Si preguntan a Mariano Rajoy por Rita Barberá, dice que está “absolutamente limpia”. Igual que Rato es “un buen amigo”, Carlos Fabra es “un político ejemplar”, Bárcenas deber ser “fuerte” y a Rus, el contador de billetes, le quiere, “coño, porque sus éxitos son mis éxitos”. Porque como le decía Rajoy a Camps, antes de que en el PP valenciano imputaran casi hasta a la gaviota: “Paco, yo siempre estaré ahí, delante, detrás o a un lado, me da igual. Y la historia será una historia feliz, frente a los torquemadas del siglo XXI”. Los inquisidores han sido los tribunales, que han ido pasando delante de Rajoy unos cuantos cadáveres políticos. Eso sí, don Mariano se ha mantenido detrás o a un lado, como ya le anunció a Camps que haría. Porque Rajoy se pone de perfil y sobrevive. Con semejante currículum, todavía es presidente y puede seguir siéndolo.

Ya lo dice Rita Barberá si le preguntamos por su “gran amigo Mariano”: “Es el mejor y debe continuar gobernando, con un acuerdo con Ciudadanos y el PSOE, evitando pactos sectarios de perdedores de izquierdas que solo buscan echar al PP”. Lo dice Rita, que llegó a alcaldesa sin ganar las elecciones, pero pactando con Unió Valenciana. Fue en esos años 90 en los que Aznar gobernaba pactando con el PNV y CiU, hablando catalán en la intimidad. Por entonces no había esas “líneas rojas” que hoy le ponen al nacionalismo cuando conviene.

Ella se llama María Rita y él Mariano. Como las marías, quedan libres de pecado. Dos supervivientes, por ahora. Uno en la Moncloa y la otra en el Senado. Rodeados hasta el cuello por la corrupción, con tal de no de irse, se permiten guiarnos. Con el privilegio de su aforamiento, a Barberá le preguntan por los chanchullos y pide hablar “de Irán y de Venezuela”. La Comunidad Valenciana le queda demasiado lejos. Y eso que, cuando yo no había nacido, Rita ya estaba afiliada. Lleva más de 30 años en política y se ha librado de la Gürtel, de Nóos, de Taula, de Emarsa, del Ritaleaks… Financiaciones ilegales, saqueos, comisiones, contratos a dedo, blanqueo, lingotes de oro, viajes de lujo, bolsos, gintonics y, como diría Rajoy, ¡que viva el vino!

Cuando habíamos oído ya a Alfonso Rus contar los billetes de las mordidas y Anticorrupción había abierto diligencias contra Rita Barberá, el presidente Rajoy fue a Valencia a pedir el voto al PP y allí dijo que Barberá volvería a gobernar, porque es “la mejor alcaldesa que merecen los ciudadanos, frente a una sopa de letras que acosa y miente”. Mariano Rajoy se equivocó. Ocultando una vez más la corrupción y porque esa “sopa de letras” llegó a un acuerdo por la izquierda y echó a Rita del gobierno. ¿Se imaginan que un pacto parecido en España hace que Rajoy le siga también en esto a Rita Barberá los pasos? Santa Rita, Rita…

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplegaban el pasado martes en la Comunitat Valenciana la operación 'Taula', que acabó ese mismo día con 24 detenidos y 29 imputados -que desde esa misma noche han ido desfilando por los juzgados para declarar- tras realizar más de una treintena de registros en instituciones, empresas, sedes sociales y domicilios particulares.

Entre los detenidos, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, sus exvicepresidentes Máximo Caturla y Juan José Medina, su exjefe de Gabinete, Emilio Llopis, la exedil popular en el consistorio de Valencia María José Alcón, además de otros representantes del Partido Popular -hasta ocho-, funcionarios y exfuncionarios y empresarios relacionados con el supuesto cobro de comisiones.

'Taula' es sin duda la operación policial más espectacular de las desarrolladas en la Comunitat Valenciana en los últimos años. Sin embargo, otros seis casos de corrupción que afectan al PP valenciano se han destapado recientemente y en los que se repiten las acusaciones de malversación, falsedad documental, fraude fiscal, prevaricación, blanqueo de capitales... El más conocido de ellos, sin duda, Gürtel, que tuvo su origen en Madrid pero que ha tenido ramificaciones en Andalucía y en tierras valencianas, donde ha provocado que pasaran por el banquillo diversos altos cargos del PP valenciano.

Gürtel, la gran trama

Los primeros en desfilar ante el juez, en 2011, fueron el expresident Francisco Camps junto a Ricardo Costa, Gerardo Camps y Rafael Betoret, pero también están imputados exconsellers como Vicente Rambla, Juan Cotino, Alicia de Miguel, Milagrosa Martínez, Angélica Such, Manuel Cervera o Luis Rosado por causas como la financiación irregular del PP valenciano y los contratos de Fitur o con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006.

Destaca también el caso Cooperación, del que ya se ha juzgado la primera de sus piezas -quedan dos- y que ha acabado con el exconseller Rafael Blasco en prisión, donde debe cumplir una pena de seis años y medio por el desvío del dinero de las ayudas para Cooperación al desarrollo para la compra de pisos en Valencia.

Más recientemente, también vimos como otro exconseller popular y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano, desfilaba esposado y escoltado por agentes de la Policía para prestar declaración en los juzgados de Sagunto por las presuntas irregularidades en los contratos de los servicios de extinción de incendios en su etapa al frente de la conselleria de Gobernación en el conocido como caso Avialsa.

Las diputaciones, salpicadas

Otro que ha acabado en prisión es el expresidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, condenado a cuatro años por delitos fiscales en una causa que duró cerca de una década y por la que pasaron hasta 11 jueces. Tampoco se libra la Diputación de Alicante, que se vió salpicada por el caso Brugal y que afecta al expresidente de la institución José Joaquín Ripoll y a los exalcaldes de la ciudad de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, todos ellos del Partido Popular. Así, se da la circunstancia de que quienes fueron los tres presidentes de las tres diputaciones y los tres presidentes provinciales del PP están imputados por corrupción.

También relacionado con la Diputación de Valencia nos encontramos con el caso Emarsa, donde los sobrecostes y las continuas irregularidades en la gestión de la depuradora de Pinedo, de la que el ayuntamiento de Valencia es socio mayoritario, han acabado con 25 imputados y un agujero de 24 millones de euros que se buscan en el extranjero.

El caso Nóos también tiene sus ramificaciones en Valencia, con la imputación del exvicealcalde de Rita Barberá, Alfonso Grau, imputado en la causa por la contratación al instituto del cuñado del Rey, Iñaki Urdangarin, de la celebración de la Valencia Summit.

Otros casos en España

El despliegue que hemos visto estos días en Valencia nos ha recordado a otros operativos que hemos visto recientemente en España, desde la operación 'Petrum', que investiga en Catalunya las comisiones del 3% que supuestamente cobraba Convergència Democràtica y que ha acabado con la imputación de decenas de políticos y empresarios, entre ellos la familia Pujol, con el expresident de la Generalitat Jordi Pujol a la cabeza, o el tesorero de CDC, Andreu Viloca.

