elDiario.es radiografía uno de los mayores escándalos políticos de la reciente etapa democrática en España: el conocido como 'Caso Kitchen', que será juzgado por la Audiencia Nacional a partir del próximo lunes 6 de abril. Un grupo de comisarios empoderados a las órdenes del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy organizó y ejecutó entre 2013 y 2015 una operación pagada con fondos públicos reservados para destruir pruebas de la caja b del PP que investigaba el juez Pablo Ruz.

Ocho años después de que la Audiencia Nacional comenzara a estudiar las andanzas de la denominada policía patriótica, media docena de comisarios —entre ellos José Manuel Villarejo, origen y final de muchas de las operaciones policiales ilegales— se sentará en el banquillo junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos exdirigentes políticos del PP, acusados de malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento.

elDiario.es ofrece imágenes inéditas de los protagonistas de la Operación Kitchen durante su declaración ante jueces instructores y fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional; así como documentos y audios que acreditan muchos de los hechos por los que la cúpula política y policial del Ministerio del Interior puede terminar en la cárcel.

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Juicio final de la operación Kitchen es un documental de elDiario.es narrado y documentado por Pedro Águeda. Está codirigido por José Manuel Romero y Sara Cuesta, productora y guionista del documental. La edición y el montaje es de Alejandro Corral, que también ha participado en el diseño junto a David Velasco. En la dirección de fotografía y grabación ha estado Salvador Fenoll, con la asistencia de Adrián Torrano. La productora ejecutiva es Izaskun Pérez.

El abogado de Gema Alcalá, la mujer del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha solicitado este jueves al tribunal que juzga a la pareja por la macrocausa Tándem que expulse del procedimiento a la acusación popular de Podemos, alegando que usa esta posición para obtener información y hacer un “uso electoral” de la misma, recordando que la Audiencia Nacional ya lo acordó respecto al PP en Gürtel.

El juez Pablo Pablo Ruz expulsó al Partido Popular como acusación popular del caso Gürtel, sin embargo, por motivos diferentes. Ruz expuso que el PP actuaba más como abogado defensor de su ex tesorero, Luis Bárcenas, que como acusación. En aquel momento no había estallado el caso de la caja B y Bárcenas no había confesado aún la financiación irregular del partido durante al menos veinte años. El PP intentó personarse de nuevo como acusación popular en la pieza de la caja B y Ruz rechazó con el mismo argumento tal personación.

“Solicitamos la expulsión de Podemos como acusación popular por incumplimiento del principio de legalidad y el artículo 125 de la Constitución”, ha planteado el abogado de Alcalá, Sergio Nuño Díez de la Lastra, durante la exposición de las cuestiones previas en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas de Tándem: Iron, Land y Pintor.

Díez de la Lastra ha argumentado que “es por todos conocido el uso electoral que le ha dado a todos los hechos que se consignan en la causa conocida como Tándem”, mencionando en este sentido a la llamada “policía patriótica” y al conocido como “informe PISA”.

En concreto, ha acusado a la formación 'morada' de haber utilizado “de forma política” la pieza Dina, denunciando una supuesta “connivencia” con los fiscales, con quienes -ha sostenido- Podemos se habría intercambiado información que después habría compartido con “terceros ajenos” a la causa.

El letrado defensor ha querido recordar que ya hay un conocido precedente en este sentido. En 2013, el entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Pablo Ruz expulsó al PP como acusación popular en la causa principal en la que se investigaban las actividades de la trama Gürtel.

Además, Díez de la Lastra se ha adelantado a una posible decisión del tribunal reclamando también que las fianzas prestadas por Podemos para personarse en estas piezas se retengan por si tuvieran que usarse para indemnizar a las personas contra las que ha ejercido la acusación.

Las defensas piden la nulidad de los audios de Villarejo porque dicen que no se respetó la cadena de custodia

El letrado Antonio Tapia ha pedido declarar nulos tanto los audios de las conversaciones como los demás efectos informáticos obtenidos en las entradas y registros llevados a cabo en domicilios y despachos de Villarejo y Redondo. Según el abogado de Redondo, la orden judicial establecía que si se encontraban dispositivos informáticos debía procederse a un volcado 'in situ' de su contenido mediante un protocolo específico. En caso de tener que llevárselos, debían ser precintados, y todo quedaría en manos del letrado. Pero, según ha denunciado, nada de esto ocurrió: no hubo volcado porque la Unidad de Asuntos Internos (UAI) se escudó en que no llevaban los aparatos necesarios para hacerlo, los elementos no iban precintados y todo quedó en poder de esta unidad policial, que tarda 17 días en ponerlo a disposición judicial, tal y como ha declarado el abogado.

“No hay cadena de custodia”, ha afirmado, con lo que es “imposible” saber si las copias de las causa lo son de los audios originales. En esta línea, Carlos Vaquero, uno de los abogados defensores de Gema Alcalá, la mujer de Villarejo, ha subrayado que los archivos podrían haber sido “alterados”.

Las grabaciones que desvelan que María Dolores de Cospedal se reunió en julio de 2009 con José Manuel Villarejo, el poderoso mando policial en esa época y actualmente en prisión provisional, para hablar sobre la incipiente investigación del que acabó siendo el mayor caso de corrupción de la historia del PP son la última evidencia de cómo los conservadores han tratado de poner en entredicho e incluso torpedear pesquisas que pudieran afectar a altos cargos de la formación. 

El capítulo de intentos del PP por desacreditar el caso Gürtel incluye desde denuncias de persecución y descalificaciones a las investigaciones y a quienes las llevaban a cabo, a estrategias procesales para tratar de entorpecer tanto la instrucción como el juicio en el que se acabó acreditando la existencia de una caja B en el PP. En público, el partido sólo aparcó los ataques y enarboló la bandera del “quien la hace la paga” a las puertas de la vista oral. Y eso a pesar de que, al mismo tiempo, su letrado intentaba lograr la nulidad del proceso. 

La cita entre Villarejo y Cospedal, desvelada por Moncloa.com, se produjo en el despacho que ésta última, que ya llevaba un año al frente de la Secretaría General del PP, tenía en la sede nacional del partido. También estaba presente su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, al que el policía mantenía informado del avance de las investigaciones, tal y como reconoció ella misma este lunes en un comunicado. Días después de aquella reunión, Cospedal acusó a Alfredo Pérez Rubalcaba, que era ministro del Interior, de haber creado “un Estado policial” y de haber pinchado teléfonos de miembros del PP que nada tenían que ver con la corrupción. 

Meses antes, en febrero de 2009, Mariano Rajoy, entonces presidente del PP y líder de la oposición, había intentado salir al paso de las primeras detenciones por el caso Gürtel denunciando en una comparecencia en esa misma sede una persecución contra su partido. “No es una trama del PP sino contra el Partido Popular”, aseguró. Ese mismo año, en marzo, Cospedal ahondaba en los ataques iniciados por Rajoy contra el primer instructor de la causa, Baltasar Garzón. Comparó sus pesquisas con un caso que había investigado una década antes y que dijo ser “una falsa trama”, que “no existió nunca”.

Otros cargos del PP se sumaron a esa estrategia. Entre ellos, Francisco Álvarez-Cascos, secretario general durante la etapa en la que la trama empezó a hacer negocios con el PP, que en abril de 2010 se adhirió a las críticas contra Garzón y fue un paso más allá denunciando que “una camarilla de policías” estaba falsificando pruebas contra el partido. O Federico Trillo, entonces coordinador de Libertades Públicas del PP, que en septiembre de 2011 recuperó los ataques contra Rubalcaba y le situó detrás “del montaje” que eran las investigaciones sobre la corrupción del PP. 

De la “trama contra el PP” a “una causa general” 

En junio de 2010, tras la inhabilitación de Garzón, la instrucción de la causa pasó al juez Pablo Ruz, que se convirtió de inmediato en el centro de los ataques del PP. Cuando sus autos confirmaron el papel central del partido en la trama, Cospedal dijo que esos escritos estaban “cogidos tan por los pelos, que no es de recibo”. Este magistrado fue el que, en abril de 2013, decretó la expulsión del PP de la acusación popular que venía ejerciendo por pervertir esa figura y dedicarse a defender subrepticiamente al extesorero Luis Bárcenas, hoy condenado a 33 años de cárcel por atribuirse fondos de la caja B y esconder a Hacienda el fruto de años de comisiones ilegales. 

Con el avance de las investigaciones, a mediados de 2013, el PP transformó el argumento de la “trama contra el PP” a “una causa general”. Y eso a pesar de que entonces los conservadores llevaban ya año y medio en la Moncloa, tiempo que habían aprovechado para intentar controlar la investigación con continuos ceses y nombramientos de policías afines. La destitución más sonada fue la del comisario general de Policía Judicial, José Losada, en octubre de 2013, por no controlar las pesquisas del caso Gürtel sobre Mato y otros dirigentes de la formación. eldiario.es reveló enero de 2014 que la Unidad de Asuntos Internos, ya convertida en un instrumento de la policía política del PP, se dedicó a acosar a los investigadores del caso con interrogatorios sobre supuestas filtraciones de un informe sobre Mato.

En esta época se sitúa también la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas utilizaba en la sede nacional del partido. Según el extesorero, esos discos duros guardaban información sobre la caja B del PP, por lo que su manipulación pudo afectar a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la financiación irregular de la formación conservadora. En este caso, del que se celebrará el juicio en los próximos meses, está procesado el PP como persona jurídica.

Ruz no pudo culminar la instrucción de las distintas piezas de Gürtel porque el Poder Judicial decidió no renovar su puesto interino en la Audiencia Nacional. Así que en marzo de 2015 el caso cayó sobre un tercer juez, José de la Mata. Con él, el PP ya tenía otro magistrado al que dirigir sus ataques, una tarea que llevó a cabo su portavoz parlamentario, Rafael Hernando. Dijo de él que tenía “nublado el juicio” cuando impuso al PP una fianza de 1,2 millones de euros y añadió que debería haberse inhibido porque ocupó un cargo en el Ministerio de Justicia con el PSOE.

Tras haber intentado desacreditar el caso desde el inicio, el PP tampoco se quedó de brazos cruzados cuando llegó el juicio. Mientras, en público, los dirigentes conservadores reiteraban que los acusados ya estaban fuera del partido e insistían en el “quien la hace la paga”; en privado, su letrado intentaba que se anularan las grabaciones de los cabecillas de la trama y tumbar así el proceso judicial. Finalmente, la sentencia que se dictó tras ese juicio, de 1.687 páginas, acreditó la existencia en el PP de un sistema de financiación con dinero negro de empresarios a cambio de adjudicaciones articulado a través de una caja B de la que salían sobresueldos para Rajoy y el resto de dirigentes del partido.

El 11 de marzo de 2013, al filo de las dos de la tarde, un auto del Juzgado Central de Instrucción número 3 buscó su hueco en la historia judicial reciente. En él, el magistrado Javier Gómez Bermúdez acordaba la admisión a trámite de una querella interpuesta días antes por Izquierda Unida y otras organizaciones.

La explicación de su relevancia estaba al final del escrito, en la parte dispositiva, donde aparecían los nombres de los quince imputados. Eran grandes empresarios y dirigentes del Partido Popular. De todos ellos había indicios suficientes de que habían participado en un sistema consistente en entregar dinero en secreto al gran partido de la derecha española y después ser recompensados con obras de beneficios millonarios.

Habían pasado ya seis semanas desde que El País publicara los ‘papeles de Bárcenas’, las anotaciones manuscritas del exgerente y extesorero del partido sobre la citada financiación irregular. Esos documentos bautizan desde ese día nombre la causa judicial, un caso que con el tiempo sería renombrado como “la caja B del PP”.

“La Fiscalía había interrogado a Bárcenas hacía una semana y llevaba desde entonces mareando la perdiz. Cada día que pasaba era un paso más hacia la prescripción de los delitos. El tiempo jugaba en nuestra contra. Una adjudicación, un pago, una decisión en el BOE… todo podía prescribir”. Quien recuerda aquellos días es el abogado Juan Moreno, miembro del equipo jurídico que presentó la querella de IU y que hoy sigue integrando la acusación popular del caso.

Los abogados de Izquierda Unida y el entonces líder de la formación, Cayo Lara, habían acudido el 28 de febrero, un día de nieve en Madrid, al registro de la Audiencia Nacional en la calle Goya. En horas, el PP lanzó una nota de prensa urgente: “El Partido Popular, ante las graves calumnias e injurias vertidas en la querella de Izquierda Unida y los demás firmantes, en defensa de su honor, el de sus dirigentes y el de sus militantes, presentará la correspondiente querella contra los firmantes de esa acción judicial”.

