La denuncia de la Guardia Civil contra la empresa Quantum Minería por presunta extracción ilegal de tierras en el Campo de Montiel (Ciudad Real) tiene como inesperado protagonista al conocido economista Javier Santacruz, asesor de la fundación del PP que Alberto Núñez Feijóo presentó en marzo de 2023, Reformismo 21.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil denunció el pasado 11 de diciembre a Santacruz, a Quantum y al director del proyecto para explotar las conocidas como tierras raras en esa área, “por la extracción de tierra dentro de la zona de servidumbre y de Policía de una rambla, careciendo de las autorizaciones correspondientes”. 

Santacruz figura denunciado como “responsable del proyecto de Quantum Minería SL, presente en los trabajos”, junto a la empresa y Enrique Burkhalter, director del Proyecto Matamulas, presente cuando se personaron allí agentes del Seprona y una patrulla de la Policía Local. Quantum y Santacruz aseguran que el economista, que también es agricultor, preparaba en ese momento una plantación de olivos para la empresa.

“Es empresario agrícola desde hace ya años, con base en Castilla-La Mancha. No tiene ninguna relación específica con Quantum Minería: simplemente fue contratado por la empresa para llevar a cabo una plantación de olivos” en una finca de Quantum “que llevaba años sin ningún uso” y para “sacarle algún provecho”, asegura la empresa, que ya ha presentado sus alegaciones y confía “en que todo se aclare sin más recorrido”. 

El informe de los agentes del Instituto Armado recoge hasta una decena de posibles infracciones y propició un expediente del departamento de Minas de la Junta de Castilla-La Mancha. Según la denuncia, “practicadas gestiones por los agentes del Seprona se averigua que la empresa propietaria de la parcela, Quantum Minería SL, no presentó las correspondientes autorizaciones para realizar la actividad extractiva de tierra en ese lugar, siendo ilegales los trabajos realizados dentro de la parcela 130 del polígono 21 del término municipal de Torrenueva”. 

La denuncia recoge que la empresa ha extraído tierra “de forma experimental, para comprobar la existencia de monacita gris (mineral fosfato)”. “La remoción de los terrenos para extraer la tierra ha sido realizada en unos 3.700 m2 de extensión”. “Se tiene conocimiento de que al menos uno de los camiones fue cargado con la tierra extraída de ese lugar, hasta ser paralizados los trabajos, habiendo sido retirada con destino desconocido”.

Señala como una de las posibles irregularidades la de “roturar terreno forestal para la extracción de tierras en la zona de servidumbre y de policía de la ‘Rambla del Camino de la Torre de Juan Abad’, careciendo de la correspondiente autorización”. Esa tierra iba a “ser cargada en los tres camiones allí existentes a través de la máquina excavadora”. “Si no se hubiesen paralizado las labores de extracción por carecer de licencia municipal, habría ocupado más terreno la explotación”, indicó el Seprona.

Santacruz explica a elDiario.es que Enrique Burkhalter, responsable del proyecto Matamulas, le contactó en noviembre para poner un olivar en una tierra de cultivo “improductiva” de cuatro hectáreas en el que iba a ser el proyecto original de la mina, vetado en su momento por la Junta. Dice al teléfono que es terreno forestal, pero “por catastro es agrícola, es la comprobación que yo hice”. “Para eso no hay que pedir autorización”. “No tiene ningún tipo de protección ambiental”. 

Asegura que los grandes movimientos de tierra que recoge la denuncia se explican porque había que nivelar el terreno, muy irregular. Señala que no ha vuelto a recibir ninguna notificación y está pendiente de si continuará o no con la plantación.

También dice que desconocía que tras Burkhalter está esa polémica empresa. En su LinkedIn, este geólogo se identifica como responsable del proyecto Matamulas, sin citar a Quantum, pero lleva años vinculado al proyecto. Quantum, dice Santacruz, es “de las típicas en las que no sabes quiénes son los protagonistas. El encargo lo firma la persona que lleva los temas técnicos. Esto me sirve para aprender para próximas ocasiones que hay que hacer más comprobaciones y saber bien quién es el cliente”.

El mediático economista, muy vinculado a Toledo, es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Econometría por la University of Essex (Reino Unido), por la que también es doctor en Economía. Especializado en macroeconometría y finanzas, ejerce como docente e investigador en varias universidades y escuelas de negocios nacionales e internacionales. Es economista jefe del Institut Agrícola, la patronal agraria más antigua de España, fundada en 1851, y que representa a este sector en Catalunya.

Consultor estratégico, analista de mercados y colaborador habitual en varios medios de comunicación, hace años fichó como asesor “principal” del ‘think tank’ Civismo, de marcada línea ultraliberal. Fue el firmante de numerosos estudios para este lobby financiado por varios ultrarricos, como Juan Abelló o la dueña de Prosegur, Helena Revoredo.

Desde varios estudios de lo que denominan “Día de la Liberación Fiscal”, cuándo calculan que un español deja de pagar impuestos (por ejemplo, el de 2021), a informes sobre la okupación: “Los vendedores de puertas ‘antiokupa’ harán su agosto: 3.000 pedidos al mes”, afirmaban en 2017.

En 2023, Santacruz se incorporó al equipo asesor de la fundación del PP, junto a Toni Nadal, tío del extenista, o la periodista Pilar García de la Granja. Presidida por el director de Fedea, expresidente de Renfe y exdiputado del PP, Pablo Vázquez, Reformismo 21, antes Concordia y Libertad, “pretende contribuir con proyectos y propuestas al progreso de nuestro país. Somos hombres y mujeres con vocación de trabajar por el interés general y que comparten una preocupación por mejorar el legado que dejamos a las próximas generaciones”.

Desde las elecciones de 2023, Santacruz ha participado con la fundación “de forma muy menor”, explica, aunque sigue en su consejo asesor junto a, entre otros, el ex eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano. 

El PP se ha cuidado de apoyar expresamente al proyecto de Quantum, que debe autorizar la Junta. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, se ha mostrado en contra por el rechazo en las zonas afectadas. El PP regional acusaba hace unos días al ecologismo de “negar lo que propone modernidad” y abogaba en el medio conservador El Debate por “investigar” cuando “se den las circunstancias para ello”, aunque admitía que “no hay un consenso social en torno a tierras raras”.

Fuera de la lista

Al no tener permiso de la Junta para investigar si hay monacita gris en Ciudad Real, Quantum no figura en la lista de proyectos estratégicos seleccionados en España por la Comisión Europea. Tras esos proyectos hay gigantes mundiales de las materias primas, el mayor fondo de inversión del planeta, varios ultrarricos y dos directivos multados en el pasado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por sendas infracciones muy graves.

Quantum Minería declara en sus cuentas un empleado y un patrimonio negativo de 3 millones, lo que indica una delicada situación financiera. La preside el polémico empresario Javier Merino, exmarido de la exmodelo Mar Flores conocido por aparecer en la lista de morosos de Hacienda o una condena por usar información privilegiada.

La empresa lleva más de una década intentando explorar las conocidas como tierras raras, ahora de máxima actualidad en el nuevo contexto geopolítico, sobre un área de unas 200 hectáreas en la zona denominada Matamulas, en los términos municipales de Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Valdepeñas.

Tras la denuncia del Seprona, la Junta inició en febrero actuaciones contra Quantum para esclarecer los hechos. El documento de apertura de diligencias señala que se ha podido infringir el artículo 121 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas al “extraer recursos geológicos sin obtener la pertinente autorización o concesión administrativa”, sancionable con multa de hasta 300.000 euros. El Servicio provincial de Minas inició actuaciones para determinar si inicia un procedimiento sancionador contra la empresa.

La Plataforma Sí a la Tierra Viva explicó en diciembre que fueron los vecinos quienes detectaron la operación de una retroexcavadora y tres camiones de gran tonelaje, que realizaban significativos movimientos de tierra, y ha pedido una actuación “ejemplar” y la “máxima sanción” para que “hechos tan graves no vuelvan a repetirse”.

La Junta de Castilla-La Mancha ha iniciado actuaciones contra la empresa Quantum Minería por la supuesta extracción ilegal de recursos en el término municipal de Torrenueva en la provincia de Ciudad Real. Así lo confirman fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha consultadas por elDiarioclm.es, que explican que es un proceso que deriva de una denuncia del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, Seprona. De este modo, la delegación provincial inicia las actuaciones previstas para comprobar o no que se produjo una infracción dentro de una finca privada de la propia empresa.

Desde la empresa aseguran que presentaron alegaciones ante el inicio de estas actuaciones, el pasado 3 de enero, y que no han recibido ninguna comunicación oficial al respecto. Además, resaltan que fue por un trabajo dentro de la finca de su propiedad. “Lamentamos que en pleno debate global sobre la importancia estratégica de las tierras raras, en Ciudad Real se esté dejando pasar una oportunidad enorme como es la presencia de neodimio en Campo de Montiel”, han aseverado. Igualmente, critican que lleven dos años esperando una respuesta de la Junta de Castilla-La Mancha a su proyecto de investigación Neodimio.  

El documento de apertura de diligencias señala que se ha podido infringir el artículo 121 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas al “extraer recursos geológicos sin obtener la pertinente autorización o concesión administrativa”. un incumplimiento que puede ser sancionado con multa de hasta 300.000 euros. Es el Servicio de Minas de la delegación provincial del Gobierno regional el que ha acordado iniciar estas actuaciones para determinar si se inicia un procedimiento sancionador contra la empresa.

Los hechos se remiten al pasado mes de diciembre, cuando Quantum Minería fue 'pillada' realizando movimientos de tierra sin licencia en el municipio de Torrenueva. La Plataforma Sí a la Tierra Viva explicaron entonces que fueron los vecinos quienes detectaron la operación de una retroexcavadora y tres camiones de gran tonelaje, que realizaban significativos movimientos de tierra.

En relación al inicio de actuaciones por parte de la Junta, han pedido una actuación “ejemplar” y la “máxima sanción” por parte de la Junta de Comunidades para que “hechos tan graves no vuelvan a repetirse”. Además, han lamentado la “hipocresía de la minería sostenible”.

“Este caso no es un incidente aislado, es un síntoma de que en no pocas ocasiones la codicia es el principal motor de la industria minera. No podemos permitir que la impunidad se convierta en norma, por lo que exigimos a las autoridades que actúen con la máxima contundencia, que se aplique la ley con rigor y que se envíe un mensaje claro a las empresas, el que la explotación ilegal no será tolerada, pues la protección del medioambiente, la salud pública y la seguridad de las comunidades deben de ser prioridades absolutas para cualquier órgano administrativo”, ha señalado Raquel López, productora agraria y portavoz de Sí a la Tierra Viva.

La trayectoria del empresario Francisco Javier Merino de la Cuesta ha transcurrido en paralelo, y casi proporcionalmente, en la prensa generalista y en la prensa del corazón. Por motivos diferentes pero igualmente oscuros. Su matrimonio de 15 años, de 2001 a 2016, con la exmodelo Mar Flores estuvo acompañado de tanto ruido como sus negocios de todo tipo, principalmente asociados a la industria de la construcción, a la petrolera y a la minera. Aunque tampoco ha dejado de hacer sus intentos en otros sectores como la hostelería y restauración, igualmente acompañados de polémica.

