El interés del bono español a diez años ha cerrado este jueves al 3,087% y ha comprimido el diferencial respecto al bono alemán del mismo plazo hasta los 51,8 puntos, consolidando así su nivel más bajo desde finales de 2009.

Según los datos del mercado consultados por Europa Press, la prima de riesgo española acumula varias semanas a la baja, perforando niveles de cercanía al bono alemán inéditos desde 2009, gracias a la mejora de la calificación crediticia de España en las últimas semanas por parte de las agencias de 'rating'.

En concreto, las agencias Moody's y Fitch elevaron hasta 'A3' y 'A', respectivamente, la calificación de España a finales de septiembre, siguiendo así la estela de S&P Global Rating, quien había revisado previamente al alza la nota de solvencia de España desde 'A' a 'A+'. Estas modificaciones han coincidido en el tiempo con la mejora de las previsiones de crecimiento para España por parte de organizaciones internacionales.

Así, este pasado martes el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza sus expectativas de crecimiento para la economía española en 2025 y de cara al próximo año, con un ritmo de expansión previsto del 2,9% este año, cuatro décimas más de lo anticipado previamente, y del 2% en 2026, lo que implica una mejora de dos décimas respecto del último pronóstico de la institución con sede en Washington.

De este modo, a pesar de que las proyecciones de crecimiento del FMI suponen una desaceleración respecto del aumento del 3,5% del PIB en 2024, España se situará este año como la gran economía desarrollada con mejor desempeño a nivel mundial, mientras que el próximo curso sólo crecería una décima menos que Estados Unidos (2,1%) y casi el doble que la zona euro (1,1%).

La mejora de la previsión del FMI para 2025 supera incluso las expectativas del propio Gobierno español, que en septiembre revisó una décima al alza su pronóstico de crecimiento para este año, desde el 2,6% al 2,7%, mientras que mantuvo en el 2,2% la previsión para 2026 y en el 2,1% la correspondiente para cada uno de los dos años posteriores.

La evolución de la deuda en Europa

En esta coyuntura sobre la prima de riesgo nacional también ha tenido que ver la propia evolución de la deuda alemana, cuyo rendimiento ha cerrado esta jornada al 2,569%, aunque ha llegado a superar el 2,8% en algún momento del año al calor de los planes de gasto en infraestructuras y defensa del canciller Friedrich Merz.

Por otra parte, la inestabilidad política en Francia y las dudas del mercado en torno a su equilibrio presupuestario han propiciado que el interés de la deuda gala cotice en el 3,333%, con la prima respecto al 'bund' germano en los 76,4 puntos.

La combinación de facturas sin cobro revertido de la gran pandemia, la espiral inflacionista y las distorsiones económicas, comerciales y geopolíticas que han emergido en el orden global desde la invasión rusa de Ucrania le ha generado una dura indigestión a Francia. Desde luego, de mayor intensidad que la de alguno de sus aliados más próximos.

Cabe destacar que el Gobierno galo de Sébastian Lecornu ha superado este jueves las dos mociones de censura que amenazaban su continuidad, en sendas votaciones que han hecho evidente la importancia de la posición del Partido Socialista, que no sin polémica ha optado por conceder un mínimo tiempo al primer ministro tras su promesa de retrasar la puesta en marcha de la reforma de las pensiones.

La calidad emisora de Italia prácticamente igualaba en la jornada de este jueves a la del Estado francés, ya que el rendimiento de sus bonos a diez años ha cerrado en el 3,356%. Grecia ha concluido en el 3,208%, por debajo tanto de Italia como de Francia.

Europa hace tiempo que ya no termina en los Pirineos. Los enfermos económicos de Europa han pasado a ser las dos mayores potencias del euro y del eje geoestratégico de la Unión.

Alemania padece una anemia industrial grave que amenaza con borrar su histórico pasado como fortaleza manufacturera y Francia se ha instalado en un círculo vicioso de displicencia fiscal con frecuentes congestiones económicas. En medio de este estado de decadencia franco-alemán, la salud de España, integrante del club PIGS junto a Portugal, Italia y Grecia al que se refirió antaño con un tono despectivo durante la crisis de la deuda europea buena parte del mercado y de la dirigencia política de los contribuyentes netos de la UE, comienza a evidenciar señales de corrección. Y muy en particular, frente a Francia.

Así lo atestiguan las grandes agencias de rating (o de calificación de riesgo), que acaban de difuminar el horizonte galo y de despejar el español a cuenta de sus finanzas públicas.

Las notas soberanas de ambos países se han alterado. Si bien el sorpaso efectivo entre los dos vecinos pirenaicos se produjo ya en 2023. Entonces, los cuadros de mando de la segunda y de la cuarta economía de euro —los que muestran la salud real de las cuentas estatales y de la gestión de los pagos de la deuda soberana— empezaron a virar sus rumbos y, por primera vez desde el colapso crediticio de 2008, la hoja de ruta española mejoraba la aritmética presupuestaria gala.

El déficit francés cerró 2023 —primer ejercicio que debía corregir los efectos presupuestarios de los programas de estímulos diseñados para contrarrestar la crisis sanitaria de la COVID-19— con un desequilibrio del 6,5% del Producto Interior Bruto (PIB) y una deuda por encima del 111% del PIB. Frente al 3,5% y el 105% de su vecino meridional. Fruto, en gran medida, de sus distintos ritmos en el convulso ciclo de negocios post-Covid, pero también por su divergente previsibilidad financiera. España inició en 2020 una cruzada fiscal que gravó los llamados beneficios caídos del cielo de las energéticas y los extraordinarios de la banca como fórmula para destensar la acumulación de los pagos de su servicio de deuda. Mientras los sucesivos gobiernos que han cohabitado bajo la presidencia de Emmanuel Macron hacían gala de su recetario neoliberal de laxitud impositiva.

La combinación de facturas sin cobro revertido de la gran pandemia, la espiral inflacionista y las distorsiones económicas, comerciales y geopolíticas que han emergido en el orden global desde la invasión rusa de Ucrania le ha generado una dura indigestión a Francia. Desde luego, de mayor intensidad que la de alguno de sus aliados más próximos.

Fitch ha sido la última en certificar el trienio negro francés, que acaba de cruzar sus ratios de prima de riesgo y de rendimiento de bonos respecto a su vecino meridional. La rebaja de AA- a A+ a París hace apenas quince días ha sido el penúltimo botón de muestra del temor que despierta en los mercados la inestabilidad política y económica gala y su prolongada displicencia fiscal.

Porque el último vestigio se produjo unos días más tarde, cuando Fitch y Moody’s se sumaron a la previa decisión de S&P de elevar la calificación soberana de España. Como en una especie de sucesión de fenómenos paranormales sincronizados, este triunvirato de agencias de rating que gobierna las finanzas de países y empresas en todo el mundo estima que París se encuentra ante una trampa fiscal de envergadura que justifica su crisis institucional ante el desajuste entre los ingresos y los gastos reales del Tesoro francés. Y que España está haciendo sus deberes y no solo por encabezar el dinamismo entre las potencias industrializadas en los últimos años, sino por su compromiso con el ajuste, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico.

Mala reputación francesa

La prima de riesgo francesa o diferencial de los rendimientos de los bonos soberanos europeos respecto al bund alemán cuando se trata de medir la preocupación inversora en la zona del euro se sitúa por encima de la española desde el otoño pasado. Ahora, coquetea con la griega que, en la década pasada, fue la bestia negra de la divisa común en el peor momento de su historia, con peligro de extinción de por medio. Y lo que es peor, lo hace en medio de un clima de pesimismo. “Seguimos preocupados; no vemos que el gabinete de Sébastien Lecornu tenga más opciones de éxito que el de François Bayrou para articular reformas estructurales que aporten credibilidad al país”, advierte Mohit Kumar, economista jefe para Europa de Jefferies.

Más contundente aún se muestra Erik Nelson, analista de Wells Fargo, en Bloomberg Televisión. “Si vemos que S&P y Moody's se mueven en la misma dirección [que Fitch] y la nota de Francia cae por debajo del nivel AA en las tres grandes agencias de rating, la situación se volverá todavía más lúgubre”. La imposición de un tributo del 2% a los grandes patrimonios galos —fortunas con más de 100 millones de euros de riqueza personal—, la tasa Zucman, está a expensas de un acuerdo en el que Lecornu no cree y que los socialistas franceses exigen para dar su apoyo al presupuesto de 2026. En total, sumaría al menos 15.000 millones de euros anuales al fisco galo. En función de si existen o no exenciones a esta regla y si las negociaciones en vigor suben la presión tributaria a las ganancias del capital y los dividendos, como también demanda Olivier Faure, el líder socialista.

“De momento, el rating es estable en Francia. Pero las elecciones presidenciales de 2027 quedan muy lejos como para predecir que aportarían calma al mercado”, explica Nelson. El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, habla de asfixia económica. La pinza de un déficit excesivo con elevada carga de deuda “está lastrando la inversión y la contratación laboral y deteriorando la confianza de empresas y consumidores, que empiezan a inclinarse por el ahorro”. Aunque se decanta porque las tres cuartas partes del ajuste que precisa Francia procedan de una contención del gasto, aun así descarta que la coyuntura apunte a la bancarrota, sino más bien a un tránsito pedregoso para reajustar déficit y deuda.

Lustre español

El panorama español está, en cambio, despejado. Moody’s y Fitch ensalzan la solidez económica de un patrón de crecimiento que gana en diversificación e impulsa el mercado laboral. De hecho, en septiembre, generó 31.500 nuevos empleos y registró 4.900 parados menos en un mes en el que la tasa de desempleo suele aumentar. La tecnología y las energías limpias, con un acentuado componente innovador, se han convertido en motores del dinamismo, con dos de los históricos sectores de impulso del PIB —el turismo y la construcción— manteniendo el pulso productivo, que también extienden al sector bancario.

Ambos informes, además de recoger tan solo unos días después de la rebaja del rating de Fitch a Francia la subida, inciden en uno de los caballos de batalla políticos: los bajos precios de la energía, que han enfrentado al ejecutivo de coalición con la oposición a cuenta de la excepción eléctrica española, primero, y del apagón del 28 de abril, después, que el PP achaca al boom de las renovables, a las que acusa de haber saturado las redes de distribución. El ahorro de la factura energética de empresas y de familias ha incentivado la inversión del sector privado y estimulado la propensión al consumo de los hogares. O, dicho de otro modo: ha espoleado la demanda interna.

Efectos beneficiosos sobre la economía

Todo ello “ha incrementado la resiliencia” de la economía española. S&P había mejorado hasta A+ su nota un par de semanas antes con una predicción de repunte del PIB al 2,6% para este año, en línea con las revisiones al alza del FMI, la OCDE, el Gobierno español y el Banco de España. Los analistas de la agencia alertaban de los riesgos de la deuda, que está en fase descendente y que acaba de marcar un registro del 103,4% de un PIB que continúa aumentando el cociente de la ecuación por su creciente tamaño, lo que justificaría parte de este ajuste que ya se aproxima al valor de la economía.

S&P tampoco desaprovechó la ocasión para alertar de la inestabilidad política y para reprochar al Ejecutivo la ausencia de Presupuestos. Pero las tres agencias valoran el despegue de España que, en su travesía más dura de la crisis del euro, cuando activó el rescate financiero, había visto empujar su rating soberano a tan solo un escalón por encima de los bonos basura. Algo más de un decenio después, los PIGS —Portugal ha seguido los pasos de España, pero también Grecia e Italia, el peor de los cuatro—, están en una clara trayectoria de prosperidad. Como lo revela, por ejemplo, el diferencial, de apenas 57 puntos básicos, entre el rendimiento de los bonos español y alemán a 10 años; en 2022 superó los 130. 

Entretanto, la prima de riesgo gala se ha acomodado desde mediados de septiembre 80 puntos por encima del bund germano, y sus emisiones de deuda alcanzan rentabilidades del 3,5%, como las de Italia, con una senda fiscal mejor que la francesa, pero alejada aún de la consolidación y del corsé presupuestario del Pacto de Estabilidad europeo.

Para el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, “es un aval para atraer capital al mercado español e inversores a nuestras emisiones de deuda”. Pero también refuerza la capacidad de financiación de España y de las autonomías en un momento en el que está en juego el futuro reparto de los recursos a las regiones y la condonación de sus deudas que ascienden, en su conjunto, a 83.000 millones de euros, el 26% de su endeudamiento. Otro punto de fricción con el PP que, a los ojos de S&P, pese a ser un parche temporal, aliviaría sus resultados contables y contribuiría a que los ratings de España y de las comunidades mejoraran de nuevo “a medio plazo”. 

El primer ministro de Francia, François Bayrou, ha traído de vuelta a la zona del euro al fantasma de la crisis de deuda y de la austeridad. Este martes, el jefe del Ejecutivo anunció un plan de ajuste presupuestario para 2026 que implica una congelación de la mayor parte del gasto público —incluidas las pensiones y con la excepción de la defensa—, subidas de impuestos y recortes en derechos —pretende eliminar dos días festivos del calendario laboral, desde los once actuales— para reducir el déficit (el desequilibrio entre los gastos y los ingresos del Estado), que se financia con deuda y que desde la pandemia ningún gobierno ha podido controlar ante el estancamiento de la actividad económica.

“Nos hemos vuelto adictos al gasto público”, lamentó François Bayrou en una rueda de prensa en la que anunció el plan con el que ha puesto en riesgo su propia supervivencia política, después de arrancar su mandato a finales del año pasado, para evitar que el pago de los intereses de la deuda supere los 100.000 millones de euros al año al final de la década y se convierta en la mayor partida del Presupuesto del Estado.

Este riesgo existe porque el déficit del Estado francés respecto al PIB (Producto Interior Bruto, la forma de medir la actividad económica y la sostenibilidad de los desequilibrios y la deuda) es el mayor de la zona del euro. En 2024, el desequilibrio presupuestario se quedó en el 5,8% del PIB, y se espera que apenas se reduzca al 5,6% en 2025 y que se vuelva a elevar al 5,7% en 2026 —según las últimas previsiones de la Comisión Europea—, elevando a un ritmo importante la deuda pública, que pasaría del 113% del PIB en 2024 al 118,4% el próximo ejercicio, muy por encima del endeudamiento de España.

Para evitarlo, el plan de François Bayrou busca reducir en cerca de 40.000 millones el desequilibrio presupuestario, alrededor de un punto de PIB, hasta dejar el déficit en el 4,6% en 2026, castigando principalmente el gasto público.