Los avances en la instrucción no solo hicieron marchitar ese anuncio sino que obligaron al PP a atrincherarse cada vez más, un partido que a duras penas justificaba los sobresueldos para sus dirigentes que recogían los papeles de Bárcenas. Izquierda Unida acudió a la demanda de conciliación previa a la presentación de la querella. Se ratificó y el PP terminó por desistir.

El auto de Gómez Bermúdez no era, en cualquier caso, la primera decisión que aseguraba que habría una investigación de los ‘papeles de Bárcenas’ en la Audiencia Nacional. El 7 de marzo, con un informe de la Policía en su poder, Ruz había decidido abrir una pieza separada del caso Gürtel. La UDEF había presentado al juez tres coincidencias entre los hechos que él investigaba en el caso Gürtel y la contabilidad paralela de Bárcenas que El País había desvelado el 31 de enero.

La decisión de Ruz también tuvo respuesta en el PP. En un argumentario repartido entre sus dirigentes aquel día, el partido de Rajoy instaba a recordar ante los medios de comunicación que ya habían presentado una demanda por vulneración de su derecho al honor. “Cualquier información que ponga en duda la existencia de una única contabilidad en el PP es radicalmente falsa, temeraria y tendenciosa”, aseguraba el argumentario.

Pasaron dos años y dos semanas, el sumario engordó y el el juez Ruz, en otro auto, declaró acreditada “indiciariamente” esa caja B. Había indicios suficientes, escribió, de que el PP “se vino sirviendo de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que le permitió operar, al menos durante los 18 años investigados, con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada al Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B”.

Antes de que Ruz tomara el mando de la investigación se había producido una batalla judicial por los papeles de Bárcenas. En aquel marzo de 2013 restaba por conocer si la investigación del mayor caso de corrupción del PP en su historia iba a estar dirigida por un joven magistrado, de talante progresista moderado, que había llegado para desatascar el juzgado de Baltasar Garzón; o por Javier Gómez Bermúdez, de orientación conservadora y que se había convertido, sin embargo, en la diana de un sector del PP por enterrara con su sentencia las teorías de la conspiración en torno al 11-M.

Los querellantes preferían a Gómez Bermúdez. “Era un juez con plaza fija, sin que se pudiera presionar sobre él con la cuestión de la suplencia, como pasó con Ruz, además de que tenía fama de juez de no tener complejos a la hora de abordar una causa judicial”, asegura hoy el letrado Juan Moreno.

La decisión de que Ruz fuera el instructor se tomó finalmente por dos a uno en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El veterano fiscal Antonio Romeral, quien se había opuesto a la admisión a trámite de la querella de Gómez Bermúdez y de la apertura de una pieza separada en Gürtel, había apostado por Pablo Ruz. La vista en que las partes presentaron sus argumentos dejó una de las anécdotas del caso. La jueza Ángeles Barreiro se pasó las tres horas que duró vista sujetando un papel ante el rostro para evitar que las cámaras lo captaran.

Marcha forzada del juez Ruz

Dos años después, y al poco de haber rematado la instrucción, Pablo Ruz se vio obligado a dejar la Audiencia Nacional. Con decisiones aún relevantes por tomar, el Gobierno había sacado a concurso la plaza que ocupaba de interino, entre una oferta de otras muchas que tenía pendiente cubrir hace tiempo. Al magistrado le dio tiempo a dejar acreditada, de forma indiciaria, la caja B. Después puso rumbo a un juzgado de Móstoles. El Ejecutivo de Rajoy siempre ha negado una intención en aquella convocatoria más que acabar con la situación de interinidad de los destinos ofertados.

A Ruz le sustituyó el juez más antiguo de cuantos aspiraron a la plaza: José de la Mata, exdirector general en Justicia con el PSOE y, a la postre, el magistrado que ha reabierto el caso de la caja B por las revelaciones de Francisco Correa en el juicio de Gürtel. De nuevo, la petición de reapertura fue realizada por la acusación popular, en este caso de Izquierda Unida, a la que se sumaron el resto. El fiscal Romeral informó a favor de la petición.

El empuje de la acusación popular

La acusación popular han sostenido el caso todo este tiempo. A ellos corresponde la iniciativa de que declararan como testigos tres secretarios generales del PP o la petición de reapertura del caso por las confesiones de Correa. A la querella de IU hay que sumar otra, presentada unos días antes en los Juzgados de Plaza de Castilla por el Observatori DESC (Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales) . Firmaban esa querella los abogados Isabel Elbal, Gonzalo Boye y Jaume Asens, hoy teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.

El juzgado de Madrid envió a la Audiencia Nacional esta querella y el Observatori pasó a integrar la acción popular del caso de la caja B. Uno de sus abogados, Gonzalo Boye, pone los 'papeles de Bárcenas' como ejemplo de la “importancia” de esta figura procesal. “Cuando comenzamos la Fiscalía no veía delito y el tiempo nos está dando la razón. No es un asunto menor, los papeles de Bárcenas reflejan la auténtica trama de corrupción que se ha gestado en torno al PP en estos últimos 25 años”, asegura.

El abogado de IU Juan Moreno incide en esa idea de la acción popular en este proceso cubriendo las carencias de la Fiscalía. “El Ministerio Fiscal ha tenido una actitud pasiva, silente, para nada ha impulsado la investigación de algo que es muy grave, que refleja que empresarios con una gran capacidad para atesorar contactos, con poder para presionar administraciones, estaban dando dinero a un partido político cuando estaba prohibido que pudieran donar”, asegura.

La acusación popular también es protagonista de la petición reciente de apartar a Juan Pablo González, el magistrado que se ha colado en el tribunal que juzgara la caja B después de un sorpresivo cambio en las normas de reparto de la Audiencia Nacional. Los querellantes sostienen que el PP ha dado “un decisivo impulso” a la carrera de este juez y que eso le inhabilita para juzgar la financiación irregular del partido.

Está pendiente de fijarse la fecha de celebración del juicio, siempre después de que se conozca la sentencia por la primera gran vista del caso Gürtel. ADADE es otra de las acusaciones populares, procedente, como los socialistas valencianos del caso Gürtel, en el que igualmente han supuesto un impulso continuo a la investigación. Esta asociación logró que Mariano Rajoy se sentara como testigo en ese juicio y lo volverá a intentar, al igual que el resto de las acusaciones populares, en la vista que debería celebrarse en 2018 sobre los papeles de Bárcenas. También fue la encargada de solicitar el ingreso en prisión del extesorero.

Francisco Montiel es abogado de ADADE. “Hay que ser conscientes de que en investigaciones de corrupción política, las presiones del poder pueden llegar a ser muy potentes y una acusación popular independiente, puede y debe ser la forma de contrarrestarlas”, afirma.

El Partido Popular formó parte de la acusación popular del caso Gürtel, pero fue expulsado por decisión de Pablo Ruz, quien alegó que más que acusar, la representación del partido actuaba como defensor de Bárcenas y de su esposa. Con ese argumento rechazó el magistrado el intento del PP por participar como acusación popular en el caso de su caja B.

El 8 de julio de 1997, un tal 'López H' entregó 15 millones de pesetas al Partido Popular para que cebara su caja B. En noviembre de 1998, 'López Hierro' ingresó 4 millones de pesetas en la contabilidad secreta de la formación. Así lo reflejó Luis Bárcenas en los papeles que sirvieron para abrir el caso de la financiación irregular del PP.

Álvaro Pérez, lugarteniente del jefe de la trama Gürtel, se preguntó en el Congreso por qué el empresario Ignacio López del Hierro nunca ha estado imputado si aparece en los ‘papeles de Bárcenas’ como “atizante”, como uno de los que fue al PP a “soltar el mondongo”. Con esas expresiones tan castizas, ‘El Bigotes’ se refería a la práctica seguida por grandes constructores del país consistente en entregar dinero negro al partido político cuyos cargos decidían entre quién repartían la obra pública.

Pérez aclaró que él solo estaba aludiendo a los papeles de Bárcenas, no fuera a ser que le acusaran de “difamación”. No ha servido de mucho. Al día siguiente, el aludido anunció una querella. “Judicialmente nunca se ha demostrado que los supuestos donantes López H y López Hierro tuvieran que ver con Ignacio López del Hierro, básicamente porque es mentira”, recogía el comunicado remitido a los medios.

La Audiencia Nacional considera acreditada, de forma indiciaria, la existencia de una financiación irregular del PP durante las dos décadas, el periodo que abarcan las anotaciones del extesorero. La UDEF constató en un informe escrito a las pocas semanas de que arrancara el caso que ‘López H.’ y ‘López Hierro’ eran la misma persona, Ignacio Javier López del Hierro, marido desde 2009 de la actual secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

La afirmación de ‘El Bigotes’ es compatible con el hecho de que López del Hierro no haya llegado a estar imputado en el caso de la financiación irregular del PP. El motivo de por qué no figura su nombre entre los empresarios imputados en el caso de la caja B es la prescripción del posible delito.

Las presuntas anotaciones sobre López del Hierro se remontan a los años 97 y 98, mientras que la causa se abrió en 2013. Para entonces, los nueve delitos que la acusación popular le atribuía indiciariamente, entre ellos el cohecho, habían ‘caducado’ judicialmente, según coincidieron la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado Pablo Ruz.

Cinco años de los ‘papeles de Bárcenas’

El próximo miércoles se cumplirán cinco años de la presentación de la querella de Izquierda Unida y otras asociaciones que dio origen a la pieza separada de Gürtel conocida como ‘papeles de Bárcenas’ o ‘caja B’ del PP. A esta se unió otra del Observatori Desc. Ambas se basaban en la documentación manuscrita que había publicado El País el 31 de enero anterior y que evidenciaba un sistema de cobro de supuestas mordidas y pago de sobresueldos en el corazón del Partido Popular.

Las dos querellas iban dirigidas contra dirigentes del partido, y también contra los empresarios donantes, pero en ninguna de las dos aparecía el nombre de Ignacio López del Hierro. “Simplemente, no reparamos entones en su importancia”, rememora uno de los letrados de la acusación popular. La ausencia de ese nombre, en plena vorágine por el estallido del mayor caso de corrupción asociado al partido conservador, fue remediada más tarde.

Al mes siguiente de la apertura de la pieza separada, el informe de la UDEF identificaba a López del Hierro con las anotaciones de Bárcenas y apuntaba los cargos que ocupaba en el momento de haber entregado presuntamente el dinero al PP: apoderado de Constructora Continental desde 1991; directivo de Construcciones y Gestiones de Servicios (CGS); también del Grupo ONCE en los años de las donaciones, 1997 y 1998; consejero de Renta Corporation Real State; consejero de Newco y consejero ejecutivo de Metrovacesa.

El 15 de julio de 2013, una vez encarcelado, Luis Bárcenas lanzó el mayor proyectil contra el PP de toda su historia. El extesorero reconocía la financiación irregular del Partido Popular, de la que él fue mano recaudatoria, durante al menos veinte años. Entre los nombres que identificó en su declaración se encontraba el de Ignacio López del Hierro.

Izquierda Unida planteó una ampliación de querella que fue admitida solo en parte por Ruz. En un auto fechado el 4 de diciembre de 2013, el magistrado argumentaba su negativa a imputar al empresario en el hecho de “no concurrir, de forma indiciaria, indicios alguno de responsabilidad penal, en atención a la antigüedad de las fechas en las que se les atribuyen los movimientos económicos reflejados en los documentos contables objeto de la instrucción, que habría de determinar la prescripción de los delitos invocados”.

Esta decisión permitió a López del Hierro escapar de la ronda de declaraciones como imputados de una veintena de empresarios. La causa contra los constructores fue archivada finalmente porque no era posible demostrar que el dinero aportado al PP fuera a cambio de una adjudicación concreta, requisito para establecer el cohecho.

Quien sí acabó ante el juez, pero solo como testigo, fue De Cospedal. Las acusaciones populares, auténtico motor de la causa de la caja B, intentaron preguntar a la secretaria general del PP por las menciones a su marido en los papeles de Bárcenas. “No es pertinente”, zanjó el juez Ruz cuando Mariano Benítez de Lugo, de ADADE, y Gonzalo Boye, de Observatori Desc, intentaron plantear la cuestión. La testigo dijo no tener problema en contestar. “No es él”, tuvo tiempo de responder.

