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El Tribunal de Cuentas pide actuar contra la “sobrefinanciación” de los partidos a través de sus grupos parlamentarios

Plano general del hemiciclo del Congreso de los Diputados

Elena Herrera

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Seis de cada diez euros de dinero público que reciben los partidos para financiar su presencia en el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos acaban engrosando las arcas de esos mismos partidos. Es lo que el Tribunal de Cuentas define como “sobrefinanciación” de las formaciones políticas, una vía legal de aumentar sus recursos pero a la que el órgano fiscalizador lleva años pidiendo poner límites. 

Lo hace también en el último informe sobre la financiación de las formaciones políticas de los ejercicios de 2018 y 2019, hecho público recientemente. En ese documento reclama reformas reglamentarias y de la ley del régimen local que establezcan las “condiciones y requisitos” en las que se pueden hacer unas aportaciones que, a menudo, se utilizan para sufragar gastos ordinarios de los partidos o contratar personal. Una finalidad para la que ya existen otras subvenciones, como las de funcionamiento. 

Estas aportaciones, que las diferentes instituciones otorgan a los grupos políticos en función de la representación obtenida, quedan además fuera de la lupa del Tribunal de Cuentas. También están excluidas de la ley de subvenciones y son fiscalizadas, en todo caso, por las instituciones que las otorgan. Es un vacío legal sobre el que se ha pronunciado incluso el Tribunal Constitucional, que en una sentencia de 1990 afirmó que “resulta evidente” que la finalidad de las subvenciones establecidas en beneficio de los grupos parlamentarios “no es otra que la de facilitar la participación de sus miembros en el ejercicio de las funciones institucionales de la Cámara a la que pertenecen”. 

En este último informe, el Tribunal de Cuentas vuelve a llamar la atención sobre el hecho de que “una parte muy significativa de la financiación pública de los partidos políticos” proceda de esas aportaciones. Y, en consecuencia, pide que se establezcan “convenios” en los que se recojan los servicios que el partido se compromete a prestar a cada grupo político, con una valoración económica de los mismos, así como el importe a aportar anualmente por parte de los grupos para compensar el coste de dichos servicios. 

Según sus datos, en los citados ejercicios fueron transferidos a los partidos 139,61 millones de euros —70,81 en 2018 y a 68,68 en 2019— de las subvenciones recibidas para la financiación de los grupos parlamentarios en el Congreso, el Senado y las asambleas autonómicas, lo que representa un porcentaje del 58% respecto de las subvenciones totales concedidas a dichos grupos. Además, los grupos municipales aportaron a sus respectivos partidos 33,90 millones de euros en 2018 y 42,36 en 2019.

Las cifras dan cuenta de que se trata de un registro a la baja: en 2016 el porcentaje de fondos de los grupos parlamentarios que acabaron en las cajas de los partidos fue del 72% y en 2017 del 63%. Pero, en todo caso, lo que reflejan estos datos es que de forma muy significativa unas aportaciones destinadas a apoyar la actividad legislativa terminan financiando el funcionamiento ordinario de las agrupaciones políticas.

No obstante, existen disparidades en las cuantías derivadas a los partidos y también en las justificaciones que ofrecen las diferentes formaciones políticas. Según datos del Tribunal de Cuentas, Podemos, PNV, Bloque Nacionalista Galego, EH Bildu o Más País desviaron en 2019 a las huchas de sus partidos más del 95% de las subvenciones que recibieron sus grupos parlamentarios. El PP y el PSOE hicieron lo mismo con el 57% de los ingresos obtenidos por esta vía y Vox, que en esos años empezaba a tener representación en instituciones públicas, con apenas el 6%. 

En el caso del PNV ese porcentaje es del 100%. Este año, en las cuentas anuales de 2022 presentadas al Senado, la formación de Andoni Ortuzar afirma que su grupo en el Senado no dispone de personal a su cargo y que el partido asume la “práctica totalidad” de sus gastos de funcionamiento, incluyendo de “forma destacada” el asesoramiento técnico, por lo que aporta mensualmente al partido una cantidad “fija”. Esa cantidad se corresponde, en total, con el grueso de la subvención recibida por la Cámara Alta.  

En otros partidos, la práctica es la contraria: parte de las subvenciones a los grupos parlamentarios se dedican a complementar los salarios de los miembros de su dirección. Así ocurre, por ejemplo, en el Partido Popular, tal y como han dejado al descubierto las últimas declaraciones de bienes presentadas al Congreso por los diputados que son, a su vez, miembros de la cúpula de la formación. 

El que más cobra por esta vía es el propio Alberto Núñez Feijóo. Desde que llegó a la presidencia del PP, en abril de 2022, y al Senado a finales de mayo, percibió al margen de su sueldo de senador y de 39.260 euros brutos por su cargo en el PP otros 31.850 euros como presidente del grupo parlamentario con cargo a la asignación que la Cámara Alta concede al PP. La 'número dos', Cuca Gamarra, también cobró un sobresueldo de 28.759 al margen de su salario público del Congreso y con cargo a esa misma partida. 

En Vox también parte del salario de su presidente, Santiago Abascal, es abonado con la subvención que recibe el partido por parte del Congreso. Según su declaración de bienes, el líder del partido de extrema derecha ingresa 37.357,80 euros como sueldo del partido y otros 18.000 como presidente del grupo parlamentario que salen de la citada subvención. Aparte de eso, cobra 4.085,65 euros mensuales brutos por su condición de diputado. 

“Reconsiderar” las subvenciones para seguridad

Por otro lado, el informe del Tribunal de Cuentas pone en cuestión las subvenciones que reciben los partidos políticos para sufragar gastos de seguridad ya sean personales o materiales. Esto es, tanto agentes de seguridad privada o escoltas, como todos los elementos que sirven para proteger las sedes y a los propios representantes políticos: persianas y cristales de seguridad, sistemas de videovigilancia, vehículos blindados, inhibidores de señales o auriculares de teléfonos de confidencialidad en los vehículos, entre otros gastos. 

El órgano fiscalizador afirma que “en el actual contexto social y político” sería “conveniente reconsiderar la conveniencia material y económica” de mantener en las “condiciones actuales” estas subvenciones. Además, recuerda que los partidos deben reintegrar subvenciones por gastos de seguridad por un total de 120.026,61 euros en el ejercicio 2018 y de 182.901,85 euros en el ejercicio 2019. En total, 302.928,46.

El partido que más dinero tiene que devolver es Podemos: un total de 112.531,73 euros. Según este documento, la formación que ahora lidera Ione Belarra trató de subvencionar a través de esta partida 131.339,16 euros invertidos en las obras de acondicionamiento de su sede central. En el trámite de alegaciones, el partido afirmó que los servicios se contrataron con empresas especializadas en el ámbito de la seguridad. Pero el Tribunal de Cuentas considera que los servicios facturados a la formación política no corresponden propiamente a costes de contratación de personal de seguridad sino a “servicios auxiliares para dar respuesta a cualquier eventualidad” y le obliga a reintegrar ese dinero, parte del cual ya ha devuelto.

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