“Este es nuestro momento de la verdad”, incidió este martes el primer ministro de Francia, cuyo plan encuentra oposición a la izquierda y a la derecha. De hecho, muchos analistas consideran que la propuesta no será aprobada en Asamblea Nacional, donde no tiene mayoría, y que es la forma de François Bayrou de despedirse del cargo diciéndole al país lo que cree que debería hacer. Su antecesor al frente del Ejecutivo, Michel Barnier, cayó precisamente tras intentar que las pensiones no subieran según la inflación. “Conocemos los riesgos”, admitió François Bayrou en la misma rueda de prensa.

El “estado catastrófico” de la economía

El estancamiento de la actividad en Francia y los desequilibrios presupuestarios han traído de vuelta las recetas de austeridad que, tras el estallido de la gran crisis financiera en 2008, hundieron a España, Portugal y mucho más a Grecia en una década 'negra' para los trabajadores, para el estado de bienestar (sanidad, educación...) y para el gasto social en general, con una profunda pérdida de poder adquisitivo y recortes de derechos laborales que no se han recuperado.

François Bayrou asegura que la situación del país está agravada por las crisis internacionales, que obligan a un incremento del esfuerzo en defensa, y por la guerra comercial escalada por la Administración de Estados Unidos de Donald Trump, y vuelve a cambiar el paso en una zona del euro en la que desde la pandemia se ha girado hacia políticas de protección de rentas (de los trabajadores y de las empresas) frente a los recortes en el gasto público, y que en España ha tenido un resultado positivo.

En definitiva, un mayor avance del PIB agregado reduce el déficit y la deuda. Según el ministro de Economía de nuestro país, Carlos Cuerpo, “para nosotros, el ser capaces de mantener el estado del bienestar, el ser capaces de mantener esa red de protección social adelante, es una condición necesaria para que podamos seguir con nuestra agenda también de crecimiento”.

Los expertos consultados por elDiario.es apuntan a que la propia inestabilidad política, con la importante presencia de la extrema derecha en el parlamento, y las iniciativas presupuestarias frustradas inciden en los problemas económicos de Francia. Por ejemplo, el tipo de interés que se exige a la deuda de referencia de Francia en los mercados financieros (el bono con vencimiento a 10 años) supera al de España desde hace meses. Este hecho prácticamente inédito en la historia de la zona del euro provoca un aumento del coste de los intereses de la deuda del país vecino. En otras palabras, Francia necesita más financiación y se financia más caro.

Nuestro ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió este miércoles que “los dos elementos, crecimiento y responsabilidad fiscal, nos llevan a que estemos ahora mismo en el grupo de los buenos alumnos dentro de la Unión Europea, aquellos que no tienen un déficit excesivo y que tampoco tienen desequilibrios macroeconómicos”. Según destaca, “este es el punto de partida que asegura y garantiza la confianza de inversores internacionales, tanto en mercados financieros, en nuestras emisiones de deuda, como también en términos de inversión real con la llegada de cifras récord en inversión extranjera directa”.

Por otra parte, “cabe señalar que este deterioro [de las finanzas públicas de Francia desde 2019] no se debe a un aumento más acusado del gasto público en Francia en comparación con la zona del euro (1,8 y 2,6 puntos del PIB, respectivamente), sino más bien a una disminución significativa de los ingresos públicos franceses (-1,6 puntos del PIB), mientras que estos se mantuvieron estables en la zona del euro”, explica un informe del OFCE (Observatorio francés de coyunturas económicas, por sus siglas en francés), publicado recientemente.

Los expertos que firman este documento enumeran bajadas de impuestos desde 2017 como el tributo sobre la vivienda (un punto menos de PIB de recaudación), la reforma del impuesto de solidaridad sobre el patrimonio, en el caso de las familias; o las rebajas en el impuesto de sociedades (medio punto menos de PIB de ingresos) y la reducción de las cotizaciones sociales patronales (1,1 puntos menos de PIB), en el caso de las empresas.

El plan presentado por el primer ministro “tiene el mérito de la claridad: estamos dispuestos a hacer cualquier cosa (eliminar los días festivos, reducir el estado del bienestar, etc.) antes de pedirle un solo céntimo a Bernard Arnault [dueño de LVMH] y a los multimillonarios franceses”, comenta el economista Gabriel Zucman. “Hay que reconocer la creatividad del gobierno a la hora de mantener los privilegios fiscales de los ultrarricos. Las directrices presupuestarias propuestas se dirigen a casi todos, excepto a los multimillonarios”, ironiza este experto en justicia fiscal.

“Es ese equilibrio en las decisiones de crecer, reducir la desigualdad, ampliar nuestros derechos y el estado del bienestar social, hacerlo a la vez que cumplimos con los compromisos en materia de seguridad y defensa con nuestros socios y todo ello con un paraguas de responsabilidad fiscal. Es la receta que nos está dando buenos resultados y que queremos mantener hacia adelante”, insiste Carlos Cuerpo.

Una de las tasas de empleo más bajas de la UE

Por otro lado, Eric Dor, director de estudios económicos de la IESEG School of Management, señala problemas estructurales. El principal: Francia “produce muy poco [por habitante] en comparación con la mayoría” de países de la Unión Europea (UE). El PIB per cápita de la segunda economía de la UE (en PIB agregado) es el undécimo de los 27 socios. Una de las razones es que “la proporción de trabajadores, es decir, de personas con empleo, en porcentaje de la población total, es muy reducida en Francia”.

Esta “tasa de empleo” se quedó en el 44,5% en 2024, algo por debajo de la de España, la vigesimoquinta de la UE. “La proporción de residentes en edad de trabajar, en porcentaje de la población total, es la más baja de toda la Unión Europea. Así, los residentes de entre 19 y 64 años representan el 55,4 % de la población total en Francia, frente al 58,9 % en Alemania, por ejemplo”, observa este economista.

“Los residentes de entre 25 y 64 años representan el 49,6 % de la población total en Francia, frente al 53,6 % en Alemania, por ejemplo”, prosigue. Además, “las estadísticas muestran que el acceso al mercado laboral es especialmente difícil en Francia para determinados grupos, como las personas con menor nivel educativo, la población inmigrante o las mujeres”, añade Eric Dor.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Parece que la desfachatez se ha extendido en el mundo como si fuera una epidemia. No te hablo ya de la actitud de matón de Donald Trump con los más débiles. También hay una desfachatez de graciosillo, una desvergüenza de bufón, que es la sensación que da al escuchar al expresidente Mariano Rajoy haciendo mofa en el Congreso sobre algo tan grave como la utilización de la policía contra rivales políticos. 

Fueron años obscenos en muchos sentidos, desde luego no para hacer chanzas en la Cámara Baja. Ya se está viviendo una vuelta a la racionalidad, aunque hay cosas inexplicables como acordar la política de inmigración con un partido con tintes xenófobos como Junts, pero con la normalización política las empresas empiezan a volver a Cataluña.   

Rajoy hace chistes ante los diputados, pero sus políticas económicas no tuvieron ninguna gracia, especialmente las medidas económicas. Solo hay que recordar que la austeridad fue la receta escogida para hacer frente a una crisis financiera que solo se tradujo en precariedad y pobreza para miles de ciudadanos. En varias ocasiones hemos explicado las dos formas de actuar políticamente ante las duras crisis que ha sufrido España, teniendo en cuenta a los mercados, como hizo Rajoy, o teniendo en cuenta a los ciudadanos, como ha hecho el Gobierno de coalición. 

En aquellos años de la crisis financiera un elemento económico se coló en casa de todos los españoles. Ya se encargó Rajoy de comentar una y otra vez la prima de riesgo de la economía española, un indicador de cuánto fiable eres como país respecto a Alemania a la hora de devolver la deuda. Era uno de los argumentos que se utilizaban continuamente para justificar los recortes presupuestarios en servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación. Entonces, en Alemania miraban con desdén al sur de Europa por sus problemas financieros y sus halcones apretaban al BCE y a la Comisión Europea para intervenir las economías sureñas europeas.

Hoy la situación es muy diferente. La prima de riesgo de España ha caído este miércoles por debajo de los 60 puntos básicos, aunque luego ha subido y se ha quedado en los 70 puntos. En la crisis financiera llegó a dispararse por encima de los 600 puntos. Alemania está inmersa en una profunda crisis económica con un nuevo Gobierno que está tirando por tierra los principios, antes inapelables, de contención del déficit.

Frente a la desconfianza de los mercados en la crisis financiera, ahora los inversores extranjeros están reemplazando al BCE como principales compradores de deuda de España. El firme crecimiento económico y una mayor reducción de los desequilibrios fiscales respecto a Italia y a Francia hacen que la deuda española sea mucho más atractiva. 

La economía española ha cambiado y ha sabido solventar crisis sin que los ciudadanos sean los principales perjudicados. Otras cosas no cambian, Rajoy se sigue tomando a broma temas muy graves de la gestión de su Gobierno. 

Y además, el mercado labora sigue tirando fuerte...  

El gráfico

Uno de los ámbitos donde más claro se ha visto que es posible actuar sin recetas neoliberales es el mercado laboral español. Una de las medidas que mejor ha funcionado, especialmente en momentos de crisis aguda como la pandemia, ha sido la reforma laboral. Este cambio legislativo consiguió reducir el trabajo temporal en España tras cuatro décadas enquistado. Esta tendencia, que parecía que podía agotarse ante los vaivenes provocados por el incremento de la inflación, no se ha debilitado. Por primera vez, el peso de los trabajadores temporales se sitúa por debajo del 12% (11,9%). En febrero de 2022, este porcentaje era ascendía al 26,3%. En esta información tienes más datos sobre la buena marcha del mercado laboral y las excelentes cifras de caída de temporalidad.  

El dato

922.729 beneficiarios

Entre personas físicas, sociedades anónimas o sociedades limitadas, han conseguido subvenciones correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (UE). Estamos hablando de 43.553 millones de euros que han llegado ya a la economía real de España, algo más de la mitad de lo que le corresponde a nuestro país de los fondos diseñados como respuesta al shock de la pandemia. No sé si te has dado cuenta que el PP ya no hace críticas sobre si los fondos europeos llegan a las empresas o a los ciudadanos. Hasta mediados de 2026 todavía quedan por desplegar algo más de 35.000 millones de los fondos 'Next Generation'. Aquí te contamos que ya hay casi un millón de beneficiarios del Plan de Recuperación de la UE.

Entrepreneur

 Esta semana tenemos a un ultraderechista como entrepreneur de la semana. Se trata de Rafael López-Diéguez Gamoneda. Este empresario fue yerno del fundador de Fuerza Nueva, Blas Piñar, y creador de la formación de extrema derecha Alternativa Española. Tiene inversiones en diversos sectores como automoción, inmobiliario, renovables, salud o agricultura junto a las herederas del recientemente fallecido Mariano Yera, pionero de la sanidad privada en España, que vendió el grupo de sanidad privada Viamed al fondo Macquarie por 170 millones en 2020. Aquí tienes mucha más información de los negocios de las herederas de un magnate de la sanidad privada y el ultraderechista fundador de Alternativa Española.  

Cada vez que habla sube el pan

Habéis impuesto el Pacto Verde a la gente sin ni siquiera preguntar a los afectados. Sois los asesinos del campo

Santiago Abascal — Presidente de Vox

Es sorprendente la capacidad que tienen algunos políticos para tener discursos contradictorios. El presidente de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, es uno de los principales defensores de Donald Trump y su política de aranceles. España exportó productos agroalimentarios por valor de 2.975 millones de euros a Estados Unidos en 2023. El roto en las cuentas de agricultores y ganaderos puede ser tremendo si se imponen aranceles a sus productos. Solo hay que recordar lo que supusieron los años de trabas comerciales para la aceituna negra. Pero en su discurso lleno de odio y contradicciones, Abascal siempre encuentra en cualquier medida medioambiental, aunque sea sin argumentos, el objetivo de sus críticas para acusar al Gobierno de coalición. El campo español tiene otros graves problemas, pero Abascal no los quiere ver. Todavía no se ha escuchado al ultraderechista hablar de la cadena alimentaria o de los fondos de inversión y su llegada al sector agroalimentario. Precisamente es lo que más denuncia Cristóbal Cano, el nuevo secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Cano señala que la falta de “equilibrio” en la cadena alimentaria “perjudica especialmente a los eslabones más débiles”: a los agricultores y ganaderos y a los consumidores. Aquí puedes leer una entrevista con el nuevo secretario general de UPA que denuncia cómo “la llegada de los fondos de inversión al campo es un freno para los jóvenes, es imposible competir con ellos”.

Verde que te quiero verde

 Las políticas medioambientales son ya un elemento fundamental de la identidad europea. La transición ecológica era un proceso necesario para conseguir una mundo menos contaminado. Sin embargo, las amenazas de los aranceles por parte de la Administración Trump con su caótica gestión y la incapacidad de los fabricantes europeos para adaptarse y competir con los coches eléctricos chinos ha provocado otro tropiezo en la transición ecológica. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, plantea que las sanciones previstas para 2025 por no reducir las emisiones en un 15% respecto a 2021 se retrasen tres años, que es lo que exigía el lobby de la industria automovilística. Según el sector del automóvil, sin el retraso las multas podrían ascender a 16.000 millones de euros. Menos competitivos pero expertos en 'pasilleo'. Aquí te contamos cómo Bruselas retrasará las multas a los fabricantes de coches por las emisiones de CO2.

El problema es que se suavizan los deberes pero se facilitan las ayudas. La Comisión Europea no quiere que que la industria del continente siga quedándose atrás en el desarrollo tecnológico y por eso ha anunciado que destinará 1.000 millones de euros al vehículo de conducción autónoma.

Siguiendo con los fabricantes de coches, el nuevo escenario de comercio internacional que está definiendo Trump con cada golpe en la mesa puede tener más consecuencias. Por un lado, Honda planea llevar la producción de coches a EEUU y Stellantis, Ford y GM maniobran para esquivar los aranceles mientras que, por otro lado, las familias dueñas de Ferrari y Porsche reculan en sus automovilísticas de lujo en plena tormenta sobre el automóvil. 

