Esperanza Aguirre tomó posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 y no la abandonó hasta casi nueve años después. En la primera de las tres veces en que juró el cargo, la lideresa prometió que contaba con “el mejor equipo” para gestionar la región de toda la “historia del estado autonómico de España”. Más de 20 años después, seis personas de su máxima confianza durante sus tres gobiernos han sido condenadas o están al borde del banquillo. Alfredo Prada, que entre 2003 y 2008 ocupó la segunda vicepresidencia y la Consejería de Justicia de su ejecutivo, acaba de sumarse a la lista que integran nombres como Francisco Granados o Ignacio González con una condena de siete años de cárcel por malversar 40 millones de euros públicos

Todos ocuparon algunos de los puestos de mayor responsabilidad que pueden ostentarse en un gobierno regional. Vicepresidencias a la diestra de la presidenta regional, consejeros de Presidencia y de Justicia, portavoces y gestores de empresas públicas por cuyas manos pasaban, año tras año, decenas de millones de euros. En el caso de Alfredo Prada, ocupó la cartera de Justicia y la vicepresidencia segunda desde el primer día de Aguirre en la Puerta del Sol hasta 2008, cuando apoyó a Mariano Rajoy en el congreso del PP en Valencia y se ganó su enemistad política sin matices.

Prada fue rápidamente puesto al frente de una de las grandes promesas electorales de Esperanza Aguirre: la Ciudad de la Justicia. Un complejo en Valdebebas, al norte de la región, para concentrar todos los juzgados y tribunales hasta entonces dispersos por la ciudad. El plan parecía no tener fisuras: la Comunidad conseguía los terrenos gratis, hacía caja vendiendo algunos edificios y levantaba una ciudad judicial a la altura de los que existen, por ejemplo, en Barcelona y Valencia.

Altos cargos de Esperanza Aguirre en la CAM condenados, o a la espera de juicio, por corrupción

Alberto López Viejo

Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007

Condenado a 27 años y 10 meses de cárcel por la pieza principal del caso Gürtel

Alfredo Prada

Vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2008

Condenado a 7 años de cárcel por la fallida Ciudad de la Justicia

Francisco Granados

Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid de 2004 a 2011

Condenado a 2 años de cárcel por el chivatazo de la Operación Púnica y a la espera de juicio en varias piezas de la trama

Ignacio González

Vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2012

A la espera de juicio en varias piezas de la trama Lezo

Isabel Gallego

Directora general de Medios de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2015

A la espera de juicio en una pieza de la trama Púnica

Beltrán Gutiérrez

Gerente del PP de Madrid hasta 2014

A la espera de juicio en la trama Púnica y condenado a 8 meses de cárcel por las tarjetas black de Caja Madrid

Ildefonso de Miguel 

Director gerente del Canal de Isabel II desde 2003 hasta 2009

A la espera de juicio en varias piezas del caso Lezo

Altos cargos de Esperanza Aguirre en la CAM condenados, o a la espera de juicio, por corrupción

Alberto López Viejo

Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007

Condenado a 27 años y 10 meses de cárcel por la pieza principal del caso Gürtel

Alfredo Prada

Vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2008

Condenado a 7 años de cárcel por la fallida Ciudad de la Justicia

Francisco Granados

Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid de 2004 a 2011

Condenado a 2 años de cárcel por el chivatazo de la Operación Púnica y a la espera de juicio en varias piezas de la trama

Ignacio González

Vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2012

A la espera de juicio en varias piezas de la trama Lezo

Isabel Gallego

Directora general de Medios de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2015

A la espera de juicio en una pieza de la trama Púnica

Beltrán Gutiérrez

Gerente del PP de Madrid hasta 2014

A la espera de juicio en la trama Púnica y condenado a 8 meses de cárcel por las tarjetas black de Caja Madrid

Ildefonso de Miguel 

Director gerente del Canal de Isabel II desde 2003 hasta 2009

A la espera de juicio en varias piezas del caso Lezo

Lo que sucedió en realidad, según la Audiencia Nacional, es que más de 40 millones de euros se invirtieron en promocionar y publicitar el proyecto mientras la Ciudad de la Justicia no era viable. Más de 13 millones de euros solo en contratar al arquitecto Norman Foster. Otros 100.000 euros más en presentar las maquetas. Más de un millón de euros en una exposición. Un autobús para recorrer Madrid dando a conocer el proyecto. Todo para que, al final, fuera abandonado.

La Audiencia Nacional hace máximo responsable a Alfredo Prada, no solo como consejero del ramo sino como gestor de la empresa creada para impulsar el proyecto, y le impone siete años de cárcel por prevaricación y malversación. Los jueces usan palabras como “esquilmar” o “suma gravedad” para definir lo que hicieron entonces Prada y sus colaboradores. En esos años, además, el vicepresidente de Aguirre ejercía de padrino político de Pablo Casado, que tuvo la idea de convertirle en el vigilante anticorrupción del PP poco antes de su imputación en esta causa.

La condena cuestiona de lleno una de las grandes promesas electorales del primer gobierno de Esperanza Aguirre. No solo por ser un proyecto fallido, sino por haberse hundido gracias a la malversación de sus responsables, que tendrán que poner 40 millones de su bolsillo para pagar el agujero. Y aunque los jueces destacan el “entusiasmo” de la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre ha conseguido atravesar sin peligro un nuevo campo sembrado de minas en sus años dorados al frente de la política madrileña. Tal y como ha conseguido hacer en los casos Gürtel, Púnica o Lezo, donde sí ha tenido que declarar en un juicio lo ha hecho como testigo, a salvo de cualquier condena.

Tanto en el juicio que ha terminado en la condena de Prada como después, Aguirre ha centrado sus esfuerzos en blindarse con dos argumentos: ella nunca conoció ninguna irregularidad y el proyecto era un clamor judicial y político, no una ocurrencia suya. Palabras que llevan a lo que ha afirmado en otros procesos penales donde sus subordinados han acabado procesados e incluso condenados.

Alberto López Viejo es el caso más añejo en la nómina de lo que ella misma denominó “ranas”. Viceconsejero de Presidencia hasta 2007 y después Consejero de Deportes, en la actualidad cumple una condena de 27 años y 10 meses de cárcel por aprovechar sus cargos –primero en el Ayuntamiento y después en la Comunidad– para favorecer a las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones de cientos de miles de euros.

Buena parte de ese botín salió de los contratos que se adjudicaban para organizar actos a los que asistía Esperanza Aguirre. López Viejo, según los jueces, “diseñó una novedosa política de comunicación con mayor presencia de la presidenta”. Todos ganaban: ella tenía una visibilidad inédita y la trama Gürtel se llenaba los bolsillos. Entre varias decenas de actos, lleva el sello de la corrupción la toma de posesión de Esperanza Aguirre en junio de 2007 estrenando su primera mayoría absoluta. Ese día, según los apuntes del contable de la trama Gürtel, López Viejo se llevó una comisión del 50%.

Las distintas sentencias, autos de procesamiento y escritos de acusación de la Fiscalía apuntan en esa dirección: actos de corrupción que, supuestamente, beneficiaron la carrera política de Esperanza Aguirre sin que ella haya pisado un banquillo.

Francisco Granados también fue lo que en política se denomina “hombre fuerte” de Aguirre. Después de dominar la política en Valdemoro, al sur de Madrid, dio el salto al kilómetro cero como consejero, entre otras cosas, de Presidencia y Justicia. Fue detenido en 2014 como uno de los cabecillas de la bautizada como 'operación Púnica', término en latín que designa al granado.

En esa causa, por el momento, Granados ya ha recibido una sentencia firme: dos años de cárcel por intentar reventar la operación aprovechando un chivatazo de un guardia civil. Pero está a la espera de juicio en varias piezas separadas de la causa. Una por irregularidades en la adjudicaciones de suelo público de la Comunidad y otra por las ilegalidades que impulsaron económicamente la campaña con la que Esperanza Aguirre arrasó en las elecciones de 2011.

Granados, considerado uno de los grandes escuderos de Aguirre, dejó morir su relación con su antigua jefa a medida que avanzaba la causa judicial y empezó a lanzar acusaciones contra ella en las diligencias que investigaban si su campaña de 2011 se financió de forma irregular. Una causa en la que, a modo de excepción, el juez Manuel García Castellón imputó a Esperanza Aguirre antes de dejarla fuera del procesamiento y, en la práctica, a salvo de un juicio que todavía está por celebrar.

El auto de apertura de juicio oral, dictado hace unos meses y pendiente de ser ratificado en una futura sentencia, que el modus operandi del PP de Madrid en aquellos años era siempre el mismo cuando llegaban unas elecciones: autorizar gastos electorales que no eran declarados a la Cámara de Cuentas. Usar “empresarios afines” para hacer los trabajos pero después, con ingeniería contable, no hacer saltar las alarmas de las autoridades. Y todo a mayor gloria de una candidata que, según la Audiencia Nacional, no tenía por qué saber que cabalgaba a lomos de la supuesta corrupción de sus colaboradores.

El juicio estudiará cómo se pagó el buzoneo de sus papeletas, las banderas que ondeaban en sus mítines o el mismísimo coche usado para el transporte de Aguirre. Y en el banquillo no solo estará Granados. También estará Beltrán Gutiérrez, gerente del PP madrileño durante más de una década y condenado por las tarjetas black de Caja Madrid a quien el juez hace responsable de esta contabilidad ficticia, salvado por la prescripción de responder también por comicios anteriores. Encima de la mesa, entre otros, hay un delito electoral en su modalidad de falseamiento de las cuentas.

En la política no todo el poder está en las consejerías, las concejalías o los ministerios. Y en la Comunidad de Madrid, durante el reinado de nueve años de Esperanza Aguirre, la dirección general de medios también se ubicó a la diestra de la presidenta regional con Isabel Gallego a la cabeza, en ese departamento desde 2003 hasta 2015. En sus recursos y alegaciones, por ahora rechazados, Gallego se ha intentado desmarcar de esta 'caja B' del PP madrileño asegurando que “la encargada de Comunicación era Lucía Figar y la de redes sociales Isabel Díaz Ayuso”.