Heredero de una fortuna familiar vinculada a las empresas de combustible, Merino comenzó a saltar a la palestra mediática cuando se casó con Mar Flores, y fue también cuando se embarcó en varios de sus numerosos negocios, la mayoría arruinados al final de ese matrimonio. Y los no arruinados, tumbados por la Administración pública, como sucedió hace seis años con el proyecto extracción de tierras raras en el Campo de Montiel, que ahora el empresario ha desenterrado.

Ya en 2013, antes su divorcio, varias de sus compañías entraron en concurso de acreedores y las entidades financieras iniciaron procesos judiciales para su embargo. Estas ejecuciones hipotecarias comenzaron con una gasolinera, a la que siguieron otras propiedades, una detrás de otra. Y comenzaron las deudas.

Ese mismo año fue condenado a un año de cárcel y a una multa de millón y medio de euros por un delito de uso de información privilegiada. Según la sentencia, el empresario vendió acciones de la compañía Cartera Hotelera cuando sabía de antemano que el precio bajaría al hacerse pública dicha venta.

Un año después, la organización no gubernamental Global Witness publicó un informe muy crítico sobre la actividad de Star Petroleum, petrolera dirigida y participada por empresarios españoles, en Sudán del Sur, territorio devastado por décadas de guerra civil que logró la independencia en 2011. Allí, según la ONG, esa empresa negociaba la explotación de dos bloques exploratorios, en el que sería el primer acuerdo de este tipo desde la creación del país.

Dudas sobre “conductas éticas”

Entre las críticas del informe, apuntaba que la compañía estaba “íntimamente ligada a un hombre de negocios condenado por un fraude millonario”, el empresario Javier Merino; y que no había información pública sobre sus accionistas, más allá de “sociedades registradas en paraísos fiscales o jurisdicciones desconocidas”.

Global Witness consideraba igualmente “preocupante” que este empresario, fundador y exadministrador único de la compañía durante dos mandatos, fuera condenado por un delito de información privilegiada “inmediatamente antes de su segundo nombramiento”, en 2010, algo que sembraba “dudas sobre la conducta ética de la compañía”.

Pero fue en mayo de 2021 cuando Merino vivió uno de sus procesos más controvertidos, en este caso en su faceta como hostelero. Fue cuando tuvo que hacer frente a la subasta de la mítica Sala Fortuny del barrio madrileño de Chamberí. Había sido inaugurada en 1997 y fue famosa por las fiestas de élite que allí se celebraban. Era el último activo del empresario tras una inmensa acumulación de deudas de sus anteriores empresas.

Salió a subasta por 23,5 millones de euros. La única puja que recibió fue de 16,5 millones de euros. Hoy en día acoge un restaurante italiano y una coctelería. La subasta fue ordenada por un juzgado madrileño tras años de liquidación de su patrimonio empresarial con el objetivo de pagar a sus acreedores.

Es el motivo por el que Merino, como miembro de estas empresas, ha aparecido en los últimos años en la lista de morosos con Hacienda. Forman parte de este listado, por ejemplo, la mencionada Star Petroleum, Multipetróleos o Multipromotour, a nombre de la cual compró varios inmuebles y terrenos que también tuvieron que salir a subasta. Según la actualización de 2023 de este documento, Multipetróleos debe 1,2 millones de euros a las arcas públicas. El Grupo Empresarial Mena, a través de la cual actuaba como promotor inmobiliario, también está en esta lista con una deuda de 3,8 millones de euros.

Él ha afirmado en declaraciones a algunos medios que no tiene ninguna deuda con Hacienda. La cuestión es que algunas de las empresas a las que ha pertenecido y que ha fundado ya no existen, han cerrado por pérdidas millonarias, se han reestructurado o el propio empresario ha roto sus vínculos con ellas. De cualquier forma, el empresario sigue a la espera de varios procesos judiciales.

Actualmente, Javier Merino es presidente de Quantum Minería, la empresa que proyectó una mina de extracción de tierras raras en el Campo de Montiel hace seis años. No pasó los trámites ambientales, lo que unido al enorme rechazo social en la comarca, dio al traste con sus planes mineros. elDiarioclm.es se ha puesto en contacto con Quantum Minería sin obtener respuesta.

En Castilla-La Mancha, Merino ha hecho desde entonces poco humo, al menos de manera pública y con focos. Tiene motivos después de que un acto con el antiguo rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado, les estallara en la cara a ambos mientras se tramitaba el expediente de su proyecto de tierras raras.

En el punto más álgido de las protestas ciudadanas, Merino firmó un convenio con la Universidad regional mediante el cual se creaba una Cátedra sobre Gestión de Recursos Minerales. Aprovechó el acto para decir que “nunca” cerraría el proyecto de tierras raras en el Campo de Montiel.

Efectivamente, ha vuelto a la carga con esta iniciativa pero la cátedra no aparece en el listado de la UCLM. Las protestas ciudadanas por su proyecto minero también retumbaron contra este convenio y arremetieron contra la institución académica por formar parte de un “lavado de imagen” de la empresa minera. 

La Plataforma Sí a la Tierra Viva, bandera del rechazo de la comarca al proyecto extractivista de Quantum en el Campo de Montiel, se dirigió directamente al entonces rector para recordarle que la financiación pública de la Universidad le impide participar con mercantiles de “oscura trayectoria”. Nunca más se supo de esa firma ni de esa cátedra.

De los papeles de Panamá a los pueblos del Campo de Montiel

De igual forma, durante la tramitación de primer proyecto de Quantum, la Plataforma Sí a la Tierra Viva se hizo eco de las declaraciones del exdiputado regional de Podemos David Llorente en las Cortes de Castilla-La Mancha, en las que vinculó esta iniciativa con los papeles de Panamá a través de Javier Merino y de otro empresario, Miguel Ángel Remón, y sus “intereses comunes” con el empresario hispano-iraní Massoud Farshad Zandi, relacionado a su vez con el despacho Mossack Fonseca, vinculado con los papeles de Panamá.

Este colectivo mencionó informaciones que publicó elDiario.es para afirmar que Farshad Zandi, “amigo personal” del expresidente Felipe González, tenía intereses empresariales comunes con el empresario Javier Merino y con Miguel Ángel Remón, directivo por entonces de Quantum Minería, a través de la empresa petrolífera Star Petroleum.

En la localidades ciudadrealeaña de Torrenueva y Torre de Juan Abad, que forman parte del epicentro del Campo de Montiel donde Quantum quiere retomar su proyecto, algunos no saben ni quién es Javier Merino, pero otros sí. Y lo tienen “enfilado”.

Desde los colectivos sociales que ya se han adherido a dar nueva batalla contra el proyecto minero, explican a elDiarioclm.es la “lógica de negocio” del empresario. “Las tierras raras se utilizan para la fabricación de nuevas tecnologías, entre ellas materiales para energías renovables. Europa quiere dejar de depender de China y el Gobierno español también está en ello y lo avala. Se puede comprender el empeño una y otra vez, pero nos van a tener de frente sin parar. Es nuestro pueblo, nuestro campo, nuestra naturaleza. Aquí no va a haber ninguna mina a cielo abierto, ni con el señor Merino, ni con sus deudas ni su trayectoria, ni con ningún otro señor”, concluye la Asociación de Amigos del Campo de Montiel.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) ha desestimado la demanda de la empresa Quantum Minería contra el presidente de la Plataforma Sí a la Tierra Viva, Luis Manuel Ginés, por el supuesto daño producido en su nombre e imagen. Precisamente, el pasado martes este colectivo recibió uno de los galardones de los Premio de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.

En la sentencia el juzgado absuelve al presidente de esta asociación de los daños de los que le acusaba la empresa promotora de los proyectos de minería de tierras raras en la comarca ciudadrealeña del Campo de Montiel, y que fueron rechazados tras una amplia ofensiva de la Plataforma, vinculada a esta comarca y contraria a este proyecto extractivo de elementos químicos. No se han impuesto costas a ninguna de las partes. 

Quantum presentó la demanda en enero de 2017 después de que la plataforma solicitara un año antes la colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) para dirimir si se había incumplido la legalidad vigente en las calicatas que varias empresas mineras habían realizado dentro de la Red Natura 2000 sin tener licencia municipal de obras. De hecho, el colectivo ciudadano también denunció entonces que se estaban manipulando minerales de tierras raras en un corral dentro del casco urbano de Torrenueva, actividades que fueron clausuradas con posterioridad por el Ayuntamiento de la localidad ya que Quantum carecía de licencia, por lo que fue sancionada con 2.700 euros.

Tras la sentencia que exime a Sí a la Tierra Viva de ningún tipo de daños a la minera, la plataforma explica que entendió la presentación de esta demanda como un intento de hostigar a su presidente, eligiéndolo como “cabeza de turco”, al dirigirla contra él a título personal y no en su calidad de representante del colectivo. Interpreta además que con esta sentencia se avala la postura de defensa expuesta por la abogada de la plataforma, María del Carmen Morallón Hidalgo, quien desde el inicio manifestó que la denuncia ante el Seprona se circunscribía en el ámbito de la acción penal pública que corresponde a cualquier ciudadano en defensa de un bien jurídico general como es el medio ambiente.

“Afianza la acción de cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un presunto delito sobre bienes jurídicos públicos, para que pueda denunciar con la tranquilidad de obrar conforme a derecho”, concluye.

Después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha tumbara el proyecto de extracción minera de tierras raras en el Campo de Montiel, la mercantil promotora a la que se cerró la puerta, Quantun Minería, ha abierto otro procedimiento administrativo para el lavado de estos elementos químicos. Para ello, cursó solicitud de sondeos en aguas subterráneas a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), que ahora ha suspendido el plazo para resolver a la espera de que el Gobierno de Castilla-La Mancha se pronuncie al respecto.

El objetivo de esta empresa es ahora realizar lavado de estos elementos químicos mediante el sondeo de aguas subterráneas a 200 metros de profundidad en la misma zona. El objetivo de la investigación es principalmente el tratamiento de monacita, un grupo de cuatro minerales utilizados para la elaboración de materiales tecnológicos.

La petición a la Confederación la hizo pública en su momento la Plataforma Sí a la Tierra Viva, el colectivo que se constituyó como respuesta civil al primer proyecto y así aparece publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real del pasado mes de marzo. Desvelaba que Quantum pretende la realización de un sondeo de investigación de aguas subterráneas al objeto de determinar la existencia de un caudal aprovechable continuo inicial de 2,781 litros por segundo. Establece que el volumen máximo anual inicial sería de 87.730 metros cúbicos (reducido al 20% posteriormente).

En cuanto a la posible afección del sondeo, la empresa tomaba en consideración una extensión de 340 kilómetros cuadrados (34.000 hectáreas), en los que Quantum inventarió 121 puntos de agua, en su gran mayoría por con una profundidad menor de 20 metros.

Ahora la Confederación del Guadiana ha suspendido el plazo de tres meses para resolver, quedando el expediente del preceptivo informe del Gobierno de Castilla-La Mancha, tal y como se ha comunicado a todos los colectivos que se han personado en el proceso.

