El movimiento por la vivienda se ha concentrado este sábado por la tarde la plaza Sant Jaume de Barcelona para protestar contra la caída de la moratoria de los desahucios en el Congreso. La protesta ha aglutinado a 1.100 personas, según la Guardia Urbana.

En declaraciones a los medios, el portavoz del Sindicato de Inquilinos, Enric Aragonès, ha lamentado que los votos en contra de Junts, PP y Vox provocarán un “alud de desahucios de familias vulnerables nunca vista”, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Por su parte, la portavoz de la COSHAC, Marta Espriu, ha criticado que la derecha se haya posicionado “junto a la patronal”. La concentración ha comenzado a las 18.30h. y ha terminado con algunos manifestantes tirando al suelo las vallas que protegían el Palau de la Generalitat.

Durante la concentración, los manifestantes se han reunido en la plaza Sant Jaume con pancartas en defensa del derecho a la vivienda y gritos contra los desahucios. Se han podido oír consignas como “basta de excusas”, “fondo buitre, ¡salid del nido!”, y llamadas a la prórroga de los contratos de alquiler y el abaratamiento de los precios.

Aunque la protesta se ha desarrollado de forma tranquila mientras las entidades convocantes hacían parlamentos desde un escenario situado frente al Palau de la Generalitat, al final un grupo de manifestantes ha increpado a los Mossos d'Esquadra y ha lanzado al suelo las vallas colocadas frente al edificio.

En una atención a los medios, el portavoz del Sindicato de Inquilinos, Enric Aragonès, ha advertido de que la caída de la moratoria sitúa a muchas familias en una “situación límite” y ha criticado los “agujeros” de la ley, especialmente en lo que respecta a los alquileres de temporada y los 'colivings'.

El portavoz ha denunciado que, dos años después de la entrada en vigor de la regulación de precios y un año después del régimen sancionador, los gobiernos solo han impuesto tres multas pese a las más de 150 denuncias presentadas por el sindicato.

La portavoz de la COSHAC, Marta Espriu, ha enviado un mensaje a las más de 13.000 familias que, según ha dicho, pueden verse afectadas por el fin de la moratoria, así como a las inquilinos que temen no poder renovar el contrato. “No estáis solas” ha afirmado, reivindicando la organización colectiva como única respuesta ante una situación que ha calificado de “emergencia habitacional extrema”.

En la misma línea, el portavoz nacional del Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya, Marina Parés, ha asegurado que la moratoria era insuficiente, pero que su caída agravará la situación de una clase trabajadora “asfixiada” por el aumento de precios, que ha situado en un 60% en la última década. Y el portavoz de PAH, Juanjo Ramírez, ha reclamado “medidas estructurales” y ha criticado la “política de titulares y de mínimos”.

Rosario lleva mucho tiempo viviendo en un piso de alquiler en la calle Entença 69, en pleno barrio del Eixample de Barcelona. Hace unos años, empezó a notar que su edificio se llenaba de jóvenes estudiantes, por lo general extranjeros, con un alquiler de temporada. Actualmente, es la única inquilina al uso de su edificio, que tiene otros once pisos que se han transformado en colivings, un modelo al alza de fragmentación de viviendas para poder alquilarlas por habitaciones y esquivar la Ley de Vivienda.

El casero que ha convertido el edificio de Rosario en una finca de colivings es Vandor, una empresa inmobiliaria asociada a la operadora Cotown, que es la que gestiona y comercializa las habitaciones. Así lo ha denunciado este viernes el Sindicato de Inquilinas de Catalunya, que señala que el precio de estas habitaciones asciende a hasta 900 euros.

Vandor cuenta con 14 edificios residenciales e Barcelona y un total de 200 pisos que, según el Sindicat de Llogateres, gestiona con fines “especulativos”. “No queremos aceptar que haya desahucios invisibles a inquilinos como pasa constantemente en esta ciudad”, ha destacado el portavoz del sindicato, Enric Aragonès, en una rueda de prensa celebrada en la calle Avenir 62, otro edificio adquirido por esta firma.

A Rosario le llegó en 2021 el primer aviso por parte de la empresa inmobiliaria de que no iban a renovar su contrato, dos años antes de que este finalizara. “Me vino un abogado a decirme que me fuera de casa, que aunque me quedaran dos años de contrato, me fuera porque no me lo iban a renovar, me vi asustada”, ha afirmado durante el acto de protesta este viernes.

Tras una temporada repleta de llamadas, correos electrónicos y ofertas económicas para que dejara su hogar, el contrato finalizó en diciembre de 2023 y, poco después, llegó la demanda de desahucio para echarla. “No quería salir de mi barrio, me puse a buscar piso y les dije que se esperaran, porque los alquileres estaban altísimos y muchos contratos eran de temporada”, ha destacado.

A día de hoy, Rosario se resiste a dejar su vivienda, y asegura que tiene por vecinos a jóvenes estudiantes extranjeros que le complican, a menudo, la convivencia. “Todo depende de quién lo alquile, pero en varias ocasiones hay mucho ruido, fiestas, vienen a limpiar cuando quieren y me tiran cosas a los patios”.

En la misma situación se encuentra Martina, una joven vecina del edificio Avenir 62, que Vandor adquirió en enero de este mismo año. “Queremos resistir, aquí viven personas mayores, familias con niños pequeños y jóvenes que quieren comenzar su proyecto de vida”, señalaba este viernes.

Siete de los catorce edificios de la misma propiedad se han unido con el Sindicato de Llogateres de Catalunya para poder buscar una solución efectiva a este éxodo de inquilinos. “Solo nos hemos reunido con Vandor una vez y no ha servido para reconocer la voz colectiva, no obtenemos más respuestas y no quieren sentarse a negociar, pese a que nosotros lo exigimos”, ha explicado Aragonès.

El Sindicato ha apremiado al Govern a aprobar antes del verano la anunciada regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, dos de las fórmulas más utilizadas para escapar de la Ley de Vivienda que topa los precios y fija la duración de los contratos de cinco a siete años. Los contratos por temporada suponen ya el 14% de los que se firman en los municipios con la regulación activa (en Barcelona son el 25%).

La retirada de unos carteles y banderas con mensajes políticos de una de las plantas de la sede del Departamento de Igualdad y Feminismo ha generado malestar tanto entre colectivos de trabajadores de la Generaltiat como entre socios del Govern. Los Comuns han reclamado la comparecencia en el Parlament de la consellera, Eva Menor, mientras que la asamblea de trabajadoras acusa de censura a la dirección de servicios.

La polémica se originó este martes, cuando desde la propia conselleria se procedió a retirar carteles a favor de Gaza y de una manifestación para reclamar el alto el fuego, así como banderas de Palestina y, también, rótulos del Sindicat de Llogateres. Todos estos materiales estaban colgados en la tercera planta del edificio y, según denuncian los trabajadores, fueron retirados por orden de la dirección de servicios del departamento.

Desde la conselleria aseguran a este medio que todavía están revisando el episodio, aunque avanzan que “las administraciones tienen el deber de mantener la neutralidad en los espacios comunes en los edificios públicos”.

Esta medida tiene, según la asamblea de trabajadoras, “una intencionalidad muy clara”, ya que según apuntan otros carteles con expresiones políticas no han sido retirados. Se trata, según denuncian, de un caso de “censura” y una “vulneración flagrante” de la libertad de expresión. Además, afean a la administración que este gesto “contradice los valores que, teóricament, parece que defiende” y lamentan que “ponga en cuestión el compromiso real de la Administración con los derechos sociales”.

Este mismo martes, los Comuns registraron una solicitud de comparecencia de la consellera, Eva Menor, ante la comisión de Igualdad del Parlament para dar respuesta por estos hechos. Los Comuns son uno de los principales socios del Govern del PSC, con el que mantienen abiertos canales de negociación habituales.

En Catalunya, desde el 16 de marzo de 2024, tenemos un tope en los precios del alquiler en 271 municipios donde la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable. Estos municipios, en los que vive casi el 90% de la población catalana, tienen una norma clara: los grandes tenedores (propietarios con cinco o más viviendas) no pueden cobrar más de lo que marca el índice de referencia del Ministerio de Vivienda. El resto de propietarios deben mantener el precio del contrato anterior o el del índice, dependiendo de cuál sea más bajo.

No es ningún capricho. Esta regulación era una necesidad urgente, fruto de la presión del movimiento por el derecho la vivienda y del impulso de fuerzas políticas como los Comuns, que llevamos años reclamándolo. Pero llega tarde, muy tarde.

Los precios del alquiler han subido un 68,3% en solo una década, mientras que los salarios han aumentado apenas un 2,9%, según Fotocasa e Infojobs. Y no es que una inmobiliaria del tamaño de Fotocasa tenga precisamente interés en exagerar estos datos.

Además, el Banco de España alerta que la mitad de los inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos a pagar su vivienda. Con este panorama, intervenir en el mercado del alquiler no era una opción: era una obligación.

Desde que se puso en marcha la regulación, el alquiler medio ha bajado un 0,9% en los municipios donde se aplica, mientras que en el resto ha subido un 6,1%. Es una bajada pequeña, sí, pero constante. Ahora bien, el precio medio sigue rondando los 845 euros (según el INCASÒL), mientras que el salario mínimo es de 1.134 euros. No hace falta ser economista para ver que algo no encaja aquí.

La regulación del alquiler ha tenido grietas desde el primer día. Y quienes viven de la especulación las han aprovechado. Algunos han buscado maneras de saltarse la norma: hacer contratos de temporada fraudulentos, fijar precios por encima de lo permitido o cargar gastos de gestión al inquilino, a pesar de estar prohibido. ¿El resultado? Una ley que sobre el papel era efectiva, pero que en la práctica ha tenido demasiados agujeros.