El último nombre de esta lista de altos cargos es el de Ignacio González. El único consejero que estaba allí el día en que Aguirre tomó posesión como presidenta por primera vez en 2003 y que seguía en Sol para, en 2012, coger el testigo después de su primera dimisión. González, presidente regional entre 2012 y 2015 después de Aguirre y antes de Cifuentes, fue detenido como uno de los cabecillas de la operación Lezo, sucesora de Gürtel y Púnica, centrada también en la Comunidad de Madrid pero en otros departamentos poco explorados por los jueces, sobre todo el Canal de Isabel II.

González tampoco ha sido condenado pero está a la espera de juicio en hasta tres piezas separadas del caso Lezo con la Fiscalía pidiendo condenas de cárcel para él. Después de ser exonerado en una causa por blanqueo, la Audiencia Nacional tiene pendiente juzgarle por la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao cobro de comisiones mediante, por las irregularidades en la construcción del eterno proyecto de llevar el tren a Navalcarnero y, finalmente, por las ilegalidades que también rodearon la construcción de un campo de Golf en Chamberí. Junto con él irá al banquillo Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal de Isabel II en esos años.

La detención de Ignacio González en 2017 fue la gota que colmó el vaso de la capacidad de Esperanza Aguirre para afirmar que ella había destapado tramas que, en realidad, si fuera por su actuación nunca habrían llegado a manos de la Justicia. A las puertas de la Audiencia Nacional, tras declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel donde Alberto López Viejo esperaba su condena, Aguirre rompió a llorar al ser preguntada por Ignacio González, otra de sus manos derechas engrilletadas: “Si es culpable, sería un gran palo”.

La Audiencia Nacional ha autorizado que el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, condenado por el 'caso Gürtel', salga puntualmente de prisión para ayudar a refugiados ucranianos asumiendo de esa forma “valores solidarios alejados del ánimo de lucro excesivo que presidió su actividad delictiva”. El que fuera hombre fuerte del Gobierno regional de Esperanza Aguirre fue condenado a 28 años de cárcel. 

En un auto del pasado 18 de julio, recogido por Europa Press, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria insta a la Administración Penitenciaria a que se coordine con la Fundación Altius para su participación en las actividades, que inicialmente realizará los lunes, miércoles y sábados de 16.00 a 20.00 horas.

Para el juez José Luis Castro “no cabe duda que la actividad del interno en la Fundación Altius va a incidir, a través la ayuda a personas que están sufriendo las consecuencias de una terrible e injusta guerra en Ucrania, en su propio posicionamiento ante el delito cometido, la reparación social la posibilidad de cumplimiento del fin resocializador de la pena”.

“La actividad a realizar en la Fundación Altius, permitirá al penado, a través del voluntariado a realizar, asumir valores solidarios alejados del ánimo de lucro excesivo que presidió su actividad delictiva, comprendiendo las necesidades mínimas de muchas personas que sufren carencias que afectan a su vital, y especialmente a personas y familiares que han tenido que desplazarse a nuestro país escapando de una guerra vil y cruel, dejando atrás su tierra, su cultura, sus costumbres”, incide el magistrado.

Una “labor enorme”

En esta línea, el juez destaca que “la labor que puede hacer el interno es enorme en la ayuda a estas personas, lo que le permitirá asumir plenamente la concienciación de su responsabilidad”. Especialmente, añade, cuando se trata de colaborar con personas alejadas “seguramente de sus familiares y amigos, con escasos o ningún bien en España, y pensando en todo momento en volver a su tierra querida”.

El magistrado explica que López Viejo ha realizado “durante el disfrute de permisos actividad de voluntariado” en la citada fundación, como así consta en una carta del director de la institución. Existe, además, un contrato de voluntariado de mayo de este mismo año.

Así las cosas, el exconsejero “seguirá clasificado en segundo grado disfrutando de los permisos propios de su clasificación si se dan los requisitos legales y una positiva evolución, consolidando los factores positivos que ya existen, permitirá obtener en el futuro no lejano mayores cotas de libertad”.

El que fuera consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid fue condenado por la primera época de Gürtel a 27 años y 10 meses de prisión por delitos de prevaricación continuada, malversación continuada, fraude continuado, cohecho pasivo continuado y blanqueo de capitales.

El Gobierno de Esperanza Aguirre y la trama Gürtel forjaron una lucrativa alianza que reportó beneficios en las dos direcciones. La expresidenta madrileña promocionó su imagen política con una agenda rebosante de actos, una hiperactividad propagandística cuya organización asumieron las empresas de Francisco Correa. Por su parte, el empresario se lucró con las adjudicaciones amañadas de esos actos, con las que ganó más de 2,6 millones de euros.

En el centro de esa asociación de intereses compartidos se situó Alberto López Viejo, la primera “rana” de Aguirre. El retrato que hace la sentencia sobre él desmiente a la ex presidenta madrileña, que en el juicio rechazó definirle como su hombre de confianza. Los jueces señalan que tenía un control total sobre los actos de Aguirre que usó para lucrarse con las comisiones que le pagaban las empresas de Gürtel. Solo con lo que sacaba de esos actos se llevó a sus cuentas en Suiza casi 300.000 euros de dinero negro.

Para López Viejo era el negocio perfecto. Promocionaba a su presidenta, la que le había ascendido desde el Ayuntamiento y colocado en un puesto privilegiado dentro del Gobierno regional, mientras ganaba dinero con las mordidas que le pagaba Correa. Este lunes ha ingresado en prisión tras la condena a 31 años y nueve meses. El tribunal le manda a la cárcel sin esperar a que se resuelva el recurso al Tribunal Supremo porque cree que podría huir. “Se incrementa el riesgo de fuga, máxime teniendo en cuenta la disponibilidad que de sus fondos hizo poniéndolos a buen recaudo en cuentas suizas”, dice el tribunal.

La sentencia señala que este alto cargo del Gobierno madrileño forjó buenas relaciones con la Gürtel cuando estaba en el Ayuntamiento, donde amañó un contrato de basuras para un empresario. Correa se llevó un porcentaje de la adjudicación y él otro. Cuando llegó a la Comunidad de Madrid de la mano de Aguirre “puso en marcha una diferente política de comunicación para la Presidenta, incluso, de sobrexposición, que se tradujo en que había días que acudía a tres actos”.

Una “novedosa política de comunicación”

Sustentar esa actividad propagandística no era fácil. Exigía adjudicar rápidamente multitud de actos a la misma empresa, para lo que López Viejo y Correa encontraron una solución: primero se hacía el acto y luego se veía dónde encajaban las facturas, siempre fraccionadas para licitar a dedo. Eso permitió que Aguirre llevase una intensa campaña de promoción de su imagen política. “Alberto López Viejo diseñó una novedosa política de comunicación, con mayor presencia de la Presidenta, que llevaba aparejada un incremento o multiplicación de sus actos”, señalan los jueces. Contraponen esa actividad a la de su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, mucho menor.

La sentencia también refleja que López Viejo tenía un control total sobre los actos de Aguirre. Si participaba la presidenta lo organizaba él, lo que se convirtió en una “norma no escrita”, dijo una testigo. Si López Viejo veía que los responsables de organizar el acto no contrataban con las empresas que él decía, amenazaba con que la presidenta no iba. Levantó una suerte de barrera entre Aguirre y el resto del Gobierno regional que le garantizaba un control absoluto.

Nunca se ha podido probar que Aguirre tuviese conocimiento de lo que hacía su mano derecha. Ella misma llegó a renegar de que la persona que se ocupaba de organizarle toda su agenda de actos fuese su hombre de confianza. También negó haber dado orden de incrementar su presencia en inauguraciones y actos conmemorativos, y explicó que iba a los que le proponían las consejerías.

En su comparecencia como testigo en el juicio, en la que recordó sus logros de gestión hasta el punto de que el tribunal tuvo que interrumpirla, se desentendió de la contratación y dijo no saber nada de las empresas de Correa. Sí que admitió que pudieron darse sobrecostes, pero les restó importancia: “Los actos a los que asistía yo, se celebraron todos. Hubo otros. ¿Que se cobró en exceso y que ese es el problema que se ve en este tribunal? No digo yo que no, pero los actos se celebraron”.

López Viejo se llevó comisiones de 348 actos

La sentencia dedica algunos párrafos a desgranar las comisiones que se llevó Alberto López Viejo. Tras constatar que cobró 680.731,01 euros por amañar una adjudicación cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid, los jueces se centran en el dinero que ingresó gracias al control de los actos de Aguirre. En total, se llevó comisiones de unos 348 actos, algunos de los cuales tenían carácter benéfico.

Su porcentaje de cada acto era de un 10%, aunque hizo dos excepciones. De la toma de posesión celebrada en junio de 2007 y de la corrida benéfica celebrada por esas mismas fechas se embolsó un 50%. La mitad de lo que le costó a la Comunidad de Madrid celebrar esos actos fue a parar al bolsillo del exconsejero de Aguirre.

Pero López Viejo no se limitó a cobrar sobres en metálico. Articuló también un sistema de facturas falsas para ingresar dinero a través del restaurante de su mujer, que sumaban 21.046,56 euros. En total, la sentencia concluye que entre el dinero que adjudicó irregularmente a la trama y lo que se llevó él, provocó un quebranto patrimonial de 2,6 millones de euros.

Pero el exconsejero no fue el único que hizo negocio bajo los gobierno de Aguirre. La sentencia ha condenado también a Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, alcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón que sustentaron con sus aplastantes mayorías las victorias de Aguirre en la Comunidad de Madrid. En los años de Gobierno de la expresidenta y de la Gürtel, el tribunal señala que las empresas de Francisco Correa y el PP crearon “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local”. Esa manipulación era posible gracias a las buenas relaciones entre los miembros de la trama y los cargos del PP.

