El Partido Popular mantiene a José Manuel Baltar como senador autonómico designado por el Parlamento de Galicia un mes después de que el Tribunal Supremo condenara al expresidente de la Diputación de Ourense tras ser cazado en abril de 2023 conduciendo a más de 200 kilómetros por hora por la autovía A-52, donde el límite es de 120, tal y como adelantó elDiario.es. La sentencia le impuso una multa de 1.800 euros y la retirada del carnet de conducir por un año.

A pesar de la condena, ni el presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alfonso Rueda, ni el líder estatal del partido, Alberto Núñez Feijóo, han solicitado su dimisión. En enero, el BNG sí presentó una proposición no de ley en el Parlamento de Galicia para reprobar al senador que no fue aprobada aunque sí contó con el apoyo del PSdeG y de Democracia Ourensana. Y el senador ha llegado a insinuar que su condena responde a una “persecución política”.

Los expertos apuntan a los múltiples riesgos de conducir a esa velocidad tanto para el infractor como para el resto de usuarios de la vía. El principal de ellos está relacionado con la gran energía que genera el movimiento a esa velocidad. Jesus Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE, explica que esta energía se convierte en deformaciones tanto en los vehículos como en los obstáculos con los que se impacta. “Un simple error de cálculo puede resultar en la pérdida total de control del automóvil”, afirma.

Monclús recuerda que la distancia de frenado a esas altas velocidades es considerablemente mayor. A 120 kilómetros por hora el vehículo necesita unos 100 metros para detenerse, lo que equivale a la longitud de un campo de fútbol. A 200, esa distancia aumenta a aproximadamente 250 metros. Y el experto señala que las probabilidades de supervivencia se reducen drásticamente: “Incluso una colisión con un objeto fijo o un vehículo detenido en el arcén es letal a esa velocidad”.

El director de seguridad vial de la mencionada aseguradora explica que a velocidades superiores a 200 kilómetros por hora el efecto túnel también se intensifica drásticamente, reduciendo la capacidad del conductor para percibir lo que sucede en los laterales de la vía. Esto no solo disminuye su margen de reacción ante imprevistos, sino que también “aumenta la sensación de falsa seguridad”, ya que el cerebro tiende a centrarse únicamente en el punto más lejano de la carretera. Monclús señala la capacidad de reacción humana tiene un límite fisiológico: “A esa velocidad, un segundo de distracción equivale a recorrer más de 55 metros sin control”. 

David Pérez, vicepresidente de Stop Accidentes, critica duramente que una persona condenada por conducción temeraria siga ocupando su cargo público: “Es absurdo que un representante político haya violado las normas de circulación y no se le haya reprochado ni sancionado adecuadamente”. Pérez remarca que este tipo de actitudes dan sensación de “impunidad” y pueden influir negativamente en la percepción de la seguridad vial.

En cuanto a la respuesta del PP gallego, que se negó a reprobar al senador por considerar que conducir a 200 kilómetros por hora es un “delito de peligro abstracto”, Pérez expresa su desacuerdo tajante. Para él no hay nada “abstracto” en los peligros que genera una conducción imprudente. El vicepresidente de Stop Accidentes recuerda que sus propios padres fueron víctimas de un accidente causado por alguien que circulaba a 140 kilómetros por hora en una zona limitada a 80 y que un exceso de ese calibre puede resultar fatal.

Las implicaciones legales

Según la Fiscalía de Seguridad Vial, el artículo 379.1 del Código Penal tipifica la conducción a velocidad excesiva como un delito cuando se supera en más de 80 kilómetros por hora el límite permitido en vías interurbanas. Las penas previstas incluyen multas, penas de prisión y, en todos los casos, la retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años. Sin embargo, en el caso de Baltar el Tribunal Supremo optó por imponer una multa económica y la retirada del carnet de conducir por un año sin aplicar penas de prisión.

La Fiscalía también aclara que el Código Penal no contempla penas de inhabilitación específicas para cargos públicos en delitos de tráfico. En este caso, dado que Baltar no ha sido condenado a prisión, no se le puede imponer ningún tipo de inhabilitación para ejercer su cargo de senador.

En la primera actuación, los agentes de la Guardia Civil optaron por tratar el caso como una falta administrativa por tratarse de una infracción en un día festivo. La defensa argumentó que Baltar no podía ser juzgado penalmente, ya que había sido sancionado administrativamente por el mismo hecho.

Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó esta tesis, explicando que el procedimiento penal tiene preferencia por encima del administrativo y que la sanción de tráfico quedó en suspenso hasta la resolución judicial. En el auto de la sentencia judicial se concreta que Baltar no es condenado a una pena de prisión por no tener antecedentes penales.

Desde Stop Accidentes insisten en que la tipificación de este tipo de delitos debería ser mucho más severa, tanto en términos de sanciones económicas como de consecuencias políticas por tratarse de un comportamiento “grave” por parte de un representante de la ciudadanía.

Políticos que han dimitido por infracciones de tráfico

En otros países europeos, numerosos representantes políticos han dimitido por infracciones de tráfico. En 2012, el entonces ministro de Energía y Cambio Climático del Reino Unido, Chris Huhne, renunció a su cargo tras ser acusado de intentar eludir una multa por exceso de velocidad. Huhne persuadió a su esposa para que asumiera los puntos de penalización en su licencia de conducir. Ambos fueron condenados y el ministro dejó su cargo público.

En el Estado, en el año 2023, Asier Larrauri, recién elegido alcalde de Bermeo (Euskadi) por EH Bildu, dimitió de su cargo tras sufrir un accidente de tráfico a altas horas de la madrugada, conduciendo bajo los efectos del alcohol. Larrauri reconoció su error y en una carta enviada a su partido pidió disculpas a los bermeotarras y solicitó su dimisión para no dañar la imagen del municipio ni del partido.

Aun así, el caso de Baltar no es el primero en lo que se refiere a problemas legales por infracciones de tráfico en el PP. Uno reciente es el de Vicente Ferrer, fichado por Francisco José Gan Pampols, el nuevo vicepresidente para la Recuperación Económica de la Generalitat Valenciana. Ferrer fue condenado previamente a ocho meses sin permiso de conducir por un delito de conducción bajo los efectos del alcohol mientras ejercía como diputado en el Congreso por el PP.

El Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, tiene intención de votar a favor de que la Cámara Alta autorice la instancia del Tribunal Supremo (TS) para dirigir un procedimiento penal contra su senador José Manuel Baltar por un delito contra la seguridad vial por presuntamente conducir un coche a 215 kilómetros por hora en la autovía A-52, tal y como reveló elDiario.es.

El Senado ha dado este miércoles un primer paso dando audiencia al propio Baltar para informarle de que se iba a tramitar el suplicatorio, sin embargo el Senado y expresidente de la Diputación de Ourense ha optado por no acudir presencialmente a la cita y ha preferido mandar un escrito a la comisión.

En esta misma reunión, la Comisión de Suplicatorios ha designado también a los encargados de los grupos de redactar el texto que finalmente se someterá a votación, fijándose la primera reunión a la vuelta de Semana Santa, el próximo martes día 2 de abril.

Posteriormente, la Comisión de Suplicatorios ya al completo tendrá que votar si sigue adelante con el trámite, y si así ocurre, el suplicatorio llegará al Pleno del Senado, para decidir antes del 10 de mayo si la Cámara alta da su aprobación para que el parlamentario Baltar sea juzgado.

Según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, en estos trámites el PP votará a favor de seguir adelante con el suplicatorio, garantizando que haya luz verde a suspender el aforamiento de Baltar y que por tanto el Supremo pueda activar el procedimiento.

El Supremo necesita el 'sí' del Senado

La Sala de lo Penal adoptó la decisión de pedir al Senado el suplicatorio después de que la magistrada instructora de la causa, Ana Ferrer, elevara una exposición razonada para que se solicitara la autorización a la Cámara Alta con el fin de suspender la inmunidad que goza el senador como aforado y proceder penalmente contra él al haber apreciado indicios de delito.