Bien público

Años tras años en lucha por la vivienda digna. Desde 2008, cuando comenzó una crisis financiera que se trató de arreglar con recetas de austeridad que ahogaron a los ciudadanos, la vivienda digna y asequible se ha convertido en una reivindicación constante. La crisis financiera mutó en un desastre social con los desahucios hipotecarios. En la actualidad, el movimiento por la vivienda ha recobrado fuerza ante la emergencia habitacional que sufren los ciudadanos desde hace años con el mismo objetivo que hace 17 años: garantizar el acceso a un techo digno y asequible. Aquí tienes un reportaje de David Noriega sobre estos años de lucha por el derecho a la vivienda mientras que en este enlace tienes un repaso fotográfico de Olmo Calvo de los primeros pasos de la PAH a las últimas manifestaciones para reclamar que la vivienda deje de ser un negocio.  

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Hasta aquí llega este boletín. Para más análisis y noticias económicas nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Mientras nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es con tus propuestas, quejas o ideas.

¡Buena semana!

Quien nos ha visto, y quien nos ve. La prima de riesgo de España ha caído este miércoles por debajo de los 60 puntos básicos, un mínimo de principios de 2021, cuando el Banco Central Europeo (BCE) intensificó como nunca la creación de dinero para comprar bonos de los países de la eurozona y evitar una nueva crisis de deuda tras el shock de la COVID.

Ahora, con el BCE en retirada de los mercados financieros desde mediados de 2022, el diferencial entre el interés que los inversores exigen en los mercados financieros a la deuda de referencia de nuestro país (3,3% para el bono a 10 años este miércoles) y el de la alemana (2,7% aproximadamente para el 'Bund', también este miércoles) se ha estrechado.

La razón más inmediata es el pacto entre conservadores y socialdemócratas tras las últimas elecciones en el gran estado de la ortodoxia (el pagador europeo más fiable) para aumentar el gasto público en defensa (un histórico pacto para relajas las límites al endeudamiento). De fondo, aparecen otras necesidades de inversión por el estancamiento de la economía, y principalmente de la industria, y por la guerra comercial. Mientras, España es la gran economía de la UE que más crece y sigue reduciendo sus desequilibrios fiscales (déficit y endeudamiento).

La prima de riesgo refleja precisamente eso. Cuánto de fiable eres como país respecto a Alemania a la hora de devolver la deuda. Es una vara de medir que en la crisis del euro posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 llegó a dispararse para España hasta los 600 puntos básicos —nuestro bono llegó a acercarse al 8% en julio de 2012—, provocando el rescate de los bancos y la intervención de nuestra soberanía económica por parte de la 'troika' (Comisión Europea, FMI y BCE).

La foto es hoy totalmente diferente. Muchos dogmas de entonces sobre el gasto público y las consecuencias de la austeridad han caído, y nuestro país es la excepción positiva más destacada en la eurozona ante la debilidad de Alemania, y las incertidumbres que rodean a Francia y a Italia. La primera señal importante en este sentido fue que España comenzó a pagar menos por su deuda de referencia que nuestros vecinos galos desde finales de septiembre de 2024. Algo que no pasaba precisamente desde 2008, cuando nuestra economía estaba hinchada artificialmente.

Estos hitos financieros no responden ahora a una burbuja, sino que son el resultado de la suma de una transformación estructural de la economía de España por las políticas desplegadas desde 2020 por los gobiernos de coalición y de, en contraste, un periodo de mayores incertidumbres políticas y económicas en el resto de la eurozona.

Un nuevo rol de España en los mercados financieros

Una de las claves es que, desde hace meses, los inversores extranjeros están reemplazando al BCE como principales compradores de deuda de España, atraídos por el destacado crecimiento económico de nuestro país y por una mayor reducción de los desequilibrios fiscales respecto a Italia y a Francia.

Los fondos, bancos, aseguradoras y minoristas de más allá de nuestras fronteras han elevado su peso en 5,1 puntos porcentuales del total en la tenencia de bonos (deuda a medio y largo plazo) de España desde mayo de 2022, hasta alcanzar el 45,1% a cierre de 2024.

Desde entonces, el BCE ha retrocedido 7,1 puntos su peso, hasta quedarse por debajo del 30% del total. Los dos puntos de diferencia los han cubierto inversores nacionales, sobre todo bancos, según los datos oficiales del Tesoro recogidos por el último 'Observatorio de deuda' de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El BCE, a través del Banco de España, llegó a rozar el 37% de la tenencia de bonos de España en 2021. En 2020, la institución monetaria intensificó la política de 'creación' de dinero y adquisición de deuda de los países de la eurozona para favorecer la recuperación económica y para evitar una crisis del euro, ante el extraordinario esfuerzo en el gasto público —que disparó el déficit público y, por tanto, las necesidades de financiación— que exigió la pandemia.

A mediados de 2022, el BCE puso fin a esta política de compras de deuda soberana como parte de la estrategia para luchar contra la inflación, junto a las subidas de los tipos de interés oficiales. El objetivo era retirar liquidez del mercado, elevar los costes de financiación y, en definitiva, frenar el consumo, la inversión y la actividad en general y moderar así las subidas de precios.

Este proceso de austeridad monetaria lo han sufrido familias, empresas y Estados, pero en el caso concreto de España, como país “emisor”, el apetito de los inversores extranjeros por nuestra deuda ha amortiguado ese encarecimiento, conteniendo la carga de intereses a la que hacemos frente cada año respecto al PIB.

Los inversores extranjeros están reemplazando al Banco Central Europeo (BCE) como principales compradores de deuda de España, atraídos por el destacado crecimiento económico de nuestro país y por una mayor reducción de los desequilibrios fiscales respecto a Italia y a Francia.

Los fondos, bancos, aseguradoras y minoristas de más allá de nuestras fronteras han elevado su peso en 5,1 puntos porcentuales del total en la tenencia de bonos (deuda a medio y largo plazo) de España desde mayo de 2022, hasta alcanzar el 45,1% a cierre de 2024.

Desde entonces, el BCE ha retrocedido 7,1 puntos su peso, hasta quedarse por debajo del 30% del total. Los dos puntos de diferencia los han cubierto inversores nacionales, sobre todo bancos, según los datos oficiales del Tesoro recogidos por el último 'Observatorio de deuda' de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El BCE, a través del Banco de España, llegó a rozar el 37% de la tenencia de bonos de España en 2021. En 2020, la institución monetaria intensificó la política de 'creación' de dinero y adquisición de deuda de los países de la eurozona para favorecer la recuperación económica y para evitar una crisis del euro, ante el extraordinario esfuerzo en el gasto público —que disparó el déficit público y, por tanto, las necesidades de financiación— que exigió la pandemia.

A mediados de 2022, el BCE puso fin a esta política de compras de deuda soberana como parte de la estrategia para luchar contra la inflación, junto a las subidas de los tipos de interés oficiales. El objetivo era retirar liquidez del mercado, elevar los costes de financiación y, en definitiva, frenar el consumo, la inversión y la actividad en general y moderar así las subidas de precios.

Este proceso de austeridad monetaria lo han sufrido familias, empresas y Estados, pero en el caso concreto de España, como país “emisor”, el apetito de los inversores extranjeros por nuestra deuda ha amortiguado ese encarecimiento, conteniendo la carga de intereses a la que hacemos frente cada año respecto al PIB.

“La reducción de las compras de activos por parte de los bancos centrales ha eliminado un actor clave en los mercados secundarios de bonos. Durante los últimos dos años, tanto el BCE como la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) han disminuido considerablemente sus tenencias de deuda, pero esta reducción ha sido compensada eficazmente por una sólida demanda de los inversores privados. Se espera que esta tendencia favorable persista en 2025, incluso considerando que las adquisiciones que la Fed y el BCE dejarán de realizar son de una magnitud considerable”, explica la AIReF.

Si los inversores extranjeros son claves en la deuda a medio y largo plazo de España (los bonos), la Autoridad fiscal destaca también “la velocidad e intensidad de las compras [de deuda a corto plazo, las letras] por parte del sector de los hogares”.

Según señala la AIReF, “el aumento de los tipos oficiales y su escasa traslación a la remuneración de los depósitos de la banca comercial, junto al aumento del ahorro durante la pandemia, atrajo la inversión de los hogares a instrumentos como las letras del Tesoro. Desde mediados de 2022 ha sido muy significativo el elevado interés de los inversores minoristas en [esta deuda a corto plazo], pasando a ser su principal tenedor, con un incremento histórico superior a los 26.000 millones de euros hasta octubre de 2024. Como resultado, los hogares acaparan a esa fecha más de un tercio (36,2%) del total de tenencias de letras, siendo el principal tipo de inversor de este segmento”.

AIReF: “España ha mejorado su posición relativa en los mercados de deuda”

Estas dos tendencias, sobre todo la demanda de los inversores extranjeros propiciaron un hito desde el año pasado: nuestro país paga menos por su deuda que Francia por los menores desequilibrios de las cuentas públicas. Es decir, porque somos más fiables.

Los inversores exigen una rentabilidad inferior al bono de referencia (con vencimiento a 10 años) de España que al bono del país vecino desde finales de septiembre —exactamente ambos bonos están cerca del 3%, pero el francés un poco más caro—, algo que no pasaba precisamente desde 2008, cuando nuestra economía estaba hinchada artificialmente.

Este hito no responde ahora a una burbuja, sino que es el resultado de la suma de una transformación estructural de la economía de España por las políticas desplegadas desde 2020 por los gobiernos de coalición y de, en contraste, un periodo de mayores incertidumbres políticas y económicas en Francia. Para entender mejor la dimensión del 'sorpasso' hay que analizar la historia de los mercados de deuda.

El diferencial entre el interés que se exige a la deuda de España respecto a la de Francia llegó a superar los 500 puntos básicos (cinco puntos porcentuales), cuando la rentabilidad del bono a 10 años de nuestro país llegó a acercarse al 8%, en julio de 2012, y el del país vecino estaba por debajo del 3%.

Este mismo diferencial constituye la 'famosa' y temida prima de riesgo cuando se observa respecto a Alemania, porque compara el coste de financiación en los mercados financieros de un país frente al Estado mejor pagador y con unas cuentas más sólidas. En estos momentos, la prima de riesgo española, que se disparó hasta los 600 puntos básicos en agosto de 2012 —justo después del rescate a la banca— se encuentra estable por debajo de los 70 puntos.

“Dentro de los grandes emisores europeos, España ha mejorado su posición relativa en los mercados de deuda, mientras Francia ha enfrentado un deterioro en la confianza de los inversores debido a la inestabilidad política y fiscal. Italia, aunque ha mostrado mejoras, continúa siendo vista con mayor cautela por los mercados”, observa la AIReF.

“La prima de riesgo española ha mostrado una tendencia a la baja, situándose en niveles similares a los de octubre de 2021. A principios de diciembre de 2024, descendió por debajo de los 70 puntos básicos, alcanzando los 65 puntos, lo que indica una mejora en la percepción de solvencia del país”, continúa el informe de la Autoridad fiscal.

El coste de financiación define la carga de intereses y la estabilidad de esta, junto al crecimiento económico, es clave en el proceso de reducción de la deuda respecto al PIB. Un objetivo que exigen las nuevas reglas fiscales de la UE. Desde 2021, cuando llegó a superar el 120%, ha descendido ya más de 20 puntos porcentuales.

El 'Observatorio' de la AIReF también analiza cuáles serán los factores que contribuirán a que esa reducción continúe en los próximos años.

El límite al gasto público al que España se ha comprometido con la Comisión Europea (que irá rebajando el déficit), el avance del PIB y la inflación serán las principales variables que profundizarán en la caída de la ratio deuda/PIB, según el ejercicio de previsiones realizado por la Autoridad fiscal.

Ha sido impensable durante muchos años. Sobre todo, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 y la crisis del euro posterior, en la que España fue uno de los PIIGS (el acrónimo de Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, que en inglés significa cerdos, que fue la intención con la que lo acuñó en aquellos momentos la prensa financiera británica). Pero la recuperación del shock de la pandemia ha dado un vuelco a la posición de España en la Unión Europea (UE).

Actualmente, nuestro país paga menos por su deuda que Francia por los menores desequilibrios de las cuentas públicas. Es decir, porque somos más fiables. No es un chiste. Ni ironía. Los inversores exigen una rentabilidad inferior al bono de referencia (con vencimiento a 10 años) de España que al bono del país vecino desde finales de septiembre (exactamente ambos bonos están cerca del 3%, pero el francés un poco más caro), algo que no pasaba precisamente desde 2008, cuando nuestra economía estaba hinchada artificalmente.

Este hito no responde ahora a una burbuja, sino que es el resultado de la suma de una transformación estrucutural de la economía de España por las políticas desplegadas desde 2020 por los gobiernos de coalición y de, en contraste, un periodo de mayores incertidumbres políticas y económicas en Francia. Para entender mejor la dimensión del 'sorpasso' hay que analizar la historia de los mercados de deuda.

El diferencial entre el interés que se exige a la deuda de España respecto a la de Francia llegó a superar los 500 puntos básicos (cinco puntos porcentuales), cuando la rentabilidad del bono a 10 años de nuestro país llegó a acercarse al 8%, en julio de 2012, y el del país vecino estaba por debajo del 3%.

Este mismo diferencial constituye la 'famosa' y temida prima de riesgo cuando se observa respecto a Alemania, porque compara el coste de financiación en los mercados financieros de un país frente al Estado mejor pagador y con unas cuentas más sólidas. En estos momentos, la prima de riesgo española, que se disparó hasta los 600 puntos básicos en agosto de 2012 —justo después del rescate a la banca— se encuentra estable alrededor de los 70 puntos.

La última actualización de las proyecciones macroeconómicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) sirven para entender el vuelco en el perfil financiero de España y de Francia. El organismo que dirige Kristalina Georgieva sitúa a nuestro país como una de las economías que liderará el crecimiento del PIB entre las más grandes en los próximos años, tras hacerlo ya en 2023 y 2022.

En buena parte gracias a este destacado avance de la actividad económica, pero también a la histórica creacción de puestos de trabajo —ambos factores aumentan la recaudación de impuestos y reducen las ratios que tienen al PIB de denominador—, España consigue una tarjeta de presentación fiscal mucho más saneada que la de Francia. De nuevo según el FMI, el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos) se reducirá en nuestro país al 3% respecto al PIB al cierre de este año, frente al 6% del país vecino o al 4% de Italia.

El FMI no confía en que Francia pueda controlar su déficit en los próximos ejercicios. En junio, la Comisión Europea ya abrió expediente al país vecino por déficit excesivo, un proceso previsto por las nuevas reglas fiscales de la UE según el que se verá obligado a hacer recortes en el gasto público para reducir el desequilibrio presupuestario y la deuda pública (también se observa en relación con el PIB, porque es como se mide inicialmente su sostenibilidad), con intervención de Bruselas.