Aguirre, que siempre dijo no saber nada, ha defendido públicamente y hasta en un libro que fue ella quien destapó la trama. Ha sido durante años su gran argumento frente a quienes le afeaban no haber hecho nada por controlar a sus “ranas”, a esos subordinados que, como López Viejo, utilizaron los puestos de poder a los que ella les aupó para lucrarse con la corrupción.

Pero este relato también lo ha echado al traste la sentencia, que reconoce como denunciante al exconcejal del PP José Luis Peñas, al que le atribuye haber entregado la información que permitió iniciar la investigación. Ni una palabra en ese sentido sobre Aguirre, de quien solo se habla como la protagonista de los actos con los que la trama hizo caja.

El exjefe de Área de Régimen Interior de la Comunidad de Madrid Alfonso Peña Izquierdo ha declarado como testigo este lunes en el juicio del caso Gürtel. Peña ha asegurado que el exviceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo contrató servicios “tres veces más caros” del precio de mercado, entre ellos el pago de las coronas de flores del acto de homenaje del 11M.

Peña ha explicado que López Viejo supervisaba y controlaba los pliegos de condiciones de contratación que hacía el Área de Régimen Interior --sin competencia para ello, pero por orden de la Viceconsejería de Presidencia por “falta de personal”-- y que “hubo cosas que tachó” en relación a elementos decorativos y equipos de iluminación y sonido de los actos institucionales de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

En este sentido, ha afirmado que luego estos servicios fueron contratados por otro lado, los cuales le resultaron “más caros” que los que ellos habían solicitado. Entre ellos, ha destacado que las coronas de flores que presidieron el acto homenaje de los atentados del 11 de marzo de 2004 o del acto del 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, fueron “tres veces más caras” que otras y ha señalado que cree que se adquirieron finalmente por 3.000 euros.

“Nos quitaron el dinero” para actos que ya tenían preparados, ha agregado, al tiempo que ha afirmado que López Viejo les obligó a hacer “modificaciones” en los pliegos de condiciones. No obstante, este testigo ha asegurado que “nunca” tuvo conocimiento de las empresas adjudicatarias de estos eventos, ni a quién pertenecían, en relación a la trama Gürtel y su 'cabecilla', Francisco Correa.

Sin embargo, la investigación desveló que esas empresas adjudicatarias pertenecían a Francisco Correa. Una trabajadora de esas empresas, Isabel Jordán, declaró en el juicio que ellos se encargaron de la organización de ese acto de homenaje. Añadió que el gobierno regional les pidió que troceasen las facturas para otorgarlas a dedo.

Molpeceres niega donaciones al PP

El propietario de Licuas, Joaquín Molpeceres, ha declarado antes que él y ha negado ser una de las personas que aparece en los denominados 'Papeles de Bárcenas' como donante al PP y ha asegurado que él “nunca” ha aportado dinero a “ningún partido”.

Así lo ha dicho ante el tribunal de la Audiencia Nacional, donde ha comparecido en calidad de testigo. “Nunca hemos participado, ni era yo”, ha dicho al ser preguntado por la fiscal Concepción Nicolás si corresponde a él el pseudónimo 'Volpeceres' que aparece en las anotaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre la donación de 60.000 euros.

“Me pareció sorprendente cuando apareció el nombre de Molpeceres. Nunca hemos aportado a ningún partido”, ha precisado. Asimismo, ha afirmado que su nombre “empezó a sonar” porque a “alguien le debe interesar”.

“Pero cuando oí esto al señor Bárcenas... Esto es una pura mentira”, ha dicho, al tiempo que se ha preguntado que por qué “no le preguntan al señor (Ángel) Acebes o (Mariano) Rajoy si a mí me conocen, les conozco por la prensa o por algún acto pero nunca, jamás me he reunido con ellos”. “No lo asocio con ninguna cosa, no sé por qué salió, no tengo ningún conocimiento para explicar por qué salió eso”, ha insistido.

Esperanza Aguirre ha tardado algo más de 24 horas en hablar sobre la detención de Ignacio González, su mano derecha durante una década y a quien dejó en herencia la Comunidad de Madrid. Con la voz rota, entre lágrimas, ha lamentado que esté envuelto en la investigación sobre las irregularidades del Canal de Isabel II.

Pero antes de esquivar las preguntas de los periodistas, Aguirre ha lanzado tres dardos para desmarcarse de González y responsabilizarle únicamente a él de lo que pueda destapar la Operación Lezo, por la que está detenido.

Entre el inicio de su declaración a la salida del juicio de Gürtel -“he venido a decir toda la verdad”- y el final -“lo de Ignacio González sería muy lamentable”-, transcurren poco más de tres minutos en los que Aguirre ha tenido tiempo de levantar un barrera contra las posibles sospechas sobre su gestión. Ella ya no estaba, cuando estuvo no se hizo nada mal y nunca asociarán su nombre con una ilegalidad.

En tres minutos, Aguirre ha girado el foco del interrogatorio hacia su sucesor. “El fondo del asunto parece ser una empresa que el Canal de Isabel II ha comprado en Brasil”, explicó Aguirre. Se refiere a la adquisición de Emissao por parte de Inassa, filial del Canal en Colombia, una operación ruinosa en la que se cruzaron sociedades uruguayas y panameñas.

“Yo quiero dejar muy claro que mientras yo fui presidenta, hasta el 17 de septiembre de 2012, nunca quise que ni el Canal ni el Metro de Madrid estuviesen en las adjudicaciones del extranjero”. A este primer dardo siguió uno disparado directamente hacia la gestión de González: “De lo que pasó después de irme yo, no puedo hablar”.

La expresidenta madrileña remató el alegato en defensa propia: “Jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta”. La voz rota no le ha dejado contestar a las preguntas de los periodistas, que le pedían que aclarase si sigue poniendo la mano en el fuego por su sucesor. Esta vez no ha habido, como en otras ocasiones, confianza en su inocencia, ni siquiera ha cuestionado su detención, como hizo con Francisco Granados.

González no encontró el jueves en su mentora política ningún tipo de apoyo. La década que pasó a su lado no le ha servido para que Aguirre le defendiese públicamente. La ahora portavoz en el Ayuntamiento, que vive uno de sus momentos más frágiles, ha preferido salvar su figura, su legado. Lo había estado haciendo durante las dos horas anteriores, en las que respondió a la fiscal, las acusaciones y los abogados del caso Gürtel.

Aguirre defendió dentro de la sala su gestión como lo hizo luego fuera. Sus años al frente del gobierno regional estuvieron centrados en mejorar la vida de los madrileños, dijo, sin preocuparse de las menudencias del día a día, en las que Gürtel encontró un lucrativo negocio. Presumió de inauguraciones de hospitales, ampliaciones de Metro y hasta de la colocación de primeras piedras de grandes proyectos. Pero la corrupción aflora tras cada capítulo de ese relato sobre el éxito de sus años de gobierno.

Los hospitales de los que ha hablado Aguirre son un ejemplo. El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, investiga si las partidas de publicidad de los macrocontratos se amañaban en favor de las empresas de Daniel Mercado. Este, a cambio, asumía el coste de los actos de campaña del PP de Madrid.

Las primeras piedras de las que ha hablado la expresidenta madrileña tampoco se han librado de la sombra de la corrupción. Una de las más sonadas fue la del Campus de la Justicia. Sobre esa primera piedra se edificó la única construcción de las 15 que había proyectadas. Más de 100 millones de euros invertidos en un descampado.

El acto de la primera piedra costó 1,4 millones de euros y ayudó a ese despilfarro. De parte de la organización se encargó un constructor de Gürtel que ganaba concursos públicos en municipios gobernados por el PP. En la promoción del Campus de la Justicia también se coló la Púnica a través de Daniel Mercado.

Las ampliaciones de Metro de las que ha presumido Aguirre tampoco estuvieron libres de corrupción. Los empresarios de Púnica hicieron negocio con las fiestas de inauguración que organizaba Francisco Granados. Más de 700.000 euros pagados por parte de FCC, Sacyr y Dragados a una de las empresas centrales de la trama.

En definitiva, nueve años de gobierno regional de los que Aguirre ha glosado las luces sin reparar en las sombras. En su comparecencia como testigo no se ha salido del guión previsto: ella estaba a lo importante sin reparar en la logística de los actos que se fraccionaban para Gürtel. Las ilegalidades, si las hubo, fueron cosa de sus “ranas”.

Esperanza Aguirre se ha sentado este jueves por primera vez ante un tribunal para responder sobre la corrupción que inundó su administración. Como testigo en el juicio de Gürtel, la expresidenta madrileña ha negado que Alberto López Viejo fuese un hombre de su confianza, y se ha desvinculado de la logística de sus actos institucionales, que corrió a cargo de las empresas de Francisco Correa. Eso sí, ha reconocido que su Gobierno pagó sobrecostes por esos actos.

Ha reconocido que pudieron haberse inflado los contratos, pero ha negado cualquier participación en ese proceso. Ha defendido que no tenía competencias en la contratación de las empresas y ha añadido: “Los actos a los que asistía yo, se celebraron todos. Hubo otros. ¿Que se cobró en exceso y que ese es el problema que se ve en este tribunal? No digo yo que no, pero los actos se celebraron”.

“No tenía ninguna competencia en contratación”. Con esta frase ha resumido Aguirre su papel en la organización de los actos. Se limitaba a decidir a qué eventos acudía, qué palabras iba a pronunciar o qué personas quería que le acompañasen en el evento. Durante nueve años no supo nada sobre las empresas que organizaban esos actos.

La fiscal Concepción Nicolás ha comenzado su interrogatorio preguntando por su relación con López Viejo, el hombre de la Gürtel en el gobierno regional. “No era una persona de mi confianza”, ha dicho Aguirre, que le ascendió hasta la Consejería de Presidencia. Antes de ficharle, solo le conocía porque organizaba actos para el PP a nivel nacional, ha explicado.