Desde hace años también está en marcha 'Heracles', más conocida como el caso de los ERE, que ha hecho tambalear los cimientos de la Junta de Andalucía y que ha acabado con la imputación de cientos de políticos, sindicalistas y empresarios por el desvío de las ayudas para cursos de formación. Las investigaciones apuntan a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En 2014 se era la operación 'Púnica' la que acababa con 51 detenidos, entre ellos Francisco Granados, que fue consejero de Presidencia de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, y más de 200 imputados, con ramificaciones en Madrid, la Comunitat Valenciana o Andalucía. Además de estos, recordamos otras causas como las ya mencionadas anteriormente de Gürtel o Nóos, que se han desarrollado en diversas comunidades, entre ellas la valenciana.

La Guàrdia Civil ha traslladat en uns quants cotxes set detinguts pel cas Imelsa des de calabossos de l’institut armat fins a la Ciutat de la Justícia de València cap a les 18.45 del dimecres. Segons el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, prestaran declaració des d’aquesta vesprada i fins que el jutge ho estime oportú.

De les imatges captades, informa Efe, només s’ha pogut veure amb claredat el rostre d’un dels traslladats, el de Vicente Burgos, exresponsable de la Fundació Jaume II el Just i exmarit de l’exregidora del PP María José Alcón, a qui el jutge va deixar anit en llibertat amb càrrecs i sota fiança de 150.000 euros.

A més de Burgos, segons el TSJ, ja estan a disposició judicial, a bandad’Alcón, sis imputats més: quatre de relacionats amb el PP (David Serra, Carmen García-Fuster, Pedro Aracil i l’esmentat Burgos), dos tècnics (Joan Vergara i Elena Bosque) i l’exsogre de Marcos Benavent, el primer investigat en la trama. No hi ha transcendit l’horari exacte de les declaracions d’Alfonso Rus i els altres detinguts pel cas Imelsa.

L’operació Taula –nom amb què la Guàrdia Civil l’ha batejada– s’ha sigut llançat davant la sospita que el PP –partit majoritari a la Comunitat Valenciana entre els anys 1995 i 2015– va crear una trama de corrupció que va poder servir per a enriquir molts dels seus càrrecs i finançar il·legalment el partit.

Aqueixa part de l’organització robava diners públics mitjançant l’adjudicació de contractes públics amb sobrecostos o justificats amb factures falses o unflades. El dimarts, la primera fase de l’Operació Taula va acabar amb 24 detinguts, cinc imputats, 33 registres en domicilis o seus socials i 250 vehicles requisats.S’han bloquejat desenes de comptes bancaris.

El cas Imelsa –Operació Taula per a la Guàrdia Civil– ha comportat la detenció de huit càrrecs del PP valencià, investigats per prevaricació administrativa, malversació de cabals públics, tràfic d’influències, suborn i blanqueig de capitals.

El jutge, la Fiscalia Anticorrupció i la Unitat contra el Crim Organitzat (UCO) de la Guàrdia Civil creuen que el PP –partit majoritari a la Comunitat Valenciana entre el 1995 i el 2015– va crear una trama de corrupció que va poder servir per a enriquir molts dels seus càrrecs i finançar il·legalment el partit.

Aquesta part de l’organització robava diners públics mitjançant l’adjudicació de contractes públics amb sobrecostos o justificats amb factures falses o unflades. Aquestes empreses són algunes de les que estan presumptament implicades en l’afer.

Berceo Mantenimientos. L’empresa pantalla creada per Marcos Benavent, el ionqui dels diners. Sense un sol empleat, va facturar milions d’euros a diversos contractistes habituals de la Diputació de València. Els investigadors pensen que es va usar per a blanquejar ingressos i cobrar dels proveïdors beneficiats per contractes públics.

Benigrass, fabricant de teixits d’aplicació agrícola i industrial propietat de Vicente Cuquerella, copropietari de la seu principal del PP a la Comunitat Valenciana. La companyia –escorcollada dimarts per la Guàrdia Civil– va ser una de les beneficiàries del pla de la Diputació de Valenciana per a equipar amb gespa artificial molts camps de futbol municipals. Aquest projecte va tenir un pressupost de 33 milions d’euros.

Ciegsa. L’empresa de la Generalitat creada per a construir escoles, la gestió de la qual està en dubte pels sobrecostos que va comportar de més de mil milions d’euros. Máximo Caturla, exconseller delegat de la companyia i exvicepresident de la Diputació, és un dels 24 detinguts.

Cleop, una constructora habitual en els contractes de les administracions valencianes. Va gestionar la grua de València durant una bona part del mandat de Rita Barberá. L’empresa, que va estar en concurs de creditors, figura en la llista de grans morosos amb Hisenda.

Engloba, l’agència de publicitat malcriada pel PP, segons Francisco Correa, cervell de la trama Gürtel. Hauria rebut adjudicacions a canvi de comissions i hauria participat en el blanqueig dels diners distrets. L’empresa va ser escorcollada i el president, José Adolfo Vedri, detingut al seu domicili.

Hermanos Doménech, amb seu a Muro d’Alcoi (Alacant). Com Benigrass, beneficiària del pla per a instal·lar gespa artificial.

Imelsa. L’empresa de la Diputació de València dirigida per Benavent, centre de les adjudicacions de contractes que s’unflaven per a distraure diners.

Espai Rambleta. Un dels centres culturals més actius de València. L’empresa va ser constituïda i és gestionada per un consorci d’empreses que van sufragar la construcció de l’edifici i la gestió de les seues activitats gràcies a un pagament anual –cànon– abonat per l’ajuntament de la ciutat. L’empresa responsable d’Espai Rambleta està presidida per Vedri, també president d’Englobal. I María José Alcón –en llibertat sota fiança pel cas– va participar de manera activa en l’adjudicació.

Servimun. Una empresa administrada per un soci del marit de la portaveu del PP a Alacant durant el mandat passat, Marta García Romeu. Mariano Sánchez, exsogre de Benavent, ha estat detingut per la presumpta vinculació amb la companyia, adjudicatària d’un servei d’atenció telefònica de la Diputació de València.

La exalcaldesa de Valencia y senadora popular Rita Barberá se ha librado (de momento) de la imputación tras la macrooperación policial contra la corrupción en el PP valenciano que desarrollaron este martes agentes de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana en el marco de la operación 'Taula'. Un total de 24 personas fueron detenidas -aunque la exconcejal valenciana María José Alcón quedó en libertad tras prestar declaración esa misma noche- y se efectuaron una treintena de registros en relación con una presunta trama de cobro de comisiones. Éstos son los cuatro casos amenazan a la exprimera edil.

