesto caso de blanqueo con tickets constituiría una operativa de alcance limitado si se comparan las cantidades abonadas en metálico por el PSOE para compensar gastos con el botín corrupto que cobró presuntamente la trama a cambio de amañar obra pública. Según la contabilidad aportada al Supremo, el PSOE abonó un total de 189.686,76 euros en efectivo a Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y la Secretaría de Organización del PSOE entre 2017 y 2024. Por otra parte, el juez y la Fiscalía elevan a cinco millones de euros el supuesto cobro de mordidas. Según esto, los dirigentes socialistas apenas habrían podido blanquear a través de esta vía el 3,79% del presunto botín que siguen buscando los investigadores. 

Tras conocerse este martes que el interventor de las Cortes de Castilla-La Mancha han reclamado a Vox la devolución de dinero transferido a la sede nacional del partido por el Grupo Parlamentario, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha anunciado que quiere promover una reforma del Reglamento de la Cámara autonómica o de sus instrumentos de gestión económica para reforzar el control del dinero público asignado a los grupos parlamentarios.

A preguntas de los periodistas y a tenor de una información publicada por el diario El País, Bellido ha confirmado que la Mesa de las Cortes tomó conocimiento del informe de fiscalización que detectó que el Grupo Parlamentario de Vox en Castilla-La Mancha envió a Madrid fondos no gastados del ejercicio 2024, una práctica que el presidente ha calificado de “inédita e inaceptable” en la historia del parlamento autonómico y va a motivar una reforma de la normativa para que no se repita.

“El dinero que se entrega a los grupos procede de los contribuyentes de Castilla-La Mancha y debe utilizarse exclusivamente para la representación parlamentaria dentro de la región”, ha subrayado Bellido, quien ha precisado que la transferencia de fondos a la dirección nacional del partido resulta ética y políticamente reprobable, además de ilegal en la parte correspondiente al remanente que Vox pretendía retener.

Una normativa “escrupulosa, fina e incontrovertible”

Bellido ha anunciado que, a raíz de esta situación, se impulsará una clarificación normativa “escrupulosa, fina e incontrovertible” sobre el uso de los fondos públicos asignados a los grupos de la Cámara.

“Vamos a dejar absolutamente claro lo que se puede y lo que no se puede hacer con el dinero público que reciben los grupos. Tiene que emplearse en Castilla-La Mancha, y para Castilla-La Mancha”, ha afirmado.

El presidente de las Cortes ha explicado, además, que, tras el requerimiento de la intervención, Vox deberá devolver a la institución más de 34.000 euros, porque la normativa impide que la caja estatal de Vox se quede con una cantidad que no ha sido gastada.

Vox confirma que desvió dinero, pero matiza las cifras

Esta reacción se produce después de la información publicada por El País en la que afirmaban que la dirección nacional de Vox tendrá que devolver a las Cortes de Castilla-La Mancha 34.345,64 euros que habían sido transferidos indebidamente desde el grupo parlamentario que la formación ultraderechista tiene en la institución regional hacia la sede nacional en Madrid.

No obstante, fuentes del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha consultadas por elDiario.es, han asegurado que la cifra a reintegrar por transferirla a la estructura nacional del partido se reduce a 8.000 euros. Así mismo, afirman que no han cometido ninguna irregularidad, ya que se trata de un cambio de criterio que ha establecido el nuevo interventor de la Cámara castellanomanchega. Esa cantidad ha sido devuelta desde la caja central del partido al Grupo Parlamentario Vox, y no a las Cortes de Castilla-La Mancha, según aclaran.

La dirección nacional de Vox tendrá que devolver a las Cortes de Castilla-La Mancha 34.345,64 euros que habían sido transferidos indebidamente desde el grupo parlamentario que la formación ultraderechista tiene en la institución regional hacia la sede nacional en Madrid.

Según ha avanzado El País, la Mesa de las Cortes regionales en la que se integran los grupos parlamentarios PSOE y PP y de la que no forma parte Vox, se reunió ayer lunes y estudió un informe de fiscalización del interventor que detectó esta práctica. Dicho informe, sobre el que las fuentes consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha arrojan datos contradictorios, no se ha hecho público.

La información de El País afirma que el grupo parlamentario de Vox recibió en 2024 subvenciones públicas por valor de 265.848 euros, un dinero que debía ser empleado para su funcionamiento. Sin embargo, de esa cantidad, fueron transferidos hacia Madrid 53.170 euros en conceptos de servicios prestados y 34.345,64 en concepto de remanente no empleado. Estos últimos son los que tendrían que devolver.

La formación política justifica la primera cantidad por supuestos servicios que el aparato nacional de Vox habría prestado a su rama castellanomanchega, como “asesoramiento estratégico” o “posicionamientos políticos o material informativo”, que el interventor no controla y simplemente da por buena la declaración responsable del tesorero nacional de Vox. Esto demuestra que Vox utiliza el dinero de sus grupos autonómicos o provinciales para financiar su estructura nacional.

Vox confirma que desvió dinero, pero matiza las cifras

Fuentes del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha consultadas por elDiario.es confirman que transfirieron algo más de 34.000 euros a la caja central del partido, pero que se trata del remanente correspondiente al año 2023 y que fue autorizado por el anterior interventor del Parlamento regional, por lo que no debe ser devuelto.

La cifra a reintegrar por transferirla a la estructura nacional del partido es la correspondiente a 2024, que se eleva a 8.000 euros, según la misma fuente. Tras las ‘pegas’ del nuevo interventor de la Cámara castellanomanchega esa cantidad ha sido devuelta desde la caja central del partido al Grupo Parlamentario Vox, y no a las Cortes de Castilla-La Mancha, según aclaran.

Sin embargo, fuentes de las Cortes de Castilla-La Mancha consultadas por este medio confirman que la cantidad que Vox tendrá que devolver son algo más de 34.000 euros. En este sentido, según aseguran las mismas fuentes, “lo que se reclama (34.000 euros) responde al dinero transferido a Vox estatal” desde el grupo parlamentario de la formación en las Cortes, que era quien lo tenía concedido y no lo gastó, por lo que lo transfirió a Madrid bajo el concepto “cantidad sobrante no empleada”.

En un comunicado posterior, Vox Castilla-La Mancha ha negado cualquier “situación fuera de la legalidad” y dice que “al igual que el resto de partidos políticos”, mantiene “un convenio” con Vox España “precisamente para garantizar el cumplimiento estricto de los requerimientos del Tribunal de Cuentas”. En dicho convenio, añade el comunicado, “se incluye una cláusula de remanente que fue revisada y avalada por los servicios jurídicos y auditada por la Intervención de las Cortes, sin que se planteara objeción alguna en su momento”. Con las nuevas normas internas de fiscalización que entraron en vigor en 2025, profundiza la formación ultra, “se comunicó que la citada cláusula no podría mantenerse dentro del nuevo marco normativo” y que ante esta situación “Vox procedió de manera inmediata al reintegro del remanente y notificó que en la renovación del convenio no se incluiría dicha cláusula, ajustándose así a las nuevas directrices de la Intervención”.

Pablo Bellido anuncia cambios en el reparto de dinero a los grupos

En relación con este tema, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha asegurado en Guadalajara que la institución trabajará para “aclarar de manea escrupulosa, fina e incontrovertible lo que se puede hacer con el dinero que se da a los grupos parlamentarios, para que se emplee en lo que se debe: la representación en la región”.