El sustituto de Ruz, el juez José de la Mata, atendió en marzo de 2017 a la petición de las acusaciones populares y acordó la reapertura con el acuerdo de la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las revelaciones que el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y uno de los empresarios que pactó con el Ministerio Público, realizaron durante la vista oral del primer gran juicio de Gürtel.

Los mismos “intereses” que el clan Pujol

López del Hierro no ha dejado de aparecer desde entonces en otros escritos policiales y sumarios de distintas causas. Un atestado de la UDEF en el caso Pujol, fechado el 5 de mayo de 2017, vincula a López del Hierro con con una red de intermediación y cobro de comisiones en África. En el listado de empresas figura Ibadesa Cat SL, sociedad en la que, según el informe policial, “habrían estado representados los intereses de Jordi Pujol Ferrusola [el primogénito de la familia Pujol], Ignacio Javier Lopez de Hierro, José Joaquín Herrero Aleixandre, Jordi Puig Godés (hermano del exconsejero de empleo de la Generalitat, Felip Puig Godés)”.

La reacción de López del Hierro llegó a través de su entorno, que desmintió “tajantemente” cualquier relación con la red de corrupción. Las mismas fuentes lamentaban que, “otra vez”, la UDEF intentará implicarle sin pruebas en unos delitos y añadían que el empresario había comprado y vendido acciones de Ibadesa Cat antes de 2001, año de los hechos referidos en el informe.

Pero ahí no quedó la protesta del marido de la ministra. El empresario escribió una carta al director general de la Policía para exigirle una revisión de la investigación que el Ministerio del Interior accedió a realizar. El propio secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, anunció una auditoría interna para descubrir si el informe contenía algún “error”, algo inédito en un trabajo de los agentes que ejercen en funciones de policía judicial, esto es, a las órdenes del magistrado instructor.

Tanto Nieto como el ministro, Juan Ignacio Zoido, pertenecen al sector del PP andaluz alineado con Cospedal. La secretaria general representa un auténtico ascendente sobre el titular de la cartera, reconocen a eldiario.es fuentes del Ministerio. En el Congreso, Álvaro Pérez se preguntó si López del Hierro no ha estado imputado porque “a lo mejor tiene algún privilegio”.

A pesar de las presiones, los policías autores del informe se negaron a rectificar y en un segundo escrito insistieron en que las “atribuciones” a López del Hierro que había hecho están “debidamente contrastadas” en el Registro Mercantil, al tiempo que insistía en que los intereses del empresario “habían estado representados” en Ibadesa Cat.

López del Hierro creó Ibadesa Cat en 1996. Asegura que solo permaneció en la sociedad dos años y que después le vendió sus acciones a Jordi Puig, hermano del exconseller de Interior. Un “olvido” hizo que permaneciera como consejero de la entidad hasta 2004, según las fuentes del entorno del empresario que citaba El Mundo. A día de hoy, López del Hierro no ha sido imputado en el caso Pujol. Esas mismas fuentes hablaban de “una mano negra” detrás del informe de la UDEF con la intención “política” de desgastar a Cospedal.

“Cobra bajo cuerda de 27.000 sitios”

Las escuchas telefónicas del caso Lezo provocaron un terremoto en las esferas políticas, económicas y mediáticas. El nombre de López del Hierro afloró también en este caso, concretamente en una conversación entre el principal investigado, Ignacio González, y su hermano Pablo. “Cobra bajo cuerda de 27.000 sitios”, decía el expresidente de la Comunidad de Madrid.

A lo que Pablo González respondía con un comentario referente al riesgo que corren las supuestas aspiraciones de Cospedal por la trayectoria de su marido. “Con lo que cuenta y tal (Ignacio López del Hierro), yo no sé cómo la otra está así dispuesta, en cualquier momento la van a revolcar. Bueno, ahora que está en Defensa igual no”, dice Pablo González en el pinchazo.

Uno de los “sitios” de los que se acusó de cobrar a López del Hierro en una querella fue Liberbank, la entidad que acogió a Caja Castilla-La Mancha, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Según una querella de Comisiones Obreras, López del Hierro recibió 80.000 euros anuales de Liberbank a cambio de un asesoramiento inmobiliario que nunca existió, a través de su sociedad Hilo de Inversiones.

“¡Oye, José Luis, que no existe tal contrato, joder, que lo firmes!”, le dijo un directivo a un representante sindical en una conversación sobre las retribuciones del empresario y que fue incorporada a la querella. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó admitir la querella al considerar que no existían indicios “mínimamente acreditativos o indiciarios” de los pagos a López del Hierro.

En las grabaciones del caso Lezo, Ignacio González califica a López del Hierro como “un desagradable que te cagas”. A pesar de ello, González mantuvo durante años una buena relación con su esposa, María Dolores de Cospedal, surgida durante la temporada que coincidieron en el Ministerio del Interior que dirigía Ángel Acebes. Tiempo después ellos eran el vínculo que permitía mantener el contacto entre Génova y el PP de Madrid a pesar del choque frontal de Esperanza Aguirre con Mariano Rajoy.

La carrera de González se acabó cuando se cruzó en ella un policía que él vincula con María Dolores de Cospedal. Fue a raíz de la difusión de un extracto de la conversación que el político, siendo presidente de la Comunidad, mantuvo con el hoy encarcelado comisario José Manuel Villarejo y otro mando policial a cuenta del caso Ático. Aquella grabación precipitó la caída política de González, dos años antes de que fuera detenido por la Guardia Civil.

El encuentro con el comisario Villarejo no era el primero que tenía Ignacio González. La Unidad Central Operativa encontró en el registro de la casa del político tres cuartillas con anotaciones de su puño y letra que constituyen un análisis de situación del caso Ático, sobre sus aliados y enemigos, en la política, la policía y los medios de comunicación. “Villarejo me dice que es amigo del marido de Cospedal desde hace 30 años y que ayuda a María Dolores y que la conoce”, anota Ignacio González.

eldiario.es se ha dirigido a la ministra a través de uno de sus colaboradores para conocer si De Cospedal, López del Hierro o ambos conocen a Villarejo y si éste ha ayudado en algo a la titular de Defensa. La respuesta ha sido que “no comentan lo que escribe Ignacio González”.

Los policías del matrimonio

El comisario jubilado fue detenido el pasado noviembre y desde entonces permanece en prisión provisional por varios delitos, entre ellos pertenencia a una organización criminal. El hombre del archivo secreto que hace temblar a políticos, empresarios y miembros de la judicatura no sería el único miembro de un grupo de policías que frecuenta al matrimonio.

María Dolores de Cospedal abanderó la campaña del PP contra la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía desde la oposición. Se trataba, argumentaban, de una suerte de policía política que intentaba destruir el PP fabricando pruebas en el caso Gürtel, siempre bajo el control de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Con el cambio de Gobierno, la UDEF no es solo la unidad que menciona en un informe a López del Hierro. También es el destino del policía que ejerció de sombra de Cospedal en su etapa de presidenta de Castilla-La Mancha. Semanas antes de que el PP perdiera el Gobierno autonómico, Andrés Gómez Gordo volvió a la Policía, como jefe de vigilancias de la unidad, con un amplio control de todas las investigaciones sobre el terreno de la unidad especializada contra la corrupción, entre otros asuntos.

La Junta de Castilla-La Mancha le había tenido contratado como director de Documentación y Análisis, pero su trabajo visible era ser jefe de escolta de la presidenta. Cinco meses después de regresar a la Policía, concretamente a la UDEF, fue condecorado con una medalla pensionada. Gómez Gordo no solo trabajaba en la UDEF sino que compaginaba su trabajo con la Dirección Adjunta Operativa, la estructura en la que el comisario Eugenio Pino montó el grupo que investigó a políticos separatistas sin control judicial y que fabricó el informe sobre la supuesta financiación irregular de Podemos.

Amigo declarado de Villarejo y defensor público de su trayectoria es el comisario José Luis Olivera, jefe de la UDEF desde su formación, en tiempos de Zapatero, y que logró continuar en el puesto cuando el PP llegó al poder. “María Dolores pacta con Rubal y ahora mantienen a Olivera en UDEF para hacer otras cosas”, escribe Ignacio González en las mismas notas en las que alude a Villarejo y López del Hierro, adelantadas por Infolibre.

Olivera fue destituido en octubre de 2013, pero el policía no salió mal parado. Fue elegido director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y, a pesar de su participación en la Operación Cataluña, nombrado después para el organismo que salió de fusionar ese centro con otro de coordinación en terrorismo.

Ya han empezado las maniobras judiciales en la oscuridad para frenar el caso Púnica, el nuevo gran caso de corrupción del PP

1. Cuando al PP le va mal un juicio no cambia de abogado, cambia de juez. Lo hizo con el caso Gürtel, por cuya instrucción han desfilado siete jueces en total, entre los que llevaron el caso y los que el PP logró apartar: Garzón, Pedreira, Monterde, Gómez Bermúdez, Carmona, Ruz y De la Mata. Lo volvió a intentar con el caso de los discos duros de Bárcenas, donde a punto estuvieron de sacar a la incómoda juez que ha imputado al propio partido por destruir pruebas. Y ya han empezado las maniobras judiciales en la oscuridad para frenar el caso Púnica, su nuevo gran escándalo de corrupción.

2. La instrucción de Púnica la lleva Eloy Velasco, actual responsable del central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. También está en su juzgado la investigación de otro gran caso de corrupción, derivado de Púnica, que aún está bajo secreto pero ya está dando mucho de que hablar: el feo asunto de la financiación del PP de Madrid. Fue también Eloy Velasco quien pidió la imputación de Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia, en un auto que empujó su dimisión dos días antes de enfrentarse a una moción de censura y que a toda la derecha le ha sentado francamente mal. La prensa conservadora ha empezado a cañonear y el mensaje no es nada sutil: “Este va a acabar como Garzón”.

3. Velasco no es ningún rojo peligroso. Estuvo ocho años en política, entre 1995 y 2003, pero como alto cargo del PP. Lo fichó Eduardo Zaplana, como director general de Justicia en su primer equipo al frente de la Generalitat Valenciana. Salió del puesto con la llegada de Francisco Camps. Cinco años después de su paso por política, en 2008, llegó a uno de los tribunales más politizados que hay: la Audiencia Nacional.

4. Tres de los seis jueces con plaza en los centrales de instrucción de la Audiencia Nacional han sido premiados por el Gobierno del PP con una suerte de retiro dorado: un puesto con menos lío, menos presencia mediática, menos influencia, pero bastante más sueldo; una especie de embajada judicial que escoge a dedo el ministro de Justicia. En los países con los que España tiene una mayor cooperación judicial –como Francia, Inglaterra, Estados Unidos o Italia–, el Gobierno nombra un juez de enlace. Son puestos muy cotizados en la carrera judicial: se trabaja poco y se cobra mucho, aparte de la bonita experiencia vital que supone pasar unos años viviendo como un cónsul en Londres, Roma o París.

5. Los jueces de enlace y otros nombramientos similares del Gobierno se convierten así en un mecanismo de lo más útil para controlar la Audiencia Nacional. Sirve para ofrecer un puente de plata a los jueces incómodos. Sirve para premiar a los que se han portado bien. Sirve como zanahoria para meter la cuchara en la Audiencia Nacional.

6. Cuando un juez se va a uno de estos puestos, mantiene su plaza en el juzgado. El CGPJ nombra a un sustituto –normalmente por concurso, como juez adscrito–, pero quien gana ese puesto tiene que dar un paso atrás si regresa el verdadero titular. Así fue como Eloy Velasco llegó a la Audiencia Nacional: porque el juez titular del número 6, Manuel García-Castellón, fue nombrado juez de enlace en París y más tarde en Roma. Lleva ya 17 años en el extranjero y sigue siendo titular. Desde entonces, por el numero 6 han pasado ya tres jueces, todos ellos sin ser el titular: Juan del Olmo, Pablo Ruz –que luego se fue de sustituto al número 5 cuando imputaron a Garzón– y, desde 2008, Eloy Velasco.