Y esto no es casualidad. Cuando se aprobó la Ley de Vivienda 12/2023, que permite a las comunidades autónomas regular los alquileres, el Partido Socialista se negó a incluir un régimen sancionador. También se dejó fuera la regulación de los contratos de temporada y de habitaciones, sabiendo perfectamente que esto abriría una autopista al fraude. No era ninguna sorpresa: cuando en Catalunya se aplicó una ley similar en 2020, estos trucos ya se usaron para esquivarla. A pesar de las advertencias de los Comuns y de los colectivos por el derecho a la vivienda, el PSOE no quiso ir más allá.

Aquí es donde entra en juego el acuerdo alcanzado esta semana entre el Govern de la Generalitat y los Comuns. Se ha aprobado un decreto que establece un régimen sancionador para que la contención de rentas no quede en papel mojado. A partir de ahora, en Catalunya, saltarse la ley de vivienda saldrá caro.

Este nuevo decreto introduce una serie de medidas para garantizar la transparencia en el mercado del alquiler. A partir de ahora, los anuncios y contratos deberán incluir obligatoriamente el precio del índice de referencia o el precio del contrato anterior, según corresponda. También será necesario indicar si el propietario es un gran tenedor y especificar cuál es la finalidad del alquiler. No cumplir con estas obligaciones será sancionable, con multas que pueden ir desde 9.000 hasta 900.000 euros, según la gravedad de la infracción.

El decreto también establece sanciones económicas contundentes para los piratas inmobiliarios. Alquilar por encima del 30% del límite legal podrá conllevar multas de entre 90.000 y 900.000 euros. Lo mismo ocurrirá con aquellos que trasladen a los inquilinos gastos de gestión que, según la ley, deben asumir los propietarios.

Una de las prácticas más comunes para esquivar la regulación ha sido el uso fraudulento de los contratos de temporada, desalojando a los inquilinos cada pocos meses para poder subir el precio. Con este nuevo régimen sancionador, estas prácticas también podrán ser castigadas con sanciones de hasta 900.000 euros. Además, la Agencia Catalana de Consumo tendrá competencias para sancionar a las inmobiliarias que faciliten o fomenten este tipo de prácticas abusivas.

Las sanciones serán acumulativas en caso de que se detecten varias infracciones en un mismo anuncio o contrato. Esto significa que un especulador o inmobiliaria que incumpla varios aspectos de la normativa podrá recibir una sanción aún más elevada.

Este decreto no tiene como objetivo perseguir ni criminalizar a nadie, pero sí acabar con la piratería inmobiliaria. Quien cumpla la ley no tiene nada que temer. Pero lo que no puede ser es que algunos se hagan ricos saltándose las normas mientras el resto sufre para llegar a fin de mes. Los precios que fija el índice de referencia son suficientes para que cualquier propietario haga negocio sin necesidad de robar a los inquilinos. Porque la vivienda no debe ser un terreno para el abuso.

El objetivo de este régimen sancionador es claro: garantizar que cobrar más de lo permitido por un alquiler no sea un negocio, que hacer contratos de temporada en cadena para cobrar más sea inviable y que saltarse la ley no salga rentable. La lógica es exactamente la misma que con las multas de tráfico: quien se salta las normas, paga.

Esto no va solo de números: va de vidas. Va de personas que tienen que marcharse de su barrio porque ya no pueden pagar el piso. De familias que viven con el miedo en el cuerpo cada vez que se les acaba el contrato. De jóvenes que no pueden emanciparse hasta los 40 años porque el precio del alquiler es un escándalo. Este régimen sancionador es un paso adelante para garantizar una vivienda digna y acabar con la angustia de miles de personas que solo quieren vivir en paz.

El nuevo régimen sancionador es un paso para frenar esta realidad y garantizar que tener un hogar digno deje de ser una lucha constante. Ahora tenemos una herramienta para plantar cara a los especuladores y poner la vivienda en el centro de las políticas públicas. Junto con la lucha de las organizaciones sociales y otras medidas anti-especulación, como la reserva del 30% para vivienda protegida en grandes rehabilitaciones y construcciones de vivienda nueva, esto debe servir para evitar que los especuladores expulsen de sus hogares a los vecinos y vecinas, como ha estado a punto de pasar en la Casa Orsola. Y esto es solo el principio.

Decenas de vecinos se han concentrado este jueves ante la Casa Orsola de Barcelona y han llamado a evitar este viernes el desahucio previsto del primer vecino de la finca, instado por el fondo de inversión que compró el inmueble. Se ha celebrado un maratón cultural y se ha convocado a una acampada nocturna.

Los periodistas Laura Grau, João França, Ana Polo y Alba Riera son los encargados de conducir el evento, que cuenta con la colaboración de otros comunicadores como Mònica Terribas, Jordi Évole o el cómico Joel Díaz. También ha intervenido el grupo de profesores que se ha organizado contra los desahucios por las consecuencias nefastas que tiene en el alumnado. El maratón, que se alargará hasta las 23:00h., ha contado con actuaciones musicales de la mano de Tarta Relena, Svetlana, Joan Colomo o la Ludwig Band.

La Casa Orsola, en el Eixample barcelonés, se ha convertido en un símbolo de la crisis de la vivienda después de varios años de resistencia de los inquilinos a los que la propiedad quiere echar. Su lucha tuvo eco en la pasada gala de los Premios Gaudí, cuando algunos actores como Enric Auquer animaran a los ciudadanos a participar en la movilización prevista para este viernes para evitar el desahucio.

“Mañana será un día de poner el cuerpo, un día de lucha y resistencia. No se lo pondremos fácil a los que quieren echarnos de nuestras ciudades y a los fondos buitre que hacen de las casas de la gente un negocio”, ha proclamado desde el balcón de la Orsola Marta Espriu, portavoz del Congréss d'Habitatge de Catalunya, el espacio que aglutina a los distintos movimientos por el derecho a la Vivienda en la comunidad.

La Orsola es una finca ubicada en el número 137 de la calle Calàbria adquirida en octubre de 2021 por el fondo de inversiones inmobiliarias Lioness Inversiones, que al mes siguiente empezó a notificar por burofax a los vecinos a quienes se les acabara el contrato que debían abandonar sus viviendas. Tras varias concentraciones e intentos fallidos de negociación, cinco de los vecinos de la Orsola tienen vencido el contrato, y dos han sido demandados por la propiedad para desalojarles.

Josep Torrent, tras 22 años de inquilino en la Orsola, es el primer vecino al que se prevé que los Mossos d'Esquadra expulsen en un desahucio previsto para las 10h. de este viernes. En una carta enviada esta semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, avanzó su intención de resistir a su desahucio al considerarlo injusto.

En paralelo a la movilización vecinal, el Ayuntamiento de Barcelona ha llamado, a menos de 24 horas del desalojo previsto, a una negociación in extremis que frene el desalojo, algo que ya se ha intentado en varias ocasiones, pero se ha topado con la negativa del fondo propietario de la Orsola, ha recordado el Sindicato de Inquilinos. Por su lado, Lioness ha denunciado la “creciente inseguridad jurídica a la que se enfrentan los propietarios de viviendas” y ha cargado contra el Sindicato por “promover prácticas de ocupación y difamación”.

La Casa Orsola se ha convertido en un icono de la lucha por la vivienda en Barcelona. Esta finca modernista, en pleno corazón del Eixample y en medio de la pacificación de Consell de Cent, es la muestra de que la crisis habitacional ha llegado a los barrios de clase media-alta.

“Hoy es Josep, pero mañana puedes ser tú”, es uno de los lemas que más se están escuchando estos días, previos al desalojo de Josep Torrent, un profesor de 49 años que hace 22 que vive en su piso y a quien la propiedad pretende desahuciar este viernes 31 de enero.

Las muestras de apoyo a este hombre han sido numerosas y han venido desde diferentes frentes. Las que han hecho más ruido son las que se dieron en la gala de los premios de cine Gaudí, durante la cual muchos de los premiados hicieron referencia al desahucio de Josep y llamaron directamente a personarse frente a su casa para evitarlo.

Aquella noche, el director de 'El 47', Marcel Barrena, o actores como Maria Arnald, Eduard Fernàndez o Enric Auquer dedicaron buena parte de sus discursos a denunciar la inseguridad en la vivienda y a apoyar al Sindicat de Llogateres, que ha hecho bandera de este caso. “Lo mencioné no porque sea un caso excepcional, que lo es, sino porque pasa todo el tiempo. Afecta a todo mi entorno: aunque sean de clase media y con carreras universitarias, siguen compartiendo piso”, dice Auquer en conversación con elDiario.es.

Pero el apoyo a Josep y a la Casa Orsola no se quedó sólo en la gala de los Gaudí. Diversas personas, como el presentador Marc Giró o el cantautor Fermín Muguruza también han dedicado minutos ante las cámaras para manifestar su postura y pedir a la ciudadanía que se persone en el desahucio del viernes para intentar pararlo.

Una maratón cultural

Desde el Sindicat de Llogateres no sólo agradecen el apoyo del sector cultural, sino que además han querido aprovecharlo. Por eso, han decidido organizar una “maratón cultural” la tarde del jueves 30 de enero, a pocas horas del desahucio, para “calentar motores”. El evento empezará a las 18:30 h y contará con debates, conciertos y espectáculos.

El Sindicat ha montado todo un dispositivo que contará con retransmisión en directo, un plató en uno de los pisos de la Casa Orsola y una pantalla, desde la que la gente que esté en la calle podrá seguir lo que pase dentro.

Los periodistas Laura Grau, João França, Ana Polo y Alba Riera serán los encargados de conducir el evento, que contará con la colaboración de otros comunicadores como Mònica Terribas, Jordi Évole o el cómico Joel Díaz, que entrevistará a los vecinos del edificio. Además, habrá tertulias de análisis político, parlamentos de expertos y actuaciones musicales de la mano de Tarta Relena, Svetlana, Joan Colomo o la Ludwig Band.

Todo ello acabará con una cacerolada y una cena popular. “La idea es alargar”, reconocen desde el Sindicat de Llogateres, dejando la puerta abierta a que la concentración pueda sostenerse durante toda la noche y, de esta manera, continúe hasta las 9 de la mañana, para cuando está convocada la concentración de apoyo a Josep.