En el marco de la resolución, el tribunal ha estimado pertinente suspender por ahora la tramitación de las actuaciones referidas al senador mientras que el Senado resuelva sobre la autorización solicitada.

La magistrada instructora estimó proceder contra Baltar al entender que, aún aplicando el margen de error del 5% que establece la normativa sobre el resultado del radar, la cifra alcanzaría los 204 kilómetros por hora en un tramo en el que la velocidad máxima permitida era de 120 kilómetros por hora, lo que a su juicio encaja en un delito contra la seguridad vial.

“Constancia de indicios cualificados”

Ferrer indicó que, acreditada la condición de senador de Baltar, había llegado el momento en que “la constancia de indicios cualificados” hacía “imprescindible” recabar la autorización del Senado para “avanzar en el camino procesal”.

La juez insistió en que era necesario pedir permiso al Senado para seguir adelante con el procedimiento penal aunque Baltar ya fue sancionado por la vía administrativa por este hecho —con una multa y la pérdida de varios puntos del carné—. Según defendió en su exposición, dicha sanción administrativa no limita al Supremo a proceder por la vía penal.

La instructora adoptó esta decisión después de que el Supremo abriera causa el pasado noviembre, tras recibir la Sala de lo Penal el testimonio de juicio rápido y las diligencias urgentes remitidos por los juzgados de Zamora y Puebla de Sanabria, incoadas en virtud de atestado de la Guardia Civil por la comisión de un supuesto delito contra la seguridad vial.

En el marco de las diligencias de investigación, Ferrer tomó declaración a Baltar, quien compareció voluntariamente ante el Supremo el pasado 19 de diciembre para negar que condujera a esa velocidad. “No existió en ningún momento una velocidad superior a 200 kilómetros por hora”, dijo su abogado, Ramón Montero, en declaraciones a la prensa.

Asimismo, la magistrada pidió a la Guardia Civil que informase sobre las especificidades de los modelos de radar que captaron a Baltar conduciendo por encima del límite de velocidad, sobre los aparatos que imprimen las multas y, en concreto, sobre qué datos se introducen automáticamente, así como dónde estaba situado el radar que le detectó el 23 de abril de 2023 en la A-52.

Seis meses de multa

Los hechos por los que se investiga al senador 'popular' se remontan a ese domingo de abril, cuando fue interceptado, según el informe definitivo de la Guardia Civil de Tráfico, a 215 kilómetros por hora en la A-52, a su paso por Asturianos, al volante de un coche de la Diputación de Ourense.

Antes de que el caso llegara al Supremo, el Ministerio Fiscal presentó un escrito de acusación contra Baltar considerándolo autor de un delito contra la seguridad vial, en la modalidad de conducción de vehículos a motor a velocidad superior a la legalmente permitida del artículo 379.1 del Código Penal.

La Fiscalía pidió una pena de seis meses de multa a razón de cuota diaria de 10 euros, lo que se traduciría en unos 1.800 euros. El Ministerio Público también reclamó un año y un día de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores para el dirigente del PP.

El juzgado de instrucción acordó la apertura del juicio oral contra Baltar por hechos supuestamente constitutivos de un delito de conducción de velocidad. Pero, una vez acreditada la condición de senador designado por el Parlamento de Galicia, acordó la inhibición y remisión de las actuaciones al Supremo.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cree que el senador del PP Manuel Baltar no debe dimitir después de la jueza que instruye en el Tribunal Supremo el caso abierto tras ser detectado conduciendo a 215 kilómetros por hora haya pedido un suplicatorio al Senado para poder juzgarlo. Hasta en dos ocasiones, el también líder del PP gallego ha reclamado respeto a la presunción de inocencia de su compañero de partido.

“Lo que tiene que hacer es someterse al procedimiento judicial y a sus consecuencias. Y, mientras tanto, presunción de inocencia”, ha respondido Rueda en su comparecencia posterior a la reunión semanal de su Gobierno. Dijo estar seguro que esto es también lo que piensa el propio Baltar y que hay “poco más” que hacer que esperar a que se pronuncie la Justicia. “Como aforado -por su cargo como senador- hay un tribunal concreto para hacerlo [juzgarlo] y no quiere decir que no actúe la Justicia”, insistió.

La jueza ha propuesto a la Sala de lo Penal que envíe un suplicatorio al Senado para que Baltar pueda ser juzgado, ya que considera que hay pruebas suficientes de que esa tarde el entonces presidente de la Diputación de Ourense conducía muy por encima del límite permitido y que pudo incurrir en un delito contra la seguridad vial.

El caso lo reveló elDiario.es en abril de 2023: un radar de la Guardia Civil cazó a José Manuel Baltar cuando conducía a 215 kilómetros por hora por la autovía A-52 un coche de la Diputación de Ourense. Primero eludió un juicio rápido que iba a llegar antes de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Finalmente, terminó renunciando a postularse para presidir el ente provincial tras aquellos comicios y, unos meses más tarde, puso fin a más de tres décadas de dominio de su familia en la política provincial al abandonar la presidencia del PP en Ourense.

Entre medias, fue elegido senador por designación autonómica por el Parlamento de Galicia, en el que el PP tenía y tiene mayoría absoluta. La estrategia de Baltar está siendo intentar desacreditar la medición hecha por los radares y que consta en los informes de la Guardia Civil.

José Manuel Baltar, senador del PP y expresidente de la Diputación de Ourense, ha dejado ver este martes cuál será su defensa ante el Tribunal Supremo: esgrimir que ya pagó una multa y perdió seis puntos del carnet y que, además, no hay pruebas de que realmente condujese a 215 kilómetros por hora. Dos afirmaciones que, por el momento, chocan con el atestado de la Guardia Civil y con lo que ha dicho el propio Supremo: a principios de diciembre, la Sala de lo Penal avaló la apertura de la causa a pesar de haber pagado ya 600 euros tras ser 'cazado' por un radar.

El político, histórico del PP gallego, no ha hecho declaraciones después de comparecer durante una media hora ante la jueza Ana Ferrer. Ha sido su abogado, Juan Ramón Montero, quien ha dado algunas pinceladas de cómo ha sido su visita al Supremo: “Es la igualdad ante la ley, que es un tema últimamente poco cariñoso. Lo mismo que a usted y a mi: nos paran, se le pone la multa y fuera”.

Con esta alusión velada a la incipiente ley de amnistía, el letrado del senador defendía que, al haber sido multado, ya no podía ser sometido a un juicio penal por los mismos hechos. El conocido como non bis in idem, que impide que una persona sea condenada dos veces por lo mismo.

Este es un argumento que tendrá que estudiar la instructora del caso, la magistrada Ana Ferrer, con un precedente similar encima de la mesa: el de un hombre que en 1997 fue cazado borracho mientras conducía desde Ferrol hasta Cedeira. Multado primero con 50.000 pesetas por la vía administrativa, fue condenado después por un delito contra la seguridad del tráfico a pagar otras 100.000 pesetas más. En su caso, ya en 2003, el Tribunal Constitucional dijo que la vía penal y la vía administrativa no se habían solapado y que ambas eran compatibles.

Este argumento no es nuevo tampoco en el caso de Baltar. Después de que el Supremo decidiera abrir una causa contra él, su defensa presentó un recurso planteando este mismo argumento: que ya fue sancionado con 600 euros, reducidos a 300 por pronto pago, y la pérdida de seis puntos de carnet de conducir. Su propia defensa reconocía en ese recurso que la doctrina del Constitucional del año 2003 existe, pero añadía que ha sido “matizada recientemente” por otra resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La Sala de lo Penal, según ha sabido elDiario.es, desestimó su argumento y avaló la apertura de la causa que le ha llevado a declarar voluntariamente este martes. La cuestión, dijo el Supremo, es “prematura” en esta fase del proceso y tendrá que ser analizada pero más adelante. También adelantó que los tribunales europeos siempre se han referido a la analogía material y no normativa de dos sanciones que pueden solaparse. Es decir, no que giren en torno a unos mismos hechos sino que procedan de la misma ley.