Por su parte, desde el PSOE de Castilla-La Mancha han pedido al PP que rompa con Vox la coalición con la que gobiernan en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, ya que David Moreno, presidente de la formación ultra en las Cortes regionales, ejerce también como número dos en dicho consistorio.

“¿No debería, por tanto, dimitir el señor David Moreno por haber mentido y por haberles negado a ustedes lo que hoy hemos conocido que estaban haciendo? ¿Va a pedir Paco Núñez que el alcalde de Talavera cese al número dos en este Ayuntamiento?”, se ha preguntado Sergio García-Navas, secretario de formación de los socialistas castellanomanchegos.

Desvíos de dinero hacia su Fundación

No es la primera vez que Vox presenta irregularidades en sus operaciones de convenios y financiación, tanto a nivel nacional, como entre sus direcciones autonómicas. Hace más de dos años que se hizo público que Vox había traspasado siete millones de euros en cuatro años a la fundación privada que preside Santiago Abascal.

Se trata de la Fundación Disenso, que difunde el ideario de la formación de ultraderecha, que, por entonces, gastó un millón de euros al año en personal y 1,3 millones en el genérico epígrafe “otros gastos de actividad”, sin desglosar en qué servicios, contratos o empresas. La cantidad era significativa porque las fundaciones del PP y del PSOE gastan la mitad en personal y reciben hasta una quinta parte de donaciones.

En junio de 2024, Vox seguía traspasando millones de euros a Disenso. Según las cuentas anuales enviadas a los militantes para que fueran aprobadas en la asamblea, el partido transfirió un total de 2,5 millones a su 'think tank'. Y en el apartado de “hechos posteriores al cierre” relataba transferencias entre enero y junio de ese ejercicio año que alcanzaban un millón de euros. Con esta cantidad, a fecha de mediados de 2024 eran ya nueve millones los que había recibido Disenso desde su creación en 2020.

Para rematar, el pasado mes de septiembre tres ex altos cargos de Vox en Balears, Idoia Ribas, Agustín Buades y Maite de Medrano, denunciaron las presiones a las que aseguraban haber sido sometidos por parte del partido para “desviar ingentes cantidades de dinero” del grupo parlamentario a Disenso, aunque la formación ultra balear lo desmintió.

Alvise Pérez es un sujeto político extraño. Sacó más de 800.000 votos y tres eurodiputados en las últimas elecciones europeas con un canal de Telegram como único respaldo político. El fenómeno captó portadas, las encuestas empezaron a medir su impacto y algunas llegaron a situarlo en el 5%. El agitador ultraderechista, al calor de todo aquello, se veía ya como llave para un Gobierno de PP y Vox, como demuestran los audios que desveló este diario en los que prometía leyes a favor de un empresario que le había pagado 100.000 euros unos meses antes. Queda tiempo todavía para las elecciones y la política puede tener sorpresas reservadas, pero más de un año después de esos comicios el fenómeno Alvise parece que no termina de arrancar. 

El fundador de Se Acabó La Fiesta (SALF), conocido antes de su salto a la política por difundir informaciones falsas en sus redes sociales, decidió el domingo pasado convocar un acto en Vistalegre como pista de lanzamiento de su candidatura a las generales. A pesar de que en sus plataformas habló de lleno total, en el recinto de Carabanchel había importantes huecos tanto en las gradas como en la pista, que llenó de unos cientos de sillas. En total, cerca de unas 4.000 personas, lejos de las cerca de 10.000 que congregó Vox la última vez que organizó allí un evento. Este tipo de actos y las encuestas apuntan a que el partido de moda entre la extrema derecha sigue siendo el de Santiago Abascal. 

Los sondeos que llegaron a situar a Pérez por encima del 5%, como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ahora le colocan entre el 1% y el 2%, cifras que complicarían su objetivo de entrar en el Congreso de los Diputados en las próximas elecciones y también de colocarse como partido clave para la gobernabilidad de una posible coalición del PP con Vox. Ese es el escenario que proyectaba en septiembre de 2024, unos meses después de su irrupción en las europeas, cuando le prometía al empresario Álvaro Romillo, fundador de Madeira Club Invest (MIC), que legislaría a su favor en España cuando llegase el momento. 

“Es un pulso histórico. ¿En qué sentido? En el sentido de que las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de Gobierno con Feijóo y con Abascal y esto significa que yo en un posible acuerdo de Gobierno, puedo poner como [condición] sine qua non una serie de legislación [sic] relativas a bitcoin, etcétera. [...] Por eso estoy intentando ver cómo afronto este asunto porque quiero defender... pues no sé, ¿sabes? Defender tu negocio, defender bitcoin y, digo, lo voy a hablar antes contigo”, le decía según los audios desvelados por elDiario.es. Unos meses antes, durante la campaña de las europeas, Romillo le había pagado 100.000 euros en metálico, según confesó el propio empresario a la Fiscalía. 

La causa que investiga este asunto avanza en la Justicia: el Tribunal Supremo acaba de pedir al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad del eurodiputado para poder investigarlo por un delito electoral y otro de financiación ilegal. Pérez tiene abiertas además otras tres investigaciones judiciales contra él. Alvise Pérez suele abordar estos contratiempos colocándose como una víctima. “No falla: Ni 24 horas después del lleno en Vistalegre y la donación íntegra del sueldo, el Tribunal Supremo pide imputar a Alvise Pérez por algo que la Comisión de Ética y la Presidencia del Parlamento Europeo ya dijo que no había ninguna ilegalidad”, puso hace poco en su canal.

El eurodiputado publicó hace meses un vídeo en el que mostraba una carta de la Presidencia del Europarlamento de la que solo se hicieron eco medios afines como EDATV y en la que supuestamente le declaraba inocente, aunque lo único que se ve en su publicación es un papel impreso en el que se habla de que una de las comisiones de vigilancia de la cámara no ha encontrado evidencia suficiente sobre las acusaciones. La carta no se puede localizar en la web del parlamento y tampoco Alvise aportó ningún enlace para comprobar su validez, pero además el eurodiputado usó ese argumento para restar importancia a las acusaciones de “medios de comunicación, de algunos partidos y muchos influencers” sin mencionar que lo que pesa contra él no son “calumnias” como él las llama sino investigaciones judiciales.

Lejos de un fenómeno de masas que efectivamente podría haber llenado un pabellón como Vistalegre, como ocurrió con Vox hace unas semanas o con Podemos en sus inicios, Alvise Pérez logró juntar un número considerable de gente el pasado domingo, pero mucha menos de la que seguramente él pensaba. Para hablar del supuesto lleno en su canal, utilizó una fotografía en la que se lo puede observar en el escenario mientras saluda al público. Pero en las gradas aparecen rastros de flashes en zonas donde, según pudo comprobar este diario aquel día, no había nadie. La foto tiene una pequeña marca de agua en una de las esquinas que desvela que ha sido tratada con la inteligencia artificial de Google. 

El líder de SALF combina estos gestos con sus quejas por la escasa cobertura mediática que, según piensa, suscitó su lanzamiento como candidato. “Cuando salió Podemos tras aparecer en todos los medios, se les cubrió. Cuando apareció Abascal, todos los medios que movilizaron el miedo le sacaron. Cuando aparece ATENEA con todos los medios detrás, copa debates y prime-time con Iván como invitado… pero cuando un movimiento civil que renuncia a subvenciones, que dona el escandaloso sueldo público que recibe, y que llena Vistalegre sin la más mínima cobertura en ningún medio, se le silencia, difama y ridiculiza”, escribió en su canal, pese a que aquel día había varios de los principales medios de comunicación del país. 