Cuatro años de lucha

“La Casa Orsola se ha convertido en un caso paradigmático de la expulsión de vecinos y vecinas por los intereses especulativos”, apuntan desde el Sindicat de Llogateres, que han hecho de este caso un símbolo de la lucha por la vivienda, en general, y contra los alquileres de temporada, en particular.

Esta finca del Eixample fue adquirida por Lioness Inversiones justo después de que finalizara la pacificación de Consell de Cent y se convirtiera en una de las 10 mejores calles del mundo, según la guía de ocio Time Out.

Hoy, de las 27 viviendas que tiene el edificio, sólo quedan 18 habitadas. De entre los inquilinos, algunos tienen contratos indefinidos, a otros les vencen en pocos años y algunos, como Josep, están ya fuera de contrato, pero siguen viviendo en sus casas (y pagando sus alquileres en los juzgados).

Después de años de negociación, la propiedad se ha negado a renovar ninguno de los contratos que han vencido y, en su lugar, se ha dedicado a remodelar las viviendas y convertirlas en pisos de alquiler de temporada que se rentan a más de 2.000 euros al mes, mientras que vecinos como Josep pagan entre 600 y 800.

La Casa Orsola, según los propios vecinos, es un mirador que permite observar cómo el barrio se ha ido vaciando de conocidos para acoger a jóvenes extranjeros con elevado poder adquisitivo y con los que apenas se saludan. De hecho, sus vecinos temporales ni siquiera conocen sus reivindicaciones. “No quieren saberlo. Para ellos, la ciudad es un decorado. Solo les interesa que haga buen tiempo y que no les roben, pero no se dan cuenta de que el robo es que les cobren 2.400 euros de alquiler”, remacha Josep Torrent.

Este profesor es el primero al que la propiedad intentará desahuciar. Pero está decidido a quedarse “pacíficamente” en su casa. Así lo aseguró en una carta que este lunes envió al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president de la Generalitat, Salvador Illa; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.  

En la misiva, Josep aseguraba que no espera “nada” de la clase política y les carga con la culpa de que haya vecinos que estén pasando situaciones como la suya. “Si hoy es posible y sale a cuenta formar una SICAV para ahorrarse impuestos, comprar un edificio entero, expulsar todo el vecindario, hacer alquileres de temporada y triplicar sus precios es por las decisiones que usted ha tomado. Son los responsables”, señala Josep.

Multitudinaria manifestación en Barcelona por el derecho a la vivienda. El Sindicato de Inquilinos, bajo el lema “se acabó, bajemos los alquileres”, ha reunido a decenas de miles de personas en una protesta que ha llamado a una huelga de alquileres. “No se entiende, gente sin casa y casas sin gente”, uno de los gritos más escuchados en las protestas por la crisis financiera de 2008, sigue resonando en la calle tres lustros después.

Ha sido la manifestación más masiva en Catalunya desde los tiempos del procés. Los organizadores han fijado la asistencia en 170.000 personas, mientras la Guàrdia Urbana la ha rebajado a 22.000, cifra que el Sindicato de Inquilinos ha tildado de “insulto” e “intento de manipulación”.

En cualquier caso, hacía años que una reivindicación social no reunía a tantas personas en la calle, en una nueva muestra de que la vivienda es uno de los conflictos que genera más malestar en la España de 2024. Más de 50 entidades, desde sindicatos a Òmnium o la ANC, se han adherido a la marcha liderada por el Sindicato de Inquilinos.

Además de columnas llegadas desde más de diez barrios, hasta la capital han acudido manifestantes organizados desde pueblos y ciudades de toda Catalunya. El problema de la vivienda traspasa la conurbación barcelonesa.

Los manifestantes han marchado por las calles de Barcelona para hacer suyas las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinos: bajada del 50% de los alquileres, contratos indefinidos para acabar con la “inseguridad” de los arrendatarios, recuperar para uso residencial los pisos vacíos, turísticos y de alquiler de temporada y gravar con altos impuestos a los rentistas que son multipropietarios de viviendas.

La portavoz del Sindicato de Inquilinos, Carme Arcarazo, ha llamado a que la manifestación sea un “punto de inflexión”. Y se ha dirigido a los propietarios cuyo modo de vida es cobrar alquileres. “Basta ya de los rentistas que cada vez son más ricos mientras nosotros somos más pobres”, ha proclamado, para a renglón seguido dirigirse al partido socialista: “Basta ya de políticas cosméticas, tocan políticas de verdad y no excusas de competencia, porque hay un partido que gobierna en Madrid, Barcelona y Catalunya”.

La marcha ha hecho una parada en la Casa Orsola, símbolo de la resistencia de los inquilinos frente a un fondo de inversión que quiere generar beneficios en esta finca modernista. Enric Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinos, ha destacado el “ejemplo” de los inquilinos de Orsola y ha llamado a los asistentes a sindicarse para organizar la huelga de inquilinos.

Un mes después de la masiva manifestación de Madrid, la marcha de Barcelona toma el relevo de la protesta contra el aumento de precios de los alquileres, cada vez más inasumibles para muchas familias trabajadoras. La vivienda es una de las prioridades anunciadas del Govern de Salvador Illa, pero las políticas públicas a medio y largo plazo contrastan con la urgencia de muchas familias.

Aunque es intergeneracional, el problema del acceso a la vivienda se ceba con los jóvenes. Es el caso de Sergi, Adri y Joan, tres amigos de Castelldefels (Barcelona), que siguen en casa de sus padres aunque trabajan porque no encuentran un piso asequible en su municipio. “Vecinos de mis padres pagan 1.600 euros de alquiler. Yo solo no puedo afrontar esto”, lamenta Adri.

Asistentes más veteranas también expresan su inquietud por lo que ocurrirá cuando se les acabe el contrato. “A mí todavía me quedan unos años, pero ya temo acabar como mi hermana, a quien su casera no ha prorrogado el alquiler porque quiere hacer un alquiler de temporada”, se queja Victòria, vecina del Poble-sec que critica que su barrio “se ha puesto imposible por los pisos turísticos”.

En la capital catalana, el precio medio del alquiler es de 1.132 euros al mes, un 70% más que hace una década, según datos oficiales. Los salarios están lejos de ese incremento, lo que ha expulsado a varios barceloneses de la ciudad donde nacieron y desearían vivir. Al cóctel hay que sumar el incremento de los alquileres de temporada y por habitaciones, la ruta de varios propietarios para escapar de la regulación de precios.

A pie de marcha, Albert y Adrià, dos amigos de Barcelona, han criticado la situación “insostenible” en la ciudad y la concentración de las viviendas en pocos propietarios. Su malestar era compartido por la manifestación, cuyo lema más coreado ha sido “ni un euro más, huelga de alquileres”.

“Coliving de alto standing, acabados de calidad y confort para una estancia de lujo en la ciudad de Barcelona”. Así se anuncia en un portal inmobiliario una sola habitación de la capital catalana. Su precio, 1.100 euros mensuales, casi la media en la ciudad para alquilar un piso entero. Antes de convertirse en un piso de ocho habitaciones alquiladas por separado, la vivienda era un despacho profesional. De un día para otro, unos operarios subieron colchones y muebles, y a principios de noviembre apareció el anuncio.

Lo ocurrido en este piso de 200 metros cuadrados ubicado en el llamado 'Cuadrado de Oro', la zona más noble del céntrico distrito barcelonés del Eixample, no es una excepción. Una simple búsqueda en Internet constata el auge del alquiler de habitaciones, e incluso hay empresas dedicadas únicamente al llamado coliving, con precios que van desde los 700 euros a más de 1.000 por habitación. El resto de estancias como el comedor, la cocina o incluso el baño son compartidas por todos los inquilinos.

Esta modalidad de arrendamiento agudiza el conflicto que atraviesa la vivienda en España, considerada a la vez un derecho y un bien de inversión y rendimiento económico. Tanto juristas como portales inmobiliarios identifican una característica nuclear del alquiler de habitaciones: este tipo de contratos quedan fuera de la regulación de los alquileres al no regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Junto al de temporada, el alquiler de habitaciones se ha convertido en la ruta de escapada del tope a los alquileres. La consecuencia es un aumento de la rentabilidad para los propietarios. Según datos de un informe del portal especializado Pisos.com, la rentabilidad media de alquilar un piso entero de 90 metros cuadrados en España se sitúa en un 5,91%, mientras que asciende al 7,01% en un inmueble compartido.

Sin embargo, escaparse de la regulación de la vivienda no es la única razón de los propietarios para optar por esta modalidad. La abogada y asesora jurídica del colegio de administradores de fincas de Barcelona y de Lleida, Marta Martín, explica que varias empresas en la capital catalana orientan su negocio a una demanda creciente de estudiantes postuniversitarios, sobre todo extranjeros, o profesionales.

“Si queremos proyectar Barcelona como una ciudad universitaria y que atraiga al talento extranjero, el coliving es una modalidad coherente, porque la persona que viene tampoco busca un alquiler por cinco años, sino de los meses o el curso que dura su máster”, expone Martín. La duración mínima de los contratos suele ser de dos meses.

La letrada agrega que los pisos de coliving, a diferencia del alquiler tradicional, están totalmente amueblados y el inquilino no tiene que ocuparse de cambiar los suministros. La tendencia, asegura esta experta, es que las empresas busquen edificios enteros más que viviendas en fincas con otros vecinos.

Otros abogados especialistas en vivienda, como el letrado Simón Cava, son más críticos: “La relación contractual entre propietario y arrendatario en el coliving no es equitativa. El alquiler LAU conlleva unos derechos ”irrenunciables“ y la posición negociadora de las partes se equilibra porque existe regulación, resalta Cava. ”Pero fuera de la ley no hay límites para el propietario, que puede sacar el máximo rendimiento al inmueble“, añade.