España evitó este proceso de déficit excesivo. El 3% del PIB vuelve a ser el desequilibrio máximo permitido en las reactivadas reglas fiscales comunitarias. Un límite que cumplirá nuestro país desde 2024. A partir de 2025, la ratio principal bajo vigilancia pasa a ser el crecimiento del gasto público, considerado el factor crucial para reducir el déficit y la deuda.

Eso sí, las estimaciones del FMI difieren de las que el Gobierno incluyó en el Plan Fiscal y Estructural enviado a la Comisión Europea el 15 de octubre —el paraguas que regirá los Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante los próximos siete años—, según se puede observar en el siguiente gráfico, el cuarto de esta información.

Con estas cifras sobre la mesa, el FMI señala que España rebajará su deuda pública por debajo del 100% del PIB en 2026, mientras que la de Francia no parará de elevarse año tras año.

En la práctica, los mayores desequilibrios que sufre Francia se traducen en dos cosas. En primer lugar, en que sus coste de financiación aumentan, mientras que en nuestro país se mantienen estables. Según el Plan Fiscal y Estructural que está estudiando la Comisión Europea, la factura de intereses de la deuda de España superará los 40.000 millones en 2024, el 2,5% del PIB, un nivel que se elevará un par de décimas en 2025 por “el efecto bola de nieve” de las subidas de los tipos oficiales del Banco Central Europeo (BCE) desde 2022 hasta este 2024, donde permanecerá en los siguientes ejercicios.

En un escenario extremo, si aumenta la desconfianza en Francia (entre los inversores y los fondos que conforman el mercado de deuda), el riesgo es una crisis de deuda similar a que sufrió la eurozona entre 2010 y 2014.

En segundo lugar, lo que indican los mercados financieros significa que España está mejor preparada que Francia y también que Italia para afrontar un nuevo shock económico que implique un aumento del gasto público, como ocurrió en 2020. En otras palabras, nuestro país tiene y tendrá un mayor 'colchón' fiscal para tomar medidas como las que han sido necesarias en la pandemia y en la crisis de inflación. Desde la financiación pública de los ERTE, pasando por las bajadas del IVA de la electricidad o de los alimentos, hasta las distintas ayudas directas a las empresas o a las familias más vulnerables.

“En un contexto de estabilidad geopolítica y económica doméstica y global inciertas, la volatilidad en las primas de riesgo de la deuda soberana francesa y de otros países de la eurozona podría ser una constante más que un fenómeno episódico. La vuelta de las reglas fiscales en la UE, menos estrictas que en el pasado, podría otorgar a los países algo más de espacio para maniobrar. Sin embargo, este alivio temporal no resuelve los problemas fiscales de fondo que enfrentan varios países, entre ellos Francia. La implementación de políticas de ajuste en un entorno de desaceleración y/o mayor fragmentación política podría introducir presión al alza a los diferenciales de deuda”, reflexionan los analistas José Manuel Amor, Camila Figueroa y Javier Pino en un informe publicado por Funcas recientemente.

“La polarización política en varios países clave dificulta la formación de gobiernos estables capaces de implementar reformas fiscales y económicas necesarias. Creemos lógico manejar un horizonte en el que la volatilidad en las primas de riesgo soberanas se cronifique para compensar la incertidumbre política y fiscal, limitando la capacidad de los gobiernos para consolidar sus ratios de endeudamiento, y elevando el riesgo de círculos viciosos que perpetúen la inestabilidad económica y política. Francia se sitúa con desventaja para afrontar este horizonte”, continúa estos expertos.

Mientras, pese al aumento del empleo, nuestro país seguirá siendo la economía con una tasa de paro más elevada entre las grandes de la eurozona. El desempleo se reducirá un punto, al 11,2% en 2025, desde el 12,2% desde 2023. En el conjunto de la eurozona se quedará en el 6,4%, según el FMI.

España lidera el crecimiento del PIB entre las grandes economías

Tomando como referencia los datos de Funcas, publicados justo antes de la actualización de las proyecciones del FMI y que atisban un horizonte similar, el nivel de PIB de España superará al final de 2024 en 6,7 puntos porcentuales el nivel previo a la pandemia, el del cierre de 2019, y en 2025 en 8,9 enteros. Mientras, el nivel de PIB del conjunto de la eurozona lo hará en 4,2 y 5,7 puntos, respectivamente.

Los titulares y acusaciones políticas sobre que nuestro país iba a la cola de la recuperación han envejecido muy mal. Un relato catastrofista que solo pudo prosperar por el error del INE en el cálculo de la Contabilidad Nacional (según se explica en esta información), y que tras tres correcciones históricas todavía no ha subsanado por completo.

“Los inversores tienen razón al preferir España a otros grandes países europeos”, titula un informe reciente de Natixis, uno de los bancos de inversión más importantes de Francia. La economía de nuestro país ha conquistado al capital internacional pese a la inestabilidad política. “La visión positiva que se tiene de España en comparación con Francia, Alemania o Italia es razonable”, continúa la entidad. El mundo financiero está transigiendo con la fragmentación parlamentaria y el accidentado calendario electoral regional (Catalunya en mayo y Euskadi en abril) y destaca la fortaleza del crecimiento de nuestro país.

“España avanza más deprisa que los otros tres grandes países del euro”, dice Natixis. “La exposición de España al comercio mundial [que se ha desacelerado] es mucho menor que la de Alemania. La competitividad de costes de España es positiva. La producción industrial no disminuye. La balanza comercial es excedentaria [es decir, el sector exterior suma al PIB]. Y España ha desarrollado significativamente las energías renovables”, sintetizan los analistas del banco.

“La economía española, competitiva e impulsada por los servicios, debería registrar tasas de crecimiento superiores a la media de la eurozona durante el periodo entre 2024 y 2027”, afirma la revisión del 'rating' [calificación, en inglés] de la deuda de nuestro país que S&P publicó el pasado viernes. Esta agencia internacional, una de las tres de referencia junto a Moody's y Fitch, mantuvo la 'nota' de España en una A (lo que sería equivalente a un notable) con “perspectiva estable”, pese a que admite que “el Gobierno en minoría tendrá que contar con el apoyo de un grupo heterogéneo de partidos para aprobar leyes, lo que podría dificultar la aplicación de las políticas”.

El mismo día, Moody's coincidió en dejar a nuestro país en un aprobado holgado y mejoró la perspectiva de estable a “positiva”, el paso previo a un aumento de la calificación, porque considera que el modelo de “crecimiento es más equilibrado”.

Los informes de ambas agencias se dieron a conocer días después de que el Gobierno de coalición diera por imposible la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. En el caso del de Natixis, ni siquiera menciona la inestabilidad política. Este último se publicó el 11 de marzo, antes de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconociera que el adelanto de las elecciones catalanas al 12 de mayo alteraba “el tablero político” y hacía imposible llegar a acuerdos con los grupos nacionalistas de Junts y ERC, cuyos votos en el Congreso son necesarios para sacar adelante cualquier iniciativa.

El dato que mejor recoge estas afirmaciones y comentarios es la prima de riesgo. Este indicador que hoy parece de otro tiempo es el resultado de comparar el tipo de interés que se exige a la deuda de España en los mercados financieros con el que paga Alemania, considerado el socio del euro más fiable. La prima de riesgo sirve para medir cuántas dudas hay sobre la capacidad de una economía para cumplir con sus compromisos. Actualmente, este indicador está cerca de su mínimo de los últimos años, y eso que el Banco Central Europeo (BCE) ha reducido sus compras de deuda, que fue la principal vía con la apaciguó la crisis de deuda hace una década y con la que evitó una situación similar en 2020.

Concretamente, la prima de riesgo está por debajo de los 80 puntos básicos. El tipo de interés de la deuda de España de referencia (con vencimiento a 10 años) es de cerca del 3,25%. El de Alemania, en el 2,45%. En 2012, este diferencial llegó a escalar por encima de los 600 enteros. En lo peor de la pandemia, superó momentáneamente los 140 puntos básicos. Hoy, Francia apenas paga un poco menos que nuestro país.

“El tipo de interés a largo plazo de la deuda pública española ha caído en relación con los bonos alemanes y franceses y es inferior al tipo de interés a largo plazo de Italia. Esto demuestra que los inversores prefieren España a los otros tres grandes países de la zona euro”, describe Natixis.

A pesar de la fragmentación parlamentaria

Moody's incluso aprecia que el riesgo de “la política interna” es “moderado”. “Las tensiones políticas entre el Gobierno central y las fuerzas independentistas en Catalunya son una característica clave de la legislatura”, observa la agencia de 'rating'. “Sin embargo, estas tensiones no tendrán un impacto negativo”, añade.

Estas visiones dan aire al aplomo con el que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró este domingo en una entrevista con elDiario.es que, “en términos prácticos, el espacio que genera [la prórroga de los PGE de 2023] es suficiente para seguir avanzando con las prioridades políticas para este año 2024, y concentrar ahora el esfuerzo en los Presupuestos del año 2025”.

El Gobierno de coalición está convencido de encajar el tropiezo que supone no contar con PGE este año, y se dispone a remachar las cuestiones que sean necesarias con Reales Decretos-leyes y otras vías. Por ejemplo, el pasado martes ya anunció una subida del 2% de los salarios de los trabajadores públicos mediante una enmienda en la tramitación del real decreto de medidas frente a la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania.

Las dificultades son inevitables. “Hay vías alternativas a los Presupuestos Generales para seguir impulsando las políticas, pero ofrecen un enfoque asimétrico y parcial. Y muy posiblemente son más tortuosas y difíciles de aprobar que unos nuevos PGE”, lamenta Carlos Martín Urriza, portavoz de economía y hacienda del grupo parlamentario de Sumar.

“Fragilidad política, economía resistente”

Eso sí, el ritmo de crucero que ha tomado la actividad económica no está en peligro. “A pesar de la fragilidad política, la economía española parece relativamente resistente, con un crecimiento medio del PIB real del 2% en 2024-2027, frente al 1,2% de la eurozona”, incide S&P.

“Las exportaciones netas seguirán siendo clave. Los boyantes ingresos por turismo mantuvieron a flote las exportaciones en 2023, pero esperamos que otros componentes aumenten con la recuperación de la demanda exterior en 2024-2027. Esto compensará parcialmente el aumento de las importaciones debido al dinamismo de la demanda interna y las importaciones de capital”, detalla la agencia de calificación.

S&P resalta el “sólido consumo privado (tres cuartas partes del PIB). Al igual que para otros países de la eurozona, la relajación de las condiciones de financiación [por la futura bajada de los tipos de interés del BCE] y la disminución de la inflación impulsarán los ingresos reales y el gasto de los consumidores. Pero España se recuperará a partir de una base más sólida tras una ligera desaceleración en 2023 gracias, en parte, a la prórroga parcial de las medidas de choque del Gobierno”.

“En comparación con sus homólogos industriales de la eurozona, España se ha beneficiado de la mayor agilidad de su economía, impulsada por los servicios (70% del PIB) y ha diversificado significativamente su suministro energético frente a la crisis de los precios de la energía de 2022”, prosigue. Además, acentúa la fortaleza del mercado laboral y el apoyo de la inversión pública, en parte por el despliegue del Plan de Recuperación. Al margen de la inestabilidad política, que precisamente advierte que podría retrasar los desembolsos de los fondos europeos, el otro punto negativo que reseña es “la atonía de la inversión privada”.

Los mercados vuelven a señalar a Italia por sus debilidades financieras. La agencia de calificación de deuda Moody's ha avisado este martes de que es el único país europeo cuyos bonos están al borde de ser calificados como 'basura'. Italia no ha perdido nunca el 'aprobado', que en el argot técnico se conoce como “grado de inversión”.

“Italia es actualmente el único [estado] soberano con calificación Baa3 con perspectiva negativa”, señala el informe de Moody's al que ha tenido acceso elDiario.es. Exactamente, esta nota para la deuda del país que gobierna la ultraderechista Giorgia Meloni está solo un escalón por encima de esa calificación de 'basura'.

La agencia actualizará la nota de Italia el 19 de mayo. Y, en la práctica, si finalmente se la rebajara podría provocar que el país tuviera grandes problemas para financiarse, en un momento en el que las necesidades de cubrir el gasto público que no alcanzan los ingresos siguen siendo muy elevadas por la invasión rusa de Ucrania y la crisis de inflación que ha exacerbado, en plena recuperación del shock de la pandemia.

El déficit (el desequilibrio entre los gastos y los ingresos de un estado) de Italia se quedó en el 8% en 2022 respecto al PIB (Producto Interior Bruto), frente al 4,8% de España o al 4,7% de Francia. Y el FMI (Fondo Monetario Internacional) espera que en 2023 siga en el 3,7%, frente al 3,5% que estima para nuestro país.

El desequilibrio presupuestario no es la mayor debilidad de Italia. El endeudamiento, la tasa de deuda frente al PIB, cerró el año pasado en el 144%, mientras que en España se redujo al 113%. Y para nuestra economía también son mejores las previsiones de crecimiento.

El endeudamiento es el primer indicador que se observa para medir la sostenibilidad financiera de un país. Depende tanto del numerador (la deuda) como del denominador (el PIB). Por eso, aunque la deuda pública total sigue aumentando, el endeudamiento disminuye por el crecimiento económico.

Otra forma de medir la carga de la deuda es enfrentando el gasto en intereses con los ingresos del Estado, y en esta fotografía España sale peor parada que Alemania o Francia, pero mucho mejor que Italia. Y se observa que el aumento también ha sido contenido en nuestro país en los últimos dos años, pese a las subidas de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE) para luchar contra la inflación.

“Existen mayores riesgos de que el Plan de Recuperación de Italia [los fondos europeos] no se implemente por completo debido a la débil capacidad administrativa de algunos gobiernos locales, las limitaciones en el mercado laboral y de productos, la alta inflación y el hecho de que algunos proyectos han resultado ser más ambicioso de lo previsto originalmente”, añade Moody's en su informe.

“La desaceleración del crecimiento y los mayores costes de financiación pueden dañar aún más la posición fiscal de Italia. Si bien se han tomado medidas importantes para reducir el consumo de gas y diversificar el suministro al margen de Rusia, la dependencia significativa mantiene el riesgo de escasez y de otra escalada de los precios”, prosigue la agencia de calificación de deuda.