Nóos.- El caso que se juzga en la Audiencia de Palma y ha afectado a la Casa Real -por medio del cuñado del Rey, Iñaki Urdangarin, y de la infanta Cristina- tiene sus ramificaciones en Valencia, después de que se investiguen 1,3 millones de euros de dinero público que se pagaron al instituto Nóos para la organización de la Valencia Summit. El juez José Castro ha expresado públicamente su sorpresa por el hecho de que tanto Barberá como el expresident Camps no estén imputados en el caso y ha responsabilizado al TSJ valenciano de exonerarlos. Quien sí que está imputado es Alfonso Grau, mano derecha de la ex primera edil.

Feria Valencia.- La institución ferial valenciana está siendo investigada por sobrecostes (1.000 millones de euros) y contrataciones irregulares. También se gastaron 142 millones en dietas en 11 años. La exprimera edil valenciana recibío diversos regalos por valor de 7.600 euros de Feria Valencia cuando era presidenta del patronato que dirigía la institución.

Emarsa.- La gestión de la empresa pública valenciana responsable de la gestión de las aguas residuales también ha acabado en los tribunales por el desfalco de 24 millones de euros. La instrucción acabó con 25 imputados -entre ellos el exvicepresidente de la diputación de Valencia, Enrique Crespo- por prevaricación administrativa, falsedad, cohecho y blanqueo. El caso salpicó también a Barberá, que habría recibido como regalo tres o cuatro bolsos pagados por la entidad, de la que el Ayuntamiento de Valencia era socio mayoritario.

Imelsa.- Las supuestas irregularidades destapadas en abril de 2015 por Esquerra Unida -que fueron denunciados ante Fiscalía en julio de 2014- han saltado esta semana a la palestra tras la operación policial desarrollada este martes. Entre los detenidos por la Guardia Civil se encuentra María José Alcón, que fuera concejal y asesora de Barberá; María del Carmen García-Fuster, exsecretaria del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, asesora del PP en este mandato y una de las personas de confianza de la exprimera edil; Pedro Aracil, exasesor de Cultura. Además también están imputados Alfonso Novo, concejal y portavoz popular en el Consistorio, o Luis Salom, asesor popular. Todos ellos han formado parte del equipo de Barberá.

Ritaleaks.- Compromís denunciaba hace un año facturas a cuenta de Alcaldía por valor de 278.000 euros en comidas, alcohol, hoteles... Fiscalía investiga las presuntas irregularidades en gastos de representación de la senadora del Partido Popular entre 2011 y 2014, cuando ocupaba la alcaldía de Valencia.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha acusado al Partido Popular de conocer “al menos desde hace dos años” una parte de la supuesta trama de corrupción desde la empresa pública Imelsa, y ha asegurado que este caso “sí que influye” en el futuro del gobierno de España.

Puig, que se ha pronunciado así al ser preguntado por la investigación que ha llevado a la detención de 24 personas, entre ellos excargos del PP de la Comunitat Valenciana, ha manifestado que la respuesta de Mariano Rajoy “diciendo que se actúa rápidamente” es “bastante indignante” porque el PP ya sabía “de este despropósito enorme de corrupción”.

“No se actuó cuando se debía” ha precisado, pues en su opinión “se debe actuar cuando hay una denuncia política si efectivamente se quiere acabar con la corrupción”.

Antes de asistir a la presentación de un informe sobre universidades ha insistido ante los medios de comunicación en que los máximos dirigentes del PP sabían de estas denuncias, incluso “antes que la persona que lo denunció” y, por tanto, ha culpado a este partido de actuar “tarde, mal y solo cuando no ha habido más solución”.

De Rajoy ha dicho que está “manchado por la corrupción”, es “el de 'Luis, sé fuerte', y el que llamó al ciudadano Fabra, ciudadano ejemplar”, ha señalado en referencia al extesorero del PP Luis Bárcenas y al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra.

El president de la Generalitat ha dicho lamentar profundamente estos casos de corrupción. “Quiero que en España se sepa que hay una Comunidad Valenciana del pasado, que aún hoy nos da malas noticias, y una Comunidad Valenciana del futuro, que es la que hacemos entre todos los valencianos cada día”, ha asegurado.

La Comunidad es “de gente honrada, honesta, que se levanta muy pronto cada día para que sus familias vayan hacia adelante”, según Puig, quien ha apostado por “levantar la hipoteca reputacional que nos ha dejado el PP”.

El expresident de la Generalitat Valenciana y senador del PP, Alberto Fabra, ha dicho sentir “mucha vergüenza” y tener “la mirada gacha” por la nueva operación anticorrupción relacionada con la empresa pública Imelsa que ha culminado con 24 personas detenidas, entre ellas, el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que “al final se comprobará” que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá “no es la jefa, ni muchísimo menos”.

En una entrevista en Onda Cero, Fabra ha pedido al PP -su sucesora en el cargo, Isabel Bonig, también aseguraba este miércoles estar “avergonzada” y “abochornada”- “contundencia y determinación” con aquellas personas que “han querido utilizar las siglas y el partido para poder beneficiarse a sí mismos” y, del mismo modo, considera que hay que tener “humildad y saber pedir perdón”.

El exjefe del Consell ha destacado que el PP “es un partido de gente comprometida, con vocación de servicio”, por lo que “lo que tiene que hacer y está haciendo contra las personas que tienen un comportamiento desleal y no se corresponde a un cargo publico es tirarles fuera, facilitar las cosas para que la Justicia ponga a cada uno en su sitio y quien la haya hecho que la pague”. “La expulsión y colaborar con la Justicia es lo mejor que puede hacer el PP”, ha destacado.

Preguntado por si en el partido se conoce a Rita Barberá como la “jefa”, en referencia a las grabaciones incluidas en el 'caso Imelsa' en las que se hace referencia a este término, Fabra ha respondido: “Qué va. Es una cuestión que nos ha sorprendido a todos”.

Asimismo, ha destacado que conoce a Barberá desde hace “mucho tiempo” y sabe que “su vocación de servicio y su trabajo están ahí”. Del mismo modo, ha pedido dejar trabajar a la Justicia y se ha mostrado “seguro” de que “al final se podrá comprobar que no es la jefa, ni muchísimo menos”.

Alberto Fabra ha destacado que durante su etapa como presidente de la Generalitat y del PPCV “fui tajante con los que no habían sido ejemplares” y, al respecto, ha dicho que sacó del partido y del grupo parlamentario de las Corts a las personas imputadas y condenadas.

“No pueden avergonzar a toda una organización en la que hay miles y miles de personas que se están dejando la piel todos los días y que lo único que quieren es ayudar a que las cosas vayan muchísimo mejor en momentos de dificultad”, ha apostillado, ya que entiende que “las personas que a través de sus cargos públicos se están beneficiando, avergüenzan y ponen en descrédito no sólo a esas personas, sino a todos los que les acompañan”.