7. El caramelito de la embajada judicial fue también el que usó el PP para que no entrase en la Audiencia Nacional un juez al que tenían pavor: Miguel Carmona, uno de los fundadores de la asociación progresista Jueces para la Democracia. Cuando inhabilitaron a Baltasar Garzón, Carmona ganó por puntos la plaza del número cinco de la Audiencia Nacional. Pidió el puesto pero nunca lo llegó a ocupar porque inmediatamente después el Gobierno le nombró juez de enlace en Londres. También cogió el mismo puente de plata Javier Gómez Bermúdez, que hoy es juez de enlace en París. Cuando Gómez Bermúdez fue enviado a este puesto, no sabía hablar francés. Hay seis juzgados centrales de instrucción en la Audiencia Nacional y la mitad de los titulares –los del 3, el 5 y el 6– están hoy en Roma, Londres y París.

8. Eloy Velasco quería uno de estos destinos dorados, según han publicado varios medios y aseguran desde el PP. Según esas fuentes, tal vez interesadas, hubo incluso negociación y se habló de darle un proyecto de colaboración judicial entre la Unión Europea y Latinoamérica, pero la cosa se frustró porque las condiciones económicas no eran las que Velasco esperaba. El nuevo puesto no iba a estar tan bien pagado como el de Gómez Bermúdez en París. Mientras aún no estaba el asunto cerrado, Velasco llegó a acudir de oyente a una conferencia del ministro Rafael Catalá, este febrero en el Hotel Ritz. Allí, delante de Velasco, Catalá defendió que Pedro Antonio Sánchez no debía dimitir.

9. ¿Se ha enfadado Velasco con el PP porque no le han dado ese destino dorado al que supuestamente aspiraba? ¿Es todo un rumor lanzado por el PP para justificar los varapalos que le están llegando desde ese juzgado y presionar al propio juez? Es difícil de saber. Algo es seguro: mientras parte del sueldo y la carrera profesional de un juez dependan de su relación con el poder político, mientras los principales casos de corrupción se concentren en unas pocas manos de la Audiencia Nacional, la injerencia, el mercadeo y las presiones del Gobierno sobre los jueces continuarán.

Corrección. En una primera versión de este artículo se afirmaba que Miguel Carmona no sabía hablar inglés cuando fue enviado a Londrés. Fuentes cercanas a este juez aseguran que no es así.Corrección

El jutge que ha investigat en l’Audiència Nacional els casos Bárcenas i Gürtel, Pablo Ruz, ha defensat aquest dijous a València la necessitat de crear jutjats especialitzats contra la corrupció i sis mesures més per a posar fi a un “problema sistèmic” a Espanya.

Ruz (Madrid, 1975) ha perorat sobre “La investigació de les causes de la corrupció” convidat per la Conselleria de Transparència en el marc de la celebració del Dia Mundial contra la Corrupció.

Membre de l’associació Un altre dret penal és possible, formada per juristes progressistes, Ruz ha estat presentat per la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que l’ha definit com “una estrela fugaç que ha il·luminat el cel fosc de la corrupció”.

El magistrat, actualment al capdavant d’un jutjat de Móstoles després d’haver acabat el període com a jutge substitut en l’Audiència Nacional, ha esmentat la falta de mitjans –Espanya inverteix en aquest punt un 0,9% del PIB pel 2,1% a Europa– com un dels problemes per a lluitar contra la corrupció.

Com que el problema, en lloc de desaparéixer, persisteix –segons les dades oficials el 2015 hi havia 1.100 causes obertes per corrupció contra les 300 del 2010–, Ruz ha proposat set mesures per a combatre una plaga contra la qual ja es disposa, a parer seu, d’una legislació adequada. Aquestes són les mesures proposades per l’exmagistrat de l’Audiència Nacional.

1.-Creació de jutjats especialitzats a l’estil de la Fiscalia Anticorrupció. Malgrat la falta de mitjans d’aquest organisme especialitzat de l’acusació pública, pensa que funciona eficientment.

2.-Protecció al delator, whistleblower en l’argot jurídic internacional, a l’estil dels Estats Units i del Regne Unit. A parer del jutge, gairebé sempre compensa absoldre el delator que col·labora amb la justícia per a trencar des de dins una trama corrupta.

3.-Limitar el nombre de parts –que llasten la rapidesa i la senzillesa dels processos– regulant millor l’acusació popular –la personació en el cas de les parts sense interés directe en el procés que defensen l’interés general. També, separar en procediments diferents la depuració de la responsabilitat penal de les eventuals conseqüències civils –pagament d’indemnitzacions, per exemple– generades.

4.-Suprimir els aforaments, “privilegis processals”, segons el jutge, de què gaudeixen els càrrecs públics. Obligar que algunes causes siguen tractades en jutjats diferents de l’ordinari –la difunta Rita Barberá, que era senadora, en el cas Taula, per exemple– ralentitza la instrucció. 

5.-“Apoderar la instrucció”. Dotar els jutjats d’experts, com ara pèrits o altres professionals l’opinió independent dels quals siga emesa sens dubtes pel que fa a la seua imparcialitat i amb més rapidesa que ara, en què gairebé sempre cal recórrer a professionals aliens a l’Administració de justícia.

6.-Millorar la cooperació internacional. Tot i que, segons Ruz, països on habitualment s’amaga els diners robats com ara Suïssa o Andorra hi col·laboren ara de manera més satisfactòria, algunes comissions rogatòries –petició d’ajuda a jutges d’altres països– tarden anys a donar resultats.

7.-“Cooperació interna amb la instrucció” o una crida als bancs perquè agilitzen les seues respostes a la justícia. El jutge s’ha mostrat comprensiu amb la càrrega de treball que algunes causes imposen a les entitats financeres on s’han guardat diners procedents de casos de corrupció o des d’on se n’han transferit, però ha demanat un esforç.

El magistrado Pablo Ruz pide juzgados especializados, más medios y cambios en los procedimientos en una conferencia en Valencia

El juez que ha investigado en la Audiencia Nacional los casos Bárcenas y Gürtel, Pablo Ruz, ha defendido este jueves en Valencia la necesidad de crear juzgados especializados contra la corrupción y otras seis medidas para acabar con un “problema sistémico” en España.

Ruz (Madrid, 1975) ha perorado sobre “La investigación de las causas de la corrupción” invitado por la conselleria de Transparencia en el marco de la celebración del Día Mundial contra la corrupción.

Miembro de la asociación  “Otro derecho penal es posible”, formada por juristas progresistas, Ruz ha sido presentado por la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que lo ha definido como “una estrella fugaz que ha iluminado el oscuro cielo de la corrupción”.

El magistrado, actualmente al frente de un juzgado de Móstoles tras acabar su periodo como juez sustituto en la Audiencia Nacional, ha mencionado la falta de medios -España invierte en este asunto un 0,9% del PIB por el 2,1% en Europa- como uno de los problemas para luchar contra la corrupción.

Como el problema, lejos de desaparecer, persiste -según datos oficiales en 2015 había 1.100 causas abiertas por corrupción por apenas 300 en 2010-, Ruz ha propuesta siete medidas contra una lacra contra la que ya se cuenta, opina, con una legislación adecuada. Estas son las medidas propuestas por el exmagistrado de la Audiencia Nacional.

1.-Creación de juzgados especializados al estilo de la Fiscalía Anticorrupción. Pese a la falta de medios de este organismo especializado de la acusación pública, cree que su funcionamiento es eficiente.

2.-Protección al delator, “whistleblower” en la jerga jurídica internacional, al estilo de Estados Unidos y el Reino Unido. En opinión del juez, casi siempre compensa absolver al delator que colabore con la justicia para romper desde dentro una trama corrupta.

3.-Limitar el número de partes -que lastran la rapidez y sencillez de los procesos- regulando mejor la acusación popular -la personación en el caso de partes sin interés directo en el proceso que defienden el interés general. También, separar en procedimientos distintos la depuración de la responsabilidad penal de las eventuales consecuencias civiles -pago de indemnizaciones, por ejemplo- generadas.

4.-Suprimir los aforamientos, “privilegios procesales”, según el juez, de los que disfrutan cargos públicos. Al obligar al que algunas causas sean tratadas en juzgados diferentes al ordinario -la fallecida Rita Barberá, que era senadora, en el caso Taula, por ejemplo- ralentizan la instrucción. 

5.-“Empoderar la instrucción”. Dotar a los juzgados de expertos como peritos u otros profesionales cuya opinión independiente sea emitida sin dudas de su imparcialidad y con mayor rapidez que ahora, cuando casi siempre hay  que recurrir a profesionales ajenos a la administración de justicia. 

6.-Mejorar la cooperación internacional. Aunque, según Ruz, países donde habitualmente se esconde el dinero robado como Suiza o Andorra están colaborando ahora de manera más satisfactoria, algunas comisiones rogatorias -petición de ayuda a jueces de otras países- tardan años en dar resultados.

7.-“Cooperación interna con la instrucción”, o un llamamiento a los bancos para que agilicen sus respuestas a la justicia. El juez se ha mostrado comprensivo con la carga de trabajo que algunas causas imponen a las entidades financieras donde se ha guardado o desde donde se ha transferido dinero procedente de casos de corrupción, pero ha pedido un esfuerzo.

La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación celebrará el próximo día 15 el Día Mundial contra la Corrupción con una conferencia del juez Pablo Ruz, magistrado que ha sido instructor de casos como Gürtel y Bárcenas

El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, ha resaltado el valor de esta conmemoración que estableció hace algunos años la ONU, “lo que indica la preocupación por un fenómeno tan grave para las sociedades desde el punto de vista económico, político y moral”.

Entre las actividades previstas con motivo del Día Mundial contra la Corrupción, el juez y exmagistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ofrecerá la conferencia 'La investigación de las causas de corrupción' que impartirá en Valencia el próximo jueves 15 de diciembre, organizada por la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación en el marco del Foro Ética Pública y Democracia.

La conferencia del juez Ruz se adentrá en los principales problemas a los que se enfrentan los jueces en la instrucción de una causa de esta naturaleza, propuesta o necesidad de reforma procesal, todo ello desde un enfoque eminentemente práctico.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, será la encargada de presentar y dar la bienvenida al juez Pablo Ruz en el Paraninfo-Centro Cultural La Nau de la Universitat de València a las 18,30h.

El juez Pablo Ruz se licenció en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas en 1998 e ingresó en la carrera judicial en mayo de 2003. Comienza a ejercer la Judicatura, primero en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Navalcarnero (Madrid), y dos años y medio más tarde en el Juzgado número 4 de la misma localidad.

En abril del 2008 sustituyó temporalmente a Juan del Olmo (instructor del sumario del 11-M) y, entre otras decisiones, ordenó el ingreso en prisión eludible bajo fianza de tres millones de euros del ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca.

Posteriormente, pasó al Juzgado de Primera Instancia número 5 de Collado Villalba, de Madrid. Pertenece a la plataforma Otro Derecho Penal es Posible, integrada por juristas españoles progresistas.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le nombra interinamente por unanimidad para el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en 2010. Ha sido el juez instructor del caso Bárcenas, caso Gürtel y caso Rumasa. En abril de 2015 es sustituido al frente del Juzgado por José de la Mata y pasa al Juzgado número cuatro de Móstoles, del que es titular.

Luis Bárcenas y Francisco Correa, los dos grandes enemigos del banquillo en el juicio de Gürtel, han coincidido en destapar que el Partido Popular se ha financiado durante años con el dinero negro de las grandes constructoras del país, a cambio de que las administraciones que gobernaba les regaran de contratos. Con su confesión de jueves y viernes, Correa ha teñido de mordidas la gran obra pública del Gobierno de Aznar. Durante dos décadas, Bárcenas fue anotando las donaciones en B que esas empresas hacían al partido que sostiene al actual Gobierno en funciones.

Correa ratificó el jueves la confesión del antiguo dueño de Constructora Hispánica, Alfonso García-Pozuelo, quien había adelantado dos días antes que él entregaba dinero al principal acusado en el juicio con destino final a “organismos centrales”, esto es, a Génova. Y ya advertía Correa: “No era solo con García-Pozuelo”.

Este viernes fue más allá y dio otros tres nombres: OHL, Dragados y ACS. De un plumazo introducía en su declaración los nombres de los dos grandes constructores del país, Juan Miguel Villar Mir (OHL) y Florentino Pérez (ACS, ahora también dueño de Dragados).

En el caso de Villar Mir, los pagos sobrepasan el medio millón de euros en tres anotaciones. El primero, de 100.000 euros, tuvo lugar el 19 de octubre de 2004, apenas cuatro días después de quedarse con uno de los accesos de la M-30 en Madrid, valorado en 25 millones de euros.

Los otros dos abonos no tienen una relación con obras públicas tan definida. El tercer pago es el más elevado, 250.000 euros, y se realiza en un momento en el que OHL se queda con la construcción de líneas ferroviarias del Cercanías de Madrid.