Las consecuencias para Italia

Las 'notas' de S&P, Fitch o DBRS, las otras firmas similares a Moody's, son menos pesimistas respecto a Italia, y están dos escalones por encima de la calificación de basura. De hecho, un solo 'suspenso' no le afectaría directamente, porque los programas de compra de bonos del BCE mantienen como “elegibles” a los estados si al menos una de las cuatro principales agencias de calificación considera que tiene grado de inversión. 

De momento, la situación en los mercados financieros no refleja más tensión en comparación con otros socios del euro. En primer lugar, precisamente por la flexibilidad que ha demostrado el BCE para atender la amenaza de “la fragmentación”. Es decir, la amenaza de que repentinamente un país sufra un coste de financiación mucho más alto que el resto.

Por otro lado, la UE sigue negociando sus nuevas reglas fiscales, suspendidas por la pandemia, con la expectativa de que serán más asumibles para los países más sobreendeudados.

El Gobierno ha reducido en 5.000 millones de euros las necesidades netas de deuda en 2022, hasta los 70.000 millones. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha aprovechado la visita a España de la comisaria europea de Estabilidad Financiera, Mairead McGuinnes, para anunciar “una muy buena noticia que demuestra la confianza de los inversores en nuestro país”.

La reducción del objetivo de deuda es especialmente positivo por la política de encarecimiento de la financiación en general que está ejecutando el Banco Central Europeo (BCE) para luchar contra la inflación. Y refleja el aumento de los ingresos tributarios por encima de las expectativas.

El Tesoro Público aceleró las emisiones de deuda en la primera parte del año, antes de que el BCE comenzara a subir los tipos de interés oficiales en julio. Y de los 70.000 millones que colocará finalmente este 2022, ya ha cerrado el 96%.

De hecho, “la reducción de las necesidades de financiación conllevará un ajuste del calendario de subastas programadas y la supresión de la última subasta prevista para este año”, ha explicado Nadia Calviño.

“En un entorno de normalización de la política monetaria y una vez que, en el caso español, el Banco Central Europeo ya no está haciendo recompras netas positivas de deuda española, hay que destacar el mantenimiento en niveles relativamente bajos y estables de la prima de riesgo (en el entorno de los 100 puntos) y la elevada participación de inversiones extranjeros en todas nuestras emisiones y subastas (superior al 40%) lo que confirma la credibilidad de nuestra economía”, ha añadido la vicepresidenta económica.

Las subidas de tipos del BCE (por ahora de 2 puntos, desde el 0% en el que estaban en julio) y la menor presencia en el mercado de la institución (al finalizar los programas de adquisicion de bonos de los estados de la eurozona) están elevando el coste de las nuevas emisiones de España y del resto países de la eurozona.

Pero este encarecimiento se traslada lentamente al coste medio de la deuda en circulación, que sigue cerca de mínimos históricos. Un hecho que garantiza la sostenibilidad de las finanzas de nuestro país y que la factura anual de intereses no se disparará.

Esta situación se aleja mucho de la crisis de deuda que sufrieron España y el resto de países periféricos de la eurozona tras la Gran Crisis Financiera de 2008, pese al extraordinario esfuerzo de gasto público al que han obligado tanto la pandemia de COVID como la invasión rusa de Ucrania. También permite confiar en la meta del Gobiernon de ir reduciendo el déficit [el desequilibrio presupuestario] y el endeudamiento [la deuda frente al PIB superó el 120% en 2020 y ya ha caído al 116%].

El BCE ya tiene un arma para luchar contra primas de riesgo descontroladas, como la que se apunta en Italia. La entidad presidida por Christine Lagarde ha presentado este jueves una herramienta aprobada por unanimidad en el Consejo de Gobierno del BCE que, por eso mismo también, ha facilitado que el banco haya subido los tipos en 50 puntos básicos, en lugar de los 25 anunciados previamente.

Pero, ¿cómo es el Instrumento para la Protección de la Transmisión (Transmission Protection Instrument, TPI)? “Todos los países son elegibles”, ha dicho la presidenta del BCE, Christine Lagarde, “de acuerdo con unos criterios”. ¿Y qué criterios?

No tiene limitaciones. La escala de compras de TPI dependería de la severidad de los riesgos que enfrenta la transmisión de la política monetaria. Las compras no están restringidas ex ante.

Parámetros de compra. Las compras de TPI se centrarán en valores del sector público (títulos de deuda negociables emitidos por gobiernos centrales y regionales, así como agencias, según la definición del BCE) con un vencimiento residual de entre uno y diez años. Podrían considerarse compras de valores del sector privado, si corresponde.

Elegibilidad. El Consejo de Gobierno considerará una lista de criterios para evaluar si las jurisdicciones en las que el Eurosistema puede realizar compras bajo el TPI aplican políticas macroeconómicas y fiscales sólidas y sostenibles. Estos criterios serán un input para la toma de decisiones del Consejo de Gobierno y se ajustarán dinámicamente a los riesgos y condiciones que se desarrollen.

Criterios: cumplimiento del marco fiscal de la UE, que ahora está relajado por la suspensión del pacto de estabilidad. Es decir, no estar sujeto a un procedimiento de déficit excesivo; ausencia de desequilibrios macroeconómicos severos; no estar sujeto a un procedimiento de desequilibrio excesivo; y sostenibilidad fiscal.

Para determinar que la trayectoria de la deuda pública sea sostenible, “el BCE tendrá en cuenta, cuando estén disponibles, los análisis de sostenibilidad de la deuda realizados por la Comisión Europea, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones, junto con el análisis interno del BCE”, dice el banco.

Además, el BCE tendrá en cuenta políticas macroeconómicas sólidas y sostenibles: “cumplimiento de los compromisos presentados en los planes de recuperación y resiliencia del Recovery and Resilience Facility y de las recomendaciones específicas por país de la Comisión Europea en el ámbito fiscal en el marco del Semestre Europeo”, dice el BCE.

Activación. No lo piden los países. La decisión del Consejo de Gobierno de activar el TPI, “se basará en una evaluación exhaustiva de los indicadores de mercado y transmisión, una evaluación de los criterios de elegibilidad y un juicio de que la activación de las compras bajo el TPI es proporcional al logro del objetivo principal del BCE”, asegura la entidad: “Las compras se cancelarían ante una mejora duradera en la transmisión o según una evaluación de que las tensiones persistentes se deben a los fundamentos del país”

Relación con la política monetaria. “Para evitar posibles interferencias, en caso de que se active el TPI, el Consejo de Gobierno abordará las implicaciones de las compras de TPI para la escala de la cartera agregada de títulos de deuda de política monetaria del Eurosistema y la cantidad de exceso de liquidez”, explica el BCE: “Las compras bajo el TPI se realizarían de manera que no causen un impacto persistente en el balance general del Eurosistema y, por lo tanto, en la orientación de la política monetaria”.

Flexibilidad de reinversión de PEPP. El BCE también ha aprobado tener flexibilidad de reinversión de los PEPP, que es el programa antipandemia del banco: “Seguirá siendo la primera línea de defensa para contrarrestar los riesgos del mecanismo de transmisión relacionados con la pandemia”.

Transacciones monetarias directas (OMT). Es el mecanismo ideado en la anterior crisis, asociado al estigma de tener que firmar un memorando con el fondo de rescates, el MEDE: “La OMT forma parte del conjunto de herramientas del Eurosistema. El Consejo de Gobierno se reserva la facultad de realizar la OMT para los países que cumplen los criterios necesarios para la OMT”.

“Aguas turbulentas”, señala el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. “Mucha incertidumbre y riesgos”, concede el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. Pandemia, guerra prolongada, crisis energética, inflación disparada, crisis de alimentos, alteración del contexto geopolítico y económico, repercusiones en el comercio internacional, escasez y encarecimiento de las materias primas, reducción de las perspectivas de crecimiento, presiones sobre las primas de riesgo en los países del sur, aumento de los tipos de interés, con su consecuencia sobre el encarecimiento de la capacidad de endeudamiento de familias y empresas...

Aguas turbulentas. Incertidumbre. Riesgos. En definitiva, “caos bajo las estrellas”, como decía Mao; “la situación es inmejorable”, proseguía el dirigente chino al señalar las semillas que pueden sembrar las crisis.

Los ministros de Economía de la UE han decidido esta semana enterrar las ayudas públicas generalizadas, uno de los signos diferenciadores de esta crisis con respecto de la anterior: la barra libre del gasto público para hacer frente a la crisis económica, social y sanitaria del coronavirus. Y el Eurogrupo ha decidido que ahora las economías, debilitadas y vulnerables por los efectos de la invasión rusa de Ucrania que ha llegado tras la pandemia, deben enfocarse en las “familias y empresas vulnerables”. Es decir, limitar el apoyo público, hacerlo más específico y menos generalizado.

Del mismo modo que el Ecofin, la reunión de ministros de los 27 ha concluido que en la necesidad de aplicar una política fiscal “prudente” y pasar de la política de estímulos globales de la pandemia a la senda de la disciplina fiscal, para hacer frente a la espiral inflacionista, al alza de los precios de la energía y las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania. “En la parte fiscal, es importante embarcarse en la senda hacia una política fiscal prudente, dejando atrás los estímulos globales que aplicamos durante la pandemia”, ha señalado el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en rueda de prensa tras la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE.

Es decir, recortar el gasto público con la vista pública en el déficit y la deuda, en un contexto de gran inflación, de guerra y con el pacto de estabilidad y crecimiento suspendido y pendiente de ser reformado.

“Muchos de los riesgos económicos se han hecho realidad”, dice Gentiloni: “Las alteraciones en el suministro de gas ruso y las preocupaciones sobre recortes han hecho que subiera el precio del gas de nuevo”. En efecto, Bruselas teme un otoño y un invierno crudos, con familias y empresas a expensas de la energía rusa para calentarse y mantener las fábricas abiertas en un escenario de precios desbocados.

Por este motivo Bruselas presentará este miércoles, la víspera de la revisión de los tipos de interés por parte del BCE, un plan de choque comunitario ante la expectativa de falta de suministros rusos a la vuelta del verano, cuando está prevista una nueva subida de tipos de interés.

Así, el Ejecutivo comunitario propondrá el próximo miércoles un plan de ahorro con una serie de medidas que van desde bajar el termostato de edificios públicos, oficinas y centros comerciales a 19 grados y elevar la temperatura del aire acondicionado hasta los 25 grados para reducir el consumo eléctrico a la subasta de capacidades de gas para que la industria reduzca su consumo energético. “La UE necesita estar preparada para este escenario y considerar medidas adicionales acordes al desafío que entraña”, apunta la Comisión.

El objetivo del plan, que tiene como nombre 'Ahorra gas para un invierno seguro', es preparar a Europa para interrupciones en el suministro por parte del gas procedente de Rusia. El documento del plan destaca que las medidas para reducir el consumo “deben adoptarse inmediatamente y de manera conjunta” para “reducir considerablemente los riesgos de un desequilibrio entre suministro y demanda durante el próximo invierno y más allá”. 

Las recomendaciones de la Comisión giran en torno a cuatro criterios: mantener el suministro a empresas neurálgicas (salud, la seguridad o la defensa), el impacto en las cadenas de suministro, para evitar que afecte a empresas imprescindibles (farmacéutico, químico..), priorizar el corte de suministro a empresas que pueden buscar alternativas al gas y evitar el corte a instalaciones que puedan sufrir daños irreparables. Ante esta situación, la Comisión no descarta la utilización de combustibles fósiles distintos al gas, incluido el carbón, siempre que sean temporales y no comprometan los objetivos climáticos.

“Los riesgos básicamente se relacionan con la continuación de la guerra y las consecuencias que tiene esta guerra, sobre todo en el suministro de energía. Más recortes en el suministro de gas a la UE implicaría una subida de los precios aún mayor y amplificaría la fuerzas de la deflación”, reconoce Gentiloni: “Esta hipótesis, la más grave en aquel momento, implicaría que Unión Europea entraría en recesión en el segundo semestre de este año y se reduciría aún más la actividad económica el año que viene. Es necesario estar preparados ante ello, es posible que se produzca esa tormenta, pero aún no hemos llegado a ese punto. Presiones de inflación mayores implicarían peores condiciones de financiación, lo que tendría consecuencias en el crecimiento, pero también en la estabilidad financiera”.

Medidas del BCE

Al día siguiente de que la Comisión Europea presente esta propuesta, que será debatida por los ministros de Energía de los 27 en una reunión extraordinaria el martes 26 de julio, el Banco Central Europeo subirá ese cuarto de punto los tipos de interés, que puede convertirse en medio punto de subida a la vuelta del verano. Lo que persigue el BCE es intentar pinchar la escalada de los precios, aunque sea a costa de enfriar la recuperación económica ya amenazada por la guerra.

El mandato fundamental del Banco Central Europeo, con sede en Francfort, es que la inflación se mantenga próxima al 2%, pero sin superarlo. Y han bastado unos meses de precios altos, principalmente por la crisis energética, agravada por la invasión rusa de Ucrania, para que el BCE anunciara una subida de tipos de interés –la primera en 11 años–, después de que lo hicieran la Reserva Federal de EEUU y el Banco de Inglaterra. 

La inflación es el peor de los fantasmas económicos en Alemania, principal economía de la UE, país en el que tiene su sede el BCE y país cuyo Tribunal Constitucional marca de cerca a la entidad presidida por Christine Lagarde ante lo que a veces considera extralimitaciones del mandato monetario del Banco Central Europeo –ultra vires, en términos de Karlsruhe–.

La decisión de subir los tipos para desincentivar el consumo al tiempo que se incentiva el ahorro con el propósito de rebajar la inflación, llegará este jueves de la mano de otra decisión clave: el fin del programa de compra de deuda pública puesto en marcha al principio de la pandemia para rebajar la presión sobre la capacidad de maniobra de los Estados para responder a la crisis del coronavirus, con el grifo del gasto público abierto en Bruselas.

Los Gobiernos podían endeudarse, con la garantía de que esa deuda iba a ser colocada sin problemas en los mercados, porque para eso estaba, entre otros el Banco Central Europeo con sus 1,8 billones de euros disponibles. Pero el BCE ha dicho basta, igual que lo ha dicho el Eurogrupo, con la inflación récord en la eurozona, los fantasmas de Weimar acechando y con los halcones ordoliberales presionando en el seno del organismo monetario.