Nuevos movimientos de rechazo social

Los técnicos de ‘Sí a la Tierra Viva’ ya habían analizado también la nueva documentación presentada por Quantum Minería, habiendo puesto a disposición de la ciudadanía un primer documento de alegaciones, que después ha sido reforzado con las realizadas por la propia asociación. También ha mantenido contactos con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, ayuntamientos y otros colectivos de la comarca que están manifestando su intención de luchar de forma conjunta con la Plataforma para evitar que este “ingente volumen hídrico sea desaprovechado”.

A finales de octubre de 2017, el proyecto de explotación de tierras raras de Quantum en el Campo de Montiel obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental negativa en Castilla-La Mancha por la “inviabilidad ambiental” de este tipo de extracción minera y por su afección a un corredor ecológico entre dos superficies donde habitan especies como el águila imperial, el sisón y el milano real, además de ser zona de paso del lince ibérico.

“Esto pone fin al proceso”, repitió entonces el consejero de Medio Ambiente, Francico Martínez Arroyo. Con ello se daba ‘carpetazo’ a uno de los proyectos que más contestación ciudadana ha tenido en la presente legislatura y triunfaba ese ‘no a la mina’ repetido en sucesivos manifestaciones.

Izquierda Unida ha registrado varias preguntas en el Congreso de los Diputados  sobre la solicitud de la mercantil Quantum Minería para investigar y sondear aguas subterráneas en la cuenca del Guadiana, con el objetivo de realizar lavado de tierras raras, en el término municipal de Torrenueva (Ciudad Real). Las preguntas presentadas por la diputada Eva García Sempere demandan respuestas sobre la solicitud de extracción de agua por parte de esta empresa minera a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). Es la misma mercantil a la que el Gobierno castellano-manchego desautorizó su proyecto de extracción de tierras raras en el Campo de Montiel por inviabilidad ambiental.

La parlamentaria, adscrita al Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, requerirá al Congreso de los Diputados explicaciones sobre la intención de conceder ahora permiso de investigación para esta nueva investigación y para lo cual, afirma Izquierda Unida, la Confederación Hidrográfica del Guadiana abría un periodo de consultas el pasado 14 de marzo.

A este respecto, preguntará al Gobierno central por la sostenibilidad de esta actividad, ya que la empresa quiere extraer un máximo inicial anual de 87.730 metros cúbicos, en una masa hídrica “declarada sobreexplotada desde hace más de 30 años”. A su vez, se interesa por la conveniencia de la autorización de extracciones para una actividad “perjudicial para el medio ambiente y la salud de los habitantes de la comarca” y cómo se garantizaría que en el caso de la utilización de ese agua para el lavado de la monacita “no afecte  a las salud de las personas y animales del entorno a corto y largo plazo, ni contamine las aguas subterráneas”.

El nuevo objetivo de Quantum en Ciudad Real lo hizo público la Plataforma Sí a la Tierra Viva, el colectivo que se constituyó como respuesta civil al proyecto anteriormente rechazado, tras un controvertido proceso administrativo. El documento de la nueva petición se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real el pasado mes de marzo y desvela que Quantum pretende la realización de un sondeo de investigación de aguas subterráneas a una profundidad de 200 metros en la localidad de Torrenueva, al objeto de determinar la existencia de un caudal aprovechable continuo inicial de 2,781 litros por segundo.

Establece que el volumen máximo anual inicial sería de 87.730 metros cúbicos (reducido al 20% posteriormente). En cuanto a la posible afección del sondeo, la empresa toma en consideración una extensión de 340 kilómetros cuadrados (34.000 hectáreas), en los que Quantum ha inventariado 121 puntos de agua, en su gran mayoría por con una profundidad menor de 20 metros. 

A finales de octubre de 2017, el proyecto de explotación de tierras raras de Quantum en el Campo de Montiel obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental negativa en Castilla-La Mancha por la “inviabilidad ambiental” de este tipo de extracción minera y por su afección a un corredor ecológico entre dos superficies donde habitan especies como el águila imperial, el sisón y el milano real, además de ser zona de paso del lince ibérico.

A casi todo el mundo le pasaron desapercibidos los permisos de investigación que el Gobierno de María Dolores de Cospedal concedía en 2014 para que la empresa minera Quantum pudiera realizar las primeras ‘catas’ en el Campo de Montiel. Fue en junio de 2015, a punto de cambiar el Gobierno de Castilla-La Mancha, cuando un documento en el Diario Oficial establecía, con el Ejecutivo aún en funciones, que esas primeras operaciones no requerían declaración de impacto ambiental y recibían por tanto luz verde. Con ello empezó un procedimiento administrativo que ha durado casi tres años y que finalizó hace poco más de una semana, cuando se publicó la declaración negativa de impacto ambiental de esta iniciativa después de varios informes desfavorables, resoluciones parlamentarias y manifestaciones ciudadanas contra un controvertido proyecto que ya no se realizará.

¿Para qué servían esas primeras 'catas'? La promotora quería tantear el suelo de esta comarca de Ciudad Real para su proyecto de extracción minera de tierras raras, monacita para la fabricación de nuevas tecnologías, y que ha generado conflictos entre la Unión Europea y China, este último país como principal exportador. Unos meses después, ya con Emiliano García-Page en la Junta, saltaban las primeras alarmas. Nació la Plataforma Sí a la Tierra Viva, agrupando a ciudadanos de varios pueblos afectados como Torrenueva o Torre de Juan Abad, así como a ecologistas y expertos que empezaron a alertar sobre los riesgos de este tipo de minería.

Las denuncias de este colectivo se iniciaron a raíz de lo que consideraron “dudas y opacidad” en torno al proyecto. Por entonces apenas se conocían los planes de la empresa minera y el portavoz de la Plataforma, Luis Manuel Ginés, apuntó desde el principio a la “complicidad” tanto de la Junta como del PSOE debido a la “falta de información” desde los ayuntamientos. Parte esas alarmas se atenuaron cuando el director general de Industria, Energía y Minería, José Luis Cabezas, aseguró que el proyecto minero no saldría adelante si había riesgo medioambiental y oposición social. Por entonces, la Junta afirmaba no estar “ni a favor ni en contra” de los objetivos de Quantum.

Después la pelota cayó en la Consejería de Medio Ambiente. La promotora quería en un principio una toma de agua de 500.000 metros cúbicos anuales del pantano de la Cabezuela, que abastece a 36.000 habitantes del Campo de Montiel, principalmente a Valdepeñas, en una comarca con clara escasez de recursos hídricos. Así lo manifestó la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su primer informe, un texto que agravó la polémica y que comenzó a sentar las bases de otros riesgos: para la salud, para el medio ambiente, para la agricultura vitivinícola y para el desarrollo socio-económico de la zona. Hasta el Consejo de Seguridad Nuclear y la Defensora del Pueblo se adhirieron con respectivos informes a los riesgos de esta minería a cielo abierto.

El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, adelantó entonces a eldiarioclm.es que sería en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental donde el promotor debía demostrar que su proyecto fuera “inocuo para la calidad y la disponibilidad del agua”, así como para los recursos agrícolas de la comarca. Afirmó que la Consejería garantizaría el análisis de esas afecciones. Y efectivamente así fue. Un año y medio después, la amenaza al patrimonio natural y a las especies protegidas como el lince ibérico ha sido la que ha tumbado el proyecto.

Entre medias, los detractores de la Plataforma también llegaron a poner en tela de juicio el propio procedimiento administrativo. Afirman que se dividió en varias piezas y pidieron que todos los expedientes se agruparan en uno solo porque con ello se evitaría “separar artificialmente” una gran superficie en varios proyectos para que “pareciera que había un menor impacto ambiental”. Desde el Gobierno regional era otro el punto de vista: “la individualidad de cada expediente viene marcada por su consideración como expediente minero”, pero el propio procedimiento de evaluación de impacto ambiental “podrá requerir que se entren a analizar los efectos sinérgicos de los expedientes más próximos”.

A partir de entonces, el proceso se dividió entre las movilizaciones ciudadanas, de las más participativas conocidas en la comarca, y las Cortes regionales, donde llegaron a aprobarse hasta tres resoluciones pidiendo el archivo “inmediato” del proyecto minero. Estas iniciativas parlamentarias las capitaneó el diputado de Podemos David Llorente y curiosamente se aprobaron tras recibir el apoyo del PP, partido que había iniciado los trámites. Por su parte, desde el Gobierno siguieron defendiendo la legalidad del proceso y remitiendo a la declaración de impacto ambiental. Pero incluso antes de que esta se aprobara ya el propio presidente, Emiliano García-Page, manifestó su rechazo a este tipo de minería. Con ello daba las pistas sobre su futuro.

En cuanto a la empresa promotora, defendió su iniciativa prácticamente hasta el final. En el documento de alcance que le solicitó el Gobierno castellano-manchego rebajó las cantidades de agua que necesitaría para la extracción de monacita y abogó por pozos, desaladoras o incluso camiones cisterna. A sus alegaciones incorporó informes que negaban muchos de los riesgos apuntados y subrayó que en realidad se trataba “de una gravera”.

Pero el resultado al final fue el previsible. A finales de octubre la Junta anunciaba informe desfavorable al proyecto y anunciaba que no habría minería de tierras raras en el Campo de Montiel por la “inviabilidad ambiental” de este tipo de extracción minera y por su afección a un corredor ecológico entre dos superficies donde habitan especies como el águila imperial, el sisón y el milano real, además de ser zona de paso del lince ibérico. “Esto pone fin al proceso”, repitió en varias ocasiones el consejero Martínez Arroyo. Con ello se daba ‘carpetazo’ a uno de los proyectos que más contestación ciudadana ha tenido en la presente legislatura y triunfaba ese ‘no a la mina’ repetido en las manifestaciones.

La Plataforma Sí a la Tierra Viva celebró ampliamente esta decisión y anunció que seguirá trabajando para tener una ley regional que establezca limitaciones a esta minería e impida la implantación de proyectos en el futuro. En esta misión se encuentra el diputado David Llorente, que se ha comprometido en este objetivo y que también se congratuló del final del proyecto, contra la “oligarquía de las tierras raras”.

Hace más un mes que lo anunció el Gobierno de Castilla-La Mancha pero hoy ya se ha hecho oficial. La Dirección General de Industria, Energía y Minería ha oficializado la denegación del polémico proyecto de minería de tierras raras solicitado por la empresa Quantum Minería en el Campo de Montiel (Ciudad Real) a través de un anuncio publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). Este ‘carpetazo’ se produce tras la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa que elaboró la Consejería de Medio Ambiente y que ya detalló el consejero del ramo. Francisco Martínez Arroyo.

Según indica este anuncio,  la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha denegado las concesiones de explotación derivadas de permisos de investigación -Matamulas-F1, Rematamulas-Fracción 1ª y Rematamulas-Fracción 2ª- en los términos municipales de Torrenueva y Torre de Juan Abad, en la comarca del Campo de Montiel, por la inviabilidad ambiental de los mencionados proyectos.

En este sentido, alude a la declaración de impacto ambiental (DIA) negativa anunciada el pasado 31 de octubre, la cual rechaza el proyecto de minería propuesto por Quantum por el “ataque a la biodiversidad” que podría suponer, teniendo en cuenta que se pretendía desarrollar en un corredor ecológico entre dos superficies donde habitan especies como águila imperial, sisón y milano, además de ser zona de paso de lince.