La ACS de Florentino Pérez no aparece en los 'papeles de Bárcenas' publicados por el diario El País sino en otros que entregó el extesorero a Pablo Ruz aquel 15 de julio de 2013 en el que, después de dos semanas en prisión, decidió tirar de la manta. Fueron nueve carpetas de colores y en la número 3 de ellas aparece un manuscrito con la caligrafía de Bárcenas en el que se menciona a ACS y también a OHL.

Bajo el epígrafe “Galicia” se puede leer: “OHL: 300.000 € en campaña / ACS: se comprom. a 1 M€, ha dado 30.000 € / Ingr. 2006 en donat.: = 360 M./Pts / FCC: daba 50.000€/mes; va a dar 12.000€/mes + ayuda campaña”. En la siguiente línea, el gerente y luego tesorero del PP anotó la siguiente valoración: “Las empresas siguen ayudando”. 

Según publicó El País, en el último renglón de ese folio se podía leer: “Congreso y Monte Dogazo (sic), pagados”. Las anotaciones coinciden con la época en la que Manuel Fraga perdió las elecciones autonómicas de 2005 contra el pacto de PSOE y BNG. La referencia a “Congreso” se referiría al cónclave del PP gallego que ganó Alberto Núñez Feijóo en marzo de 2006, y “Dogazo” con los grandes mítines que organizaba Fraga cada primavera en el Monte do Gozo, de Santiago de Compostela.

El constructor que ya ha confesado

Basta con acudir a los papeles de Bárcenas para entender que la mención a las constructoras de Correa no se trata de una ocurrencia, fruto de su intento por ganar el favor de la Fiscalía y una rebaja en su petición de condena. Entre 2000 y 2004, por ejemplo, Constructora Hispánica de García-Pozuelo recibió 703 millones de euros en contratos públicos adjudicados por administraciones en manos del PP.

Llama la atención la cercanía de fechas entre los supuestos pagos a Bárcenas y las adjudicaciones de las administraciones gobernadas por el PP. Constructora Hispánica fue la encargada de construir la estación del AVE en Zaragoza. Precisamente, Correa incluyó las obras del AVE dentro de esas grandes obras conseguidas a base de comisiones.

La licitación de esa obra data de noviembre de 2000. Según la documentación que refleja la supuesta contabilidad B en el PP, en esas mismas fechas García-Pozuelo entregó a Bárcenas 30.000 euros. En junio de 2000, Hispánica consiguió la adjudicación de la plataforma de un tramo de AVE entre Lleida y Barcelona: 28 millones a repartir con otra empresa, Copisa, también donante en los papeles. Sólo un mes después, según los papeles del extesorero del PP, Alfonso García-Pozuelo entregó 12.000 euros al PP.

La mayor parte de las adjudicaciones de Hispánica proceden del Ministerio de Fomento, en la época en la que Francisco Álvarez Cascos estaba al frente de esa cartera. Alfonso García-Pozuelo es un viejo amigo de Cascos: estudiaron juntos la carrera de Ingeniería de Caminos. Este viernes, Correa enfatizó que las iniciales PAC que aparecen en la contabilidad B de la red no pertenecen al exministro de Fomento.

Las cantidades que Hispánica entrega presuntamente a Bárcenas parecen ridículas comparadas con la cuantía de los contratos obtenidos, pero son constantes en los alrededores de las fechas de adjudicación. Sin embargo, algo cambia en 2003: las cantidades empiezan a aumentar. Ese año, Hispánica resulta adjudicataria de numerosos contratos públicos en UTE con otra empresa llamada Copisa. Según los 'papeles de Bárcenas', solo entre marzo y mayo de 2003 Copisa habría entregado al PP un total de 200.000 euros.

Alfonso García-Pozuelo fue también, hasta noviembre de 2009, administrador único de EOC de Obras y Servicios. Esta empresa, con domicilio fiscal en Málaga, ha recibido múltiples adjudicaciones en el Ayuntamiento de Pozuelo, en los años en los que Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra Ana Mato, era el alcalde de la ciudad.

En Pozuelo de Alarcón, Constructora Hispánica también recibió contratos superiores a los 4,5 millones de euros de la Sociedad Urbanística Municipal (Sumpasa). Juan Carlos Bárcenas, hermano de Luis Bárcenas, era por entonces uno de los consejeros de esa empresa municipal.  

Negación ante Ruz y querella contra Correa

Villar Mir declaró como imputado en la pieza de los papeles de Bárcenas, pero la pieza se archivó contra él y el resto de empresarios al no poder demostrarse que las donaciones iban destinadas a conseguir una adjudicación concreta, lo que habría supuesto cohecho. En la época de las presuntas entregas, no existía el delito de financiación irregular. Villar Mir negó a Ruz haber entregado dinero negro al PP.

García-Pozuelo se negó a declarar ante el instructor del caso de la caja B del PP, acogiéndose a su derecho. Solo cuando su nombre apareció en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción al lado de una petición de condena de cuatro años de cárcel, el amigo de Álvarez-Cascos se prestó a colaborar. Tanto ACS como OHL han anunciado querellas contra Correa por sus afirmaciones.

Al juez Pablo Ruz, responsable de la instrucción de los casos Bárcenas y Gürtel durante su paso por la Audiencia Nacional y “testigo protagonista” de casos de corrupción, le parece “muy pretencioso aspirar a que la labor del juez sea descubrir la verdad y toda la verdad”. “Ya asumo que la verdad judicial nunca va a ser toda la verdad. Seguramente la labor periodística va a poder ofrecer mayores matices de esa verdad”, ha dicho en una conferencia en Carmona (Sevilla) en la que ha reflexionado sobre los “límites” de la función judicial, ha alabado el “interés público” de las buenas informaciones periodísticas y ha lamentado la “escasez de medios” en los juzgados españoles para combatir casos de supuesta corrupción.

Ruz ha hecho estas manifestaciones este miércoles durante la conferencia 'El periodismo de investigación, desde la justicia', con el que se ha clausurado el curso de verano de la Universidad Pablo Olavide (UPO) 'Información y corrupción. El periodismo de investigación'. El juez, en ese sentido, se ha referido al “imán” informativo al que parece condenado el Juzgado Central de Instrucción número 5, antes ocupado por Baltasar Garzón y Fernando Grande-Marlaska, entre otros. Preguntado sobre si se siente sorprendido de que los casos de corrupcion sigan proliferando en nuestro país, ha respondido con un lacónico y escueto “sí, me sorprende”.

“La función judicial tiene sus límites, muchos marcados por las limitaciones temporales, o nos toca investigar conductas del pasado que desgraciadamente han pasado ya y uno tiene que renunciar de manera obligada al conocimiento de toda la verdad”, ha comentado. En esa tarea de “la investigación hasta sus últimas consecuencias de los fenómenos de corrupción”, ha remarcado, “debemos ponernos a la tarea, periodistas, jueces, ciudadanos en general. Y debemos hacerlo cuanto antes porque nos jugamos mucho en ello”.

Respecto a eso ha indicado que “la labor judicial no tiene más medios que los que los que el poder político o ejecutivo quiera darles; desgaciadamente no manejamos un presupuesto autónomo”, reclamando al Ejecutivo por modelos similares a los de la Fiscalía Anticorrupción y los equipos con los que cuenta, “muy necesarios en la labor judicial”. Ruz ha recordado que dicha Fiscalía surgió “también a la luz de lo que se vivía en aquel momento, algo parecido a lo que podemos estar viviendo ahora, una avalancha de casos posibles de corrupción y que muchos de ellos afectaban también al Gobierno en el poder”.

La falta de medios, “un problema mal resuelto”

“Con los pocos fiscales que son tienen la suerte de ser el único órgano que tiene los equipos multidisciplinares que trabajan con ellos. Los jueces lamentablemente hoy día no tenemos eso y tenemos que reclamarlos a los ministerios, a los ejecutivos con responabilidad en la materia, en una suerte de dependencia, que nos quieran hacer más o menos caso. Es otra de las luchas que cuando un juez lleva un caso de corrupción tiene que mantener para que el poder ejecutivo se tome en serio la materia y le dote de medios suficientes. Sigue estando mal resuelto el problema”, ha denunciado.

Cuestionado si no tiene la sensación de que los españoles no han castigado electoralmente la corrupción en España ha dicho que “no sé si se ha castigado o no, pero en las elecciones influyen multitud de elementos que la ciudadanía tiene en cuenta. Lo que sí percibo es que la ciudadanía ha asumido como problema tanto caso de corrupción. La mayor o menor respuesta está en factores de carácter sociológico que no me atrevo a juzgar. La quiebra de confianza de determinadas personas que ejercen el poder político tiene sus consecuencias, claro que las tiene, y la ciudadanía lo percibe”.

“Que luego eso tenga una mayor o menor traslación en el voto pues ahí tenemos que abrir un interrogante en el que entran muchos elementos, más allá de que la corrupción es una situación que preocupa realmente a la sociedad. Pero si no se le da más agilidad a procesos judiciales de corrupción, los responsables no somos los jueces ni los fiscales sino la carencia y la escasez de medios con la que seguimos trabajando”, ha añadido al respecto.

“La gente exige con razón una justicia rápida y visible, pero no se puede confundir el castigo del delito con la solución aunque forme parte de ella. El puesto de un corrupto encarcelado lo puede ocupar otro. El daño que causa la corrupción puede no ser más grave que el desatado por la masiva incompetencia, por el capricho de los iluminados o los trastornados por el vértigo de mandar. Lo que nos hace falta es un vuelco al mismo tiempo administrativo y moral, un fortalecimiento de la función pública, un cambio de actitudes culturales muy arraigadas y muy dañinas, que empapan por igual casi todos los ambitos de nuestra vida colectiva”, ha concluido.

“Un salvavidas para la sociedad”

“El periodismo de investigación y una investigación judicial de calidad son como un salvavidas para la sociedad”, ha dicho al comienzo de su intervención. Respecto a las relaciones entre los medios de comunicación y los jueces, asegura que estos últimos no están preparados para entender la actuación de los medios, “por lo que a veces se crea un recelo entendible entre los compañeros de profesión”. Sin embargo, sostiene que en determinadas investigaciones, sobre todo en los casos más importantes y mediáticos, los jueces “debemos facilitar el trabajo de los periodistas y crear un clima de confianza entre ambos profesionales, respetando unas reglas y límites”.

Por otro lado, el juez Ruz ha querido dejar claro que el periodismo de investigación no se corresponde con el ejercicio del periodismo de filtraciones, normalmente de hechos ya judicializados “que deben llevarse de manera reservada”. Y ha asegurado que “la mayoría de las filtraciones a los periodistas provienen de los mandos policiales que obedecen a puestos de designación política, no de los policías encargados de una investigación determinada, que tratan de cuidarla al máximo”.

También ha bromeado diciendo que él nunca ha sido filtrador, “al menos de manera consciente”, aunque admite que siempre que ha podido ha ayudado a los periodistas y les ha aportado información que les sirviera para contextualizar el proceso, sin que esto interfiriera en la causa.

Ha reconocido el juez que el periodismo de investigación desempeña una función muy importante para la sociedad, por lo que de sus resultados “obtenemos rédito los jueces. El periodismo es indagar sobre hechos que tengan interés público, y es de interés público conocer al detalle las tramas delictivas, que merman la confianza de la ciudadanía, pero para ello hace falta hacer las cosas con sosiego y tiempo”.

Cualquier tentación de ubicar a un juez acomodaticio en el puesto que se vió obligado a dejar Pablo Ruz hace ocho meses ha quedado frustrada. José de la Mata (Cádiz, 1961) no ha resultado una sorpresa para quienes advirtieron en abril, desde un lado y otro del espectro ideológico de la judicatura, que llegaba a la Audiencia Nacional un magistrado con 27 años de experiencia, “trabajador, capacitado e independiente”. Como Ruz, su sucesor huye del protagonismo al que parece condenar el Juzgado Central de Instrucción número 5, antes ocupado por Baltasar Garzón y Fernando Grande-Marlaska, entre otros. Con De la Mata, la figura del juez estrella languidece.

Ese carácter reservado no le ha permitido, sin embargo, permanecer ajeno a las peculiaridades del tribunal especial donde ahora trabaja. Ocurrió al fundamentar que seis mensajes en Twitter y un retuit de César Strawberry no eran suficientes para sentar al líder de Def con Dos en el banquillo por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del terrorismo. El juez enmarcaba los chistes, que calificaba de “deleznables”, en el carácter “altamente provocador, escabroso y sarcástico” del artista.