Alvise ni siquiera ha cumplido todavía uno de los grandes momentos de su lanzamiento como candidato, la donación de 50.000 euros de su sueldo público, que anunció durante el evento que irían a una fundación de la Guardia Civil. Tanto la Asociación Por Huérfanos de la Guardia Civil como una similar de la Policía han rechazado la donación en los últimos días bajo la premisa de salvaguardar su neutralidad política. Hace unos días, el agitador colgó una noticia en su canal de Telegram para acusar a esa asociación de vínculos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A pesar de que la donación de su sueldo fue una de sus grandes promesas electorales, hasta ahora apenas ha sorteado dos mensualidades en más de un año en el cargo.

Las cuatro imputaciones de Alvise Pérez

Su incierta carrera política ha ido acompañada de una lista de problemas judiciales que han ido empeorando en el último tiempo, pero que no comienzan el 9 de junio de 2024. De hecho, para cuando se convirtió en eurodiputado, el agitador de extrema derecha ya había sido condenado en firme por lo civil en el Tribunal Supremo por publicar fotos privadas de la periodista Ana Pastor. Y varias causas penales estaban siendo tramitadas por los tribunales, todas enviadas al Supremo cuando consiguió su asiento en el Parlamento Europeo y, por tanto, quedó aforado.

En estos momentos Alvise está investigado en cuatro causas diferentes tramitadas ante la Sala de lo Penal del Supremo. Una de ellas tiene que ver con Crypto Spain, la compañía de Álvaro Romillo, el empresario que le pagó 100.000 euros supuestamente para financiar su aventura política. Un caso de financiación supuestamente ilegal destapado por elDiario.es y que ahora avanza hacia el juicio: el magistrado que le investiga ha pedido el Suplicatorio al Parlamento Europeo, paso indispensable para poder sentar a un eurodiputado en el banquillo.

Alvise se enfrenta en esta causa a un delito de financiación ilegal y un delito electoral en una causa en la que sus explicaciones no han convencido al juez. En su declaración defendió que esos 100.000 euros eran un pago de Romillo por participar en un acto de su plataforma de inversiones en el Hipódromo de La Zarzuela, y también para amortiguar las consecuencias económicas de sortear su sueldo. El juez, a día de hoy, está convencido de que ese dinero sirvió para financiar su candidatura y que nunca pasó por manos del Tribunal de Cuentas. 

Una segunda causa ha sido abierta recientemente contra él por su actividad más conocida fuera del Parlamento Europeo: instigar linchamientos en su canal de Telegram, donde tiene 650.000 seguidores, contra sus detractores. En este caso, contra sus propios eurodiputados Nora Junco y Diego Solier, con los que está abiertamente enfrentado después de acusarles de cobrar dinero de lobbies armamentísticos a cambio de modificar su opinión en votaciones sobre el rearme.

Esta causa está íntimamente relacionada con la descomposición de su formación en Bruselas. Junco y Solier abandonaron a Alvise para unirse al sector que comanda el partido europeo de Giorgia Meloni después de denunciar que su líder les acusaba en falso de venderse por maletines de dinero y de, afirman, recibir cientos de amenazas de sus seguidores después de que Alvise les pusiera en la diana. El Supremo investiga, incluso, si en ese canal de Telegram el agitador o sus suscriptores publicaron el teléfono móvil de los eurodiputados.

Una tercera causa contra Alvise está relacionada con este modus operandi del agitador que desde hace años usa su canal de Telegram, con cientos de miles de seguidores, para ajustar cuentas con sus enemigos y difundir bulos. Está investigado por promover un hostigamiento similar contra Susana Gisbert, fiscal en València. Finalmente, en una cuarta causa que arrancó en 2021 se le acusa de difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa.

Todas estas causas judiciales, encabezadas por la financiación ilegal de su candidatura, están a la espera de que el Parlamento Europeo levante la inmunidad de Alvise Pérez y los jueces puedan proceder contra él y, en la práctica, llevarle a juicio en el Tribunal Supremo. El calendario judicial hace factible que, si llega a sentarse en el banquillo en alguno de estos casos, sea hipotéticamente condenado e inhabilitado antes de las elecciones generales de 2027 si así lo deciden los jueces que estudien su caso.

El líder de Se Acabó La Fiesta también se enfrenta a diversas causas judiciales tramitadas por la vía civil en las que los jueces estudian si debe indemnizar a personas a las que ha difamado, o cuya intimidad ha invadido en sus mensajes de Telegram y Twitter. Condenas, por ejemplo, a indemnizar con miles de euros a la periodista Ana Pastor, la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena o el exministro y hoy imputado José Luis Ábalos.

Dice el refranero español que “el que parte y reparte, se queda con la mejor parte”. Y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE –hoy en prisión preventiva por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias–, cumplió con creces el proverbio. El guardián de las finanzas socialistas y responsable de velar por las obligaciones de militantes y cargos decidió unilateralmente en 2022 saltarse los estatutos e incumplir con el baremo aprobado por el Comité Federal para la “donación” que los militantes están obligados a aportar al partido. Entre los propios dirigentes del PSOE se le conoce como el “impuesto revolucionario” que Ferraz se encarga de reclamar a todos los afiliados con una relación laboral vinculada al partido o a una administración gobernada por sus siglas. En otras formaciones, como en ERC, se le llama, “carta financiera” y en otras eufemísticamente “aportación voluntaria”.

En el caso del PSOE, las aportaciones comprometidas de los cargos del PSOE son un recurso económico previsto en sus Estatutos, en los actuales artículos 58.f y 63 y siguientes, y también en el 380 del Reglamento Federal de desarrollo de los Estatutos Federales, en desarrollo de la previsión del artículo 2.dos.a de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. El pago de las aportaciones, consideradas donaciones, es un compromiso asumido por los militantes, tal y como recoge el artículo 10 de los Estatutos Federales, junto con la cuota ordinaria. Como tales son comunicadas a la Agencia Tributaria a los efectos de las correspondientes declaraciones de IRPF de los afiliados y cargos.

Santos Cerdán hizo esta aportación en su condición de diputado autonómico en el Parlamento de Navarra a través del PSN de forma anual. Y lo hizo mediante ingreso efectivo los años 2014, 2015 y 2016 y mediante transferencia bancaria en el 2017. En concreto, abonó 1.500, 1.400 y 1.800 euros los tres primeros ejercicios y el último, 1.200. No consta, sin embargo, entre la documentación aportada por el PSOE al Tribunal Supremo que pagase ninguna cantidad en el año 2018.

En 2019, año en que fue elegido diputado por Navarra en el Congreso, volvió desde el mes de julio a cumplir con la obligación estatutaria. Primero, con una aportación de 238,94 euros, que llegó a incrementar hasta los 384,64 euros en julio de ese año. Entre marzo de 2020 y septiembre de 2021 la cantidad mensual se mantuvo en una cuantía fija de 400,95 euros, que dejó de abonar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de ese año y enero de 2022.

A partir de febrero de 2022, el ex secretario de Organización del PSOE retomó el pago al partido con una cuota fija mensual de tan solo 100 euros, que abonó hasta junio de 2025. Fue precisamente en 2022 cuando el Comité Federal del PSOE celebrado en enero aprobó, la última tabla de cuotas calculadas sobre los ingresos brutos anuales de sus cargos para determinar la cuantía que corresponde aportar a cada uno de ellos. 