Convertir un piso grande en uno de alquiler por habitaciones, indica el abogado, es relativamente fácil. “Si la vivienda tiene una mínima estructura, con unas obras menores de las que esté notificada la comunidad basta, porque no se tocan ni tabiques ni vigas; se hacen solo habitaciones más pequeñas y los elementos comunes se mantienen”, asevera el letrado.

Por ello, añade Cava, cada vez es más habitual encontrarse pisos que no son compartidos por gente joven para ahorrarse gastos, sino alquilados a través de agencias y empresas especializadas en coliving. Un cambio de usos de la vivienda (de familias con alquiler tradicional a profesionales o estudiantes extranjeros que están de paso en la ciudad) que también tiene un impacto en la convivencia vecinal, aunque los inquilinos no causen las molestias asociadas a los pisos turísticos. “El coliving y el alquiler de temporada son la sobreexplotación absoluta de la vivienda y nos conducen hacia una ciudad que no es para vivir, sino que es un aparthotel”, concluye.

Los inquilinos exigen regulación

Los intentos para regular el alquiler de habitaciones hasta ahora han terminado en fracaso. Catalunya lo intentó con un decreto que el Govern de Aragonès llevó al Parlament en tiempo de descuento de la legislatura y que obligaba a que la renta del total de habitaciones alquiladas no pudiera superar el precio de alquiler del piso completo. La norma fue tumbada por PSC y Junts.

El portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, Enric Aragonès, recuerda que la entidad promovió la regulación estatal del alquiler de habitaciones, pero que la iniciativa fue rechazada por Junts y el resto de partidos de la derecha.

“Lo avisamos hace un año cuando se aprobó la ley de Vivienda y se ha cumplido: el alquiler de habitaciones y el de temporada quedaban fuera de la norma y fue una invitación a los propietarios para saltarse la regulación de precios”, denuncia Aragonès.

El portavoz de los inquilinos considera “de sentido común” que el precio máximo del alquiler por habitaciones no pueda superar el de la renta por arrendar la vivienda entera. La abogada Marta Martín no comparte esta conclusión, y asegura que el sector del coliving sí está abierto a una regulación “razonable”, pero no a un tope de precios.

Es más, de regularse como pretende el Sindicato de Inquilinos el alquiler de habitaciones, Martín advierte de que muchas viviendas se venderían: “Son pisos totalmente rehabilitados, si la actividad deja de ser rentable, no pasarán al mercado de alquiler”.

La ley estatal de Vivienda no contempla el coliving. A día de hoy, se está tramitando la ventanilla única de arrendamientos que sí obligaría a los propietarios a registrar cada habitación que alquilan, aunque no impone restricciones sobre el precio. Cualquier sanción sobre los dueños correspondería a autonomías y ayuntamientos, pero desde el Sindicato de Inquilinos critican que todavía está por definir la sanción por no figurar en el registro.

Las principales entidades de defensa del derecho a la vivienda en Catalunya han firmado un manifiesto que incluye 10 medidas “concretas y posibles” que el próximo Govern debería poner en marcha, según los firmantes, para “garantizar una vivienda digna para el conjunto de la ciudadanía”.

Entre las medidas destacan algunas como realojar a todas las personas desahuciadas y sin hogar, destinar el 2% del PIB a ampliar el parque de la vivienda asequible. También reclaman prohibir el alquiler turístico mientras no esté garantizada la primera residencia en todo el territorio y recuperar las viviendas vacías de grandes tenedores.

Otra medida para ampliar el parque es extender a toda Catalunya la normativa que nació en Barcelona que reserva el 30% de todas las nuevas promociones o grandes rehabilitaciones a vivienda pública.

Aun así, el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, ya ha puesto en cuarentena esta medida, creada por Ada Colau, y ha propuesto flexibilizarla en vista de que no ha tenido los efectos deseados y muchos grandes propietarios han conseguido esquivar la normativa.

En vista de todo esto, también reclaman un compromiso de los partidos para que sancionen a los propietarios que incumplan las leyes de regulación de precios y de alquiler social obligatorio.

Igualmente, reclaman que quien salga vencedor de los comicios y acabe gobernando se comprometa a “poner inmediatamente en marcha” el decreto ley de alquileres de temporada y de habitaciones que el Govern presentó hace dos semanas.

Todas estas medidas, entre otras, se destacan como posible solución para poner fin a la lista de solicitantes de vivienda protegida, que actualmente suma casi 87.000 personas en espera.

“Los derechos no se pueden segmentar o aislar y el acceso a la vivienda es la puerta de entrada a otros derechos fundamentales”, aseguran los firmantes del manifiesto. Según las entidades, la falta de vivienda implica no poder construir un proyecto de vida, por lo que reclaman a los candidatos a las elecciones que “respondan ante la ciudadanía”.

En total han sido 16 las entidades firmantes del manifiesto, entre las que destacan la PAH, el Sindicat de Llogateres, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), la Plataforma Regularización Ya! o Ecologistas en Acción.

Hace 20 años, en la Barcelona previa al estallido de la crisis financiera, Alberto Martínez se encontró un día sin trabajo, solo y sin dinero para pagar su piso. En aquella época no se hablaba de desahucios ni de cómo pararlos, así que hizo las maletas sin rechistar. “Vi en una revista que alquilaban habitaciones en un piso, me acerqué y aunque las condiciones eran infrahumanas, necesitaba un techo sí o sí, así que me quedé”, relata el hombre, que hoy tiene 61 años. 

Han pasado dos décadas y aquella vivienda, ubicada en la calle Teodora Lamadrid, en el acomodado barrio de Sant Gervasi, no es un piso cualquiera. Junto con otras tres viviendas contiguas dentro de la misma finca, se ha convertido en un hogar para 16 personas en total, todas ellas mayores y sin recursos económicos. “Hay gente que ha venido de dormir directamente en la calle, de los servicios sociales, de desahucios… Y es un milagro que llevemos años y la convivencia se haya mantenido”, relata Martínez. 

Pero su historia como compañeros de piso podría llegar pronto a su fin, si no logran remediarlo. La propiedad de la finca, Inmobiliaria Urbana SL, quiere echarlos. Y ellos, que pagan actualmente entre 250 y 400 euros por habitación, saben que no encontrarán nada parecido en un barrio donde los alquileres superan los 1.500 euros al mes. “Yo soy un pensionista que ingresa 680 euros al mes. En Barcelona no tengo adónde ir”, lamenta Alberto. 

Uno de los problemas añadidos de los afectados es que ninguno de ellos figura en contrato alguno, puesto que todos estaban realquilados. Durante años pagaron su mensualidad (entre 250 y 400 euros) en mano a una misma persona, una mujer que figuraba como inquilina oficial pero que no vivía allí, sino que subarrendaba las habitaciones para ganarse la vida. Pero los contratos vencieron el pasado marzo y la propiedad decidió no renovarlos. 

“Llegó un día la mujer que nos alquilaba las habitaciones y nos dijo que tenía un conflicto con la propiedad y que nos teníamos que ir, que nos iban a desahuciar porque no les gustábamos”, relata Toni Subirà, de 55 años, que recaló en el bloque de la calle Teodora Lamadrid tras ser desahuciado de su piso. La propiedad inició los procedimientos judiciales para desalojar los pisos, pero en dos de los casos el juez se vio obligado a abrir una nueva pieza separada al constatar que había en las viviendas “terceros ocupantes”. Para uno de ellos está prevista la vista oral para el 9 de enero de 2024. 

Mientras tanto, los vecinos de la finca, con la ayuda del Sindicato de Inquilinas de Barcelona y el Sindicato de Vivienda de Cassoles, piden a la propiedad que acepte reconocerles como inquilinos y regularizar su situación mediante contratos de alquiler social. Pero por ahora la inmobiliaria, que ha declinado ofrecer su versión para este reportaje, ha ignorado sistemáticamente sus demandas.

“Estamos ante una nueva mutación de los problemas derivados del encarecimiento de los alquiler, que es el subarrendamiento y el alquiler de habitaciones”, advierte Merlina Del Giudice, del Sindicato de Inquilinas de Barcelona. “Al no estar regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), los que arriendan habitaciones no tienen derechos y son víctimas de los especuladores que se aprovechan de los más vulnerables”, argumenta. 

Casi como una familia

Cuando Alberto, con solo 40 años, llegó al piso, la finca no tenía nada que ver con la actual. “Eran condiciones infrahumanas. La pintura de los pasillos estaba toda despegada, el patio interior era un vertedero, no había luz y olía todo muy mal”, recuerda. Era 2003 y por entonces solo uno de los pisos estaba realquilado. Pero entonces un matrimonio cogió las riendas, le hizo un “lavado de cara” al piso y con el tiempo alquiló dos viviendas más del bloque para subarrendarlas.

Lo más curioso es que siempre alquilaron las habitaciones a hombres y mujeres mayores y en riesgo de pobreza. “Los alquiladores habían sido personas como nosotros, necesitadas, hasta que lograron convertir aquello en su modo de ganarse la vida”, explica Alberto. Así se fue construyendo una especie de unidad de convivencia muy particular, conformada por tres viviendas distintas, una al lado de la otra, y con una quincena de vecinos todos con el mismo perfil, y de edades entre 55 y 85 años. 

“No diría que es una vida familiar, pero casi. Un intermedio”, lo describe Alberto. “Cada uno es hijo de su padre y de su madre, y si en el matrimonio la convivencia ya es difícil, imagínate aquí, pero hay que decir que vivimos con mucha dignidad”, recalca. 

Uno de los últimos en llegar a los pisos fue Toni Subirà. Vecino del barrio, pagaba unos 1.000 euros de alquiler —nada mal para Sant Gervasi— hasta que coincidió que la pandemia le dejó sin empleo y que lo dejó con su pareja. Estuvo un año sin pagar el alquiler y finalmente le desahuciaron. “¡Vinieron 11 furgones de los Mossos d’Esquadra, búscalo en la hemeroteca!”, exclama. Hoy sonríe, dice, pero en aquel momento lo pasó fatal. “Me fui de casa que solo tenía 300 euros en la cuenta”, dice. 

