¿Qué esconden las cuentas de Vox? Sobresueldos, multas y una facturación opaca cercan al partido de Santiago Abascal

“Nadie en Vox sabe realmente dónde van los ingresos y gastos de Vox”. Lo dice uno de los disidentes que, desde hace años, han ido abandonando el partido que llegó para acabar con los chiringuitos y la corrupción. La primera que destapó la caja de los truenos en público fue Macarena Olona en una entrevista con Jordi Évole, en febrero de 2023, cuando señaló a la Fundación Disenso como un carril de desvío de dinero y apuntó a que esos cientos de miles de euros acababan en pagos “a otros profesionales”, lo que dice que en el partido llamaban informalmente “la cuenta de 'putas y varios', ahí se suelen esconder las maldades”, revelaba la que había sido hasta entonces una de las líderes con mayor proyección del entorno de Abascal y que cayó en desgracia tras las elecciones andaluzas de 2022.

A esas denuncias de corrupción u opacidad se han sumado otros pesos pesados que abandonaron o fueron invitados a salir del partido, como Iván Espinosa de los Monteros, Ortega Smith –que asegura que le han cesado por denunciar irregularidades económicas– o Juan García-Gallardo, que aventuraba esta semana en una entrevista en El Mundo que “a este paso, Vox quedará como el plan de pensiones de Abascal”.

Aunque son denuncias públicas, directas y a cara descubierta, estos exdirigentes no han aportado de momento a la opinión pública pruebas documentales de lo que purgados de Vox consideran un secreto a voces muy bien guardado. “Solo ellos saben lo que ellos están haciendo”, dice un político que está fuera del partido, que tenía una posición de cierta relevancia y que aun así nunca tuvo acceso a información económica. “Ellos” es Santiago Abascal y un grupo muy cerrado de personas, no más de cuatro, calculan.

Gallardo también ha cuestionado la legitimidad del salario que ha cobrado la mujer de Abascal, 60.000 euros anuales, de una empresa relacionada con asesores del líder, tal y como publicó El Confidencial en 2025. Según esa información, Lidia Bedman cobró en 2019 más de 60.000 euros de la editorial IVAT S.L., empresa que era de Gabriel Ariza. A su vez, Ariza es socio del asesor de Abascal, Kiko Méndez Monasterio, en la empresa Tizona, que ha facturado servicios al partido. Es decir, a la mujer de Abascal le habría pagado una empresa con vinculación indirecta con pagos del partido y de la órbita del asesor de su marido. El 94% de los españoles están por debajo del salario que se abonó a la esposa de Abascal por su “consultoría de redes sociales”.

¿Cuánto cobra Santiago Abascal?

Los salarios que cobra Abascal directamente de Vox también han sido opacos. Ocultó en su declaración de bienes obligatoria en el Congreso en 2023 el pago de 1.500 euros mensuales que recibía por presidir su grupo parlamentario, que se suman a los 37.357 euros anuales que percibió como líder del partido, además del salario que ingresa como diputado: 3.236,32 euros al mes en catorce pagas, más otros 992,31 euros, también mensuales. En su entorno aseguran que no cobra por sus charlas o actividad en Disenso, fundación que preside.

En las cuentas presentadas por Vox de 2023 se revelaba además que 12 personas de la dirección del partido se repartieron sobresueldos de 646.522,19 euros, de los que no se ha informado públicamente. Aunque Vox no especifica más, si esa cantidad se divide entre los 12, cada uno de esos agraciados con sobresueldos recibió cerca de 54.000 euros anuales.

La vigilancia del Tribunal de Cuentas

Las cuentas de Vox están auditadas por el Tribunal de Cuentas, la máxima autoridad española en la fiscalización de dinero público, que audita a todos los partidos que reciben dinero público. También están fiscalizadas las cuentas de su think tank, Disenso. Es el argumento al que se aferra la dirección nacional de Vox para decir que todo está claro y que están siendo atacados por disidentes en una guerra espuria, como señalan quienes han salido en defensa de Abascal estos días.