Solo aquellos que ganan 1.999 euros brutos mensuales quedan exentos del pago mientras que se estableció una horquilla de entre 39 y 1.125 euros mensuales para los que ganasen entre 2.000 y 11.500 euros brutos al mes. Sin embargo, aunque desde octubre de 2021, Cerdán recibía un sueldo neto mensual del Congreso por su condición de diputado de 5.296 euros mensuales y estaba obligado a aportar al partido, de acuerdo a lo aprobado en su máximo órgano entre congresos, entre 200 y 250 euros al mes, decidió unilateralmente rebajarse esa cuantía hasta los 100 euros. Cuando su salario era abonado por el PSOE en su condición de miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, llegó a pagar entre 420 y 525 euros mensuales. 

Siendo secretario de Organización, Cerdán realizó también un microcrédito electoral de 3.000 euros mediante transferencia suscribiendo el correspondiente contrato que fue objeto de devolución con los intereses correspondientes, exactamente 3.024,36 euros. E hizo además una donación de 600 euros mediante transferencia que fue empleada para una cuestación colectiva que realizó el PSOE al Instituto de Salud Carlos III para la investigación de la Covid. 

De la documentación que el PSOE ha entregado en el Supremo, del baremo aprobado por el partido en su máximo órgano entre congresos y de las nóminas de varios cargos que ha podido recabar elDiario.es se deduce que mientras Cerdán, como responsable de Organización, velaba con excesivo celo de que todos los cargos cumplieran con lo estipulado, él no cumplía con las cuantías a las que debía hacer frente a tenor de su salario. Y eso que son frecuentes desde Organización las cartas que se remiten a los trabajadores en nómina del PSOE o del Grupo Socialista para que afronten el llamado impuesto revolucionario, aunque no sean afiliados y no estén obligados a ello.

Fuentes de la dirección socialista han tratado de restar importancia al incumplimiento reiterado de la aportación de Cerdán en sus últimos años como afiliado. Tanto que desde Ferraz admiten que son varios los cargos que hacen caso omiso de los baremos y se saltan a la torera los Estatutos con el argumento de que o pasan por una situación económica delicada o que tienen que hacer frente a demasiados gastos si proceden de otra circunscripción distinta a la de Madrid. 

Otros dirigentes con cargo en el partido o en el Gobierno se han llevado, sin embargo, las manos a la cabeza al conocer la pírrica aportación del que fuera secretario de Organización antes que Rebeca Torró. No en vano, un concejal de un pequeño municipio de Madrid con un salario bruto anual de 60.000 euros –más de 5.000 euros mensuales– aporta cada mes 340 euros a las arcas del partido. Un ministro, 580 euros mensuales; un diputado autonómico de Madrid, 400 euros y un asesor de Presidencia del Gobierno, 188. 

El que parte y reparte, ya saben, Cerdán se asignó la mejor parte.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado “absolutamente convencido” de que el PSOE “no tiene financiación irregular de ningún tipo” al ser preguntado sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las retribuciones al exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

A preguntas de los medios antes de inaugurar la edición XLIV de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha en Toledo, el presidente castellanomanchego ha afeado la “jerga” utilizada en las conversaciones de los miembros del denominado 'caso Koldo', según la UCO, que ha tildado de “absolutamente patética y lamentable”. “Sé de muchísima gente socialista que le abruma escuchar estas cosas, como a mí mismo”, ha admitido García-Page.

De este modo, ha defendido que el 99% de la gente que conoce en el PSOE no solo es “gente honesta”, sino “muy esforzada” y que “sufre muchísimo con estos ejemplos excepcionales”, pero que, según ha reconocido, “no dejan de ser graves”.

Dicho esto, García-Page ha manifestado que “tendríamos que tener habilidad siempre para distinguir a aquellos que dicen que apoyan a un partido, pero en realidad no apoyan, se apoyan en un partido”. Una palabras que le han llevado a apostillar que está “absolutamente convencido” de que el PSOE “no tiene financiación irregular de ningún tipo”.

“Más bien lo que estamos viendo es gente que, más que dar al partido, se ha llevado del partido”, una operación además, ha lamentado, adornada “con unas expresiones y con una jerga” que es “absolutamente lamentable” y, a su juicio, “muy bochornosa”.

En este sentido, García-Page ha dicho que lo conocido estos días está en “manos de la justicia” y que tiene que ser ella quien dictamine. Así, ha pedido que se la deje trabajar y, en consecuencia, aclare lo antes posible “todos los términos” y “hasta dónde haya podido llegar este mal uso del dinero” y esta “apropiación del dinero”.

El partido se nutre de sus afiliados

Sobre una posible financiación ilegal del PSOE, García-Page ha asegurado que por la experiencia que él vive en el PSOE de Castilla-La Mancha y entiende que es así en toda España, “el partido se nutre de sus afiliados y de las subvenciones públicas”, siendo suficientes, ha apuntado, para financiar el partido.

“Yo creo que al final es muy difícil zafarse de gente que se cuela en las organizaciones y que abusa de ellas. En el fondo no dejan de ser una organización de personas y la verdad es que es muy triste, muy lamentable y me da vergüenza por lo que pueda pensar buena parte de la sociedad”, ha recalcado el presidente regional.

Sobre el hecho de los miembros del denominado 'caso Koldo' utilizaran un lenguaje en clave para referirse al dinero en efectivo que gestionaban, todo ello según la UCO, García-Page ha aseverado que lo que no termina de entender es la presencia mediática de personas que están imputadas. A su juicio, “lo más razonable” sería mantener una posición “discreta” y hablar ante los jueces, más que ante los medios de comunicación.

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que ponga en marcha los mecanismos necesarios para que Luis 'Alvise' Pérez pierda su inmunidad de eurodiputado y pueda ser juzgado por financiar ilegalmente su candidatura electoral. Según ha podido comprobar elDiario.es, el Ministerio Público se ha sumado al resto de acusaciones y ha pedido al juez Julián Sánchez Melgar que emita un suplicatorio para tumbar la protección del Parlamento Europeo, al entender que estos meses de investigación “han confirmado sobradamente las iniciales sospechas” que llevaron a la apertura de una causa por haber cobrado 100.000 euros en efectivo de un empresario de las criptomonedas durante la última campaña electoral europea.

El Tribunal Supremo decidió abrir la causa por financiación ilegal contra el líder de 'Se Acabó La Fiesta' el pasado abril. Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, el entonces agitador ultra contactó con Álvaro Romillo, empresario del sector de las criptomonedas apodado 'CryptoSpain', para colaborar y finalmente obtener dinero de cara a las elecciones europeas de 2024. Un día antes de lanzarse a la carretera y empezar su campaña, Alvise acudió a las oficinas de una empresa de Romillo y recogió 100.000 euros en efectivo.

Romillo, también imputado en esta causa e investigado en la Audiencia Nacional por la quiebra de su fallido club de inversiones, ha reconocido que entregó el dinero y el propio Alvise lo confesó en su declaración judicial voluntaria del pasado mes de julio. Según su versión, el dinero no era para financiar la candidatura en la que consiguió casi 800.000 votos y tres escaños en Bruselas, sino para “capitalizarse a nivel personal” por el sorteo de su sueldo que prometió a sus seguidores y votantes.

El juez del Supremo preguntó a las partes si había llegado el momento de dar un paso más y la Fiscalía ha contestado que el Parlamento Europeo debe retirar su inmunidad para, en su caso, poder sentarle en el banquillo en Madrid. El Ministerio Público deja claro que no ha quedado convencido con las explicaciones de Alvise y explica que las “iniciales sospechas” que llevaron a abrir el caso se han transformado en “indicios racionales de criminalidad”, lo que aumenta su “potencia incriminatoria”.