Toni llamó a la puerta tanto del Sindicato de Inquilinos como de los servicios sociales, que le derivaron al bloque de Teodora Lamadrid para que probara suerte. “Primero me dijeron que no había habitaciones, pero al final fui un día y justamente había una que se había liberado”, explica. Desde entonces, comparte techo y paredes con sus 16 compañeros. Y no lo cambia por nada. “Ni me lo planteo. Después de haber vivido un desahucio, no pienso volver a pasar por ello”, reivindica.

Júlia Martínez llegó a su nuevo piso hace unos tres años. Todo parecía bien: iba a pagar poco más de 800 euros de alquiler en un contrato de cinco años. Pero justo antes de firmar se le informó de que tenía que abonar 1.400 euros de honorarios para la administradora de la finca. Ella sabía que poco antes había entrado en vigor el Real Decreto 7/2019, que decreta que los honorarios los debe pagar la propiedad. Pero si no acataba, el contrato se no se cerraba. “Ya tenía la mudanza a medias, ¿qué iba a hacer?”, se pregunta.

Júlia firmó, aunque no se dio por vencida. En seguida se dirigió al Sindicato de Inquilinas de Barcelona y no tardó mucho en saber que no era la única. Descubrió que su finca es una propiedad vertical –todos los pisos pertenecen al mismo dueño– y que a todas sus vecinas les habían cobrado honorarios en contra de lo que dicta la ley. Desde ahí, fueron tirando del hilo. Un hilo que resultó ser una madeja formada por un “entramado de empresas” que ejercen de propietarias y que pertenecen a la misma familia: Monleon-Pagès. Y con todas las fincas gestionadas por la misma gestoría: Rentaz.

Después de meses de investigación y de trabajo puerta a puerta, descubrieron más de 50 fincas en esa situación, todas en Barcelona. Denuncian que el cobro de honorarios es una “estafa” se acerca al medio millón de euros si se suman todos los afectados. “Y eso sólo con los casos que conocemos”, alertan desde el Sindicato. Supieron, asimismo, que además del cobro ilegal de honorarios –tanto en firmas de nuevos contratos como en renovaciones–, la empresa les hacía pagar gastos de limpieza en muchas fincas en las que nadie iba a limpiar y que muchos edificios y viviendas tenían deficiencias y desperfectos que “se alejan de las condiciones de habitabilidad que estipula la ley”, apuntan desde el Sindicato.

Ante estos abusos, consiguieron movilizar a centenares de vecinos y realizaron acciones frente a la sede de la empresa hasta que empezaron a reunirse con ellos. Durante dos meses, inquilinos, empresa y el Sindicato de Inquilinas estuvieron inmersos en negociaciones para llegar a un acuerdo que compensara a los afectados. Y lo consiguieron.

Denuncian el incumplimiento

El pacto, en el que la empresa reconoce que ha cobrado honorarios aunque la ley lo prohíbe, estipula que Rentaz deberá reembolsar los honorarios correspondientes a todos los contratos firmados desde la aprobación del Decreto Ley. La empresa también se comprometió a prestar servicio de limpieza, a resolver las deficiencias de las fincas y a dejar por escrito el estado del piso en el momento de la firma del contrato para facilitar el retorno de la fianza.

La empresa incluso aceptó a engrosar la caja de resistencia del Sindicato de Inquilinas con 50.000 euros en concepto de 'comisión de negociación'. “Es un cobro muy común entre los sindicatos que participan en negociaciones colectivas”, asegura Carme Arcarazo, portavoz del colectivo. “Fue un acuerdo histórico, una victoria en toda regla como nunca antes se había visto en el sindicalismo de vivienda”, asegura.

Todo ello a cambio de que el Sindicato se comprometiera a dejar de movilizarse, a no interponer ninguna demanda, a no hacer público el nombre de la propiedad, y a mantener el acuerdo sujeto a una cláusula de confidencialidad. Entonces, ¿por qué conocemos el nombre de la familia Monleon-Pagès y los detalles del pacto? “Básicamente porque la empresa ha incumplido su parte”, resumen desde el Sindicato.

El acuerdo establecía que la propiedad debía enviar una comunicación a todas las personas que habían firmado un contrato con ellos desde la aprobación del Real Decreto. Luego, estas debían enviar una documentación y, a partir de ahí, el dinero se les había de devolver en un plazo de 60 días naturales. “Pero enseguida vimos que no iban a cumplir”, explica Anna Vallejo, miembro del equipo legal del Sindicato y participante en las negociaciones.

Desde este colectivo denuncian que hay personas que ni siquiera han recibido la comunicación en que la propiedad les informa que tienen derecho a recuperar su dinero. Y, de las que sí han sido avisadas, pocas han acabado recuperando el dinero. De hecho, el Sindicat estima que sólo el 14% de los afectados han sido resarcidos. Una de ellas es Júlia. Ella recibió sus 1.400 euros, pero superado el plazo de 60 días, con lo que –según el acuerdo firmado– la empresa debería haberla compensado con unos intereses de demora que no le han ingresado.

Vuelta a la movilización

Júlia se sabe afortunada, porque hay centenares que siguen esperando. Como Patricia Mestres. Ella se enteró de la situación cuando el Sindicato llamó a su puerta. De hecho, su intención antes de que la contactaran era irse del piso por el mal estado en el que estaba. “Goteras, humedades e incluso un agujero en el techo”, enumera esta joven, que se lamenta de que jamás contestaron sus correos y llamadas quejándose. El silencio de propiedad y administradora es una de las quejas recurrentes entre sus inquilinos y, de hecho, este medio ha sido incapaz de contactar a ninguna de ellas para la realización de este reportaje.

Tras la firma del acuerdo, fue cuestión de tiempo que arreglaran el agujero en el techo de Patricia. No así las humedades o las goteras y, además, todavía no ha recuperado los 1.130 euros que pagó de honorarios por su piso de 670 de alquiler. A ella le gustaría irse a un lugar mejor, pero hay diversas cosas que la retienen. Primero, quiere ahorrar porque para poder pagar la fianza de su nuevo hogar, ya que “Rentaz jamás devuelve el dinero depositado por unos pisos que ya están fatal cuando entras”, asegura.

Además, quiere quedarse para plantar batalla. “En mi finca, mis vecinos no son muy activos”, dice, apesadumbrada, consciente de que solo “la acción colectiva” podrá dar solución a su situación. También lo creen así en el Sindicato y lamentan que a Rentaz y a Monleon-Pagès “les preocupe la imagen para firmar el acuerdo, pero no tanto como para cumplirlo”, apunta Arcarazo.

Estas activistas por la vivienda están dispuestas a llegar “hasta donde haga falta” para “constatar el incumplimiento constante de las victorias legales conseguidas”, asegura la portavoz del Sindicato. Por eso, este sábado han realizado una asamblea con todas las vecinas afectadas y han decidido emprender acciones legales.

Desde el Sindicato insisten en que, para evitar fraudes, el sindicalismo de vivienda debería tener la misma implantación que el laboral. De esta manera, dicen, se podrían reconocer derechos como el de contar con un convenio colectivo –como el que firmaron ellos con Rentaz–, las negociaciones colectivas, el derecho a huelga si la propiedad no cumple o que se permita acompañar a un inquilino a la firma del contrato. “O, para empezar, que exista una inspección y que las administradoras sancionen a las empresas que incumplen las leyes. Iremos a por todas porque está claro que con legislar no es suficiente”, sentencia Arcarazo. 

Lo habían advertido los abogados penalistas y este miércoles lo han secundado más de 40 entidades y movimientos sociales: la modificación del Código Penal para derogar la sedición es positiva, pero contiene un “peligroso retroceso democrático” en forma de reforma del delito de desórdenes públicos.

El grito de alerta lo han lanzado en Barcelona organizaciones tan dispares como la Marea Pensionista, Ecologistas en Acción, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinos, Òmnium Cultural, los taxistas de Élite, Alerta Solidària, Ca la Dona o sindicatos como la CGT. Todas coinciden sin embargo en señalar que la reforma del Código Penal criminaliza el derecho a la protesta.

Además de la denuncia, las entidades han llamado a protestar en la calle contra el cambio legislativo (este jueves ya han convocado una concentración frente a la Delegación del Gobierno de Barcelona) y a presionar a los grupos políticos de izquierda en el Congreso para que frenen la reforma a través de las enmiendas. Cabe recordar que el cambio legislativo fue presentado de forma conjunta por los grupos del PSOE y Unidas Podemos.

“Pese a no estar de acuerdo con el actual Código Penal, pedimos que durante el trámite parlamentario no se agraven los delitos de desórdenes públicos y se garantice el ejercicio del derecho a la protesta”, reza el manifiesto.

Tres son los focos principales de preocupación de las entidades: la inclusión del concepto “intimidación” en los desórdenes públicos, que los movimientos sociales ven “subjetivo” y peligroso al quedar sujeto a la interpretación de los jueces.

También preocupa que la reforma elimina la agravante de cometer los desórdenes en una manifestación que introdujo el PP, pero castigue a partir de ahora los que “se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público”. “Se abre la puerta a criminalizar actuaciones en base a la mera hipótesis de que puedan poner en peligro el orden público”, señala el manifiesto.

Las entidades alertan además de que la nueva redacción del artículo que castiga las ocupaciones de despachos u oficinas es “una criminalización clara” de las acciones de protesta de la PAH o los Sindicatos de Inquilinas en sedes bancarias al introducir específicamente que no hará falta que medie “violencia o intimidación” para que sea delito entrar en un local sin el permiso de su propietario. Hasta ahora este tipo de acciones se perseguían mediante las coacciones pero resultaban muy difíciles de probar en un juicio, lo que abocaba casi todos los casos a la absolución.