Fue el pasado 31 de octubre cuando el Consejo de Gobierno puso punto final al proyecto de extracción minera de tierras raras. Fue la defensa de la biodiversidad y el agua las claves que acabaron con este proyecto, tal y como le habían reclamado al Ejecutivo regional los colectivos ecologistas, sociales y ciudadanos agrupados en la Plataforma Sí a la Tierra Viva, muy beligerante contra el proyecto desde que se concedieron los primeros permisos de explotación.

El “fin del proceso”

“Esto pone fin al proceso”, repitió en varias ocasiones el consejero. Precisó que este tipo de minería, que extrae (entre otros elementos químicos) monacita para la fabricación de nuevas tecnologías, quería ejecutarse en un corredor ecológico que abarca dos superficies muy importantes de zona protegida de aves esteparias. Este área es también zona de paso del lince ibérico -en peligro de extinción-, del sisón, del milano real y del águila imperial, todas ellas incluidas en el catálogo de especies amenazadas. Es decir, con ello la Junta esgrimió los argumentos con los que  ya advirtió a Quantum de la inviabilidad ambiental de su proyecto en anteriores informes. “Nuestra obligación preservar estas especies y hacer compatible esta defensa del medio ambiente con la actividad económica, y en este caso no era compatible”, recalcó Martínez Arroyo.

El agua ha sido el segundo factor determinante. La DIA argumenta que el proyecto no garantiza la disponibilidad de este recurso, que se utiliza para la transformación de los elementos mineros extraídos. En su último documento, Quantum llegó a reducir las necesidades de agua hasta en un 72%, y propuso alternativas como el transporte hacia la planta en camiones cisterna o incluso extraer el agua de una capa más profunda del Acuífero. Pero, de cualquier forma la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) consideró que ninguna propuesta era adecuada ni “justificada”.

Con la publicación de hoy, pasa a la historia uno de los proyectos que más contestación ciudadana ha tenido en la presente legislatura. Varias manifestaciones en la comarca, actos ciudadanos en Toledo y resoluciones en las Cortes regionales han pedido durante dos años que la minería de tierras raras llegara a su fin.

Quantum Minería, la compañía que ha puesto en marcha el proyecto de extracción de tierras raras en la provincia de Ciudad Real, ha anunciado que recurrirá la decisión de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El Consejo de Gobierno aprobó la semana pasada la Declaración de Impacto Ambiental negativa de la iniciativa, y desde el Ejecutivo afirmaron que “no hay posibilidades” de que ningún proyecto de este tipo salga adelante en la zona de Campo de Montiel.

La compañía ha explicado que la noticia “no les ha sorprendido”, debido a que el proyecto se había desestimado tanto por parte de Emiliano García-Page, presidente de la Comunidad Autónoma como de Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. “Incluso antes de que se presentaran los informes técnicos”, recalcan en un comunicado. Por eso, aseguran que la resolución de la DIA “responde a prejuicios y motivaciones políticas más que a razones rigurosamente técnicas”.

A pesar de esto, el equipo de Quantum Minería “albergó alguna esperanza” de que la resolución de la Junta fuera positiva, al considerar que el proyecto tiene “importantes” beneficios socioeconómicos“ y también dada la ”prioridad“ de la Unión Europea a la extracción de tierras raras, así como ”el apoyo a la minería como motor de generación de empleo y riqueza“ en otras Comunidades Autónomas. ”Lamentablemente, la Junta se ha mantenido firme en su posición inicial, previa al estudio de la propuesta de proyecto“, concluyen.

Quantum ha decidido recurrir la resolución de la Junta de Comunidades al afirmar que la Administración ha incurrido en “ciertas irregularidades” en lo que se refiere a plazos y acceso a información relevante para el proyecto. Concretamente, en el tema de los plazos, la compañía señala el “incumplimiento del plazo” para la definición del alcance del Estudio de Impacto Ambiental, que pasó de 3 a 12 meses, así como la fijación de un plazo de tres meses para la realización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para el que se habían fijado el alcance en el tema de biodiversidad que requería al menos un año de observaciones.

Además, acusan a la Junta de negarse a entregar datos de fauna en poder de la Administración, y la no autorización de un sondeo para estudiar las posibilidades de un acuífero profundo no explotado. Finalmente, han señalado que mantienen su compromiso con el proyecto y que harán “todo lo que esté en su mano para llevarlo a buen puerto”, primero con un recurso contencioso-administrativo y otras opciones judiciales, “si fuera necesario”.

“Hoy es un gran día para Castilla-La Mancha”. Así ha comenzado su intervención el diputado regional de Podemos, David Llorente, con motivo de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre el proyecto minero de tierras raras en Ciudad Real que ha aprobado el Consejo de Gobierno. El parlamentario, que ha liderado la crítica política contra esta iniciativa de la mercantil Quantum, junto con otros colectivos ecologistas y sociales, ha felicitado especialmente a los vecinos del Campo de Montiel, recordando que la declaración es “vinculante y concluyente” y pidiendo incluso a la promotora que “renuncie” a presentar sus alegaciones a la DIA porque el proyecto ya no tiene recorrido. “Quantum debería marcharse y no volver más”, ha recalcado.

“Es un triunfo de la razón frente a la irracionalidad de los proyectos que representaban una amenaza para el agua, para la salud pública, para el medio ambiente, para la fauna, para la agricultura y para las actividades productivas de la zona, tal y como lo han reconocido los organismos autorizados que se han pronunciado”, ha subrayado. Y al tiempo, ha querido remarcar que con este logro gana “la sociedad civil frente a la oligarquía y las élites extractivas”.

Por este motivo, ha querido también agradecer el “gran trabajo” de la Plataforma Sí a la Tierra Viva junto con otros colectivos a la hora de informar y movilizar a los ciudadanos, y ha considerado que este triunfo “demuestra que la movilización social y la perseverancia sirven y son eficaces para defender nuestros derechos y el futuro de nuestra tierra”. Asimismo, y “humildemente”, ha reivindicado el trabajo realizado desde Podemos Castilla-La Mancha contra esta extracción minera, con una “posición clara y coherente desde el principio”, a la cabeza de las manifestaciones y desde las instituciones y las Cortes regionales desde hace dos años.

Según ha anunciado, ahora la formación morada va a seguir trabajando junto con la sociedad civil para estudiar iniciativas legislativas que sirvan para prevenir este tipo de proyectos. En este sentido, después ha precisado que está sobre la mesa estudiar una futura Ley contra la minería de tierras raras, viendo su “encaje jurídico”.

“Es una posibilidad y vamos a consultar con varias organizaciones y colectivos”. De hecho, también ha abierto la puerta a coordinarse con el grupo Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados para evitar otros proyectos mineros similares que se quieren llevar a cabo en Castilla y León. “Se trata de ponernos una vacuna, de prevenir que puedan salir adelante”.

Llorente ha precisado que el fin del proyecto de tierras raras no se encontraba en el acuerdo presupuestario por el que Podemos entró a formar parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, ni era ninguna de las condiciones, aunque “sí estaba clara nuestra posición desde el principio”.

Tal y como anunció Emiliano García-Page, el Consejo de Gobierno ha puesto punto final al proyecto de extracción minera de tierras raras en el Campo de Montiel (Ciudad Real), aprobando la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa elaborada por la Consejería de Medio Ambiente. Así lo ha confirmado el consejero del ramo, Francisco Martínez Arroyo, tras la reunión del órgano ejecutivo, detallando que ha sido la defensa de la biodiversidad y del agua la clave que ha acabado con este proyecto minero de la mercantil Quantum. La empresa tiene ahora diez días para presentar alegaciones, pero el Gobierno castellano-manchego no ve ya “ninguna posibilidad” de que salga adelante.

La DIA negativa, que incluye a los municipios de Torre de Juan Abad y Torrenueva, es vinculante para la Consejería de Economía, de la que depende el proyecto, que lo archivará una vez se cumpla todo el procedimiento.

De hecho, la defensa de los plazos administrativos y de la legalidad ha sido una de las constantes del Ejecutivo regional para no tumbar antes esta iniciativa, tal y como le han venido reclamando los colectivos ecologistas, sociales y ciudadanos agrupados en la Plataforma Sí a la Tierra Viva, muy beligerante contra el proyecto desde que se concedieron los primeros permisos de explotación.

“Esto pone fin al proceso”, ha repetido en varias ocasiones el consejero, señalando que han sido dos las claves para ello: la biodiversidad y el agua. En el primer punto, ha precisado que este tipo de minería, que extrae (entre otros elementos químicos) monacita para la fabricación de nuevas tecnologías, quería ejecutarse en un corredor ecológico que abarca dos superficies muy importantes de zona protegida de aves esteparias. Este área es también zona de paso del lince ibérico -en peligro de extinción-, del sisón, del milano real y del águila imperial, todas ellas incluidas en el catálogo de especies amenazadas. Es decir, con ello la Junta ha esgrimido los argumentos con los que ya advirtió a Quantum de la inviabilidad ambiental de su proyecto en anteriores informes. “Nuestra obligación preservar estas especies y hacer compatible esta defensa del medio ambiente con la actividad económica, y en este caso no era compatible”, ha recalcado.

El agua ha sido el segundo factor determinante. La DIA argumenta que el proyecto no garantiza la disponibilidad de este recurso, que se utiliza para la transformación de los elementos mineros extraídos. En su último documento, Quantum llegó a reducir las necesidades de agua hasta en un 72%, y propuso alternativas como el transporte hacia la planta en camiones cisterna o incluso extraer el agua de una capa más profunda del Acuífero. Pero, de cualquier forma la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha considerado que ninguna propuesta era adecuada ni “justificada”.

Publicación y alegaciones

El documento de impacto ambiental negativo se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la semana que viene, y la empresa dispondrá desde ese momento de un plazo de diez días para presentar alegaciones. Se trata de un procedimiento para “dar garantías a todas las partes”, subraya el consejero, pero ya no hay marcha atrás: “no hay posibilidades de que prospere” porque cualquier otra alternativa de la empresa en esa zona tendría como vinculante el informe negativo. “Esto concluye el expediente, no hay minería de tierras raras en el Campo de Montiel”.

“Siempre hemos respetado los plazos, hemos dado garantías a todas las partes, entre ellos los habitantes del Campo de Montiel, pero también a la promotora. Se han hecho las cosas bien, no hemos llevado a nadie a engaño”, afirma Martínez Arroyo, agradeciendo también a los ciudadanos de la comarca “su compromiso con su territorio”. En varias ocasiones y ante las reticencias que estos días han mostrado los detractores de la iniciativa, ha reiterado que la DIA “ya no puede cambiar” y que cualquier otro proyecto igual volvería a tener informe negativo.

Lo que está claro es que con esta resolución ambiental, y a falta de un archivo definitivo que se producirá antes de fin de año, termina uno de los proyectos que más contestación ciudadana ha tenido en la presente legislatura. Varias manifestaciones en la comarca, actos ciudadanos en Toledo y resoluciones en las Cortes regionales han pedido durante dos años que la minería de tierras raras llegara a su fin.