En medio año de diligencias la Policía ha concluido en un informe que Alvise recibió esos 100.000 euros en efectivo para financiar su campaña y no por otros motivos esgrimidos por el agitador, que ha pasado de afirmar que era dinero cobrado por “trabajos” como “autónomo” a decir ahora que era para hacer frente al sorteo de su sueldo. La “motivación subyacente” de esta entrega de dinero, dice la Policía, era “financiar parte de la campaña electoral”.

La Fiscalía destaca que Alvise cobró ese dinero en efectivo “con el objeto de financiar su campaña electoral a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2024”, mientras Romillo abría wallets [monederos digitales donde están las criptomonedas] para que sus seguidores pudieran hacer donaciones en criptomonedas. Lo hizo, además, “ocultando a las autoridades encargadas de supervisar los gastos electorales la existencia de tal donación”. Según las acusaciones que pesan sobre él, 'Se Acabó La Fiesta' nunca explicó al Tribunal de Cuentas de dónde sacaba el dinero para financiar la candidatura.

El fiscal encargado del caso entiende que Alvise se puede enfrentar a varios delitos de financiación ilegal al infringir la normativa que regula el dinero que pueden recibir los partidos políticos, expuesto a condenas de hasta cuatro años de cárcel en los casos más graves. El Ministerio Público añade que el juez debe emitir el suplicatorio para que el Parlamento Europeo retire su inmunidad y así, llegado el caso, poder sentarle en el banquillo.

Un “extra” de 100.000 euros en una “maleta negra”

En su comparecencia voluntaria ante el Supremo, el eurodiputado y líder de 'Se Acabó La Fiesta' reconoció que había cobrado ese dinero en efectivo, pero negó que fuera destinado a financiar su campaña. Después de unos primeros meses en los que aseguró que el dinero era un pago “como autónomo y sin facturas” por servicios prestados a Romillo y sus empresas, ante el juez añadió que necesitaba el dinero para hacer frente a su promesa de sortear su sueldo mensual de eurodiputado.

Alvise explicó que recogió el dinero en una “maleta de deporte negra” y que el objetivo era sufragar gastos personales como “cenas con fuentes de información” o reuniones con “personas afines”. “Tengo tres vidas diferentes. Como eurodiputado, y ahí utilizo las dietas, cuando estoy con el partido y utilizo el dinero del partido, y cuando tengo que hacer viajes personales, que utilizo mi dinero privado”, dijo en el alto tribunal.

El juez preguntó varias veces a Alvise si había presentado su contabilidad al Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar las candidaturas y sus finanzas, momento en el que el eurodiputado descargó la responsabilidad en una empresa a la que, asegura, contrató para hacer ese trabajo. “La agrupación de electores 'Se Acabó la Fiesta (SALF)' no ha presentado la contabilidad electoral”, dice este organismo en su último informe.

La causa por financiación ilegal es una de las múltiples imputaciones a las que se enfrenta Luis 'Alvise' Pérez, la mayor parte relacionadas con su actividad como agitador ultra en sus redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores. Está investigado por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa y por incitar al hostigamiento contra la fiscal valenciana Susana Gisbert, mientras los jueces han rechazado una nueva imputación por difundir los rostros de decenas de detenidos en la Aste Nagusia de Bilbao en 2023.

Els exdiputats de Vox al Parlament balear Idoia Ribas i Agustín Buades, que recentment van denunciar haver estat pressionats pel partit d'extrema dreta per a “desviar ingents quantitats de diners” del grup parlamentari a Disenso -la fundació privada que presideix Santiago Abascal a títol nominatiu-, han registrat una iniciativa adreçada a modificar la llei de finançament de partits amb l'objectiu d'impedir que les formacions polítiques utilitzin els seus grups parlamentaris com a via indirecta de finançament.

Es tracta d'un debat, el del paper dels grups parlamentaris en el finançament dels partits, recurrent en la política espanyola al llarg dels darrers anys i una polèmica qüestió sobre la qual el Tribunal de Comptes ha posat el focus en alertar de la manca de controls estrictes sobre la destinació real dels fons adscrits a les bancades de les diferents formacions polítiques. L'òrgan fiscalitzador adverteix que, sense una reforma legal de calat, els partits continuaran trobant als seus grups institucionals un canal addicional de recursos, al marge de les aportacions de militants, donacions i finançament bancari.

Amb la seva Proposició No de Llei, consultada per elDiario.es, els dos exdiputats de Vox volen blindar legalment la separació entre el pressupost dels grups i el dels partits. Per això, reclamen modificar la normativa amb l'objectiu de reduir la dependència dels partits dels fons públics i promoure amb això “una major independència i autonomia del funcionament tant dels partits polítics com dels grups parlamentaris”.

En concret, els parlamentaris insten la derogació de la lletra i de l'apartat primer de l'article 2 de la llei de finançament de partits, que al·ludeix a les aportacions rebudes pels Grups Parlamentaris de les Cambres de les Corts Generals, de les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes, de les Juntes Generals dels Territoris Històrics bascos i dels grups de representants en els òrgans de les administracions locals. La supressió d'aquest precepte, al·leguen, permetria “una transparència i un control més grans sobre l'ús dels fons públics assignats als grups parlamentaris, evitant que s'utilitzin per finançar activitats dels partits polítics que no estan directament relacionades amb el funcionament parlamentari”.

Tant Ribas com Buades, amb l'excàrrec de Vox Maite de Medrano, van comparèixer la setmana passada en roda de premsa per respondre a les acusacions efectuades pel secretari general de Vox, Ignacio Garriga, que un dia abans els va qualificar de“estafadors”. “Que el senyor Garriga s'atreveixi a trucar-nos a nosaltres estafadors és un exercici de cinisme vergonyós i intolerable”, va recriminar Ribas, exportaveu de Vox al Parlament balear, sobretot quan, va asseverar, una de les primeres decisions de les primeres decisions de la seva successora, Manuela Cañadas, va ser “passar de transferir un 10% a un 50% dels diners del grup” al partit.

Per la seva banda, Cañadas va asseverar aquest dilluns que si detectés irregularitats en el seu partit “aniria als jutjats” en lloc de difondre-les als mitjans de comunicació, desafiant així Ribas, Buades i De Medrano. “Les mentides, injúries i calúmnies no es parlen ni en roda de premsa ni als mitjans de comunicació”, va dir.

Per part seva, el portaveu nacional de Vox, José Antonio Fúster, va defensar que el desviament de fons dels grups al partit és legal, asseverant que els comptes de la formació d'extrema dreta estan auditades pel Tribunal de Comptes.

L'òrgan fiscalitzador ja instat en diverses ocasions a posar límit al “sobrefinançament” de les formacions polítiques, una via legal amb què els partits acaben incrementant els seus recursos amb càrrec als fons públics assignats als seus grups al Congrés, al Senat i als Parlaments autonòmics. En aquest sentit, alerta de l'opacitat i dels riscos de convertir aquestes dotacions a grups en un canal paral·lel de finançament, per la qual cosa reclama reformes reglamentàries així com de la llei del règim local perquè s'estableixin les “condicions i requisits” en què es poden fer unes aportacions que, sovint, s'utilitzen per sufragar despeses ordinàries dels partits o contractar personal, finalitats per a les quals ja existeixen altres subvencions.

Los exdiputados de Vox en el Parlament balear Idoia Ribas y Agustín Buades, quienes recientemente denunciaron haber sido presionados por el partido de extrema derecha para “desviar ingentes cantidades de dinero” del grupo parlamentario a Disenso -la fundación privada que preside Santiago Abascal a título nominativo-, han registrado una iniciativa dirigida a modificar la ley de financiación de partidos con el objetivo de impedir que las formaciones políticas utilicen a sus grupos parlamentarios como vía indirecta de financiación.

