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La lucha de 20 familias de una finca modernista de Barcelona para que un grupo inversor no las eche

Una de las pancartas que cuelgan de los balcones del edificio, durante un acto de los inquilinos y el Sindicato

Pau Rodríguez

4 de noviembre de 2022 22:42 h

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Las noticias de los grandes caseros, los que compran fincas para reformarlas y venderlas, suelen llegar a los inquilinos por burofax. Pero a los de Casa Orsola, una finca modernista del Eixample de Barcelona que cuenta con 27 viviendas y cuatro locales comerciales, el mensaje les llegó por teléfono. “Nos llamó el entonces propietario para decir que se vendía el bloque y que los nuevos compradores no iban a renovarnos los contratos”, explica Tono Hernández, uno de los vecinos. 

Desde octubre de 2021, el nuevo propietario del inmueble es Lioness Inversiones SL. Los vecinos mantienen un duro pulso con el nuevo casero para permanecer en sus pisos, para lo que cuentan con el apoyo del Sindicato de Inquilinas de Barcelona y la Xarxa d’Habitatge Esquerra de l’Eixample.

Un año después del cambio de titularidad, y tras varias concentraciones, intentos fallidos de negociación y una reciente y también fracasada mediación del Ayuntamiento, cinco de los vecinos de la Casa Orsola están ya fuera de contrato, dos de los cuales con demanda para un futuro desalojo. Pero se resisten a abandonar la finca. Este sábado han organizado una jornada reivindicativa con actuaciones de Joan Colomo o Brigitta Lamoure. Además, en las últimas horas se ha conocido una carta de la alcaldesa Ada Colau dirigida a la Lioness con la que les reclama que acepten la renovación de los contratos.

La sombra de la supermanzana

Tono Hernández vive en la finca desde hace diez años y paga por su piso 815 euros al mes, una mensualidad que desde que le caducó el contrato en diciembre de 2021 consigna en los juzgados. Elisenda Paños, por su parte, está en el bloque junto a su marido y a su hijo desde 1992. Ellos abonaban hasta ahora 540 euros al mes, un precio lejos de los disparados alquileres del barrio (1.100 euros de media). A ellos tampoco les han renovado el contrato.

“Ni siquiera han querido negociar una subida”, lamenta esta vecina. “No sé adónde iremos si nos echan. Están todos los pisos del barrio a precios estratosféricos. Somos un claro ejemplo de gentrificación”, expone la mujer. 

Para la veintena de antiguos vecinos que habitan todavía la finca hay una particularidad añadida a su caso que tiene que ver con la cara negativa de las transformaciones urbanísticas de la ciudad. Su calle, Consell de Cent, es el mayor eje verde proyectado por el Ayuntamiento dentro del plan de supermanzanas del Eixample. Las obras de peatonalización comenzaron en agosto y deberían terminar en abril de 2023.

“Es una operación de especulación aprovechando las peatonalizaciones”, denuncia Hernández. “Las supermanzanas serán todo lo bonitas que quieran, pero no lo serán para nosotros”, añade Paños. 

Lioness niega la mayor

El nuevo propietario, Lioness Inversiones SL, niega todas las acusaciones de los inquilinos. De entrada, asegura que su adquisición de la finca nada tiene que ver con el proyecto de supermanzana, y añade que su intención nunca ha sido vaciar el inmueble de sus actuales habitantes, sino decidir en función de cada caso. Hay vecinos que tienen contrato indefinido y estos no se van a tocar, aseguran.

“Compramos la finca con visión patrimonial. Para arreglarla y cobrar rentas. En una operación grande, como empresa podemos recuperar algunos pisos, reformarlos y tratar de que esos alquileres nos ayuden a financiar la operación”, argumentan fuentes de la firma.

Las mismas fuentes acusan al Sindicato de Inquilinas de llevar a cabo una campaña de “acoso y difamación” contra la firma, con pancartas en las fachadas, la ocupación de su sede en junio y la identificación pública de sus directivos. “Dicen que somos un fondo buitre y no es cierto. Somos una empresa 100% de aquí, con la promoción inmobiliaria y la explotación de fincas como objeto social”, puntualizan desde Lioness.

La firma forma parte del holding Corporación Financiera Valora XXI, administrada por Albert Ollé, que cuenta con varias filiales dentro del sector inmobiliario y el call center. 

La relación actual entre los inquilinos y la propiedad está totalmente enquistada. Desde el principio, los vecinos informaron a su nuevo casero que querían una negociación colectiva para todos ellos a través del Sindicato de Inquilinos, mientras que Lioness respondió que su intención era hacerlo individualmente.