Aguirre ha tenido que responder también por el incremento de actos propagandísticos a su llegada a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Varios imputados y testigos han señalado que disparó el número de eventos, hasta tres al día, lo que permitió a la trama aumentar su facturación.

Sin embargo, ella ha negado este extremo. Ha asegurado además que eran las consejerías quienes le proponían los actos, y decidía a cuáles acudía por razones “políticas y de oportunidad”. Además, ha presumido de gestión para justificar su elevada actividad propagandística: “Inauguramos un colegio nuevo cada semana de esos nueve años que estuve de presidenta, hicimos 12 hospitales nuevos, 80 centros de salud”.

Aguirre se ha detenido tanto en este capítulo que el juez que preside el tribunal ha tenido que cortarla. “No podemos seguir así, su función política va por un lado, y la logística por otro”, ha afirmado Ángel Hurtado.

“No sabía de la existencia del señor Francisco Correa”

Durante su declaración, ha insistido en varias ocasiones en qué no se ocupaba “de la logística de los actos”. Admite que se quejó en alguna ocasión del sonido o pidió más luz en los atriles, pero nada más. Nunca supo, ha dicho, qué empresas se encargaban del sonido, la iluminación o los suministros, ni se recuerda a las personas que se ocupaban de ello: “Yo solo recuerdo a las personas del teleprompter, porque esas siempre eran las mismas”.

En esta misma línea, Aguirre ha insistido durante todo su interrogatorio en que nunca conoció al cabecilla de la trama Gürtel. “No sabía de la existencia del señor Francisco Correa, no sabía si tenía empresas”. Asegura que nunca tuvo trató con él ni con ninguno de sus subordinados para la organización de los actos.

“Los actos de se celebran bien organizados, pero de precios yo no sabía nada”, ha insistido. La expresidenta madrileña sí que ha exculpado a sus subordinados cuando estos se saltaban algunos trámites porque tenían poco tiempo para organizarlos: “Había actos imprevistos, el atentado del 11M era el mayor de todos ellos, pero también cuando un equipo sabía a primera, cuando ganaba un equipo madrileño, cuando Alberto Contador tenía una victoria impresionante, eso había que organizarlo con muy poco tiempo”.

A pesar de que López Viejo no era de su confianza, le creyó cuando este negó que contratase con las empresas de la Gürtel. Aguirre le llamó por teléfono tras una información de la revista Interviú en la que se apuntaba que una serie de empresas estaban haciendo caja con las administraciones gobernadas por el PP.

“La revista no denunciaba ninguna ilegalidad”, ha precisado, pero aún así le pidió explicaciones a su consejero. Este le dijo que había dejado de contratar con esas empresas: “Yo me quedé tranquila, pero me mintió, no me dijo que las nuevas empresas eran del mismo dueño”. “En esa época no podía concebir las cosas que estamos tratando ahora”, ha añadido, al tiempo que ha admitido que erró al contentarse con la versión de López Viejo.

“Yo destapé la trama Gürtel sin saberlo”

Aguirre ha tenido oportunidad de explicar el mérito que se atribuye de haber destapado la trama Gürtel. Lo dijo hace años, durante un pleno de la Asamblea, lo ha mantenido desde entonces y hasta lo ha escrito en su libro. “He escrito un libro con un capítulo entero dedicado a esto”, ha recordado a preguntas de la acusación popular.

Asegura que se reunió con Álvaro Lapuerta a finales de 2004 para tratar la venta de parcelas en Majadahona. “Llamé al alcalde -Guillermo Ortega- y me encontré una enorme división entre los 15 concejales. Doce estaban en contra de que perdiese una enorme cantidad de dinero porque el precio fijo estaba lejos del precio de mercado”, ha relatado.

Cuando trasladó esa situación a Ortega, este optó por dimitir. “La diferencia entre el precio de Ortega y el otro fue nada menos que de 60 millones de euros (...) Por eso dije que yo destapé la trama Gürtel sin saberlo. Si no se hubiese hecho, los dos concejales no se hubieran ido al grupo mixto, no hubieran formado un grupo político que no sacó ninguna representación, y estos señores que pusieron hasta 14 pleitos a Narciso de Foxá, y como resulta que el señor Correa se hartó de pagar abogados y procuradores, le grabaron las conversaciones, así comienza a destaparse el caso”.

Lamenta entre lágrimas la detención de González

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho una breve parada entre la maraña de prensa que se concentraba a la salida del tribunal de la Audiencia Nacional. Han sido menos de tres minutos y medio en los que ha advertido de que se siente conmocionada por el arresto de quien fue su mano derecha y sucesor, Ignacio González.

“Me siento conmocionada, si es culpable, por la detención de una persona en la que tanto he confiado. Y si es inocente también estoy conmocionada por el calvario que estará pasando”. Al pronunciar estas palabras, se le ha quebrado la voz, ha derramado algunas lágrimas y se ha ido sin responder preguntas de los periodistas.

Pero en ese breve discurso, ha tenido tiempo de desmarcarse de la gestión de su sustituto en la presidencia de Madrid. Recordó que si los hechos que han precipitado la Operación Lezo tienen que ver con la compra por parte de una filial del Canal II de la empresa de ingeniería Emissao en Brasil, esa operación se realizó en 2013 cuando ella ya no tenía responsabilidades en la Comunidad. Y para distanciarse todavía más de esas prácticas remarcó que durante su gestión siempre fue contraria a que empresas como Metro o el Canal invirtiese en el extranjero.

La última frase, antes de abandonar la sede de la Audiencia Nacional, ya al borde del llanto, redundó en esa idea: “Jamás nadie me ha podido acusar a mí de haber hecho alguna cuestión incorrecta y por tanto para mí, sería lo de Ignacio González muy lamentable”.

El pasado de Esperanza Aguirre ha sobrevolado el juicio de Gürtel desde el comienzo. Los acusados que pertenecían a las empresas de la red corrupta la nombraron dándole un papel protagonista en la organización de los actos, pero nunca la implicaron directamente en las prácticas irregulares. Los que fueran sus colaboradores más estrechos o no la han nombrado, o lo han hecho para exculparla. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha superado limpia la fase del juicio en la que debían declarar los acusados, y está a la espera de que comience el turno de los testigos, en el que ella misma tendrá que sentarse ante el tribunal.

El tribunal está a falta de unos nombres para terminar con la lista de casi 40 acusados. Los dos subordinados de Aguirre durante su etapa de presidenta regional ya han declarado, y ninguno de ellos ha implicado a la que fuera su jefa. Este martes ha sido Carlos Clemente Aguado, exviceconsejero de Inmigración, el que ni siquiera ha pronunciado su nombre, y se ha referido a ella como “la presidenta”.

Lo ha hecho para exculparse del troceo de contratos con la Gürtel y cargar la responsabilidad en el otro acusado del antiguo gabinete de Aguirre, Alberto López Viejo. El exviceconsejero de Presidencia era quien se ocupaba de todos los actos, ha dicho Clemente. Si Aguirre era la protagonista del evento, lo organizaba López Viejo. Pero ni una palabra sobre si Aguirre sabía que su hombre de confianza contrataba a dedo con las empresas de Francisco Correa ocultando las adjudicaciones al control de la Intervención.

Durante la declaración de Clemente ha quedado claro el poder de influencia de Correa en el círculo de Aguirre. Este exalto cargo asegura que conoció al empresario porque este estaba constantemente por la sede del PP, aunque ha negado que mantuviese una relación estrecha con él. Las grabaciones que ha exhibido la fiscal Concepción Nicolás no reflejaban lo mismo.

En una conversación telefónica, Correa se ofrece a ayudar a Clemente con sus negocios en América Latina, e incluso a enchufar a su mujer en una gran empresa, a cambio de que éste influya en un nombramiento de un organismo público. Correa le dice que hay un grupo de empresarios, socios suyos, interesados en el nombramiento. “Te entiendo perfectamente, no te preocupes”, contesta Clemente.

El propio cabecilla de Gürtel incluyó a este exalto cargo de Aguirre en la lista de quienes recibieron sus dádivas: le pagó la comunión a uno de sus hijos. Clemente lo ha negado y ha dicho también que nunca recibió dinero de la trama, ni les adjudicó nada. Todo pasaba por Presidencia, pero no ha nombrado a quien fuera su jefa. De hecho, ha descargado la responsabilidad sobre cargos técnicos y sobre López Viejo.

El testimonio de Clemente se une a la ristra de acusaciones que se han ido vertiendo sobre el exviceconsejero de Presidencia, al que Aguirre fichó desde el Ayuntamiento. López Viejo intentó defenderse de todo y lo hizo sin implicar en nada a la expresidenta del PP. Solo tuvo buenas palabras, dijo que había sido un honor trabajar con ella y la exculpó de los asuntos relacionados con la contratación: “Nunca despaché con Aguirre temas menores”.

López Viejo y Clemente engrosan la lista de excolaboradores de Aguirre que han acabado imputados por su gestión en la Comunidad de Madrid. El primero se enfrenta a una petición de cárcel de 46 años y el segundo a una de 10. Otra de las “ranas” de Aguirre, Francisco Granados, también tuvo solo buenas palabras para ella durante su declaración ante el juez de Púnica.

La expresidenta madrileña ha superado así la fase de declaraciones de imputados totalmente limpia. Hubo acusados que le dieron un papel principal en los actos que organizaba Gürtel, y aseguraron que era su gobierno el que obligaba a fraccionar contratos. Pero no la terminaron de implicar en nada.

Aguirre, que tan solo ha admitido culpa “in vigilando” en los casos de corrupción que han rodeado su gestión, afronta ahora la fase de los testigos. Por delante del tribunal desfilarán más de 300, entre los que se incluyen algunos de los cargos técnicos de su gobierno. La acusación que lo pidió, el PSOE, quiere que estos tiren de la manta y señalen de quien salía la orden de trocear los contratos con las empresas de Gürtel. En total, serán 10 nombres, entre los que hay secretarios técnicos y directores generales de la época de Aguirre.