Sin embargo, hay una zona de sombra que impide saber dónde acaban parte de los millones que recibe Vox de sus afiliados y del Estado. El quid está en que parte del dinero del partido –cuya obligación de rendición de cuentas es muy exigente– se traspasa a la fundación Disenso. Todos los años transfiere una media 2,5 millones de euros, algo muy extraordinario si se compara con lo que traspasan otros partidos a sus fundaciones. Las fundaciones son instrumentos más opacos y la intervención del Estado no puede llegar tan lejos, ya que son organizaciones privadas aunque puedan recibir fondos públicos.

Por ejemplo, bajo el epígrafe “otros gastos de la actividad”, Disenso gastó 1,2 millones de euros, según sus últimas cuentas, publicadas, de 2024. Este montante incluye facturas pagadas a empresas que en la formación no están obligados a revelar y que, de hecho, no detallan. La pregunta de cuánto de ese dinero se ha podido llevar Tizona, o Ariza o incluso personas relacionadas con Vox no ha sido nunca respondida. Esa misma cantidad de millones (1,2) va a pagar salarios de Disenso, que contrata en libre mercado, sin normas públicas, pese a que el dinero viene directamente de un partido político. Según las cuentas y su número de empleados, el salario medio en Disenso ronda los 50.000 euros.

Un 'think tank' que vive del partido

La fundación vive gracias a lo que le envía el partido, con la salvedad de 17.000 euros que consiguió por sus propios medios, según las cuentas de 2024. Con ello, financia la web ultra Gaceta de la Iberosfera, organiza congresos y eventos con la internacional ultra y paga becas a estudiantes de ISSEP (otra fundación relacionada con Vox en la que estuvo vinculada la sobrina de Marine Le Pen). Es decir, el dinero que recibe del Estado y de afiliados acaba recirculado para fines que se retroalimentan en las organizaciones satelitales de Abascal y del partido. El malestar entre los militantes cuando elDiario.es publicó las millonarias transferencias obligó al secretario general de Vox a enviar una carta justificando esos pagos.

La arquitectura de Disenso la arrancó Kiko Méndez Monasterio, gurú de Abascal, según cuentan fuentes cercanas al ecosistema de Vox. “Eran cuatro en un despacho” y de ahí “a ser la fundación más relevante de la derecha a nivel internacional, a la altura de Heritage –la fundación ultra estadounidense–. El trabajo que se ha hecho es espectacular”, ponen en valor fuentes cercanas al think tank. Oficialmente, ni Disenso ni Vox han contestado nunca a las preguntas que ha hecho por escrito elDiario.es.

Méndez Monasterio trabaja como asesor de Vox y de Disenso, y cobra por ello a través de la empresa Tizona. También ha asesorado al sindicato Solidaridad, según cuentan fuentes de su entorno. De hecho, aunque no tiene cargo en el partido, es quien ha llevado personalmente negociaciones tan importantes como la del “pacto de la servilleta” en la Comunitat Valenciana entre Mazón y Vox en julio de 2023.

Lo que no se sabe es lo que cobra por ello y en qué se sustancia: si le pagan a la hora, por proyecto o qué tipo de informes o conocimiento traslada a la presidencia del partido, directamente a Abascal y a sus organizaciones satelitales. Según una información de El Confidencial, Vox le transfiere 26.700 euros mensuales por esos trabajos a través de la empresa Tizona S.L. En ella es socio Gabriel Ariza con la empresa Kalma y antes fue administrador único. Ariza es hijo del gurú mediático de Abascal, Julio Ariza (grupo Intereconomía), y también quien está detrás de la empresa de los pagos a la mujer de Abascal.

El locutor Federico Jiménez Losantos, en guerra abierta con la dirección de Vox, se preguntaba en antena antes de la investidura fallida de 2023: “¿Pero cuántos millones le han dado a Disenso (...) y a cambio de qué?”. “La impresión es que se lo llevan crudo, ¡pero cómo voy a dudar yo de esa gente, que va tanto a misa!”, continuaba en su encendida alocución. Le llegaron varios burofaxes de rectificación que leyó en directo.