Hubo un intento de reunión entre ambas partes posterior a la acción de protesta en su sede este verano, pero no se pusieron de acuerdo en las condiciones. Lioness pidió que sus interlocutores se identificasen con DNI y dejasen sus móviles fuera. Desde el Sindicato se negaron a esto último.

Alojamientos temporales a 2.000 euros

La situación actual de las viviendas de la Casa Orsola es diversa. En el bloque, que ocupa un chaflán y cuenta con dos escaleras, viven una veintena de familias de las que estaban ya antes del cambio de propiedad. Cinco de ellas están sin contrato. Otras lo tienen indefinido. Y también había algunos pisos vacíos. Dos de estos últimos, ya reformados, son actualmente alojamientos temporales, para alquileres de una duración máxima de once meses, que se alquilan por encima de los 2.000 euros al mes.

Otras dos viviendas fueron ocupadas en los últimos meses por jóvenes activistas por la vivienda del barrio del Eixample. Este último punto, según Lioness, es el que ha hecho embarrancar el intento de mediación del consistorio. La firma defiende que antes de cualquier negociación esos dos pisos deben ser desocupados. Desde el Sindicato de Inquilinos, no obstante, dicen que esto último es “mentira”. “Quedamos en que ellos enviarían sus condiciones para sentarse a negociar. Y de momento no han enviado ningún escrito”, asegura un de la organización. 

Por su parte, fuentes de Vivienda del Ayuntamiento confirman que han ofrecido esta mediación gratuita y que proponen que se retomen los cinco contratos de alquiler caducados y que los pisos vacíos se destinen a vivienda social. En este sentido, respaldan la versión según la cual ha sido Lioness quien no ha aceptado sentarse en la mesa de negociación ni ha comunicado ningún tipo de condición para ello.

Ada Colau: “No es el modelo que Barcelona necesita”

Este jueves, la alcaldesa Ada Colau ha hecho llegar una carta a la propiedad, según ha podido consultar este diario, para reclamarles que hagan nuevos contratos a los actuales inquilinos. “Expulsar al vecindario para ofrecer alquileres de corta duración y a precios muy superiores a la capacidad adquisitiva de la población no es el modelo que Barcelona necesita y da pie a prácticas especulativas que incrementan la gentrificación”, les ha hecho saber. 

“No entendemos que no en el caso que no ocupa no se plantee la renovación de los contratos de las familias afectadas”, lamenta la edil en la misiva, donde insiste en que su propuesta pasa también por ofrecerles su bolsa de alquiler social para los pisos que tienen vacíos. “Nos sorprende que no hemos tenido respuesta por vuestra parte”, les recuerda. “No hemos recibido ninguna explicación al porqué de su rechazo a unas iniciativas que tienen por objetivo llegar a una solución ante el problema social al que  nos enfrentamos”, les reprocha Colau.

Sobre la predisposición de Lioness de mantener a algunos de los actuales inquilinos, la empresa esgrime el ejemplo el de Josefa, una pensionista de 80 años vecina del bloque. “Después de ver su caso concreto, y sin que tuviera que tramitar nada, le renovamos el contrato”, asegura el portavoz de la firma.

Desde el Sindicato rebaten la versión de Lioness. Aseguran que primero le mandaron un burofax informándole que no la renovarían. Cuando su hija se quejó y el caso fue público, añaden, le propusieron una renovación con aumento del 80% de su alquiler de 450 euros. “Por su situación de vulnerabilidad tiene derecho a un alquiler social y lo que ha hecho la propiedad ahora es dejar sin efecto el anterior burofax”, señalan desde el Sindicato de Inquilinas, que aseguran que se trata de una prolongación de un año que va a caducar pronto.

“Dicen que no quieren expulsar a los vecinos, pero su política hasta ahora ha sido la de no renovar contratos”, argumentan fuentes del Sindicato, que se quejan además de que dos personas, un vecino y un activista, han sido denunciados por la vía penal por delitos de coacciones y amenazas que ellos niegan.

La Casa Orsola, además de ser el hogar de esta veintena de familias, fue anteriormente el de la saga que llevaba este apellido. Los Orsola eran los dueños de la fábrica que por entonces ocupaba toda la manzana del Eixample y que se dedicaba a la producción de las características baldosas hidráulicas modernistas

Sus actuales inquilinos lo tienen claro. “Nuestra perspectiva es luchar y luchar. Al principio queríamos que nos renovasen contratos al mismo precio y a siete años. Pero ahora ya queremos que Lioness se vaya del barrio”, avisa Tono Hernández.

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