La propia expresidenta regional declarará como testigo. Lo pidió la defensa del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. No lo hará por el cargo político que ostentó, aclaró el tribunal cuando aceptó esa petición, sino que su testimonio “ha de quedar circunscrito a lo que pueda aportar sobre los hechos”.

Gürtel está a punto de cerrar la fase de declaraciones de los imputados. Tras el parón de Navidades, el juicio que comenzó a principios de octubre está a falta de unos nombres para terminar con los testimonios de los 37 acusados. Este mes de enero ha tenido como protagonistas a Luis Bárcenas, Jesús Sepúlveda y Alberto López Viejo. Los tres tienen una cosa en común: sus amistades han salido a relucir en las declaraciones, siempre como argumento exculpatorio.

A los tres, sus relaciones sociales les han servido para quitarse de encima algunas de las acusaciones de la Fiscalía. No había una trama corrupta, sino amistades mal entendidas. Barcenas lo usó para justificar la falta de documentación de sus negocios, Sepúlveda envolvió los regalos de Correa en ese argumento y López Viejo se agarró a eso para explicar por qué estaba en un barco con el cabecilla de Gürtel y otros imputados.

Quien más veces usó este argumento fue Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, que encontró en Francisco Correa a uno de sus mejores amigos. El líder de la trama corrupta y él se conocieron a principios de los noventa y la organización de los actos del PP les llevó a fraguar una gran amistad. Los regalos y atenciones que Correa tuvo con él no fueron porque le adjudicase eventos del partido y contratos en Pozuelo, sino por lo bien que se llevaban.

Sepúlveda dijo que Correa no buscaba nada a cambio de los viajes que le regalaba o de sufragar los gastos de la celebración del cumpleaños de su hija. Su amistad llegaba al punto de que se encontraron por la calle el día que el exalcalde se iba a comprar un Jaguar, y el empresario le dijo que él le ponía el dinero, que así se ahorraba el IVA y los intereses de pagarlo a plazos. Esa es su versión.

“Entiendo que por la amistad que teníamos” era la respuesta que daba Sepúlveda cada vez que la fiscal Concepción Sabadell le preguntaba por una de las dádivas que detalló Correa. A pesar de la amistad, sus versiones chocaron en muchos casos. El cabecilla de Gürtel se apuntó algunos regalos que el exmarido de Mato dijo no haber recibido.

La Fiscalía no traga con el argumento de la amistad. Cree que Correa pagaba con viajes, fiestas de cumpleaños y coches -hasta tres, según sus propias revelaciones- los favores de Sepúlveda con la trama. Primero desde la organización electoral del PP, encargándoles actos, y luego desde la Alcaldía de Pozuelo, mediando para que Correa o las empresas vinculadas a él se llevasen adjudicaciones en el municipio.

Antes que Sepúlveda fue Bárcenas quien mencionó sus amistades para sacudirse las acusaciones de la Fiscalía. El extesorero del PP quiso justificar de donde salían los fondos que guardó en Suiza, porque de ello dependen buena parte de la condena de más de 40 años que el Ministerio Público pide para él. Mencionó multitud de negocios, desde campos agrícolas en América Latina a prestamos inmobiliarios. Pero no exhibió ningún papel.

Bárcenas se justificó diciendo que en muchos casos eran acuerdos con personas de confianza, con amigos, con los que no era necesario formalizar un contrato. Es el caso de los negocios con el también extesorero del PP Ángel Sanchís, que nunca le preguntó a Bárcenas si Hacienda tenía constancia del dinero que aportaba a las inversiones. “¿Cómo voy a ir preguntando a mis amigos si han hecho la declaración de la renta o no?”, dijo Sanchís ante el tribunal.

La amistad también está detrás de un importante ingreso en las cuentas Suizas de Bárcenas. Según explicó al tribunal, en sus cuentas helvéticas aparecieron 174.000 euros que el senador del PP Luis Fraga le devolvía de un prestamos anterior. Barcenas le había prestado ese dinero dos picadas antes para comprarse una casa, alegó. No hay papel, ni se acordaron unos intereses, ni un plazo. Eras muy amigos, explicó el extesorero.

No pareció convencer a Sabadell, que se sorprendió de que la confianza entre dos personas les llevase a prestarse cientos de miles de euros sin un papel entre medias. El Ministerio Público sostiene que Bárcenas se lucró de manera ilegal, y que luego ocultó con falsas operaciones comerciales el vaciamiento de sus cuentas en Suiza justo después de enterarse de que le investigaban por corrupción.

El último en mencionar la amistad durante su declaración ha sido Alberto López Viejo, que durante un tiempo fue mano derecha de Esperanza Aguirre. Durante la fase de cuestiones previas, su defensa intentó que no se incorporase a la causa un vídeo en el que se le ve a él en un barco rodeado de amigos ilustres: Francisco Correa, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ y el yerno de José María Aznar, Alejandro Agag.

La Fiscalía cree que ese vídeo demuestra el vínculo entre algunos de los principales acusados. Pero López Viejo lo niega, y dice que solo estaba en ese barco porque era “amigo, muy amigo” de Agag, el único tripulante que no está sentado en el banquillo. Al resto apenas les conocía, asegura, a pesar de que el Ministerio Púbico cree que hizo con ellos suculentos negocios a costa de las arcas públicas.

En el caso de López Viejo, sus esfuerzos se han centrado en reducir su influencia en la contratación con las empresas de Gürtel. Tuvo un “papel residual” y no ordenó trocear contratos para ocultarlos a la intervención. Pero las declaraciones de quienes le han precedido no le dejan en buen lugar y complican su defensa. Correa dijo que le pagó comisiones y otros imputados le han situado como el nexo de la trama con el gobierno regional.

Con las declaraciones de Sepúlveda, Bárcenas y López Viejo se va agotando la lista de imputados. Aunque la previsión del tribunal era haber terminado con todas las declaraciones de los acusados antes de navidad, algunas han durado más de lo previsto y han trastocado los planes de la sala. Al final, este trámite se alargará hasta la segunda mitad de febrero.

Alberto López Viejo, el concejal del Ayuntamiento de Madrid al que Esperanza Aguirre fichó para la Comunidad, se enfrenta en el juicio de Gürtel a una pena de 46 años de cárcel y a una multa de 14 millones de euros. Durante sus dos días de declaración ante el tribunal ha intentado rebajar su papel en el caso diciendo que no influía en la contratación y asegurando que no ordenó trocear facturas.

Ese “papel residual”, como lo ha definido él mismo, no encaja en el relato que han hecho los acusados que le han precedido. Las declaraciones del cabecilla de Gürtel, su lugarteniente, el denunciante del caso y una administradora de las empresa de la trama le colocan como protagonista de varios de los actos delictivos que se enjuician.

El primero en nombrarle fue Francisco Correa. Durante su declaración a comienzos de octubre dijo que había pagado comisiones al que fuera hombre fuerte de Aguirre. Confirmó que Rafael Naranjo, presidente de la empresa SUFI, había entregado a la trama un millón de euros por amañar un contrato de basuras: “Él ingresó el dinero en Suiza por la adjudicación de este tema del Ayuntamiento. Ingresó una cantidad en mi cuenta y yo la fui retribuyendo a Alberto López Viejo”.

En total, el por entonces concejal ingresó casi 700.000 euros que Correa le fue transfiriendo poco a poco en su cuenta en Suiza. López Viejo ha negado haber cobrado esa cantidad y no ha querido contestar sobre sus cuentas en Suiza, con el pretexto de que este país aún no ha remitido la documentación solicitada.

Según la Fiscalía, López Viejo hizo caja siendo concejal y también desde sus cargos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. De nuevo, una acusación confirmada por el cabecilla de Gürtel, que declaró que le pagaba comisiones por la organización de diversos actos. La Fiscalía cree que fueron 400 eventos por los que López Viejo ingresó 229.000 euros.

Aguirre era la protagonista de todos esos actos, lo que provocaba que López Viejo estuviese todo el rato “organizando, preocupado por la presidenta, por el atril, por las luces”. Así lo explicó José Luis Peñas, el denunciante del caso, que dijo que el hombre fuerte de la presidenta tuvo que recurrir a las empresas de Gürtel por la enorme actividad de Aguirre: “Mínimo tres actos al día y tres intervenciones en televisión”.

“Nos ordenaban dividir en distintas facturas”

La Fiscalía acusa a López Viejo de estar detrás del fraccionamiento de contratos con las empresas de Gürtel, para adjudicarlos a dedo y eludir el control sobre ellos. Los acusados no le han nombrado directamente, pero le han apuntado durante sus declaraciones.

Pablo Crespo, número dos de Correa, e Isabel Jordán, su exsocia y administradora de empresas de Gürtel, coincidieron en señalar que la orden de presentar varias facturas por un mismo acto salía de la Comunidad de Madrid. Era un requisito para contratar con el gobierno regional, no algo que ellos impusieran.

“Era la administración la que nos indicaba cómo debíamos hacerlo, es el cliente el que decide cómo quiere pagar (…) Nos ordenaban dividir en distintas facturas”, dijo Crespo. Un extrabajador de las empresas, Javier Nombela, lo confirmó. Jordán dijo que era “el pan de cada día” y puso un ejemplo concreto en el que apuntaba al papel central de López Viejo.

Jordán contó que la Comunidad de Madrid había impuesto el troceo de las facturas del acto de homenaje a las víctimas del 11-M, que se celebró unos días después del atentado. Costaba 140.000 euros, pero se emitieron más de una decena de facturas por un valor inferior a 12.000 euros.

Para la organización de ese evento, Jordán dijo al tribunal que los responsables de las empresas de Gürtel se reunieron unos días antes con López Viejo, encargado de la contratación y con quien trataron “las tareas pendientes” del acto.