Este jueves el Banco Central Europeo también deberá concretar el instrumento para embridar las primas de riesgo en los países que lo necesiten anunciado en una reunión de urgencia hace un mes en Fráncfort, un mecanismo para responder, si bien no han dado pistas de sus características ni de si tendrá o no condicionalidades –como lo tuvo el OMT (Outright Monetary Transactions) diseñado por Mario Draghi, que vinculaba la actuación del BCE a recurrir al estigmatizado fondo anticrisis de la UE llamado MEDE–.

Ese nuevo instrumento antifragmentación debe tener unas sólidas bases legales para no colisionar con el siempre celoso tribunal de Karlsruhe –el Constitucional alemán–, al tiempo que debe ser flexible para poder gastar más en unas jurisdicciones que en otras –en España, Italia, Francia y Grecia, por ejemplo–.

Las turbulencias en Italia han puesto en jaque al Gobierno de Mario Draghi, que ha presentado su dimisión, a lo que han acompañado agitaciones en los mercados financieros, con impacto en la prima de riesgo italiana.

Y es que entre los posibles impactos de la crisis del gobierno de Italia para la política económica y monetaria de la UE se encuentran que el nuevo instrumento anunciado por Lagarde para reducir las presiones sobre la deuda de los países del sur, previsto para ser presentado este jueves próximo cuando el BCE anuncie la subida de 0,25 puntos de los tipos de interés, comience a usarse antes de lo previsto y pueda incluir algún tipo de condicionalidad.

Del mismo modo, si cae Draghi, es posible que Italia reciba menos margen en las negociaciones de las reglas fiscales si al frente del Gobierno se encuentra Giorgia Meloni y su partido de extrema derecha Fratelli D'Italia. También está por ver cómo afecta eso al plan de recuperación, un banco de pruebas para emitir más deuda conjunta en la UE: si Roma lo malbarata, postergará una mayor integración fiscal de la UE en los próximos años.

Aguas turbulentas. Incertidumbre. Riesgos. “Caos bajo las estrellas”. Europa intenta ponerse en guardia ante la crisis que se avecina.

El mercado de deuda vuelve a ser epicentro de las preocupaciones económicas de España. Los costes de financiación están subiendo, tras años en mínimos históricos, y en la eurozona las miradas se vuelven hacia los estados más sobreendeudados, como es el caso de nuestro país, de Italia, de Portugal, de Grecia... Los mismos que protagonizaron la crisis del euro desde 2010, y cuyas poblaciones sufrieron las consecuencias económicas y sociales de la austeridad que vino después, en pack con los 'rescates'.

Esa es exactamente la amenaza que miden las primas de riesgo: cuánto más se le encarece la deuda a España y compañía respecto a Alemania, que es considerado el socio mejor pagador. Eso sí, la situación ahora es bastante diferente a la de hace una década, pese a que el Banco Central Europeo (BCE) haya decidido retirar la mayor parte del apoyo monetario para dejar de alimentar la inflación (el mandato de la institución). Primero, terminará este mes los programas de compras “netas” de bonos, aunque seguirá reinvirtiendo los vencimientos de los que ha acumulado y prepara un mecanismo 'anti fragmentación', del que se desconocen los detalles y se teme que implique condicionalidad (otra forma de nombrar las exigencias de austeridad). Después, empezará a subir los tipos de interés de referencia desde julio.

La situación es diferente porque la voluntad de las instituciones europeas ha cambiado y, sobre todo, porque las inmejorables condiciones de financiación de los últimos años hacen que las facturas de intereses de cada ejercicio sean muy inferiores en general (de cerca del 2% frente al 3,7% de 2013, en el caso de nuestro país), y que las previsiones no las vean mucho más elevadas en el medio plazo. Mientras, la actividad económica sigue en plena recuperación, pese al freno que suponen la guerra y la propia inflación, con España liderando las tasas de crecimiento en la UE, según se van desplegando los fondos de recuperación.

Un actor clave en este delicado proceso de endurecimiento de los costes de la deuda es el Tesoro Público: la institución encargada de salir al mercado para emitir los bonos con los que nuestro país financia el gasto público que excede a los ingresos (el déficit), de atender las refinanciaciones de la deuda que va venciendo y de garantizar que siempre haya dinero en caja para afrontar los compromisos de la Administración. Una tarea técnica pero crucial para controlar la factura de intereses del Estado (ver gráfico).

El Tesoro emite la deuda de España en el mercado primario. El BCE no puede acudir a esas colocaciones por reglamento, por lo que donde actúa la institución europea es en el mercado secundario. Es decir, compra los bonos que ya han adquirido los financiadores de nuestro país (fondos de inversión, bancos, aseguradoras, inversores particulares...) con ciertas limitaciones (proporcionalidad respecto al resto de socios de la eurozona, por ejemplo).

Así, el BCE ha garantizado la demanda de la deuda de España durante años, incluso compró lo equivalente a todo el déficit de 2020 y 2021 y algo más, ejercicios marcados por la extraordinaria crisis de la pandemia de COVID. Un apoyo histórico gracias al que el Tesoro ha conseguido reducir el coste de la deuda a mínimos (ver gráfico siguiente).

Con la retirada de la institución europea del mercado, el Tesoro redobla su importancia. Un papel que cobra su mayor relevancia en las colocaciones sindicadas. Estas emisiones de bonos, al margen de las subastas de deuda ordinarias, son estratégicas para España, y se sindican (se pactan) para asegurar un plazo elevado (10 años o más de vencimiento), la calidad de los tenedores (intentando evitar a los especuladores y la volatilidad) y una cantidad importante de dinero de una sola tacada.

Elegir el momento adecuado

Una de las principales claves de una emisión sindicada es elegir el mejor momento posible para realizarla. No es una tarea fácil. España incluye en su estrategia hacer al menos una a principios de año, otra mitad al vencimiento de referencia, 10 años, y otras dos más a plazos mayores.

La última la realizó el 7 de junio. ¿Por qué? Era previsible que la comunicación del Banco Central Europeo (BCE) tras su reunión del 9 de junio encareciera la deuda en el mercado secundario. Y el Tesoro Público acertó: ese día se anunció una primera subida de los tipos de interés oficiales en la eurozona de 0,25 puntos básicos en julio, y los rendimientos de los bonos de España, de Italia o de Alemania se dispararon. El de nuestro país llegó a superar el 3% por primera vez desde 2014 durante la semana pasada.

Haber elegido una fecha posterior para realizar la emisión sindicada hubiera significado un coste mucho mayor. El 7 de junio, España consiguió colocar 8.000 millones de euros a 10 años al 2,55%. También fue importante no coincidir con la subasta que tenía prevista Alemania el 8 de junio para levantar una demanda de 40.000 millones y “de calidad”, según explicó el propio Tesoro, que siempre defiende la ventaja de ser un “emisor predecible”.

Coordinación europea

El director general del Tesoro de España, Pablo de Ramón-Laca, es también presidente del subcomité del Comité Económico y Financiero de la UE en el que de manera informal se negocian los tiempos para salir al mercado entre los emisores que compiten por el mismo dinero y los mismos inversores, como Italia, Bélgica, Portugal, España o incluso Francia.

En este subcomité se intenta impedir que estos socios coincidan en la misma semana y se “quiten” fondos o inversores que pueden estar interesados en la deuda de unos o de otros. Aunque no siempre se consigue. En mayo de 2020, ante las urgentes necesidades de financiación por la crisis de la COVID, Italia y España emitieron bonos con solo un día de diferencia, lo que redujo drásticamente la demanda, incluso pese a que el BCE había anunciado el programa de compras de emergencia semanas antes.

La rotación de los bancos colaboradores

Otra clave de una emisión sindicada son los conocidos como creadores de mercado. Se trata de un grupo de alrededor de 20 bancos nacionales e internacionales que tiene privilegios y deberes respecto a la emisión de deuda de España, regulados por orden ministerial. De ese grupo, para cada colocación el Tesoro elige a seis entidades (en la última fueron Barclays, BBVA, Crédit Agricole, Deutsche Bank, JPMorgan y Morgan Stanley), que se encargan de avisar y contactar con los inversores (fondos de inversión, gestoras, aseguradores, particulares...) y que cobran comisiones por esta tarea. Estos directores de las colocaciones van rotando para garantizar que España tiene acceso a la mayor parte del mercado. Por otra parte, todo el grupo está comprometido a ofrecer los bonos de España en el mercado secundario en todo momento.

Tensión por cada millón de intereses

El Tesoro Público puede decidir realizar una emisión sindicada con la firma del secretario de Estado, un cargo que actualmente ocupa Carlos Cuerpo, “aunque es una operación que revisa la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño”, apuntan fuentes de la institución. Primero, España anuncia la cantidad de deuda y el plazo en la plataforma habitual, IIIA. Una información que inmediatamente después llega a las agencias especializadas en mercados financieros, como son Bloomberg o Reuters.

Horas más tarde el Tesoro abre “libros”, donde se recogen las ofertas por la deuda que España ha decidido emitir, con la referencia de cómo cotiza el último bono colocado al mismo plazo más “una prima” de algunos puntos básicos, cerca de los 10 enteros. El Tesoro intenta entonces que esta prima sea lo menor posible sin espantar la demanda. Reducir un solo punto puede hacer que desaparezcan miles de millones de peticiones, pero también un ahorro de varios millones de euros en la factura de intereses que cada año afronta el estado.

Evitar a los especuladores

Cuando el Tesoro ya conoce todas las peticiones, también tiene que realizar dos procesos: el de reconciliación y el de clasificación. El primero tiene que ver con comprobar que en el listado “todo el mundo sea quien dice ser”, señalan fuentes conocedoras del mercado de deuda. Es habitual que los especuladores –conocidos como 'hedge funds', en inglés, o fondos de cobertura– se oculten tras nombres poco sospechosos de buscar ganancias rápidas comprando y vendiendo bonos –lo que en la jerga financiera se denomina 'trading'–.

A los estados les interesa descubrir a estos 'hedge funds' –aquí colaboran los bancos creedores de mercado– porque son los considerados como financiadores de peor calidad, ya que si compran grandes cantidades de deuda de España en el mercado primario podrían intentar venderlas casi al momento en el mercado secundario bajo estrategias cortoplacistas, encareciendo el coste de la deuda y, sobre todo, generando volatilidad y desconfianza.

Así, la clasificación pretende evitar a estos especuladores en la colocación del paquete de deuda y sobreponderar a fondos soberanos, con estrategias de largo plazo como el de Japón o el de Noruega, a fondos de pensiones o a gestoras y bancos con productos conservadores. Entre estos últimos, también puede haber interés por hacer 'trading', al ser entidades que también comercializan productos agresivos. Finalmente, se cierra el interés de las colocaciones a través de una llamada grabada con valor de contrato.

No es la crisis de deuda

En un contexto como el actual, de endurecimiento generalizado de las condiciones de financiación (también de las hipotecas y de todo tipo de préstamos), no solo es importante que España parta de un coste en mínimos históricos, sino también haber conseguido un vencimiento medio en máximos.

España tendría 8 años para renovar toda su deuda, frente a los 7 años de Italia y Portugal. Nuestro país ha aprovechado el apoyo del BCE para alargar la vida de su deuda en conjunto, lo que se conoce como vencimiento promedio. Esto es un claro argumento de estabilidad: hay tiempo para refinanciar los diferentes bonos sin tener que hacer grandes esfuerzos en el peor momento, como ocurrió en 2012, cuando se emitieron bonos a más del 5% en el mercado primario.

Este martes, el interés que se exige a la deuda de España con vencimiento a 10 años (el bono de referencia para los países en el mercado secundario) superó el 3% por primera vez desde mayo de 2014. Las condiciones de financiación se están endureciendo en todo el mundo. Por supuesto, también en la eurozona por la descontrolada aceleración de la inflación y, como consecuencia, por la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de dejar de comprar el déficit [la diferencias entre el gasto y los ingresos] de los estados y de subir los tipos de interés oficiales (y por tanto de los préstamos o las hipotecas) desde julio (tras casi 8 años en el 0%).

El BCE afronta una situación muy delicada. Al encarecer la deuda y dejar de inyectar dinero, la línea que separa la capacidad del banco central de contener la inflación o de acabar ahogando a las economías más endeudadas, como España, Italia o Portugal, es muy fina. Incluso, la institución convocó una reunión de urgencia este miércoles para calmar los ánimos. Tras ella, anunció que está trabajando en un mecanismo para que las primas de riesgo de estos países periféricos (el diferencial del interés de sus bonos de referencia respecto al de Alemania) no se disparen. O lo que es lo mismo, para que no se les encarezca mucho más la factura de la deuda que a los estados más disciplinados fiscalmente.

El riesgo final es acabar provocando una crisis como la de 2010 y 2012, cuando tembló el euro y los rescates financieros condenaron a estos países periféricos de la Unión Europea a años de contraproducente austeridad, con el interés del bono de nuestro país llegando a superar el 7%.

En esta ocasión, los que entonces fueron denominados PIIGS (los cerdos Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, por sus siglas en inglés) están todavía más sobreendeudados que entonces —sobre todo por las necesidades de gasto público que ha exigido la pandemia de COVID—. Sin embargo, las inmejorables condiciones de financiación de los últimos años hacen que la factura de intereses al año sea muy inferior (de cerca del 2% frente al 3,7% de 2013, en el caso de nuestro país), y que las previsiones no la vean mucho más elevada en el medio plazo.

De hecho, España encara la subidas de los tipos de interés en una posición más favorable que Italia y Portugal por distintas razones, que, al mismo tiempo, favorecen que esta factura de intereses no vaya a crecer de forma preocupante.

Vida de 8 años

Uno de estos motivos es que España tendría 8 años para renovar toda su deuda, cuyo coste medio está en el mínimo histórico del 1,57%, frente a los 7 años de Italia y Portugal. Nuestros país ha aprovechado el apoyo del BCE para alargar la vida de su deuda en conjunto, lo que se conoce como vencimiento promedio. Esto es un claro argumento de estabilidad: hay tiempo para refinanciar los diferentes bonos sin tener que hacer grandes esfuerzos en el peor momento, como ocurrió en 2012, cuando se emitieron bonos a más del 5% en el mercado primario.

Las emisiones nuevas siguen por debajo del coste medio

Irremediablemente, el coste de las emisiones nuevas de deuda de España han aumentado en los últimos meses, hasta superar ligeramente el 1% de media en mayo, un máximo desde 2014. La escalada desde las inmediaciones del 0% de los últimos tiempos no es una alarma, porque estas colocaciones nuevas siguen siendo más baratas que el coste medio de toda la deuda en circulación —del 1,57% (en el gráfico siguiente)—. La agencia de calificación Moody's calcula que este diferencial favorable es mayor que para Italia, y que Portugal mejora el de ambos.