Cerca de 200 personas de varias entidades, entre ellas la PAH y el Sindicato de Inquilinos, se han concentrado este sábado en defensa de la ley catalana que limita los precios de los alquileres que ha sido parcialmente anulada por el Tribunal Constitucional (TC). La protesta se ha hecho bajo el lema 'La regulación no se toca' para denunciar que “los especuladores han utilizado los tribunales para hacer aquello que no consiguieron en el Parlamento: tumbar la regulación catalana de alquileres”.

El portavoz del Sindicato de Inquilinos Enric Aragonés ha asegurado que la regulación de los precios “ha venido para quedarse” porque es de “sentido común que tiene que tener topes”. “Hace falta una nueva ley que regule los alquileres y hay varios frentes abiertos y la ley estatal de la vivienda es uno”, ha remachado.

El sindicato critica que la decisión del TC “recorta” el derecho a la vivienda, a la vez que “defiende los intereses y los beneficios del lobby inmobiliario y de los fondos buitres”. Por eso, advierte que “volverán a regular los alquileres”, un hito para el que confía tener el apoyo de los partidos políticos y de las más de 4.000 entidades que ayudaron a impulsar la ley de alquiler de Catalunya, ahora recortada.

Aragonés ha criticado que “una vez más el TC ha enmendado las decisiones del Parlament” y que lo ha hecho “pisando el derecho a la vivienda”. Según el sindicato, “es imprescindible que haya una regulación para que los inquilinos puedan vivir con tranquilidad”. Por esta razón ha defendido que “hace falta una ley nueva que regule el precio” y ha reiterado que el TC “actúa haciendo el trabajo sucio del lobby inmobiliario y de todos aquellos que ven peligrar sus beneficios cuando nuestros derechos avanzan”.

También lo ve así Montse Ortiz, miembro de la junta de Òmnium Cultural. “Es un nuevo ataque a la soberanía del Parlament”, ha resumido asegurando que el recorte del TC es “un ataque a la convivencia y a la cohesión social”. Quien también ha asegurado que bien pronto se conseguirá una nueva ley que regule el precio del alquiler es Maria Antonia Castellana de la PAH, que ha defendido que lo volverán a hacer “porque todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna”.

La ley catalana de los alquileres, que se aprobó en 2020, permitía limitar los precios de los alquileres en barrios o ciudades donde se acreditara la carencia de vivienda asequible, previa declaración del barrio o ciudad como zona de mercado de vivienda tensionada. En estos casos, se establecía un tope que no podía superar en un 10% el índice de referencia de precios de alquiler marcado por la Generalitat. Según datos del Sindicato de Inquilinos, desde que entró en vigor se han beneficiado más de 160.000 familias.

La Audiencia de Barcelona ha revocado la condena que una jueza impuso a una pareja de inquilinos, Juan H. y Livia A., por una protesta contra la casera que les subió el alquiler y luego desahució ante su negativa al incremento de renta. La condena ahora anulada fue la primera contra dos miembros del Sindicato de Inquilinos y supuso un motivo de preocupación para el movimiento barcelonés en favor del derecho a la vivienda.

El caso de Juan y Livia adquirió relevancia en 2018 por el apoyo que prestaron a la pareja varios políticos, entre ellos la actual ministra de Igualdad, Irene Montero. Desde 2007 vivían en el mismo piso del barrio de Gracia con sus hijos. En octubre de 2018, la propietaria, Esther A., les comunicó que solo accedía a renovar el contrato con una subida del 30%, hasta 1.300 euros, y se negó a entablar negociación alguna.

Empezaron entonces las movilizaciones del Sindicato de Inquilinos de Barcelona y la Oficina Popular de la Vivienda del barrio de Gràcia para protestar contra la subida de alquiler, lo que no impidió finalmente el desahucio de la familia el 20 de diciembre de 2019 tras dos intentos frenados por la movilización vecinal.

La magistrada del juzgado penal 20 de Barcelona condenó hace unos meses a Juan y Livia a una multa de 720 euros por un delito de coacciones por un único hecho: la protesta en diciembre de 2018 en la oficina de la inmobiliaria que gestionaba los pisos de la propietaria, durante la cual el administrador envió un correo electrónico a la propietaria en el que anunciaba su renuncia a seguir llevando las fincas. Según la jueza, el administrador envió el correo porque se vio coaccionado por la “intimidación ambiental” derivada de la irrupción en la oficina.

La pareja, defendida por el letrado David Aranda, de Arrels Advocats, recurrió la sentencia, y ahora la Audiencia de Barcelona les ha dado la razón en una sentencia a la que ha accedido elDiario.es. En esencia, los magistrados consideran que la jueza que les juzgó en primera instancia vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de Juan y Livia al condenarlos por unos hechos por los que ya habían sido juzgados, algo vedado por la ley. Es lo que se conoce como el principio de “non bis in idem”.

Recuerdan los magistrados de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona que la protesta en la inmobiliaria ya fue objeto de un juicio por delitos leves a raíz del atestado policial que elaboraron los Mossos d'Esquadra. Sin embargo, como el administrador de fincas no acudió al juicio a ratificar su denuncia, Juan y Livia resultaron absueltos. Los jueces concluyen que aunque ahora la denunciante sea la propietaria, los hechos son los mismos, por lo que Juan y Livia no pueden ser condenados ahora por una protesta de la que terminaron exculpados en 2018.

Es más, recuerdan los togados que la propietaria “en modo alguno” puede ser víctima del delito de coacciones por la protesta en la inmobiliaria habida cuenta de que “ni siquiera se encontraba” en la oficina donde tuvo lugar la protesta.

La nueva sentencia absolutoria todavía puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, pero supone una victoria para el Sindicato, que en los últimos meses ha visto cómo dos de sus últimas campañas en contra de las subidas de alquiler terminaban en los tribunales, en lo que consideran una criminalización del derecho a la protesta. En la otra causa juzgada antes del verano su portavoz, Jaime Palomera, terminó absuelto, como ahora ha ocurrido con Juan y Livia.

“Ante cualquier intento de criminalización de nuestra actividad, volvemos a manifestar nuestra determinación y compromiso a continuar organizándonos y luchando por el derecho a la vivienda y a una vida digna”, han proclamado desde el Sindicato en un comunicado. La organización barcelonesa de inquilinos lamenta además que la “criminalización y judicialización” de sus acciones de protesta “se use frecuentemente por parte de quienes vulneran el derecho a la vivienda”. E insisten que ante todo defienden “el diálogo y la negociación entre arrendadores y arrendatarios”.

Casi la mitad de las personas que se mudaron en Barcelona y su área metropolitana entre 2014 y 2019 lo hicieron en contra de su voluntad. Son los llamados 'desahucios invisibles' y no aparecen en ninguna estadística oficial. Así lo indica una encuesta de la Cooperativa La Hidra en colaboración con el Sindicato de Inquilinos, la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que analiza las condiciones de los arrendatarios y ha intentado poner cifras a este fenómeno.

El estudio, realizado a partir de 2.000 encuestas, indica que el 45,8% de las mudanzas se debieron a dificultades financieras por el aumento del precio de la vivienda, a las condiciones deficientes de esta o a que el arrendador decidió finalizar o no renovar un contrato de alquiler. El 65% de los hogares que participaron en la encuesta aseguraron haber cambiado de vivienda una o más veces durante los últimos cinco años.

Este tipo de mudanzas o la inseguridad residencial afectan negativamente a la salud percibida. Los encuestados que han sufrido uno de estos 'desahucios invisibles' o que no tienen ninguna seguridad sobre dónde vivirán en el futuro aseguraron tener peor salud que el resto de personas participantes.

Este efecto negativo es especialmente visible en las mujeres afectadas por este fenómeno, que presentaban una peor salud que las demás. La inseguridad residencial también afecta a los menores, que presentaban un peor estado de salud percibida.

Otra de las conclusiones del estudio, presentado este martes en Barcelona, es que el asedio inmobiliario es una práctica generalizada en la capital catalana. Uno de cada dos de los hogares que participaron en la encuesta aseguraron haber sufrido este tipo de asedio.

Prácticamente la mitad (44,9%) sufrieron la negativa por parte del propietario de arreglar o reparar deteriores de la casa. El 12,8% aseguró que su propietario abandonó la escalera o las zonas comunes para causar molestias. El 11,3% afirmó haber sufrido engaños, amenazas y presiones psicológicas y el 8,4% el aumento ilegal del alquiler durante el contrato.

La media de edad de los entrevistados es de 38 años y buena parte de ellos tienen trabajos cualificados y estudios superiores o licenciaturas. Según los autores del informe, esto demuestra que el mercado de alquiler no solo genera precariedad en los colectivos más desfavorecidos, sino que afecta al conjunto de personas que viven de alquiler en la capital catalana y su área metropolitana.

El 97% de la muestra estaban sujetos a un contrato temporal de alquiler y 8 de cada 10 aseguraron destinar más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler de su vivienda. Un 29% incluso afirmó que dedicaba más de la mitad de sus ingresos a pagar la vivienda.

Tres años de proceso judicial, petición fiscal de tres años de cárcel y un juicio de más de diez horas por protestar contra su propietaria. Esto es lo que han vivido dos inquilinos de Barcelona, Fran y Alpha, y el portavoz de su sindicato, Jaime Palomera, que este lunes se han sentado en el banquillo de los acusados. Más allá de constatar que la protesta duró menos de seis horas, que no causó daños ni hubo amenaza alguna, el juicio ha puesto de manifiesto el deplorable estado en el que la familia Mas-Beya Fradera mantenía el piso que alquilaba a los dos acusados, hasta el punto que una de las propietarias ha reconocido que había una plaga de termitas. Los juzgados sin embargo han sido los inquilinos.