Las diversas acusaciones contra el exconsejero incluyen también estar detrás del desvío de fondos públicos para pagar actos del PP de Madrid. Peñas confirmó esta práctica durante su declaración: “El PP decía 'no tengo dinero, a ver cómo lo hago', y esos actos se facturaban a las consejerías de la Comunidad de Madrid”.

No hay estrategia conjunta contra López Viejo

La coincidencia de las acusaciones no puede responder a una estrategia conjunta de los imputados para echar las culpas a un compañero de banquillo. Correa y Crespo están enfrentados con Jordán, a quien echaron de sus empresas por robarles cientos de miles de euros. En cuanto a Peñas, si están sentados ahí es en parte gracias a las grabaciones que entregó a la Policía. Correa llegó a encararse con él durante un receso del juicio.

Ni siquiera Correa y Crespo se han puesto de acuerdo para acusar al exconsejero madrileño. Mientras Correa, que decidió confesar parte de los hechos, dijo que le había pagado comisiones, Crespo negó haberle entregado un euro. Eso sí, no supo explicar a quien correspondían las iniciales AL de su libreta personal, que recogía pagos a personas vinculadas con la trama.

López Viejo ha intentado Zafarse de las acusaciones repercutiendo la responsabilidad en sus subordinados. Asegura que cuando llegó a la consejería de Deportes, y luego a la viceconsejería de Presidencia, ya estaba establecido el sistema de troceo y ya se adjudicaba Gürtel. No se preocupaba por la contratación, que dejaba en manos de “los secretarios generales técnicos y los interventores”.

Esos cargos medios tendrá ocasión de responder a López Viejo. Diez de ellos declararán como testigos a petición de la acusación popular del PSOE, que quiere forzarlos a que tiren de la manta y señalen quien les daba la orden de trocear contratos o adjudicar a una u otra empresa. Las declaraciones del resto de imputados ya han señalado al exconsejero de Aguirre, las de los testigos pueden acabar por condenarle.

El caso Guateque es el paradigma de la forzada lentitud de la Justicia. Lo que parecía una rutinaria investigación por la concesión de licencias comerciales a cambio de sobornos en el Ayuntamiento de Madrid, con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde, se convirtió en un lento proceso con trabas burocráticas, un extraño triángulo de políticos ahora imputados en los casos Gürtel y Púnica, zancadillas desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la intromisión del sindicato Manos Limpias y relaciones con el narcotráfico.

En 2007 comenzó la Operación Guateque con la detención de 16 funcionarios del Ayuntamiento madrileño acusados de cobrar hasta 18.000 euros por facilitar licencias de apertura de negocios. Un año y medio después el numero de investigados ascendía a 100 personas, una pesada carga para el juez Santiago Torres, titular del juzgado número 32 de Madrid.

Saturado con otros casos, el juez tuvo que hacer frente además a la apertura de varias piezas separadas porque con la investigación se descubrió los tejemanejes de la mafia búlgara en el control de la noche de Madrid, el asesinato de un portero de discoteca a manos del clan mafioso rival de Los Miami, tráfico de drogas a gran escala o un fraude fiscal por la importación de coches de lujo, entre otros delitos.

Pero los verdaderos problemas para el juez empezaron con sus tropiezos con el Partido Popular. Uno de los funcionarios investigados era Teresa Gabarra, mujer de Alberto López Viejo, entonces miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP además de Consejero de Deportes de la Comunidad y hoy uno de los principales imputados en el caso Gürtel.  Gabarra también jugó un papel en esta trama de corrupción, según el juez, como la persona que blanqueaba las comisiones que recibía su marido a través de una cuenta en Suiza. Finalmente, Gabarra fue exonerada.

El juez pidió apoyo a la Comunidad de Madrid, administración de la que dependía su juzgado. El secretario del juzgado mandaba escritos oficiales a la Consejería de Justicia con frases como: “En el momento actual, por la desmesurada carga de trabajo que sufrimos hay muchos atestados minutados y pendientes de incoar, muchos escritos pendientes de unir y proveer, y muchos procedimientos pendientes de impulso”.  

En ese momento el titular de Justicia en la Comunidad de Madrid no era otro que Francisco Granados, hoy imputado en el caso Púnica.  La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior hizo caso omiso durante meses hasta a una orden del Consejo del Poder Judicial para crear un juzgado bis que descargara de trabajo al juez Torres con la excusa de falta de presupuesto. 

En este panorama entra en juego Miguel Bernard, enemigo declarado de Granados, mediante el sindicato Manos Limpias con una denuncia contra el magistrado por dilatar el proceso. A pesar de las quejas del juez Torres que aseguraba que varios de los acusados trataban de “hundir su carrera” la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial le impuso una multa de 1.000 euros. El secretario general de manos Limpias, Miguel Bernard, está hoy implicado en una trama de extorsión.

El juez Torres consiguió cerrar la causa en 2012, fue trasladado a la Audiencia Provincial de Madrid. Le sustituyó la juez Rosa María Freire que abrió juicio oral tres años después. El pasado martes tendría que haber empezado el proceso pero se suspendió por enfermedad  de uno de los encausados. Otro retraso en un juicio en el que se vuelve a evidenciar el marco de impunidad y relación con la corrupción que mantuvieron diferentes cargos del PP madrileño durante decenas de años.  

La larga lista de testigos del juicio de la primera época de Gürtel se amplía. El tribunal ha acordado este martes que sean llamados a declarar diez personas más para que den explicaciones por el troceo de los contratos que la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, hizo con la trama corrupta. La acusación popular ejercida por el PSOE tiene que decidir quiénes son esa decena de nuevos testigos.

El abogado que ejerce esa acusación en nombre de los socialistas, Wilfredo Jurado, presentó una lista de casi 60 nombres para que fuese llamados a declarar. Pero el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le ha pedido que acote esa lista, en la que están nombres como el que fuera número dos y sucesor de Aguirre, Ignacio González, o su consejero de Sanidad, Juan José Güemes.

Previsiblemente, ninguno de los dos, ni otros exconsejeros de la época, acabarán por testificar en el juicio. Aunque el letrado no ha decidido la lista de nombres que presentará en los próximo días, sí que advierte de que ésta no incluirá los nombres más importantes. No habrá cargos políticos, sino técnicos.

Jurado explica a eldiario.es que lleva detrás del fraccionamiento de contratos desde que comenzó la instrucción del caso, pero que hasta ahora no había conseguido que el tribunal abriese esa vía permitiéndole llamar a nuevos testigos. Hasta ahora, varios imputados han acusado a la Comunidad de Madrid de estar detrás de esa práctica.

Para saber quién daba las órdenes de trocear los contratos que se hacían con la red Gürtel, la acusación popular del PSOE quiere centrarse en los cuadros técnicos del Gobierno de la época, en los interventores y secretarios generales técnicos. Su estrategia pasa por conseguir que den los nombres de quienes les ordenaban fraccionar las facturas para evitar sacarlas a concurso y que fuesen a parar las empresas de Francisco Correa.

La lista final de 10 testigos incluirá a los interventores que firmaron varias facturas en un mismo día para un solo acto, o a aquellos cargos que emitieron informes contra esa forma de actuar, pero que acabaron sumándose a ella. Jurado asegura que buscará a quien estuvo implicado en los fraccionamientos “más groseros”, como el del acto de homenaje a las víctimas del 11M.

La orden salía del Gobierno de Aguirre

Desde que comenzó el juicio, varios imputados en la trama de corrupción señalaron a los gobiernos de Aguirre. El propio cabecilla, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y la administradora de varias sociedades de Gürtel, Isabel Jordán, reconocieron el troceo de contratos y pusieron el foco en la Administración madrileña.

Correa dijo que, si no se fraccionaban los contratos –algo que no consideró como un delito–, la Administración “tendría que cambiar su forma de trabajar”. Crespo añadió que el Gobierno de Aguirre era el responsable de ocultar los contratos que se hacían con las empresas de Gürtel. La cantidad de actos que la red organizaba para la presidenta y sus consejeros quedaban fuera de todo control porque la propia Comunidad de Madrid pedía a las empresas que emitiesen facturas de menos de 12.000 euros.

Jordán dio más datos y fue quien dio un ejemplo concreto. Entre los actos que el Gobierno de Aguirre pidió a la red Gürtel que fraccionase estuvo el homenaje a las víctimas de atentado del 11 de Marzo que se celebró dos semanas después del atentado. Costaba 140.000 euros, pero se emitieron más de 10 facturas por valor de 11.954,39 euros, según explicó Jordán.

Durante la instrucción se señaló al exconsejero Alberto López-Viejo, imputado en el caso, como el responsable del fraccionamiento. Pero los principales imputados han señalado a todo el Gobierno regional, y el letrado del PSOE cree que López-Viejo no tenía tanta influencia en el resto de consejerías.

Esperanza Aguirre dice que nunca supo de las tramas corruptas que extendían sus tentáculos en la Comunidad de Madrid ayudadas por algunos de sus subordinados. Es más, ha presumido de haber cortado los de Gürtel cuando Francisco Correa se dispuso a hacer caja con unos terrenos en Majadahonda. Nunca supo nada, hasta que lo supo y lo atajó. Las primeras semanas del juicio de Gürtel, sin embargo, dejan un relato de los hechos que sitúa a la expresidenta regional en la cumbre de un Gobierno que fomentaba las prácticas corruptas.

A falta de que declaren quienes estuvieron más cerca de la expresidenta del PP madrileño durante sus años de Gobierno, los principales acusados ya han pronunciado en nombre de Aguirre en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. El primero fue Correa, quien relató ante el tribunal la intervención de Aguirre en la venta de las parcelas de Majadahonda.

La ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid presume siempre que puede de haber paralizado en 2004 la venta de unos terrenos en ese municipio madrileño. La polémica por el precio de venta, que algunos consideraban muy por debajo de mercado -Aguirre dijo que era la mitad- abortó la venta y acabó con la salida del alcalde, Guillermo Ortega, y del concejal José Luis Peñas, que años más tarde acudiría a la justicia cargado de grabaciones a los cabecillas de Gürtel.