Menor dependencia de la banca doméstica

Moody's también destaca la menor dependencia de nuestro país de la banca doméstica. El porcentaje de la deuda pública en manos de entidades financieras nacionales se ha reducido en los últimos años, mientras que en Italia se ha mantenido estable. Una relación estrecha entre Estado y banca supone un elevado riesgo de contagio, que, como ocurrió desde 2010, acaba por repercutir en toda la economía. Esta amenaza es ahora mucho menor en España.

Más popularidad entre los inversores y fondos extranjeros

“Los extranjeros aún tienen que volver a la deuda portuguesa, pero son compradores clave en España; Italia depende más del BCE y de sus bancos”, resume la agencia de calificación crediticia. Nuestro país es el único de estos tres periféricos que ha atraído demanda de fuera de sus fronteras que serviría para sustituir en parte al insustituible banco central, que reducirá su participación en el mercado desde julio, con la finalización de las adquisiciones “netas” de bonos.

El BCE inició los programas de compra de deuda para favorecer la salida de la Gran Crisis Financiera de 2008, y desde 2020 ha cubierto todas las necesidades de financiación de España y en general del conjunto de la eurozona, con un programa específico por el comienzo de la invasión de Ucrania, en un ejercicio histórico de contestación común, incluso más relevante que los fondos de recuperación Next Generation. Ha comprado el déficit, es decir, todo lo que ha habido que gastar y que los ingresos no cubrían, como partidas extraordinarias como los ERTE, el ingreso mínimo vital (IMV), las rebajas de impuestos a la electricidad o el descuento a los carburantes.

Hay que entender que con finalizar las compras “netas”, el BCE quiere decir que se deja margen para ir reinvirtiendo los vencimientos de toda la deuda que ha comprado en los últimos años. Es decir, no creará más dinero, pero seguirá interviniendo en el mercado. Y, además, según confirmó este mismo miércoles, lo hará con “flexibilidad”, comprando más deuda de Italia y España mientras trabaja en el “nuevo” mecanismo para controlar las primas de riesgo.

Pocos bonos ligados a la inflación

Por último, España tiene menos peso de los bonos ligados a la inflación —en los que el interés que tiene que pagar el estado está indexado al IPC (Índice de precios de consumo)—, respecto a la deuda total, que Italia. “Cada aumento de un punto porcentual en la inflación añade 1.800 millones de euros (0,1% del PIB) en costes de intereses para Italia y 600 millones de euros para España (0,05% del PIB)”, destaca Moody's.

España pagó 26.805 millones de euros en intereses en 2021, un 2,15% del PIB. Y en 2020 la factura fue de 25.237 millones, un mínimo desde 2010. En 2013, tras el rescate a la banca en el verano anterior, el gasto en intereses de la deuda rozó los 37.000 millones, un 3,7% del PIB.

La memoria pesa. El mandato fundamental del Banco Central Europeo, con sede en Francfort, es que la inflación se mantenga próxima al 2%, pero sin superarlo. Y han bastado unos meses de precios altos, principalmente por la crisis energética, agravada por la invasión rusa de Ucrania, para que el BCE anunciara una subida de tipos de interés –la primera en 11 años–, después de que lo hicieran la Reserva Federal de EEUU y el Banco de Inglaterra.

¿Y por qué pesa la memoria? Porque en Alemania aún vive el recuerdo de la inflación desbocada y descontrolada de hace 100 años en la República de Weimar, síntoma de una crisis económica y política en la que anidó el nazismo y, con el nazismo, todo lo que vino después en términos de muerte y destrucción. La inflación es el peor de los fantasmas económicos en Alemania, principal economía de la UE, país en el que tiene su sede el BCE y país cuyo Tribunal Constitucional marca de cerca a la entidad presidida por Christine Lagarde ante lo que a veces considera extralimitaciones del mandato monetario del Banco Central Europeo.

La decisión de hace una semana del Banco Central Europeo de subir los tipos para desincentivar el consumo al tiempo que se incentiva el ahorro con el propósito de rebajar la inflación, vino de la mano de otra decisión clave para lo que se ha vivido este miércoles: el anuncio de que se pone fin al programa de compra de deuda pública puesto en marcha al principio de la pandemia para rebajar la presión sobre la capacidad de maniobra de los Estados para responder a la crisis sanitaria, social y económica del coronavirus con el grifo del gasto público abierto en Bruselas.

Los Gobiernos podían endeudarse, con la garantía de que esa deuda iba a ser colocada sin problemas en los mercados, porque para eso estaba, entre otros el Banco Central Europeo con sus 1,8 billones de euros disponibles.

Pero el BCE, la semana pasada, dijo basta, con la inflación récord en la eurozona, los fantasmas de Weimar acechando y con los halcones ordoliberales presionando en el seno del organismo monetario.

Porque la memoria pesa. Y pesa desde el momento en que la UE de ahora quiere escaparse de la UE de hace una década; la Comisión Europea de Ursula von der Leyen no quiere estar asociada a la de tiempos pasados en los que se decretaban sacrificios económicos a través de la troika –con BCE y FMI– y se hundían países como Grecia como medio para reducir la deuda y el déficit. Ese cambio de paradigma que se ha intentado generar en la gestión de la crisis del coronavirus, con gasto público, reglas fiscales suspendidas y recursos del BCE se encuentra en una encrucijada por el impacto de la guerra y el efecto bumerán de las sanciones en forma de precios energéticos disparados y carestía de alimentos en partes del planeta.

Y el peso de la memoria crece. ¿Por qué? Porque a los fantasmas de la inflación, Weimar, recortes, troika, austeridad y hombres de negro, este miércoles se ha sumado el de la prima de riesgo. Aquel concepto que llenaba titulares no ya de periódicos, sino de boletines horarios de radio; aquel concepto que describía las dificultades para colocar la deuda en países como España, Italia o Grecia en comparación con Alemania y los nórdicos, lo que permitió a aquel inolvidable presidente del Eurogrupo holandés (y socialdemócrata), Jeroen Dijsselbloem, quien llegó a decir que en el sur el dinero se dilapidaba en “mujeres y alcohol”.

“Instrumento contra la fragmentación”

Han sido suficientes unas horas de primas de riesgo elevadas en Italia y en España para que el Banco Central Europeo convocara una reunión de urgencia para analizar la situación. Y de la reunión sólo ha salido un mensaje: crearemos un instrumento para embridar las primas de riesgo en los países que lo necesiten. Es decir, han corrido a decir que crearán un mecanismo para responder, si bien no han dado pistas de sus características, que debe tener unas sólidas bases legales para no colisionar con el siempre celoso tribunal de Karlsruhe –el Constitucional alemán–, al tiempo que debe ser flexible para poder gastar más en unas jurisdicciones que en otras –en España, Italia, Francia y Grecia, por ejemplo–. Y, además, aún falta por conocer el volumen de ese instrumento: cuánto dinero está dispuesto a destinar el BCE a sostener las deudas de los países con mayores dificultades para endeudarse. Sólo dice, en su propio lenguaje: “El Consejo de Gobierno ha decidido encomendar a los comités del Eurosistema y a los servicios del BCE pertinentes que aceleren la finalización del diseño de un nuevo instrumento contra la fragmentación”.

El BCE, además, ha decidido este miércoles reinvertir los bonos que adquirió por la pandemia cuando vayan venciendo, lo que permitiría comprar deuda de Estados cuya prima de riesgo se dispare para rebajar los intereses. 

“Es muy positivo que el BCE haya tomado medidas eficaces para que no se produzca una fragmentación en el mercado de la deuda pública del euro”, explican fuentes del Ejecutivo español: “El BCE acentúa la credibilidad de los mensajes, se ha mostrado dispuesto a tomar las medidas necesarias para evitar esta fragmentación financiera que puede acabar afectando a la política monetaria. Esta acción decidida en momentos de volatilidad es compatible con una política monetaria previsible”.

Según Axel Botte, estratega global de Ostrum AM, la nueva estrategia del BCE pasaría por “una orientación más explícita sobre el uso de los ingresos del programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP). El BCE podría reinvertir los ingresos de los bonos antes de los reembolsos en momentos de tensión en el mercado y apartarse de la actual asignación por países. El Riksbank de Suecia ya utilizó esta estrategia de reinversión anticipada en el pasado. Es poco probable que se establezca un objetivo o un techo explícito de rendimiento, pero a juzgar por la reacción del BCE ante el rendimiento del 4% de los bonos italianos a 10 años (convocando una reunión de emergencia), podría ser así. En esencia, los ingresos del PEPP podrían ponerse en común para luchar contra los riesgos de asimetría/fragmentación, como el endurecimiento indebido de las condiciones monetarias en las economías periféricas (la principal de ellas, Italia)”.

La prima de riesgo de Italia, España y otros países periféricos, que mide el diferencial entre el bono alemán a diez años y los de esos países, se ha situado estos días en niveles de mayo del 2020: las primas de riesgo se disparan por la liquidez del mercado, por la especulación o por la incertidumbre elevada.

Y es que, en efecto, la memoria pesa. Y pesa el hecho de que, en la anterior crisis, se tardara demasiado en responder y se prefiriera cuadrar los números macroeconómicos aunque eso supusiera lastrar el crecimiento de los países. Y, ahora, en ese cambio de paradigma que se intenta consolidar, las instituciones europeas insisten en la necesidad de no “retirar los estímulos” demasiado pronto, para así no truncar la recuperación de la crisis del coronavirus que, en países como España, aún no está en niveles prepandémicos.

“Primas de riesgo excesivas e injustificadas”

En este sentido, Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital, señala que “el BCE intenta anticiparse a un potencial empeoramiento de la situación de los mercados de acciones y, sobre todo, de bonos, ambos muy ligados en estos momentos. La reunión extraordinaria, y el mensaje derivado de ella, demuestran la firme voluntad de hacer lo necesario para evitar la tan comentada fragmentación de la UE con la deuda soberana con rentabilidades muy dispares entre los países de la Eurozona”.

Ahora bien el analista de iCapital especifica que la actuación del BCE también responde a la idea de “frenar unas primas de riesgo excesivas e injustificadas actualmente de acuerdo con los fundamentos económicos de los principales países de la Eurozona”.

Este jueves se reúne en Luxemburgo el Consejo de Política Social –EPSCO– con los ministros de Trabajo de la UE, y, por la tarde, el Eurogrupo, con los ministros de Economía de la zona del euro. En la reunión del Eurogrupo participará la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. “Se está dando un importante punto de inflexión en la política monetaria. Su senda tiene implicaciones importantes para la política fiscal y escucharemos con interés a la presidenta del BCE”, afirma una fuente comunitaria. De hecho, como explica Alberto Matellán, economista jefe de Mapfre Inversión, “la verdadera enfermedad no puede ser resuelta por las autoridades monetarias, sino por un compromiso político mucho más amplio” .

“El control de la situación por parte del BCE podría ser relativamente alto en términos monetarios, pero muchos desarrollos macro o de mercado no pueden ser controlados sólo con herramientas monetarias. Hasta ahora, el escenario macro no parece tan malo como para que cunda el pánico. La nueva herramienta del BCE parece, pues, más una preparación para seguir subiendo durante algunos meses más, más que una necesidad real”, concluye el economista jefe de Mapfre Inversión.

El BCE anuncia un nuevo mecanismo para frenar la escalada de las primas de riesgo tras reunirse de urgencia este miércoles “para discutir las condiciones actuales del mercado”. Según el comunicado del Banco Central Europeo, después de una reunión de tres horas de su Consejo de Gobierno, la entidad se compromete “a actuar contra los riesgos de fragmentación”, es decir, ante los riesgos de que haya países que sufran mucho más que otros para colocar su deuda: “La pandemia ha dejado vulnerabilidades duraderas en la economía de la zona del euro que, de hecho, están contribuyendo a la transmisión desigual de la normalización de nuestra política monetaria entre jurisdicciones [países]”.

“A raíz de esta evaluación”, dice el BCE, “el Consejo de Gobierno ha decidido aplicar flexibilidad en la reinversión de los reembolsos vencidos en la cartera de PEPP [el plan de compra de deuda pública lanzado durante la pandemia], con el fin de preservar el funcionamiento del mecanismo de transmisión de la política monetaria, una condición previa para que el BCE pueda cumplir con su mandato de estabilidad de precios [mantener la inflación en torno al 2%]”.

Además, el Consejo de Gobierno ha decidido “acelerar la finalización del diseño de un nuevo instrumento antifragmentación para su consideración por parte del Consejo de Gobierno”. Es decir, un nuevo instrumento de compra de deuda para ayudar a países como Italia y España, mientras se usan las reinversiones de los vencimientos para comprar más a Italia, España y Portugal con el fin de relajar las primas de riesgo.

El anuncio se produce después de que el rendimiento de la deuda a 10 años de Italia subiera por encima del 4% por primera vez desde 2014 esta semana, lo que da indicios de que los inversores no están convencidos de que el BCE pueda aumentar los costes de endeudamiento y mantener los rendimientos de los bonos de los miembros más vulnerables de la región al mismo tiempo.

El encuentro ha tenido lugar después de que las rentabilidades exigidas a los bonos de Italia o España hayan alcanzado esta semana niveles de 2014, por encima del 4% en el caso de la deuda transalpina a diez años y del 3% en el de la española.

No obstante, el rendimiento del bono español a diez años bajaba al comienzo de la sesión de este miércoles hasta el 2,942%, tras concluir la jornada del martes en el 3,098%. Asimismo, el interés del bono italiano a diez años también bajaba notablemente y se situaba en el 3,972%, frente al 4,219% del cierre del martes.

La rentabilidad del bono español a diez años, que hace un año era del 0,395% y que en diciembre de 2020 llegó a entrar en territorio negativo como consecuencia de la intervención del BCE, ha registrado un fuerte aumento desde finales del pasado mes de enero ante el giro de la política monetaria de los bancos centrales en respuesta a la escalada de la inflación.

Por su parte, el bono alemán ofrecía este miércoles una rentabilidad del 1,718%, reduciendo la prima de riesgo de la deuda española equivalente hasta los 123 puntos básicos, tras superar ampliamente los 130 puntos básicos el martes.

La representante alemana en el directorio del BCE, Isabel Schnabel, subrayaba este martes que el organismo no va “tolerar” que se produzca un incremento desordenado de las primas de riesgo. “No vamos a tolerar cambios en las condiciones de financiación que vayan más allá de los factores fundamentales y que amenacen a la transmisión de la política monetaria”, afirmó Schnabel durante su intervención en un acto en París, informa Europa Press.