Se trata de un debate, el del papel de los grupos parlamentarios en la financiación de los partidos, recurrente en la política española a lo largo de los últimos años y una polémica cuestión sobre la que el Tribunal de Cuentas ha puesto el foco al alertar de la falta de controles estrictos sobre el destino real de los fondos adscritos a las bancadas de las distintas formaciones políticas. El órgano fiscalizador advierte de que, sin una reforma legal de calado, los partidos continuarán encontrando en sus grupos institucionales un canal adicional de recursos, al margen de las aportaciones de militantes, donaciones y financiación bancaria.

Con su Proposición No de Ley, consultada por elDiario.es, los dos exdiputados de Vox quieren blindar legalmente la separación entre el presupuesto de los grupos y el de los partidos. Para ello, reclaman modificar la normativa con el objetivo de reducir la dependencia de los partidos de los fondos públicos y promover con ello “una mayor independencia y autonomía del funcionamiento tanto de los partidos políticos como de los grupos parlamentarios”.

En concreto, los parlamentarios instan la derogación de la letra e del apartado primero del artículo 2 de la ley de financiación de partidos, que alude a las aportaciones recibidas por los Grupos Parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos y de los grupos de representantes en los órganos de las Administraciones Locales. La supresión de este precepto, alegan, permitiría “una mayor transparencia y control sobre el uso de los fondos públicos asignados a los grupos parlamentarios, evitando que se utilicen para financiar actividades de los partidos políticos que no están directamente relacionadas con el funcionamiento parlamentario”.

Tanto Ribas como Buades, junto a la excargo de Vox Maite de Medrano, comparecieron la semana pasada en rueda de prensa para responder a las acusaciones efectuadas por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien un día antes los calificó de “estafadores”. “Que el señor Garriga se atreva a llamarnos a nosotros estafadores es un ejercicio de cinismo bochornoso e intolerable”, recriminó Ribas, exportavoz de Vox en el Parlament balear, máxime cuando, aseveró, una de las primeras decisiones de su sucesora, Manuela Cañadas, fue “pasar de transferir un 10% a un 50% del dinero del grupo” al partido.

Por su parte, Cañadas aseveró este lunes que si detectara irregularidades en su partido “iría a los juzgados” en lugar de difundirlas a los medios de comunicación, retando así a Ribas, Buades y De Medrano a lllevar sus acusaciones a los tribunales. “Las mentiras, injurias y calumnias no se hablan ni en rueda de prensa ni en los medios de comunicación”, espetó.

En paralelo, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, defendió que el desvío de fondos de los grupos al partido es legal, aseverando que las cuentas de la formación de extrema derecha están auditadas por el Tribunal de Cuentas.

El órgano fiscalizador ya instado en varias ocasiones a poner coto a la “sobrefinanciación” de las formaciones políticas, una vía legal con la que los partidos acaban incrementando sus recursos con cargo a los fondos públicos asignados a sus grupos el Congreso, el Senado y los Parlamentos autonómicos. En este sentido, alerta de la opacidad y de los riesgos de convertir estas dotaciones a grupos en un canal paralelo de financiación, por lo que reclama reformas reglamentarias así como de la ley del régimen local para que se establezcan las “condiciones y requisitos” en las que se pueden hacer unas aportaciones que, a menudo, se utilizan para sufragar gastos ordinarios de los partidos o contratar personal, finalidades para las que ya existen otras subvenciones.

La portaveu de Vox al Parlament balear, Manuela Cañadas, ha assegurat aquest dilluns que si detectés irregularitats en el seu partit “aniria als jutjats” en lloc de difondre-les als mitjans de comunicació, desafiant així els tres exdiputats de la formació que la setmana passada van denunciar les pressions a què haurien estat sotmesos per desviar “ingents quantitats de diners” del grup parlamentari a les illes a Disenso, la fundació privada que presideix Santiago Abascal a títol nominatiu.

Les acusacions dels tres excàrrecs, Idoia Ribas, Agustí Buades i Maite de Medrano -en l'actualitat parlamentaris no adscrits-, han reobert el debat sobre fins a quin punt els grups parlamentaris poden ser utilitzats com a instrument de finançament dels partits i si la llei hauria de reforçar els mecanismes de control per evitar que fons públics destinats a la representació institucional acabin sostenint els aparells polítics.

Preguntada sobre això, Cañadas ha asseverat que “les mentides, injúries i calúmnies no es parlen ni en roda de premsa ni als mitjans de comunicació”. “Per la nostra part ens és igual qui vulgui enredar. Entenc que Vox és un partit que està creixent moltíssim i hi ha molta gent a qui això fa ràbia, però nosaltres ho tenim molt clar: hem vingut a treballar i seguirem treballant pels votants que hem tingut i pels votants futurs, que segurament seran molts més”.

Amb tot, la parlamentària ha eludit aprofundir en l'assumpte quan se li ha inquirit sobre si denunciarà davant la Justícia les manifestacions dels seus excompanys de files, limitant-se a afirmar que “els comptes del grup parlamentari són molt transparents, molt clars i, a més, públics. Per tant, no seré jo”. “De totes maneres, sí que els diré una cosa: si jo estant a Vox veiés alguna irregularitat, no vindria aquí a explicar-ho a vostès, m'aniria directament als jutjats. Crec que així ja els he contestat”.

De nou, preguntada sobre la possibilitat de denunciar les “injúries” a què ha al·ludit, Cañadas ha refusat respondre: “No vull fer donar peu a més comèdies. No contestaré res que no sigui sobre els grups parlamentaris”. Quan una de les periodistes ha assenyalat que la seva pregunta afecta el seu grup i diversos diputats, ha eludit de nou contestar: “No normalitzaré el que és anormal en aquest Parlament. Si vostès m'entenen, m'ho respecten”, ha conclòs.

Més contundent s'ha pronunciat aquest dilluns el portaveu nacional de Vox José Antonio Fúster, que ha defensat que el desviament de fons dels grups al partit és legal, asseverant que els comptes de la formació d'extrema dreta estan auditats pel Tribunal de Comptes. L'òrgan fiscalitzador, però, ja instat diverses vegades a posar límit al “sobrefinançament” de les formacions polítiques, una via legal amb què els partits acaben incrementant els seus recursos amb càrrec als fons públics assignats als seus grups el Congrés, el Senat i els Parlaments autonòmics.

En aquest sentit, el Tribunal de Comptes alerta de l'opacitat i dels riscos de convertir aquestes dotacions a grups en un canal paral·lel de finançament, per la qual cosa reclama reformes reglamentàries així com de la llei del règim local perquè s'estableixin “condicions i requisits” amb les quals es poden fer unes aportacions que, sovint, s'utilitzen per a sufragar despeses ordinàries dels partits o contractar personal. Una finalitat per a la qual ja existeixen altres subvencions, com les de funcionament.

En contra d'aquest criteri, Fúster ha justificat que aquests diners són necessaris perquè el partit “proporciona uns serveis vitals” als grups parlamentaris, entre els quals ha esmentat “seguretat, una oficina tècnica o jornades de coordinació”. En aquesta línia, ha apuntat a més que el PP i el PSOE fan pràctiques similars.