Ambos declararon en el Tribunal Supremo que Aguirre conocía los tejemanejes de Majadahonda, en contra de lo que ha defendido ella, que dice que no sabía nada y que solo intervino por el bajo precio de los terrenos. Al final, las parcelas, que inicialmente se iban a destinar a pisos sociales, se sacaron de nuevo a subasta por orden de la propia Aguirre. Acabaron en manos de Sacyr por 21.000 millones de pesetas, 5.000 más de los apalabrados por Correa con una constructora que le pagaría por cada chalet construido. Éste terminó su relato de la maniobra de Aguirre ante el Tribunal con un enigmático “sobran las palabras”.

Su Gobierno ordenaba trocear las facturas

Tras Correa fue el turno de su lugarteniente, Pablo Crespo, quien señaló directamente a la administración de Aguirre como la responsable de ocultar los contratos que se hacían con las empresas de Gürtel. La cantidad de actos que la red organizaba para la presidenta y sus consejeros quedaban fuera de todo control, porque se troceaban en contratos pequeños que se adjudicaban sin publicidad ni concurso público.

“Yo estaba al tanto de que la Comunidad de Madrid nos encargaba actos, sobre todo eran actos referidos a la presidenta de la Comunidad, doña Esperanza Aguirre”, dijo Crespo. Durante su declaración se escuchó una grabación en la que Correa definía esos actos como “chorizadas”. Fueron, según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), al menos 104 eventos.

“Era la administración la que nos indicaba cómo debíamos hacerlo, es el cliente el que decide cómo quiere pagar (…) Nos ordenaban dividir en distintas facturas”, relató Crespo. Este jueves, Isabel Jordán explicó que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid conocía a Special Events -la empresa de Gürtel que organizaba los actos- y a sus trabajadores. Jordán precisó que los contactos para organizar los distintos actos se hacían directamente con las personas más cercanas a Aguirre: “Era el equipo de Presidencia, el equipo de Esperanza Aguirre”.

Jordán fue más allá y aseguró que la presidenta madrileña “opinaba y muchas veces”. Para esta responsable de algunas empresas de la trama corrupta, la cantidad de actos que organizaban para Aguirre -en ocasiones tres o cuatro diarios- respondía a la su voluntad de posicionarse políticamente: “Tengo claro que es el posicionamiento de la señora Esperanza Aguirre a nivel político, porque ella era la que salía en estos eventos”.

Entre los actos que la Comunidad de Madrid pidió fraccionar está el homenaje a las víctimas de atentado del 11 de Marzo que se celebró dos semanas después del atentado. Costaba 140.000 euros, pero se emitieron más de 10 facturas por valor de 11.954,39 euros, según explicó Jordán este viernes.

Regalos de Gürtel a miembros de su Gobierno

Aguirre ya ha sido protagonista en las declaraciones de los principales imputados, y aún quedan por declarar quienes más relación tuvieron con la expresidenta del PP, entre los que están dos de las personas que se sentaron con ella en los consejos de Gobierno de la Comunidad de Madrid: Alberto Lopez Viejo, que fue consejero de Deportes, y Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de Inmigración y Cooperación.

López Viejo está considerado cómo una de las figuras centrales de la Gürtel. Aguirre le fichó del Ayuntamiento de Madrid, donde había perpetrado uno de los grandes pelotazos de la trama: la adjudicación de contrato de recogida de basuras de Moratalaz a una empresa que le agradeció la gestión con casi 700.000 euros.

Clemente tiene menos peso dentro de este juicio, pero se convirtió en uno de los protagonistas de la declaración de Correa, en la que el cabecilla de Gürtel detalló las dádivas con las que cuidaba a quienes le daban un buen volumen de negocios. Este viceconsejero le invitó a la comunión de su hija, y Correa le dijo que sí, y que además la pagaba él: “Me dijo, te quieres venir, y le dije no te preocupes, que me hago cargo yo”. “Nos está dando eventos, y en un momento determinado me ofrezco a pagar la comunión de su hija”, dijo Correa intentando revestir de normalidad ese hecho.

También quedan por declarar Jesús Sepúlveda, que llegó a la alcaldía de Pozuelo de Alarcón ayudado por el dinero en efectivo que le daba Correa, y que una vez ahí le pedía regalos en forma de Range Rover. O Guillermo Ortega y José Luis Peñas, los dos políticos del PP apartados por Aguirre tras la polémica por la venta de las parcelas de Majadahonda.

Para que declare la propia Aguirre aún hay que esperar mucho. Lo hará durante el próximo año, y podría acompañarla buena parte del que fue su Gobierno. Varios abogados han pedido que testifiquen hasta 60 altos cargos de su Ejecutivo para dar explicaciones por el troceamiento de las facturas. Entres quienes pueden declarar está el que fuera su número dos y sucesor, Ignacio González, o el exconsejero autonómico Juan José Güemes.

Isabel Jordán, una de las 37 acusadas en la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) y administradora de alguna de las empresas de Francisco Correa, ha destacado este viernes ante el tribunal que entre los actos que la Comunidad de Madrid ordenó fraccionar para eludir los requisitos legales de adjudicación de concursos se encuentra el acto homenaje por los atentados del 11 de marzo de 2004, el primer evento que organizó la red.

Jordán ha recordado en varias ocasiones durante su comparecencia, que ha tenido lugar en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), que este homenaje tuvo lugar el 25 de marzo de 2004 y que unos días antes fue cuando conoció al exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad, Alberto López Viejo --encargado de la contratación--, con el que se reunió, junto a otras personas, para distribuir las “tareas pendientes” de este evento.

Según se ha podido ver en varios apuntes que ha mostrado en la sala el abogado de la acusada, Gustavo Galán, Jordán ha confirmado que la factura de este acto alcanzaba los 140.000 euros y que fue fraccionada en más de 10 recibos con un coste menor a 12.000 euros. “De 140.000 euros pasa a 11.954,39 euros (cantidad de una de las facturas) y hay otras 10 más hasta llegar a los 140.000”, ha indicado Jordán.

Después de serles mostrados varios correos electrónicos que fueron intercambiados entre ella y otras personas encargadas de organizar los eventos de la Comunidad de Madrid, la acusada ha reiterado que era habitual hacer “facturas fuera de contrato” debido a los gastos extras que podían surgir en la preparación del acto. Según demuestra uno de los e-mail visualizados durante la sesión de este viernes, también se hizo una facturación posterior a lo negociado en este acto de conmemoración.

Según consta en el sumario de la causa en distintos informes, la Comunidad de Madrid, presidida entonces por la 'popular' Esperanza Aguirre, fraccionó decenas de contratos adjudicados a empresas de la trama para la organización de actos para que figuraran como menores y no superaran los 12.000 euros. El objetivo era evitar que la organización de estos eventos tuviera que someterse a concurso.

Desde que comenzó el juicio el pasado 4 de octubre, los diferentes acusados que han comparecido ante el tribunal presidido por Ángel Hurtado han afirmado que la Comunidad de Madrid ordenó el troceo de las facturas de los diferentes eventos que desarrollaron las empresas de Correa para eludir así los requisitos de publicidad y adjudicación establecido por ley.

El número dos de Gürtel ha responsabilizado a la Comunidad de Madrid del fraccionamiento de contratos con la trama corrupta para ocultarlos. Pablo Crespo ha cambiado su versión y ha asegurado que algunos actos que organizaron para la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, superaban el límite para ser adjudicados a dedo, y que era la administración del PP la que entonces les ordenaba trocearlos.

Tras la reanudación del juicio por la tarde, la fiscal Concepción Sabadell ha interrogado a Crespo por los actos que las empresas de la red Gürtel organizaron para el Gobierno regional. “Yo estaba al tanto de que la Comunidad de Madrid nos encargaba actos, sobre todo eran actos referidos a la presidenta de la Comunidad, doña Esperanza Aguirre”, ha contestado.

Durante el interrogatorio, la fiscal ha mostrado la transcripción de una conversación en la que Francisco Correa se refiere a esos actos como “chorizadas”, se sorprende de la cantidad de eventos que realiza Aguirre y le cuenta al José Luis Peña -que estaba grabando esa conversación- que Alberto López Viejo, consejero de la Comunidad de Madrid, se llevaba una mordida de cada uno de ellos. La Fiscalía cree que esa comisión era del 10%.

En la fase de instrucción, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) acreditó que, en al menos 104 actos, la Comunidad de Madrid había fraccionado los contratos para que estos no superasen el límite legal de 12.020 euros que obliga a sacarlos a concurso, evitando así darles publicidad. El juez Pablo Ruz señaló a López Viejo, por entonces consejero de Deportes de Aguirre, como el responsable de esos contratos irregulares.

Crespo ha dicho que esta práctica era una orden expresa del Gobierno de Aguirre. “Era la administración la que nos indicaba cómo debíamos hacerlo, es el cliente el que decide cómo quiere pagar (…) Nos ordenaban dividir en distintas facturas”, ha explicado. Al igual que hizo Francisco Correa, se ha quejado de los problemas que tenían para cobrar de la Comunidad de Madrid y ha dicho que aún les debe dinero: “La deuda se iba acumulando hasta que casi nos acercó al colapso financiero”.

Su explicación de por qué se troceaban los contratos difiere a la que dio en la sesión de ayer. Preguntado por un acto concreto de la Comunidad de Madrid por el que se emitieron tres facturas, dijo que eran conceptos distintos. “Desde el punto de vista de la administración, está todo correcto. Y desde el punto de vista de las empresas, son tres facturas por tres conceptos distintos”, afirmó.

Lo que sí ha negado Crespo es que se abonasen mordidas a López Viejo por esos actos: “Jamás le he entregado ni un céntimo al señor López Viejo”. Cuando Sabadell le ha mostrado las anotaciones de su cuaderno personales con las iniciales A.L. y la aclaración “consejero”, ha dicho no saber a quién se refería. “Ni idea, no tengo ni idea, no sé si conozco a otro consejero que se llame A.L., A.L. pueden ser muchas cosas”, ha afirmado.