“No iba ni siquiera a 200 por hora”

El segundo argumento defensivo desplegado por el letrado de Baltar en las puertas del Supremo ha sido un poco más enigmático: no hay pruebas de que fuera, efectivamente, a 215 kilómetros por hora cuando fue cazado por el radar de la Guardia Civil. Ni a 200 kilómetros por hora. “No iba ni siquiera a 200 por hora, es una cifra que no consta en esas actuaciones”, afirmaba el letrado Montero en declaraciones a los periodistas.

Montero no ha especificado a qué se refiere en concreto cuando afirma que esa velocidad, los 215 kilómetros por hora que han permitido la apertura de un proceso penal, no forma parte del proceso. Los detalles del atestado y de la acusación que pesa sobre él, sin embargo, no apuntalan esa afirmación.

El informe de la Guardia Civil, publicado por elDiario.es el pasado mes de mayo, refleja claramente que el coche circulaba a 215 kilómetros por hora cuando fue detectado. Al ser un radar fijo, se le aplica un margen de error del 5% y ese cálculo, según el propio informe, arrojaba un exceso de 84 km/h sobre el límite permitido en esa carretera. El propio atestado explica que denunciaron la infracción porque “en esos momentos no disponían del Certificado de Verificación Periódica del aparato de medición empleado”.

No queda claro, por tanto, de dónde parte esa afirmación del letrado de Baltar que, según ha explicado, ha defendido el propio senador en su comparecencia ante la jueza Ana Ferrer. Contradice no solo la documentación de la Guardia Civil sino también a la Fiscalía, que cuando el caso se tramitó ante los tribunales ordinarios de Zamora, también consideró que había cometido un delito contra la seguridad del tráfico por conducir a más velocidad de la permitida.

En su escrito de acusación, que ahora la Fiscalía del Supremo tendrá que refrendar o matizar si el caso llega a juicio, el Ministerio Público le atribuyó un delito de conducción de vehículos a motor a velocidad superior a la legalmente permitida del artículo 379.1 del Código Penal. Pidió dos condenas: una multa de 1.800 euros y la retirada del carnet durante un año y un día.

Eso implica que la Fiscalía avala las cifras de los informes de la Guardia Civil, ya que ese delito establece que en el caso de un coche que vaya por una vía interurbana, como es el caso de la A-52 por la que conducía Baltar, el vehículo debe ser cazado 80 km/h por encima del límite legal.

El caso ahora está en manos de la magistrada Ana Ferrer, que después de tomar declaración a Baltar tendrá que decidir si pone algún tipo de diligencia en marcha o si declara el final de la investigación. O bien archivar el caso o bien seguir la línea del juzgado de Puebla de Sanabria y abrir juicio conta él, para lo que tendrá que pedir un suplicatorio al Senado.

En su comparecencia de este martes, Baltar y su letrado se han opuesto a que la magistrada deba dar este paso y pedir a la cámara alta su visto bueno para juzgar al expresidente de la Diputación del Partido Popular.

José Manuel Baltar, expresidente de la Diputación de Ourense y senador autonómico del PP, no ha acudido a su cita con el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora. El político ha comunicado a la jueza que no acudiría a la citación voluntaria de este martes porque su abogado se encuentra indispuesto y no puede comparecer. La magistrada Ana Ferrer ha ofrecido otra fecha al senador, el 19 de diciembre.

El Tribunal Supremo abrió una causa contra Baltar después de que dimitiese de todos sus cargos y fuese designado senador autonómico por el parlamento gallego, pasando a estar aforado ante la Sala de lo Penal desde ese momento. El juzgado de Zamora que le investigaba remitió la causa al alto tribunal, que solo puede tomarle declaración si comparece de forma voluntaria o si la magistrada tramita un suplicatorio, con un camino de varios meses por recorrer en el propio Senado antes de formalizarse.

Tal y como reveló elDiario.es, el expresidente de la Diputación de Ourense fue cazado por un radar de la Guardia Civil el pasado mes de abril cuando circulaba al volante a 215 kilómetros por hora por la A-52 en Zamora y dirección Madrid. El primer proceso judicial se abrió en un juzgado de Puebla de Sanabria pero la estrategia procesal de Baltar consiguió dilatar el proceso y que, finalmente, se resolviera con su elevación al Supremo después de las elecciones.

El Tribunal Supremo ha decidido abrir una causa contra José Manuel Baltar, senador del PP y expresidente de la Diputación de Ourense, tras ser cazado conduciendo a 215 kilómetros por hora. El tribunal designa como instructora a la magistrada Ana Ferrer y anuncian que existen “indicios de la comisión de un hecho delictivo”.

Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, Baltar fue detectado por la Guardia Civil el pasado mes de abril cuando conducía a 215 kilómetros por hora a la altura del municipio zamorano de Asturianos. Los agentes dieron el alto a su coche, que circulaba por la conocida como Autovía de las Rías Baixas que une Galicia con Castilla y León. Baltar conducía el vehículo, propiedad de la Diputación que presidía entonces, en dirección a Madrid porque tenía varias reuniones al día siguiente en la capital.

El político fue sancionado con una multa de 600 euros y seis puntos de carnet, pero además se abrió un procedimiento judicial. El caso tendría que haberse zanjado como un juicio rápido en un juzgado de Zamora pero su puesto de senador en esta legislatura implica que la causa debe estudiarse en el Supremo. La Fiscalía ya había pedido que fuera condenado con una multa de 1.800 euros por un delito contra la seguridad vial además de perder el carnet de conducir durante un año.

Ahora la instructora tendrá que decidir qué diligencias pone en marcha para investigar el caso, además de analizar toda la documentación y testimonios procedentes del juzgado de Zamora que ya realizó sus propias pesquisas, así como sopesar si llama a declarar al propio Baltar. Para poder llamarle a declarar como imputado el Tribunal Supremo tendrá que pedir un suplicatorio a la cámara alta.

José Manuel Baltar Blanco lleva más de dos décadas ejerciendo distintas responsabilidades en el Partido Popular de Galicia. Hijo de Manuel Baltar, mandamás del PP ourensano, Baltar Blanco fue diputado del PP en el parlamento gallego entre 2001 y 2012, así como presidente de la Diputación de Ourense entre 2011 y 2023. El pasado mes de junio anunció que no optaría a buscar un cuarto mandato al frente de este organismo. En la actualidad forma parte de la diputación permanente del Senado tras llegar a la cámara alta designado por el Parlamento de Galicia.

La mayoría absoluta del Partido Popular en el Parlamento de Galicia le ha servido este viernes para premiar a José Manuel Baltar, expresidente de la Deputación de Ourense, con un sillón en el Senado. El también líder de los populares ourensanos está pendiente de juicio por presunto delito contra la seguridad vial: un domingo de abril, la Guardia Civil lo detuvo cuando conducía un coche oficial del ente provincial a 215 kilómetros por hora. Baltar, que renunció por sorpresa a seguir al frente de la institución, es ya uno de los tres senadores por designación autonómica de Galicia.

Los 42 votos del PP lo ratificaron. También sirvieron para aprobar el nombramiento para idéntico puesto de José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol. Se trata de la única alcaldía de las siete ciudades gallegas en manos de los conservadores. Una de las primeras medidas que aprobó en pleno fue subirse el sueldo un 18,2%, aunque ya ha anunciado que renunciará a él en beneficio del de senador, sensiblemente superior. La tercera senadora será Carme da Silva, concejala del BNG en Pontevedra y que este 23 de julio encabezó la candidatura nacionalista al Congreso, pero no logró escaño.

A Da Silva la apoyaron 30 diputados en el Parlamento gallego, del Bloque y -presumiblemente- del Partido Socialista. La votación para designar senadores en la Cámara gallega registró además tres votos nulos. El parlamentario socialista Pablo Arangüena pidió la palabra para advertir que esperaba que uno de ellos no fuese el suyo, ya que él se había limitado a escribir “no” al lado del nombre de José Manuel Baltar. El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, del PP, le retiró la palabra antes de que acabase de explicarse.

