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El fiscal de Ourense pide juzgar a la mujer que acusó a Baltar de ofrecerle empleo a cambio de sexo

José Manuel Baltar, presidente de la Diputación y del PP de Ourense

David Lombao

El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, ha decidido recurrir el auto por el que la jueza Eva Armesto decretó el sobreseimiento de la investigación contra el presidente de la Diputación y del PP provincial, José Manuel Baltar, por un presunto ofrecimiento de empleo a cambio de sexo. No lo ha hecho para pedir que el político del PP siga siendo investigado, sino para reclamar que la mujer que le denunció se siente en el banquillo de los acusados.

Según el recurso de apelación presentado el pasado día 1 y al que ha tenido acceso eldiario.es, el Ministerio Público argumenta que la denunciante “presionó” tanto al líder de los conservadores ourensanos como a su padre, José Luis Baltar -titular de la Diputación en el momento de los hechos- para “realizar un acto ilegal”. “Si bien -resuelve- no realizaron ninguna actuación tendente a la consecución del deseo de la investigada.

Para sustentar su teoría el Ministerio Público esgrime las grabaciones realizadas por la denunciante en las que, como adelantó eldiario.es, reclamaba al político del PP el cumplimiento de “un supuesto pacto criminal”, esto es, la consecución de un puesto de trabajo en el organismo provincial. Desde el punto de vista del fiscal las acusaciones de la mujer no son nada más que una “mera especulación” basada en una relación sexual que “sea real o supuesta”, fue “utilizada” por ella para “presionar” de manera “directa” a Baltar hijo y de modo “indirecto” a Baltar Padre.

Esa voluntad de que los políticos delinquiesen, insiste Florentino Delgado, queda clara “en las propias conversaciones”, en las cuales “reitera su petición ilícita” y “utiliza como elemento de presión esa citada relación sexual inventada o real”, la cual no sería en sí misma “un ilícito penal”. Los Baltar, censura, llegaron a ser “abordados en la vía pública” por la denunciante.

Así las cosas el fiscal jefe ourensano pide que se confirme el archivo de la causa contra José Manuel Baltar y su padre, pero que sea reabierta para abrir juicio oral por coacciones a su denunciante. Delgado ahonda así en una posición que a finales de 2015 ya había archivado la denuncia contra el barón del PP ourensano, si bien el proceso siguió adelante por la vía de la denuncia judicial. En este sentido, concluye que toda la investigación no ha hecho más que “apuntalar y corroborar” su propia valoración inicial de los hechos.

Delitos “no suficientemente justificados”

El razonamiento del fiscal Delgado choca con el mantenido por la jueza durante toda la instrucción. Incluso en el auto de archivo de la causa resaltó que el hecho de que el puesto de trabajo no se llegara a adjudicar no impediría, por sí mismo, que los Baltar no hubiesen delinquido. La magistrada Armesto dictaminó el archivo porque, aunque da por certificado que el líder del PP ourensano “solicita, o al menos acepta un favor de naturaleza sexual”, no quedó “suficientemente justificado” que hubiese realizado gestiones, directa o indirectamente, para adjudicar ese puesto.

En lo referido al presunto delito de acoso sexual la instructora indicaba en el auto ahora parcialmente recurrido por la Fiscalía que no había sido capaz de acreditar suficientemente la existencia “de uno de los elementos” sustanciales del tipo penal, la existencia de una relación de “prestación de servicios”. El proceso dejó acreditado, para la jueza, que la denunciante había realizado “labores de interventora” para el PP de Ourense en 2008 e incluso participó en la “organización” de un evento electoral, además de trabajar “en el Departamento de Encuestas” de la Diputación hasta 2010. El hecho de que no existiera una relación laboral directa con Baltar hijo, indicaba, hacía que sobre los testimonios recopilados no fuera posible justificar “la perpetración de los hechos punibles”.

En este contexto resta saber cuál será el destino del recurso de apelación del fiscal y también de otro, el anunciado por el partido Democracia Ourensana, que se personó en el procedimiento como acusación popular. La intención de la formación política era que los Baltar sí llegaran a ser juzgados por los delitos por los que los habían investigado.

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