Solo faltan tres semanas para que el Gobierno de Castilla-La Mancha termine el informe que puede dar al traste con el proyecto de extracción de tierras raras que la empresa minera Quantum quiere llevar a cabo en el Campo de Montiel (Ciudad Real). Según ha podido saber eldiarioclm.es, la esperada Declaración de Impacto Ambiental (DIA) estará lista el próximo 20 de octubre, un expediente de cientos de páginas que ha sido remitido a la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, ya que es clave la afección del proyecto minero a la biodiversidad, tal y como ya adelantó la Consejería de Medio Ambiente en el documento de alcance que solicitó a la empresa hace meses.

De esta forma, el Ejecutivo de Emiliano García-Page resolvería en otoño el expediente de este polémico proyecto, algo que ya adelantó el consejero Francisco Martínez Arroyo ante una iniciativa que no gusta ni al propio presidente castellano-manchego ni a su ahora socio de Gobierno, Podemos. Los efectos negativos sobre especies protegidas como el lince ibérico o el águila imperial son las principales claves de la previsible negativa de la Junta a la extracción de monacita, una de las tierras raras que agrupa a cuatro minerales distintos utilizados en la fabricación de nuevas tecnologías.

Pero también hay otros aspectos a los que han referido otros organismos en sucesivos informes, como la carencia de agua o el impacto radiológico. Desde Quantum han defendido, tanto públicamente como en su Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que tales impactos son “moderados”, ampliando el mencionado informe con alternativas para el uso del agua y con delimitaciones de las zonas de explotación lo que, según afirman, no afectará ni a la flora ni a la fauna.

Desde la Plataforma Sí a la Tierra Viva, principal colectivo ciudadano que ha luchado contra la iniciativa desde que se concedieron los primeros permisos de explotación, durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal, explican que según la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el plazo del Gobierno regional para presentar la Declaración de Impacto era el pasado 24 de septiembre, por lo que contemplan la posibilidad de que el plazo se haya alargado. Hoy mismo, emplazaban a la Junta a dar a conocer cuanto antes el informe:

Fue hace cuatro meses cuando el Gobierno castellano-manchego ya destacó los posibles efectos adversos para el lince ibérico y el águila imperial, en el informe en que tachó de “inviable” el proyecto minero. Pero además, existen otros factores que también han denunciado en sus alegaciones los colectivos sociales, económicos y agrarios, y que tienen que ver con la carencia de agua, la afección al suelo y las vías pecuarias.

A todo ello se añade que recientemente, el Consejo de Seguridad Nuclear ha vuelto a poner el foco sobre el riesgo radiactivo del tratamiento de monacita, Según un informe del regulador atómico fechado en el pasado mes de mayo, si el proyecto saliera adelante, sería necesaria una “monitorización radiológica permanente” de los tratamientos.

Por su parte, Quantum ha realizado una interpretación bien diferente del informe. Insiste en que las operaciones de explotación minera no requieren de medidas de control radiológico. “Se trata de un estudio teórico ya que la planta no está construida y se deberá realizar una verificación al inicio de la actividad, siendo este el único procedimiento posible y habitual en este tipo de casos”. Para la empresa, el CSN, como órgano de control para asuntos radiactivos en España, “no es contrario al inicio de esta actividad”, pero “es su obligación solicitar las correspondientes verificaciones al inicio de la operación”.

Con el trajín estival debido a la entrada de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha y a la tramitación de los nuevos presupuestos regionales, hay algunos temas polémicos que han quedado en el tintero, a la espera del nuevo curso político. Es el caso del proyecto de extracción de tierras raras que la mercantil minera Quantum quiere llevar a cabo en el Campo de Montiel (Ciudad Real) y que aún está pendiente de la declaración de impacto ambiental.

Es previsible que la Junta dé este último paso en otoño, pero mientras, desde la Plataforma Sí a la Tierra Viva, el colectivo ciudadano detractor del proyecto, avisan de que irán a los tribunales si finalmente se otorga el derecho de explotación. Concretamente, estudian remitir a la Fiscalía nuevos informes del Defensor del Pueblo sobre la carencia de recursos hídricos para llevar a cabo este proyecto de minería.

Este colectivo sigue considerando que hay razones legales para que los expedientes estuviesen ya archivados, según han confirmado a eldiarioclm.es. Argumentan que el incumplimiento de las condiciones ambientales que llevaron a la cancelación del proyecto de investigación del Tesorillo en Navas de Estena el pasado mes de julio, ha también sido denunciado por la Plataforma en el Campo de Montiel.

En Torrenueva, agregan, “han estado separando monacita en un corral de manera clandestina”, e insisten en que el estudio de impacto ambiental de Quantum se presentó fuera de plazo, tal y como alertó la Oficina del Defensor del Pueblo. “Por lo tanto, no dudaremos en acudir a los tribunales si finalmente se le otorga el derecho de explotación”, avisa Sí a la Tierra Viva.

Nuevos datos del Defensor del Pueblo

Por su parte, la Oficina del Defensor del Pueblo considera que la inexistencia de recursos hídricos sigue siendo la cuestión de fondo por la que el proyecto debería haberse abandonado sin necesidad de tramitar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y ha comunicado de forma oficial que da por “no aceptada” la sugerencia formulada al Gobierno regional tras continuar en trámite la evaluación de los proyectos.

En su reciente comunicación el Defensor califica de “claro y contundente” el último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana emitido en la actual fase de consultas, estimando el Organismo de Cuenca que en relación con la cuantificación de las necesidades hídricas, se incurre en “contradicciones” entre las estimaciones recogidas en el estudio hidrológico y en el documento de actuaciones para justificar la disposición de agua no justificando la significativa reducción de las necesidades hídricas.

Sí a la Tierra Viva manifiesta su preocupación por estos nuevos datos y advierte de que se mantendrá vigilante en el cómputo del plazo máximo para emitir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por el órgano ambiental, que según la Ley de Evaluación Ambiental es de dos meses desde la recepción, el pasado 25 de julio, del proyecto en el órgano ambiental. Espera que el Gobierno de regional acate finalmente la ley y el mandato del Defensor del Pueblo “rectificando su errática actuación en la tramitación de este proyecto, resolviéndolo de forma clara y contundente”.

Además, el objetivo de esta asociación en el próximo curso político es iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha para pedirles que hagan cumplir las resoluciones aprobadas en el Parlamento y que se inicien los trámites para “tener una ley que impida la minería de tierras raras en nuestra región”. La petición de una normativa específica para impedir esta actividad extractiva también la manifestó el diputado regional de Podemos, David Llorente.

Calendario conforme a proceso administrativo

Por el momento, en torno a esta cuestión se mantiene el calendario fijado conforme al procedimiento administrativo. Después de que la mercantil Quantum presentara su estudio de impacto ambiental el pasado mes de febrero, donde minimizaba los riesgos de este tipo de minería y sus posibles afecciones, el Gobierno regional volvió a señalar que tal y como estaba presentado, no era viable ambientalmente.

A partir de ahí se abrió el plazo de alegaciones y la empresa ha vuelto a remitir un nuevo texto, que actualmente se encuentra revisando la Consejería de Medio Ambiente. Entre medias también se produjeron nuevas movilizaciones en el Campo de Montiel contra el proyecto y las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron, de nuevo con los votos a favor de PP y Podemos, una tercera resolución solicitando el archivo de la iniciativa. Pero desde la Junta siempre se ha apelado a la necesidad cumplir con la legalidad, es decir, respetar el procedimiento administrativo.

El consejero, Francisco Martínez Arroyo, dio a entender que sería en otoño cuando el Ejecutivo castellano-manchego tomaría una resolución definitiva y todo apunta, por declaraciones previas tanto suyas como del presidente, Emiliano García-Page, a que será para dar por archivado esta polémica iniciativa.

Las llamadas tierras raras son abundantes en la corteza terrestre y su existencia en el Campo de Montiel es conocida desde la investigación realizada por la empresa nacional Adaro y la rusa Imgre, en los años noventa del pasado siglo. No obstante, en un mercado dominado por China (primera productora y exportadora del mundo) el precio de los elementos de tierras raras era tan bajo que nadie pensaba en su explotación.

El cierre por contaminación radioactiva de las aguas, de la Planta norteamericana de Mountain Pass, a finales de los años noventa, y las medidas de restricción de las exportaciones aplicadas por China en el año 2011, para proteger el medio ambiente,  ocasionan una burbuja especulativa y la alarma en las industrias europeas, que presionan a las instituciones de la Unión Europea (UE), para minimizar el riesgo que la escasez de tierras raras pueda provocar. De ahí que la Comisión Europea promueva el proyecto EURARE (2013-2017) para el desarrollo de una industria europea que garantice un suministro de tierras raras.

El proyecto EURARE  (en el que no participan empresas ni universidades españolas) pretende la explotación eficiente de elementos de tierras raras, mediante un proceso innovador, con impacto mínimo en el medio ambiente. El plan de explotación sostenible de las minerías de la tierras raras en Europa (EURARE por sus siglas en inglés), viene elaborando desde 2013 informes periódicos (http://www.eurare.eu/home.html) y haciéndolos públicos. Los 23 socios del proyecto EURARE (empresas mineras y tecnológicas, centros de investigación geológica, universidades), rinden cuentas en sus informes de las actividades llevadas a cabo en el proyecto cofinanciado por la Unión Europea, porque los convenios internacionales, la legislación de la Unión y las normas de los Estados miembros prescriben que las actividades que lleven a cabo “deben cumplir con la legislación ambiental de Europa y deben realizarse de una manera socialmente aceptable en cada lugar”.

En materia ambiental el objetivo principal de la legislación de la Unión Europea consiste en “detener en 2020 la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos de la UE, y restaurarlos en la medida de lo posible”. La UE pretende, a través de la red Natura 2000, la conservación y el uso sostenible de la naturaleza en las zonas de gran valor en términos de biodiversidad. A este respecto, las Directivas de Aves y de Hábitats constituyen los principales instrumentos legislativos. La estrategia de la Unión Europea para poner en práctica la legislación ambiental y  de biodiversidad hasta el año 2020, invoca la biodiversidad como “nuestro seguro de vida y capital natural”. El Parlamento Europeo subraya, en sus resoluciones sobre la biodiversidad, que dependemos de la naturaleza para obtener alimentos, energía y materias primas, y el aire y el agua que hacen posible la vida; además, el Parlamento hace hincapié en aspectos plenamente aplicables al Campo de Montiel, como que la naturaleza es “uno de los principales motores de la economía, cuya importancia estamos solo empezando a comprender plenamente, y proporciona unos servicios fundamentales para mantener y crear crecimiento y empleo. Es también fuente de inspiración, conocimientos y ocio, además de ser parte integrante de nuestro patrimonio cultural”.

La legislación y las estrategias europeas establecen que la autorización de los proyectos públicos y privados, como el de Quantum Minería, que pueden tener repercusiones considerables sobre el medio ambiente sólo debe concederse después de una evaluación de los efectos de dichos proyectos en el medio ambiente. Bien entendido que esta evaluación debe efectuarse tomando como base la información apropiada proporcionada por el promotor, completada por las autoridades y por el público interesado en conocer si el proyecto es “socialmente aceptable”.