La Audiencia Provincial de Ourense ha ratificado el sobreseimiento provisional de la causa por la que el presidente de la Diputación y del PP de Ourense, José Manuel Baltar, estuvo imputado por la presunta oferta de un puesto de trabajo a cambio de sexo a una mujer que lo denunció y que también fue imputada. El tribunal también rechaza la petición del fiscal, a la que se sumó Baltar, de juzgar a la mujer por coacciones.

El pasado mayo la jueza instructora propuso el archivo del caso por considerar a la vista de los testimonios que “no queda suficientemente justificada” que existiera “uno de los elementos” sustanciales del tipo penal: la existencia de una relación de “prestación de servicios”. La jueza dio por certificado que el líder del PP ourensano “solicita, o cuando menos acepta un favor sexual”, pero no fue capaz de acreditar que incurriese en los tipos penales que le imputaba ya que consideró fundamental que Baltar hijo no tenía formalmente ningún cargo en Ourense cuando sucedieron los hechos.

Contra ese archivo recurrió tanto la denunciante de los hechos como el partido local Democracia Ourensana y el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado. El fiscal pidió que la causa continuase y se abriese juicio oral contra la denunciante por coacciones. Según relatan varios medios de Ourense, a ese recurso del fiscal se sumó la defensa de Baltar. Sin embargo, ahora la Audiencia ratifica el auto de sobreseimiento de la jueza instructora. El tribunal rechaza ahora tanto el recurso de la denunciante que pedía reabrir la causa contra Baltar, ratificando los argumentos ofrecidos por la jueza instructora, como el del fiscal que pedía actuar contra ella, argumentando en ese caso que el delito que imputa a la mujer no fue objeto de la instrucción.

El intento del fiscal Florentino Delgado para sentar en el banquillo de la acusación a la mujer que denunció a José Manuel Baltar, presidente de la Diputación y del PP de Ourense por un supuesto ofrecimiento de empleo a cambio de sexo es para el BNG un acto de “gravedad extrema” que hace necesario que sea “apartado de su cargo”. El jefe del Ministerio Público en Ourense está participando, a juicio de la diputada ourensana Noa Presas, en una “persecución política” contra la denunciante.

La también responsable de Acción Feminista del BNG ve en el recurso de apelación formulado por el fiscal “un escándalo”. “Contribuye -afirma a través de un comunicado- a poner más en entredicho a una justicia que persigue las víctimas de la violencia machista en lugar de protegerlas”.

La denuncia archivada, recuerda Presas, incluía “un delito de acoso sexual, una forma de violencia machista” según la ley vigente, por lo que “en el caso de ir adelante esta operación de acoso y derribo” estaría incurriéndose en un “gravísimo precedente de desamparo e inseguridad” para las “mujeres que en algún momento sean agredidas”.

Además, la diputada del Bloque observa otra constatación en el recurso del fiscal. “Demuestra que en Ourense no hay separación de poderes” y “la actuación del fiscal jefe lanza un mensaje a todas las mujeres; el baltarismo y el machismo son intocables”. Por todo esto, reitera, Delgado “debe ser apartado inmediatamente de su cargo”.

Fin del caso Baltar, al menos de momento. El presidente de la Diputación de Ourense, su padre y antecesor en el cargo y el jefe de personal de la institución provincial y alcalde de Monterrei acaban de quedar libres de las investigaciones -antigua imputación- que pesaban sobre ellos por la presunta oferta de un puesto de trabajo a cambio de sexo a una mujer que también deja de estar investigada. Así lo acaba de dictaminar la titular del juzgado de instrucción número 3 de Ourense, que sobresee el caso al no considerar los hechos denunciados como suficientemente acreditados como delitos de acoso, cohecho y tráfico de influencias.

En un auto dictado el pasado lunes la jueza Eva Armesto, a la que los Baltar intentaron alejar de la instrucción tras no lograr la nulidad de todo el proceso, indica que las grabaciones telefónicas aportadas por la denunciante al procedimiento muestran que el también líder del PP de Ourense “solicita o al menos acepta un favor de naturaleza sexual” para “realizar, en el ejercicio de su cargo, una acción u omisión” de los “requisitos legalmente establecidos” para “hacer lo posible por facilitar la obtención de un trabajo” sin “cumplir los requisitos legales”.

Al contrario de lo mantenido por los populares tanto en Ourense como desde su dirección gallega, la instructora especifica que el hecho de que ese puesto no se llegara a adjudicar no impide, por sí mismo, que existiera o no delito. No obstante, la jueza se basa en los testimonios recabados en el proceso para indicar que “no resulta suficientemente justificado” que Baltar Blanco “se comunicara de forma alguna” con el jefe de personal o con el asesor jurídico de la Diputación para gestionar ese puesto. Del mismo modo, señala, esos testimonios no permiten tampoco acreditar que José Luis Baltar “diese instrucciones” cuando aún era presidente para dar cumplimiento a la promesa de su hijo.

En lo que respecta a la acusación de mantener “relaciones sexuales por la promesa de ayuda laboral”, el presunto delito de acoso sexual, la jueza considera a la luz de lo indicado por los testigos que “no queda suficientemente justificado” que existiese “uno de los elementos” sustanciales del tipo penal: la existencia de una relación de “prestación de servicios”. Así, dice el auto, queda acreditado que la denunciante “realizó labores de interventora” del PP en 2008, año que la jueza sitúa como “mucho antes de que el investigado conste que ostentara cargo alguno en Ourense”. Igualmente, que “se encargó de la organización” de un evento electoral. Esa labor política “se realiza voluntaria y gratuitamente” y, agrega, “no trabajó en la sede del partido”.

Así las cosas, concluye la jueza, no es capaz de “justificar” que existiera esa “prestación de servicios”, ya que “los testigos niegan” que la denunciante “realizara actividades retribuidas” para el PP y, aunque da por probado que trabajó “en el Departamento de Encuestas” de la Diputación, esa labor fue desarrollada “hasta el año 2010, como máximo, según el testigo”, y en esa fecha José Manuel Baltar no era presidente -era diputado en el Parlamento de Galicia, antes había sido alto cargo de la Xunta y en enero de ese año sustituyó su padre en el liderazgo provincial del partido- ni consta “que influyera de alguna manera” en su progenitor.

Sobre estos argumentos la instructora dice encontrarse en el supuesto de “no resultar debidamente justificada la perpetración de los hechos punibles”, por lo que “procede” acordar el sobreseimiento y archivo provisional del caso. La resolución de la jueza es susceptible de recurso, una vía a la que el partido Democracia Ourensana, personado como acusación, ya ha anunciado que acudirá.

“Tengo curiosidad de ver cómo le queda el lazo morado a Baltar en su traje de machista y macho de la política”. Así comenzó este miércoles el portavoz de En Marea, Luis Villares, sus preguntas en el Parlamento de Galicia al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una sesión centrada por todos los grupos en cuestiones de igualdad con motivo del Día de la Mujer. “Todos y todas pudimos escuchar esas grabaciones en las que [Baltar] ofrecía empleo a cambio de favores sexuales”, había dicho poco antes la portavoz del BNG, Ana Pontón. A pesar de las sucesivas referencias de los dos grupos a la investigación por acoso sexual y soborno que pesa sobre el presidente de la Diputación y del PP de Ourense, José Manuel Baltar, por supuestamente ofrecer un empleo a cambio de favores sexuales, nada respondió Feijóo sobre la cuestión. Optó el presidente gallego, por el contrario, por defender los avances en la materia conseguidos en los últimos años, en los que reconoció el trabajo realizado por el PSOE.