A preguntas del abogado de la Comunidad de Madrid, Crespo ha dicho no conocer con quien trataban sus empresas los contratos para los diversos actos que organizaban. Ha aprovechado que le preguntaba por esto para volver a recordar que, según sus cálculos, el Gobierno regional aún les debe unos 100.000 euros, por lo que se ha producido un “enriquecimiento injusto de la administración”.

A Rajoy solo le saludaba

El nombre del presidente del Gobierno en funciones ha vuelto a salir en el juicio de Gürtel. La abogada de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) le ha preguntado a Crespo por sus relaciones con él, y esta ha contestado que le conoce desde finales de los 80 porque ambos son de Pontevedra, que es una localidad “muy pequeña”.

“Nunca hemos tenido un trato ni siquiera de amigos (...) Lo saluda igual que a otros miembros de la ejecutiva del PP”, ha explicado Crespo. Hurtado ha cortado el interrogatorio recordando a la letrada que la presencia del PP en el juicio se limitaba a su participación a título lucrativo, y que no entendía las menciones al presidente del la formación.

Su relación con José María Aznar ni siquiera llegaba al saludo, ha relatado. Le conoció durante los actos que se organizaban en Galicia cuando el expresidente del Gobierno estaba en la oposición. Crespo ha dicho que Aznar no le reconocería si no fuera por la relevancia que ha adquirido por el proceso que le ha sentado en el banquillo.

Crespo ha contestado a todas las acusaciones populares, salvo a la de los socialistas madrileños. Cuando le ha llegado su turno, el abogado del PSM, Wilfredo Jurado, no se encontraba en la sala, y ha perdido su turno.

Hechos posteriores a 2005

La fiscal ha interrogado a Crespo por algunos emails y facturas de los años 2006 y 2007, lo que ha provocado la inmediata protesta de su abogado, Miguel Durán, que ha advertido a su cliente de que no contestase porque en esta pieza se juzgan hechos hasta 2005. Crespo está también imputado en la pieza que versa sobre los delitos cometidos a partir de ese año, y su abogado ha argumentado que no se le puede preguntar en este juicio sobre esos hechos.

Sabadell ha contestado que la denominación de esta pieza separada -llamada “Época 1: 1999-2005”- es tan solo un recurso “un título meramente orientativo”, y que “en absoluto” esta causa se restringe tan solo a esos años. A pesar de que el tribunal comparte su criterio, Durán ha pedido a su defendido que no contestase a ninguna de esas preguntas.

El reverso de los años felices del PP con la mayoría absoluta de José María Aznar emergerá a partir del próximo martes en el primer juicio en la Audiencia Nacional a la red Gürtel, la trama de corrupción en la que convergían el empresario Francisco Correa y un grupo de políticos, valores entonces en alza del bastión que la formación tenía y conserva en las zonas más ricas de la Comunidad de Madrid.

De las 37 personas que se sentarán en el banquillo por la 'Primera Época’ de Gürtel, la mitad ocuparon cargos relevantes en aquel PP y en las instituciones locales, incluyendo de Castilla y León y Málaga. Uno de ellos hasta estuvo en el mismo corazón de la sede central, el gerente y después tesorero Luis Bárcenas, quien se enfrenta a una petición de cárcel de la Fiscalía de 125 años.

Malversación, fraude, apropiación indebida, tráfico de influencias... el rosario de delitos que se les imputa a los acusados en Gürtel completa el círculo de la corrupción. El que fuera alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, se arriesga a una condena de medio siglo, y el de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, a otra de 15. El exconcejal en Madrid y después mano derecha de Esperanza Aguirre en el Gobierno autonómico, Alberto López Viejo, deberá responder a una petición de 45 años por los contratos adjudicados desde esos dos puestos. Aguirre declarará como testigo en la vista a petición de Anticorrupción.

El escrito de acusación de la Fiscalía hace hueco al PP nacional, que aparece con su NIF como uno de los 21 presuntos responsables civiles de los delitos que habrían cometido los que se sientan en el banquillo. En concreto de 245.000 euros procedentes de los chanchullos de Sepúlveda y Ortega con Correa, destinados a la financiación de campañas locales y otros gastos del partido. La formación tuvo que abonar una fianza por ese importe que no recuperará si se demuestran los hechos descritos por la Fiscalía.

En su misma situación está Ana Mato Adrover, la pieza política más importante que se ha cobrado el caso Gürtel. Su inclusión en la lista de los presuntos responsables civiles de la ‘Primera Época’ provocó su dimisión como ministra de Sanidad. A Mato, el juez Pablo Ruz le impuso una fianza de 28.500 euros, una cifra procedente del cálculo de lo que costaron los regalos en forma de ropa cara y fiestas infantiles por parte de la red de corrupción cuando ella estaba casada con Jesús Sepúlveda.

Aparece la caja B del PP

El juicio por esta ‘Primera Época’, como la bautizó Ruz en su auto de apertura de juicio oral, desborda una y otra vez con las manzanas podridas del PP de Madrid. Ocurre, por ejemplo, cuando Anticorrupción se dedica a describir la actuación de Luis Bárcenas, al que acusa de quedarse con 299.650,61 euros del Partido Popular, pero no de su contabilidad oficial sino de la caja B que la Fiscalía da por hecho que existía en la formación de Mariano Rajoy.

“Los fondos de los que se apoderó procedían de una contabilidad paralela o caja B del Partido Popular gestionada por ambos acusados que se nutría, con carácter general, de donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos políticos y que eran efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas”, escriben las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás.

Por estos mismos hechos se iba a sentar también en el banquillo el antecesor de Bárcenas en la Tesorería del PP, Álvaro Lapuerta, pero el tribunal le ha eximido de hacerlo por la demencia que sufre, según han determinado los peritos de la Audiencia Nacional.

Las acusaciones populares del caso Gürtel, tanto en esta pieza como en la que investiga la caja B y la reforma en Génova con dinero negro, han llegado a la fase de juicio oral con la frustración de que la investigación no haya alcanzado algunos peldaños más altos en la jerarquía del Partido Popular. Solo pudieron interrogar como testigos a la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal, y a sus predecesores Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, así como a Ángel Acebes, que llegó a estar imputado, todo ello en otra pieza que se juzgará más adelante, la de la caja B.

Sin embargo, un giro casi de última hora permitirá interrogar como testigos durante el juicio de la ‘Primera Época’ a los citados Arenas, Acebes y Álvarez Cascos, a Rodrigo Rato, a Jaime Mayor Oreja y a Gerardo Galeote; la plana mayor de José María Aznar, pero sin Aznar. Se debe a una petición de la defensa de Luis Bárcenas -anterior a que retirara su acusación del caso de los discos duros y el PP pudiera acogerse a la doctrina Botín- que provocó una profunda fractura en el seno del tribunal. Los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego votaron a favor, con la férrea oposición del presidente, Ángel Hurtado.

Correa y sus “estrechas relaciones” con el PP

El epicentro de la trama de corrupción juzgada es Francisco Correa, un empresario que empezó de botones en un hotel del centro de Madrid y que en la primera mitad de los noventa olió el dinero fresco que podía manar del Partido Popular, la formación de Aznar presta a dar el relevo en el Gobierno a los socialistas. Solo en esta pieza, Correa está acusado de haber conseguido 8,4 millones de euros de contratos amañados con las administraciones controladas por el PP y otros 2,85 por mediar para que los obtuvieran terceros.

Para todo ello se servía de sus “estrechas relaciones” con políticos del PP, asegura Anticorrupción. Para atestiguar esa proximidad a la cúpula del partido está la foto de Correa y su entonces esposa -también en el banquillo- en la boda de la hija de Aznar, a cuya celebración la trama de corrupción contribuyó con más de 30.000 euros. El yerno del expresidente, Alejandro Agag, era uno de los principales amigos de Correa en el PP.

Todo fue bien hasta 2008, cuando uno de esos “amigos” políticos se revolvió porque no obtenía lo que quería y entregó a la Fiscalía y la Policía abundante información del funcionamiento de la trama, sazonada con jugosas grabaciones a sus protagonistas. Es así, con el testimonio del acusado José Luis Peñas y no por Esperanza Aguirre -la jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid que acuñó la frase “yo destapé la Gürtel”- cómo los españoles tuvieron oportunidad de empezar a conocer, meses después, el complejo funcionamiento de la trama.

En febrero de 2009, el juez Baltasar Garzón, las fiscales y la UDEF decidieron que era el momento de explotar las investigaciones y comenzaron las detenciones. Emergió entonces la red de amaño de contratos y sus derivadas, como la ocultación de fondos en el extranjero a través de una madeja de sociedades que, pasando por paraísos fiscales, escondían la verdadera identidad de los titulares de los fondos procedentes de la corrupción. A su regreso a España eran convertidos en lujosos inmuebles, un valor seguro en los años anteriores a la crisis económica.

La simbiosis era tal que la estructura opaca creada por el abogado Luis de Miguel, hoy en prisión por otra condena, era compartida por Correa y su presunto lugarteniente, Pablo Crespo -exsecretario de Organización del PP gallego-, con algunos de los políticos del PP como Luis Bárcenas, Jesús Merino y Jesús Sepúlveda.

El poder omnímodo que alcanzó el PP en Madrid y en la Comunidad Valenciana reproduce mecanismos de corrupción. La actuación de la trama Gürtel en Valencia es objeto de otras causas distintas a la que se comienza a juzgar este martes en la Audiencia Nacional, pero no tiene la relevancia de la penetración en Madrid porque según ha demostrado la Operación Taula, el PP valenciano tenía su propia Gürtel. El propio Correa así lo explicaba, casi a modo de queja, en la confesión que entregó a eldiario.es: “En cuatro o cinco años, a Orange Market (empresa Gürtel) se le adjudicaron muy pocos concursos, y a Engloba (Taula), en un solo año, unos sesenta con la Generalitat”.