Esto significa que los vecinos y asociaciones del Campo de Montiel deben ser informados del proyecto de tierras raras de Quantum Minería y tienen derecho a participar, porque así lo establece la Unión Europea, la Constitución y los Convenios internacionales. En efecto, tanto la UE (directivas 2003/4/CE y 2003/25/CE), como la Constitución (arts. 9,2; 45; 105) y leyes de desarrollo ( Ley 27/2006) y, en fin,  los Convenios internacionales (Aarhus, 1998) hacen referencia a “que toda persona tiene el derecho a vivir en un medioambiente que le permita garantizar su salud y su bienestar… y el deber, tanto individualmente como en asociación con otros, de proteger y mejorar el medio ambiente en interés de las generaciones presentes y futuras”.

Las actividades de Quantum “deberían hacerse públicas”

Es en este contexto en el que debemos analizar las actuaciones que Quantum Minería viene realizando en el Campo de Montiel desde el año 2014. Sus actividades tendrían que haberse hecho públicas, de forma semejante a como lo vienen haciendo los veintitrés socios que participan en el  proyecto europeo EURARE. Y de la misma manera que evaluamos  las actuaciones del proyecto europeo, las preguntas que nos debemos plantear sobre el proyecto de tierras raras del Campo de Montiel son: ¿Quantum Minería en sus actuaciones ha respetado las normas ambientales vigentes? y ¿Quantum Minería está actuando de manera socialmente aceptable en el Campo de Montiel?

A la primera cuestión (dejando aparte las denuncias y sanciones a Quantum), no es posible responder con detalle porque Quantum Minería, los alcaldes, la Administración y los gobiernos de Castilla-La Mancha, ignorando las normas se resisten a hacer públicas las actividades llevadas a cabo por  la empresa minera. Y respecto a la segunda pregunta, considerando que a los vecinos y asociaciones del Campo de Montiel nadie les informó en tiempo y forma del proyecto, ni de las actividades de investigación, ni de la solicitud de explotación admitida a trámite (a pesar de que la Confederación Hidrográfica acordó su cancelación), se puede concluir que Quantum Minería con su opacidad no está actuando de manera “socialmente aceptable” en el Campo de Montiel. Como si se tratara de una empresa ilegal dedicada a degradar el medio ambiente, Quantum Minería ha optado por ser invisible y las actuaciones que deberían ser públicas son secretas, gracias a que la empresa Quantum, desde el principio de sus actuaciones, viene contando con el trato privilegiado de los gobiernos de Castilla-La Mancha y la complicidad de algunos alcaldes.

El secretismo llega hasta tal punto que los vecinos del Campo de Montiel se enteraron del proyecto de  Quantum Minería, a raíz de la información publicada en la prensa estatal en mayo de 2015, bajo el sensacionalista titular: “La Mancha esconde las tierras raras que agitan el mundo”. En el reportaje se afirmaba que el alcalde socialista de Torre de Juan Abad “está enterado del proyecto y lo ve con muy buenos ojos”. Este alcalde socialista que guardó silencio en los inicios del proyecto, no tuvo inconveniente en engañar a los vecinos cuando solicitaron información. Se comprometió en la campaña de las elecciones municipales a no firmar informes sobre Quantum Minería, y en el mes de julio de 2015 redacta  su informe favorable para que la empresa minera presente ante la Junta la solicitud de explotación.

El reportaje de prensa, la actitud de las autoridades locales y de los poderes públicos de la región sembraron la desconfianza entre los vecinos del Campo de Montiel. Los vecinos se dedicaron a buscar información en las redes, sobre el impacto y los graves riesgos que supone la puesta en marcha del proyecto de minería de tierras raras para el Campo de Montiel. Por las redes supieron  que, en contra de lo que establece la legislación estatal, europea e internacional, la  administración pública de Castilla-La Mancha y el Gobierno regional están incumpliendo su obligación de informar y evitando que los vecinos y las organizaciones interesadas por el Campo de Montiel, participen en el proceso de toma de decisiones del proyecto de tierras raras.

En las redes comprobaron que la solicitud de explotación de Quantum se había presentado ante la Junta en noviembre de 2015, con el informe favorable de los alcaldes de Torre de Juan Abad  y Torrenueva. Por último, encontraron en internet un artículo y una presentación publicados por la ingeniera de minas y administradora de la empresa Quantum comentando los elementos radioactivos que se deben tomar en consideración en la explotación y la necesidad de medio millón de metros cúbicos de agua para procesar el mineral.

A la vista de las informaciones recabadas y alarmados por los devastadores efectos que la explotación minera puedan desencadenar en el Campo de Montiel, los vecinos deciden acabar con el silencio, el ocultismo, las manipulaciones y convocan una asamblea. A resultas de la Asamblea, celebrada en Torre de Juan Abad en diciembre de 2015 (bajo la vigilancia de la guardia civil), acuerdan los vecinos de los pueblos del Campo de Montiel crear la Plataforma Sí a la Tierra Viva. La plataforma que se constituye en enero de 2016 se autodefine como no política, participan en ella además de vecinos las asociaciones cívicas de las comarcas afectadas, y sus objetivos son recabar información, hacer un seguimiento de los trámites, consultar especialistas, presentar alegaciones y que los ciudadanos debidamente informados puedan opinar y participar en el proceso de toma de decisiones sobre su territorio y las actuaciones que se realizan en él.

La Plataforma expresa el sentir de una comarca cuyos agricultores y ganaderos han conseguido con gran esfuerzo la denominación de origen del queso, el aceite, la carne, el vino y consideran un disparate que se aprueben los derechos a una explotación minera contaminante y devastadora, por un periodo de diez años, que de al traste con lo conseguido gracias al esfuerzo de muchas generaciones; en la Plataforma se implican los ciudadanos que aman el paisaje del Campo de Montiel y desean que no corra riesgos la zona de especial protección, ni los hábitats de espacies protegidas; la Plataforma recoge las aspiraciones de los vecinos de una comarca que es patrimonio cultural y en 2014 promovieron, con la adhesión de los ayuntamientos de veintitrés pueblos de la comarca, la iniciativa “Campo de Montiel Patrimonio de la Humanidad” y por esto reivindican que se archive el proyecto de tierras raras.  

Una “institución invisible”

La movilización ciudadana está impidiendo que el gobierno regional decida sobre la explotación, sin contar con los vecinos del Campo de Montiel, pero no hay confianza en el Gobierno regional. La confianza es una institución invisible, que poseen los gobiernos democráticos cuando funcionan honestamente y actuando en interés general. ¿Se puede afirmar que los gobiernos de la Junta, considerando la legislación europea, estatal e internacional, han respetado honestamente los procedimientos? ¿es posible afirmar que los gobiernos de la región vienen actuando realmente en interés general? Un gobierno que no informa a los vecinos ni asociaciones del Campo de Montiel y que no da facilidades para que los ciudadanos ejerzan el derecho de participación, como viene regulado por la Unión Europea, la Constitución y los Convenios internacionales, tiene dificultades para que se le otorgue confianza. Un gobierno que con su medrosa indefinición política mantiene viva la expectativa de explotación de la empresa minera Quantum, a pesar de las 14.000 alegaciones de los vecinos, las resoluciones en contra de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, del Defensor del Pueblo y de las Cortes de Castilla-La Mancha, es complicado que cuente con confianza democrática.

De otra parte, un gobierno que no se atreve a incluir en su agenda el tema de la minería de las tierras raras y abrir un debate serio sobre el asunto no se puede afirmar que practique la deseable democracia deliberativa. Un eventual debate en torno a la minería de las tierras raras, giraría entre quienes defienden con argumentos atractivos la explotación, afirmando que las tierras raras aunque contaminan son, paradójicamente, importantes para el desarrollo sostenible; y quienes desvelando la gran trampa de las tierras raras, afirman que contribuyen al desarrollo de las “tecnologías verdes” del siglo XXI (turbinas eólica, coches eléctricos, paneles solares, etc) arrasando con ecosistemas.

De ahí la cuestión que debaten algunas Universidades, de excelencia científica y tecnológica internacional, y que quizá debemos plantearnos todos al tratar de la explotación de la minería de las tierras raras: ¿vale la pena saquear y devastar durante diez años una comarca y sus espacios protegidos, como los del Campo de Montiel, fragmentar el ecosistema, destruir la biodiversidad, la agricultura, la ganadería, las formas de vida, el patrimonio cultural, el paisaje, la salud, el aire, el agua de la comarca, los hábitats de especies protegidas, en beneficio de las tecnologías del futuro?¿hasta que punto puede ser realmente ecológico ese futuro, si previamente tenemos que arrasar con los ecosistemas? 

Es dudoso que podamos construir un futuro ecológico arrasando ecosistemas, porque el fin será ecológico, si son ecológicos los medios que utilizamos para conseguirlo. Por esto considero que la respuesta práctica de “solidaridad colectiva”,  que están dando  los vecinos del Campo de Montiel y la Plataforma Sí a la Tierra Viva, en defensa de la naturaleza es admirable. Tenemos que agradecer la conducta comprometida de esa comunidad de La Mancha que, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, se dedican con coraje cívico  a proteger  el ecosistema y a la conservación de la naturaleza, en zonas de gran valor en biodiversidad porque, como señalaba el Parlamento Europeo: “nuestro patrimonio natural es un importante capital ecológico que resulta fundamental para el bienestar de la humanidad”.

Este viernes 14 de julio se cumplen 240 años de la creación de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, en Ciudad Real. Fue fundada como academia en 1777 por deseo expreso del entonces rey Carlos III. Fue la primera institución en su género en España y la cuarta en el mundo y se creó por la necesidad de  profesionalizar la explotación de las minas para enviar el mercurio que demandaba América cada vez en mayor medida.

“Había una necesidad importante de innovar en técnicas de explotación, de seguridad y de mejorar el rendimiento del proceso de extracción minero”, explica Francisco Mata, director de la escuela en la actualidad. Y es que, el descubrimiento de América había terminado por generar una gran demanda de mercurio que salía desde las minas de Almadén para facilitar los procesos de amalgamación del oro y la plata del continente americano. Un  mercurio que se mezclaba con el mineral en el que estuviesen alojados el oro y la plata para lograr separarlos.

Almadén recibió el sobrenombre de la ‘joya de la corona’ por la gran aportación de divisas y recursos que realizaba. “Era importante no por su situación geográfica sino económica, de ahí la creación de la entonces academia”. De ella salieron los primeros ingenieros del sector. Por aquel entonces, estaban sometidos casi a un régimen militar, llevaban uniforme y eran considerados cadetes.

“Siempre ha sido un lugar de innovación constante, de nuevas técnicas que traían los ingenieros alemanes o de ensayos”. Se aplicaban a la extracción del cinabrio, el mineral del que sale el mercurio. También pasaron por allí personajes como  Fausto E´lhuyar, descubridor del wolframio que dirigió el centro, mientras que  uno de sus alumnos, Andrés Manuel del Río, descubriría el vanadio.

La Escuela  cambiaría en numerosas ocasiones de nombre y de disciplinas objeto de estudio  a lo largo de los siglos, hasta que se integró en la Universidad Politécnica de Madrid en 1972. En octubre de 1985, pasaría a formar parte de la recién creada Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)  y en  2011 pasaría a denominarse Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén.