Fue la nacionalista Ana Pontón la primera en reprocharle a Feijóo su apoyo a Baltar. “No ampare a quien acosa”, le dijo, en una intervención en la que también le echó en cara que el pasado fin de semana defendiese “no politizar” la igualdad. “Si la desigualdad no es un problema político, ¿qué es para usted, un accidente geográfico?, le preguntó, y le pidió que ”no financie con dinero público la desigualdad, deje de financiar con dinero público a los centros que segregan a los niños y las niñas por su sexo“. Feijóo respondió a Pontón reiterando que no cree en un ”feminismo con etiquetas“ y echándole en cara que PSdeG y BNG mantuvieron los conciertos con centros segregadores cuando gobernaron Galicia entre 2005 y 2009.

El turno de preguntas de En Marea fue el momento más tenso de la sesión de este miércoles. Villares hizo especial hincapié en censurar el apoyo del PP a su presidente en Ourense con preguntas como “cuánto dinero gastó el Gobierno gallego para sensibilizar a Baltar de que lo que hizo está mal” o “cuánto gastó Baltar en convencerlo a usted de que lo que hizo está bien”. Sin embargo, Feijóo obvió esas críticas y optó por atacar a En Marea por un mensaje en Twitter publicado el pasado domingo por su viceportavoz, Carmen Santos: “Hoy todas en la lucha feminista. Reivindicamos q no nos asesinen señores del @ppdegalicia. Politizáis con pasividad.” El presidente la acusó de “no tener ningún respeto a este grupo ni a este gobierno” y le pidió una rectificación, asumiendo la estrategia del grupo parlamentario del PP, que en todas sus intervenciones en el Pleno de la Cámara gallega desde este martes le echa en cara a Santos el mensaje. Villares contestó a Feijóo recordándole que es la oposición la que debe interpelar al gobierno, y no al revés, y argumentó que respeta que los populares “se indignen por un error gramatical, pero lo que a En Marea le indigna es que mueran mujeres”. Y Feijóo replicó a Villares diciéndole que no le puede dar lecciones de igualdad después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, elogiase el abrigo de piel de una periodista en una rueda de prensa y comentase en un mensaje privado que a otra “la azotaría hasta que sangrase”.

La intervención del portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, fue la más propositiva. El socialista reclamó diversos planes de promoción del empleo femenino y la inmediata aprobación de un nuevo Plan de Igualdad por parte de la Xunta, ya que el último finalizó en 2015. Sin embargo, ni las propuestas del PSdeG, ni las de BNG y En Marea tuvieron respuesta por parte de Feijóo, más allá de anunciar que el nuevo Plan de Igualdad de la Xunta para el período 2017-2020 será aprobado aún este mes de marzo. El presidente gallego aprovechó para reproducir, en el Día de la Mujer, la estrategia que viene desarrollando desde la pasada campaña electoral de mostrarse conciliador con el PSdeG frente a sus enfrentamientos con En Marea. Hasta el punto de que, en su intervención, elogió que los avances en igualdad registrados en los últimos años, en los que centró buena parte de su discurso, se deben en parte al “concurso del PSOE”.

No hay caso. La Audiencia Provincial de Ourense acaba de tumbar el intento de José Manuel Baltar y de su padre y antecesor en las presidencias de la Diputación y del PP provincial, José Luis Baltar, para alejar a la jueza Eva Armesto de la causa en la que ambos son investigados -antigua imputación- por presuntos delitos de soborno y tráfico de influencias y, en el caso de Baltar hijo, también acoso sexual por la presunta oferta de un empleo a cambio de sexo revelada en exclusiva por eldiario.es. En un contundente auto dictado este jueves los jueces de la sección segunda de la Audiencia ourensana desestiman la recusación de los Baltar contra la jueza y además los condena a pagar las costas del proceso.

El barón del PP y su padre y antecesor intentan desde hace tiempo paralizar o, al menos, dilatar la investigación contra ellos. Tras no lograr la nulidad del proceso ni la consideración de los presuntos delitos como prescritos ambos han procurado forzar la retirada de la jueza Armesto alegando que la también titular del juzgado de violencia de género manifiesta “enemistad o interés en contra” del presidente de la Diputación o del PP. Las acusaciones, según el abogado de José Manuel Baltar, son “inconsistentes” y tienen una base “ideológica” que provocan que la jueza no sea “imparcial”.

Estos argumentos, rechazados tanto por la Fiscalía como por la acusación que ejerce el partido Democracia Ourensana, llegaron a la Audiencia y allí se han dado de bruces con la oposición frontal de los magistrados. Lo que los Baltar pretenden, dice el auto, es “el apartamiento de la instructora” para “sustituir su imparcial criterio por otro que se ajuste más” a sus “subjetivos intereses”. Este propósito “supone la falta de todo rigor en el recurso” y por este motivo debe ser rechazado, explican.

La recusación estuvo desde su origen “llamada al fracaso”, señala el auto, porque los abogados “ni siquiera especifican en qué radica objetiva o subjetivamente” la supuesta “parcialidad” de la jueza. Esto es, “en qué consiste su especial interés, su amistad o enemistad” o a “cuál de las partes” afecta. “Mal puede ser acreditada” la circunstancia alegada por Baltar padre e hijo. Las acusaciones contra la jueza Armesto son genéricas y lo que “cuestionan” no es su “imparcialidad”, sino “sus decisiones jurisdiccionales” que, recuerda el auto, si fuesen “desacertadas” podrían ser “corregidas” por las vías ordinarias.

Con esta decisión, contra la que no cabe recurso, la instructora regresa a un caso del que se ha apartado durante el trámite de la recusación. En este intervalo se ha hecho cargo de él el titular del juzgado número 2 de Ourense, Luis Doval, si bien en la práctica el asunto ha estado parado. De este modo la jueza continuará investigadno para conocer si, efectivamente, la oferta de trabajo a cambio de sexo a una mujer -también investigada en la causa- por parte de José Manuel Baltar cuando la Diputación todavía estaba presidida por su padre fue un acto constitutivo de uno o varios delitos.

Desde que este caso se puso en marcha Baltar hijo fue reelegido como líder del PP de Ourense y durante la campaña de las elecciones gallegas compartió numerosos actos con Alberto Núñez Feijóo y Mariano Rajoy. Previamente la dirección del PPdeG ya había sugerido que únicamente exigiría responsabilidades políticas a su barón ourensano si llega a ser condenado.

A principios de noviembre de 2015 el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, acudió al Parlamento de Galicia para cumplir con el trámite de presentar los presupuestos de la institución que preside, pero las cuentas quedaron en uno segundo plano casi absoluto. Apenas dos semanas antes había explotado la denuncia de la mujer que, como reveló en exclusiva eldiario.es,  acusa al barón del PP ourensano de haberle ofrecido un puesto de trabajo en la Diputación a cambio de sexo, la misma que sería después archivada por la Fiscalía y a continuación asumida por el juzgado en el que permanece actualmente investigado -antigua imputación- por presuntos delitos de acoso sexual, cohecho y tráfico de influencias. Este martes Baltar ha tenido que volver a cumplir con el trámite presupuestario en la Cámara gallega y las portavoces de la oposición le han reprochado con dureza que continúe en el cargo tras todos estos hechos. El líder del PP de Ourense ha optado por no responder a sus preguntas y menospreciar sus respectivas posiciones.

Como en anteriores ocasiones, Baltar se ha jactado ante el legislativo de la celeridad en la aprobación de sus presupuestos o de la “planificación” y “previsibilidad” de su gobierno que, mantiene, es el único que se apoya en un “programa electoral” provincial -las diputaciones no son elegidas por la ciudadanía en las urnas-. En sus turnos los grupos de la oposición han lamentado asistir a un nuevo episodio de explicación del “combustíble del clientelismo político del PP”, en palabras de Noa Presas (BNG), que como la portavoz del PSdeG, Noela Blanco, ha eovcado un reportaje de la periodista Cristina Huete para resumir el, a su juicio, modo de actuar más habitual del baltarismo: “La fábrica de los enchufes”.