Personas que “no quieren ver lo evidente”

No obstante, ha admitido que encontró resistencias dentro del partido en su labor de apartar a los sospechosos por corrupción porque “siempre hay”, ya que “algunas personas no quieren ver lo evidente, les cuesta creerlo”, pero “al final lo importante es saber que detrás de cada uno de nosotros hay miles de votos, gente trabajadora que deposita sus ilusiones en ti y en tu proyecto”, ha subrayado.

Por eso “no me frené ante ninguna de las dudas que compañeros pudieran tener”, ha resaltado el expresident, quien ha añadido: “Me quedo con el apoyo de concejales, alcaldes, afiliados y votantes que nos animaban a limpiar el partido”.

Del mismo modo, y preguntado por supuestas comisiones para financiar al partido, ha asegurado que cuando estuvo al frente del PPCV “no hubo ninguna aportación de nada que no fuera lo estrictamente legal”.

“Para poder llegar la gente, hacer campaña y estar con los afiliados no hace falta más que ilusión, ganas de trabajar y estar convencido de que éste es el mejor proyecto el mejor proyecto”, ha dicho. A su juicio, “aquellos que querían camuflar la falta de principios por el hecho de querer aparentar más o querer llegar a más personas a través de esa ilegalidad se equivocaron y lo que tienen que hacer es pagarlo delante del juez”.

Contundencia

Así, ha hecho hincapié en que el Partido Popular debe ser “contundente ante cualquier caso que pueda avergonzar tanto a afiliados como votantes y dejar muy claro que no cabe que puedan estar esas personas ya no dentro, sino cerca del PP”. “Hay que ser muy contundente y seguir esa línea en cualquier caso y sea quien sea, porque sino al final no tienes la credibilidad y la confianza de los votantes”, ha resaltado. en el partido.

Doce horas después de que se hiciera pública la operación 'Taula', que de momento ha supuesto la detención de 24 personas -entre ellos diversos dirigentes y exdirigentes populares-, la imputación de diversas personas y 36 registros, la líder de los populares valencianos, Isabel Bonig, ha hecho declaraciones. Concretamente, la dirigente del PPCV ha hablado en los micrófonos de la Cadena Cope, en el programa 'La Linterna' que dirige Juan Pablo Colmenarejo.

Bonig ha reconocido que no ha sido un buen día, marcado por una mezcla de “rabia e impotencia” por casos que ha asegurado les “abochornan y avergüenzan”. Así, recoraba que la investigación estaba abierta desde mayo, por lo que en cualquier momento podían producirse novedades, “ahora, quien la haya hecho que la pague y caiga sobre ellos todo el peso de la justicia”.

La síndica popular en las Corts ha destacado la “tranquilidad absoluta” y “colaboración” en el PP valenciano, al tiempo que ha defendido la gestión que se hizo después de que se conocieran las grabaciones, cuando ha indicado que se tomaron “medidas contundentes”, como la apertura de un expediente al expresidente de la Diputación, Alfonso Rus, y su posterior expulsión porque causaron “alarma”. Ahora, el PP ha destituido a todos los cargos del partido detenidos en el marco de la macrooperación contra la corrupción en Valencia.

No obstante, ha insistido en que los populares van a “aprender de los errores cometidos y poner todos los controles, además de ser contundentes contra la corrupción”. Y, sin llegar a justificar los excesos del pasado, ha indicado que se venía de una época “muy buena, de bonanza económica” y que los controles han “fallado”.

Isabel Bonig también se ha referido al portavoz popular en el ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, uno de los imputados en el caso Imelsa. En este sentido, ha explicado que se le ha abierto expediente y que de mantenerse la imputación se le pedirá su cargo de presidente local y de portavoz municipal.

Respecto a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha matizado que no tienen información y que la investigación está bajo secreto de sumario, al tiempo que insistía en que quien sea imputado, “sea quien sea, será apartado del PP”.

Además, también se ha referido a las informaciones que vinculan la trama corrupta con una posible financiación irregular del PP. “En el nuevo Partido Popular las cuentas están absolutamente claras”, ha apuntado la dirigente popular, desvinculándose de este modo de sus predecesores en el cargo.

Por último, Bonig ha hecho un llamamiento al resto de partidos políticos, “algunos han intentado aprovecharse de esta situación”, de forma que ha expresado su deseo de que la situación en el PP valenciano no afecte a las negociaciones que se están produciendo en Madrid para intentar formar gobierno.

Es cierto que estas 24 detenciones no se habían producido cuando se celebraron los comicios, pero ya entonces había datos suficientes para concluir que la corrupción era un modo de operar habitual del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, cuando Consellerias, empresas públicas, diputaciones y ayuntamientos están mezclados en decenas de casos que salpican a ex presidentes, que implican a ex consellers, presidentes de diputación, diputados, alcaldes, concejales, gerentes y otros cargos: Imelsa, Noos, Blasco, Gürtel, Púnica, Valmor, Emarsa, Castellano, RTVV y Aído ya estaban instruyéndose en mayo. Ahora se acaban de incorporar Aquamed y el caso del IVAM.

Probablemente, en los próximos meses veremos cómo se incorpora alguno más, como CIEGSA, la empresa pública dedicada a causar escandalosos sobrecostes en las obras en centros educativos, que ha sido registrada hoy y cuyo ex gerente, Màximo Caturla, ha sido detenido, aunque no en relación con su gestión al frente de este organismo (su etapa fue la de mayores sobrecostes), de momento.

Quizás muchos votantes esperan a que caigan los pesos más pesados del aparato para convencerse de que esto estaba organizado y bien organizado al más alto nivel. Fuentes de la operación de hoy, llamada “Taula”, implican al ex presidente Gerardo Camps, aunque de momento no se le ha acusado. El otro Camps, Francisco, y la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, han estado a un paso de ser imputados en el caso Noos. Hombres de Camps son la mayoría de los condenados, juzgados, imputados o investigados en los diversos sumarios, por lo que muchos no se tragan que el ex presidente estuviera in albis de lo que se tejía bajo su mandato. En cuanto a Barberà, hoy fuentes de la fiscalía han señalado que se ha librado de momento de ser detenida o imputada en la operación Taula por su condición de aforada. Hay que recordar que una de las detenidas hoy, María José Alcón, ex concejal de Cultura con Barberà, salía en las grabaciones del “yonqui del dinero”, Marcos Benavent, implicando a “la jefa”, apelativo que se ha relacionado con Rita. No obstante, el ministerio público mantiene abierta una investigación contra la ex primera edil por el llamado caso Ritaleaks, en el que se investigan sus gastos de representación, de 278.000 euros en cuatro años y que incluyeron el pago de 700 euros por una noche de hotel.

En cualquier caso, los que van cayendo no son cualquiera y, de hecho, son personas con mucho poder en la Comunidad Valenciana. Por eso, desde aquí quiero rendir mi humilde homenaje a todos aquellos políticos de la anterior oposición (de EU, de Compromís, del PSPV) que además de cumplir con su deber de forma impecable, fueron valientes, porque meterse con esta gente que tenía a media comunidad dentro de su red clientelar no era cualquier cosa. Ya lo decía Mireia Mollà recientemente en televisión, en un especial sobre corrupción en España donde, ¿adivinan?, nuestra comunidad era una de las protagonistas indiscutibles. Contaba la diputada que muchos le habían preguntado que cómo se le ocurría acusar a Blasco, con el poder que tenía, y que gente del entorno del conseller habían amenazado con violarla, algo que también ha salido a la luz en el sumario del caso.