Según ha podido saber elDiario.es, el Tribunal de Cuentas le pidió a Méndez Monasterio pruebas documentales detalladas de los trabajos que ha facturado aunque el resultado de la investigación no se conoce (los informes del tribunal son muy complejos y llevan años de decalaje, aunque puede ser también que se hubieran validado estos pagos sin que haya trascendido). El Congreso encargó a final de año a este mismo tribunal una fiscalización especial de la Fundación Disenso. La iniciativa salió adelante con los votos de PSOE, PP, Sumar y el PNV y el único voto en contra de los de Santiago Abascal.

Mientras, este órgano fiscalizador ha abierto tres investigaciones por financiación irregular a Vox que han acabado en multas de un millón de euros para el partido, después de un largo proceso de alegaciones. Los motivos son que ha pedido donaciones finalistas para campañas concretas, algo prohibido por ley, y que ha ingresado casi 400.000 euros en donaciones anónimas y a través de cajeros bancarios, una práctica ilegal, ya que toda donación a un partido debe estar identificada. elDiario.es tuvo acceso a un mail que lo probaba y que daba una orden a sus mandos en los distintos territorios: “Regularizad el dinero que tengáis por merchandising, en ingresos inferiores a 299 euros”.

Crédito a un banco húngaro

Al tiempo que Vox traspasaba millones a Disenso (más de diez desde su creación), en el partido se veían con el agua al cuello para pagar campañas electorales, lo que les obligó a acudir a pedir un préstamo de 6,5 millones para afrontar los comicios generales de 2023. La dirección de Vox solicitó el dinero a una entidad húngara vinculada al entorno de Viktor Orbán. El partido debía al cierre de 2024 más de dos millones al banco húngaro MBH de un segundo préstamo de siete millones que pidió para hacer frente también a las elecciones europeas.

Este banco tiene como mayor accionista a Corvinus International Investment, una firma de inversión controlada al 100% por el Estado magiar. La Ley de financiación de partidos prohíbe cualquier financiación “por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos”. La Fiscalía abrió una investigación por el crédito que acabó cerrando porque el préstamo había sido devuelto.

“Es evidente que Santi no es libre completamente. Tengo la sensación de que las decisiones en Vox no siempre se toman en Vox, tengo la certeza de que se toman fuera de Vox”, decía Olona en 2023. Esta frase la han ido repitiendo los disidentes, que apuntan a Méndez Monasterio y Ariza como la dupla que dirige el partido junto a Abascal. En los últimos días, están recogiendo firmas para un congreso extraordinario que está poniendo en una aprieto y una crisis a la actual dirección, que defiende que todo es legal y que es lícito que el partido lo dirija el presidente Abascal como considere. Pese a sus buenos resultados autonómicos, la expectativa no cumplida de llegar al 20% de votos en los comicios en Castilla y León ha azuzado el fuego de las críticas, aunque es el porcentaje más alto de voto de todas las elecciones a las que se ha presentado.

Otro frente económico abierto que tiene Abascal es el de Revuelta, la organización juvenil que ha organizado protestas en las universidades y las concentraciones en Ferraz. La asociación, que apadrinaron Abascal y personas cercanas como el eurodiputado Buxadé, ha sido denunciada ante la Fiscalía por dos miembros y ante el Estado por el propio partido Vox tras salir a la luz que las donaciones que recaudaron para la dana podrían haber acabado en otros gastos, como la compra de una furgoneta, según la denuncia.

Las acusaciones entre los críticos y la actual dirección del partido tiene también agenda en los juzgados por motivos no económicos, con las denuncias por revelación de secretos interpuestas por Ortega Smith y Espinosa de los Monteros, que acusan a Abascal de haber aireado expedientes y datos privados para deslegitimar unas críticas al partido que las sucesivas reformas de estatutos para una mayor verticalidad de Vox no han conseguido silenciar de momento.