Una treintena de 'guiris' protesta contra los pisos turísticos frente a una inmobiliaria de Barcelona

Unas treinta personas vestidas con camisas hawaianas, gafas de sol, sombreros, chanclas y vestidos playeros, además de pelotas, sombrillas y colchonetas, se han presentado este martes frente a la inmobiliaria SH Barcelona para denunciar que la compañía Lioness Inversiones está negando la posibilidad de renovar los contratos de alquiler de los vecinos de la Casa Orsola, un bloque que desde hace unos meses pertenece a esta empresa. La inmobiliaria SH Barcelona, por su parte, se encarga de gestionar los alquileres temporales de los pisos de la finca que ya están vacíos.

La idea de disfrazarse de turistas fue de los vecinos del inmueble, que se muestran convencidos de que no les han permitido renovar para poder establecer pisos turísticos o alquileres de temporada y aumentar así el precio de las rentas.

Seis de los pisos de este edificio recibieron hace unos meses un burofax en el que la empresa comunicaba que debían abandonar la residencia en cuanto se terminase el contrato. De estos, ya hay tres a los que se les ha expirado el plazo, pero han decidido no marcharse y acudir al Sindicato de Inquilinos y a la XHEE (Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample).

Uno de los afectados es Josep Torrent, que lleva viviendo en la finca desde el 2003, es decir, 19 años. “El primero de mayo se me terminó el contrato y no ha habido manera de poder renovarlo”, explica en declaraciones a elDiario.es. Desde entonces, ha intentado negociar con la propiedad, pero asegura que la única respuesta que ha recibido es un: “Lo sentimos, pero el mercado es así”.

En una situación similar se encuentran Elisenda Baños y su familia, que llevan viviendo en Casa Orsola unos 32 años. “Pagamos 600 euros y sabemos que ahora quieren pedir 2.000 por este mismo piso”, afirma Baños, quien se muestra convencida de que la única explicación es que quieran “introducir alquileres temporales”.

En su caso, Baños cuenta con un informe de exclusión residencial y asegura que ya se lo ha hecho llegar a Lioness Inveriones para que le ofrezca un alquiler social acogiéndose a la ley 1/2022, que determina que un contrato debe renovarse si el inquilino se encuentra en situación de exclusión residencial. Tanto Baños como Torrent, han intentado seguir pagando sus alquileres, pero la propiedad lo ha rechazado, así que han decidido poner el asunto en manos de la justicia.

La protesta de los vecinos de Casa Orsola ha comenzado en el interior de las oficinas de la inmobiliaria SH Barcelona, pero ante el malestar de los trabajadores de la misma y, al ver que la intención era cerrar la puerta con ellos dentro, los manifestantes han optado por continuar la movilización en la calle. Para llamar la atención de los vecinos y de las personas que pasaban por allí han hecho sonar música y han jugado con pelotas de playa durante cerca de una hora.

Esta acción en la inmobiliaria no es la primera de los vecinos de Casa Orsola, que empezaron a organizarse y negarse a abandonar sus casas en cuanto les llegó el burofax. Desde entonces, han realizado asambleas y actividades conjuntas de modo que, entre ellos, han empezado a surgir amistades.

Asimismo, aseguran que la propiedad ha intentado pactar acuerdos individuales con algunos, pero se han negado. “O todos o ninguno”, exclamaba uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinos este martes, quien también subrayaba que este bloque cuenta con el apoyo de una cincuentena de entidades del barrio.

Por otro lado, desde el Sindicato de Inquilinos afirman que la nueva empresa propietaria del bloque lleva semanas pidiendo a los vecinos que quiten las pancartas de protesta que algunos han colgado en sus ventanas y balcones. Pero también que Lioness Inversiones ha comenzado a hacer obras en las viviendas que ya están vacías, aunque no ha puesto ningún cartel informativo en las zonas comunes del edificio.

También apuntan que han tirado tabiques y paredes a pesar de que no han pedido permiso a los vecinos que, según la ley, han de estar informados para poder llevar a cabo obras que modifiquen la estructura de las viviendas.

Los afectados han denunciado estas reformas irregulares al Ayuntamiento, que ya ha hecho una inspección en la finca. “Esperamos que sean sancionados”, declaran los portavoces del Sindicato de Inquilinos, que también aseguran estar presionando al Gobierno para que incorpore una medida en la nueva ley de vivienda que se está tramitando para que se persiga a aquellos arrendadores que establecen alquileres temporales (de 31 días a 11 meses) de forma fraudulenta, ya que para los alquileres turísticos se necesita una licencia específica.