La Llei Orgànica de Finançament dels Partits Polítics reconeix que les formacions poden rebre aportacions dels grups parlamentaris, però obliga a justificar-ne l'ús amb transparència ia garantir que es destinin a fins compatibles amb l'activitat institucional. En aquest sentit, la pràctica defensada per Vox, encara que emparada parcialment per la legislació, es mou en un terreny controvertit que podria derivar en responsabilitats si no es compleixen els requisits de transparència, autorització interna i finalitat institucional.

Cal recordar que a fundació presidida per Abascal va néixer el 2020 amb un capital de 30.000 euros del partit, el mínim legal per constituir-la. Les fundacions són institucions privades sense ànim de lucre, compten amb beneficis fiscals i, per tant, l'obligació de presentar balanços (les vinculades a partits estan fiscalitzades pel Tribunal de Comptes). Entre els fins de Disenso, considerats d'interès general, se cita la“promoció de la defensa de la vida i la família”, “la reivindicació de l'herència de la civilització occidental” o “la defensa de la llibertat, la unitat i la sobirania d'Espanya”.

Com va revelar elDiario.es, Vox ha transferit milions d'euros a Disenso durant els darrers vuit anys. Es tracta de diners principalment procedents del partit d'extrema dreta, que rep 10 milions d'euros de diners públics cada any (segons els resultats electorals, els partits polítics perceben una quantitat determinada per al funcionament) i uns 5 milions anuals de donacions privades. Després de conèixer-se a més un informe del Tribunal de Comptes que alertava d'irregularitats a les donacions, la cúpula del partit va substituir el gerent, presentant el canvi com “una renúncia per voluntat pròpia”.

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha asegurado este lunes que si detectara irregularidades en su partido “iría a los juzgados” en lugar de difundirlas a los medios de comunicación, retando así a ir a los tribunales a los tres exdiputados de la formación que la semana pasada denunciaron las presiones a las que habrían sido sometidos para desviar “ingentes cantidades de dinero” del grupo parlamentario en las islas a Disenso, la fundación privada que preside Santiago Abascal a título nominativo.

Las acusaciones de los tres excargos, Idoia Ribas, Agustín Buades y Maite de Medrano -en la actualidad parlamentarios no adscritos-, han reabierto el debate sobre hasta qué punto los grupos parlamentarios pueden ser utilizados como instrumento de financiación de los partidos y si la ley debería reforzar los mecanismos de control para evitar que fondos públicos destinados a la representación institucional acaben sosteniendo a los aparatos políticos.

Preguntada al respecto, Cañadas ha aseverado que “las mentiras, injurias y calumnias no se hablan ni en rueda de prensa ni en los medios de comunicación”. “Por nuestra parte nos da igual quién quiera enredar. Entiendo que Vox es un partido que está creciendo muchísimo y hay mucha gente a la que le da rabia, pero nosotros lo tenemos muy claro: hemos venido a trabajar y vamos a seguir trabajando por los votantes que hemos tenido y por los votantes futuros, que seguramente serán muchos más”.

Con todo, la parlamentaria ha eludido profundizar en el asunto cuando se le ha inquirido sobre si denunciará ante la Justicia las manifestaciones de sus excompañeros de filas, limitándose a afirmar que “las cuentas del grupo parlamentario son muy transparentes, muy claras y, además, públicas. Por lo tanto, no voy a ser yo quien tenga que desmentir [las acusaciones]”. “De todos modos, sí les voy a decir una cosa: si yo estando en Vox viese alguna irregularidad, no vendría aquí a contárselo a ustedes, me iría directamente a los juzgados. Creo que así ya les he contestado”.

De nuevo, preguntada sobre la posibilidad de denunciar las “injurias” a las que ha aludido, Cañadas ha rehusado responder: “No quiero hacer dar pie a más comedias. No voy a contestar nada que no sea sobre los grupos parlamentarios”. Cuando una de las periodistas ha señalado que su pregunta afecta a su grupo y a varios diputados, ha eludido de nuevo contestar: “No voy a normalizar lo que es anormal en este Parlament. Si ustedes me entienden, me lo respetan”, ha concluido.

Más tajante se ha pronunciado este lunes el portavoz nacional de Vox José Antonio Fúster, quien ha defendido que el desvío de fondos de los grupos al partido es legal, aseverando que las cuentas de la formación de extrema derecha están auditadas por el Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador, sin embargo, ya instado en varias ocasiones a poner coto a la “sobrefinanciación” de las formaciones políticas, una vía legal con la que los partidos acaban incrementando sus recursos con cargo a los fondos públicos asignados a sus grupos el Congreso, el Senado y los Parlamentos autonómicos.

El Tribunal de Cuentas alerta de la opacidad y de los riesgos de convertir estas dotaciones a grupos en un canal paralelo de financiación, por lo que reclama reformas reglamentarias así como de la ley del régimen local para que se establezcan las “condiciones y requisitos” en las que se pueden hacer unas aportaciones que, a menudo, se utilizan para sufragar gastos ordinarios de los partidos o contratar personal. Una finalidad para la que ya existen otras subvenciones, como las de funcionamiento.

En contra de este criterio, Fúster ha justificado que ese dinero es necesario porque el partido “proporciona unos servicios vitales” a los grupos parlamentarios, entre los que ha mencionado “seguridad, una oficina técnica o jornadas de coordinación”. En esta línea, ha apuntado además que PP y PSOE realizan prácticas similares.

La Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos reconoce que las formaciones pueden recibir aportaciones de los grupos parlamentarios, pero obliga a justificar su uso con transparencia y a garantizar que se destinen a fines compatibles con la actividad institucional. En este sentido, la práctica defendida por Vox, aunque amparada parcialmente por la legislación, se mueve en un terreno controvertido que podría derivar en responsabilidades si no se cumplen los requisitos de transparencia, autorización interna y finalidad institucional.

Cabe recordar que a fundación presidida por Abascal nació en 2020 con un capital de 30.000 euros del partido, el mínimo legal para constituirla. Las fundaciones son instituciones privadas sin fines lucrativos, cuentan con beneficios fiscales y, por tanto, la obligación de presentar balances (las vinculadas a partidos están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas). Entre los fines de Disenso, considerados de interés general, se cita la “promoción de la defensa de la vida y la familia”, “la reivindicación de la herencia de la civilización occidental” o “la defensa de la libertad, la unidad y la soberanía de España”. 

Como desveló elDiario.es, Vox ha transferido millones de euros a Disenso durante los últimos ocho años. Se trata de dinero principalmente procedente del partido de extrema derecha, que recibe 10 millones de euros de dinero público cada año (según los resultados electorales, los partidos políticos perciben una cantidad determinada para su funcionamiento) y unos 5 millones anuales de donaciones privadas. Tras conocerse además un informe del Tribunal de Cuentas que alertaba de irregularidades en las donaciones, la cúpula del partido sustituyó al gerente, presentando el cambio como “una renuncia por voluntad propia”.

La extrema derecha llegó a la política institucional lanzando soflamas contra la “corrupción sistémica del bipartidismo” y los “chiringuitos” y dando lecciones de limpieza y patriotismo frente a quienes, según su relato, “saquean” España. Son mensajes que han calado en parte del electorado y que, sin embargo, chocan con el desdén que formaciones como Vox o Se Acabó La Fiesta (SALF) han mostrado hacia las normas diseñadas para prevenir esas prácticas. El Tribunal de Cuentas acaba de imponer la tercera multa al partido de Santiago Abascal por financiación ilegal, mientras el Tribunal Supremo ha exigido a Alvise Pérez que aporte la contabilidad que no presentó al órgano fiscalizador.