La minería en Ciudad Real

Cuando ese  mismo año, en 2011, la Unión Europea prohibió la comercialización del mercurio,  la historia de Almadén y sus minas cambió por completo. También influyó en el futuro de la propia escuela universitaria. El mapa minero en la comarca, y en general en la provincia de Ciudad Real también sufriría una amplia transformación.

Al margen de la extinguida minería del carbón en la provincia, las minas de mercurio cerraron: tanto la  Mina de Almadén, la mina de las Cuevas, entre Almadén y Saceruela, ambas subterráneas o la mina del Entredicho en Almadenejos, donde el cinabrio se extraía a cielo abierto. De la Mina de Almadén queda un parque minero (turístico) y  “aunque no se puede visitar la mina completa hasta los 700 metros de profundidad, lo más representativo en cuanto a la evolución de las técnicas mineras sí se puede conocer. Eso tiene un valor de divulgación y también para nosotros como Escuela, en la parte práctica”.

Y de la mina de Almadenejos queda una amplia polémica. El mercurio que dio la vida a la comarca y al país es hoy un producto cuestionado. Ecologistas en Acción ha denunciado que los niveles de este elemento en la zona superan “ampliamente” lo admisible y piden una “urgente” descontaminación. La propietaria, Minas de Almadén y Arrayanes (MAYASA), lo niega y recuerda que el emplazamiento está declarado como Bien de Interés Patrimonial.

Pero existen otras explotaciones mineras en la comarca de Almadén. Se trata de minería vinculada al plomo, a la plata. En Fontanarejo se quieren explotar recursos relacionados con los fosfatos o  en Abenójar está ya muy avanzado el proceso de apertura de una mina de wolframio. Todas ellas son objeto de interés en la ‘vieja’ escuela desde donde recuerdan también la existencia de ‘otras minerías’ relacionadas con procesos de construcción que salen de canteras o graveras.

Tierras raras

Otros proyectos mineros que desde la escuela se siguen con interés están vinculados a la extracción de tierras raras para la fabricación de móviles o tablets. Una iniciativa muy contestada socialmente en la zona, el Campo de Montiel donde una empresa quiere desarrollar esta actividad. Un proyecto aún pendiente del visto bueno del Gobierno regional. Francisco Mata comenta que la normativa medioambiental es “muy estricta” y, en su opinión, si se cumple “no debería entrañar ningún riesgo” aunque aclara que la decisión de autorizar o no, le corresponde a la Administración regional.

La propia universidad ha creado una cátedra junto a la empresa promotora del proyecto de extracción de tierras raras, Quantum, que dirige un catedrático del centro de Almadén, Pablo Higueras. “Desde el punto de vista de la universidad, asesorar este tipo de actividad es garantía de que las cosas se van a hacer bien” y recuerda que “hoy no podríamos entender la vida sin móviles. Hay necesidad de extraer monacita en cualquier parte del mundo, pero con este proyecto pasará lo que tenga que pasar”.

“No sé si somos conscientes de que cualquier objeto cotidiano o tecnología tienen detrás materias primas o fuentes de energía. Algunas son renovables pero hoy aún dependemos de recursos convencionales de origen fósil, como el carbón, el gas o el petróleo. ¿De dónde salen las chapas de los coches? Hay que extraer mineral metálico de la tierra”, asegura.

Mata cree, sin embargo, que la profesión del ingeniero de minas tiene que evolucionar. En el curso académico recién finalizado, la Escuela estrenó el Grado en Ingeniería Minera y Energética. “Hay nuevas fuentes de energía renovables, un abanico de posibilidades, pero sin olvidar la parte minera”. Apuesta por el mix energético donde poco a poco predominen las fuentes renovables, teniendo en cuenta las variables ambientales o de seguridad.

En Castilla-La Mancha, la “clave” es el desarrollo industrial

Para Francisco Mata, en el futuro de la región el “desarrollo industrial es clave” y pasa por el “refuerzo de las pymes” y por introducir “elementos de diferenciación” con respecto a lo que ya existe en regiones cercanas como Madrid. Sostiene que “Castilla-la Mancha debe apostar por su industria de base y después por una industria transformadora y comercializadora que se quede en la región”. No solo se refiere a la industria agroalimenaria sino a la industria de transformación minera “que aporte valor añadido al recurso que se obtiene en la propia región”.

También aboga por  industrias vinculadas a las nuevas tecnologías, como el desarrollo de software, “para mejorar los procesos productivos de cualquier sector y en particular del agroalimentario” y cree que la UCLM puede aportar al tejido industrial a través de la investigación aplicada. “Tiene que haber integración de conocimiento, de energías y de recursos humanos y económicos. Es el papel del Gobierno regional pero la universidad también tiene mucho que decir en el futuro industrial”.

Luis Mansilla, el predecesor de Mata en la Dirección, hablará este viernes, durante los actos conmemorativos de una escuela que lleva 240 años “reinventándose”. La evolución ha sido un proceso “frecuente”, comenta Francisco Mata,  que hay que contemplar en positivo, “como adaptación a los tiempos y las necesidades de formación y del mercado”.

El aniversario de la escuela se celebrará también con la exposición “Muestra de materiales históricos de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén” y con un recorrido guiado por la Casa Academia de Minas, en visitas que organiza la Oficina de Turismo de la localidad.

Quantum Minería ha reaccionado rápidamente al anuncio de la Junta de Comunidades, que tachó de “incompatible” en un informe de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural el proyecto de minerías raras que la empresa impulsa en la comarca de Campo de Montiel. Recalcan que el plazo para responder a las miles de alegaciones comienza con la recepción de las mismas y que todavía no se ha definido.

Por un lado afirman que darán respuesta a dichas alegaciones, que se corresponden con el trámite de información pública, para poder iniciar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que “finalizará” con la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la Junta. Confían en que su proyecto es compatible con el medio ambiente y han puntualizado, por una parte, que el área designada está fuera de la Red Natura 2000 y que la Junta consideró la zona “apta” para el desarrollo de proyectos mineros.

Por otro lado, han repasado algunos de los conceptos tratados por el consejero castellano-manchego, Francisco Martínez Arroyo, como la flora, fauna y el caso especial de los linces ibéricos. En cuanto a la vegetación, señalan que ninguna de las comunidades vegetales que se corresponden con Hábitat de Interés Comunitario (HIC) está clasficiada como prioritaria y sólo uno está considerado como de Especial Protección en Castilla-La Mancha. Por otro lado, afirman que dichos HIC, como el encinar o el tamujar, serán “respetados” y que “ningún”elemento del proyecto se localiza sobre los mismos. Además, afirman que se tomarán medidas para minimizar los posibles impactos, como la restricción del desbroce y la conservación de encinas.

Afirman que no han recibido información sobre el lince ibérico

Quantum afirma que se están realizando estudios “específicos” para evaluar el potencial efecto del proyecto sobre la fauna. Específicamente, para las rapaces diurnas, nocturnas, aves esteparias, paseriformes, mamíferos, anfibios y reptiles. Afirman que pidieron a la Junta información para completar sus observaciones en noviembre de 2016 pero que esta no ha sido entregada. En cuanto a las aves, señalan que se definirán medidas mitigadoras y compensatorias para reducir al mínimo los “posibles” efectos del proyecto sobre la avifauna.

La Junta hizo especial referencia al lince ibérico, a lo que Quantum contesta que sólo hay un área dentro de la zona afectada por el proyecto apta para la especie, y que no se vería perjudicada por la explotación. Se trata de una “rambla” que califican de “zona de paso” para los animales. Por otro lado, recalcan que el resto de terrenos son zonas agrícolas “poco idóneas” para la presencia del lince.

A esto, añaden que también pidieron información sobre el lince ibérico a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo rural en dos ocasiones y que no la han recibido. De todos modos, afirman que con la información que han obtenido en inventarios y la pedida a la Administración se diseñarán medidas que “aseguren la compatibilidad del proyecto con los planes de reintroducción de lince ibérico en la región”.

Finalmente, en cuanto a la recuperación del terreno para uso agrícola, afirman que el hueco de explotación será restaurado de forma “simultánea” a las labores de extracción del mineral. Citan un Plan de Restauración en el que se explica cómo se restaurará el terreno afectado, de acuerdo a los resultados del estudio edafológico y agronómico elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha. Finalmente, aseguran que la minería no implicaría “ningún cambio” en la actividad económica de la zona durante el periodo de ejecución del proyecto. Esta última es una de las preocupaciones de la Plataforma Sí a la Tierra Viva.

Unas 4.500 personas acompañadas de unos 400 tractores, según los organizadores, han marchado en Torrenueva (Ciudad Real) en contra del proyecto de tierra raras que la empresa Quantum Minería quiere llevar a cabo en la comarca del Campo de Montiel. Una manifestación que ha tenido lugar justo un año después de la primera organizada también por la Plataforma Sí a la Tierra Viva para mostrar el rechazo ciudadano a los proyectos mineros de tierras raras en la provincia.

“Justo después de un año la gente ha entendido con mucha claridad que estos proyectos les afectan”, apunta Luis Manuel Ginés, presidente y portavoz de la plataforma Sí a la Tierra Viva. Y es que la respuesta ha sido “muy importante” y la asistencia mucho mayor que en la primera convocatoria. “Que se produzcan dos movilizaciones en un año de este calibre es algo que debe hacer reflexionar al Gobierno regional”, apunta Ginés.

La manifestación a la que se han sumado asociaciones vecinales, asociaciones de padres y madres, asociaciones agrarias, ecologistas y numerosos vecinos de los pueblos de la zona, ha trascurrido sin incidentes y en un “ambiente de indignación porque estos proyectos sigan adelante”, apunta el portavoz de la plataforma.  En esta nueva manifestación se ha pedido al Ejecutivo autonómico que pase de “las palabras a los hechos” y que, “si está en contra del proyecto, que tome la decisión de paralizarlo definitivamente”. El presidente de la plataforma asegura que está demostrado que el proyecto es “inviable” desde el punto de vista técnico y rechazable desde el punto de vista social y medioambiental.

El portavoz de la Plataforma organizadora, Luis Manuel Ginés, ha destacado que después de un año de la primera gran movilización, los motivos que la originaron “continúan vigentes”, como la afección al medio ambiente, a los recursos naturales, al patrimonio histórico y paisajístico, y al entorno socioeconómico. Ninguno de ellos ha dicho, ha sido resuelto pese a las acciones legales iniciadas y pese la resolución de la Defensora del Pueblo instando al archivo de los permisos para este proyecto extractivo.

Son los motivos por los que vecinos y tractores de toda la comarca han salido a la calle junto con representantes de numerosos colectivos. “Es una forma de expresión directa de la voluntad popular”, la misma que ya fue formulada el 19 de mayo de 2016 cuando se aprobó en las Cortes de Castilla-La Mancha una resolución que pedía el archivo de las actuaciones mineras y a la que se añadió después una segunda el pasado 2 de febrero.

A esta manifestación también han acudido representantes políticos. Por parte de Podemos, ha asistido su secretario general en Castilla-La Mancha, José García Molina, y el diputado de la formación morada, David Llorente. También han participado representantes de IU y representantes locales de algunos Ayuntamientos, según explica el portavoz de la plataforma, “aunque no me ha parecido ver a nadie del Gobierno regional, ni del PSOE”.