La semana pasada, el BCE anunció que tiene la intención de subir los tipos de interés en un cuarto de punto en julio, como paso previo a una nueva subida en septiembre para luchar contra la inflación disparada. La institución no ha aumentado los tipos en más de una década. El euro ha subido un 0,6%, a 1,0475 por dólar, tras el anuncio de la reunión.

En efecto, el BCE anunció el jueves pasado una primera subida de tipos de 0,25 puntos en julio, rompiendo la tendencia de la ultima década, y el fin de las compras de deuda pública iniciadas al principio de la pandemia, ante la escalada de precios reflejada en cifras récord de inflación en la eurozona. En todo caso, el BCE afirma en relación con el programa de compras de emergencia por la pandemia (PEPP): “ Las compras netas en el marco del PEPP también podrían reanudarse, si fuera necesario, para contrarrestar las perturbaciones negativas relacionadas con la pandemia”.

“La alta inflación es un gran reto para todos”, sostuvo el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) la semana pasada, que afirmaba que “se asegurará de que la inflación vuelva a su objetivo del 2% a medio plazo”.

“En mayo, la inflación volvió a aumentar significativamente, principalmente debido al incremento de los precios de la energía y los alimentos, también por el impacto de la guerra”, decía el organismo presidido por Christine Lagarde: “Pero las presiones inflacionarias se han intensificado, con un fuerte aumento de los precios de muchos bienes y servicios”.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha equivocado de lleno en su primera intervención en el Senado durante la sesión de control al Gobierno. En su prédica frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Núñez Feijóo ha apuntado que la prima de riesgo está “en 250”, pero la realidad es que el diferencial entre el bono alemán y el español está a menos de la mitad de lo que ha mencionado en líder de la oposición, 113 puntos básicos.

“Esta mañana se ha intentado colocar 8.000 millones de euros en el Tesoro, ya estamos pagando la prima de riesgo a 250 puntos, la más alta desde verano de 2014”, es lo que ha dicho Feijóo durante su primera intervención en la Cámara Alta. El presidente del PP ha centrado el primer duelo parlamentario con Pedro Sánchez en la situación de la economía española.

Pero es que ni siquiera ha acertado con este indicador en 2014. La realidad es que la prima de riesgo en ningún momento estuvo en 2014 en los niveles que señala Feijóo. De hecho, ese año el punto álgido de este indicador de riesgo sobre la economía llegó a los 213 puntos como su pico más alto. En el verano de 2014 estuvo bailando entre los 142 y los 135 puntos durante los meses de julio y agosto, para terminar el año en 107 puntos.

La pifia de Núñez Feijóo ha sido rápidamente respondida por el Gobierno. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha acusado este martes el líder del PP de “confundir” el tipo de interés con la prima de riesgo.

Calviño ha asegurado que la “subasta realizada este martes ha tenido un resultado positivo y ha tenido una demanda de cuatro veces la oferta que planteaba el Tesoro público y que se ha cerrado del 2,4%, estando la prima de riesgo ligeramente por encima de los 100 puntos básicos”.

Calviño ha recalcado que el error del presidente del PP “pone de relieve que tiene que rodearse de mejores asesores en el ámbito económico”. Asimismo, la vicepresidenta primera considera que este primer duelo entre Sánchez y Feijóo “ha sido ilustrativo”, reivindicando que el jefe del Ejecutivo “ha explicado con claridad y solvencia la acción del Gobierno y su visión de futuro”. Según ha dicho, Feijóo le ha “decepcionado” porque “es más de lo mismo”.

En la réplica a la intervención del Partido Popular, Calviño ha resaltado la “determinación” del PP por querer erosionar la imagen de España. “Podría parecer un error menor, pero no lo es porque demuestra la determinación de arrojar dudas sobre nuestro país y atacar la confianza en España”, ha asegurado Calviño.

Frente a esto, la titular económica del Gobierno ha asegurado que no “va a tolerar” que el PP siga tratando de arrojar dudas que lleven a una “pérdida” de confianza con respecto a España. “A ver si empiezan a hacer una oposición útil, que es lo que se merecen todos los ciudadanos españoles”.

17 de noviembre de 2011. Faltan tres días para las elecciones generales, marcadas por la crisis financiera internacional que había estallado tres años antes y comenzaba a hacer estragos en la economía española. El Tesoro acude al mercado para colocar bonos de deuda a 10 años. La colocación pasa a la historia por ser la peor para España: se venden títulos por 3.563 millones de euros con un tipo de interés que supera el 7%. Los analistas y las distintas informaciones apuntan que el país bordea un rescate financiero.

10 de diciembre de 2020. La pandemia del coronavirus ha provocado una de las mayores crisis económicas de la historia y el PIB español va camino de cerrar su peor año en décadas, con una previsión del Gobierno que supera una caída del 11,2%. El Tesoro realiza una nueva subasta de bonos a 10 años y coloca títulos por 921 millones de euros a un tipo de interés del -0,016%. Por primera vez, un bono español a diez años se coloca en negativo y el Estado cobrará por que le presten dinero, algo que nunca antes había ocurrido.

Entre ambas fechas hay poco más de nueve años de diferencia con dos crisis que generan un fuerte endeudamiento para las arcas del Estado. Sin embargo, ambas crisis se han producido con dos costes de deuda muy diferentes. El nivel alcanzado en aquella subasta de 2011 nunca se volvió a repetir, aunque durante los siguientes meses, incluso años, cada vez que el Estado acudía a los mercados a financiarse veía cómo tenía que aceptar el pago de intereses que se situaban entre el 4% y el 5% o que llegaban a superar el 6%. El principal impacto para las cuentas públicas fue que, además de ver que la deuda pasaba de niveles cercanos al 60% a rondar el 100% del PIB, buena parte de los presupuestos se tenían que destinar únicamente a cumplir con los intereses de este endeudamiento.

Fue en aquellos años cuando se hizo famosa la prima de riesgo, un diferencial que compara en el mercado el coste de endeudamiento de un país frente a Alemania, la deuda que se entiende de mayor calidad en Europa. Meses después de aquella negativa subasta de deuda, España alcanzaba en el verano de 2012, al tiempo que se anunciaba el rescate financiero, una prima de riesgo que superaba los 600. En resumidas cuentas, al coste de la deuda alemana había que sumarle otros seis puntos. Solo países como Italia, Grecia o Portugal se situaban por encima en este índice que llegó a tomarse como referencia de la credibilidad del mercado en la economía de un Estado.

Sin embargo, la actual crisis ha llegado con otra imagen de España en los mercados, a lo que ha acompañado una manga ancha por parte del BCE en la compra de deuda. El hito alcanzado por el Tesoro este jueves llega después de que el Estado hubiera alcanzado distintos mínimos en la colocación de su deuda, aunque nunca se había alcanzado un interés negativo en lo que se refiere a los bonos a diez años. Sí se había producido en aquellos títulos con un vencimiento menor, pero los realizados a una década suelen situarse como referencia. En octubre, la anterior colocación que había realizado el Estado, se había pagado un 0,23%.

La foto de la prima de riesgo también es muy distinta a la de entonces. Este jueves se situaba en los 64 puntos, una décima parte de los peores niveles alcanzados en aquella anterior crisis económica. Lleva semanas en unos niveles muy similares, entre los 60 y los 70 puntos, sensiblemente por debajo de Italia, Grecia, Reino Unido o Noruega, donde se superan los 100 puntos. Hasta este año, España no tenía estos niveles de prima de riesgo desde 2008, antes de que la caída de Lehman Brothers desencadenara el estallido de la crisis financiera.

¿Qué ha llevado a España a estar en esta situación situación? Diego Morín, analista de IG España, señala que la situación del bono español ha cotizado en “continuos mínimos” debido a los programas de compra de activos del BCE con el objetivo de estabilizar los mercados. “Estamos viendo que el BCE busca que los países de la UE puedan cubrirse de financiación debido a la situación del coronavirus”, apunta, señalando que bancos y fondos de renta fija “han realizado fuertes apuestas por la deuda pública”. De este modo se ha evitado la austeridad que se produjo en la anterior crisis.

El BCE amplía la compra de activos

El impulso que ha dado el BCE a las compras de deuda se ha prolongado este jueves, cuando su presidenta Christine Lagarde ha anunciado que incrementará el programa de adquisición de activos en 500.000 millones, alcanzando 1,85 billones de euros hasta 2023. Pero al apoyo logrado por estas medidas se suma, según apunta Morín, que “muchos fondos y planes de pensiones se ven obligados a comprar deuda pública” en la “búsqueda de refugio” ante las expectativas que hay en el mercado de inflación y tipos de interés. Algunos inversores apuestan por comprar bonos soberanos, muchos más fiables que otros activos, incluso cuando estén con una rentabilidad negativa en épocas de crisis económica.

Andrés Aragoneses analista de Singular Bank destaca que el camino que ha llevado a que el Tesoro llegue a cobrar por la deuda a largo plazo “se lleva dibujando en los últimos años”, debido a la tendencia a la baja del nivel de precios y la inflación, acelerada por la crisis del coronavirus, lo que ha obligado a los programas de estímulo “sin precedentes” por parte del BCE. “Esto no significa que el riesgo de crédito de la deuda soberana se encuentre también en mínimos históricos, sino que las circunstancias del mercado secundario de deuda ha provocado este movimiento por parte de los inversores por adquirir deuda soberana”, aclara. Poderse financiar a un bajo coste o, incluso, cobrando, permite una “flexibilidad”  a los Estados en un momento en que caen los ingresos y el gasto público se dispara por las repercusiones de la COVID-19 y los programas de estímulo.

España no es una excepción en Europa. La mayor parte de los países ya venden sus bonos a 10 años a tipos de interés negativo, algo que hace tiempo estaba reservado únicamente a Alemania y pocos estados más. Incluso aquellos países periféricos que fueron más problemáticos para la zona euro durante la anterior crisis financiera, con rescates millonarios y recortes drásticos, están viendo en los últimos meses cómo desciende el coste de su deuda. Portugal vendió esta semana su primer bono a 10 años con una rentabilidad negativa, mientras que Italia o Grecia también se aproximan al 0%, aunque todavía en el territorio positivo.

Estas colocaciones de deuda por parte del Tesoro, ya sea de España o de otros países, se realizan periódicamente en el mercado primario de deuda, mientras que en el secundario los inversores que han adquirido esos bonos pueden comerciar con ellos sin esperar a su vencimiento. En este segundo mercado, la deuda española todavía cotiza con un interés positivo. Este jueves cotizaba en el 0,039%, aunque en algunos momentos de la sesión, antes de que el BCE anunciase nuevas compras, llegó a bordear el 0%, cotizando en el 0,002%. Las grandes economías de la zona euro ya cotizan en negativo, a falta de España, Italia o Grecia, entre otros.

La subasta ha supuesto un motivo de celebración en el Gobierno, que no tardó en destacar que por primera vez el Estado vaya a cobrar por recibir dinero prestado. No en vano, era la primera vez que acudía a los mercados a financiarse después de que se aprobasen la semana pasada los primeros Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Fuentes del Ministerio de Asuntos económicos defendieron que se “ratifica” la “confianza de los inversores en la eficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno español”. A ello añadieron que colocar deuda con interés negativo supone “un mensaje de confianza en la recuperación y futuro de la economía española”.

Juan apura el afeitado con la hojilla que deja marca -la más barata- imaginando las bromas en la oficina: “Eh, ¿te afeitas a oscuras?”. Se viste digno, con zapatos castigados pero diligentemente abetunados. Cambia el Prozac por tilas pues ni tiempo tiene, se dice, de médicos. Cierra los puños. Mira el espejo. Sonríe.

Cumple su jornada y las que quedan. Se despide de sus compañeros. Nunca toma café ni pulguita con ellos. Dice que está a dieta. Al girar la esquina, sonriendo, cambia de rumbo y de ropa. Destino: comedor social. La única comida del día.

Sin franja para ayudas sociales. Sin posibilidad de mejora. Pendido en el frágil hilo de un empleo que antes cundía y ahora a duras penas lo sostiene. Mientras todos parecen triunfar a través de esa macroestrategia escaparatista de las redes sociales, él se ahoga en deudas y temores. Tiene trabajo. Hoy lo conserva.

Mañana, el funambulismo le exigirá nuevos desvelos.

La denominada prima de riesgo de la deuda española, la rentabilidad exigida en el mercado secundario a los bonos españoles, vuelve a relajarse este jueves al retroceder cerca de un 10%.

La bajada coincide con el inicio del debate de la moción de censura de Pedro Sánchez, en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha culpado a la iniciativa del líder del PSOE de la bajada de la bolsa, del repunte de la prima y de que en los mercados “todo se llenara de luces rojas”, una situación que los analistas atribuyen a la inestabilidad política en Italia.

En consonancia con el resto de mercados de deuda de la zona del euro, este jueves el diferencial entre la rentabilidad exigida a los bonos españoles a diez años y los alemanes (considerados los más seguros) mantiene la tregua del miércoles, cuando cayó un 14,7%, desde los 136 hasta los 116 puntos básicos.

Pasadas las 11 de la mañana, ese diferencial se queda, según datos de Infobolsa, en 109 puntos básicos, un 9,66% menos. Por su parte, la prima de riesgo griega cae un 4,76%; la italiana, un 10,89%; y la portuguesa, un 11,78%.

En la Bolsa, el principal indicador bursátil español, el Ibex 35, también prorroga las subidas del miércoles y se anotaba una revalorización del 0,48%, con la banca liderando las alzas.

Este jueves, en el inicio del debate, Rajoy ha advertido al PSOE de que “nada en esta vida es gratis”, ha avisado de las “políticas destructivas” que puede tener un Gobierno de Sánchez y ha asegurado que, sólo con hablar de su eventual llegada al poder, los socialistas han conseguido que “se encendieran todas las alarmas” en los mercados sin tomar ni una medida. “Qué no conseguirían tomándolas”, ha añadido, sin hacer ninguna alusión a la situación de Italia.

En la misma línea, el pasado martes, el ministro de Economía, Román Escolano, señaló que “ha bastado con el anuncio de un posible Gobierno sin programa económico para que vuelva a subir la prima de riesgo”, omitiendo el impacto de Italia, y la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, llegó a asegurar que la decisión de convocar la moción de censura ya estaba provocando que le “esté costando mucho dinero a los españoles”.