Salían también en el programa todos esos otros denunciadores de la corrupción, quizás más valientes aún que los políticos porque se encuentrasnmás desprotegidos y tienen mucho más que perder y, de hecho, muchos han perdido su trabajo para años, como muchos funcionarios, además del bienestar psicológico. Ponía la piel de gallina ver cómo se rompía y comenzaba a llorar un interventor que había denunciado irregularidades en dos ayuntamientos y que había tenido que alquilar un espacio para poder guardar las montañas de documentos probatorios para las causas que se estaban instruyendo. Nuestro país tiene pendiente establecer un sistema de protección de los denunciadores y testigos en casos de corrupción, para animar a que existan y para ampararlos e impedir represalias contra ellos.

Y es que la corrupción tiene muchas consecuencias: económicas, por todo el dinero público que en muchos casos no se recuperará, sociales, personales y de desprestigio de la política y de la propia democracia, ese sistema del que decimos que es el menos malo que conocemos, que nos dice que el pueblo es sabio y soberano, y por ello permite que partidos que han gobernado a través de tantos altos cargos que han resultado ser delincuentes, consigan un respaldo mayoritario, pero que también demuestra, como ha ocurrido hoy, que es cierta otra frase, más popular que las anteriores, pero igual de cierta: “a cada cerdo le llega su San Martín”.

La macrooperació contra la corrupció impulsada per la Fiscalia Anticorrupció, supervisada pel jutjat d’instrucció número 18 de València i executada per la Guàrdia Civil, acabarà, almenys, amb 24 detinguts, segons el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Aquests són, de moment, els huit de qui s’ha confirmat la identitat:

Alfonso Rus. Expresident de la Diputació de València, expresident del PP de València i exalcalde de la seua ciutat, Xàtiva. Ha estat arrestat en el seu domicili. És sospitós de ser l’home clau del cas Imelsa.

David Serra, exvicesecretari del PP a la Comunitat Valenciana i imputat pel cas Gürtel, concretament en les peces que investiguen el presumpte finançament il·legal del partit. Serra va ser el número 2 de Ricardo Costa, autor d’una frase cèlebre: “La festa no s’acaba mai en el PP de la Comunitat Valenciana”.

Emilio Llopis: Excap de gabinet de Rus i exalcalde del Genovés, un poble pròxim a Xàtiva. Va ser nomenat assessor del PP en la Diputació de València a pesar de les sospites de la seua implicació en el cas. És sospitós de ser una de les persones gravades comptant diners.

Máximo Caturla. Exvicepresident de la Diputació de València amb Rus. Va dimitir de tots els càrrecs al maig del 2015, després que se’l sentira en converses sobre cobrament de comissions en el cas Imelsa. Era membre del consell d’administració de l’empresa de la corporació provincial.

Juan José Medina. Un altre exvicepresident de la Diputació i membre del nucli dur de Rus. Exalcalde de Montcada, és vicesecretari d’organització del PP a la província València. El partit ha anunciat la destitució de tots els detinguts i imputats. Com Llopis, continuava com a assessor del PP en la Diputació de València a pesar de les sospites al seu voltant.

María José Alcón. Exregidora i exassessora del PP en l’Ajuntament de València, també va ser caçada en les converses sobre comissions al voltant del cas Imelsa. És la dona d’Alfonso Grau, vicealcalde amb Rita Barberá i un dels acusats en el cas Nóos. Grau va saltar a la fama per la “fanfarroneria” amb què va defensar la seua innocència.

Vicente Burgos. Company d’estudis dels Camps (a més de Francisco, Gerardo, diputat en el Congrés) i Esteban González Pons (ara en el Parlament Europeu) va deixar fallida una fundació de la Generalitat després d’una gestió qualificada de megalòmana. Després va ser nomenat liquidador de Canal 9. Exmarit de María José Alcón, va ingressar a la presó al juliol del 2014 per impagament de deutes.

María del Carmen García-Fuster. Exsecretària del grup popular en l’Ajuntament de València, assessora del PP durant aquest mandat i una de les persones de confiança de Rita Barberá, alcaldessa de València fins a les eleccions municipals passades. L’han detinguda en el seu domicili, i les oficines del PP en el consistori, registrades. Germana de José Rafael García-Fuster, exsenador popular i exconseller del Banc Financer i d’Estalvis (BFA), l’entitat financera resultant de la fusió de Bankia, Bancaixa i altres caixes d’estalvis.

Els imputats

Els imputatsTambé han transcendit els pretesos implicats (imputats, investigats després de la reforma de la reforma legal del govern) en el cas que no han estat detinguts.

Alfonso Novo, exregidor d’urbanisme de l’Ajuntament de València i, després de la marxa de Barberá al senat, número 1 del PP en el consistori.

Mariano Rajoy i Luis Salom, en la foto que aquest utilitza en el seu Twitter.

Luis Salom, l’assessor del PP cèlebre per la seua combativitat i hiperactivitat en les xarxes socials.

Marcos Benavent. Exgerent d’Imelsa, l’empresa de la qual va nàixer la pretesa trama, i l’home que ha estirat la manta a canvi d’una reducció de condemna. Benavent, després de la seua excèntrica aparició a la Ciutat de la Justícia de València, on va avisar que eixiria “merda a punta pala”, fa mesos que col·labora en la investigació. La seua imputació és coneguda des de fa temps.

Los investigadores intentan ahora comprender cómo intervenir voluntariamente en ese mecanismo para descubrir el analgésico perfecto. Para ello centran sus estudios en aquellos individuos genéticamente incapacitados para el dolor. Un objetivo encomiable que, a mi juicio, avanzaría considerablemente si los científicos tuvieran la oportunidad de aislar en condiciones de laboratorio al presidente en funciones del gobierno español. Porque la congénita insensibilidad de Mariano Rajoy sólo puede explicarse por alguna rara alteración de los canales de sodio. Claro que el líder de los populares supo hacer de su tara virtud. De hecho, el maestro Vázquez Montalbán consideró que esa característica fue la clave para que José María Aznar pusiera fin a las disputas entre Rato y Acebes por sucederle, optando por aquel gallego que siempre estaba allí “silencioso, inmutable” le cayese lo que le cayese: el chapapote del Prestige o la guerra de Iraq. Desde entonces Rajoy no ha dejado de acumular evidencias de esa peculiaridad. Y si algo no le han faltado al presidente son eso, oportunidades: crisis económica, papeles de Bárcenas, independentismo en Cataluña…

En cualquier caso, la búsqueda de ese analgésico infalible daría un paso de gigante si los laboratorios y universidades implicados pudieran pasar de la investigación de casos aislados a los colectivos. Porque del mismo modo que Jung aventuró la existencia de un subconsciente colectivo, estoy convencido de que existen colectividades con los canales de sodio atrofiados. Sólo basta lanzar una ojeada a la Comunidad Valenciana para comprobarlo. Porque esa alteración colectiva de los canales de sodio es la única hipótesis posible para intentar comprender mínimamente la indiferencia con que buena parte de la comunidad electoral valenciana permanece impertérrito ante los continuos golpes en el bajo vientre que le propina la derecha escudada tras la alevosía de su impunidad sociológica.