Las cuentas de Baltar, agrega Presas, son las de la “miseria” que le permite “mantener el control social a través de pequeñas pleitesías”, el “intercambio” de favores basado “en el caciquismo”, señala Ánxeles Cuña, de En Marea, quien como el resto de grupos de la izquierda ha considerado “ineludible” poner sobre la mesa el caso de presunto acoso sexual que planea sobre el líder popular. “Una denunciante fue empujada a mantener relaciones sexuales” por un puesto de trabajo “y eso es algo que afecta a la sociedad entera”. “Usted da un ejemplo nefasto”, incluso en caso de que los tribunales lleguen “a darle la razón”, acusa.

“Su denuncia la resolverán los tribunales”, agrega Blanco, pero políticamente la socialista ve motivos más que suficientes para que “alguien en el PP haga que dimita”. No obstante, lamenta, el presidente de la Xunta “se arrodilla ante el barón ourensano para, con actitudes machistas, darle la vuelta a la tortilla y convertir a la vitima en verdugo” y caracterizar a la denunciante, también investigada en la causa judicial, como “un demonio que se ha venido a apoderar del bueno de Baltar”. Todo, afirma, para evitar que el PP de Ourense vuelva a promover “un encierro en un pisito” como el impulsado por Baltar padre a comienzos de siglo para lanzarle exigencias a Fraga bajo la amenaza de dejarle sin mayoría absoluta. En este escenario, concluyen las tres portavoces, la ética recomienda que Baltar deje su puesto o si no, afirma Presas, la única manera de continuar en el cargo y “cumplir el código ético” que él mismo aprobó es introducir“ en él ”el derecho de pernada“.

Las intervenciones de En Marea, PSdeG y BNG han sido replicadas con desdén por Baltar. Las tres diputadas, acusa, “han pisoteado un principio básico del Estado de derecho” con sus acusaciones a través de discursos “previsibles” que, a su juicio, han estado “presididos” por la “ignorancia, por la falta absoluta de conocimiento” sobre las diputaciones y “la falta de respeto y la educación”. Baltar califica de ignorante a la portavoz del Bloque y define en términos semejantes a las portavoces de En Marea y del PSdeG, de quienes cuestiona también la “habilidad parlamentaria”. No hacen más que recurrir “a los argumentos de siempre” pero la “tendencia electoral”, evidencia, sigue acompañándole a él.

Antes de su turno de cierre Baltar ya había recibido un balón de oxígeno del portavoz del PP en el debate, César Fernández, quien reduce las intervenciones de la izquierda a una “representación caricaturesca” de la “realidad de la sociedad ourensana”. Los reproches por el presunto acoso sexual son para Fernández una muestra de que el presupuesto de la Diputación no “preocupa” a los grupos de la oposición, y la petición de explicaciones a Baltar es, en realidad, una falta de “respeto” al electorado ourensano. “Lo único que quieren hacer -concluye- es hundir la provincia de Ourense”.

Entre éxitos electorales, un nuevo revés judicial. Seis meses después de no lograr sacar adelante la causa de nulidad del caso en el que está investigado -antigua imputación- y apenas dos meses después de la campaña electoral en la que el PP de Ourense fue uno de los sustentos fundamentales de la nueva mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo -cuatro puntos, casi 3.500 votos y un escaño más que en 2012 en la provincia- el líder del partido y titular de la Diputación, José Manuel Baltar, acaba de conocer que sigue sin poder frenar el caso y que, además, tendrá que seguir respondiendo ante el juzgado por un presunto delito de acoso sexual añadido a los de supuestos cohecho y tráfico de influencias.

El Juzgado de Instrucción número tres de Ourense, que investiga la denuncia de la presunta oferta de empleo a cambio de sexo realizada por Baltar, dictó el pasado día 9 un auto que, según confirma el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, rechaza dar por prescrito el delito de acoso, tal y como solicitaba la defensa del político del PP. Concretamente, el abogado del popular apelaba a los artículos 130 y 131 del Código Penal para reclamar la “extinción de la responsabilidad criminal por prescripción”, si bien la jueza Eva Armesto considera que “no ha lugar” a esa declaración porque los hechos que investiga, según la denunciante, comenzaron en 2010 y se extendieron hasta el propio año 2015, por lo que no se ajustan al plazo de prescripción de cinco años. La magistrada se basa, entre otras pruebas, en los mensajes y grabaciones publicados en exclusiva por eldiario.es.

De este modo el caso sigue adelante y, además, con nuevos testimonios. Serán los de cinco personas “relacionadas con la mesa electoral” ubicada “en el edificio conocido como Casa de Chocolate” -una sede administrativa de la Xunta- de Ourense en la jornada de las elecciones autonómicas de 2012, en la que según la investigación la mujer que denunció a Baltar, también investigada en el caso, participó cómo apoderada del PP. El objetivo de estas citaciones, especificadas en una providencia dictada el propio 9 de noviembre, es establecer la relación de dependencia o prestación de servicios“ entre la mujer yBaltar.

Estas declaraciones, indica el TSXG, se producirán el próximo día 22. Será, por lo tanto, prácticamente dos meses después de que, también imputado, compareciera ante la jueza José Luis Baltar, padre y antecesor del líder del PP de Ourense tanto en el partido como en la Diputación. En aquella declaración Baltar Pumar redujo el caso a un “chantaje” de la mujer a su hijo. Según reveló tras aquella declaración el abogado Miguel Caride, que representa en el proceso al partido Democracia Ourensana como acusación particular, el ex barón “negó todo” lo que le es imputado y explicó que, mientras fue presidente, era habitual que se “le acercara mucha gente” para “pedirle favores”.

A pesar de a la controversia política generada por la presunta oferta de empleo a cambio de sexo el PP decidió no actuar contra José Manuel Baltar desde que explotó el caso, hace un año, con su publicación en este diario. Así, durante la campaña de las elecciones autonómicas el líder ourensano compartió numerosos actos con Feijóo y con Mariano Rajoy, ante quien alardeó de su poder, y previamente la dirección del PP gallego sugirió que sólo le exigiría responsabilidades a Baltar en caso de que sea condenado judicialmente. El nuevo paso en el proceso judicial ha trascendido este mismo miércoles, poco después de que finalizara en la sede de la Diputación ourensana el debate sobre el estado de la provincia.

José Luis Baltar Pumar, de nuevo ante los tribunales. Apenas dos años después de haber sido condenado por enchufar en la Diputación de Ourense en 2010 a 104 personas ligadas al PP a las puertas del congreso del PP ourensano en el que el baltarismo tumbó al candidato avalado por Alberto Núñez Feijóo, el antecesor y padre del actual presidente del partido y de la institución provincial tiene que volver a responder ante la justicia por su gestión del personal en aquellos años. En esta ocasión, por la presunta oferta de un puesto en la Diputación a cambio de sexo que una mujer le atribuye a José Manuel Baltar Blanco también en 2010, cuando el actual líder ya ascendía en el partido pero era su padre quien aún dirigía el gobierno provincial.

Como antaño, Baltar Pumar ha accedido a los juzgados ourensanos traspasando en silencio la nube de periodistas que esperaban por él. Al finalizar no ha sido él, sino su abogado, quien ha negado ante la prensa los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias que le atribuye la jueza. El político jubilado, dice el letrado, ha respondido de manera “contundente” a “todo” lo que la jueza le ha preguntado y ha intentado hacerle ver que “todo esto es un chantaje por parte de una señora”, la denunciante, también investigada en la causa por presunto soborno.

El representante de Baltar Pumar basa su acusación en una de las conversaciones difundidas en exclusiva por eldiario.es, en la que la denunciante insiste en que Baltar hijo no ha cumplido su promesa de encontrarle trabajo en la Diputación. En esa grabación, ahora integrada en la instrucción del caso, el exdirigente del PP se lamenta de que en ese momento haya “gente procesada” por intermediar en una “recomendación”. Esa conversación, dice el abogado, finaliza “con un chantaje claro”.

La versión de la defensa de Baltar difiere en varios puntos de la ofrecida a la salida de los juzgados por otro abogado, Miguel Caride, que representa al partido local Democracia Ourensana tras personarse en la causa como acusación particular. El antiguo líder del PP de Ourense, asegura, sólo ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y de la defensa -el Ministerio Público llegó a archivar el caso- y lo ha hecho para “negarlo todo”, si bien no ha señalado que haya sido mentira la conversación con la denunciante, toda vez que explicó que, mientras era presidente, era frecuente que se le “acercara mucha gente” para “pedirle favores”.