Mientras, sigue abierto, hasta el 25 de mayo, el plazo de 30 días hábiles para la presentación de alegaciones al estudio de impacto ambiental presentado por la compañía minera. Sus detractores temen que estos trámites se alarguen en el tiempo si la mercantil minera solicita más plazos para completar su informe.

Por su parte, la empresa Quantum Minería, promotora del proyecto de minería de tierras raras en la provincia de Ciudad Real asegura que esta manifestación “es fruto del recelo natural que toda persona puede sentir ante un proyecto novedoso como este de minería de tierras raras”.

Quantum asegura que están llevando a cabo un ejercicio de transparencia para que, a través de los trámites administrativos y los medios de comunicación, “la población conozca los detalles del proyecto y las conclusiones de los informes realizados por los expertos de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Sevilla y los especialistas en evaluación de proyectos mineros, Advisian”.

La empresa espera que poco a poco, los vecinos de Torrenueva, Torre de Juan Abad, Valdepeñas y el resto de la provincia de Ciudad Real se familiaricen con la minería de tierras raras y entiendan que el limitado impacto medioambiental y los numerosos beneficios socioeconómicos como la creación de más de unos 150 puestos de trabajo de forma directa y 450 indirectamente hacen de este proyecto “una propuesta estratégica para el futuro del Campo de Montiel”. 

Por escrito y de manera taxativa ha manifestado el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, su rechazo al proyecto de extracción de tierras raras que la empresa minera Quantum quiere llevar a cabo en el Campo de Montiel. De esta forma ha participado en la consulta efectuada por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo sobre la iniciativa minera, para la que se abrió un plazo de 30 días hábiles a mediados del mes de abril.

Caballero rechaza el proyecto de tierras raras esgrimiendo razones de naturaleza medioambiental, al igual que en su momento destacó también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cuando afirmó que esta iniciativa minera no le gustaba y que la comunidad autónoma no quiere “experimentos” de este tipo.  

En esta ocasión, el presidente de la Diputación de Ciudad Real hace referencia expresa a las iniciativas que se pretenden acometer dentro de los términos municipales de Torrenueva y Torre de Juan Abad, poniendo especial énfasis en la necesidad de impulsar el desarrollo sostenible en el territorio, sobre todo si se tiene en cuenta la importancia que tiene el sector agroalimentario y ganadero para la economía de la provincia.

Continúa la movilización social contra el proyecto minero que la empresa Quantum quiere llevar a cabo en el Campo de Montiel para la extracción de tierras raras. A la manifestación convocada de nuevo este año por la Plataforma Sí a la Tierra Viva, se suma ahora una marcha senderista que Ecologistas en Acción ha organizado para el próximo domingo, día 30 de abril, y a la que también se han adherido los denominados Frentes Antimina, que también combaten esta polémica iniciativa, cuyo estudio de impacto ambiental está actualmente en trámite de alegaciones.

Según apuntan desde estos colectivos, la minería a cielo abierto que “pretende arrasar nuestro paisaje, contaminar nuestro aire y acabar con nuestra biodiversidad” representa “un apoyo explícito a las compañías mineras con intereses especulativos y ajenas a nuestra tierra”.

Para expresar su oposición, los Frentes Antimina participarán en esta marcha senderista, que recorrerá una distancia de 7 kilómetros entre los términos municipales de Valdepeñas y Torrenueva, finalizando en la Plaza de esta última localidad, donde habrá un acto reivindicativo a las 13.30 horas y al que llaman a sumarse a todos los ciudadanos “que quieran la paralización y archivo definitivo de estos proyectos letales”.

“Existen motivos para reivindicar la paralización de todos los proyectos mineros, cuestión que atañe a numerosos colectivos como se ha venido demostrando durante los últimos 15 meses, desde que la ciudadanía descubrió las intenciones de la empresa minera y su connivencia con los gobiernos de la región”, argumentan.

Y al mismo tiempo, apelan al gremio agricultor y ganadero, a pequeños y grandes propietarios, a ecologistas y a la población en general para que participen en las diferentes movilizaciones convocadas, presenten alegaciones a los proyectos y hagan público su rechazo “a la explotación minera de nuestra tierra y a la instalación de una planta de tratamiento en Torrenueva”. 

El impacto en el medio ambiente es una de las cuestiones más controvertidas del proyecto que la empresa minera Quantum quiere llevar a cabo en el Campo de Montiel. En la síntesis de los más de 400 folios y casi una decena de anexos que componen el famoso Estudio de Impacto Ambiental para las concesiones de explotación de tierras raras, recientemente publicado por la Junta de Castilla-La Mancha para la aportación de alegaciones, esta compañía reconoce que todavía está elaborando estudios específicos y definitivos sobre la afección de esta actividad en la fauna y el patrimonio. También especifica que no se prevé la depuración de agua en la primera fase del tratamiento de los minerales, un tema sobre el que han puesto el acento algunos de los detractores del proyecto, principalmente asociaciones ecologistas.

En el documento, realizado por la consulta internacional Advisian, se detallan de forma pormenorizada los aspectos pedidos por el Gobierno regional en su documento de alcance de finales del año pasado, en referencia a los permisos de investigación ‘Matamulas’, ‘Rematamulas-Fracción1ª’ y ‘Rematamulas-Fracción 2ª’ en los términos municipales de Torrenueva y Torre de Juan Abad (Ciudad Real). Entre las cuestiones más relevantes se encuentran las acciones del proyecto referidas a su incidencia sobre el medio, así como las medidas y el plan a adoptar para minimizar los impactos.

En primer lugar, el informe detalla que el objetivo es la recuperación de la monacita (uno de los elementos de tierras raras) en forma de un único concentrado e incluye la construcción de una planta de tratamiento, en la que se procesará el mineral procedente de la zona de explotación, de la que se extraerá mediante retroexcavadoras, “sin necesidad de voladura”, a razón de 1,2 millones de toneladas al año.

Quantum precisa que la recuperación de las tierras raras en la planta de tratamiento se realizará mediante cribado mecánico y concentración por vía húmeda (requiere una toma de agua de 88.000 metros cúbicos al año). Por lo tanto se trata de un proceso de  tratamiento “totalmente físico”, en el que “no se requiere la adición de reactivos químicos en ningún punto a excepción del floculante, que se utiliza en el espesador para favorecer la sedimentación de partículas. Este último elemento es la conocida como Goma Guar, utilizado también en la industria alimentaria.

Con ello, afirma que no se trata de un compuesto ni tóxico ni peligroso de cara al medio ambiente, pero ello conlleva que el agua  recuperada en el espesador final, puede ser recirculada directamente al tanque de agua de proceso que abastece a toda la operación, “sin necesidad de ningún tratamiento o aireación intermedia”.

En el estudio se relatan también algunos detalles del proyecto como que la rehabilitación del terreno utilizado se realizará mediante “minería de transferencia”, lo que permite la restauración de la zona de explotación simultáneamente a las labores de extracción del mineral. Alega que la monacita supone una fracción muy pequeña del material extraído, una media de 0,27% de la masa de tierras y que los estériles generados son de naturaleza inerte  y el impacto que podrían tener sobre el medio ambiente es “insignificante”.

El método de transporte seleccionado es una combinación de cintas transportadoras con un punto fijo de carga y descarga, próximo a las áreas de explotación, y camiones para el transporte de material entre la zona de explotación y el punto de carga y descarga. En el estudio se argumenta que mediante este sistema de transporte se reducen las distancias de circulación, la flota de camiones necesarios, “procurando mantenerse dentro de la zona de mina”, con la consecuente reducción de posibles impactos de ruido, polvo o gases de efecto invernadero.

Por otra parte, entre los argumentos destacables de Quantum para justificar su proyecto se encuentran los aportados por la Unión Europa en defensa de la industria extractiva no energética, que “suministra muchas de las materias primas para la industria y la construcción, como al Plan Estratégico de Recursos Minerales no energéticos de  Castilla La Mancha (horizonte 2020), PERMINE. Y en este último caso, aunque reconoce que no se menciona a las tierras raras, la aptitud del territorio para esta actividad minera se encuentra dentro de las zonas consideradas como ”Áreas favorables para la actividad minera“ del plan castellano-manchego.

No hay espacios naturales próximos, sí una ZEPA 

Al igual que ya adelantó la propia compañía y en contra de lo que afirman los numerosos detractores del proyecto, en estudio se insiste en que no hay espacios naturales protegidos catalogados ni en tramitación en la zona de implantación del proyecto ni en un área de 10 kilómetros a su alrededor. Sí constata que en sus proximidades se ha identificado la existencia de una ZEPA, un área crítica de conservación de flora y un refugio de fauna y que para la evaluación de las posibles afecciones  todavía se están realizando estudios específicos.

Así figura también en uno de los anexos incorporados con EsIA, donde la empresa responde a alegaciones y sugerencias de instituciones públicas, organizaciones ecologistas y asociaciones agrarias, entre otras muchas. En su respuesta a la Dirección General de Medio Ambiente en Ciudad Real, reconoce que aún se están elaborando estudios específicos sobre especies protegidas como el águila imperial o el lince ibérico. Pese a que estas valoraciones aún están pendientes de elaborar, el estudio sostiene que esta extracción minera no afectará a ninguno de los hábitats de protección especial indicados por la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales.

“No se han podido terminar los trabajos de campo y estudios específicos necesarios para caracterizar algunos factores ambientales (concretamente la fauna y el patrimonio histórico, artístico o cultural), por lo que no han podido evaluarse con suficiente profundidad los efectos del proyecto sobre ellos. No obstante, sí se han propuesto medidas preventivas, correctoras y compensatorias para la fauna, considerando la información obtenida en campo. Aunque estas medidas deberán ajustarse y redefinirse en función de los resultados que se obtengan cuando finalicen todos los trabajos”, argumenta.

Y a este respecto, se refiere a las “dificultades” encontradas para la redacción del presente estudio, destacando como principal el plazo de tres tres meses impuesto por la propia Administración para elaborar el estudio de impacto ambiental, y para el cual solicitó una ampliación de plazo que le fue denegada. También incluye otras dificultades como la falta de entrega de información relevante por parte de la consejería de Medio Ambiente relativa a especies protegidas, la prohibición de paso ejercida por individuos en algunos caminos de acceso público, y la denegación de permiso por alguno de los propietarios.

La evaluación del resto de los impactos derivados del proyecto, considerando la implementación de las medidas preventivas y correctoras propuestas, han dado como resultado 30 impactos considerados “compatibles” y 28 impactos “moderados”. Entre estos últimos se encuentran la contribución al calentamiento global, la afección al suelo, la alternación del paisaje, la alteración de la calidad del aire, y la eliminación de la vegetación.

En el informe no se ha identificado ningún impacto “severo o crítico” y se destacan otros positivos como el suministro de materias primas consideradas como críticas y prioritarias por su importancia económica y estratégica, la creación de más de 150 puestos de trabajo durante la vida útil del proyecto, y la mejora en la capacitación y formación en la  región mediante cursos y másteres profesionales y otros medios de formación.