El fiscal Carlos Bautista arremetió contra el juez en un recurso en el que le acusaba de cometer “un cierto fraude procesal”, de estar menos capacitado que un “lector medio” por no apreciar delito en los mensajes del artista y de recuperar “las esencias del derecho penal de autor”. Venía a decir el fiscal que De la Mata había levantado la imputación a Strawberry por ser alguien con “fama de rebelde” y que presume de “vocación literaria, artística o científica con halo de transgresora”. La Sala admitió parcialmente el recurso y el cantante se sentará finalmente en el banquillo de los acusados.

En su Juzgado destacan que De la Mata se ha puesto al día en pocos meses de las complejas causas que ha heredado –entre ellas el caso Gürtel o la financiación irregular del PP- al tiempo que atendía las nuevas que han ido entrando. Con “criterio propio”, dicen que “sabe escuchar” y “hacer equipo”. Sobre su implicación, aseguran que trabaja “a destajo”.

Ese “criterio propio” se puso de manifiesto cuando el juez De la Mata encontró en la reforma de la ley de justicia universal argumentos para dejar abierta la posibilidad de volver a abrir la causa contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y seis de sus colaboradores, responsables del ataque a la Flotilla de la Libertad en 2010. Con tres españoles afectados y ninguna causa abierta en Israel al respecto, De la Mata advirtió en junio de que reabriría la causa si Netanyahu o cualquiera de los otros querellados ponían un pie en España.

La Fiscalía estuvo de acuerdo y la Sala de lo Penal ratificó la decisión del magistrado. El juez demostró que no iba de farol cuando en noviembre solventó los problemas sobre la identificación de los querellados y ordenó a la Policía y a la Guardia Civil que incluyeran las identidades de los querellados en sus bases de datos. Eso serviría para que le avisaran en cuanto entraran en territorio español.

De la Mata ha asistido desde entonces a otra maniobra con el sello de la Audiencia Nacional. La decisión de incluir a Netanyahu en los ficheros provocó que Ejecutivo de Israel montara en cólera y anunciara que trabajaba con las “autoridades españolas” para anular la orden de De la Mata cuanto antes. La Fiscalía entonces modificó su criterio, llegando a acusar al juez de “reinterpretarse a sí mismo” para sostener su decisión. Finalmente, un tribunal integrado por los jueces recusados de Gürtel, Enrique López y Concepción Espejel, ha ordenado a De la Mata que traslade a las Fuerzas de Seguridad la obligación de cancelar los ficheros policiales de Netanyahu y el resto.

Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que el nuevo titular del Juzgado de Instrucción 5 es consciente de la labor de los medios de comunicación y que por eso traslada sus resoluciones más relevantes a través del servicio de prensa de la Audiencia Nacional. Y nada más. Al magistrado no le gusta estar rodeado de periodistas. Si va a aparecer en los titulares, añaden, será por algo que ha dejado escrito en un auto.

Pasó recientemente con un asunto tan mediático como la resolución independentista del Parlamento de Cataluña. La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió entrar en el tema requiriendo a las Fuerzas de Seguridad, incluidos los Mossos, que le informaran de cualquier acto de apoyo a la misma por parte de funcionarios públicos.

Con la información recibida, el órgano que dirige Javier Zaragoza denunció a cinco ayuntamientos por los delitos de rebelión y sedición, aunque también citaba posible prevaricación, desobediencia, uso indebido de fondos públicos o usurpación de atribuciones.

De la Mata ha sido el primero en archivar de los cinco jueces en los que han recaído las distintas denuncias. El titular del Juzgado número 5 argumentó que cuando el Ayuntamiento de Sant Cugat aprobó una moción de urgencia, el Tribunal Constitucional no había declarado inconstitucional la resolución del Parlament, tan solo había decretado su suspensión provisional a la espera de entrar al fondo del asunto.

En su auto, De la Mata dejaba en evidencia el protagonismo que buscaba la denuncia al considerar “llamativo” que la Fiscalía considerara presunta rebelión o sedición apoyar la resolución del Parlament y no hubiera actuado contra aquellos parlamentarios que aprobaron o a las organizaciones que la impulsaron “activamente”.

De la Mata aprovechaba para recordar que la Constitución consagra la “más amplia libertad para la exposición y defensa pública de cualesquiera concepciones ideológicas, incluyendo las que pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional”.

Apela a la libertad de expresión

Como había ocurrido en el caso del líder de Def con Dos, el juez volvía a apelar a la libertad de expresión como uno de los derechos fundamentales. Acaso por ahí se podría adivinar su concepción progresista de la aplicación de la justicia, pero nunca partidista, según destacan compañeros suyos consultados por eldiario.es. Si alguno le ha puesto alguna pega ha sido por considerarlo “excesivamente meticuloso”.

El juez José de la Mata fue alto cargo de la Administración de Justicia con el socialista José Caamaño como ministro, pero quienes le conocen aseguran que eso no le predispone. En este sentido, recuerdan que fue el magistrado Carlos García Calvo, de acentuado perfil conservador, quien le reclamó para que trabajara con él como letrado del Tribunal Constitucional.

Siempre de “buen ánimo”, según comentan algunos de sus colaboradores, De la Mata comparte con su antecesor, Pablo Ruz, la citada visión progresista que no se plasma, sin embargo, en militancia alguna. Ninguno de los dos está afiliado a una asociación de jueces.

Esa concepción progresista convive en ambos con su fe cristiana, que en el caso de De la Mata le lleva a salir en procesión cada Semana Santa, en su Cádiz natal. Este hecho no debería predisponer a juicios erróneos sobre otros aspectos de su faceta personal. Como quedó de manifiesto durante la declaración de Strawberry como imputado, De la Mata, que tiene dos hijos veinteañeros, ha visto la película de Alex de la Iglesia 'Acción Mutante'. El magistrado dejó claro en el auto posterior que sabe identificar la “estética hardcore”.

Todavía están pendientes tres resoluciones de los jueces de instrucción sobre otros tantos ayuntamientos que aprobaron mociones indepedentistas. El pasado miércoles, Carmen Lamela archivó las actuaciones contra el ayuntamiento de Premiá de Dalt. Precisamente, Lamela es la última en incorporarse a uno de los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional. Es amiga de De la Mata y, como él, llega con fama de rigurosa e independiente al Juzgado de Instrucción número 3. Su trayectoria hasta ahora anticipa que contribuirá a enterrar la figura del juez estrella.

El juez instructor del caso Son Espases, José Castro, ha recibido vía fax copia de las facturas que este lunes requirió a la presidencia del PP nacional correspondientes a las obras de remodelación llevadas a cabo en la sede del partido de la calle Génova, entre los años 2002 y 2010, de cara a esclarecer si fueron financiadas de forma irregular.

Mientras tanto, las facturas originales serán remitidas próximamente por burofax al Juzgado, si bien desde la formación 'popular' han precisado que no disponen de todas ellas puesto que éstas ya les habían sido reclamadas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El PP ha respondido de este modo al requerimiento efectuado por el magistrado, que busca esclarecer si parte de las obras de la sede de Génova fueron llevadas a cabo sin coste alguno para el partido por parte de empresarios que, a cambio, habrían resultado beneficiarios de las obras del hospital de Son Espases, o podrían haber estado a las puertas de lograr esta adjudicación, según informaron fuentes de la investigación a Europa Press.

La decisión fue acordada, mediante una providencia, en el marco de la causa que investiga el presunto amaño de la adjudicación de los trabajos del hospital de referencia de Baleares, un proceso en el que, entre otros, se encuentran imputados el presidente de OHL y exministro, Juan Miguel Villar Mir, y el expresidente del Govern Jaume Matas.

Según la confesión efectuada en esta causa por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, el PP de Matas reclamó hasta nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras del hospital, que recayó finalmente, en diciembre de 2006, en manos de la UTE liderada por Dragados tras un proceso que inicialmente se había decantado a favor de OHL.

Castro ha extendido ahora las pesquisas a la reforma de la sede del PP nacional, para lo cual ha solicitado el listado de las empresas que fueron contratadas y subcontradas para realizar estos trabajos así como las facturas originales de los pagos.

La confesión de Francisco Correa de que Luis Bárcenas dirigía una red de cobro a grandes empresarios por el 3% de las adjudicaciones que les concedían administraciones del Partido Popular cobra forma en el Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo. Su titular, el magistrado Florencio Rodríguez Ruiz, investiga al empresario Luis del Rivero y a cuatro cargos del PP de Castilla-La Mancha por la concesión en 2007 de la contrata de recogida de basuras en la capital toledana a una filial de Sacyr-Vallehermoso. La mordida habría ascendido a 200.000 euros, exactamente el 3,2% de los 6,1 millones a los que ascendió la adjudicación por espacio de diez años a la empresa del grupo presidido entonces por Del Rivero.

Rodríguez Ruiz acordó el pasado 1 de septiembre incoar diligencias previas a partir del testimonio remitido a Castilla-La Mancha en marzo por el juez Pablo Ruz, desgajado de la investigación que durante dos años realizó de la financiación irregular del Partido Popular. En un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, el juez de Toledo concluye: “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa y cohecho, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial”.

La inclusión del posible delito de cohecho en la instrucción que realiza el juez de Toledo supone retomar la investigación por el supuesto pago de 200.000 euros a cambio del contrato de las basuras, dinero que habría financiado la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en 2007, según el testimonio de Luis Bárcenas. Cuando Ruz envió la causa a Castilla-La Mancha no pasó de apuntar un posible delito de prevaricación administrativa por las irregularidades en el proceso administrativo de adjudicación, posteriores a la presunta mordida.

Ruz dejó listo para juicio el caso de los 'papeles de Bárcenas' el 23 de marzo, dando por acreditada la existencia de una caja B en el Partido Popular durante las últimas dos décadas. En el mismo auto, sin embargo, archivaba la causa contra 22 de los 23 empresarios que aparecían como donantes del PP en las anotaciones que dieron origen al caso. Ruz consideraba que no se había podido acreditar que las entregas de dinero negro al partido fueran a cambio de una adjudicación concreta. O lo que es lo mismo, el juez consideró que no podía sostener una acusación por cohecho.

Pero ese auto no significaba lo mismo para Luis del Rivero que para el resto de los empresarios que también habían estado imputados. En su resolución razonada, el juez Ruz remitía a Toledo su investigación por las irregularidades que rodearon a la adjudicación y ejecución del contrato para la “recogida de las basuras, limpieza varia y transporte” por parte de Sufi, la filial de Sacyr-Vallehermoso, incluido el sobrecoste de más de 11 millones de euros que terminó aceptando la administración.

El entonces juez de la Audiencia Nacional adujo “falta de conexidad” entre los hechos de Toledo y los que él investigaba sobre la caja B del PP, en consonancia con el testimonio de Bárcenas. Sobre las irregularidades entorno a la adjudicación contaba con el documentado informe de la Intervención General de la Administración del Estado. Para apuntar a la existencia de la mordida, sin embargo, solo tenía el testimonio del extesorero, el recibí del gerente del PP castellano-manchego por 200.000 euros y sus “vagas” justificaciones.

Así que Ruz envió la causa a Toledo calificando los hechos indiciariamente de “prevaricación administrativa”, a espensas de que otro juez pudiera ahondar en los mismos. Y añadía un recado: a ese juez correspondería determinar también si hay “suficientes indicios de resposabilidad frente a persona o personas que, habiendo aparecido identificadas en el curso de la investigación, pudieran, por su aforamiento, motivar una ulterior inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha”. Ruz, sin mencionarla, apuntaba a María Dolores de Cospedal.

En la causa del Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo también están imputados el gerente y el tesorero del PP local de la época, José Ángel Cañas y Lamberto Pineda, respectivamente, así como el exalcalde de Toledo José Manuel Molina y el entonces vicepresidente de Sacyr, hoy al frente de la compañía, Manuel Manrique.

Cañas es el cargo del PP que firmó el recibí de 200.000 euros a Bárcenas y que fue entregado por éste al magistrado. El tesorero a nivel nacional declaró ante Ruz que esa cantidad iba destinada a pagar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha y que el pago procedía de Luis del Rivero, el presidente de Sacyr. También que él puso en contacto al empresario y a la secretaria general del PP.