La instrucción del caso Baltar sigue adelante después de una campaña electoral en la que el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, así como Mariano Rajoy, han compartido diversos actos y han apoyado abierta y públicamente la continuidad de José Manuel Baltar en su cargo. En esta línea, antes de la carrera electoral la dirección de los populares gallegos ya había advertido de que sólo actuarían contra quien es responsable de uno de sus fundamentales graneros de votos en caso de que fuera condenado. La anterior investigación al baltarismo por enchufes en la Diputación, la de 2014, terminó con una condena de nueve años de inhabilitación al patriarca que, al estar ya retirado, se convirtieron en una sentencia sin consecuencias prácticas.

“Un puesto de chófer de la brigada de conservación y mantenimiento”, “tres puestos de portero-operario de servicios varios del Equipo de Portería y Limpieza del Centro Cultural Marcos Valcárcel”, “un puesto de portero de la Escuela de Gaitas”... Y así hasta 128 empleos que la Diputación de Ourense ofrece este miércoles en el anuncio del Diario Oficial de Galicia (DOG) para la convocatoria de un concurso común para la “provisión de diversos puestos de trabajo” en la entidad provincial.

A cuatro días de la celebración de las elecciones autonómicas, el DOG oficializa una convocatoria cuyas bases reguladoras habían sido publicadas hace unas tres semanas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y para las que las solicitudes se podrán enviar ya en los próximos días. Son, en su mayoría, puestos de promoción interna dentro de la Diputación y fuentes del organismo provincial han asegurado a este diario que su convocatoria “no se tenía por qué haber hecho ahora, sino que perfectamente se podría haber realizado en otra época”. De hecho, las mismas fuentes aclaran que, a pesar de que este mismo miércoles se han debatido en comisión las líneas báscias de los presupuestos y las partidas destinadas a estos cometidos, la entidad “ha preferido poner ya antes en marcha este mecanismo”, algo que ven como “una medida claramente electoralista”.

“Desde dentro, aunque no lo parezca, la contestación al presidente de la Diputación, Manuel Baltar, es bastante grande y ésta es una forma de contentarlos o promocionarlos internamente”, explican las mismas fuentes sobre un concurso en el que se tendrán en cuenta como méritos las titulaciones más acordes a cada puesto, los cursos de formación, los servicios prestados en la empresa privada o la antigüedad en la administración pública. Un procedimiento con traje legal que no impide apreciar las costuras de la idoneidad o del engordado sistema de contratación en el ente provincial.

Desde el PSdeG ya ha habido reacción y la cabeza de lista por la provincia de Ourense a las autonómicas, Noela Blanco, ha advertido de esta publicación en el DOG “a cuatro días de las elecciones autonómicas”, ha censurdo la “descarada utilización política” de la Diputación y ha exigido “garantías máximas de limpieza y equidad” en el proceso. Lo hace, dice, después de la “lamentable historia de nepotismo, compra de voluntades y hasta presunto acoso sexual que esconde la gestión de personal del ente por parte de los Baltar”.

En un comunicado, la candidata socialista ha exigido a Feijóo que explique “si esta maniobra ha sido parte de su acuerdo con Baltar de garantizarle votos a cambio de mantenerlo en la Diputación mientras es investigado por supuesto cohecho y acoso sexual”. “Baltar -añade- nos da exactamente la medida de hasta dónde llega el compromiso ético de Feijóo, que ampara una trayectoria de falta de respeto a la institución y que avergüenza los ourensanos”.

Blanco ha anunciado también que el PSdeG “seguirá con lupa el proceso de contratación” para garantizar su limpieza, después de recordar que el presupuesto de personal de la Diputación de Ourense ronda el 40% del total, mientras el gasto en inversión productiva no llega al 20 %.

Si, como todo apunta, Alberto Núñez Feijóo hace coincidir las elecciones gallegas con las vascas, todo parece indicar que se celebrarán casi exactamente cuatro años después de las anteriores, esto es, el 16 o el 23 de octubre. Para que esto suceda el presidente de la Xunta tendrá que dictar el decreto de convocatoria en la penúltima o en la última semana de agosto. Cuando el Parlamento esté ya disuelto y la campaña electoral a punto de comenzar, el 29 de septiembre a las once y media de la mañana, el caso Baltar resurgirá en plena carrera a las urnas. Será en esa jornada cuando José Luis Baltar declare en calidad de investigado -antigua imputación- en la causa contra su hijo por la presunta oferta de empleo a cambio de sexo revelada en exclusiva por eldiario.es, en la que se le imputan supuestos delitos de soborno y tráfico de influencias sin que la instructora descarte, por el momento, el acoso sexual.

Después de atender las alegaciones del exlíder del PP de Ourense y retrasar su declaración el pasado día 8, la jueza Eva Armesto acaba de fijar la nueva fecha. Lo hace apenas una semana después de prorrogar la instrucción durante seis meses más, esto es, hasta finales de año. Después de que el fiscal se opusiera a declarar la causa como compleja, lo que permitiría alargarla hasta 18 meses, la magistrada ha alegado la necesidad de proseguir la investigación para recabar más datos de la denunciante, también investigada, así como para practicar nuevas diligencias. Entre ellas, el interrogatorio a Baltar padre.

La intervención de la Fiscalía ha venido siendo, precisamente, uno de los argumentos más recurrentes de la dirección del PPdeG para no actuar contra José Manuel Baltar. Es así especialmente desde comienzos de diciembre, cuando el Ministerio Público decidió archivar la denuncia de la mujer, momento en el que los populares dieron el caso por cerrado. Sin embargo, poco después de ese archivo el juzgado de instrucción número tres admitió a trámite la denuncia que la mujer había presentado al respecto y a finales de enero imputó a Baltar, quien a mediados de marzo intentó, sin éxito, anular el proceso.

Con el barón ourensano reelegido como presidente provincial del PP la cúpula gallega del partido optó por el perfil bajo al respecto. Mientras, el dirigente ourensano ha venido circunscribiendo el caso a su ámbito “personal”, si bien en abril la jueza citó cómo investigado al jefe de personal de la Diputación y alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, y a finales de mayo imputó a Baltar Pumar por, supuestamente, intervenir en la promesa de un puesto de trabajo en la institución provincial, toda vez que cuando se produjo el supuesto ofrecimiento Baltar hijo dirigía el partido, pero Baltar padre aún encabezaba la Diputación.

En este contexto, la dirección del PP ha pasado de pedir tiempo para nuevos movimientos sobre su barón ourensano a sugerir, más o menos abiertamente, que no le pedirá el cese de sus cargos si no es condenado. Así lo hizo el secretario general del partido, Miguel Tellado, en el comienzo de la campaña de las generales, y en el mismo sentido se ha expresado el propio Alberto Núñez Feijóo en los últimos días.

Tras cuestionar la actuación de la jueza por ordenar diligencias sin el aval del fiscal, el presidente de la Xunta volvió a expresar la sus “dudas” sobre lo caso la pasada semana en declaraciones a Onda Cero. “Estamos siguiendo este asunto y aceptaremos lo que nos diga la justicia”, resolvió, tras comparar el caso con la utilización, por parte de la cabeza de lista de Ciudadanos en Pontevedra, de un permiso de aparcamiento para personas con discapacidad del que no era titular, según ha publicado ABC.

Mientras todo esto sucede, Feijóo sigue compartiendo actos preelectorales con Baltar, los últimos hasta el momento, un paseo y un desayuno informativo centrado en política social. Junto a su barón más controvertido el jefe de filas del PPdeG ha acusado a las mareas de “sacar rédito político de la pobreza” o “monopolizar la desgracia” al tiempo que, como ya había hecho en el Parlamento, ha acusado al Ayuntamiento de Santiago de recortar sus partidas sociales.