A pesar de que se trata de incumplimientos flagrantes de la ley de financiación de los partidos, ambas formaciones han tratado de situar al Tribunal de Cuentas en el centro de una supuesta operación política. “Buscan hacer inviable a Vox. No se atreven todavía con la ilegalización, pero van dando pasos”, ha dicho Abascal. “Todos los partidos y todos los medios nos injurian y atacan de forma inmoral a diario precisamente porque se saben parásitos y entienden que venimos a aplastarlos de una maldita vez”, ha afirmado Alvise, quien fue grabado por un implicado en un fraude de estafa pidiéndole dinero para financiar el partido y prometiendo devolver esos favores cuando sea la llave para un Gobierno de Feijóo.

Los informes del órgano fiscalizador, sin embargo, son claros al constatar los incumplimientos de ambas formaciones. En el caso de Vox, el partido acumula desde el verano pasado multas por 1.145.820,94 euros por irregularidades en la recepción de donaciones. Al menos dos de ellas ya han sido recurridas al Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra. Respecto a Alvise, el último informe del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones europeas —las únicas a las que ha concurrido— dice de forma expresa que “la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta” (SALF) no ha presentado la contabilidad electoral“. El agitador ultra tendrá que entregarla al juez del Supremo que le investiga por financiación irregular tras recibir 100.000 euros en efectivo del controvertido empresario.

Vox: donaciones bajo sospecha

El pasado 28 de julio el pleno del Tribunal de Cuentas acordó imponer una multa de 50.000 euros a Vox tras analizar su contabilidad del año 2020. La sanción, que puede ser recurrida, se debe a que la formación recaudó fondos “con una finalidad específica”, cuando la ley prohíbe expresamente proponer que se dé dinero para una causa concreta. Los partidos no pueden aceptar dinero sujeto a un destino específico precisamente para evitar que empresas o grupos de presión puedan condicionar sus decisiones en contra del interés general.

El informe de fiscalización correspondiente a ese año identificó donaciones finalistas por un importe total de 2.754 euros y destacó que el partido no había facilitado la relación de las campañas de captación de fondos llevadas a cabo. También evidenció la existencia de ingresos por valor de 102.048,30 euros en cajeros automáticos. Vox ha defendido que se debían a la venta de artículos del partido (pulseras, bolígrafos…) en las mesas informativas que instala en las calles de muchas ciudades y que, para esos ingresos, “no son de aplicación las reglas establecidas para las donaciones. Pero el tribunal afirmó que ”existe una incertidumbre respecto a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos“ y acabó imponiendo la citada sanción.

Apenas tres meses antes, en abril, el órgano fiscalizador había impuesto a Vox otra multa por 862.496,72 euros por una “infracción muy grave” en las cuentas de 2018, 2019 y 2020. El tribunal consideró probado que el partido de extrema derecha incumplió la ley durante esas anualidades en las que recibió y aceptó dinero en efectivo y aportaciones de personas o entidades no identificadas.

El origen de esa sanción, que Vox recurrió al Tribunal Supremo una semana después, es un informe que alertó sobre la “falta de control” en las entradas y salidas de dinero en el partido. De nuevo llamó la atención de los auditores públicos la existencia de abultados ingresos a través de cajeros automáticos: 20.601,04 euros en 2018 y 311.947,05 euros en 2019. La ley de financiación de partidos no permite las donaciones anónimas o de empresas, las limita a un máximo de 50.000 euros anuales por parte de una misma persona y obliga a notificar al Tribunal de Cuentas todas las superiores a 25.000 euros.

Además, ese informe reveló la “falta de control en la venta de productos promocionales y la ausencia de un precio de venta de los mismos”, lo que “posibilita la percepción de donaciones y aportaciones al margen de los requisitos contemplados” en la citada ley. En este sentido, figura que el departamento de tesorería del partido indicó en dos instrucciones internas difundidas en noviembre de 2018 y abril de 2019 que “no hay necesidad de identificar a los donantes si el ingreso es por una cantidad inferior a 300 euros por la actividad promocional”. Es una interpretación errónea de la norma, que explicaría por qué el 80% de los ingresos realizados en cajeros en 2019 era de “importes inferiores a 300 euros”.

Vox recibió su primera multa hace algo más de un año, en julio de 2024. Esa sanción, que también está recurrida ante el Tribunal Supremo, alcanzó los 233.324,22 euros y se debió a que el partido había recaudado dinero para fines específicos, como querellarse contra rivales políticos como el expresident de la Generalitat Quim Torra.

El informe en el que se basa esa multa cita la colecta que el partido de extrema derecha promovió para la “causa” a la que denominó ‘Querella contra Quim Torra’ y por la que recaudó 31.664,80 euros. Además, ingresó otros 120.482,93 euros “para la causa ‘Ayúdanos con la fianza Borja’”. Borja fue un joven condenado a dos años de cárcel y una indemnización de 180.000 euros por el homicidio de un atracador al que se enfrentó. La sentencia consideró probado que no actuó “en legítima defensa”. Pese a ello, Vox inició una colecta para evitar su entrada en prisión. El partido alegó que al realizar las donaciones online, cada donante debía marcar una casilla en la que declaraba expresamente “que dicha donación cumple con lo dispuesto” en la ley de financiación de partidos.

Alvise: la petición del juez que le investiga

Otro informe reciente del Tribunal de Cuentas también reveló que “de las nueve formaciones políticas obligadas a presentar la contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas, todas excepto una (la agrupación de electores ”Se Acabó la Fiesta“) han cumplido con dicha obligación”. La ley electoral establece que entre los 100 y los 125 días posteriores a las elecciones, los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hubieran alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones estatales (...) deben presentar una “contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales”.

La formación de Alvise no lo hizo y el órgano fiscalizador propuso que no se le adjudicaran subvenciones electorales dado que no presentó esa documentación. La candidatura tendría derecho a 962.350,26 euros en subvenciones, según los votos y escaños que obtuvo en esos comicios. Alvise ha defendido que registró “en tiempo y forma” todas sus cuentas pero que “rechazó registrar la petición del cobro de 1,1 millones de euros al que prometió renunciar durante la campaña electoral”. La realidad es que no lo ha hecho, lo que le permite eludir cualquier control.

Este asunto salió a colación en el interrogatorio al que fue sometido el pasado julio en el Supremo por el juez que le investiga por financiación irregular tras haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario días antes del inicio de la campaña de las europeas. En las grabaciones realizadas el propio Alvise reconocía que necesitaba dinero en efectivo que no pasase por el radar del Tribunal de Cuentas. El magistrado Julián Sánchez Melgar preguntó al eurodiputado si había presentado al órgano fiscalizador esa contabilidad de sus respectivos ingresos y gastos electorales durante la campaña de las europeas. Alvise apuntó entonces a la empresa a la que había contratado para hacer ese trabajo. Aseguró que llamó a uno de sus responsables en cuanto leyó que se le acusaba de no presentar las cuentas y que este le dijo que sí se habían presentado y que tenía la confirmación, por lo que no entendía esa “discrepancia de criterio”.

El juez le reclamó entonces tanto el certificado de que las había presentado como las propias cuentas. “Le requiero para que presente las cuentas que hayan presentado ante el Tribunal de Cuentas y el documento que acredite que las han presentado para que las partes puedan conocer esas cuentas y puedan decir lo que tengan por conveniente respecto de ello y pueda realizarse una pericial”, afirmó el magistrado, según la transcripción de esa comparecencia. La declaración de Alvise se produjo el pasado 11 de julio y, por el momento, esa documentación sigue sin estar a disposición del resto de partes personadas en ese procedimiento, según las fuentes jurídicas consultadas.