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Las maniobras del PP para enterrar el caso de los discos duros de Bárcenas

Cuando al PP le va mal un juicio no cambia de abogado. Cambia de juez.

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La parte más obscena de los SMS de Mariano Rajoy a su tesorero Luis Bárcenas no fue el famoso “sé fuerte”. Está en otro de los mensajes algo menos conocido que el presidente del Gobierno dedicó a su amigo procesado justo al destaparse que guardaba una fortuna oculta en en Suiza. “Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo”.

“Hacemos lo que podemos”. Y tanto. Ese hacemos lo que podemos ha sido constante en todos los procesos de corrupción que han rondado al PP. Haciendo lo que podían, el partido ha maniobrado en los juzgados todo lo posible y algo más para proteger a sus imputados y tapar su corrupción, como bien saben, entre otros, los jueces que han instruido la Gürtel, desde Ruz hasta Garzón.

El último “hacemos lo que podemos” lo publicamos en exclusiva hoy: el PP está maniobrando para que la misma juez que mantiene empantanado en el juzgado desde hace siete años el escándalo de los espías de Madrid sea ahora quien se ocupe del proceso penal por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas.

Algo de memoria, que siete años son muchos ya. El caso de los espías de Madrid o de  la ‘gestapillo’ –como la bautizó uno de los espiados, Manuel Cobo– fue desvelado por El País en 2009. Varios guardias civiles a sueldo de de la Comunidad de Madrid, dirigidos por el ex jefe de la escolta de Esperanza Aguirre, se ocuparon de espiar a otros dirigentes del PP y elaborar informes sobre sus seguimientos, todo ello como parte de su jornada laboral, a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre

Que los dirigentes de un partido espían a sus supuestos compañeros es feo. Que lo hagan con cargo a los presupuestos de la Comunidad de Madrid es un presunto delito de malversación de fondos públicos. Por eso este escándalo político acabó en los tribunales y, desde hace siete años, la lentísima investigación está en manos de una peculiar juez de Madrid, la magistrada Carmen Valcarce.

La juez Valcarce no ha puesto en este asunto especial prisa. Tampoco gran interés.  Hasta en tres ocasiones ha intentado archivar el caso de los espías diciendo que allí no había delito que rascar, y otras tres veces la Audiencia Provincial le ha enmendado sus autos y ha ordenado que reabra la investigación.

Entre los argumentos más ridículos que ha utilizado la juez Valcarce para intentar dar carpetazo al asunto destaca una ocasión en la que aseguró que, aunque se probasen los seguimientos, no se podía determinar el importe exacto del dinero malversado. O también otra vez en la que argumentó que seguir a alguien no es delito. O cuando razonó, para pasmo general, que aunque uno de los agentes que participó en los seguimientos había confesado su culpabilidad, no había pruebas suficientes para demostrar el espionaje.

Ni siquiera  la grabación del intento de soborno a uno de los principales imputados para que mantuviese su silencio –que se conoció hace año y medio– ha servido para que la juez Valcarce haya encontrado en siete años las pruebas suficientes como para ordenar la apertura de juicio oral. La ‘gestapillo’ acumula polvo en el juzgado, sin que nadie en el CGPJ tome medida alguna contra la juez.

El peculiar comportamiento de la juez Carmen Valcarce se entendió mucho mejor gracias a otro de los escándalos del PP de Madrid: la operación Púnica.  Francisco Granados tenía su teléfono pinchado por la Guardia Civil durante el verano de 2014, en las mismas fechas en las que fue citado a declarar como testigo en el caso de los espías. Tras pasar por el juzgado de Valcarce, el 16 de septiembre, Granados llamó a su mujer por teléfono y le contó un episodio revelador. Siempre según Granados, la juez Valcarce se le acercó en los pasillos, le dio dos besos y, delante de ocho abogados, afirmó que “Paco Granados ha sido el mejor consejero de justicia que ha tenido la Comunidad de Madrid” y “que allí la tenía para lo que quisiera, que allí estaba para servirle”. Según el pinchazo policial, Granados tuvo que decir a la juez que “se cortara un poco” delante de aquellas personas.

Esa misma juez “al servicio” de Granados va a ser ahora quien lleve otra instrucción aún más delicada para el PP que el caso de los espías: el de la destrucción de los discos duros de Bárcenas tras 35 formateos, un trabajo concienzudo que el PP efectuó cuando el juez Ruz pidió al partido que le entregase los ordenadores de su tesorero para investigar la caja B. Es un asunto peliagudo porque el PP puede pasar a la historia como el primer partido condenado por obstrucción a la justicia, por destrucción de pruebas. Y el caso está ya bastante avanzado y pinta mal.

“Hacemos lo que podemos”, y en los últimos días han podido bastante. La semana pasada se conoció que Luis Bárcenas se retiraba de la acusación, argumentando que lo hacía “por España” para que haya un Gobierno. Y justo al día siguiente el PP  pidió la recusación de la juez que hasta ahora se estaba ocupando la investigación, Rosa María Freire,  basándose en unos nexos tan lejanos como que una vez asistió a la Comisión de Justicia del Congreso convocada por el PSOE.

Esta recusación tiene poquísimos visos de prosperar y existe la posibilidad de que la juez Rosa María Freire la rechace de plano. Pero si la admite a trámite, el PP conseguirá dos cosas. La primera: retrasar el caso de los discos duros, y que el PP no entre en la probable nueva campaña electoral con el honor de ser el primer partido de la historia de la democracia que se tiene que sentar en el banquillo de los acusados por destruir pruebas. La segunda: que durante los meses que pasen hasta que la Audiencia Provincial decida sobre la recusación, el caso de los discos duros pasará a Carmen Valcarce, la juez “al servicio” de Granados, que lleva siete años intentando dar carpetazo al caso de los espías contra el criterio de la Audiencia Provincial.

Cuando el PP planteó la recusación, ya sabía que la juez Valcarce se quedaría con la instrucción: el sistema de reparto es bastante conocido y el juzgado 5 –el de la juez “al servicio” de Granados– siempre sustituye al 32, donde hasta ahora estaba el caso de los discos duros.

Y así es como el PP hace lo que puede. Con el mismo grado de colaboración con la Justicia que demuestra un partido que, antes de entregar una prueba al juzgado, la formatea 35 veces y después la destruye. A martillazos. Igual que hace con la credibilidad de los jueces.

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