La dirección del PPdeG ha dejado claro en el inicio de la campaña que los avances en la investigación judicial del caso Baltar, con la investigación al patriarca de la saga en la causa por la presunta oferta de trabajo a cambio de sexo que se le imputa a su hijo, no iban a influir en el rango del barón ourensano dentro del partido. Sólo habrá medidas, han sugerido, si José Manuel Baltar es condenado. Así, en el primer día de la campaña del 26J los máximos responsables del PP gallego han hecho campaña en Ourense, el granero de votos en el que en diciembre aún rondaron el 45% en las urnas. Allí, junto a Baltar, Alberto Núñez Feijóo, presentó el voto al PP cómo única alternativa al “colapso” de una izquierda para la que pide un “correctivo duro”.

Tras dedicar la primera parte de la jornada a uno de los objetivos fundamentales de la formación conservadora en esta campaña, la recuperación del voto rural, Feijóo fue de Lugo a Ourense para intentar sembrar la finca electoral ourensana en villas en las que la fuerza del PP es ahora un poco menor que antaño. Así, el presidente de la Xunta paseó con Baltar por O Barco de Valdeorras, repartiendo propaganda y hablando con varios vecinos, y finalizó jornada con mitin en A Rúa, compartiendo escenario con el titular de la Diputación y con el cabeza de lista del partido en la provincia, Miguel Viso.

Con un PP de Ourense a la búsqueda del tercer escaño perdido en diciembre -según el CIS, volverán a tener dos-, Feijóo advirtió a la concurrencia de que ahora “es imprescindible votar” y hacerlo por el PP ante el “riesgo de inestabilidad y ruptura”. Como había hecho horas antes en Lugo, en su mitin ourensano contrapuso las fracasadas negociaciones para formar Gobierno en España no con la gestión de los cuatro años anteriores del Ejecutivo de Mariano Rajoy, sino con su propia labor en la Xunta. Ese es la mejor manera de ver la “diferencia entre un país que tiene gobierno y un país que se para”. Cuando el gobierno “depende” de la izquierda “hay desgobierno, hay parálisis y hay que repetir elecciones”, sintetiza.

El electorado, dibuja Feijóo, está ante un panorama sin mayoría absoluta, que “no es nuevo”, porque lo único “nuevo” es “el nivel de irresponsabilidad de las mareas de Podemos, los socialistas y y los nacionalistas” y también de Ciudadanos, partido al que el PP culpa de la pérdida de unos 15.000 votos en Ourense. “Ahora más que nunca necesitamos que el pueblo español esté a la altura para mandar un correctivo duro, no podemos darles la oportunidad de que vuelvan a confundir la política con un plató de televisión”, arengó antes de pedir “los votos” contra “los vetos”.

“El Gobierno -continuó Feijóo- consiste en gobernar, no en estar de tertulia” y en estas elecciones “Rajoy es el único que presenta lo que hizo y un programa de gobierno”, así como el único que está “preparado” y además, no “miente”. Únicamente una victoria del PP asegura que “siga creciendo la economía, sigan creándose oportunidades de trabajo, las familias paguen menos impuestos”, señaló Feijóo. El discurso del líder del PPdeG fue aplaudido por Baltar: “Queda un día menos para que España cuente con un gobierno estable, el que recuperó económicamente el país”, augura.

La tradicional apelación del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, al respeto hacia el trabajo de la justicia cuando un cargo popular está siendo investigado ha venido acompañada este jueves de un matiz sobre la actuación de la jueza de Ourense que está investigando al presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, por presuntamente ofrecer un empleo a cambio de sexo. Feijóo ha destacado que la jueza está analizando determinados aspectos del caso sin que se lo hayan pedido ni las partes persoadas ni la fiscalía, una iniciativa investigadora por parte de un juez instructor que los populares han señalado también en las causas abiertas por la jueza de Lugo Pilar de Lara o incluso en el primero juez instructor del accidente de Angrois.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gobierno de este jueves, a Feijóo se le preguntó se va a depurar responsabilidades políticas por la reciente imputación del ex presidente de la Diputación y padre del actual titular del ente, José Luis Baltar, por la implicación que pudiera tener en la investigación abierta contra su hijo.

Feijóo obvió la pregunta por las responsabilidades políticas de quien lideró el PP de Ourense y la Diputación durante más de dos décadas y optó por mostrar “todo el respeto” por la decisión de la jueza de imputarlo. Pero añadió algo más sobre esa imputación: “Aunque las partes no lo hayan pedido o el fiscal tenga otro criterio”.

Baltar padre tendrá que comparecer en calidad de investigado -antiguo imputado- el próximo 8 de junio. Él era aún presidente provincial cuando presuntamente ocurrieron los hechos ahora investigados.

La dirección del PPdeG renunció definitivamente en 2013 a la operación para destronar a la familia Baltar que había intentado tres años antes con resultado de fracaso. También lo hizo en este 2016, cuando José Manuel Baltar repitió como presidente del PP de Ourense con el 95% de los votos una semana antes de tener que declarar como investigado ante la jueza que le imputa supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias por la presunta oferta de trabajo en la Diputación ourensana a cambio de sexo cuando la institución todavía era presidida por su padre, ahora también investigado en la causa. Con el telón de fondo de la imputación del patriarca de la saga baltarista el nuevo 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, se reunió este miércoles con la cúpula del PP ourensano para animar su esencial contribución en votos hacia las elecciones generales y, por extensión, también hacia las gallegas. Ese, afirma, es el “trabajo” que los de Baltar mejor hacen.

Tras salir a la luz que José Luis Baltar tendrá que comparecer ante la jueza Eva Armesto dos días antes del inicio de la campaña del 26J el argumentario del PP gallego ha optado por el perfil bajo al respecto, evitando la confrontación con quien lidera el fundamental granero de votos de la provincia interior de Galicia. El propio Tellado y otros cargos como el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey, han repetido casi literalmente la misma respuesta al ser cuestionados por el nuevo giro del caso y su alejamiento, un poco más, de la esfera “personal” en la que José Manuel Baltar la ha venido situando: el PP “respeta” la Justicia y no irá “un paso por delante ni un paso por detrás” de las decisiones de los tribunales.

Con esta posición fijada llegó Tellado a Ourense. El nuevo secretario general del partido de Feijóo le manifestó a la Junta Directiva Provincial, con Baltar al frente, que “el PP de Galicia tiene en los populares ourensanos uno de sus pilares fundamentales”. Así lo demostraron en las elecciones del 20-D, “demostrando cómo se trabaja una campaña en términos difíciles” y rozando el 45% de los votos. Por eso la dirección gallega “sólo” le pide a la ourensana “un poco más de ese trabajo que tan bien sabe hacer, con el objetivo de subir todavía más el porcentaje de voto en la provincia”, comenzando por “recuperar los 15.000 votos que en Ourense se fueron a Ciudadanos”.

En la provincia con menor implantación de En Marea pero en la que, no obstante, la coalición logró un escaño, Tellado echa mano de esta formación para cargar contra la de Rivera. Votar por Ciudadanos en Ourense supone “regalar” sufragios “al señor Beiras y al señor Iglesias”. Y hacerlo por el PP, “restarle un escaño a esa minoría de bloqueo que son las mareas de Podemos”, dice. Pero Ourense, augura, será “una provincia sabia” y sabrá valorar “el trabajo del Gobierno de España a favor de la estabilidad”.

La arenga de Tellado fue recogida por Baltar recordando, como ya había hecho después del 20-D, que en Ourense el partido salió menos erosionado que en el resto de Galicia y que en buena parte del Estado. “El PP de Ourense está activado para conseguir un nuevo triunfo y situarse una vez más entre las primeras provincias españolas”, dice, ante unas elecciones que ve también como “preparación de las elecciones autonómicas de otoño”. En lo que a él se refiere, asegura, trabajará para presentar como “innegable” la recuperación económica y mostrar “seriedad y moderación, alejada del radicalismo que hemos visto en estos cuatro meses”.