Ha causado sorpresa entre todas las partes que la magistrada del juzgado de lo penal 11 de Barcelona, Sílvia Pedrola, permitiera celebrar el juicio durante diez horas, con un receso de media hora a las 16:00h. La vista ha terminado pasadas las 21:00h. No se caracterizaba el pleito por su complejidad: la protesta del Sindicato de Inquilinos consistió en la ocupación durante medio día del centro de estética de la familia Mas-Beya Fradera, como tantas otras protestas en oficinas bancarias e instituciones ha habido en Barcelona en estos años. Lo novedoso es que la Fiscalía pida cárcel por ello.

“La protesta fue el último recurso que nos quedaba antes de ir debajo de un puente”, ha declarado Alpha en el juicio. Y es una única protesta la que ha centrado el juicio: la manifestación de menos de seis horas en octubre de 2018 que una treintena de miembros del Sindicato realizaron en un centro de estética de los Mas-Beya Fradera, una de las familias ricas de Barcelona con intereses en el sector cosmético e inmobiliario.

El conflicto entre propiedad e inquilinos ya venía de antes: primero los Mas-Beya Fradera quiso echar a la pareja alegando que un familiar tenía que ir a vivir al piso, algo que nunca ocurrió, pero finalmente los inquilinos lograron que la familia les renovara el contrato de alquiler gracias a su situación de vulnerabilidad. En medio, muchos problemas por el mal estado del edificio: termitas, tuberías que goteaban, inundaciones que le valieron a la familia una sanción de 180.000 euros del Ayuntamiento de Barcelona por acoso inmobiliario y la insalubridad de las viviendas.

Con este contexto la defensa de los acusados intenta rebatir la tesis de la Fiscalía y la familia (que ha elevado la petición de pena a tres años, igual que el Ministerio Público, pese a que inicialmente pedía 21 meses). La clave del caso es si la jueza aprecia violencia o intimidación en la protesta, algo que han negado los acusados pero que ha mantenido una de las hijas de la familia que se encontraba en el centro de estética.

En cambio uno de los mossos d'esquadra que acudió al centro de estética ha testificado que la protesta fue “pacífica”. Aunque afectó al normal funcionamiento del establecimiento, ninguno de los participantes en la protesta profirió amenazas a clientas o trabajadoras, ha agregado. El resto de mossos que ha declarado ha explicado que consideraron innecesario identificar a los manifestantes. Punto a favor de las defensas.

“Nuestro objetivo con la protesta era ser escuchados y visibilizar nuestro estado de vulnerabilidad”, ha remarcado Fran. Misma tesis ha expuesto Palomera: “Logramos que se visibilizara una situación de abuso y que los grandes propietarios se hicieran cargo de ella”. “No podíamos abrir las ventanas porque llovía caca de las tuberías, nos han estado amenazando ocho años, se inundó dos veces un piso.... y encima nos acusaron a nosotros de sus problemas”, ha remachado Alpha. Otros cuatro testigos, tres miembros del sindicato y un periodista que cubrió la protesta, han coincidido en señalar que fue “pacífica y tranquila”.

Una visión opuesta de la protesta ha mostrado una de las hijas de la familia que se encontraba en el centro de estética y que tuvo un ataque de ansiedad. “Fue muy intimidante, gritaban nuestros nombres y decían que no se moverían hasta que alguien de la familia se plantara allí, me sentí muy intimidada y amenazada”, ha aseverado. Su administradora de fincas ha dicho que el mal estado de la vivienda era una “mentira”, aunque ha reconocido que el Ayuntamiento multó a la propiedad por las condiciones insalubres.

Las trabajadoras del centro de estética no han acompañado el relato de su jefa. “Había dos personas un poco chulescas, pero no amenazantes”, ha resumido la subdirectora del centro de estética, que ha relatado un ambiente de canciones y música. “No me sentí intimidada, pero no fue agradable”, ha terciado la directora. “Estuvieron allí comiendo bocadillos y haciéndose notar, pero vamos...”, ha dicho la antigua contable. El abogado de la familia propietaria tampoco ha detallado ningún altercado reseñable, más allá de recordar que dijo a Palomera que fueran a hablar a un despacho del alquiler de la pareja ya que en el centro de estética “había señoras depilándose”.

El juicio contra Alpha, Fran y Palomera ha llegado poco más de un mes después de que otros dos inquilinos, Juan y Livia, se sentaran en el banquillo por protestar contra la subida del alquiler planteada por su propiedad y que está pendiente de sentencia. En su escrito de acusación, la Fiscalía considera que los inquilinos y Palomera incurrieron en un delito continuado de coacciones y otro de allanamiento de domicilio de persona jurídica por la divulgación de su caso en redes y tres manifestaciones ante el centro de estética propiedad de la familia, pero en sus interrogatorios a testigos y acusados la fiscal ha preguntado únicamente por la última de las protestas. Ni rastro de la supuesta “campaña de hostigamiento en redes sociales”. El juicio ha quedado visto para sentencia, pero los acusados ya han pasado diez horas casi ininterrumpidas en el banquillo.

Nueva acusación de la Fiscalía de Barcelona contra el movimiento en favor del derecho a la vivienda. El Ministerio Público reclama tres años de cárcel a dos inquilinos y al portavoz de su sindicato, Jaime Palomera, por las protestas que realizaron contra el desahucio planteado por los dueños de su edificio, los Fradera, una de las familias ricas de Barcelona con intereses en el sector cosmético e inmobiliario.

El juicio contra Alpha, Fran y Palomera se celebrará el próximo lunes en la Ciudad de la Justicia de Barcelona y llega poco más de un mes después de que otros dos inquilinos, Juan y Livia, se sentaran en el banquillo por protestar contra la subida del alquiler planteada por su propiedad y que está pendiente de sentencia. Para Palomera la nuevo acusación muestra que “cada vez hay más intereses en parar el movimiento por la vivienda por parte no solo del sector inmobiliario, también por parte del Estado”. “Pero no dejaremos la desobediencia civil no violenta, es nuestra forma de lucha y con la que hemos conseguido cambiar la ley de los alquileres”, ha sentenciado.

En su escrito de acusación, la Fiscalía considera que los inquilinos y Palomera incurrieron en un delito continuado de coacciones y otro de allanamiento de domicilio de persona jurídica por la divulgación de su caso en redes y tres manifestaciones ante el centro de estética propiedad de la familia en el año 2018.

Según la fiscal, llevaron a cabo “una campaña de difamación en redes sociales” tachando a su propietaria de “especuladora”. En persona acudieron a su negocio de estética en dos ocasiones para manifestarse ante la puerta del local y el 17 de octubre entraron “megáfono en mano”, detalla la fiscal, para protestar contra el desahucio. El Ministerio Público define la protesta como una acción que “perturbó el funcionamiento ordinario del local asustando a clientes y trabajadores” hasta que sobre las 18:00h. de la tarde salieron tras conseguir una reunión para negociar las condiciones de su alquiler.

La letrada Anaïs Franquesa, que representa a los tres acusados, ha advertido de que, en un hecho inusual, la pena que pide la fiscal es más alta que los 21 meses de cárcel que reclama la acusación particular de los dueños. “Es un caso clarísimo de criminalización de la protesta porque fue totalmente pacífica”, ha denunciado Franquesa, que ha expresado además “preocupación” por la contundente acusación del Ministerio Público.

El conflicto entre los inquilinos acusados y los dueños del piso (que también poseen el resto del bloque de la calle Floridablanca, en el gentrificado barrio de Sant Antoni) se remonta a varios años antes de que la propiedad planteara el desahucio. La propiedad mantenía en un estado insalubre el inmueble, en el que se acumularon plagas de termitas, amianto y cañerías de plomo en mal estado, pese a lo cual los inquilinos siguieron abonando el alquiler. Fue cuando se afiliaron al Sindicato de Inquilinos que, según ellos, empezó el acoso por parte de la propiedad.

“Siempre hemos cumplido y ellos deciden echarnos en el momento en que decimos 'basta' y que tenemos derecho a una vivienda”, ha aseverado Alpha. De hecho los inquilinos mantienen otro pleito contra la propiedad por daños y perjuicios derivados del “acoso inmobiliario” que denunciaron, y el Ayuntamiento de Barcelona abrió un expediente sancionador a los dueños por el mal estado del edificio.

Multa de 180.000 euros por acoso inmobiliario

El consistorio recibió hace tres años las primeras quejas de estos inquilinos por un supuesto acoso inmobiliario de la propiedad y, tras inspeccionar el edificio, constataron “falta de mantenimiento” del inmueble hasta el punto que afectaba a la salubridad de las viviendas. Así lo ha detallado la concejal de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, que ha explicado que iniciaron dos expedientes sancionadores por la situación de siete de los pisos del bloque y el proceso acabó con dos multas por un total de 180.000 euros.

La propiedad abonó el dinero, pero al mismo tiempo ha recurrido la sanción a los tribunales. Martín ha asegurado que durante todo el proceso administrativo del expediente, en el que descartaron las alegaciones de los caseros, trataron de “mediar” para que hicieran las reparaciones necesarias. “Pero la propiedad se negó”, ha lamentado.

Miles de personas se han manifestado este sábado en Barcelona para exigir al PSOE que la futura Ley de Vivienda que prepara al Gobierno incorpore la limitación del precio de los alquileres, la paralización de todos los desahucios y la obligación a los grandes propietarios para que realicen alquileres sociales.

La movilización se ha convocado en varias ciudades españolas en pleno debate interno en el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la conveniencia de que la ley entre a regular el precio de los alquileres, un asunto que ha generado tensión entre el PSOE, partidario de los incentivos fiscales a los propietarios, y Unidas Podemos, que reclama a sus socios de Gobierno que mantengan el compromiso que adquirieron para fijar un tope a los alquileres. En la marcha de Barcelona han participado varios cargos de En Comú Podem, como el diputado del Congreso Gerardo Pisarello.

Los movimientos en favor de la vivienda, como el Sindicato de Inquilinos o la PAH, han instado a los socialistas a escoger “entre los 'lobbies' o las personas”, en palabras del portavoz del Sindicato, Jaime Palomera, que también ha criticado la propuesta del PSOE sobre incentivos fiscales a los propietarios por ir “en contra” del acuerdo de Gobierno de coalición así como de la iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda firmante hace pocos meses al Congreso por los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez.