Del mismo modo, Bárcenas desvinculó esa presunta mordida del funcionamiento de la caja b del partido a nivel nacional. El extesorero siempre ha defendido que las donaciones que él anotó de su puño y letra no eran finalistas y que, por tanto, no constituían sobornos. A excepción de un caso, el de Toledo. “La única operación irregular que se ha hecho aquí es la de María Dolores en Castilla-La Mancha”, llegó a afirmar.

La defensa de Luis del Rivero recurrió la decisión del juez Rodríguez Ruiz de investigar un posible cohecho con el argumento de que “no resulta conforme a derecho variar la calificación jurídica realizada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 tras varios años de investigación”, aun más si se tiene en cuenta que el juez de Toledo no ha practicado todavía diligencias, aseguraba el abogado del empresario en un escrito con fecha 17 de septiembre.

Pero Rodríguez Ruiz ha rechazado el recurso en un auto en el que defiende su potestad para calificar los hechos como considere, una vez ha estudiado el testimonio procedente de la Audiencia Nacional. En su resolución razonada, el juez recuerda que este “primer control de las imputaciones” se hace desde una perspectiva “meramente formal” y que siempre puede variar según avance la instrucción. “Los anteriores límites no pueden encorsetar la labor del juez instructor en los términos admitidos para la fase de juicio oral”, afirma en su auto del miércoles.

En mayo de 2013, Luis del Rivero negó ante Ruz haberse reunido con Luis Bárcenas en la época de este como gerente del PP. Pero en noviembre, El Mundo publicó las anotaciones de las agendas del extesorero con detalles de las 11 reuniones mantenidas con Del Rivero en los 11 meses anteriores a la adjudicación del contrato de basuras en Toledo. El juez volvió a llamar a declarar al empresario, quien en esa segunda ocasión sí reconoció los encuentros con Bárcenas y otros responsables del Partido Popular, aunque negó que alguno de ellos versará sobre los hechos que se le imputan.

Del Rivero ha demandado a Bárcenas por atentar contra su derecho al honor y el próximo noviembre se celebrará un juicio en Madrid por la petición de indemnización de 300.000 euros que hace el empresario.

Villar Mir, en otra presunta mordida

El expresidente de Sacyr no es el único de aquellos 23 empresarios de los papeles de Bárcenas que ha olvidado sus problemas con la justicia a raíz del archivo del juez Ruz. Este lunes, el juez de Palma José Castro dictó una providencia solicitando al PP nacional información sobre las reformas en su sede de la calle Génova entre 2002 y 2010. El magistrado sospecha que las obras pudieron pagarse con dinero negro de otra gran constructora, OHL, del empresario Juan Miguel Villar Mir, al igual que Luis del Rivero, donante del Partido Popular en los papeles de Bárcenas.

Villar Mir iba a ser el adjudicatario de las obras del hospital Son Espases, el más grande de Baleares, por un valor inicial de 778 millones de euros. Con la decisión ya tomada, la comisión que dictaba la adjudicación se retractó, tras una publicación de El Mundo informando de sus intenciones, y la finalmente beneficiada fue ACS, de Florentino Pérez. Villar Mir declaró el pasado 17 de septiembre como imputado ante el juez Castro y negó que hubiera un amaño para adjudicar las obras de Son Espases.

También como Del Rivero, Villar Mir estuvo imputado en la Audiencia Nacional por figurar en los papeles de Bárcenas, un caso que se ha reducido a los 1,7 millones de euros que el PP pagó presuntamente en negro por la reforma de su sede central, y por el que se sentarán en el banquillo, entre otros, los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

El caso de la financiación irregular del PP balear se vuelve a cruzar con el de la caja b de la formación de Mariano Rajoy a nivel nacional. El juez de Palma José Castro, que investiga la primera, ha solicitado al Partido Popular que a la mayor brevedad posible le entregue una relación de las obras de remodelación que se hayan llevado a cabo en la sede del partido en la calle Génova, número 13, de Madrid, entre 2002 y 2010.

Castro pide al PP una relación de las empresas contratadas y subcontratadas que hayan ralizado y las facturas originales que acrediten su pago. Según fuentes del caso, el juez está intentando demostrar que la adjudicación de la gigantesca obra del hospital Son Espases a OHL, la empresa de Juan Miguel Villar Mir, está relacionada con el pago de las obras en Génova.

Villar Mir está imputado en la pieza separada de Son Espases, una más del caso Palma Arena, y estuvo imputado en la pieza separada de la caja B del PP en la Audiencia Nacional. Villar Mir aparece como donante en los papeles de Génova. Ante el juez Castro negó el pasado septiembre cualquier amaño. La adjudicación al grupo de Villar Mir se frustró cuando el diario El Mundo publicó que así iba a ser. Finalmente, la empresa adjudicataria fue ACS, de Florentino Pérez.

El caso de la financiación irregular del PP en la Audiencia Nacional se centra en el pago con dinero negro de la reforma de la sede central del partido y en el juicio se sentarán en el banquillo el extesorero Luis Bárcenas y el arquitecto Gonzalo Urquijo, entre otros.

Elespanol.com ha publicado recientemente que Matas negocia con la Fiscalía Anticorrupción una rebaja en su petición de condena en la pieza separada de Son Espases. Según esta información, Matas asegura que recibió instrucciones del PP nacional para amañar el concurso a favor de Villar Mir. El presupuesto inicial era de 778 millones de euros.

Septiembre 2015 y Luis Bárcenas está en la calle, a la espera de todo. Mientras tanto, regresamos a la escena del crimen, el escenario del Teatro del Barrio en Madrid, donde Alberto San Juan concibió con Jordi Casanovas la obra Ruz-Bárcenas, en la que se llevaba a libreto la declaración del ex tesorero del Partido Popular en la Audiencia nacional durante el verano de 2014. Se sientan sus protagonistas, Pedro Casablanc (Bárcenas) y Manolo Solo (juez Ruz) y el director de la adaptación al cine, el debutante David Ilundain. Ahora el artefacto ya no se llama Ruz-Bárcenas, ni es teatro, sino B, y es celuloide, pero mantiene la idea de atravesar la cuarta pared y meterse en uno de los juicios más podridos, de meterse, mejor, de lleno en la corrupción de la última España.

David, ¿cuándo notas que Ruz-Bárcenas podría ser adaptada a la pantalla como B?Ruz-BárcenasB

David Ilundain: Les vi a poco de estrenar, en junio de 2014, y ya entonces me quedé pensando, porque salimos del teatro y estuvimos con mis amigos como dos horas hablando. Eso era buena señal y, después, volví en septiembre y ya se lo propuse. A partir de ahí, tras muchas llamadas y la aventura del crowdfunding, que salió bien, aquí estamos.

Pedro, ¿a partir de la obra de teatro, cómo os planteasteis la locura que os contaba David? ¿Cómo afrontaste el Bárcenas de teatro frente al del cine?

Pedro Casablanc: En principio, era una locura porque no sabíamos si eso iba a salir adelante con el crowdfunding, viendo que no se conseguía la producción por otros medios. Esa era la aventura. Yo no me planteé ninguna locura, sino seguir haciendo lo mismo que hacíamos aquí solo que con otro director que no era Alberto San Juan. De hecho, un día estábamos rodando, vinimos, hicimos la función... y seguimos rodando. (Nos reímos) No supuso una gran dificultad.

¿Y la primera vez que te dicen que interpretases a Luis Bárcenas? Porque ahora es fácil asociarte pero...

P.C.: Hace muchos años, Andrés Lima también decía que el único que podría interpretar a Copito de Nieve era yo. He oído tantas cosas raras, que cuando Alberto me llamó para interpretar a Bárcenas pensé que sería un experimento, una lectura... Y fíjate a dónde hemos llegado.

¿Y quién es para ti Bárcenas?

P.C.: Un extesorero del PP, amigo de lo ajeno, que parece ser que ha embolsado bastante dinero público como privado... Pero también un grandísimo personaje de ficción.

¿Y para ti, Manolo, quién es el juez Ruz?

Manolo Solo: Primero, es alguien menos conocido. Es un profesional de la judicatura al que, un día, le dicen “Te ha tocado un caso que arde, soluciónalo como puedas... ya verás lo que haces”.

Al verla me acordaba de Estudio Uno pero también, cómo no, de Lumet y sus hombres sin piedad, con ese juego de que nunca sabes la verdad porque, a lo mejor, tampoco importa.

D.I.: Evidentemente, Doce hombres sin piedad fue un referente, la vi varias veces. Pensé que, curiosamente, estábamos ante un género que ya casi no se hacía y que ahí había algo interesante que rescatar y ser fieles a ello. Pero también estábamos ante un caso peculiar: el guión, como la obra de teatro, está sacado de las transcripciones de la declaración real de Bárcenas ante Ruz. Con lo cual, estos dos señores tenían que hacer un trabajo bestial para trabajar con algo que no es un texto pensado, sino que es un texto espontáneo, que se pisa, que va adelante y atrás... y que además hay que interpretar sobre algo frío. Es decir, que no es tanto lo que dices, sino cómo lo dices: investigar y especular qué hay en el texto y en el subtexto. Al final, en un juicio, lo que está en juego es la verdad y como decimos en el tagline del cartel ¿La verdad no cambia nada?.

Para quien ha visto la función, la película de alguna forma, la amplía. Esa última parte del interrogatorio con los abogados de las acusaciones particulares...

D.I.: Una diferencia clave es, evidentemente, que en la obra son ellos dos frente a frente y la forma de concebirla es más conceptual. En la película tiene más peso Bárcenas porque es su recorrido de arco dramático el que marca todo, no solo con el juez sino también con el microcosmos que había en la sala y las pequeñas anécdotas que estaban documentadas. Eso hace que tengamos un código pretendidamente hiperrealista.

Si el teatro intentaba ser teatro documental, nosotros teníamos la idea de que el cine pareciese documental. Desde el trabajo de cámara intentábamos que fuera un lenguaje documental, que el espectador tuviese esa sensación de voyeur invitado a aquella sala donde se puso un poco patas arriba la política de este país... Aunque luego las cosas se recolocaron.

Pedro, ¿cómo describirías el trabajo de este señor, Manolo Solo?

P.C.: He visto la película y puedo dar fe de que lo que hace es fantástico. Es un grandísimo actor pero es que, además, en la película es la contención, el trabajo, la mirada de este tipo al que le han dado un marrón, como decía antes él. Con apenas gestos, con una moderación muy elegante, transmite escepticismo, incredulidad, autoridad, porque hay una serie de personas que quieren defenestrar a Bárcenas y él, con sutilidad, consigue manejarlos. Curiosamente, el personaje de Ruz es uno de los que consiguen que el público empatice más con el extesorero.

Al revés, Manolo, ¿cómo describirías el trabajo de este señor, Pedro Casablanc?

M.S.: Como actor tiene un peso...

P.C.: Estoy tratando de quitármelo... (se ríen)

M.S.: Tiene un empaque... Ya no por este personaje, que está muy poco al alcance de estas personas, sino por toda su carrera. Si yo estoy bien, es en gran parte por el trabajo de Pedro.

P.C.: Llevamos un año y pico haciendo esto en un teatro y uno de los grandes logros de la película es que David nos haya puesto frente a frente y, sin un gran ensayo, en seis días, se haya controlado tantísimo texto y resultando esa facilidad de diálogo que se ve en la película. Eso no se podría haber hecho sin un ensayo de meses, una cosa que nos facilitó el llevar tantos meses en escena. Hubo un momento, cuando creíamos que el crowdfunding no salía, que les dije: “¡Qué lo haga Bardem!”.

De entre todos los momentos que pueden ser o no mentira, hay uno en el que Bárcenas parece que dice la verdad: cuando se siente molesto porque amenacen a su familia. ¿Cómo abordas eso, Pedro? Es uno de los momentos más duros de la película...

P.C.: Se aborda como padre que soy. Obviando el personaje que me toca y haciendo sustituciones como ocurre en la interpretación. No eres Bárcenas porque yo no sé cómo siente Bárcenas la paternidad, ni el matrimonio, no lo sé ni me importa. Solo te queda poner un poco de uno mismo.

¿Y cómo se dirige a estos dos?

D.I.: Al revés, no sé cómo confiaron en mí. Creo que nuestra grúa de tres pisos, que son ellos, es la que sostiene toda la película. Cualquier persona, y si es de esta profesión más, va a apreciar muchos detalles de su trabajo.

B tiene, como la obra, ese punto didáctico de tratar de explicarnos cómo es España y su corrupción. Y suele ser cómica.B

D.I.: La corrupción en España es muy cutre.