La última prueba de esta evidencia en este perplejo país nos llega con las recientes detenciones del padrino Alfonso Rus, del capo David Serra, el servicial Emilio Llopis, el discreto Máximo Caturla, el discreto Juan José Media, la inocente María José Alcón, el megalómano Vicente Burgos o la chica de confianza de Rita Barberá, María del Carmen García-Fuster. Nombres golpe de una paliza anunciada hacía tiempo por los perseverantes Rosa Pérez e Ignacio Blanco sin que el cuerpo electoral valenciano apenas registrase un mínimo estremecimiento. Nombres garrotazo que se sumaban a los estacazos ya acumulados en forma de Rafael Blasco, Consuelo Císcar, Noos, Serafín Castellano, Emersa, Fitur, Bigotes y un largo etcétera de atropellos éticos. Una lista perpetuamente interminable, mientras las urnas y las encuestas mantienen cuando no acrecientan las expectativas de voto para el PP, tanto en España como en esta tierra de las flores.

Habrá que confiar en la ciencia para que algún día la sociedad valenciana y española reconstruyan por completo sus canales de sodio. Es nuestra última esperanza para superar la gran inmunidad al dolor que todavía acumulamos. O al menos para recuperar un mínimo sentido de la vergüenza.

El humorista valenciano aprovecha la macrorredada contra la corrupción en el PP valenciano para parodiar a uno de sus personajes fetiche, Alfonso Rus

El humorista valenciano Xavi Castillo no ha desaprovechado la macrorredada contra la corrupción en Valencia, que afecta a numerosos rostros reconocibles del PP valencianos, para recuperar uno de sus personajes 'fetiche': el exalcalde de Xàtiva y expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. El título del vídeo, “Rus a la presó (Rus en la prisión)”.

Así, con la tradicional peluca blanca, de rodillas (pariodiando la altura del exbarón popular) y detrás de una valla, Castillo comienza el vídeo con el ya clásico “10.000, 11.000, 12.000 euros, dos milions peles... ésa no era mi voz”. El humorista valenciano se pone en el papel de un ficticio Alfonso Rus que pide consejo al 'Chapo' Guzmán para escapar de la prisión a través de un túnel. Y mientras tanto, espera escuchando canciones de Bruno Lomas en un radiocasete.

Les deu hores de gravació fetes per Benavent entre el 2005 i el 2006 constitueixen una part fonamental de la denúncia, però no l’única. A partir d’aquestes conversacions, l’equip d’Esquerra Unida –no vull oblidar-me de José Manuel Sanz ni de Lucas Marco– va dur a terme la seua pròpia investigació sobre les empreses de Benavent i la seua xarxa de testaferros, concretada en un escrit a la Fiscalia de més de 70 fulls, ampliat fins a set vegades. Sobre aquesta base el fiscal va continuar investigant i, al principi del 2015, el cas es va judicialitzar sota secret de sumari. Estirant un fil en van eixir molts més i, a poc a poc, es va anar desmadeixant el cabdell d’una trama de corrupció que pot superar-ne totes les conegudes fins ara i que és erroni anomenar simplement cas Imelsa o cas Rus; és el cas Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Perquè és ben palés que el cobrament de comissions il·legals per l’adjudicació de contractes públics era una actuació sistemàtica i generalitzada en un partit que durant vint anys va governar gairebé totes les institucions: la Generalitat, les tres diputacions, els ajuntaments principals i una xarxa ben extensa d’empreses i de fundacions públiques. Com no em vaig cansar de dir durant la legislatura passada, un Partit Podrit de corrupció.

A molts ens hauria agradat que la macrooperació de hui s’haguera dut a terme fa mesos, abans d’unes eleccions autonòmiques en què –tristament– el PP va tornar a ser la força més votada, encara que fos desallotjada del govern. Però la justícia té un tempo i, per fi, ha arribat el dia. Encara no sabem l’abast complet de la investigació judicial, que previsiblement s’allargarà en el temps i en l’espai gràcies a la confessió de Marcos Benavent. Només amb la relació de noms que ixen en les gravacions es pot reconstruir una bona part de l’alineació titular del PPCV durant l’última dècada: Alfonso Rus, Rafael Blasco –ja a la presó–, Gerardo Camps –encara diputat al Congrés–, Carlos Fabra, Víctor Campos, Alejandro –Font de Mora?–, David Serra, Máximo Caturla... I planant per damunt d’ells, una vegada més, les dues X majúscules del Partit Popular de la Comunitat Valenciana: Rita Barberá i Francisco Camps, que s’han deslliurat de la imputació en el cas Nóos pel seu aforament, però que no poden eludir la seua responsabilitat política –ja veurem si també la penal– pel règim de corrupció massiva que va assolar el País Valencià. Per davall hi ha moltes altres x que s’aniran aïllant amb el pas dels dies i l’alçament del secret sumarial, però l’equació de la corrupció és ben clara: x = PP.

Las diez horas de grabación realizadas por Benavent entre 2005 y 2006 constituyen una parte fundamental de la denuncia, pero no la única. A partir de esas conversaciones, el equipo de Esquerra Unida -no quiero olvidarme de José Manuel Sanz y Lucas Marco- desarrolló su propia investigación sobre las empresas de Benavent y su red de testaferros, concretada en un escrito a la fiscalía de más de 70 folios, ampliado hasta en siete ocasiones. Sobre esa base el fiscal siguió investigando y, a principios de 2015, el caso se judicializó bajo secreto de sumario. Tirando de un hilo salieron muchos más y, poco a poco, se fue desmadejando el ovillo de una trama de corrupción que puede superar a todas las conocidas hasta ahora y que es erróneo llamar simplemente caso IMELSA o caso Rus; es el caso Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Porque queda de manifiesto que el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos públicos era una actuación sistemática y generalizada en un partido que durante veinte años gobernó casi todas las instituciones: la Generalitat, las tres Diputaciones, los principales Ayuntamientos y una extensa red de empresas y fundaciones públicas. Como no me cansé de decir durante la legislatura pasada, un Partido Podrido de corrupción.