Las dos partes del Gobierno se han reunido en múltiples ocasiones en los últimos meses, dando muestras de sus diferencias en aspectos clave como la definición de “gran tenedor” (es decir, a partir de cuántas viviendas se puede considerar a un propietario como grande) o la prohibición de los desahucios para personas sin alternativa habitacional. Pero el gran nudo de las conversaciones está en cómo regular el precio de los alquileres. Una materia recogida en el acuerdo de gobierno de forma explícita y que le han reclamado al PSOE de forma insistente no solo desde Unidas Podemos, sino también desde los socios de la investidura y de los Presupuestos.

El planteamiento parece, a día de hoy, irreconciliable. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha puesto sobre la mesa una propuesta que abandona la limitación al precio del alquiler y recoge incentivos fiscales como fórmula para que los precios de los alquileres bajen en las zonas llamadas tensionadas, es decir, donde suben mucho en poco tiempo. La fórmula de bonificaciones llega al 90% en los casos de propietarios que reduzcan un 10% los precios respecto a contratos anteriores y varía en función de distintas casuísticas. 

Igual con tanta noticia de cambio en los banquillos de ministerios y selecciones ha pasado desapercibido un titular que se clava en el centro del verdadero asunto del momento. Lo recupero, por eso: Barcelona quiere obligar a destinar el 30% de los nuevos edificios a vivienda social. La idea no es una ocurrencia de la alcaldesa, como sugieren algunos medios, sino que viene de la sociedad civil: parte de una moción municipal presentada en febrero por la PAH Barcelona, Sindicat de Llogaters, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la Asamblea de Barrios para un Turismo Sostenible (ABTS) y el Observatorio DESC; una moción que contó con el voto a favor de todos los partidos con representación en ese ayuntamiento, menos el PP, y que se ha ido desarrollando en grupos de trabajo formados por miembros de esos partidos y los colectivos citados.

Además de la dotación de ese porcentaje para todas las promociones (y rehabilitaciones integrales, ojo), hay propuesto otro, del 40%, para los edificios dedicados a alojamiento turístico y se quiere extender el derecho de tanteo y retracto de forma que la administración tenga oportunidad de adquirir propiedades en proceso de compra-venta, además de seguir destinando edificios de titularidad pública a vivienda y ver la posibilidad de expropiar solares y edificaciones abandonadas para lo mismo. Por supuesto, la patronal inmobiliaria se ha llevado las manos a la cabeza pero la cosa avanza a su pesar, de momento. Y ojalá acabe siendo realidad porque, y esto también demuestra que no es ninguna ocurrencia, el éxito ya está comprobado.

En París, ahora mismo, el 21% del parque de vivienda es social y el objetivo es que sea el 30% en 2030. La reserva del 30% de las nuevas promociones es una de las normas que están contribuyendo desde hace años a este crecimiento. En Nueva York existe también algo similar; una regla que no sólo permite el rápido desarrollo de la vivienda pública sino que lo hace sin generar guetos, consiguiendo edificios y barrios menos segregados, todo un ideal urbano.

Resolver la crisis de alojamiento que azota a las ciudades es uno de los asuntos más urgentes a los que se tiene que dedicar la política, en España y en el mundo. Leo un informe norteamericano que dice que una persona que cobra el salario mínimo de allí debería tener dos empleos y medio a tiempo completo para pagar el alquiler de una casa de un dormitorio. En Madrid y Cataluña, el precio medio para una vivienda de 80 m2 es ya de casi 1.000 euros (el salario mínimo está en 858,5 euros).

La emergencia habitacional en la que vivimos es una desastre global y no de los naturales: las causas son bien conocidas y tienen que ver con la codicia de los mercados, de los fondos, de los inversores. También con las leyes nacionales e internacionales que les permiten arrasar las ciudades como godzillas de colegio de pago.

¿A qué esperan las demás?

Como Barcelona, muchas urbes tratan de reaccionar. Los Ángeles se propuso hace meses imponer un impuesto a las nuevas promociones para costear vivienda social. Filadelfia acaba de anunciar algo parecido. En Seattle quisieron cobrar también una tasa a las grandes empresas para financiar con ella alojamiento pero la presión de Amazon ha desbaratado la norma. En Francia se fijan en las políticas de París. En Europa se mira a lo que hace Viena.

España es la última en cuanto a vivienda social en el continente, aquí sólo es 1,5% del parque total. Nuestra Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es también una de las más lamentables. Algunos ayuntamientos han pedido recientemente que se modifique. Muchos aseguran que la vivienda es su prioridad pero no terminan entender la necesidad de actuar a pesar de las dificultades. No se puede decir que mientan al excusarse: el grueso de las competencias y los recursos son de las comunidades y del Estado. El nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, prometió su cargo hablando mucho de obra pública y nada de vivienda pública (al menos esta semana ha vuelto a ser presentada la Ley de Vivienda propuesta por la PAH y esta vez no ha sido vetada). Todo esto es cierto, sí, pero ¿es suficiente con pedir y esperar? No, no es suficiente.

Se dice mucho eso de que hacen falta políticos valientes. Ni siquiera es para tanto. Se necesitan políticos conscientes de los asuntos que administran. Hacer todo lo posible por frenar la burbuja inmobiliaria y sus consecuencias debería ser el primer objetivo de cualquier alcalde y alcaldesa. No hacerlo es una irresponsabilidad. No se requiere ningún acto heroico, basta con escuchar y trabajar en colaboración con los movimientos sociales de vivienda, que están demostrando estar perfectamente informados y articulados, ser activos y ser propositivos. Ahora mismo, sólo gobernando la vivienda se puede pensar en gobernar la ciudad. ¿A qué esperan quienes dirigen Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga y las demás?

El acceso a la vivienda está entre los 10 principales problemas que tiene Cataluña, según la última encuesta del CEO (el CIS catalán). En Barcelona, donde más se han encarecido los alquileres, el problema está en el cuarto lugar según la última Encuesta del Servicio Municipal. A pesar de estos indicadores, los partidos han optado por mandar a representantes de segunda fila al debate en la Universidad de Barcelona que ha organizado este lunes el Sindicat de Llogaters [Sindicato de inquilinos]. El representante del PP, Alberto Villagrasa, no ha acudido y se ha excusado a última hora.

Junts per Catalunya ha mandado a Lourdes Ciuró, la número 57 de su lista por Barcelona. Por parte de ERC ha asistido Chakir el Homrani, número 21. La CUP ha estado representada por Glòria Rubio, teniente de alcalde en Sabadell. El PSC ha optado por Jordi Terrades, número 7 y Catalunya en Comú ha mandado a Vanesa Valiño, asesora en el departamento de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Por parte de Ciudadanos ha acudido Noemí de la Calle, número 7 de la candidatura.

A parte del 'Procés', la subida de precio de los alquileres ha sido uno de los temas más recurrentes en Catalunya durante la última legislatura. Diversos estudios calculan que los arrendamientos han subido un 17% durante el último año en la comunidad, mientras que la subida en el resto de España ha sido del 9%. La imagen de comunidades enteras de vecinos abandonando sus bloques tras un aumento del alquiler ha sido constante, sobre todo en la capital catalana.

Con ciertos matices, los partidos han defendido reformar la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que permite al arrendador rescindir un contrato de alquiler a los tres años de manera unilateral. Tanto Junts per Catalunya como el PSC han optado porque los contratos de alquiler sean de 5 años con 3 de prórroga opcional.

Los partidos sececionistas han insistido en que el alquiler es una materia de ámbito estatal y que sin la independencia tienen muy complicado influir en los precios de los alquileres. “En el Congreso no hay ningún interés en modificar la LAU” ha asegurado Lourdes Ciuró, de Junts per Catalunya. “Es muy difícil legislar sin tener el control de la administración ni tener competencias”, ha añadido.

Vanesa Valiño, representante de Catalunya en Comú, ha defendido “aprovechar al máximo” las competencias de la Generalitat y ha afeado al PDeCAT su discurso actual tras haber ayudado al PP a aprobar los desahucios exprés en el Congreso. Valiño ha reivindicado el modelo francés y alemán, donde hay contratos indefinidos o se debe justificar por parte del arrendador una subida de precios. La representante de Ciudadanos, Noemí de la Calle, también se ha mostrado partidaria de esta opción.

Todos los representantes se han mostrado de acuerdo en aumentar el parque público de alquiler, si bien nadie ha concretado con qué dinero se haría este aumento. PSC y C's han recordado que la inversión en vivienda ha descendido hasta casi la mitad respecto a los presupuestos de 2009 y 2010. Desde ERC y la CUP han apostado por prohibir la venta de estas viviendas públicas para garantizar que no entren en el mercado privado. Los anticapitalistas han ido más allá y han defendido limitar por ley el precio de los alquileres, una propuesta que el PSC ha considerado “castillos en el aire” ya que, según ellos, la prioridad es modificar la LAU.

El debate se ha articulado a partir de preguntas de arrendatarios, todos ellos miembros del 'Sindicato de Llogaters', que han preguntado cuáles eran las propuestas para frenar la actual burbuja de precios y para modificar la LAU.

El tiempo para responder era muy limitado y, menos al final de la sesión, apenas ha habido debate entre los presentes. Muchos de los representantes se han limitado a leer la retahíla de datos que llevaba preparada.

Cuando ha habido más debate ha sido durante el turno de preguntas al final del acto. Los asistentes han reclamado celeridad a los representantes políticos y les han preguntado si vivían de alquiler. Los mayores aplausos los ha cosechado un asistente al debate, que ha afeado a los representantes políticos que parecía que la situación actual no tenía ningún culpable. “¿Quién es el fantasma que nos ha llevado hasta aquí?”, ha preguntado. “Habláis muy bien pero las palabras bonitas no nos sirven de nada a los ciudadanos”.