P.C.: Un momento de la película cuenta perfectamente la chapuza de este país, cuando el comisario entra en la sala para interrumpir la comparecencia porque alguien se está comunicando desde dentro, que parece un astracán. Esa entrada de abrir la puerta y golpear al abogado de al lado...

D.I.: Quiero lanzar una advertencia, ya que parece que también ha pasado en teatros: hay públicos que tienen mucho respeto a esto, parece que es una cosa superseria. Ni es seria, ni deja de serlo. A quien le entre la risa, que se ría. Yo me he reído mucho en montaje, cuando estaba harto de verlo. Se trata de mirarles la cara, el estar ahí dentro, el entender y sentir de qué va esto de la corrupción.

M.S.: Y te da una idea de cómo funciona el cotarro.

El vídeo de la entrevista completa

El exmagistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha participado en las jornadas del centenario de la Facultad de Derecho de la UMU, y en su ponencia, ha explicado que la sociedad no entendería bien que se reprimiera como revelación de secretos la difusión de noticias referidas a casos de corrupció. Ruz ha añadido que, “en estos momentos, las prioridades deben ser otras”.

El juez, que contestaba a la pregunta de un asistente al congreso jurídico, que había aludido a una reciente reflexión sobre ese asunto por parte del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha añadido que “ni en el ámbito judicial ni en la sociedad se vive hoy como necesaria esa represión”.

Durante su conferencia, ha citado como principales problemas procesales en la investigación de los casos de corrupción su complejidad, con un elevado número de imputados y de perjudicados, la corrupción sistémica y la estrategia procesal dilatoria llevada a cabo por algunas defensas, entre otros.

Como algunas de las “consecuencias indeseables” de ello, ha hecho alusión a la prescripción, la desaparición de los beneficios del delito y la necesidad de aplicar la atenuante de dilaciones indebidas a sus autores.

También se ha referido a que, con frecuencia, estos procesos se convierten en causas elefantiásicas, difíciles de abarcar, “y, en ocasiones, con juicios orales que se prolongan durante más de un año, con lo que ello supone de pérdida de percepción de la prueba practicada durante el desarrollo de los mismos”.

En su opinión, las piezas separadas surgieron para tratar de evitar esos efectos no queridos de las macrocausas, pero también presentan problemas por su falta de regulación específica en la ley.

En otro momento de su intervención, Ruz ha reclamado una mejor regulación de la figura del testigo protegido, “que está claramente desfasada”, y ha puesto como modelo el británico.

Por otro lado, ha dicho que algunos imputados utilizan a veces el “desaforamiento” en fraude de ley, además de comentar que algunos privilegios procesales “tienen en la actualidad poco sentido y eficacia”, por lo que se ha mostrado partidario de su desaparición.

Entre ellos, se ha referido a aquellos que gozan los cargos públicos de ser dispensados de declarar como testigos o de hacerlo en sus despachos, fuera de la sede judicial.

La UMU ha invitado a Pablo Ruz, juez central de instrucción de la Audiencia Nacional, y a Javier Gómez Bermúdez, magistrado de ese órgano, al congreso que celebrará hasta el día 7 y en el que también intervendrán otros expertos en Derecho. El encuentro se inaugurará con una conferencia de Gómoez Bermúdez sobre el terrorismo yihadista.   

El congreso de la UMU se ocupará también de asuntos como la responsabilidad de las compañías aéreas derivada de accidentes de aviación, la reforma laboral, los procesos civiles, los problemas procesales en la investigación de los procedimientos por corrupción -de lo que hablará el juez Ruz- y de lo cabría esperar a día de hoy del Tribunal Constitucional.

El congreso, enmarcado en el centenario de institución docente y de su Facultad de Derecho, se desarrollará en el Paraninfo del campus de la Merced, según han explicado fuentes de la UMU. Para aquellos que deseen contar con una acreditación de asistencia, el precio de la inscripción será de 30 euros.

El oscense Manuel Ollé coordina a una decena de juristas de todo el Estado español, que desde el año 2006 están trabajando para que la Audiencia Nacional investigue delitos de tortura y genocidio en el Sáhara Occidental, que tuvieron lugar entre 1975 y 1992.

El juez Pablo Ruz ha propuesto juzgar a once altos cargos, militares y policías marroquíes, acusados de detención ilegal, asesinato y desaparición forzada. Por primera vez un tribunal español juzga lo sucedido en la que fue la provincia española número 53, y reconoce indicios del genocidio sufrido por la población saharaui tras el abandono de la colonia española y la posterior ocupación del territorio, aún por descolonizar, por el Reino de Marruecos.

Según el auto firmado por el juez Ruz, en el Sáhara Occidental “se produjo de manera generalizada un ataque sistemático contra la población civil saharaui (...) con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población para apoderarse del territorio”.

Para el equipo de juristas, “el procesamiento de estas once personas es el acontecimiento más importante hasta la fecha, es un éxito para los derechos humanos, que pone fin a la impunidad que ha reinado durante los últimos 40 años, y que envía un mensaje de dignidad para las víctimas”.

En septiembre de 2006 el juez Baltasar Garzón abrió una querella presentada por la Asociación de Familiares y Desaparecidos Saharauis en la Audiencia Nacional. En octubre de 2007 llegaron las primeras declaraciones, testimonios de ciudadanos cuyos familiares habían sido asesinados o estaban desaparecidos. Según explica Ollé, “fue un gran esfuerzo por parte de las víctimas” que tuvieron que rememorar episodios de su vida muy traumáticos.

Sin embargo, tal y como desvela el auto de Ruz, que relevó a Garzón en el cargo, el hallazgo de una fosa común en 2013 con ocho cuerpos en su interior fue fundamental para la investigación. Los cadáveres fueron identificados por su ADN y entre sus prendas se encontró su antigua documentación española. Que se tratara de ciudadanos españoles y de crímenes cometidos en el que en aquel momento era suelo español ha sido uno de los motivos por los que la reforma de la Justicia Universal no ha afectado a la causa.

El gobierno marroquí y el español, obstáculos de la querella

Según explica Ollé, “la culminación del proceso será ver sentados en el banquillo a los responsables”. Sin embargo, el reconocimiento es un primer paso de un largo camino no exento de obstáculos. Ruz ha solicitado a las autoridades marroquíes que aporten todos los datos de los procesados para su identificación. En opinión del abogado Luis Mangrané, miembro del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, “la principal dificultad será la falta de colaboración de las autoridades marroquíes en la práctica de las comisiones rogatorias para la notificación a los procesados de esta resolución judicial”.

Critican que “es inadmisible que España haya destinado varios millones a modernizar la justicia marroquí y no se tramiten estas comisiones rogatorias”. Según Mangrané, “el Gobierno español no puede esconder la cabeza ante esta resolución judicial y mantener la cooperación con Marruecos vendiendo armas a un Estado a cuyas autoridades se acusa de tales aberraciones”. Además, añade, su deber es también “promover en foros internacional que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental vigile los derechos humanos en el Sáhara Occidental”.

Siete de los once procesados están en búsqueda y captura internacional. Si la Administración marroquí no colabora la única opción que le queda a la justicia española es su detención cuando salgan del país, tal y como sucedió con la orden de extradición del general chileno Augusto Pinochet. El Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental afirma que España debería presionar a Marruecos, ya que “ambos estados disponen de magistrados de enlace para agilizar la cooperación judicial”.

La Marcha Verde fue el preludio de una guerra que todavía recuerdan miles de saharauis que se vieron obligados a huir a campamentos de refugiados en Argelia mientras eran bombardeados con napalm o resistían con uñas y dientes en las ciudades y dunas que acababan de dejar los españoles. El exilio o la represión han sido las dos alternativas de vida que han tenido los ciudadanos saharauis que llevan años clamando por un referéndum en el que puedan decidir por su autoderterminación.

El abogado Manuel Ollé participa esta tarde en un debate en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

El 15 de julio de 2013, el juez Pablo Ruz interrogó a Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, acerca del caso de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. Según él, todos los mandatarios del partido conocían esta irregularidad y recibían sobresueldos en metálico. Y lo ocultaron. Aún hoy, el juez Ruz sigue investigando “los papeles de Bárcenas”, nombre que reciben esas 14 hojas en las que se recogía la contabilidad B que se estaba dando en el partido desde la década de los 90 y que se filtraron en la prensa.

La obra Ruz-Bárcenas, escrita por Jordi Casanovas y dirigida por Alberto San Juan, se estrenó el pasado 23 de mayo de 2014 en el Teatro del Barrio. El guión de esta representación es una adaptación literal de todo lo que pasó y se dijo en la Audiencia Nacional durante esas cinco horas que duró la declaración de Bárcenas. La transcripción no ha sido modificada, ni se ha añadido ningún dato con respecto al informe original. No hay cabida para la ficción, todo es real. La obra tuvo tanto tirón que volvió a esta sala del madrileño barrio de Lavapiés el pasado 4 de marzo y se representará hasta el próximo 19 de abril.

¿Está superando la realidad política de nuestro país a la propia ficción?

El equipo que ha dado vida a esta producción teatral ha decidido dar un paso más y quiere adaptar el guión para llevarlo a la gran pantalla. La película se llamará B (La película sobre los papeles de Bárcenas) y estará dirigida por David Ilundain quién asegura que aunque “la película sea pequeña es un proyecto bastante potente”.

Para poder afrontar la financiación de la misma, han lanzado una campaña de crowdfunding para que cualquier persona que crea en este proyecto pueda colaborar y ayudar a financiarlo. Ilundain afirma que pretenden conseguir unos 50.000€ de los 300.000 totales que costará producir la cinta. En este momento se encuentran en el ecuador de la campaña y han obtenido ya unos 20.000€. “Somos optimistas, vemos que hay mucho interés por parte de la gente. Queremos que esta película sea también un proyecto de los espectadores”. El dinero obtenido a través de esta campaña es para “poder arrancar, dar un empujón inicial”, aunque la película cuenta también con otras vías de financiación.

Hacer política a través de la cultura

El director ha querido destacar la buena aceptación que ha tenido la obra y espera “que tenga la misma recepción en las salas de cine”. Apunta también que la representación no ha dejado indiferente a nadie que haya ido a verla, “daba mucha conversación, generaba mucho debate”. “La corrupción es algo que se ha colado en nuestro día a día, es algo que ya afrontamos con naturalidad” apunta Ilundain. Acercarnos a la realidad a través de la cultura nos ayuda a entender que está pasando actualmente en nuestro país.

En cuanto a la producción de la película defiende que “en España no existe esta cultura de hacer crítica política a través del cine, cosa que está totalmente normalizada en otros países europeos o en EE.UU.” Señala también que “no tenemos una producción independiente para levantar grandes proyectos de este tipo, las dos mecenas, las dos productoras grandes de nuestro país, pertenecen a los dos grandes grupos de comunicación y se decantan por financiar proyectos más comerciales, dirigidos a un público más amplio.”

El interés de esta obra, y de la película, radica en que “nos ayuda a vacunarnos, a mirar a la corrupción directamente a los ojos”. “Si vas por la calle y presencias una pelea, luego la recuerdas bien, no es lo mismo que cuando te la cuentan. Lo mismo nos ha pasado con la corrupción, no es lo mismo que la veas frente a frente, que qué te la cuenten o lo veas por la televisión. La corrupción, de una manera u otra, nos afecta a todos en nuestra vida diaria” concluye.

“Estamos haciendo el camino a la vez que hacemos la marcha”

La película contará también con Alberto San Juan frente a la dirección de actores, el guión correrá a cargo de Jordi Casanovas y Pedro Casablanc y Manolo Solo volverán a dar vida a Luis Bárcenas y Pablo Ruz, respectivamente. Como elemento diferencial, en la cinta se incorporaran más actores y crece el argumento: además de la conversación entre los dos protagonistas, se escenificará también el ambiente que había en la sala y en los pasillos de la Audiencia Nacional ese día.

“La película es de género judicial y toca un tema que genera un gran interés en la sociedad” declara el director. “Ojalá se estrenara en todas las ciudades, actualmente hay mucha saturación en las salas de cine y tu película debe hacerse un hueco”, añade Ilundain, quién espera que este trabajo nos ayude a reflexionar y acerque a los espectadores a esta realidad cotidiana en la que se ha convertido el tema de la corrupción.

El rodaje y posterior montaje de la película está previsto para los próximos meses de mayo, junio y julio. Su estreno en salas de cine se daría a finales de septiembre y los pases privados online para principios de octubre.