A muchos nos hubiera gustado que la macrorredada de hoy se hubiera practicado hace meses, antes de unas elecciones autonómicas en las que -tristemente- el PP volvió a ser la fuerza más votada aunque fuera desalojada del gobierno. Pero la justicia tiene sus tiempos y por fin ha llegado el día. Aún no sabemos el alcance completo de la investigación judicial, que previsiblemente se extenderá en el tiempo y en el espacio gracias a la confesión de Marcos Benavent. Sólo con la relación de nombres que aparecen en las grabaciones se puede reconstruir buena parte de la alineación titular del PPCV durante la última década: Alfonso Rus, Rafael Blasco -ya en la cárcel-, Gerardo Camps -aún diputado en el Congreso-, Carlos Fabra, Víctor Campos, Alejandro -¿Font de Mora?-, David Serra, Máximo Caturla... Y planeando por encima de ellos, una vez más, las dos X mayúsculas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana: Rita Barberá y Francisco Camps, quienes se libraron de la imputación en el caso Nóos por su aforamiento pero no pueden eludir su responsabilidad política -ya veremos si también penal- por el régimen de corrupción masiva que asoló el País Valenciano. Por debajo hay muchas otras x que se irán despejando con el paso de los días y el levantamiento del secreto sumarial, pero la ecuación de la corrupción está bien clara: x = PP.

Operació contra la corrupció del PP de València en uns quants ajuntaments, la Generalitat i la Diputació de la província valenciana pel cas Imelsa. Segons ha pogut saber eldiario.es, hi ha hagut detencions i més escorcolls simultanis ordenats pel Jutjat d’Instrucció número 18, la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. Fonts pròximes a la investigació confirmen que l’exalcalde de Xàtiva i expresident de la Diputació de València Alfonso Rus ha estat arrestat. A més, s’investiga Rita Barberá i altres dirigents del PP valencià.

Alfonso Rus ja ha estat el protagonista de diversos escàndols abans de perdre l’alcaldia i la presidència del PP de València. Va ser sorprés comptant bitllets d’una presumpta comissió. També va aconseguir que li tocaren cinc dècims de loteria simultàniament l’any 2011, que el van salvar de la ruïna. Quan va esclatar el cas Imelsa, Rus va dir que tot era un “complot” en contra seu. María José Alcón, exassessora de Rita Barberá, també ha estat detinguda.

Entre els arrestats també hi ha exconsellers de la desapareguda Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM), segons les mateixes fonts.

Marcos Benavent, testimoni clau

La col·laboració de l’exgerent d’Imelsa i comissionista Marcos Benavent, que ha aportat documentació i informació a canvi d’una reducció de condemna, ha estat clau per a dur a terme l’operació.

En ple escàndol, Benavent va ser citat el maig del 2015 pel jutjat per a declarar com a imputat per les presumptes irregularitats en l’entitat que dirigia i, quan va eixir, en declaracions als mitjans de comunicació, va reconéixer que es va emportar “de tot” de la Diputació –encara que pensava tornar-ho, segons va dir– i va advertir que col·laboraria amb la justícia i que faria mal “a molta gent” explicant la veritat. “Eixirà merda a punta pala”, va expressar.

En aquesta mateixa compareixença pública va justificar que s’havia emportat diners de la corporació provincial perquè era un “ionqui dels diners”, va descriure la seua relació amb Rus de “confiança professional” i va afegir que no compartia “moltes coses” ni amb ell ni amb el PP o amb la manera de governar “a tots els nivells”.

Després d’aquestes declaracions als mitjans, Benavent ha hagut d’acudir diverses vegades a la Fiscalia Anticorrupció per col·laborar amb la investigació, en una causa que s’ha dividit en diferents peces i en què s’han estudiat contractes amb diferents empreses relacionats, entre altres, amb plans d’inversió de camps i gespa artificial, de piscines cobertes i camps de pàdel.

Arran de la diferent documentació i dels discos durs que Benavent ha anat lliurant davant del fiscal encarregat del cas, agents de la Unitat Central Operativa (UCO) han anat personant-se a les instal·lacions d’Imelsa per comprovar que les còpies informàtiques es corresponien realment amb els discos durs originals. Aquests mateixos agents es van personar al consistori valencià per requisar unes quantes capses de documentació corresponents a l’etapa d’Alcón com a regidora de Cultura.

Paral·lelament a aquest procediment, un jutjat diferent, el número 6 de València, manté oberta una causa contra Marcos Benavent després de la denúncia que hi va interposar la Diputació de València, quan estava presidida per Rus, per presumptes despeses injustificades i altres irregularitats.

Operación contra la corrupción del PP de Valencia en varios ayuntamientos, la Generalitat y la Diputación provincial por el caso Imelsa. Según ha podido saber eldiario.es, en la bautizada como Operación Taula se han producido 24 detenciones, (ocho políticos del PP, 12 empresarios, dos arquitectos, un funcionario y un exasesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia) y 36 registros, ordenados por el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En el caso hay 29 imputados por una supuesta red de pago de comisiones, que practicaba mordidas a contratos públicos. Los investigadores creen que se pudieron distraer millones de euros. El caso comenzó tras una denuncia de EUPV, la marca de Izquierda Unida en la Comunidad Valenciana.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia ha confirmado que en la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. El caso está bajo secreto de sumario, pero fuentes próximas a la investigación, que ha contado con la colaboración del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, han confirmado que el exalcalde de Xàtiva y expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus ha sido arrestado en la sede de su empresa. Rus ya ha sido el protagonista de varios escándalos antes de perder la alcaldía y la presidencia del PP de Valencia. Fue pillado contando billetes de una supuesta comisión. También logró que le tocaran cinco décimos de lotería simultáneamente en el año 2011, que le salvaron de la ruina. Cuando estalló el caso Imelsa, Rus dijo que todo era un “complot” contra él.

Hay varios detenidos confirmados. David Serra, exvicesecretario del PP en la Comunidad Valenciana e imputado por el caso Gürtel, concretamente en las piezas que investigan la presunta financiación ilegal del partido. Emilio Llopis, exalcalde del municipio de Genovés y mano derecha de Rus, del que fue jefe de Gabinete. María del Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia, asesora del PP, persona de confianza de Rita Barberá y hermana del exsenador popular José Rafael García Fuster.

Otra de las arrestadas es es María José Alcón, exasesora de Rita Barberá y exconcejal de Cultura del Ayuntamiento. Fue partícipe en los proyectos bajo sospecha del consistorio valenciano, como la Mostra de Cine o la adjudicación del espacio cultural La Rambleta, que también ha sido registrado. Alcón, actual pareja del exvicealcalde de Valencia e imputado en el caso Nóos Alfonso Grau, también está imputada por otra causa de esta fiscal. Uno de los asesores del PP que trabajaban para Alcón, Pedro Aracil, también está entre los arrestados

Dos exvicepresidentes de la Diputación de Valencia, Máximo Caturla y Juan José Medina, muy ligados a Rus, también han sido arrestados. El otro detenido confirmado es Vicente Burgos, que fue uno de los consejeros nombrados por Alberto Fabra para liquidar Canal 9. Burgos ya estuvo en prisión por no pagar una multa de 2.100 euros. El único trabajador público detenido es Salvador Deusa, ex jefe de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia

33 registros

El TSJ ha informado de que los 33 registros se han hecho en Valencia (12 en la capital y 17 en otros municipios), Alicante, Castellón y Dénia y Muro de Alcoy, dos municipios de Alicante. 14 han sido en domicilios particulares y 19 en sedes sociales. Entre los lugares donde se han producido o se están produciendo registros está el domicilio de Alfonso Rus, una empresa de muebles propiedad de Rus; la sede del Olímpic de Xàtiva, el club que presidía Rus; Ciegsa, la empresa de la Generalitat encargada de construir colegios bajo sospecha de corrupción, de la que fue consejero delegado Caturla; las oficinas del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, las de la Fundación Jaume II el Just, que fue dirigida por Burgos, Engloba, una agencia de publicidad contratada habitualmente por el PP, según la confesión de Francisco Correa, o Benigrass, una empresa con sede en Benigànim (Valencia) que fue ajudicataria de varios contratos de la Diputación. Benigrass es propiedad de Vicente Cuquerella, copropietario de la sede central del PP en la Comunitat Valenciana.

Los investigados

En la macrooperación también se investiga a Rita Barberá, que negó el pasado año estar implicada en Imelsa, y a otros dirigentes del PP de Valencia: Alfonso Novo, número 1 del partido en el Ayuntamiento de Valencia, y Luis Salom, el asesor que chantajeó a Guanyem al registrar su marca, muy conocido por su beligerancia en las redes sociales. Otro de los investigados es el diputado nacional del PP y exconseller valenciano Gerardo Camps, según El Mundo.

Marcos Benavent, testigo clave

La colaboración del exgerente de Imelsa y comisionista Marcos Benavent, que ha aportado documentación e información a cambio de una reducción de condena, ha sido clave para llevar a cabo la operación.

En pleno escándalo, Benavent fue citado en mayo de 2015 por el juzgado para declarar como imputado por las presuntas irregularidades en la entidad que dirigía, y a su salida, en declaraciones a los medios de comunicación, reconoció que se llevó “de todo” de la Diputación -aunque pensaba devolverlo, según dijo- y advirtió de que iba a colaborar con la justicia y de que iba a hacer daño “a mucha gente” contando la verdad. “Va a salir mierda a punta pala”, expresó.

En esta misma comparecencia pública justificó que se había llevado dinero de la corporación provincial porque era un “yonqui del dinero”, describió su relación con Rus de “confianza profesional” y agregó que no compartía “muchas cosas” ni con él ni con el PP o con la forma de gobernar “a todos los niveles”.

Tras estas declaraciones a los medios, Benavent ha tenido que acudir en algunas ocasiones a Fiscalía Anticorrupción para colaborar con la investigación, en una causa que se ha dividido en diferentes piezas y en la que se han estudiado contratos con diferentes empresas relacionados, entre otros, con planes de inversión de campos y césped artificial, de piscinas cubiertas y campos de pádel.

A raíz de la distinta documentación y discos duros que Benavent ha ido entregando ante el fiscal encargado del caso, agentes de la UCO se han ido personando en las instalaciones de Imelsa para comprobar que las copias informáticas se correspondían realmente a los discos duros originales. Estos mismos agentes se personaron en el consistorio valenciano para requisar varias cajas de documentación correspondientes a la etapa de Alcón como concejala de Cultura.

Paralelamente a este procedimiento, un juzgado diferente, el número 6 de Valencia, mantiene abierta una causa contra Marcos Benavent tras la denuncia que le interpuso la Diputación de Valencia, cuando estaba presidida por Rus, por presuntos gastos injustificados y otras irregularidades.

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han vuelto a personarse en la sede de la empresa pública Impulso Económico Local (Imelsa) para reclamar nueva documentación sobre planes de inversión en el marco de la investigación que se sigue en el juzgado por presunta corrupción en la entidad.

Así lo ha indicado uno de los nuevos gerentes de Imelsa Josep Ramón Tiller en una rueda de prensa en la que ha informado sobre la situación de la entidad pública y los nuevos planes de actuación.

Durante su comparecencia, Tiller se ha referido a la investigación judicial del conocido como caso Imelsa y ha indicado que la Guardia Civil se volvió a personar la pasada semana en las instalaciones públicas para pedir nueva documentación sobre los planes de inversión de campos y césped artificial, de piscinas cubiertas y campos de pádel.

Hace algo más de 15 días, el pasado 30 de septiembre, los agentes ya se presentaron en Imelsa para comprobar que las copias informáticas que realizó el exgerente de la entidad Marcos Benavent y que aportó al procedimiento corresponden realmente a los discos duros originales.

Tiller ha recalcado que, aunque la investigación está bajo secreto de sumario, la nueva dirección de la empresa pública está siguiendo el mandato del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, de colaborar con la instrucción “facilitando toda la documentación e información” que les han solicitado.

De esta manera, ha puntualizado que han entregado a la UCO todo aquello que se les ha requerido. “Es lo único que podemos decir porque es lo único que sabemos de la investigación en curso”, ha admitido.

Auditoría

Por otro lado, Tiller ha explicado que desde la dirección de Imelsa han empezado a actuar en la reestructuración y saneamiento de la entidad por lo que, para ello, ha indicado que han hecho su propia auditoría económica y de personal y donde “ya se han iniciado la revisión de procedimientos y expedientes”.

Asimismo, ha anunciado que la sociedad está impulsando medidas de control y de transparencia que serán “pioneras” en empresas públicas de España.

En relación a las cuentas anuales de 2014, ha señalado que se ha colaborado con auditores externos de la empresa para los ejercicios entre 2011 y 2014 y también han solicitado los trámites de una auditoria externa financiera y de legalidad para los ejercicios 2015, 2016 y 2017. Además, ha destacado que han cambiado los servicios jurídicos externos y han reducido un 50 por ciento los costes.

Rosa Pérez Garijo, la diputada provincial de de Esquerra Unida que destapó el 'Dipugate', el escándalo de cobro de comisiones en la Diputación de Valencia a través de la empresa pública Imelsa, ha sido imputada por denunciar que una empresa de la trama había facturado 300.393 euros a un despacho de abogados relacionado con el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, y su hermano, Juan Costa, exministro de José María Aznar.

La formación tuvo que rectificar aclarando que el exministro Juan Costa no figuraba como administrador en J. Costa Abogados y Asesores de Empresa SLP ni en Cas Legis SLP, después de que señalaran en rueda de prensa que una de las empresas supuestamente vinculada a la presunta trama corrupta de Imelsa, Carsan Rent a Car, facturó al despacho de los hermanos Costa.

Como apunta Radio Valencia, esa denuncia derivó en una querella por injurias y calumnias por el despacho afectado y que ha sido admitida a trámite. El juzgado ha citado a declarar a Pérez Garijo, quien considera que la relación entre la empresa en cuestión y el despacho de abogados está acreditada, por lo que no entiende su imputación.